El exjuez José Castro ha manifestado este miércoles que ve una "gran desproporción" en la decisión del juez instructor del caso Cursach, Miquel Florit, que ha emitido una orden para requisar material a dos periodistas por publicar un informe relacionado con esta investigación judicial porque "lesiona" la Constitución, informa Europa Press.

En declaraciones en IB3, Castro ha manifestado que para investigar unas filtraciones se está "lesionando la Constitución", en concreto, "el artículo 20 del Derecho a la intimidad", porque, tal como ha remarcado, "un teléfono móvil es algo más que un emisor o receptor de llamadas".

Los hechos tuvieron lugar este martes cuando agentes de la Policía Nacional requirieron a ambos periodistas la entrega de sus teléfonos móviles. Además, de la sede de Europa Press se llevaron dos ordenadores y también intentaron registrar la sede del Diario de Mallorca.

Fiscal jefe de Baleares: "No es un precedente peligroso"

El Fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha manifestado este miércoles que no considera una precedente peligroso que el juez instructor del caso Cursach, Miquel Florit, haya emitido una orden para requisar material a dos periodistas por publicar un informe relacionado con esta investigación judicial.

En una entrevista a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Barceló ha explicado que "no se trata de revelar ni de buscar ninguna fuente, sino de hacer unas comprobaciones de datos que están siendo investigando por otro lado". "No es que se quiera infringir el secreto profesional de un periodista que está reconocido en la Constitución", ha remarcado.

Así, ha hecho hincapié en que "los periodistas no son objeto de investigación" y que estaba al tanto de la decisión tomada por la Fiscalía Anticorrupción. "Les dije que había que estar seguros de que no se infringiese el secreto profesional del periodista", ha dicho.

Según ha remarcado, se trata de "investigar unos hechos" que están bajo secreto sumarial, no de investigar fuentes sino de hacer comprobaciones".

De esta manera, ha remarcado que no cree que sea una "medida desproporcionada" porque está hecha con "conocimiento de causa" y "tiene que respetarse porque estamos en un Estado de derecho". "Si no se está de acuerdo, se debe interponer recurso", ha añadido.

Para terminar, ha manifestado que no considera que sea un precedente peligroso ya que aunque se haya creado "alarma social, no tiene mayor importancia". "Se han registrado despachos de abogados en muchas ocasiones y no ha tenido mayor repercusión", ha dicho.

Leer y escuchar a una “amiga entrañable” del padre del rey de España el relato detallado de cómo el entonces jefe del Estado habría exigido comisiones millonarias por los contratos de empresas españolas para la construcción del AVE a La Meca; o de cómo habría utilizado a testaferros para efectuar ingresos millonarios en Suiza; o de cómo el mismísimo jefe de los servicios de inteligencia españoles habría amenazado de muerte a Corinna si desvelaba lo que sabía de Juan Carlos de Borbón… es sumergirse en el alcantarillado de un sistema corrupto. No se trata sólo de quienes extraían recursos públicos para sus bolsillos o los de sus amigos y cómplices, sino de todos aquellos que conocían los negocios en torno a la Corona y preferían desviar la mirada y silbar con la excusa de no perjudicar a la Marca España.

No se trata sólo de justicia, que también. “De haber tenido la información que tenemos hoy, habría llamado a Corinna como testigo”, ha reconocido a infoLibre José Castro, el juez instructor del caso Nóos, al saber que la aristócrata alemana dice haber sido testigo de cómo el exmonarca pedía contratos para la sociedad dirigida por su yerno, hoy en prisión. Se trata sobre todo de credibilidad democrática. Para fortalecer el sistema no basta con sustituir el bipartidismo por el cuatripartidismo. Un parlamento fraccionado es una consecuencia más del citado descrédito institucional, que no afecta sólo a la política sino al sistema judicial, a los oligopolios de las grandes empresas o al ecosistema mediático, contaminado hasta el cuello por la pestilencia de esas mismas cloacas.

Es un enorme ejercicio de hipocresía escandalizarse ahora por unas grabaciones que ven la luz cuando un excomisario de Policía encarcelado decide que le interesa soltar unas cuantas miguitas (incluso hogazas enteras) para poner de los nervios a supuestos guardianes del sistema. Ante unas filtraciones evidentemente interesadas cabe hacerse (o hacernos) algunas preguntas:

Se puede (y se debe) encarcelar a Villarejo, al Gordo y al flaco a la luz de tantos indicios de que han delinquido precisamente los encargados de hacer cumplir la ley. Pero no es sostenible el espeso silencio institucional de quienes pretenden seguir dando largas o esquivando acusaciones tan graves como si fueran simples cotilleos de alcoba. Todavía seguimos esperando una explicación transparente de la Casa del Rey sobre aquella cuenta millonaria que Juan Carlos I heredó de su padre en Suiza. Y a partir de ahí, continuamos a la espera de detalles sobre la cuenta Soleado, la Obispado y otras tramas que conectan la Gürtel con el caso Corinna como cañerías de un mismo sistema corrupto. La inviolabilidad absoluta del Jefe del Estado fue uno de esos errores flagrantes de nuestra “modélica” transición. La “chapuza” jurídica que envolvió la abdicación del rey emérito (en palabras del entonces presidente del Congreso Jesús Posada) no debería desembocar en otra amnesia colectiva. Es imposible dar credibilidad a una segunda transición si se mantiene el alcantarillado de la primera y el hedor que aún despide.

Casi año y medio después de que la Audiencia de Palma condenara a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel por varios delitos de corrupción, el Tribunal Supremo enfila la que por fin parece recta final hacia el momento en que desvelará la gran incógnita: la de si ha decidido ratificar esa sentencia, modificarla al alza en línea con las pretensiones de la Fiscalía -que reclama 10 años de cárcel- o, por el contrario, rebajarla atendiendo a las peticiones de la defensa. Los observadores del caso creen que la respuesta se conocerá en cuestión de días, aunque nadie se aventura a ofrecer fechas exactas.

Pero incluso si la resolución del alto tribunal viese la luz esta misma semana, queda espacio para otro interrogante de igual o mayor impacto: el de si una eventual ratificación de las penas impuestas por la Audiencia de Palma implicaría el inmediato ingreso en prisión del cuñado del rey.

En teoría, la legislación española permite que Urdangarin pueda aplazar de nuevo su ingreso en prisión aun si el Supremo confirma su pena. Y mucho más si se inclinara por rebajarla, una opción que los expertos creen improbable -entre ellos, el propio instructor de Nóos, el ahora juez jubilado José Castro- pero que nadie se atreve a desechar. ¿Y cómo podría demorar su ingreso en prisión llegado el caso? Anunciando la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por supuesta vulneración de derechos fundamentales. La defensa de Urdangarin no ha desvelado cuál será su estrategia si el Supremo confirma o eleva las penas.

La ecuación del "daño irreparable"

En principio, la doctrina del Constitucional respecto de qué criterios deben regir la suspensión de una condena firme cuando el sentenciado invoque una presunta vulneración de derechos resulta contraria a los intereses de Urdangarin. La idea motriz que el TC maneja para aceptar que se suspenda el cumplimiento de una pena de prisión firme es la del "daño irreparable". Es decir, la de que mantener encarcelado al recurrente mientras su recurso de amparo se tramita y siempre que no haya riesgo para terceros ni peligro de fuga le produciría un daño imposible de resarcir en el supuesto de que finalmente prosperase ese recurso y la condena terminase anulada.

Esa doctrina resulta contraria a los intereses de Urdangarin suponiendo que el Supremo confirme la sentencia de Palma porque el Constitucional fija como frontera divisoria la cifra de cinco años de prisión. Si la condena firme supera ese listón, es decir, si el Supremo mantiene como mínimo los seis años y tres meses ya impuestos o endurece las penas, muy difícilmente cabe suspender la ejecución de la sentencia, sostienen los juristas consultados por infoLibre. Pero algunas fuentes entienden que ni siquiera así es imposible. Otras, en cambio, consideran una elucubración sin sentido plantearse que el yerno de Juan Carlos I logre sortear durante años la prisión si el Supremo confirma la sentencia dictada por la Audiencia de Palma en febrero de 2017.

Los juristas consultados difieren a la hora de valorar las probabilidades reales y no solo teóricas de evitar el encarcelamiento. Pero ninguno de los consultados descarta que, como mínimo, el cuñado de Felipe VI pudiese demorarlo hasta que el TC se pronunciase no sobre el hipotético recurso de amparo -trámite que dura años- sino sobre la también hipotética solicitud de suspensión de la pena. La decisión de qué hacer en el lapso de tiempo comprendido entre la notificación de la sentencia -suponiendo que resultase condenatoria- y el pronunciamiento del TC sobre la suspensión quedaría en manos de la Audiencia de Palma, que fue la que dictó la sentencia inicial.

En febrero de 2017 y tras sentenciar a Urdangarin a seis años y tres meses por siete delitos, el tribunal palmesano no solo rechazó imponerle la fianza reclamada por Anticorrupción -200.000 euros- sino que le permitió mantener su residencia en Suiza bajo el argumento de que no había riesgo de fuga. "Si el tribunal sentenciador -razona un jurista muy familiarizado con causas de corrupción- no observa cambio en las circunstancias, lo normal por prudencia procesal sería que no ordenase el ingreso en prisión hasta tanto el TC no dicte un auto sobre la solicitud de suspensión de la pena". Pero la misma fuente avisa de que no hay una regla única.

Ninguno de los expertos sondeados por este periódico ha querido tener en cuenta factores ajenos a lo estrictamente procesal. Es decir, todos han rehuido introducir en su cálculo lo que podría denominarse el efecto extrajurídico. En otras palabras, el efecto que sobre la opinión pública tendría una sentencia que rebajase la condena de Urdangarin tras la absolución de Cristina de Borbón en el juicio de Palma. Ni han querido valorar tampoco el efecto que poseería una decisión de la Audiencia de Palma que pasara por congelar la entrada en prisión de Urdangarin en caso de condena hasta que el TC dictase el auto por el que aceptase o denegase la suspensión de la pena.

Siete delitos y una sala de mayoría conservadora

Urdangarin está condenado por siete delitos. De manera individualizada, la condena más alta -dos años y ocho meses- es la que recibió por tres de esos siete: prevaricación en concurso medial con falsedad en documento público y malversación. En el lenguaje jurídico se habla de "concurso medial" cuando alguien comete dos o más delitos conectados entre sí y cuando uno de ellos operó como el medio imprescindible para perpetrar los otros.

Los otros cuatro delitos son fraude a la administración -siete meses-; tráfico de influencias -un año- y dos contra Hacienda, castigado cada uno de ellos con un año. El marido de Cristina de Borbón recibió una pena más baja que su antiguo socio Diego Torres -ocho años y medio de prisión- porque se libró de ser condenado por blanqueo de capitales. En los delitos de malversación y falsedad -prevaricación no conlleva cárcel-, el tribunal le aplicó la atenuante de reparación del daño porque antes de que se conociera la sentencia había devuelto 1,2 millones de euros. La Fiscalía había solicitado para Urdangarin nada menos que 19 años y medio de reclusión. 

La resolución de los recursos está en manos de cinco magistrados, cuatro de ellos de signo conservador y uno a quien se considera adscrito al sector moderado. El ponente -es decir, el encargado de redactar la sentencia- es el juez Antonio del Moral, miembro del Opus Dei y entre cuyos hitos recientes se cuenta haber sobreseído en abril de 2016 la imputación que pesaba sobre María José García Pelayo, exalcaldesa de Jerez y senadora del PP, en el caso de los contratos adjudicados por ese ayuntamiento a las empresas de la trama Gürtel. En esa causa, Del Moral sostuvo que aunque los datos que apuntaban a la irregularidad de aquellos contratos eran "abrumadores", García Pelayo no tenía por qué saber lo que firmaba. "No es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones que firma", concluyó el magistrado. 

Ante el Supremo, la defensa de Urdangarin ha pivotado sobre un argumento central: que solo fue "un amigable componedor" y no el hombre de negocios que, según el tribunal de Palma, utilizó "su proximidad a la Jefatura del Estado" para delinquir. Durante la vista celebrada por el Supremo el pasado 21 de marzo, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual, subrayó que los convenios de Instituto Nóos con el Govern balear, aquellos en los que se sustenta la condena de la Audiencia de Palma, no tenían "una regulación legal específica".

En manos del Supremo está también el destino de otros dos de los siete condenados –los que igualmente recibieron penas de prisión, Diego Torres y Jaume Matas– y el de cuatro antiguos altos cargos de la Generalitat valenciana que resultaron absueltos y cuya condena pide la Fiscalía. Para dos de esos cuatro políticos valencianos reclama cárcel el ministerio público. Para los otros dos, inhabilitación.

En la última década (2007-2016), el Supremo ratificó sin tocar una coma tres de cada cuatro sentencias recurridas en casación, y así lo indica la Base de Datos de Estadística Judicial. El último año de la serie, 2016, la tendencia se invirtió de manera drástica: el alto tribunal respaldó de manera total o parcial el 55,3% de los recursos planteados. La base de datos no permite, explican fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), determinar si los recursos estimados perseguían la revocación o rebaja de una condena o, por el contrario, el incremento de las penas.

El 25 de marzo de 2010, una pregunta lanzada por el juez José Castro a Jaume Matas en la última sesión de un maratoniano interrogatorio de 16 horas activó las alarmas subterráneas con un ligerísimo temblor que pasó casi inadvertido. Castro, hoy ya jubilado, había interpelado al expresidente del Govern balear sobre un convenio público suscrito en 2005 con Instituto Nóos, entonces una desconocida asociación de extraño nombre griego y a cuyo frente se situaba Iñaki Urdangarin, el yerno del rey. Ocho años y miles de noticias después sobre la trama que en Baleares y Valencia recibió seis millones de euros públicos en apenas cuatro años –de 2004 a 2007–, el Tribunal Supremo se apresta ahora a resolver el caso que provocó una crisis institucional sin precedentes y la abdicación de Juan Carlos I. Este miércoles y en una vista pública convocada por el alto tribunal, agotarán sus últimos cartuchos los abogados de las 15 partes del proceso que han recurrido la sentencia dictada el 17 de febrero de 2017 por la Audiencia de Palma. Las acusaciones, con la Fiscalía en cabeza, piden el incremento de las penas; las defensas, que no descartan jugar la carta de la nulidad, reclaman la absolución.

El destino de Iñaki Urdangarin, cuya defensa pivota sobre el argumento de que solo fue "un amigable componedor" y no el hombre de negocios que, según el tribunal de Palma, utilizó "su proximidad a la Jefatura del Estado" para delinquir, está hoy en manos del Supremo. También el de otros dos de los siete condenados –los que también arrostran el peligro de prisión, Diego Torres y Jaume Matas– y el de cuatro antiguos altos cargos de la Generalitat valenciana que resultaron absueltos y cuya condena pide la Fiscalía. Para dos de esos cuatro políticos valencianos reclama prisión la Fiscalía. Para los otros dos, inhabilitación.

Ninguno de los recursos afecta a la infanta Cristina de Borbón, cuya imputación desencadenó una formidable movilización del aparato del Estado y que finalmente fue absuelta de la acusación de delito fiscal que le atribuía la organización Manos Limpias. El jefe del autodenominado sindicato de funcionarios, Miguel Bernad, fue detenido y encarcelado en pleno proceso del caso Nóos bajo la acusación de chantaje. Junto con Bernad, ahora en libertad bajo fianza, permanece imputada en la causa la abogada que ejerció la acusación contra la infanta, Virginia López Negrete.

Si el alto tribunal ratifica o corrige al alza la resolución del tribunal balear, Urdangarin –ya condenado a seis años y tres meses–  y su antiguo socio, Diego Torres –con una pena de ocho años y medio– tienen asegurado el ingreso en la cárcel. Si triunfan las tesis de las defensas o si el Supremo rebaja las penas por debajo del umbral de los dos años, ambos quedarán en libertad.

El ministerio público, que en primera instancia reclamó 19 años y medio para Urdangarin y 16 y medio para Torres, solicita en su recurso de casación ante el Supremo 10 años para el primero y 12 y medio para el segundo. La Fiscalía estima que al aristócrata consorte, despojado por Felipe VI del título de duque de Palma, se le debe aplicar la atenuante de reparación del daño porque vendió sus propiedades para cubrir parte de la responsabilidad civil. Para Matas, condenado en primera instancia a tres años y ocho meses, la Fiscalía pide un año más de prisión.

Permiso para vivir en Ginebra

Tras la sentencia, el tribunal permitió a Urdangarin seguir residiendo en Ginebra a cambio de comparecer el día 1 de cada mes ante las autoridades suizas y de "comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cambio de domicilio". A Torres, le retiró el pasaporte y le prohibió "salir del territorio nacional".

Los expertos, incluido el propio José Castro, consideran la absolución o la rebaja de penas la hipótesis más remota.  "No veo factible una rebaja de penas con la que el Supremo evitase el ingreso en prisión de Urdangarin", aseguró el exmagistrado esta semana en declaraciones a infoLibre.

Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá tras la vista, convocada por el Supremo de forma potestativa siguiendo la pauta habitual en todos los casos complejos de gran proyección pública. Nadie lo sabe salvo, en todo caso, los cinco magistrados que integran la sala formada bajo la presidencia de Manuel Marchena, considerado el gran baluarte del poderosísimo sector conservador de la judicatura, y con el también conservador Antonio del Moral como ponente o encargado de proponer el rumbo de la resolución. Nadie tampoco sabe cuándo hará público el tribunal el sentido de su dictamen. Aun en el supuesto de que este trámite de exposición de alegatos ante el Supremo termine el mismo miércoles 21 –también se han habilitado el jueves y el viernes, por si acaso–,  el tribunal puede tardar horas, días, semanas o meses en deshacer la incógnita. 

En la última década (2007-2016), el Supremo ratificó sin tocar una coma tres de cada cuatro sentencias recurridas en casación, y así lo indica la Base de Datos de Estadística Judicial. El último año de la serie, 2016, la tendencia se invirtió de manera drástica: el alto tribunal respaldó de manera total o parcial el 55,3% de los recursos planteados. La base de datos no permite, explican fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), determinar qué perseguían, si rebaja o aumento de condena, los recursos estimados. Y, en cualquier caso, las estadísticas trazan una probabilidad pero jamás una certeza. 

Bajo promesa de anonimato, algunos de los juristas consultados por este diario aventuran como opción probable una sentencia rápida y "ejemplarizante". Ejemplarizante, aquí, debe traducirse por, como mínimo, confirmatoria de la que tras 741 folios consideró probado que la firma de los convenios del Govern balear con Instituto Nóos para la celebración de los llamados Illes Balears Forum en 2005 y 2006 y todo lo que de eso se derivó implicó la comisión de los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencia y delito fiscal por parte de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. A Torres le condenó también el tribunal palmesano por blanqueo, de ahí que su condena supere en duración a la de su antiguo alumno en Esade.

Además de la Fiscalía, en el panel de acusaciones figuran la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, y las de Baleares y Valencia, que defienden los intereses de sus respectivos Gobiernos autonómicos. Desarticulada en la práctica tras el encarcelamiento de Bernad en abril de 2016, Manos Limpias solo ha recurrido la condena en costas que le impuso la Audiencia de Palma por mala fe procesal al mantener su acusación contra la infanta.

El juez José CastroJosé Castro dedicó su nombramiento este miércoles como Hijo Predilecto de Córdoba "a las altas intituciones del Estado" que le atacaron "de forma visceral" durante la instrucción del caso Nóos, que llevó al banquillo a Iñaki Urdangarin a y la infanta Cristina de Borbón y que acabó con la condena del primero a seis años y tres meses de prisión.

El Ayuntamiento de Córdoba entregaba este miércoles diez distinciones a los ciudadanos e instituciones que "acumulan los valores" de la ciudad. Cuando el magistrado Castro fue nombrado Hijo Predilecto, dedicó este premio "a las altas instituciones del Estado que con tanta visceralidad, y con resortes no siempre legales, arremetieron contra un acto de absoluta normalidad procesal", según recoge la Cadena Ser.

Castro añadió que esa "desaforada belicosidad" fue "la única novedad de un procedimiento judicial en el que mi único mérito fue haber sobrevivido a tanto desbarajuste sin perder la compostura", un proceso que el magistrado ya no instruye. 

Escucha la intervención completa de José Castro en el acto:

Escucha "Discurso del juez José Castro nombrado Hijo Predilecto de Córdoba" en Play SER 

La fiscal Anticorrupción, Laura Pellón, ha asegurado este lunes que "no hay ningún pacto global ni nigún acuerdo" con los diferentes casos de presunta corrupción en los que está encausado el expresidente del Govern, Jaume Matas, dentro de la causa del Palma Arena.

Tras las vistas previas celebradas en la Audiencia Provincial de Palma, Pellón ha dicho que se está "yendo pieza por pieza y delito por delito" y que "hoy se ha intentado llegar a una conformidad en términos legales" por la pieza separada número 3 pero "no ha sido posible" porque no ha habido acuerdo por "el abono de la responsabilidad civil".

El expresidente del Govern, Jaume Matas, realizará un "reconocimiento parcial" de los hechos por los que se le juzga en la pieza separada número 3 del caso Palma Arena, relacionados con el encargo de un proyecto de ópera al arquitecto Santiago Calatrava, que no se llegó a construir.

Así lo ha anunciado su abogado defensor , José Zaforzeta, este lunes durante una visita previa que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Palma, donde también se ha determinado que este juicio se celebre el 10, 11 y 12 de julio.

El pasado 9 de marzo, el juez instructor del caso, José Castro, elevó las piezas para que se señalaran sus juicios. En concreto, se trataba de esta pieza número 3, que investiga el proyecto del palacio de la ópera, y la pieza número 11, sobre la maqueta del velódromo.

En concreto, la pieza 3 investiga el anteproyecto del palacio de la ópera que el expresidente del Govern encargó a Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros y que nunca se realizó.

Según explicaron entonces a Europa Press fuentes judiciales, de esta manera se dio por terminada la instrucción de ambas piezas separadas de este macro caso.

El presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha declarado este lunes como investigado por el denominado caso Son Espases para dejar constancia ante el juez instructor, José Castro, de que no sabe qué hechos se le imputan. Así lo han informado ante los medios de comunicación fuentes presenciales en la declaración que se ha celebrado a petición propia del investigado y que está enmarcada dentro de esta investigación, según informa Europa Press.

La causa investiga la adjudicación presuntamente irregular de las obras del hospital así como su vinculación con la reforma de la sede nacional del PP. La constructora de Villar Mir partía a nivel técnico como ganadora en el concurso de Son Espases y finalmente fue desbancada por Dragados.

Villar Mir ha declarado por videoconferencia en un declaración que se ha retrasado más de una hora y media, después de haber sido aplazada hasta en tres ocasiones.

La Audiencia Provincial de Palma rechazó archivar su imputación al entender que esta cuestión debe plantearse a Castro una vez finalizadas las investigaciones.

Además, otros seis testigos comparecerán el martes como testigos. Se trata del director de la construcción de Son Espases, Rafael Martín; el de la edificación del hospital, Joaquín Gonzalo; el viceinterventor de la Comunidad Autónoma en 2006 José Amengual, y Carlos Ribas, Miguel Femenías y Víctor Rubira, quienes intervinieron en uno de los informes emitidos en el proceso de adjudicación de las obras.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha explicado que de los casi cuatro años –desde julio de 2010 a junio de 2014– que duró la instrucción de esta causa, "durante uno de ellos, o casi", la causa estuvo "detenida en el Tribunal Superior de Valencia para ver si se imputaba o no" al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

En una entrevista concedida a Europa Press, Castro ha dicho también que, aparte de la retención en Valencia, las causas de que la instrucción durase el tiempo que duró fueron "las condiciones de auténtica vergüenza" con las que trabajan "debido a la carencia de medios", la demora en los informes de Hacienda o "los cientos de recursos interpuestos", algunos de ellos, ha añadido, "no presentados de manera correcta".

"Se habla de retraso en la instrucción", dice, "pero no de todo se puede responsabilizar al juzgado". Según comenta, "el presidente y diputados del PP han hablado de muchos años" en referencia al caso y se dice, agrega, que "las cosas deberían ir más rápido". "Y sí", continúa, "las cosas irían más rápidas si no hubiera tanta corrupción en el PP, si no nos dieran tanto trabajo".

De julio de 2010 al juicio, que se celebró en junio de 2016, lo que ha habido entre y entre, relata, "es la fase intermedia en la que se han presentado los escritos de acusación, de defensa, etcétera".

"No he conocido jueces vagos", continúa el juez que considera que "los que hablan" de este tema "tendrían que limpiarse la boca" ya que, según asegura, no conoce a ningún juez "que no venga a trabajar por la tarde o no se lleve trabajo a casa". "No hay un solo día en el que no se haya trabajado en este caso", asevera.

"Si yo digo", explica, "ofíciese a la Agencia Tributaria y esta tarda seis o siete meses, es un retraso imputable al juzgado pero que materialmente no lo es". "Así", dice, "hablamos también del caso del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y de los cientos de recursos, que se han interpuesto, y no todos perfectamente fundamentados ni justificados, y aparte sin contar la carencia de medios".

Para Castro, este es uno de los grandes problemas de la justicia y pone como ejemplo el estado en el que trabajan los peritos. "Si mandas una cosa a peritaje, prescribe", resume. "Así que", confiesa, "hemos dejado de pedirles peritación, prescindimos de ellos en la medida de lo posible y los peritajes los hacemos nosotros, comparando los precios en Internet".

De esta manera, resume que puede haber "retrasos imputables al juzgado pero no se le puede responsabilizar por ellos por que en la causa intervienen muchos factores: fiscales, abogados, recursos, etcétera". "Los que hablan que tardamos mucho, que vengan aquí y vean cómo está la justicia que ellos han creado o mantenido", termina.

"Si a Urdangarin lo hubieran metido en prisión habría sido un disparate jurídico porque no hay riesgo de fuga y si no hay riesgo de fuga tampoco tiene sentido fijar fianza". Quien, bajo exigencia de anonimato, se pronuncia en esos inesperados términos es una fuente del caso Nóos ajena a la Fiscalía. Y lo que esa fuente viene a argumentar es esto: que resulta lógico que la indignación y el convencimiento de que en España no hay justicia igualitaria se hayan apoderado este jueves 23-F de 2017 de una ciudadanía que ya vio cómo el aparato del Estado se movilizaba para vindicar la inocencia de la infanta incluso cuando la instrucción de la causa ni siquiera había llegado a su fin. Pero que, desde el punto de vista jurídico, las suaves medidas cautelares impuestas ahora al marido de Cristina de Borbón -comparecencia mensual ante un juez suizo y comunicación previa de los viajes a países ajenos a la UE en tanto el Supremo no haya confirmado la sentencia- difieren en poco o nada de las que "suelen aplicarse" a condenados a penas similares cuya sentencia no es firme y cuyo arraigo y circunstancias vitales alejan hasta distancias remotas el riesgo de fuga. Urdangarin ha sido sentenciado a seis años. Diego Torres, a ocho. El fiscal había pedido una fianza de 200.000 euros para el primero y de 100.000 para el segundo.

Solo en un punto lanza la fuente un reproche abierto al tribunal presidido por Samantha Romero: "Que se le permita seguir viviendo en Suiza". En esto, la fuente que exige anonimato coincide con uno de los más prestigiosos juristas españoles, el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín. Y con el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Ubaldo González. En lo demás, coinciden todos ellos, más otras dos fuentes jurídicas que tampoco han accedido a que se revele su identidad y la exmagistrada del Supremo y actual diputada socialista Margarita Robles. Uno de los seis consultados aportó un precedente "reconocible" en el que ocurrió lo mismo que aquí: en 2012, el expresidente de Sevilla FC José María del Nido y el exalcalde marbellí Julián Muñoz quedaron en libertad sin fianza en el llamado caso Minutas tras haber sido condenados a siete años y medio de prisión.

Es el primero de los juristas consultados el que lanza una carga de profundidad cuando se le pregunta por qué entonces habría pedido prisión la Fiscalía si tan claro resulta que ningún tribunal accedería a esa pretensión: "Que el tribunal no dictaría prisión y que sin prisión deja de tener sentido una fianza, sobre todo si la que se pide no es muy alta, lo sabía desde el principio la Fiscalía; que se anunciara el viernes que sopesaba pedir prisión incondicional y que luego haya pedido prisión eludible bajo fianza es una operación de lavado de imagen para demostrar a la opinión pública que estaban dispuestos a ser contundentes". 

Alarma social

Para los políticos y gente de renombre, argumenta a renglón seguido, se ha instaurado una especie de plazo no escrito que les permite evitar el ingreso en la cárcel incluso cuando el tribunal fija prisión provisional "eludible bajo fianza". "En teoría, tendrían que dormir esa misma noche en prisión y salir luego cuando paguen la fianza, pero al darles un plazo para abonar la fianza, la imagen ejemplarizante, por decirlo de algún modo, que transmite la entrada en prisión se pierde". Y eso, cierra el argumento, contribuye a desencadenar la llamada alarma social.

Este diario intentó recabar la versión del fiscal Pedro Horrach o de alguien de su entorno sobre el pretendido "lavado de imagen". No fue posible. A punto de abandonar la Fiscalía Anticorrupción, Horrach ha optado en los últimos meses por abstraerse de las supuestas "confabulaciones" en las que sus detractores le sitúan.

¿Debió el tribunal tener en cuenta la alarma social desencadenada por la salida de Urdangarin en libertad sin fianza y camino de Ginebra? "La alarma social -tercia otra cualificada fuente igualmente vinculada al caso Nóos pero de muy diferente tenor- como motivo para decretar prisión preventiva desapareció, afortunadamente, hace años de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente por la ambigüedad del término y porque eso suponía tener en cuenta lo que opinaban los medios de comunicación".

Ese, el de que Iñaki Urdangarin pueda mantener la residencia en Ginebra, donde trabaja su mujer, es para otros juristas consultados por infoLibre el punto más conflictivo. El tribunal autoriza al cuñado del rey a mantener su residencia en Ginebra y viajar libremente "fuera del espacio de la Unión Europea" con la única cortapisa de comunicar previamente sus desplazamientos y comparecer el día 1 de cada mes ante la "autoridad Judicial competente, correspondiente a su actual lugar de residencia", o sea, ante un juez helvético. En cambio, le retira el pasaporte a Diego Torres y le prohíbe abandonar el territorio nacional "salvo autorización expresa" del tribunal. 

Martín Pallín: "500 o 600 condenados en la misma situación"

En efecto, el permiso que el tribunal otorga a Iñaki Urdangarin para seguir viviendo en Suiza constituye el único punto de discrepancia que expresa José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo y jurista de fuste. "A mí me llama la atención, y ahí sí que creo que no hay precedente, que le dejen seguir viviendo en el extranjero y que le dejen presentarse ante un juzgado suizo". ¿Habría sido más coherente obligarle a comparecer una vez al mes ante un juzgado español? "O hacerle venirse a España, aunque comprendo que la vida no le iba a ser fácil porque no podría casi ni salir a la calle, pero...", responde Pallín. Sobre la libertad sin fianza, el exmagistrado "habría hecho lo mismo".

El exmagistrado y también antiguo fiscal ofrece un dato poco conocido: "Yo calculo que debe de haber ahora unos 500 o 600 condenados sin sentencia firme por delitos no violentos y penas de prisión similares que están en libertad sin fianza". A Pallín no le indigna la decisión del tribunal de Palma. "Lo que me indigna es que se envíe a prisión a unos titiriteros o a un rapero, y  sin que se haya celebrado juicio, por los llamados delitos de opinión".  Quienes sin duda, puntualiza Pallín, deben ingresar en la cárcel aunque la sentencia no sea firme y por un estricto criterio de "prudencia" son "los condenados por homicidios y delitos violentos": básicamente, porque está en riesgo la seguridad de las personas.

¿Implica al menos un agravio comparativo con Diego Torres que la libertad de movimientos de Iñaki Urdangarin siga siendo en la práctica plena mientras que a su antiguo socio se le retira el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional salvo "autorización expresa" del tribunal? El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Ubaldo González, cree que, sin duda, ese es el punto más débil de la decisión adoptada por el tribunal. "Ahí surge un efecto desigual que se puede criticar", apunta González. Pero por lo demás, remarca, "si fuera cualquier otra persona haríamos lo mismo". 

¿Habría sido más justo ordenar a Urdangarin que trasladase su domicilio a España? La exmagistrada del Supremo y hoy diputada socialista Margarita Robles cree que no: "En ningún sitio está escrito que haya que obligar a alguien a romper su familia por una sentencia que no es firme. Si no hay riesgo de fuga da igual dónde viva y si hay riesgo de fuga hay que dictar prisión", resume Robles.

Otra jurista que prefiere mantener su identidad a resguardo sostiene que "por supuesto" hay un mayor riesgo de fuga en el caso de Diego Torres que en el de Urdangarin. No porque el marido de la infanta posea un sentido del deber más elevado que su antiguo compañero del Instituto Nóos, aquella pretendida ONG que captó contratos y convenios públicos -dice la sentencia- gracias a su "proximidad a la Jefatura del Estado". "Simplemente, hay más riesgo de fuga porque Urdangarin está, en la práctica, sujeto a un control permanente de, por ejemplo, los medios de comunicación y no podría escaparse a ningún sitio".

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha manifestado en conversación con infoLibre tras conocer el fallo que no comprende que Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin, haya recibido una condena mayor que la del ex duque de Palma.

En concreto, la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión, mientras que Torres ha sido condenado a ocho años y seis meses de cárcel.

"No lo entiendo", ha dicho Castro, que comenzó a investigar la causa hace seis años y medio. En todo caso, ha reclamado que se respete la sentencia y ha pedido "esperar a conocer los argumentos jurídicos" antes de opinar con mayor detalle. Sin embargo, ha considerado que el fallo deja "incógnitas por resolver".

La Fiscalía había pedido 19 años y medio para Urdangarín y 16 años y medio para Torres. Ambos lideraron una trama  con la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de forma ilegal a través del Instituto Nóos. Además, se aplicaron deducciones fiscales a las que no tenían derecho.

José Castro Aragón no lleva ese bigote adusto que conservan algunos magistrados de orden. Tampoco nació en Palermo ni en Bogotá, lugares cuya presencia en su biografía sería interpretada hoy como una señal inequívoca del destino. Castro se limitó a venir al mundo en Córdoba en 1947 en una familia dedicada a la agricultura. Y, aunque el tópico encaje a codazos, lo cierto es que su forma de andar recuerda más la de un torero –y, en fin, va a los toros- que la de un juez al que le acaban de hacer la puñeta de encaje de la toga. Sus partidarios, que son muchos, temen que alguien intente hacerle ahora una puñeta a medida. Pero a Castro le quedan dos años escasos para jubilarse, se le pasó hace mucho el arroz de la promoción interna, si es que alguna vez aspiró a ella, y mantiene incólume esa torería que necesitaría cualquier juez que decidiese colocarse en la plaza judicial y a pecho descubierto nada menos que ante una hija y un yerno del jefe del Estado. Sus detractores le llaman a eso chulería y ego.

Pero si en algo coincide el común de quienes tratan a Castro es su ausencia de solemnidad, dicho sea esto como halago. Es esa ausencia de solemnidad la que convierte sus autos judiciales en auténticas rarezas: porque se entienden a la perfección, y eso es raro en el ámbito judicial. Esa incapacidad para lo envarado le lleva a ser zumbón, impertinente si se prefiere, en los interrogatorios. Pero, y eso nadie lo discute, Castro posee una especie de ceguera que le impide distinguir entre apellidos de relumbrón, con escudo heráldico sobre el acento, y apellidos de morralla. Si es impertinente, lo es con escrupuloso sentido igualitario.

Así que, la verdad, resulta difícil hacerle o terminarle la puñeta a alguien del perfil de Castro, a menos que finalmente otro alguien materialice lo que en principio parece una idea estrambótica: interponer querella contra el juez. Cuando estas líneas salgan publicadas, ya se sabrá qué ha decidido –si decide algo- el Consejo General del Poder Judicial. Seis vocales expresaron la última semana de junio su preocupación por los argumentos que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach lanza contra Castro en su recurso contra la imputación en firme de la infanta, sobre el que tocará resolver a la Audiencia de Palma. El fiscal sostiene que el juez ha desatado “una espiral inquisitiva” para amarrar a Cristina de Borbón al banquillo con “meras sospechas”.

La durísima respuesta de Horrach al auto de Castro es el último peldaño de una escalada que se perfila irreversible. Cristina de Borbón no ha logrado reincorporarse a la agenda pública de la familia real. Pero sí dinamitar una amistad que muchos creían indestructible. Convertidos en el otoño de 2011 en héroes populares, de aquella conjunción inédita de valor, inteligencia y perseverancia nada queda. Hoy, yace pulverizado aquel tándem cuya argamasa estaba hecha con la formidable circunstancia común de ser dos locos que se atrevían a hurgar nada menos que en la Zarzuela y sus aledaños. Y todo indica que ni a Castro ni a Horrach les queda una sola lágrima que derramar el uno por el otro.

La revolución del Código Penal

Mucho antes de esa ruptura, José Castro había dirigido la que sería su primera instrucción importante en Palma: el prehistórico caso Calviá, destapado en 1992 por el intento de compra de un concejal socialista en beneficio del PP y que arañó la postal mallorquina. El juez, que había llegado a la isla el 17 de octubre de 1985, sexagésimo octavo aniversario de la revolución rusa, empezó con lo de Calviá y ya no paró. Se diría que, en algún momento, concluyó que una revolución en minúsculas, la estruendosa revolución de aplicar justicia sin distingos, podía hacerse con el Código Penal sobre la mesa.

Otra cosa, aunque eso lo dirá el tiempo, es si realmente Castro ha interpretado correctamente el Código Penal en el caso de la infanta. La Fiscalía y Hacienda creen que el juez se equivoca. Y que, de lo investigado, no se desprende ningún elemento sólido que permita acusar a Cristina de Borbón de nada. Castro sostiene lo contrario: que si en apariencia la infanta jamás hizo ni supo nada fue porque su estrategia consistía precisamente en mantener una participación silenciosa y visible a un tiempo en los negocios de la pareja. El objetivo, allanar el camino.

Por ahora, y en espera de cómo evolucione el monumental lío que presagian el recurso de Horrach y la inmediata réplica de Castro –“que el fiscal se querelle contra mí”, y el reto salió disparado como una flecha- , el juez mantiene sus hábitos. A veces llega en bicicleta a los juzgados de la palmesana Vía Alemania. Otras, conduce un BMW descapotable y gastado pero vistoso. ¿Le perjudica un coche que sugiere la existencia de un conductor dado a la buena vida? Responde alguien que le conoce bien: “Va en bicicleta o en el BMW como ha ido en moto o como le dé la gana porque no tiene nada que ocultar”. La fuente añade algo más. Y suena importante: “Presionar a alguien con esos mimbres es muy difícil”.

En 2010, un periódico que acababa entonces de abrir edición en Baleares –ya no existe- desenterró del Registro los papeles de compra de su casa en el antiguo barrio de pescadores de El Molinar. El periódico investigó igualmente a Horrach, en cuyo currículo se inscriben importantes investigaciones que terminaron en condena. Ese mismo año, la policía detectó que ambos estaban sujetos a algún tipo de vigilancia, pero las pesquisas no llegaron a ningún sitio. Castro ya sabía lo que era estar bajo la lupa. En los noventa y mientras investigaba un caso de facturas falsas que afectaba a un importante grupo local de comunicación, el Serra, ya tuvo un investigador tras sus pasos. Al tipo no se le ocurrió otra idea que plantarse ante la Guardia Civil para pedir datos del juez cordobés. Y Castro, casi sobra decirlo, se enteró de la jugada poco menos que en tiempo real.

De funcionario de prisiones a juez

Con una dilatadísima carrera profesional que comenzó como funcionario de prisiones, siguió como secretario judicial, desembocó finalmente en titular de juzgado por oposición y le llevó de Cazalla de la Sierra (Sevilla) a Sabadell pasando por Lanzarote antes de su desembarco en Palma, Castro es lo que nuestras madres definirían como un señor de buena planta consciente de tenerla. Un señor sabedor de que la opinión pública lo ha conceptuado ya como un muro de contención. ¿Le ha pesado todo eso? Castro, por lo menos, sostiene en su círculo que jamás se ha sentido preso de las expectativas de nadie. Ni de arriba ni de abajo. Pero las expectativas, en efecto, son muchas.

Un ejemplo: un día después del auto donde marca a la infanta el camino del banquillo por fraude fiscal y blanqueo, delitos penados con cárcel, Castro recibió un centro floral. Se supo que se lo había enviado una paisana de Córdoba. Pero el detalle revelador, lo que delata la abrumadora oleada de afecto y apoyo que suscita, era la flor extra añadida al cesto por el florista cuando supo que el envío iba destinado a Castro. ¿Y qué dicen sus enemigos sobre esa arrolladora pegada social? Pues, básicamente, que el juez ha propiciado una suerte de culto a la personalidad o endiosamiento que le ha llevado a despreciar las garantías procesales.

Pero lo cierto es que en una ciudad que durante lustros vio cómo Jaume Matas, María Antonia Munar y otros secundarios medraban sin freno, la misma donde las primeras preguntas parlamentarias de 2006 sobre los convenios públicos con Iñaki Urdangarin quedaron sepultadas por el olvido y una losa de respeto institucional, exactamente ahí es donde emerge Castro como símbolo. Y, a tenor de todo lo que ha pasado desde el miércoles 25 de junio, parece que cuantos más ataques reciba, mayor será el icono. La gente, por decirlo sin vueltas, está con él. O, explicado al revés, no está con Cristina de Borbón.

*Este artículo fue publicado en el número de verano de 2014, en la revista tintaLibre. 

La decisión de un juez de archivar una pieza que podría haber afectado al presidente de Murcia y de cuya apertura acababan de cumplirse los seis meses de plazo habilitados para las causas no declaradas "de especial complejidad" ha reabierto las dudas sobre las consecuencias que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) tendrá para las investigaciones sobre corrupción. Aunque la mayor parte de esas investigaciones son declaradas de especial complejidad, lo que les garantiza un plazo de instrucción de 18 meses prorrogables, la entrada en vigor de la ley ya ha puesto en alerta a investigadores y acusaciones en varias causas.

En el año transcurrido desde que los nuevos plazos para la instrucción entraron en vigor en diciembre de 2015, la intrincada estructura de las tramas corruptas, la lentitud de las solicitudes de ayuda internacional –especialmente las cursadas a paraísos fiscales– y la tardanza de las llamadas unidades de auxilio en la elaboración de los informes requeridos por los jueces ya han aportado signos para la inquietud.

"La reforma de la ley aprobada por el PP favorece a los corruptos", afirma tajante una fuente vinculada a la operación Púnica que pide mantenerse en el anonimato y que recuerda cómo, por ejemplo, Hacienda ha estado un año demorando la asignación de los peritos solicitados por Eloy Velasco, instructor del caso, para determinar los beneficios que los pelotazos urbanísticos depararon a la trama de Francisco Granados y David Marjaliza. El cierre de una de las piezas separadas de Púnica donde se investiga el papel de guardias civiles que supuestamente alertaron a Granados de que la Fiscalía le investigaba también se ha visto demorado más de seis meses, en espera de un informe pericial sobre el reconocimiento de la voz de uno de los involucrados cuyo teléfono interceptaron los investigadores. Que la tardanza en la asignación de peritos de Hacienda o la de los expertos encargados del reconocimiento de voz no sean atribuibles al juez ni a la Fiscalía resulta indiferente: el plazo no se interrumpe por ello. Y el reloj sigue corriendo.

Algo similar ha sucedido en la investigación que un juzgado de Madrid desarrolla en torno a la venta de pisos públicos de la Comunidad de Madrid –el llamado caso Ivima– a un fondo buitre. Tras un año dando largas, Hacienda asignó finalmente un perito que había estado indirectamente vinculado a la empresa para cuya investigación había solicitado auxilio la jueza. Ese factor llevó a la magistrada a rechazar al funcionario propuesto, lo que alargó otro mes la espera. Según la acusación popular, que representa a los inquilinos afectados por la venta de las viviendas al fondo buitre Goldman Sachs, los 18 meses de instrucción finalizan en julio. Y doce de ellos se han agotado sin que, literalmente, la jueza pudiera avanzar en la tarea de desentrañar las relaciones existentes entre las diversas empresas investigadas. 

Desde que la ley reformada entró en vigor, a efectos de nuevos plazos, el 6 de diciembre de 2015 ha habido jueces, como José Castro, cuya instrucción del caso Urdangarin le hizo saltar a la fama, que han sorteado los escollos ampliando el plazo de investigación a solicitud de la acusación particular y no de la Fiscalía, que es lo que preceptúa la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC): lo hizo en junio del año pasado en el llamado Son Espases, donde se investiga el supuesto amaño en la adjudicación del mayor hospital de Baleares para favorecer a OHL, que finalmente no obtuvo el contrato. En el auto donde accedió a la pretensión de la Abogacía del Gobierno balear y prorrogó la instrucción por 12 meses, Castro propinó una bofetada a la LEC: "El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) no permite que el instructor de la causa, del que es de suponer que algo debe saber sobre su complejidad, pueda declararla de oficio", sino que confiere esa prerrogativa "con carácter exclusivo y excluyente al Ministerio Fiscal quien, por esta vía se convierte en dueño absoluto de los destinos del proceso".

Pero, con todo, la vía elegida por Castro para alejar el fantasma de una instrucción cerrada sin tiempo para recabar pruebas no ha sido la más peculiar. En marzo de 2016, la jueza María Núñez Bolaños, que investiga en Sevilla supuestas ilegalidades en torno a cursos de formación financiados con dinero público, archivó dos piezas del caso. Pero no porque hubiera concluido la inexistencia de delito sino para congelar los tiempos mientras esperaba una serie de informes necesarios para esclarecer lo ocurrido y cuya entrega llevaba meses reclamando a la Junta de Andalucía. Tras un recurso del PP, la Audiencia Provincial le obligó a dictar la reapertura en octubre. El tribunal de apelación admitió que el razonamiento esgrimido por la jueza con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción –el de que debía sobreseer en espera de que los informes que aguardaba le permitiesen dictaminar si había indicios de delito– podía tener "base". Pero subrayó a renglón seguido que el objetivo de la reforma de los plazos establecidos ahora en la LEC es que exista "un límite temporal infranqueable". 

Es ese límite "infranqueable" el que lleva a algunos juristas a trazar un negro diagnóstico de la situación. "El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) es un palo en las ruedas de quienes pretenden luchar contra la corrupción". Lo asegura, desde Murcia, el abogado Ginés Ruiz, que ejerce la acusación popular en nombre de Podemos en el caso Pasarelas, aquel que amenazaba al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, del PP, ahora en espera de que el Tribunal Superior de la comunidad decida sobre su futuro procesal en la causa central, la del auditorio de Puerto Lumbreras. Al igual que los socialistas, que también han pedido su personación, Ruiz cree que el sobreseimiento causa "un perjuicio gravísimo a las acusaciones y, sobre todo, al interés público que éstas tratan de defender". Centrado en el supuesto fraccionamiento de contratos que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, cuyo alcalde era Pedro Antonio Sánchez, llevó a cabo en beneficio de un arquitecto, el caso Pasarelas se ha archivado sin que el juzgado practicase ninguna diligencia de investigación. Podemos ha recurrido el sobreseimiento. 

"Ahora, cuando ya ha pasado más de un año desde la reforma legal, podrá empezar a verse si lo sucedido en Murcia es una excepción o si la ley puede conducir a algún tipo de impunidad", reflexiona Ignacio Ubaldo, portavoz de Jueces para la Democracia. Ubaldo apoya el acotamiento de plazos para evitar que las investigaciones se eternicen. Pero conviene en que el riesgo de impunidad crece si jueces y fiscales no ven reforzados los medios con que trabajan. ¿Y se han reforzado? "No. No hay previsión económica", responde. 

El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha rechazado levantar el secreto que pesa sobre las investigaciones sobre la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados (en la que constan numerosos pagos en negro a favor de la formación) así como su presunta vinculación con la reforma de la sede nacional del partido y con la adjudicación presuntamente irregular de las obras del hospital de Son Espases, según ha informado Europa Press.

Así lo ha acordado el magistrado después de que el expresidente de OHL y exministro Juan Miguel Villar Mir solicitase que Castro remitiera un exhorto a la Audiencia Nacional para comprobar si las pesquisas originales sobre las anotaciones de Granados continuaban bajo sigilo judicial. El empresario reclamaba que Castro levantara el secreto si así lo había hecho la AN con sus propias diligencias, lo que no ha sucedido.

En la agenda figuran múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

En concreto, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la Púnica y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para aclarar una presunta financiación irregular del partido madrileño.

Las obras llevadas a cabo en la sede nacional del PP se encuentran en el punto de mira del instructor ante la posibilidad de que pudieran haber sido financiadas de forma irregular por parte de las empresas que concurrieron al concurso de Son Espases a cambio de resultar beneficiarias de la adjudicación. Unas obras que, sin embargo, acabaron en manos de Dragados, una de las filiales de Florentino Pérez.

Así, Castro ha rechazado el recurso de reforma que formuló Villar Mir contra la decisión del juez de no resolver su última petición de archivo, al estar pendiente en el mismo sentido que la Audiencia Provincial de Baleares decida al respecto. El abogado del empresario asevera que no existe riesgo de "pronunciamientos irreconciliables" o "contradictorios", por lo que "no hay motivo" que justifique la negativa de Castro.

De hecho, expresa su "frontal oposición" al criterio del magistrado ya que, "además de no encontrar la más mínima apoyatura legal, lesionaría de manera grave -caso de apreciarse- el derecho a la tutela judicial de mi representado".

Facturas por valor de 237.000 euros

En concreto, Castro continúa en el marco de esta causa buscando esclarecer si las obras llevadas a cabo en Génova fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya solicitó al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha abierto juicio oral contra el expresidente del Govern Jaume Matas por la contratación "a dedo" del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida, según ha informado Europa Press. Gracias a este contrato Calatrava recibió 1,2 millones de euros de dinero público.

Así lo ha acordado el juez después de que la Fiscalía presentara la pasada semana su escrito de acusación por estos hechos (al que se adhirió la Abogacía de la Comunidad Autónoma), en el que pide un año y tres meses de cárcel para el exmandatario balear por un delito de tráfico de influencias y diez años de inhabilitación por otro de prevaricación. Además, reclama el pago de 120.000 euros en responsabilidades civiles.

El fiscal solicitaba así que el exdirigente del PP se siente nuevamente en el banquillo de los acusados, como ya hizo recientemente en otras dos piezas del caso Palma Arena, por cada una de las cuales reclama dos años de cárcel para el encausado. Sobre Matas también pesa una petición de cinco años de prisión por el caso Nóos, pendiente de sentencia.

Tal y como relata el fiscal en el marco del fleco relacionado con la Ópera (la pieza número 3 de la causa), Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas pocos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007. El proyecto finalmente no se llevó a cabo ante la negativa de la Junta Electoral y la proximidad de los comicios electorales.

La defensa del expresidente, ejercida por el abogado y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Baleares Miquel Arbona, apunta que no hay indicios delictivos para sostener el encausamiento de su patrocinado. De hecho, el propio Matas, durante la declaración que prestó ante el juez en febrero de 2011, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto si bien defendió la legalidad de su contratación.

El exjefe del Ejecutivo balear defendió que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser Calatrava una persona "muy cualificada técnica y artísticamente".

Sin embargo, Horrach señala en su escrito cómo a principios de ese año el exmandatario autonómico decidió "de forma unilateral" que durante la campaña electoral presentaría "un gran proyecto de obra para la ciudad de Palma", según el fiscal con el objetivo de "favorecer sus intereses propios" como candidato a ser reelegido presidente del Govern "y los del partido político al que representaba, a modo de golpe de efecto durante la campaña".

El representante del Ministerio Público subraya que, al adoptar la decisión anterior, Matas "era consciente de la práctica imposibilidad material y económica" del proyecto, puesto que no existía un estudio económico del mismo, "ni siquiera una simple aproximación", por lo que no se conocía el presupuesto necesario para acometerlo ni su forma de financiación.

Es más, añade Horrach, tampoco existía estudio sobre la ubicación del proyecto ni "un simple análisis" sobre la normativa urbanística aplicable a la zona donde se suponía que se preveía la ubicación; la zona donde presumiblemente se contemplaba situar "ni siquiera es titularidad de la Comunidad", y no había "un mínimo análisis sobre la viabilidad física de dicho proyecto en la zona elegida".

Amaño del expediente de contratación

Matas se puso en contacto con el arquitecto valenciano en febrero de 2007, explicándole su intención y con el que llegó a un acuerdo verbal por el que Calatrava presentaría un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a Ópera y artes escénicas "en un irrealizable proyecto que incluía la remodelación de toda la bahía de Palma, repercutiendo sobre el dominio público marítimo terrestre", según el fiscal.

Según abundaba el juez instructor, José Castro, fue en Roma donde Matas concertó su cita con Calatrava, cargando al erario público los gastos que supuso el viaje y que ascendieron a 5.124 euros. Entre las partidas, detallaba Castro, se hallaban el alquiler de un coche con chófer por 1.300 euros, y una noche de estancia en hotel por 945 euros.

Tras ello, el expresidente ordenó al entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, que amañase un expediente de contratación mediante la proposición de distintos acuerdos al Consell de Govern a fin de "otorgar apariencia de legalidad a la decisión y al acuerdo con Calatrava", revistiéndolos, prosigue el fiscal, de las formalidades jurídicas necesarias.

La tramitación fue finalmente encomendada al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec) que, siguiendo las instrucciones del expresidente, optó por la contratación directa a través de un procedimiento negociado sin publicidad.

"Aparentar la existencia de un interés público"

Y todo ello, abunda Horrach, con el objetivo de "aparentar la existencia de un interés público" bajo la "falsa pretensión" de ordenar la Bahía de Palma y urbanizar el Muelle Viejo, además de evitar informes técnicos sobre el precio de mercado del servicio que se pretendía y que puedieran interferir en el precio pactado verbalmente.

Así fue como el arquitecto valenciano, finalmente contratado el 27 de abril, acabó percibiendo hasta un total de 1,2 millones de euros: un millón por la concepción del anteproyecto, 60.000 por la maqueta de la Bahía de Palma, otros 60.000 por la maqueta del edificio de la ópera y 80.000 por un vídeo explicativo y de presentación del proyecto.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, abrió juicio oral contra el expresidente del Govern Jaume Matas por auspiciar la adjudicación presuntamente irregular de las obras de la considerada infraestructura estrella de su última legislatura (2003-2007), el Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste ascendió a más de cien.

El juez dictó para ello sendos autos después de que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach presentase sus escritos de acusación por dos piezas de la causa –la 8 y la 9–, en los que acusa al exministro de haber incurrido en delitos de fraude a la administración y prevaricación, los mismos tipos penales que atribuye por estos mismos hechos al exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis Pepote BallesterPepote.

Castro envió así a juicio a ambos exaltos cargos del PP. En concreto, el fiscal reclama dos años de cárcel para Matas por cada una de las piezas, mientras que pide una multa de 540 euros para Ballester también por cada fleco.

Las pesquisas se centran asimismo en la contratación a dedo contratación a dedo de los arquitectos que se encargaron de dirigir las obras de construcción, primero Ralph Schürman y posteriormente Luis y Jaime García-Ruiz. Estos últimos acabaron percibiendo unos honorarios de unos ocho millones de euros por hacerse cargo de los trabajos del velódromo.

Se trata de los flecos del caso Palma Arena que más tiempo llevaban pendientes de calificar por parte de la acusación pública en el marco de una causa cuya complejidad derivó en la apertura de hasta 28 piezas separadas. Matas ya cumplió nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influenciasprisión en la primera pieza que fue juzgada de la causa y fue posteriormente condenado a una pena de multa por cohecho.

En uno de sus escritos, Horrach relata cómo en 2004 Matas encargó a Ballester tratar de obtener la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo, previsto para 2007, con la finalidad de que esta concesión sirviera de base a la construcción de un velódromo cubierto que permitiera albergar el evento.

El fiscal resalta que, pese a tratarse de un proyecto de "gran envergadura y con un evidente compromiso de gasto", la contratación no fue llevada a cabo por ninguna de las Consellerias que disponían de los medios técnicos y jurídicos necesarios para poner en marcha la licitación, sino que Matas encargó la construcción a la Fundación Illesport y posteriormente al Consorcio que se crearía al efecto, organismos que "no están obligados a pasar por los mismos controles previos que la administración stricto sensu y, sobre todo, a los que pudiera imponer sus decisiones unipersonales sobre quién y cómo construiría el velódromo".

De hecho, el juez instructor de la causa, José Castro, alude a la Fundación Illesport –dependiente del Govern y liderada por Ballester– como la encargada de "dar cobertura formal a las decisiones que tomaba el presidente de la Comunidad Autónoma, sabedores ambos de que sus decisiones ni tan siquiera se sometían a la consideración de los patronos" de la Fundació "por la sencilla razón de que, como tal, el órgano colegiado sólo existía en apariencia".

Órdenes de Matas

Es en este marco en el que Matas ordenó la ejecución de la infraestructura deportiva y encargó al Illesport, con los fondos del Ejecutivo autonómico, su gestión hasta que se constituyese el Consorcio.

Según los investigadores, los patronos de la Fundación ni siquiera llegaban a reunirse para tomar decisión alguna que en exclusividad eran adoptadas por el propio presidente del Govern y el director general de Deportes. Sin embargo, hasta 22 actas "absolutamente falsas" fueron redactadas, según las pesquisas, para dejar constancia de unas supuestas reuniones "que nunca llegaron a convocarse y menos aún a celebrarse".

Así, entre las decisiones que aparentemente se adoptaron se encuentra la aprobación de un presupuesto de 46,4 millones de euros para la construcción del Palma Arena y sus cargas financieras para la ejecución de un espacio polideportivo, todo ello a pesar de que no consta estudio alguno sobre el origen de ese provisional cálculo de coste.

De igual forma se dio el visto bueno a la contratación del arquitecto inicial del proyecto, Ralph Schürmann, sustentándola en que éste contaba con el respaldo de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El contrato fue firmado el 10 de enero de 2005, por un importe de 9,4 millones de euros, "sin previo expediente de contratación y, por tanto, omitiendo deliberada y conscientemente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia".

Según Horrach, la decisión de contratar a Schürmann la tomaron igualmente, de forma unilateral, tanto Matas como Ballester quienes, "prescindiendo deliberadamente del necesario e imperativo procedimiento previo de contratación", realizaron el encargo verbal al arquitecto, al que Castro se refiere, por su parte, a "un recomendado de la UCI" pero "nada más, siendo dudosa su experiencia en la construcción de velódromos cubiertos y acreditado que existían otros profesionales con similar o superior capacidad".

"Pobre ropaje jurídico"

En esta línea, Castro recalcó que "si ya pobre ropaje jurídico representaban estos acuerdos, más aún sería su escasez si se tiene en cuenta que la contratación de don Ralph Schürmann se había producido previamente al margen de los mismos". El 23 de marzo de 2006 le fue rescindido su contrato.

El fiscal señaló que Schürmann presentó al cobro facturas por un total de 2,3 millones de euros, si bien finalmente se le pagó la suma de 1,6 millones.

En cuanto a la contratación de los García-Ruiz se refiere, el magistrado llegaba a calificarla de "aberración jurídica" e incidía en que aquélla "carece de todo soporte administrativo". Por su parte, el fiscal recordó que el importe del contrato fue, por todos los conceptos, de 8,5 millones de euros. A su juicio, lo que encubría este contrato es la orden dada por Matas de que la construcción del velódromo fuese adjudicada a la empresa GR1 S.L –perteneciente a los García Ruiz– y la ejecución de esa orden por parte de Ballester.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha reclamado al Ministerio de Defensa información sobre solicitudes recibidas en relación con los cuarteles de Son Busquets, que habrían servido de canje para que, a cambio de financiar la compra y reforma de la sede del PP balear, el empresario Antonio Pinal pudiera desarrollar en esa zona un proyecto urbanístico de viviendas.

Así lo ha solicitado el juez mediante una providencia en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arenacaso Palma Arena, que el magistrado ha reactivado recientemente tras recibir nuevos datos acerca de cómo pudo sufragarse la adquisición del inmueble.

De hecho, el magistrado indaga el destino que se le dio a un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor de Pinal, propietario de la constructora Bruesa, y si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede de los conservadores.

En cuanto a Son Busquets, el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó en su día que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.

De Santos relató que el expresidente del Govern Jaume Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho en el marco de estos hechos y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.

Una testigo ha confirmado, en la declaración que este martes ha prestado ante el juez José Castro, que su padre, Ildefonso Pérez, prestó 600.000 euros al propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, quien presuntamente sufragó la adquisición de la sede del PP balear a cambio de adjudicaciones públicas. El magistrado trata de averiguar si el préstamo se destinó a financiar la compra de forma irregular.

Tal y como señalaron fuentes jurídicas a Europa Press, la declarante, funcionaria de la Administración del Estado, se ha reafirmado así en la comparecencia que llevó a cabo hace más de un año en dependencias policiales, donde llegó a señalar que, puesto que los fondos transferidos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, "sería para hacer cosas en negro". Junto a ella también declaró como testigo el abogado de su padre.

Varios oficios de la policía nacional, cuyo secreto levantó recientemente el instructor en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, señalan que Pérez, socio de Pinal, llevó a cabo la operativa de préstamo el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.

La policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era "una tal Marga", mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet.

En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).

De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos.

Los investigadores apuntan a que los pagos para la reforma de la sede corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reclamó a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede del PP balear.

Se trata de una cantidad a la que aluden varios oficios de la Policía Nacional, a los que tuvo acceso Europa Press y cuyo secreto levantó el magistrado en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que indaga de qué forma fueron abonados los trabajos de reforma de la sede de los conservadores. Los investigadores apuntan a que los pagos corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

Según la documentación incorporada a la causa, fue el constructor y socio de Pinal Ildefonso Pérez Ruiz quien llevó a cabo la operativa de préstamo, el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.

La Policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era "una tal Marga", mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet.

Tras levantar el sigilo judicial que pesaba sobre estas pesquisas, el juez ha citado a declarar el próximo día 10, en calidad de testigo, a la hija de Pérez, quien en dependencias policiales manifestó además que, puesto que los fondos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, "sería para hacer cosas en negro". También ha sido emplazado a testificar esa misma jornada el abogado de Pérez.

En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).

De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos.

La Policía recuerda cómo el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó en un escrito ante el juez que Pinal le invitó a cenar en el hotel Son Vida porque, según le transmitió, "has sido el único que has tenido huevos de decirme claramente desde el principio lo que pensabas sin engañarme, y que el proyecto tal cual no se podía ejecutar". Eso le costó al empresario, concluyó De Santos, el pago de la sede del partido.

Más en concreto, De Santos se refería al hecho de que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.

Autorización firmada por Joan Mesquida

De Santos relató, en el mismo escrito, que Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho en el marco de estos hechos y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.

Por su parte, el extesorero del PP Luis Bárcenas explicó posteriormente la realidad de las aportaciones realizadas por Pinal y otros empresarios en relación a la sede, "pero no respecto a la reforma, sino a la compra de la misma, todo ello con el conocimiento del tesorero nacional Álvaro Lapuerta", según el oficio de la Policía.

Castro abrió en febrero del pasado año esta línea de investigación con el objetivo de indagar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la adquisición de su sede. Desde hace más de seis años el juez se encuentra volcado en esclarecer si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.

Siete años después de que la Fiscalía Anticorrupción detectara presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que el expresidente del Govern Jaume Matas posee en el casco antiguo de Palma, el juez José Castro ha puesto fin a estas pesquisas y ha abierto con ello la vía para sentar al exmandatario autonómico en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo de capitales.

El magistrado ha concluido así una de las principales líneas de investigación que, impulsadas en 2009, constituirían el génesis del conocido como caso Palma Arena, cuya complejidad derivó años después en la apertura de hasta un total de 28 piezas separadas. No es el único fleco –el número 24– cuyas investigaciones ha concluido Castro. También ha cerrado la 17, centrada en el presunto cobro de comisiones en varias contrataciones vinculadas al velódromo palmesano; la 16, relacionada con el fraccionamiento de contratos por parte del Govern; la 19, en torno a la construcción de la pista del Palma Arena, y una subpieza de la 27, por contratos supuestamente amañados a favor de la empresa Over Marketing.

Junto a Matas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dado el paso previo para que también sean juzgados, por la pieza del palacete, su mujer, Maite Areal, el hermano de ésta y extesorero del PP balear Fernando Areal, el exconseller y supuesto testaferro del expresidente Bartolomé Reus y otros cuatro investigados.

En concreto, se trata del aparejador Miguel García-Inés, el decorador Antoni Obrador, la propietaria de una tienda de electrodomésticos, Josefa Lorca, y la exsecretaria de Obrador, Maria Rodríguez, todos ellos proveedores de la reforma del palacete.

Las investigaciones se extienden a una vivienda de Madrid y a gastos relacionados con varias propiedades en la Colonia de Sant Jordi. En cuanto al inmueble madrileño, ubicado en el barrio de Salamanca, las pesquisas apuntan a Matas utilizó a Reus como testaferro en la titularidad del piso y que, por tanto, es propiedad del expresidente. Matas negó estos hechos ante el juez. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009. El exdirigente 'popular' había pagado unos 980.000 euros por su palacete pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.

A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones que, bajo el nombre de Operación Buckingham, fueron dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al elevado tren de vida que llevó Matas mientras era máximo mandatario balear. Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, según la documentación recabada por los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.

Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del expresidente más de 300.000 euros en dinero negro.

El pasado mes de enero, Matas puso a disposición de la Audiencia Provincial de Baleares la mitad indivisa de su palacete a fin de reparar el daño causado en el marco del caso Nóos, en el que se enfrenta a una petición de pena de cinco años de cárcel. De forma paralela, el instructor ha puesto fin a la instrucción de las pesquisas en torno al convenio para el patrocinio del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, que costó a las arcas del Govern 350.000 euros. También Matas se encuentra encausado en esta pieza, en este caso por delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documentos oficiales.

Del mismo modo, mantiene la imputación por estos hechos del exdirector general de Deportes José Luis Pepote Ballester y contra el propietario de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, empresa investigada por financiar de forma presuntamente ilegal al PP balear y beneficiarse a cambio de contratos amañados durante el último mandato de Matas (2003-2007). En lo que al caso Over se refiere, considerado la ramificación del caso Gürtel en Baleares, el procedimiento continúa contra el propio Matas, la exconsellera de Salud Aina Castillo, la exjefa de prensa de ésta Luisa Durán, y el propietario de Over Marketing Daniel Mercado.

A partir de ahora, las acusaciones deberán formular su escrito de calificación contra los imputados o, por el contrario, solicitar el archivo de las investigaciones.

Eclipsado en casi todos sus tramos por el vertiginoso interregno que abrieron las elecciones del 20 de diciembre, el juicio más esperado del año, el del caso Nóos, cuyo protagonista inicial, Iñaki Urdangarin, acabó desplazado por su esposa, Cristina de Borbón, quedará este miércoles visto para sentencia salvo dilaciones de última hora.

Dos factores inesperados y aún llenos de incógnitas han marcado los más de cinco meses en que se han repartido las sesiones. El primero de ellos ha sido el súbito acercamiento entre Iñaki Urdangarin y Diego Torres. El segundo, el golpe que para la acusación popular ejercida por Manos Limpias contra la infanta supuso la operación judicial que condujo a su jefe de filas, Miguel Bernad, a prisión por presunto chantaje. Para Cristina de Borbón, que todo ello haya ocurrido durante el juicio ha resultado objetivamente de una oportunidad providencial. 

Que Urdangarin y Torres han firmado la paz o, como mínimo, una sólida tregua parece incuestionable para todas las fuentes jurídicas y observadores independientes consultados por infoLibre. En la práctica, ambos han adoptado en el juicio una estrategia común de defensa tras haber permanecido inmersos durante más de tres años en una encarnizada guerra –la de los correos electrónicos- con la que el antiguo socio del duque de Palma puso en apuros a Juan Carlos I y a su equipo.

Esos correos no solo hicieron tambalearse la versión oficial de la Zarzuela sobre las órdenes impartidas a Urdangarin para que rompiese con Diego Torres sino que detallan cómo el anterior monarca estaba al tanto de los pasos de Urdangarin con Nóos y su ONG sucesora –Fundación DCIS-. Y cómo le ofreció incluso ayuda.

Y si lo anterior plantea múltiples interrogantes, también emerge cargado de incógnitas el segundo elemento de sorpresa, segundo al menos en orden cronológico: el mazazo que para la acusación contra la infanta han significado las escandalosas revelaciones sobre la supuesta extorsión a su entorno perpetrada por el grupo que capitaneaban Miguel Bernad y Luis Pineda. A la infanta la acusa en solitario Manos Limpias, que reclama aquí ocho años de cárcel por delito fiscal.

Fue a Pineda a quien la Policía cazó por teléfono contándole a un colaborador que las negociaciones para retirar la acusación contra la infanta eran “el tren de nuestra vida”. En castellano, esa frase hecha no admite más que una lectura: que había dinero, mucho, por medio. En juego estaban, según las investigaciones, entre dos y tres millones de euros. La operación estalló a mediados de abril, justo en el ecuador del juicio y cuando la infanta, que defendió a capa y espada a su marido y remarcó que todo lo que hacían estaba “controlado” por Zarzuela, ya había declarado.

Aunque el tribunal que juzga el caso haya reiterado hasta la saciedad que nada exterior a la vista le influye ni le roza, todas las fuentes consultadas coinciden en que la investigación sobre el tándem Ausbanc-Manos Limpias beneficia objetivamente a la infanta y sus intereses. “Si solo la acusa Manos Limpias y resulta que su jefe está en la cárcel por extorsión, es innegable que eso le viene bien”, resume una fuente jurídica ajena tanto a las defensas como, por supuesto, al pseudosindicato de Bernad.  

La abogada que representa a la organización, Virginia López Negrete, renunció a la declaración del perito en cuyas tesis sustenta su acusación y cuyo informe, no obstante, ha aceptado el tribunal. La letrada renunció tras el testimonio prestado por los de Hacienda.

Los funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) sostienen justamente la tesis contraria a la del perito de Manos Limpias: que la infanta no cometió delito pese a ser copropietaria de la empresa Aizoon, que fue la utilizada por Urdangarin para no declarar buena parte de los ingresos que, según Hacienda, debía haber reflejado en sus declaraciones de IRPF. La AEAT cifra en más de 326.925 euros la cuota defraudada por Urdangarin en el bienio 2007-2008. 

De los rayos y truenos a la charla amistosa

De no hablarse ni ellos ni sus abogados salvo para cruzar escritos jurídicos cuajados de rayos, truenos, reproches y amenazas, Urdangarin y Torres y sus respectivos abogados pasaron –al igual que Cristina de Borbón- a escenificar una relación cuando menos cordial. "Por momentos -relata un privilegiado espectador- parecía que Mario Pascual [abogado de Urdangarin] iba a remolque de González Peeters [defensor de Diego Torres]".

Ambos, Urdangarin y Torres, también, a defenderse con argumentos casi calcados. Por un lado, que el Instituto Nóos cobró siempre dentro de la ley –seis millones de fondos públicos fluyeron hacia sus cuentas- y que no habría podido ocurrir de otra forma dado que estaba bajo la constante supervisión de la Casa Real. Y por otro, que si algo irregular o ilegal hubo en la actuación de las dos parejas –Iñaki Urdangarin-Cristina de Borbón y Diego Torres-Ana Tejeiro- fue en todo caso culpa del asesor Miguel Tejeiro.

Defendido por uno de los penalistas más hábiles del panorama estatal, Cristóbal Martell, también abogado de los Pujol y del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, Tejeiro ya había alcanzado un pacto con la Fiscalía antes del juicio. Con la vista ya iniciada, Manos Limpias retiró su propia acusación contra él. Pero no había garantías escritas de que su nueva condición de testigo derivaría en una declaración incriminatoria para la infanta. Tejeiro, de hecho, no dijo nada que perjudique a la hermana de Felipe VI.

Del sarcasmo de acero a la suave ironía

Si durante la fase de instrucción el abogado de Torres, Manuel González Peeters hizo célebre sus afiladísimas dotes para la acusación con cada remesa de correos que enviaba al juez José Castro, ahora apenas si ha sacado algún pequeño dardo del carcaj para atacar a los duques.

En su informe final, presentado este martes, Peeters acusó a la Policía de haber maltratado psicológicamente a su cliente. Pero se limitó a ironizar cuando relató cómo en el registro policial de la sede de Nóos los agentes solo llevaban orden de hurgar en los ordenadores de sus clientes y no en los de “la otra pareja”. O sea, en los de Urdangarin y Borbón. Más allá de eso, se acabó lo que se daba. ¿Por qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta.

La Fiscalía mantiene su petición de 19,5 años de cárcel para Urdangarin y de 16 para Torres. Al cuñado de Felipe VI, el fiscal le atribuye malversación, prevaricación, falsedad en documento público y mercantil, fraude a la administración, estafa, dos delitos contra la hacienda pública y blanqueo. A su antiguo socio Diego Torres, Anticorrupción le acusa de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, delito fiscal, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

La dureza del tribunal

En el juicio ha habido un tercer elemento inesperado y generador de dudas de calado: la dureza con que el tribunal ha tratado a las acusaciones públicas, empezando por el fiscal Pedro Horrach y terminando por las abogacías balear y valenciana. Ninguno de los consultados se atreve a esbozar un diagnóstico sobre por qué, por ejemplo, el tribunal ha cortado una y otra vez a Horrach cada vez que interrogaba a un acusado. "Y eso -opina una observadora independiente- ha afectado a Horrach, que necesariamente estaba ya tocado en lo personal por todas las críticas que ha recibido no acusar a la infanta". Tocado o enfadado o ambas cosas, como demostró cuando convirtió su informe final en un durísimo ataque contra el juez instructor del caso, José Castro, cuyas decisiones fueron las que sentaron en el banquillo a Cristina de Borbón.

Sobre el comportamiento del tribunal circulan dos hipótesis: la primera, que la dureza exhibida contra las acusaciones anticipa una sentencia más suave de lo esperado, aunque este diario no ha localizado a nadie que, salvo las defensas, confíe en la absolución de Urdangarin y Torres.

La segunda opción apunta a todo lo contrario: a que el tribunal ha refrenado una y otra vez a Horrach, a la Abogacía del Estado y a las de los gobiernos balear y valenciano precisamente para evitar que los acusados puedan alegar que su derecho de defensa se ha visto vulnerado si la condena termina siendo tan drástica o casi como pide la Fiscalía en el caso de Urdangarin y Torres o como reclama Manos Limpias para Cristina de Borbón. Los otros acusados hasta un total de 17, incluyendo al expresidente Jaume Matas y al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, han pasado definitivamente al segundo plano de la escena.