Ocurrió en noviembre de 2023. Un ciudadano cubano afincado en Soria, ciudad de apenas cuarenta mil habitantes, donde los crímenes violentos son noticia precisamente por su rareza, había desaparecido. Para resolver el caso, un asesinato, acabó resultando decisivo un servidor de Mountain View, California. Un fotograma rutinario de Google Maps Street View, capturado por una cámara montada en un vehículo que recorría calles con indiferencia algorítmica, había registrado al asesino en el momento exacto en que introducía el cuerpo en el maletero de su coche. El testigo más decisivo del caso era una máquina que ni siquiera sabía que estaba mirando. Los culpables —el hombre fotografiado y una mujer— acabaron confesando.

Esta historia ilustra la transformación más profunda que ha experimentado la justicia penal en las últimas dos décadas. Pero lo que ocurrió en Soria no es una excepción ni una anécdota. Es el síntoma más visible de un cambio de paradigma que el profesor Andrew Guthrie Ferguson, de la American University Washington College of Law, ha sistematizado bajo el concepto de la sensorveillance (sensorvigilancia). La fusión entre los sensores del Internet de las Cosas y la vigilancia ha transformado cada objeto cotidiano —el coche, la bicicleta, el termostato, el reloj de pulsera— en un informante digital en potencia. Y, a diferencia del testigo humano, estos dispositivos no mienten, no olvidan y no se cansan.

Los datos del informe anual de Cellebrite —una compañía especializada en tecnología forense que elabora desde hace siete años la encuesta de referencia del sector, esta vez con más de 900 profesionales de 63 países entre agentes de policía, funcionarios judiciales y empleados de empresas privadas— cuantifican con una contundencia difícil de rebatir la magnitud del cambio. El 95% de los encuestados afirma que la evidencia digital aumenta significativamente la capacidad de resolver crímenes, una cifra que sube veinte puntos porcentuales respecto a 2024. No es una tendencia. Es una avalancha.

El 97% de los investigadores señala que los teléfonos inteligentes aparecen como fuente frecuente de evidencia en sus casos, frente al 73% de 2024. Una investigación típica involucra entre dos y cinco dispositivos, convirtiendo cada smartphone, tableta o portátil incautado en un archivo potencial de pruebas capaz de ubicar a su dueño en el espacio y en el tiempo con una precisión que ningún testigo humano podría igualar. El 93% de los encuestados afirma que esta evidencia acaba resultando crítica en detenciones, acusaciones y juicios. La sociedad, además, ya lo da por sentado: el 97% de las respuestas coinciden en que su comunidad espera que la evidencia digital sea utilizada en prácticamente todos los casos.

Pero los teléfonos son solo el síntoma más visible. Ferguson documenta en su libro Your Data Will Be Used Against You —“Tus datos se utilizarán en tu contra”— cómo la red de testigos digitales se ha expandido mucho más allá de nuestros bolsillos.

En Pensilvania, los fiscales utilizaron los datos de una simple aplicación de linterna de un iPhone para demostrar que un ladrón estaba dentro de una casa en el momento del robo. En otro caso paradigmático, una conductora, Cathy Bernstein, negó haber sufrido un accidente de tráfico: su propio coche Ford llamó automáticamente al 911 tras el choque, y la telemetría del vehículo confirmó el despliegue de airbags junto a la ubicación exacta, llevando a su detención por fuga. El objeto que conducía se convirtió en su acusador.

La expansión del rastro binario hacia los objetos físicos plantea una pregunta que la industria tecnológica prefiere no formular en voz alta: ¿cuánto de lo que hacemos dentro de nuestros propios vehículos es realmente privado? 

Los coches modernos recogen casi tanta información como los teléfonos. Al conectar un dispositivo para escuchar música o leer mensajes, el vehículo puede descargar listas de contactos, registros de llamadas y patrones de desplazamiento. Algunas políticas de privacidad de fabricantes llegan a extremos que parecerían inverosímiles si no estuvieran publicadas: Ferguson señala que Nissan se ha reservado el derecho de recolectar información sobre actividad sexual, datos genéticos y tendencias psicológicas, con posibilidad de vender esa información a intermediarios de datos o entregarla a las autoridades.

El mecanismo legal que hace posible todo esto es una de las grietas más incómodas del derecho a la privacidad contemporáneo. Las agencias gubernamentales pueden evitar el trámite de una orden judicial —cuya exigencia en Estados Unidos está protegida por la Cuarta Enmienda frente a registros irracionales— simplemente comprando los datos a empresas privadas. Bajo la lógica de que el usuario aceptó los términos de servicio al instalar una aplicación o activar un dispositivo, la información deja de considerarse privada y se convierte en una mercancía accesible para quien tenga presupuesto para adquirirla. La vigilancia, en ese esquema, no necesita juez. Solo necesita tarjeta de crédito.

Google operó durante años el llamado Sensorvault, una base de datos que combinaba señales de GPS, Bluetooth, torres de telefonía y redes wifi para rastrear ubicaciones con precisión milimétrica. Las llamadas “geofence warrants” permitían a la policía solicitar datos de todos los teléfonos presentes en un área específica durante el momento en que se cometió un crimen. 

En el caso de Okelle Chatrie, identificado como autor de un atraco bancario, los investigadores analizaron los registros de diecinueve teléfonos que se encontraban en las proximidades. En 2024, Google anunció que dejaría de almacenar estos datos de ubicación en la nube para guardarlos localmente en los dispositivos, lo que en teoría obliga a la policía a identificar primero al sospechoso antes de solicitar una orden judicial específica. Es un paso, aunque no cierra el debate sobre los datos que otros operadores siguen centralizando.

Frente a este panorama, el marco legal europeo se prepara para una transformación que podría modificar sustancialmente las reglas del juego. El Reglamento E-Evidence —oficialmente, el Reglamento (UE) 2023/1543— entrará plenamente en vigor el 18 de agosto de 2026 y supone la ruptura más significativa con el paradigma tradicional de la cooperación judicial internacional en décadas.

El problema que viene a resolver es tan viejo como la propia globalización digital: los delincuentes operan sin fronteras, pero los jueces sí las tienen. Hasta ahora, obtener datos almacenados en servidores de Meta o Google desde un juzgado español exigía activar los mecanismos de asistencia legal mutua entre países, un proceso que tardaba de media diez meses. Para cuando llegan los datos, las investigaciones han envejecido, los sospechosos han movido activos y, en algunos casos, la evidencia ha desaparecido.

La nueva normativa introduce dos instrumentos de naturaleza radicalmente diferente. La Orden Europea de Producción permite a cualquier autoridad judicial de un Estado miembro requerir directamente a un proveedor de servicios —sea cual sea su ubicación dentro de la Unión— que entregue datos concretos en un plazo máximo de diez días. En situaciones de peligro inminente para la vida, ese plazo se comprime a ocho horas. 

La Orden Europea de Preservación, por su parte, bloquea preventivamente los datos durante sesenta días mientras se tramita el acceso definitivo. Todo proveedor que opere en la Unión Europea, independientemente de dónde tenga su sede, deberá designar un representante legal en un Estado miembro como punto de contacto. La neutralidad jurisdiccional de Silicon Valley, en la práctica, queda severamente limitada.

El reglamento incluye algunas garantías cuya efectividad está por ver. Para datos de contenido y tráfico existe un procedimiento de notificación que permite a las autoridades del Estado donde se ubica el proveedor oponerse en diez días si consideran que la orden vulnera derechos fundamentales, secretos profesionales —incluyendo el periodístico— o si el hecho investigado no constituye delito en su jurisdicción. Para España, la implementación tiene que articularse a través de una Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal, que actuará como centro nacional para supervisar estas órdenes transfronterizas.

Si el Reglamento E-Evidence es la respuesta legislativa a la saturación del sistema, la inteligencia artificial es la apuesta tecnológica. El informe de tendencias confirma que la profesión ha alcanzado un consenso llamativo sobre cómo debe desplegarse: el 65% de los profesionales cree que la IA puede acelerar las investigaciones. Sus aplicaciones más valoradas son encontrar vínculos entre personas (74%), identificar usuarios de dispositivos (74%), transcribir o traducir contenido (72%) y realizar búsquedas avanzadas en textos e imágenes (71%).

El modelo que la comunidad forense defiende no es el de la sustitución sino el de la amplificación. Que la máquina procese terabytes de datos de mensajería para identificar patrones, pero que el investigador decida qué significa ese patrón. Un consenso del 92% entre los profesionales sostiene que la decisión final debe ser siempre humana, no solo por consideraciones éticas sino por exigencias estrictamente jurídicas: en los juzgados españoles, una prueba generada por un algoritmo incapaz de explicar su propio razonamiento puede ser declarada nula por vulnerar el derecho de defensa.

Pero la IA no solo está del lado de los investigadores. Los deepfakes —vídeos y audios sintéticos indistinguibles de los reales— amenazan con colapsar precisamente el pilar sobre el que descansa toda la arquitectura de la justicia digital: la confiabilidad de la evidencia audiovisual. Si un vídeo puede ser fabricado con suficiente perfección, ¿qué peso probatorio conserva? 

Los laboratorios forenses han respondido con lo que los propios especialistas describen como una carrera armamentística: el desarrollo de sistemas de contra-análisis capaces de detectar micro-inconsistencias en medios sintéticos. La autenticidad, que antes era un dato, se ha convertido en un problema que hay que demostrar.

El horizonte jurídico español ofrece dos lecturas en tensión que conviene leer juntas. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo validó definitivamente el uso de mensajes extraídos de la red cifrada EncroChat —interceptada por autoridades francesas— bajo la doctrina del hallazgo casual, confirmando penas de hasta catorce años para redes de narcotráfico. Pero en 2026, la Audiencia Provincial de València absolvió a varios acusados en un caso relacionado con la plataforma Sky ECC al detectar una ruptura en la cadena de custodia y la ausencia de los archivos originales en formato técnico. 

La evidencia digital es indispensable, pero su admisibilidad depende de un rigor procedimental que ninguna urgencia investigadora puede relajar. La sola gravedad del delito no legitima atajos forenses.

Ferguson advierte en su libro algo que ningún informe sectorial formula con tanta claridad: aunque hoy todavía podemos elegir una bicicleta sin sensores, pronto será imposible comprar un coche que no rastree datos. La sensorvigilancia no es una opción que pueda desactivarse con un clic en los ajustes de privacidad. Es la condición por defecto de una civilización que ha decidido conectar cada objeto al flujo de datos globales. Ese mismo flujo que contribuyó a resolver el crimen de Soria es el que registra dónde dormimos, con quién nos reunimos y qué buscamos a las tres de la madrugada.

La evidencia digital ha ganado la batalla de la relevancia. Lo que está en juego ahora es si las sociedades democráticas serán capaces de diseñar los límites dentro de los cuales esa evidencia puede ser recogida, conservada y utilizada. Porque los datos no distinguen entre un asesino y un disidente. De eso, todavía, siguen teniendo que encargarse los humanos. Y las leyes que los humanos deciden aplicar.

La vista fijada por el juez Juan Carlos Peinado este Miércoles Santo para avanzar con el caso Begoña Gómez por los trámites de un jurado popular ha tenido el mismo desenlace que las dos anteriores: los investigados no han acudido, el fiscal y las defensas han pedido el archivo, y las acusaciones populares, seguir adelante, informa EFE

La cita de este miércoles, que se ha alargado dos horas y media, es la tercera vista de estas características que convoca el juez Peinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instase a acumular todos los delitos que investigaba en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por que sea un jurado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.

Y es la segunda vez que el juez Peinado cita en esta causa un Miércoles Santo; el año pasado acudió a Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Como estaba previsto, a la vista no han acudido ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados —su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés—, y las partes han mantenido sus posiciones, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El fiscal y las defensas han expuesto la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares, unificadas en la organización Hazte Oír, que han solicitado practicar más diligencias, según las fuentes.

A la salida de los juzgados, la abogada de Vox Marta Castro ha denunciado ante los periodistas que durante esta vista han tenido que "escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", al tiempo que ha reprochado la "obstinación" de la Fiscalía al mantener la petición de archivo por entender que no hay ningún indicio.

"Hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase y eso será lo que en los próximos días el juez tendrá que decidir", ha opinado la abogada, y ha añadido que la acusación popular unificada ha pedido pruebas para completar el análisis del caso.

A punto de cumplirse dos años de instrucción, el juez Peinado considera que Begoña Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

En concreto, ve indicios de delito en las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, en sus relaciones con Barrabés —adjudicatario de contratos públicos— y en el trabajo que prestó presuntamente su asesora para las actividades académicas de la mujer del jefe del Ejecutivo, pagada con fondos públicos.

Investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

La lista de países de la UE que, a poco más de un mes de que venza el plazo europeo para trasponer la directiva europea que busca blindar a los medios de las demandas infundadas que tratan de silenciarlos —conocidas como SLAPP—, es larga. No han iniciado debates parlamentarios, no han presentado proyectos de ley, no han hecho ningún movimiento visible. España está en ese grupo.

Una SLAPP —del inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation, o demanda estratégica contra la participación pública— es una acción judicial interpuesta no con el propósito de ganar en los tribunales, sino de agotar al demandado fuera de ellos. Quien la presenta —habitualmente una empresa poderosa, un político o una institución con recursos económicos muy superiores a los de su víctima— no busca obtener justicia ni reparar un daño real, sino obligar al periodista, al activista o a la organización demandada a dedicar tiempo, dinero y energía a defenderse, hasta que decida que no merece la pena seguir investigando, publicando o denunciando.

La Directiva (UE) 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne, vincula a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Son ellos quienes tienen hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos y quienes se exponen a procedimientos de infracción y sanciones del Tribunal de Justicia de la UE si no lo hacen. Junto a España están Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Hungría e Italia.

Pero hay otra lista negra de países, ajenos a la UE, que también están ignorando el problema. Son los miembros del Consejo de Europa sujetos a la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Comité de Ministros de este organismo: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.

Los datos proceden del informe anual de CASE, la Coalición contra las SLAPP en Europa, publicado en enero de 2026 y elaborado por la Fundación Daphne Caruana Galizia. El estudio, que ya va por su cuarta edición, radiografía el estado de las demandas estratégicas contra la participación pública en el continente y hace un diagnóstico negativo de cómo los gobiernos están respondiendo a sus respectivas obligaciones.

Desde 2010, CASE ha documentado 1.303 casos de SLAPP en Europa. Solo en 2024 se iniciaron 167 nuevos procedimientos, una cifra que supera ligeramente la de 2023 y que consolida una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017. El problema se ha extendido también geográficamente: el informe añade Montenegro y Andorra al mapa, elevando a 43 los países europeos donde se han observado este tipo de demandas.

¿Qué países registran más casos? En 2024, Italia encabezaba el ranking con 21 procedimientos, seguida de Alemania (20), Serbia (13), Hungría (12), Turquía (10) y Ucrania (10). En el periodo completo 2010-2024, Polonia acumula el mayor número total (140), seguida de Malta (91), Francia (91), Bulgaria (70), Serbia (73) y Eslovaquia (64).

España suma 29 casos documentados en todo el periodo, una cifra que los autores del informe reconocen que probablemente subestima la realidad: la metodología captura solo los casos que llegan a conocimiento de la red, y muchas víctimas prefieren no dar publicidad a los procedimientos por miedo a nuevas represalias.

El perfil del demandante es consistente. En 2024, las empresas y empresarios concentraron el 40,9% de las demandas, mientras que los políticos y funcionarios públicos sumaron el 29,3%. La base legal más frecuente es la difamación —924 casos de los 1.303 registrados—, pero el informe advierte de una tendencia nueva: el uso creciente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa europea que regula cómo las organizaciones pueden recopilar, almacenar y usar los datos personales de los ciudadanos, en vigor desde 2018 y directamente aplicable en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de trasposición.

Hay 15 casos en los que el reglamento europeo de protección de datos aparece como base legal explícita, y otros 44 invocan la vulneración de la privacidad. La lógica es perversa: en lugar de discutir si una información es veraz y de interés público, el demandante exige su eliminación por la vía de la protección de datos, eludiendo cualquier debate sobre el fondo.

Para seguir el proceso de trasposición, CASE y el Centro Europeo de Libertad de Prensa y Medios (ECPMF) pusieron en marcha en septiembre de 2025 el Monitor Europeo Anti-SLAPP, una plataforma pública que clasifica a cada país según su grado de avance. Las categorías son: sin información, no iniciado, iniciado, retrasado, parcialmente implementado e implementado. El balance a diciembre de 2025 es desolador.

De los 27 Estados miembros, ninguno ha alcanzado la implementación completa. Solo Malta ha logrado la implementación parcial, y con matices que merecen atención: la legislación maltesa transpone la directiva pero cubre únicamente los casos transfronterizos, dejando sin protección los procedimientos domésticos. Es la paradoja de una ley llamada Daphne que, en su versión más restrictiva, no habría protegido a Daphne Caruana Galizia: ella era maltesa, sus demandantes eran malteses y los tribunales eran malteses. Caruana acabó siendo asesinada en las inmediaciones de su domicilio.

Con todo, hay un grupo más amplio de Estados miembros de la UE que ha iniciado el proceso de trasposición en distinto grado: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovenia y Suecia. Son dieciséis países que al menos han arrancado, aunque con velocidades y profundidades muy distintas, y con la preocupación añadida de que los primeros indicios apuntan a que varios de ellos optarán por quedarse en el umbral mínimo que exige la directiva.

Luego están los que no han iniciado el proceso en absoluto. Dentro de la UE, ese grupo incluye a Hungría e Italia —dos de los países con mayor número de casos documentados, lo que no es una coincidencia, y en los que además gobierna la ultraderecha—, así como Luxemburgo, cuya ausencia resulta llamativa dado que alberga instituciones europeas clave.

Y finalmente está el grupo más inquietante desde el punto de vista de la rendición de cuentas: los Estados miembros para los que el Monitor no ha podido identificar ninguna información disponible. España figura aquí, junto con Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Portugal y Eslovaquia. No es que vayan lentos; es que no hay rastro público de que estén haciendo algo. En el caso español, la constatación del Monitor coincide con lo que infoLibre ha podido verificar directamente: no existe proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, y el Ministerio de Presidencia no responde a las preguntas de este periódico sobre el estado de la trasposición.

Para los países europeos no integrados en la UE, el marco de referencia es la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Consejo de Europa, aprobada también en 2024. No tiene fuerza vinculante —no hay sanciones por incumplirla—, pero establece un estándar político y moral claro sobre lo que los Estados deberían hacer para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente al acoso judicial.

El panorama en este grupo es igualmente sombrío. Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Montenegro y Serbia no han iniciado ningún proceso de implementación. El Reino Unido, que abandonó la UE pero sigue siendo miembro del Consejo de Europa, tampoco ha dado pasos en esta dirección, a pesar de contar con una tradición de uso del llamado libel tourism —el turismo de la difamación— que en parte motivó reformas anteriores en su propio derecho.

Para otro conjunto de países del Consejo de Europa no hay información disponible: Andorra, Azerbaiyán, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Turquía. Ucrania, que sí está en proceso de implementación de la directiva como parte de su camino de adhesión a la UE, representa la excepción positiva más notable en este grupo.

El informe de CASE señala un límite estructural de la propia directiva que resulta especialmente relevante. La norma europea solo obliga a proteger los casos transfronterizos: aquellos en que demandante y demandado están domiciliados en países distintos. Pero los datos del propio CASE muestran que el 91,5% de las SLAPP documentadas son puramente domésticas.

Un político español que demanda a un periodista español ante un tribunal español está completamente fuera del ámbito obligatorio de la directiva, a menos que los Estados vayan más allá del mínimo exigido. Y los primeros indicios de la trasposición en los países que han avanzado sugieren que la mayoría no tiene intención de hacerlo.

Hay otro elemento que el informe señala con insistencia: los 1.303 casos documentados son, en sus propias palabras, "la punta del iceberg". La censura más efectiva se produce antes de que haya demanda: a través de cartas de advertencia, requerimientos de cese y desistimiento, y amenazas que nunca llegan a los juzgados pero que consiguen su objetivo —la retirada de una información, el abandono de una investigación— sin dejar rastro.

El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó la trasposición de la directiva en su Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, como medida 2.2.2. Un año después, menos de la mitad de las 31 propuestas del plan habían comenzado su tramitación. Con el plazo del 7 de mayo a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley, no hay texto articulado, no hay señales de movimiento.

Las consecuencias de incumplir el plazo no son solo políticas o reputacionales. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción que acabe en el Tribunal de Justicia de la UE, con multas a tanto alzado de varios millones de euros más sanciones coercitivas diarias hasta que se complete la trasposición. El coste recaería sobre el conjunto de los ciudadanos. Y mientras tanto, cada semana de retraso es una semana más en la que un periodista que publica una investigación sobre corrupción, o una organización que denuncia prácticas empresariales dudosas, puede recibir una demanda millonaria sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

La trasposición de la directiva no resolverá esos casos de golpe ni supone una panacea. Pero añadiría herramientas procesales concretas que hoy no existen: la posibilidad de que un juez archive una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño; la obligación del demandante de justificar que su acción no es un instrumento de acoso; o la amenaza de costas y sanciones si la demanda es declarada abusiva.

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido personarse en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Se trata de un giro en su estrategia tras rechazar en tres ocasiones declarar voluntariamente a petición de la jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, que se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara investigarle, como pidió la jueza, al no considerarle "garante" de la seguridad de la ciudadanía durante la emergencia del 29-O. Tras esta decisión, Ruiz Tobarra acordó la citación de Mazón como testigo —todavía sin fecha— y le pidió que aportara —voluntariamente— los mensajes de WhatsApps que intercambió la tarde de la dana.

Este lunes, el letrado que ejerce la representación del exjefe de Consell, Ignacio Gally, presidente del Colegio de Abogados de Alicante, ha presentado un escrito ante el juzgado con la misma premisa que la magistrada que mantiene las diligencias abiertas “sobre él [Mazón], aún después de la resolución del tribunal competente". Al personarse, su defensa busca acceso a las diligencias, al contenido completo del sumario y a la capacidad de intervenir en una investigación que sigue examinando decisiones, tiempos y omisiones que afectan de lleno al papel del expresidente valenciano durante la emergencia, en la que fallecieron 230 personas.

Fuentes del PP explican a infoLibre que Mazón y su equipo jurídico consideran que Ruiz Tobarra sigue investigándole de facto pese a la decisión del TSJCV y que ha dirigido una "investigación prospectiva" sobre él durante los últimos meses pese a no estar investigado y "no poder defenderse". Por ello, su defensa se acoge al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que extiende a diputados y senadores —y, por analogía, a aforados en situaciones equivalentes— determinadas garantías de defensa cuando se les atribuye un hecho punible. Ahora, la jueza deberá pronunciarse sobre si acepta la personación de Mazón.

Este movimiento puede interpretarse como una "declaración voluntaria como imputado" por parte de Mazón, que le permitiría estar acompañado de su letrado, no tener obligación de contestar a todas las partes y tampoco de decir la verdad, aunque en el PP no lo ven de ese modo y señalan que únicamente quiere personarse como "interesado" en el proceso. Se trata, en todo caso de una situación sin precedentes que deberá dirimirse, en primer lugar, en el juzgado de Catarroja. Si Ruiz Tobarra no acepta su personación, el exjefe del Consell puede presentar un recurso a la sección segunda de la Audiencia de Valencia, que sería la encargada de decidir si Mazón puede estar en el proceso sin estar imputado ni perjudicado.

Con esta decisión, Mazón trata de blindarse jurídicamente y, sobre todo, ganar tiempo dilatando su declaración ante la jueza, a la que no se ha puesto fecha. Según el escrito presentado por su defensa, hasta la fecha su "posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia" pese a haber tenido "conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

Es el argumento que utiliza su defensa para justificar que en estos meses Mazón haya evitado ir a declarar ante la jueza, como sí ha hecho su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al igual que cargos de la Generalitat. Ahora, el exjefe del Consell busca conocer qué piezas maneja la causa, qué testigos han hablado, qué han dicho, qué documentos pesan sobre su actuación y qué margen tienen las acusaciones para volver a dirigir el foco sobre él. "Es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del Tribunal competente".

Para las acusaciones particulares, la decisión del TSJCV ha reforzado a Mazón, pero creen que todavía es pronto para que el actual diputado del PP cante victoria. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias. Si en uno de esos mensajes de demuestra que Mazón dio algún tipo de orden directamente, a través de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, o de la exconsellera Salomé Pradas, actualmente imputada, su situación procesal cambiaría rápidamente.

Con todo, la decisión del TSJCV no ha cerrado el debate político sobre el papel del entonces jefe del Consell. Al contrario. Las asociaciones de víctimas han seguido situándolo en el centro de las exigencias de responsabilidades, hasta el punto de reclamar que renuncie a su escaño para perder el aforamiento, al que se aferró para evitar los tribunales. Una posibilidad que descartan desde el PP. El propio Pérez Llorca defendió públicamente que "el acta de diputado no se la da el partido sino la soberanía popular" y aseguró que, cuando concluya la instrucción judicial, se adoptarían "las medidas oportunas" conforme a los estatutos.

Los estatutos del PP contemplan el expediente disciplinario en su artículo 20 a un afiliado cuando "se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial". Si, finalmente, la justicia acepta que se persone en la causa pero a cambio de que se declare como investigado, los conservadores deberán decidir si le piden o no su acta en Les Corts.

Mazón es, de hecho, la mochila política que sigue acompañando al PP y que Pérez Llorca quiere quitarse de encima. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Algo que también se refleja en las encuestas, ante la imposibilidad de desprenderse de un lastre que sigue pesando demasiado. En la formación conservadora aseguran que una imputación de Mazón sería "nefasta" para el partido, pero añaden que su situación actual tampoco es la ideal, porque genera titulares y debates incómodos en la esfera pública.

Durante décadas, las grandes plataformas digitales han estado operando bajo un principio casi sagrado: lo que publican sus usuarios no es responsabilidad suya. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos les otorgó un escudo legal que las blindaba frente a miles de demandas y convertía cualquier intento de atribuirles responsabilidad en un ejercicio jurídico destinado al fracaso. Ese escudo se está agrietando, y lo que está entrando por las grietas, además de un reproche moral, es una abultada factura.

En Los Ángeles, un jurado popular declaró esta semana a Meta —la matriz de Instagram y Facebook— y a YouTube —propiedad de Alphabet, la empresa madre de Google— responsables de negligencia por haber diseñado ambas plataformas de una manera que dañó la salud mental de una joven de veinte años. La indemnización fue de seis millones de dólares, repartidos entre daños compensatorios y punitivos, con Meta asumiendo el 70% de la responsabilidad y Google el 30%.

Una cifra modesta comparada con lo ocurrido unos días antes en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones por permitir que Instagram se convirtiera en un entorno propicio para la explotación sexual infantil y por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus aplicaciones. Snap y TikTok se libraron en el juicio de Los Ángeles gracias a que prefirieron llegar a acuerdos extrajudiciales con la demandante antes de que el jurado emitiera su veredicto. Nadie sabe cuánto pagaron por no ser señaladas en este caso, pero eso no las librará de ser acusadas en en otros procedimientos.

Lo que hace jurídicamente relevantes estos fallos es que no se basan en el contenido que circula por las plataformas sino en cómo están construidas. Los demandantes no están acusando a Meta o a Google de publicar algo ilegal. Las acusan de haber diseñado productos defectuosos: el scroll infinito que elimina cualquier punto natural de parada, las notificaciones de intervalo variable que imitan la lógica de una máquina tragaperras, los algoritmos que priorizan el contenido que más engancha aunque sea el más dañino. Eso no es contenido de terceros. Eso lo fabricaron ellas. Y ahí es exactamente donde la Sección 230 deja de protegerlas.

La norma, aprobada en 1996, cuando internet era todavía un espacio marginal y sus riesgos apenas se intuían, fue concebida para proteger a los proveedores de servicios digitales de la responsabilidad por lo que sus usuarios publicaran. Su lógica parecía razonable en aquel contexto: no tenía sentido hacer responsable a una plataforma de mensajería por los insultos que un usuario enviara a otro, del mismo modo que no se considera responsable a una empresa de telefonía por las conversaciones que se producen a través de sus líneas.

Pero las redes sociales del siglo XXI no son una infraestructura pasiva. Son sistemas activos de recomendación, ordenación y amplificación del contenido, diseñados con una intención precisa: mantener al usuario el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Y ese diseño, argumentan los demandantes con creciente éxito, es una decisión de ingeniería cuyas consecuencias dañinas sus autores deben asumir.

Los juristas recurren a la industria tabacalera para explicar el giro histórico que están protagonizando estos procesos. Al igual que ocurrió con las tabaqueras en los años noventa, lo determinante no está siendo solo el daño, sino la evidencia de que las empresas lo conocían. Documentos internos de Meta han demostrado que sus propios equipos sabían que los filtros de belleza de Instagram generaban dismorfia corporal en adolescentes, que sus algoritmos podían empujar hacia contenido relacionado con trastornos alimenticios, y que la empresa eligió priorizar el engagement sobre el bienestar. Sabían, callaron y siguieron optimizando. Ese es el patrón que en los años noventa arruinó a Philip Morris. Y ese es el patrón que los jurados de Los Ángeles y Santa Fe han empezado a penalizar.

La base científica que sustenta estas demandas no es especulativa. El cerebro reacciona a las redes sociales de forma parecida a como reacciona a las drogas. Recibir un “me gusta” libera dopamina —el neurotransmisor que el cerebro segrega cuando anticipa o recibe una recompensa— en sus zonas más instintivas.

Con el tiempo, el usuario desarrolla lo que los investigadores llaman una disociación entre el “querer” y el “gustar”, un deseo compulsivo de revisar la plataforma que no va acompañado de satisfacción real, o que incluso coexiste con una satisfacción decreciente. El usuario sigue abriendo la aplicación aunque sepa que no va a encontrar nada que le importe, del mismo modo que un fumador enciende un cigarrillo sin esperar ya ningún placer particular de él. Los adolescentes son especialmente vulnerables porque su corteza prefrontal —la región que regula el control de los impulsos— aún no está completamente desarrollada. No es una metáfora clínica. Es neurobiología con implicaciones jurídicas.

Los mecanismos concretos mediante los que las plataformas explotan esa vulnerabilidad están bien documentados. El scroll infinito, desarrollado por el diseñador Aza Raskin —que después se arrepentiría públicamente de haberlo inventado—, elimina los momentos naturales de pausa que en cualquier otra actividad actúan como señales de que ha llegado el momento de parar. "Es como si estuvieran tomando cocaína conductual", ha llegado a decir Raskin.

La reproducción automática de vídeos hace lo mismo en el terreno audiovisual. Las notificaciones de intervalo variable —que llegan de forma impredecible, como los premios de una tragaperras— generan un hábito de comprobación compulsiva que los psicólogos conductuales llevan décadas identificando como uno de los mecanismos de condicionamiento más potentes conocidos.

Y los algoritmos de recomendación, optimizados para maximizar el tiempo de uso, aprenden rápidamente que el contenido que genera más actividad neuronal es el que activa el sesgo de negatividad: la indignación, el miedo, la comparación social desfavorable. El contenido más rentable tiende a ser también el más tóxico, y los sistemas están diseñados para servirlo con precisión creciente.

La investigación ha empezado a documentar además cambios estructurales en el cerebro asociados al uso intensivo. Niveles más bajos de materia gris en ciertas áreas, alteraciones en los patrones de atención, mayor impulsividad. En adolescentes, cuyo sistema nervioso está todavía en formación, estos efectos pueden condicionar el desarrollo cognitivo de forma duradera. La correlación entre el uso excesivo de redes sociales y el aumento de la depresión, la ansiedad y las ideas suicidas en jóvenes está suficientemente documentada como para que ya no pueda descartarse como alarmismo de padres preocupados.

El problema central es que el diseño adictivo no es un efecto secundario del modelo sino su columna vertebral. Las redes sociales ofrecen sus servicios de forma gratuita porque su negocio no consiste en vender un producto al usuario sino en vender al usuario —su atención, sus datos, su comportamiento— a los anunciantes. En ese modelo, el tiempo que el usuario permanece en la plataforma es literalmente la unidad de medida de la rentabilidad. Cada scroll de más es un anuncio más, un dato de comportamiento más, una fracción de céntimo más. El usuario no es el cliente. Es la materia prima.

Investigaciones con universitarios estiman que, si los usuarios pudieran desactivar todas las funciones de diseño persuasivo, su tiempo de pantalla se reduciría una media del 37%, con casos individuales que llegan al 65%. Una reducción de ese calibre no sería un ajuste menor para estas empresas: sería un colapso de las métricas sobre las que se construyen sus valoraciones bursátiles y se justifican sus ingresos publicitarios. El mercado global de publicidad digital, que valía 350.000 millones de dólares en 2020, alcanzará este año los 768.000 millones, un crecimiento impulsado casi exclusivamente por el aumento del engagement. Sin adicción, no hay negocio a esta escala. Esa es la aritmética del modelo.

La diferencia con otros sectores que también pueden generar dependencia es reveladora. En un modelo de suscripción —Netflix, Spotify— la empresa es indiferente a la intensidad del uso siempre que el cliente renueve. Un abonado que apenas consume el servicio es tan rentable como uno que lo usa doce horas al día, y de hecho consume menos infraestructura. Una tabaquera puede ser indiferente a si el cliente fuma el cigarrillo o lo tira, siempre que lo compre. En las redes sociales, en cambio, el beneficio no se produce con la compra inicial del servicio —que es gratuita— sino con cada minuto adicional de uso. La adicción no es un riesgo colateral del modelo. Es el modelo.

Tristan Harris, exdiseñador de Google convertido en crítico del sector, lleva años argumentando que estas empresas no pueden reformarse significativamente desde dentro porque sus incentivos financieros están estructuralmente orientados a consumir el tiempo de ocio de las personas. La arquitectura de las plataformas, sostiene, no está diseñada para servir al usuario sino para servirlo a él como producto. Los veredictos judiciales de estos días parecen haberle dado la razón, al menos en los tribunales.

Lo ocurrido en Los Ángeles y Santa Fe es, en términos procesales, un ensayo general. El juicio californiano funciona como caso piloto para más de 1.500 demandas similares consolidadas en ese estado, y sus resultados orientarán el valor de miles de reclamaciones pendientes y la posibilidad de acuerdos globales. En junio comenzará en Oakland un juicio federal impulsado por distritos escolares contra Meta, ByteDance —la matriz de TikTok—, Snap y Google. En julio, otro proceso estatal en California involucrará a las cuatro grandes plataformas. En mayo, un juez de Nuevo México decidirá si impone a Meta cambios estructurales en la arquitectura de sus productos, como verificaciones de edad efectivas que hoy no existen o no funcionan con ninguna fiabilidad.

Meta y Google han confirmado que apelarán, y los expertos prevén que la disputa llegará al Tribunal Supremo, que tendrá que pronunciarse de forma definitiva sobre si las protecciones legales actuales cubren el diseño de algoritmos adictivos. Es una pregunta a la que la Sección 230, redactada treinta años antes de que existiera el scroll infinito, no puede responder.

La batalla, previsiblemente, se extenderá además hacia nuevas fronteras: Baltimore ha demandado a xAI, la empresa de Elon Musk, alegando que su chatbot Grok genera imágenes sexuales explícitas de menores, y más de 130 demandas apuntan ya contra la plataforma de videojuegos Roblox por reclamos similares de desprotección de la infancia. La teoría del "diseño defectuoso" está encontrando aplicaciones que sus impulsores iniciales apenas anticipaban.

Hay algo significativo en que sean jurados populares —no legisladores, no reguladores, no académicos— quienes estén forzando este punto de inflexión. El Congreso estadounidense lleva años intentando aprobar la Ley de Seguridad Infantil en Internet sin lograrlo, paralizado por el poder de lobbying de las plataformas, por la dificultad de alcanzar consensos en un sistema político fracturado y por la genuina complejidad de legislar sobre tecnologías que evolucionan más rápido que los ciclos parlamentarios. Doce ciudadanos reunidos en una sala de Los Ángeles han conseguido en días lo que la política no ha logrado en años: establecer, con fuerza de ley, que estas empresas conocían el daño que causaban y eligieron no actuar. Que la ignorancia, en este caso, no es una defensa.

Las plataformas llevan años presentándose como meros intermediarios neutrales, espacios donde las personas se expresan libremente y la empresa solo pone la infraestructura. Es una imagen que siempre tuvo más de relato corporativo que de descripción precisa, pero que funcionó durante tiempo suficiente como para construir sobre ella un muro legal casi impenetrable.

Los veredictos de estos días dicen que ese muro tiene fecha de caducidad. Que el scroll infinito, las notificaciones diseñadas para generar ansiedad y los algoritmos optimizados para maximizar el tiempo de pantalla son decisiones de ingeniería con consecuencias reales sobre personas reales, y que tienen autor, tienen destinatario y tienen precio. Son, simplemente, un producto. Y los productos defectuosos no son neutrales.

Voy a hacer lo que no hay que hacer, escribir una columna de opinión sin tener una opinión. Vomitando aquí con usted todas mis dudas sobre un caso que está ocupando portadas y minutos de televisión. Sí, el caso de Noelia, la chica de 25 años que ha pedido la eutanasia.

A esta hora, mediodía del jueves, todo sigue adelante. Quedan exactamente 6 horas para que Noelia cierre los ojos. Ha pedido estar sola en ese momento. No quiere a nadie en la habitación. No sé a qué estará dedicando estas últimas horas, si habrá encendido la televisión, si habrá leído los periódicos. Desconozco si estará harta de que todo el mundo opine sobre su decisión. Y subrayo lo de 'su'.

A esta hora, me llega la alerta de que James Rhodes se ha ofrecido a costearle todos los gastos de su tratamiento si da marcha atrás, le pide que se lo piense. Y admito que entiendo ese ofrecimiento desesperado de última hora. Entiendo que hay un impulso de tenderle la mano, de decirle que hay vida más allá, que se puede encontrar el camino… pero también entiendo que la decisión de Noelia la ha tomado una mujer adulta, muy joven sí, 25 añitos, demasiado joven para tirar la toalla, pero agotada de estar sufriendo.

Durante todo este tiempo, cuando conocíamos los recursos del padre, asesorado por abogados cristianos, paralizando la decisión de su hija, echaba de menos escucharle a ella. Pensaba que su situación física le impedía comunicarse pero no, la pudimos ver el miércoles, en el programa de Sonsoles, narrando su sufrimiento, contando que no podía más, que estaba agotada y decepcionada. Decepcionada con la vida y especialmente con ese padre que le ha alargado el sufrimiento 20 meses más y que, en cambio, no ha sido capaz de llamarla, de ir a verla. No quiere que se muera pero tampoco sabe muy bien Noelia para qué la quiere viva.

Y sientes que, ¿quién eres tú para opinar sobre eso? ¿Cómo ponerse en su piel? Es un caso dolorosísimo, en el que ha fallado todo. Noelia tuvo una infancia de mierda y una adolescencia peor. Opinar sobre la decisión que ha tomado ahora, después de haberse intentado quitar la vida tirándose por una ventana, es demasiado atrevido. Su caso, avalado por los médicos, con una discapacidad que se agravó tras ese intento de suicidio, hace que cumpla con todos los requisitos que exige la ley. Así que, en ese sentido, no hay nada que decir. La justicia ha hablado. Muchas veces.

Noelia se va a ir sin haber visto florecer la primavera. Sin tener la oportunidad de envejecer. Pero su cuerpo y su cabeza no querían eso. No quieren eso.

Sé que Noelia no va a leer esto. Si todo ha salido como ella quería, hoy Noelia descansará. Habrá cumplido con su deseo, reclamado y peleado en los tribunales durante meses. Una decisión dolorosa para quienes pensamos que era demasiado joven, que podría haber encontrado otra salida, pero una decisión respetable. No estuve ahí, viviendo tu dolor. No estuve ahí, viviendo tu abandono. Nadie estuvo. Y, quizás, ése fue el mayor error.

El Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y un mes de prisión la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, en el caso de la denominada "mafia policial", en el que conseguía datos reservados de agentes, como matrículas, que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno, informa EFE.

El Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por el conocido como Pequeño Nicolás y rebaja la condena inicial, de 4 años y tres meses de cárcel, como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo, al aplicarle una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada.

Además, el Supremo absuelve a Gómez Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, puesto que también ha absuelto al que fue condenado como autor de dicho ilícito, el que entonces era coordinador de seguridad municipal, Emilio García Grande.

En este caso, el de la causa principal abierta a Gómez Iglesias tras ser detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), también fueron condenados los dos policías municipales que le facilitaron los datos, a quienes también se les rebaja a la mitad, a dos años, un mes y 15 días, la pena como autores de delitos de revelación de secretos y cohecho activo.

Noticia en ampliación

El jurista y exmagistrado Baltasar Garzón presidirá la 'Comisión de la Verdad' creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, según ha acordado este miércoles el Consejo de la Memoria Democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la reunión del Consejo de Memoria Democrática en la que se ha acordado la designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura, según establece la Ley de Memoria Democrática.

Según la regulación del Consejo de la Memoria Democrática, esta 'Comisión de la Verdad' estará compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos.

Junto a Garzón, integrarán la comisión Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares.

Asimismo, el consejo ha designado un grupo de personas suplentes que garantizarán el correcto funcionamiento de este órgano, que contará además con una subcomisión específica para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este Patronato de Protección a la Mujer fue una institución creada por el franquismo donde fueron confinadas y torturadas miles de mujeres menores de edad sin haber cometido ningún delito tipificado, ha recordado el Ministerio.

La comisión incorporará en sus trabajos testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.

El pasado mes de diciembre el Gobierno constituyó el Consejo de la Memoria Democrática, un órgano consultivo presidido por Ángel Víctor Torres y del que forman parte asociaciones memorialistas y profesionales como Baltasar Garzón y Cristina Almeida.

La Fiscalía Anticorrupción continúa con la ímproba tarea de dar respuesta al aluvión de escritos que sepultan desde hace meses el conocido como caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos. En un nuevo escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la fiscala Carmen García Cerdá elogia la "exquisita" instrucción de la causa. Y advierte del atasco de la misma por los "ingentes" recursos y alegaciones que los investigados se han encargado de presentar de forma "escalonada". "Todo ello está ralentizando la elevación de los recursos a la Sala", sentencia.

Los detalles de la investigación alrededor del despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por Montoro, que ahora opera bajo el nombre de Global Afteli, comenzaron a conocerse el pasado verano, cuando el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona alzó un secreto de sumario que se había prolongado durante siete años. Desde entonces, la instrucción ha entrado en una suerte de fase de letargo. El magistrado Rubén Rus ha ido concediendo plazos para que la enorme cantidad de partes personadas –hay una treintena de investigados y una decena de acusaciones populares– pudieran estudiarse bien la causa e impugnar las decisiones que considerasen. y recurrir las decisiones que considerasen.

La cascada de recursos para tratar de tumbar la causa ha sido monumental. Las defensas buscan la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso, alegando una supuesta indefensión. Disparan, por ejemplo, contra el mantenimiento del secreto de las actuaciones. O alegan una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", se exponía, por ejemplo, en uno de ellos.

La Fiscalía Anticorrupción ha ido respondiendo, poco a poco, a todos ellos. En total, ha emitido desde el pasado verano cerca de una decena de escritos rebatiendo los argumentos del ejército legal que acompaña a los investigados. Uno de los últimos está fechado el pasado 16 de febrero. En él, la fiscala pone el foco, precisamente, en la "estrategia" seguida por las defensas para "anular" la "exquisita instrucción realizada". "Están sirviéndose (...) no solo de los recursos de reforma y apelación, sino también del escrito de adhesión, esta vez incluso adhesión a otra adhesión, para replicar lo argumentado por el Ministerio Fiscal y otras acusaciones contestando a sus recursos de reforma y apelación", expone.

Dichas "estrategias" de presentación "de forma escalonada" de recursos y escritos de adhesión a los mismos incidiendo en las "peticiones de nulidad" pero con "argumentos distintos" demuestran lo acertadas que fueron las resoluciones del instructor acordando el secreto de las actuaciones. "Si no se hubiese adoptado, lo que está ocurriendo en este momento procesal es lo que nos hubiésemos encontrado en la fase inicial de investigación de los hechos y determinación de las personas intervinientes. No hubiese sido posible realizar ninguna investigación, no se hubiese podido avanzar en la instrucción", asevera.

Todo ello, señala la fiscala, está "ralentizando" la "elevación definitiva" a la Sala de los recursos, de cuya resolución por parte de la Audiencia de Tarragona depende la continuidad de una investigación que acaba de ser prorrogada hasta finales de julio. Al fin y al cabo, completa el escrito, "debe existir unidad de pronunciamiento en sus resoluciones". Entre las apelaciones, a Anticorrupción le resulta "llamativa", por ejemplo, la que va en contra del auto que encomendaba a Mossos d'Esquadra y Guardia Civil la práctica de determinadas diligencias de investigación, "buscando" que el primero de los cuerpos "no investigue".

El Ministerio Público también recoge en su escrito otros obstáculos con los que se ha topado la investigación. Recuerda, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria "no atendieron en todos sus términos el requerimiento judicial de entrega de correos corporativos, que tuvo que reiterarse, lo que dilató el comienzo de su examen". "También el análisis de cuentas bancarias evidencia que la documentación interesada ha sido aportada incompleta, requiriendo que se haga una nueva petición a entidades crediticias, respecto de las que se ha conocido que algunas realizaron pagos al despacho investigado", continúa la fiscala.

A esto ya se hizo alusión en el último informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa, en el que se cifraba en un millón de euros la cantidad que Equipo Económico habría cobrado entre 2011 y 2020 de las empresas gasistas, camuflados en parte como "prima de éxito". Aquel documento, fechado a finales de enero, señalaba: "En el tratamiento preliminar de los datos contenidos en los archivos facilitados a esta unidad el 21/07/2025 se observan 'carencias' que limitan el alcance del presente informe".

Tras esto, Anticorrupción vuelve a poner el foco en los investigados: "Desde el levantamiento del secreto, las partes no han pedido ninguna diligencia, llevan meses sin aportar nada a la causa. Es decir, que ahora que es cuando toca hacerlo, no lo hacen. Esto demuestra que no se les ha causado ninguna indefensión". Mismo argumento que la fiscala utilizó, tres días después, en otro escrito, adelantado el pasado jueves por este diario. En él, García Cerdá también cargaba contra las maniobras de los investigados para "cargarse la investigación" del caso que persigue al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, uno de los fundadores de Equipo Económico.

El Consejo General del Poder Judicial ha instado al promotor de la acción disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado a que complete las diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez, informa EFE.

La comisión permanente del CGPJ ha rechazado por unanimidad la propuesta del promotor, Ricardo Conde, de archivar las quejas que presentó el ministro contra el juez por su interrogatorio como testigo en la Moncloa hace un año y la exposición razonada en la que Peinado pidió sin éxito al Tribunal Supremo investigarle.

En contra del criterio del promotor, la comisión le ha pedido que complete las diligencias para determinar si procede abrir un expediente disciplinario al juez, según informa el Consejo en un comunicado.

No ha sucedido lo mismo con otras cuatro diligencias informativas también relacionadas con el juez Peinado, que han sido archivadas, como proponía el promotor.

En su reunión de este martes, la comisión permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de los acuerdos que archivan esas cuatro diligencias incoadas a raíz de quejas o denuncias de particulares que cuestionaban decisiones del juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez, o que ponían de relieve informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado.

En el orden del día de la comisión también estaban las quejas que Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita presentaron contra el juez por acordar fuerza de plazo la prórroga de la instrucción de una causa por presunta malversación contra el exgerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente, que finalmente fue archivada.

Ricardo Conde también abrió diligencias para investigar estas quejas y también propone archivarlas, si bien esta propuesta ha sido retirada del orden del día de la comisión permanente "tras la deliberación para mayor estudio".

La primera de las quejas que han sido archivadas la presentó un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, como el hecho de que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos.

El promotor explica en su acuerdo de archivo que el CGPJ no puede valorar cuestiones jurisdiccionales ni revisar resoluciones de magistrados porque sería una injerencia en la independencia judicial, y precisa que el desacuerdo con este tipo de decisiones debe encauzarse mediante los oportunos recursos a las resoluciones.

La segunda estaba relacionada con varias informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela del magistrado, que llevaron a dos denunciantes a considerar que este había infringido los principios de Ética Judicial.

Sin embargo, el promotor indica que estos hechos no tienen relación con la actuación de Peinado como magistrado, sino que se habrían producido en su ámbito privado.

La tercera diligencia informativa archivada es de un particular que denunció que el magistrado había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática que generan en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad, si bien éste no ratificó su queja, sino que desistió de la misma.

Y la cuarta se refiere a un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como que citara a investigados en días festivos como sábados o domingos.

El promotor subraya en este caso que solo en supuestos excepcionales cabe la posibilidad de tramitar denuncias anónimas por razones de interés general y notoria gravedad -algo que no considera que se produzca- y señala que el CGPJ no puede valorar la disconformidad de denuncias anónimas con decisiones jurisdiccionales porque supondría una intromisión en la independencia judicial.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por más de 54% de los electores, con dos tercios de los votos escrutados, infroma EFE. Según datos del Ministerio del Interior, el 'sí' a la reforma ha obtenido un respaldo del 45,81% de los italianos, frente al 54,19% del 'no'.

Pese la derrota, Meloni, aseguró que "seguirá adelante" y lamentó la "ocasión perdida" para modernizar el país. Igualmente, descartó que el resultado ponga en riesgo la estabilidad de su Gobierno. "Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia", dijo Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. 

La mandataria subrayó que su Ejecutivo "ha cumplido lo prometido" al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral. Asimismo, defendió que su formación sostuvo la propuesta "hasta el final" para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: "Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad", añadió.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: "Lo hemos conseguido. Viva la Constitución", ha escrito en la red X. "El resultado me parece claro: hemos tenido una grandísima participación democrática y una clara y sonora victoria del 'no'", declaró el ex primer ministro en una rueda de prensa.

La secretaria del Partido Demócrata (PD) y líder opositora, Elly Schlein, ha anunciado una comparecencia pública a las 17.30 hora local (16.30 GMT) y el mayor sindicato del país, CGIL, ha convocado una celebración la tarde de este lunes en la céntrica Plaza Barberini de Roma.

Esta reforma era el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos necesitaba ser avalada en esta consulta popular. Entre otras cosas, pretendía separar las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de 'magistrados', y dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, estableciendo el sorteo como método de elección de sus miembros.

Meloni ha desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y agotará la legislatura en 2027, pero la oposición ahora lo ha planteado como un plebiscito contra su gestión. "Este es un aviso a este Gobierno, una advertencia política muy fuerte", advirtió Conte. Este resultado es la primera gran derrota de Meloni desde que llegó al poder en octubre de 2022, ganando las elecciones con una coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la 'berlusconiana' Forza Italia de Antonio Tajani.

Desde esta última, quizá el partido gubernamental más interesado en esta reforma, han lamentado que la campaña electoral previa al referéndum "no ha sido sobre sus méritos", en declaraciones de su portavoz en la Cámara de Diputados, Paolo Barelli. Por su parte, el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva, Matteo Renzi, quien dimitió en 2016 tras su derrota en otro referéndum constitucional, ha celebrado esta "derrota sonora" de Meloni.

La tarde llega a su fin el miércoles 18 de marzo, cuando se bajan los primeros asientos plegables del antiguo cine Teatro Italia de Ancona. La sala se llena, hasta la mitad, de un público de cierta edad. Desde el escenario, acotado por gruesas cortinas de terciopelo rojo, el presidente del tribunal de Palermo, Piergiorgio Morosini, marca la pauta: “Esta reforma es la más incisiva propuesta desde el nacimiento de la Constitución en 1948, ya que prevé la modificación de siete artículos.”

De pie, con el micrófono en la mano, Morosini sale de la reserva que suele caracterizar a los magistrados. “Esta campaña ha estado marcada por ataques y afrentas”, dice indignado ante un público cuya extrema atención contrasta con el continuo alboroto de declaraciones extravagantes que han saturado los medios de comunicación italianos los últimos días. A cuatro días del referéndum sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de extrema derecha, los partidarios de ambos bandos libran sus últimas batallas en una Italia extremadamente dividida.

Esta reforma prevé la separación estricta de las carreras entre la fiscalía y la magistratura. Actualmente, jueces y fiscales pertenecen a un único y mismo cuerpo, independiente del Ministerio de Justicia, y pueden pasar de una función a otra una vez a lo largo de su carrera. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se encarga de garantizar su autonomía e independencia. Un tercio de sus miembros es elegido por el Parlamento, los otros dos por los magistrados.

La reforma prevé dividir el Consejo en dos: uno para los fiscales y otro para los jueces, con dos itinerarios de formación distintos. Los miembros de ambos consejos se elegirían entonces por sorteo: dos tercios entre todos los magistrados y magistradas, y un tercio entre juristas elegidos por el Parlamento. El CSM también se vería despojado de su competencia disciplinaria, que se confiaría a un tribunal disciplinario superior independiente.

A primera vista, no se aprecia una relación inmediata con el fin de la independencia del poder judicial, tal y como denuncian los partidarios del “no”. Leyendo entre líneas, los jueces y magistrados temen sobre todo un debilitamiento progresivo de su autonomía (en particular por la elección en el Parlamento de los miembros de los consejos que se sortearán) y un aislamiento de la fiscalía que la haría más vulnerable a las presiones políticas. Una especie de primer paso para meter en vereda a la magistratura.

Ante el carácter técnico y la complejidad de este proyecto de ley constitucional, numerosos magistrados, abogados o profesores de Derecho se han sumado a las filas de los comités ciudadanos para explicarlo a los votantes.

“Hacemos todo lo posible para que los ciudadanos se impliquen en estas iniciativas”, asegura Stefano Staffolani, presidente del Comité de la sociedad civil por el “no” en Ancona. Confiesa que, como profesor de economía política, no disponía de todas las herramientas para comprender las sutilezas del texto: “Así que, como buen economista, busqué las cifras.” Con sus notas en mano, nos cuenta sus hallazgos.

“Los artífices de la reforma dicen que los jueces están bajo la tutela de la fiscalía, ¡supuestamente porque van a jugar al tenis juntos! Pero en Italia, aproximadamente la mitad de las peticiones de la fiscalía no son atendidas por los jueces, mientras que la media europea es del 34%”, constató.

“Las sanciones contra los magistrados también serían demasiado leves y escasas”, prosigue. “Pero en Italia, casi ocho jueces de cada mil son objeto de una sanción, frente a uno de cada mil en Alemania o cuatro de cada mil en España, y esas sanciones emanan más a menudo del Consejo Superior de la Magistratura que del Ministerio de Justicia, que también tiene competencia al respecto.”

En el escenario, el presidente del tribunal de Palermo, repasando los orígenes de la Constitución, menciona la historia y el asesinato por parte de Mussolini del diputado antifascista Giacomo Matteotti. “Los padres fundadores habían vivido en carne propia la concentración de poderes en manos del ejecutivo, y eso es precisamente lo que querían evitar al dotar de autonomía al poder judicial”, explica quien se ha comprometido con el comité. “Es justo decir no.”

“Esta votación no es a favor o en contra de la magistratura o del Gobierno, sino sobre el mantenimiento o el abandono del principio fundamental de la separación del poder judicial del Estado”, prosigue. Sus palabras son recibidas con fuertes aplausos. “Quieren borrar años de conquistas cuyo único objetivo era tener magistrados libres”, opina Ruggiero Dicuonzo, antes juez y hoy fiscal adjunto del tribunal de Ancona.

La campaña del referéndum, inaugurada oficialmente a mediados de noviembre, se ha recrudecido en las últimas semanas. La última provocación hasta la fecha (“una señal clara de que no es posible el diálogo”, comenta con flema Piergiorgio Morosini) lleva la firma de Francesco Zaffini, senador y miembro de Fratelli d’Italia (FdI), el partido de Giorgia Meloni, quien comparó a la magistratura con “un cáncer”.

Poco antes, Giusi Bartolozzi, viceministra de Justicia, invitaba a los italianos a “deshacerse de la magistratura”, que actuaría como un “pelotón de fusilamiento”. En cuanto al ministro de Justicia, Carlo Nordio, coautor junto con Giorgia Meloni del texto de la reforma, considera que el Consejo Superior de la Magistratura es un “mecanismo mafioso”.

Para justificar esas diatribas, por las redes sociales de los partidarios del “sí” circulan casos concretos que denuncian sentencias demasiado laxas, en particular cuando conciernen a extranjeros. Ante esos ataques, y de forma inédita desde el inicio de su mandato hace once años, el presidente de la República, Sergio Mattarella, presidió una reunión del CSM, recordando su “valor constitucional” y exhortando “al respeto mutuo” de las instituciones. Por lo general, nunca participa en el CSM, que preside en su calidad de jefe de Estado.

La extrema derecha italiana está acostumbrada a los enfrentamientos con los magistrados. Matteo Salvini, líder de La Liga y socio menor de la coalición en el poder, ha hecho uso y abuso de ello desde sus primeros pasos en el Gobierno, en 2018. Pero el Gobierno de derechas y extrema derecha de Giorgia Meloni ha ido un paso más allá, al convertir a la magistratura en su principal oponente político, especialmente en materia de seguridad e inmigración.

Los magistrados y magistradas, señalados por el Gobierno como culpables del fiasco de los centros de internamiento para migrantes en Albania o, más recientemente, de la colocación considerada abusiva de los niños de la "familia del bosque", son acusados de ser partidistas, de ser de izquierdas, e incluso de sufrir “degeneraciones ideológicas”, según las propias palabras de Giorgia Meloni.

Este discurso político de una magistratura partidista no ha dejado de calar en la opinión pública desde los años noventa, alimentado sobre todo por Silvio Berlusconi y Forza Italia, para quienes esta reforma es una vieja quimera. Sus defensores prometen que permitirá a la magistratura volver a ser neutral e imparcial y recuperar la confianza de los italianos, cuando, es cierto, es poco querida y mal vista.

Pero la promesa no se cumple, según Chiara Gabrielli, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Urbino y miembro del Comitato dei 15 per il NO (Comité de los 15 por el No): “Esta reforma no tendrá ningún impacto en la eficacia de nuestra justicia. No introduce ninguna otra forma de responsabilidad para los magistrados, ninguna nueva herramienta para hacer frente a los errores judiciales; todo ello depende de la calidad y la cantidad de los recursos a disposición de la justicia, pero en este punto, el proyecto de ley de presupuestos prevé, según la Asociación Nacional de la Magistratura, una financiación insuficiente”.

En el panorama político, las posiciones están bastante claras: la coalición gubernamental apoya el “sí”, mientras que el Partido Demócrata, el Partido Comunista, la Alianza de los Verdes y la Izquierda y el Movimiento 5 Estrellas apoyan el “no”.

Aunque intenta evitarlo a toda costa, este referéndum tiene para Giorgia Meloni algo de prueba electoral antes de las elecciones del año que viene. Es una de las tres principales reformas prometidas por el Gobierno a los italianos, y no se requiere quórum de participación para que se tenga en cuenta el resultado de la votación. En 2016, el último referéndum constitucional propuesto por el presidente del Consejo, Matteo Renzi, terminó con su dimisión tras el rechazo de los votantes.

Traducción de Miguel López

La investigación por la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace seguirá, al menos por el momento, en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ha rechazado el intento de la Fiscalía de que el caso se reduzca a un simple delito de descubrimiento de datos reservados y se envíe a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. En un auto del pasado lunes, al que ha accedido infoLibre, el magistrado sostiene que los hechos pueden tener encaje en un delito de terrorismo. Y, por tanto, la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigarlos. Una decisión que tanto el Ministerio Público como las defensas de los investigados tienen previsto recurrir en apelación.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro muchacho, un par de semanas después.

Tras más de medio año de investigación, la Fiscalía solicitó a finales de enero al instructor que se inhibiera y enviara el caso a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacía al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo. Como mucho, se estaría ante un descubrimiento y revelación de datos reservados, recogido en el artículo 197 del Código Penal y castigado con penas de prisión de uno a cuatro años. En su escrito, la fiscal exponía que se seguía "desconociendo" de "dónde" habían "podido obtener" dichos "datos" los investigados. De hecho, aseguraba que pese a todas las diligencias no constaba acreditado que hubieran sido obtenidos "mediante el ataque" a alguna base de datos del Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Supremo o Constitucional.

"La conducta desarrollada [...] en ningún caso puede ser calificada como constitutiva de un delito de terrorismo [...]; por más que Yoel haya puesto de manifiesto su animadversión al Partido Socialista, no podemos sin más llegar a la conclusión de que la publicación de datos personales de políticos, periodistas y otros sujetos de actualidad política [...] fuera, ni más ni menos, que la de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones políticas, estructuras económicas o sociales del Estado, o la de alterar gravemente la paz pública o la de provocar un estado de terror en la población", aseveraba la representante del Ministerio Público.

Una inhibición de la Audiencia Nacional a la que se oponía alguna de las acusaciones: "Estamos no solo ante un ataque al derecho a la intimidad de cada una de las personas afectadas sino, claramente, un ataque a las instituciones del Estado y al llamado cuarto poder". Y que acaba de rechazar finalmente el instructor. En un auto fechado el pasado 16 de marzo, el magistrado se mantiene en la tesis de que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de un delito de terrorismo, "afectando a numerosas personalidades de diversas instituciones públicas y privadas".

"Del resultado de lo investigado hasta el momento, como se pone de manifiesto en los diversos informes policiales, se revela una afectación directa a altas instituciones del Estado y sus personalidades", señala. El magistrado considera "ilustrativa", en este sentido, la "declaración" de uno de los "investigados", que "llega a reconocer", en relación con sus ataques, que "actuaba" movido por la "sensación de corrupción generalizada" y con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Esta actuación encajaría en las finalidades previstas en los tipos previstos en la circunstancia primera del artículo 573.1 y en el 573.2 del Código Penal –delitos de terrorismo–, pues claramente con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recoge la resolución.

Para el magistrado no es "casual", del mismo modo, la "intervención" de Desinformador Ruso, un alias que Europol atribuye al ciudadano español Enrique Arias Gil, "vinculado a las estrategias de desestabilización orquestadas" desde fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo? "Redifundiendo los datos revelados e instando al acoso a los cargos públicos y periodistas afectados por la difusión de los datos", resalta el instructor.

El auto, en definitiva, sostiene que "la calificación de terrorismo" deriva del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" y a la "adopción de represalias" con la intención de "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación". Calificación, completa, que es "provisionalísima" y que no "excluye" que pueda terminar derivando en otra distinta como resultado de la instrucción. Por todo ello, decide mantener el caso.

Una decisión que, según ha sabido este diario, tanto las defensas como el propio Ministerio Público tienen previsto recurrir. "Los penalistas vivimos de los errores de los jueces de instrucción, esa es nuestra fuente de éxito. Y este es un error importante. Iremos en apelación", anuncia Lázaro Chico, abogado de uno de los investigados, que mantiene que los hechos no encajan ni en el delito de terrorismo ni en el de revelación de secretos: "Lo que se ha revelado ya circulaba por la red".

El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo, avanza lentamente entre una montaña de recursos y respuestas de las partes personadas. Entre ellas, la Fiscalía Anticorrupción, que en uno de sus últimos escritos, al que ha tenido acceso infoLibre, critica las maniobras de los investigados para torpedear la investigación y la falta de movimientos desde que se levantó el secreto de sumario. "Han transcurrido más de siete meses y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación", expone.

El Ministerio Público lleva meses dando respuesta a la multitud de recursos interpuestos por los investigados contra el auto de 2 de agosto del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona declarando el secreto de la causa y los sucesivos que lo prorrogaron, así como a "los escritos de adhesiones y las adhesiones a las adhesiones, que incorporaban nueva documentación". Apelaciones en las que, en síntesis, los investigados alegaban falta de motivación y, por ende, causación de indefensión a las que, aún a día de hoy, siguen contestando. Así acaba de hacer la fiscala Carmen García Cerdá en varios escritos fechados el pasado mes de febrero, en los que defiende la legalidad del manto de silencio que durante siete años se desplegó sobre toda la causa.

Uno de ellos, al que ha accedido este diario, da respuesta al recurso de apelación interpuesto por Carlos Romero, quien fuera secretario general de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), y Covadonga Gómez, trabajadora de Equipo Económico. En él, la fiscala explica que el secreto resulta necesario para prevenir una situación que pueda "comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso". Algo que viene reconociendo el propio Tribunal Constitucional, que confirma la utilidad del mismo cuando "el conocimiento e intervención del acusado" en las actuaciones judiciales "pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación".

"Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece que se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes para cargarse la investigación", apunta Anticorrupción. Habla de los intentos de "impedir" la actuación de los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial, de la interposición de "recursos masivos pidiendo la nulidad por indefensión, sin concretar cual sea ésta", de la impugnación de la incorporación de informes de análisis del equipo multidisciplinar o de los intentos de cerrar la causa "oponiéndose a la prórroga de la instrucción" cuando ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados.

"Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba", apunta el escrito. Y continúa: "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna".

La fiscala señala que se dan "todas las circunstancias" que "legitiman" la declaración de secreto y que la argumentación contenida en los autos recurridos era "más que suficiente". Además, insiste en que en ningún momento se ha privado a las partes de "ningún medio de defensa". "Los recurrentes no son capaces de señalar qué indefensión les ha producido la declaración de secreto", apunta. Es más, continúa el escrito, ni siquiera concretan "qué diligencias habría pedido" que el secreto "haya impedido su práctica".

El Tribunal Supremo ha abierto la quinta causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por la querella que ha presentado el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales, informa EFE.

La querella se formuló por los delitos de coacciones y amenazas condicionales con carácter subsidiario, si bien el tribunal solo aprecia "indicios cualificados y suficientes" del segundo delito.

En su auto, la sala de lo Penal explica que de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que Alvise habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían a Landaluce comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión como alcalde.

Dice el Supremo que "la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación" permiten apreciar esos indicios de delito "en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor".

Por el contrario, no aprecia indiciariamente el delito de coacciones, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación.

Se trata de la quinta causa abierta a Alvise por el Supremo, que ya ha dirigido en dos de ellas el suplicatorio al Parlamento Europeo para continuar con los procedimientos.

Respecto de las otras cuatro causas, en las cuales ya ha declarado, una es por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.

Y la cuarta por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación.

El Tribunal de Cuentas investigará la gestión de los hospitales públicos que la Comunidad de Madrid tiene concesionados a Grupo Quirón y a Ribera Salud, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE que alertaba de posibles irregularidades.

En una diligencia a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Cuentas acuerda abrir "la correspondiente pieza de acción pública" relativa a esa denuncia y requerir al PSOE que, si quiere ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, debe personarse en un plazo de nueve días e "individualizar los supuestos" que se hubieran podido producir.

El PSOE presentó el pasado 20 de febrero una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada.

Los socialistas llevaron al Tribunal de Cuentas un documento interno, que adelantó eldiario.es, por el que el Gobierno de Ayuso habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por una deuda que se generó tras asumir y tratar en la sanidad pública a pacientes de estos grupos privados concertados, una situación relacionada con el sistema de libre elección que rige en la sanidad madrileña.

El PSOE denunció al Gobierno regional por presunta "responsabilidad contable" en el sistema de gestión de hospitales, en régimen de concesión y públicos, relacionada con la "estructura de liquidación, infracobros y posible prescripción de los derechos, omisión en la gestión y posible ánimo de ocultación".

"Los regalos de Ayuso a Quirón y Ribera Salud no van a quedar impunes. Para que se entienda mejor: mientras riega a esas empresas con dinero público, en Madrid acabamos de volver a superar el millón de personas en lista de espera", ha valorado en un mensaje en X el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

A su vez, la portavoz del PSOE-M en la Asamblea regional, Mar Espinar, ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya dado "un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable" de la Comunidad de Madrid al "perdonar" cuantías "sin justificar" a las empresas concesionarias.

"No cabe concluir que infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal". El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tumbado el intento de la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de que se investigara al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por la dana de 2024. La Sala de lo Penal ha rechazado la exposición razonada elevada por la instructora. Y lo ha hecho al entender que no se pueden atribuir penalmente al exlíder del Ejecutivo autonómico los 230 muertos que dejaron las inundaciones. El auto, y la argumentación que contiene, blinda judicialmente al exdirigente conservador. Al menos, mientras no aparezcan nuevos indicios que lo incriminen.

La instructora tocó la puerta del Tribunal Superior de Justicia hace tres semanas con un extenso escrito bajo el brazo en el que calificaba los hechos como constitutivos de delitos de homicidio imprudente en comisión por omisión, algo que se regula en el artículo 11 del Código Penal: "Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación". En la exposición razonada, se mencionaba la posición de garante del aforado en cuanto president de la Generalitat. O la "pasividad" del mismo ante las "obligaciones propias de su cargo".

Los magistrados comienzan recordando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro que no tiene cabida una simple responsabilidad penal por elevación. "Para que se pueda considerar autor a un determinado directivo o autoridad administrativa [es necesario] que haya intervenido directa o mediatamente en la realización del hecho punible, sin que se le pueda atribuir esa condición por el simple desempeño de un cargo", recoge en una de sus sentencias. El mismo razonamiento que el Alto Tribunal desplegó cuando archivó, por ejemplo, varias querellas interpuestas por colectivos ultras contra miembros del Gobierno central también por la dana: "De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad".

Con esto apuntado, la Sala de lo Penal entra a valorar si se puede responsabilizar a Mazón de los homicidios imprudentes por omisión. Y, para ello, deja claro que la "comisión por omisión" requiere que se cumplan una serie de requisitos. "Sin la presencia de todos y cada uno, decae", explican los magistrados. Así, tal y como ha establecido la doctrina del Supremo, es necesario, entre otras cuestiones, que el sujeto "se encuentre en una posición de garantía, normativamente prevista". Y que ese "deber de actuar en garantía" tenga "naturaleza jurídica y no meramente moral o social". Es decir, que debe derivarse "de fuentes normativas jurídicamente reconocibles como la ley". Y todo eso, concluye el TSJCV, no se da en el caso de Mazón.

Los magistrados hacen una repaso de las diferentes normas que la instructora pone sobre la mesa para apuntalar dicha posición de garante: Ley de Gobierno Valenciano, Ley de Protección Civil o Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Sobre la primera, dice que los "deberes jurídicos" que recoge son, en relación a los hechos investigados, "genéricos por no decir inexistentes". Y lo mismo ocurre en relación a las otras dos. "Pese a la especificidad de una y otra normativa, tampoco su literalidad autoriza apreciar en el aforado esa condición de omitente en posición de garante. En ningún caso atribuyen competencia específica en materia de protección civil y gestión de emergencias al president".

La única que se le atribuye de alguna manera viene recogida en el artículo 12.4 de la Ley de Protección Civil, que otorga al líder del Ejecutivo valenciano la capacidad de "declarar la situación de emergencia catastrófica" y asumir el mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia. Se trata de un mecanismo que nunca llegó a activarse, permaneciendo, por tanto, inalterada la cadena de mando. Una "omisión" que, sin embargo, tampoco sería delictiva. "En el ámbito en el que nos encontramos no cabe confundir facultades discrecionales con obligaciones legales", recogen los magistrados, que recuerdan que la norma no obliga, sino que permite –"podrá declarar"–.

La Sala, del mismo modo, apunta que la convocatoria del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) o el envío de la alerta a la población –Es-Alert– tampoco eran competencia de Mazón. Y responde a otras cuestiones planteadas para apuntalar la actitud negligente. Sobre la comparecencia en la que dijo que el temporal se desplazaba a la Serranía de Cuenca, apunta que no se puede decir que estuviera "eludiendo el peligro". Y sobre la comida en El Ventorro, que "poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas". "Pero no nos corresponde analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", completa.

En relación con el envío tardío del Es-Alert, los magistrados creen que no hay pruebas de su participación en el proceso. Consideran que las informaciones sobre eso "se mueven en el terreno de la mera conjetura". Ni siquiera ven indicios de ello en los mensajes que el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, envió a la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, a las 19.54 horas de aquel trágico 29 de octubre: "Salo. De confinar nada". "No cabe entender ni el tono de los mensajes remitidos por el jefe de Gabinete, ni la proximidad personal y profesional de éste con el aforado, ni la propia lógica, más cuando permite una interpretación y la opuesta. Ninguna de estas apreciaciones autoriza, desde luego, verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de su participación".

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia blinda, al menos por ahora, al expresident. Alguna de las acusaciones reconoce en privado que la resolución cierra la puerta a una investigación penal contra Mazón solo por la posición que ocupaba en el organigrama y por su pasividad durante la emergencia. Ahora bien, rechazan que sea un cerrojazo definitivo. "Lo único que queda es poder demostrar que diera algún tipo de orden directamente o a través de Cuenca o Pradas", exponen las fuentes consultadas. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias.

"La única que puede acreditar eso es Pradas", conceden otras fuentes jurídicas pulsadas, para las que tampoco supone un mazazo la decisión del TSJCV, que tildan de "previsible y lógica": "La prioridad era que la instrucción continuara. Y si el TSJ se hubiera quedado a Mazón y, viendo alguna de las cosas que dice en el auto, era posible que incluso hubiera dicho que no había ningún delito y que se archivaba la causa contra todos". Las mismas fuentes recuerdan que en poco más de un año están previstas unas nuevas elecciones autonómicas. Y habrá que ver si Mazón continúa entonces como aforado. Porque, por el momento, calculan que la instrucción puede alargarse un par de años más: "Aún quedan por declarar decenas de alcaldes, bomberos, peritos".

"Ya están aquí los nuevos tribunales de instancia. El crimen se ha perpetrado", resume un artículo del último número de la revista de la asociación judicial conservadora-moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros. Esos nuevos órganos generan "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología", denunció la mayoritaria y de derechas Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ante la Comisión Europea en febrero. "Hemos pedido la dimisión de Félix Bolaños (...) por haber implementado una forma de organizar los juzgados que creemos que va a perjudicar el modo de trabajo y el servicio que prestamos", sostuvo en una entrevista el expresidente de Foro Judicial Independiente (la asociación que asegura que no es conservadora en contra de la percepción del resto de la carrera), Fernando Portillo, en noviembre.

Nadie dijo que fuera a ser fácil la implantación de los nuevos tribunales de instancia, creados por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en enero de 2025. La única de las grandes reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha visto la luz, supone dar la vuelta como un calcetín a la estructura que el sistema judicial español tiene desde el siglo XIX. Transformar 3.800 juzgados unipersonales que funcionaban como reinos de taifas con su propia oficina judicial cada uno de ellos en 431 tribunales divididos en diferentes secciones según órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y especialidades –instrucción, familia, violencia sobre la mujer...– con una oficina judicial común formada por los mismos funcionarios que antes se repartían en la de cada juzgado. Un cambio radical que cambiará las dinámicas de trabajo y que tardará años en completarse hasta que los inmuebles, los sistemas informáticos y la nueva organización esté completamente engrasada.

Además, la reforma no solo implica al Ministerio de Justicia –el autor de la iniciativa y el que tiene que dotar de medios a las comunidades que administra–, también al CGPJ, que debe poner en marcha los reglamentos de funcionamiento y a las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya, Cantabria, Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, La Rioja y Navarra), que deben proporcionar el personal y los medios a los órganos judiciales de sus respectivos territorios.

Se trata de un galimatías competencial que permite, además, maniobras y zancadillas políticas según el partido o la sensibilidad dominante que gobierne en cada una de las instituciones implicadas. Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) escenificaron un plantón a Bolaños (PSOE) en la primera reunión de coordinación, en abril de 2025.

Pero los tribunales de instancia no es algo que Bolaños o sus predecesores socialistas se hayan inventado. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se los reclamaron al Gobierno (del PP) en 2013. En un comunicado conjunto de hace 13 años, las tres asociaciones conservadoras (Foro Judicial Independiente sostiene que no lo es) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia –que, pese a apreciar disfunciones puntuales, es la única que valora los nuevos órganos– reclamaron en bloque esos tribunales y otras medidas contenidas en la ley de eficiencia que ahora tanto critican.

En ese comunicado no solo hablaban de los "tribunales de instancia colegiados", sino también de algo que ahora algunos les sonaría revolucionario, como "romper el vínculo entre juez y juzgado" y reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la oficina judicial para crear una única en estos nuevos órganos. También abogaban por métodos alternativos de resolución de conflictos recogidos en la norma –lo que el actual Ejecutivo denomina MASC– como la mediación, para reducir el número de asuntos en manos de los jueces.

La ley que finalmente se ha podido aprobar es, además, el cuarto proyecto que se tramita. Tanto el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, como los de Mariano Rajoy (en 2014) trataron de sacar adelante leyes similares a la de eficiencia. La última iniciativa fallida fue elaborada por el segundo Ejecutivo de Sánchez (2022), pero fue directamente al cajón al convocarse las elecciones de 2023 sin que hubiera sido aprobada. Tanto los anteproyectos del exministro socialista Francisco Caamaño, como el de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fueron valorados positivamente por los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo ocurrió con el que dio lugar a la ley actualmente vigente. "Se racionaliza el modelo judicial al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción, se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales (...), se promueve la homogeneidad de criterios y prácticas con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley, se favorece una sinergia positiva con el modelo de oficina judicial y se gana en flexibilidad organizativa", recogía el informe preceptivo aprobado por el anterior Consejo de mayoría conservadora, que, pese a esa buena valoración general, advirtió de algunos aspectos de la norma que, a su juicio, debían ser reconsiderados.

Trece años después, sin embargo, las tres asociaciones conservadoras (Foro insiste en que no lo es) están en pie de guerra contra la nueva organización que ellas mismas, (junto a JJpD), reclamaron, y que fue defendida reiteradamente por el CGPJ. Representantes de todas ellas, los presidentes de la mayoría de los tribunales superiores de justicia y también algunos vocales del Consejo dibujan una situación de caos en la que apuntan al Gobierno pero en la que muchas de las quejas, como las relativas al personal de las oficinas judiciales o los medios informáticos, no solo tienen que ver con el Ministerio, sino también con las comunidades implicadas. Y con el propio órgano de gobierno de los jueces, que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley, no ha reformado aún los reglamentos que desarrollan la norma, entre ellos el de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Esa visión catastrofista, sin embargo, no se corresponde con los datos objetivos que manejan el Consejo y el Gobierno. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces del pasado jueves tomó conocimiento de un informe con las disfunciones recogidas entre los distintos tribunales que, sin embargo no han provocado "suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales". El departamento que dirige Bolaños reconoce algunos problemas concretos fruto del "cambio sustancial en el modo de organizar el trabajo", pero mediante varios indicadores –el número total de notificaciones o registros como el de penados, el de órdenes de protección, el de medidas cautelares, el de delincuentes sexuales o el de menores– ha comprobado que la actividad judicial es similar a la de los meses anteriores a la implantación de los nuevos tribunales.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma de Mallorca estaba en seguimiento por la Inspección judicial por sus reiterados retrasos desde 2019. Dos años después se nombró un juez sustituto para que asumiera la mitad del trabajo. Ese sustituto demostró un rendimiento muy superior al de su titular, el portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decano de la capital balear, Alejandro González Mariscal de Gante que, pese al desastroso estado de su órgano judicial, encontraba tiempo para viajar al Parlamento Europeo y, de la mano del PP, acusar al Gobierno de socavar el Estado de derecho en España y atacar la independencia judicial. Mientras, en Palma, resolvía solo los procesos más simples para simular una carga de trabajo ficticia mientras los complejos se acumulaban. 96 estaban inconclusos, de los cuales, 10 están pendientes de sentencia desde 2018 y 2019.

Pese a esa situación, los cuatro vocales del sector conservador de la comisión disciplinaria –dos de los cuáles, José María Páez y José Carlos Orga, pertenecen también a la APM– lo liberaron de la suspensión de funciones por un mes que solicitaba el Promotor de la Acción Disciplinaria por una falta muy grave de desatención y decidieron dejarlo en una infracción leve e imponerle una multa de 500 euros. Los tres consejeros progresistas –José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Lucía Avilés– sin embargo, consideran en su voto particular discrepante que la suspensión debía ser superior a la que reclamaba el instructor –tres meses– debido a que la conducta de González Mariscal de Gante era voluntaria y porque fue advertido por el Consejo en varias ocasiones sin que prestara a su órgano judicial mayor dedicación. Entre 2021 y 2024, la pendencia de sus casos aumentó un 40,3%.

El voto particular de los progresistas describe una inactividad y una escasez de rendimiento alarmante. En él, recuerdan que el año pasado, el Supremo avaló una sanción de seis meses de suspensión a otro magistrado con 52 sentencias pendientes, frente a las 96 de González Mariscal de Gante. "En algunos casos estamos hablando de una pendencia cercana a los tres años", dice el escrito del los vocales a propuesta del PSOE y Sumar. "La tardanza en resolver por más de dos años, que incluso en alguna anualidad no alcanza el mínimo exigible, evidencia la responsabilidad disciplinaria cuya depuración se propone", sostienen. No es que el portavoz de la APM tardara en redactar la sentencia, es que, en los procedimientos de mayor complejidad, ni siguiera dictaba la conclusión del caso, dejándolo en el cajón por meses e incluso años. La Inspección del Consejo, que monitoriza su juzgado desde hace siete años, le avisó de que no podía hacerlo así. Pero dio igual.

La actitud pasiva del expedientado se produjo también cuando se asignó para su juzgado un juez sustituto que asumió la mitad del trabajo. Desde ese momento, los asuntos a abordar por González Mariscal de Gante se situaban por debajo del indicador de entrada de nuevas causas, pero la resolución de asuntos pendientes no avanzaba. "Resulta difícil explicar a los ciudadanos afectados por las dilaciones [...] que un magistrado titular que asume el 50% de la carga de trabajo de su juzgado y, por tanto, no alcanza el mínimo de entrada [de asuntos] previsto, demore sus pronunciamientos más de dos años", sostienen los consejeros en su voto.

"Nada justifica que los procedimientos ordinarios", los más complejos, "de manera habitual, sistemática y reiterativa resulten postergados ya no meses, sino años", aseguran los consejeros progresistas, "mientras que al mismo tiempo se da salida a numerosos procedimientos abreviados con determinado objeto, de indudable menor dificultad (por regla general)". De esa manera obtenía unas cifras de rendimiento "que aparentan cierta laborosidad, pero que silencia las muy graves dilaciones que sufren aquellas causas que no son sentenciadas por la sola voluntad del titular". Es decir, que el portavoz de la APM obtenía sus datos de rendimiento "de forma irregular" recurriendo a "una conducta intencionada de tergiversación".

Por esa razón, los vocales consideran que "determinar la dedicación real del magistrado resulta complicado, pues su conducta [...] ha alterado los mecanismos de medición". "En cualquier caso, a efectos meramente dialécticos, llama la atención cómo su rendimiento se sitúa muy por debajo del juez sustituto con el que comparte funciones jurisdiccionales en el mismo órgano, vistos los porcentajes de rendimientos de uno y otro, así como de la comparativa de resoluciones dictadas por cada uno de ellos". Es decir, que su compañero, que no pertenece a la carrera judicial y trabaja en condiciones mucho más precarias y provisionales, saca adelante muchos más asuntos que él, el titular.

La mayoría conservadora, coincide básicamente en el análisis de los hechos de los progresistas, avalados también por la Inspección del Consejo y propio Promotor de la Acción Disciplinaria. Sin embargo rebajan la conducta del portavoz de la APM de muy grave a leve porque, según dicen, no aprecian que los procesos complejos que postergaba "tuvieran mayor trascendencia para el funcionamiento de la Administración de Justicia", que los más simples en los que concentraba su actividad. Además, aseguran que se desconoce "la incidencia en la demora de los asuntos que ya estuviera tramitando" o si los resueltos por el juez sustituto, más que los del portavoz de la APM, eran de similar complejidad técnica a los que llevaba el expedientado.

Javier Gómez Bermúdez tenía un expediente brillante dentro de la judicatura. Ingresó en la carrera en 1987. Y en 1999 ya estaba en uno de los tribunales con las causas más complejas y mediáticas: la Audiencia Nacional. Durante ocho años fue presidente de la Sala Penal. Suyas son, por ejemplo, las sentencias de los atentados del 11-M o del accidente del Yak42. E intervino en otros muchos procedimientos destacados, ya sea en materia de terrorismo o de delincuencia económica. Una destacada carrera a la que, sin embargo, dio un giro en 2017. Entonces, era juez de enlace en Francia. Destino dorado al que renunció para dar el salto a la abogacía de la mano de un gran bufete.

No es el único dentro de la carrera judicial que ha seguido ese mismo camino. Al menos trece magistrados que han cambiado de toga están desempeñándose en potentes y carísimos despachos de élite, según la información recopilada por infoLibre a través del último Escalafón General de la Carrera Judicial y del Boletín Oficial del Estado (BOE). La gran mayoría proceden de lo contencioso-administrativo –orden al que corresponden los litigios contra las Administraciones públicas– o son especialistas en mercantil, aunque también hay expertos en penal o en laboral. Y muchos de ellos hicieron carrera en órganos judiciales superiores.

Garrigues es, desde hace años, el bufete más potente de España. Solo en 2024, según el ránking de despachos que elabora anualmente el diario económico Expansión, facturó 481,9 millones de euros, un 6,1% más que el año anterior. Cuenta con más de 2.300 profesionales repartidos por todo el mundo. Un equipo al que pertenece Jesús Cudero, que ha ejercido como magistrado en las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo y que ejerce como of counsel en el departamento tributario del despacho.

Con una facturación de 436,1 y 295,5 millones, Cuatrecasas y Uría Menéndez completan el podio. En el primero de ellos recaló hace algunos meses Eduardo Pastor, un joven mercantilista que se desempeñó en la Audiencia Provincial de València y que ahora se ha unido a un equipo del que también forma parte, como socio, Joaquín Huelín, quien fuera durante una década magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Y en Uría Menéndez están haciendo carrera Javier Yáñez (magistrado de lo mercantil) y José María Blanco, quien antes de dar el salto al sector privado ejerció como magistrado coordinador del área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

En Pérez-Llorca están, por su parte, los mercantilistas Javier García y Antoni Frigola. "Cuenta con una amplia experiencia en procesal gracias a la formación adquirida a lo largo de la carrera profesional en los juzgados españoles", recoge el despacho sobre este último. En Broseta, Alberto Palomar, magistrado de lo contencioso-administrativo que ocupó en su día las direcciones de gabinete de los secretarios de Estado de Administración Pública, Justicia y Deporte. Y en Martínez-Echevarría, Antonio Torrecillas, laboralista que desempeñó parte de su carrera en la Audiencia Provincial de Málaga.

Por este último bufete también pasó, hace más de una década, el magistrado de lo mercantil Enrique Sanjuan. Su viaje a lo privado fue de ida y vuelta. Tenía claro que regresaría a la judicatura al pasar los dos años que la ley les obliga a estar fuera cuando se les concede la excedencia. Y, de hecho, el contrato que firmó con el despacho fue, precisamente, por ese tiempo. En conversación telefónica con infoLibre, cuenta que dio el paso empujado por un exceso de trabajo brutal y muchas ganas de seguir creciendo. "Aprender, desarrollarse, viajar", relata. Y también explica lo complicado que resulta regresar: "Cuando vuelves, te colocan en la última plaza del siguiente concurso. Y tienes que esperar un año para situarte en lo tuyo".

Por supuesto, en la decisión de cambiar la toga también influye la mejora salarial que los despachos ponen sobre la mesa. "La diferencia respecto a lo que cobran los jueces puede ser muy grande", resume. Según publicaba hace algunos meses El Confidencial, en Garrigues la remuneración media de los asociados principales se acercaba en 2024 a los 140.000 euros, mientras que en Cuatrecasas el sueldo de los abogados senior rondaba los 130.000 euros. Algunas fuentes conocedoras de este mercado explican que las nóminas que ponen sobre la mesa estos bufetes a la hora de pescar en la judicatura pueden desde triplicar a sextuplicar lo que cobran los propios magistrados.

En la decisión de Gómez Bermúdez de dejar París y dar el salto al sector privado influyeron igualmente diferentes factores. La remuneración, por supuesto, fue uno de ellos. Pero también el acercamiento a su Málaga natal y el crecimiento personal. "Me habían amortizado en la carrera, no tenía posibilidades de promoción", cuenta. El salto a la abogacía, no obstante, no ha llevado aparejado una menor carga de trabajo. Aun así, reconoce que es una "experiencia muy bonita" que "deberían tener todos los jueces": "Te enseñan la otra cara de la justicia y la injusticia". Una buena experiencia que también tuvo, durante sus dos años, Sanjuan: "Es una aventura que merece la pena".

Gómez Bermúdez es socio de Ramón y Cajal. Y, en los últimos años, su nombre ha estado vinculado a gran cantidad de causas de relevancia pública. Representa, por ejemplo, al abogado de Teodoro Obiang, que gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro. O ha ejercido como acusación contra las seis sindicalistas de La Suiza. Junto a él, en su bufete, también ejercen Joaquín García Bernaldo de Quirós, expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y expresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). O Rocío Pérez-Puig, especialista en orden civil y penal.

La última magistrada en pedir la excedencia y dar el salto a un gran despacho ha sido Bárbara Córdoba. En su caso, ha aterrizado en una firma algo más internacional: DLA Piper. Quien la conoce, destaca su brillantez en cuestiones de insolvencia. De nuevo, otra mercantilista que se pasa a la abogacía. "Es un triunfo del Poder Judicial. Forma a muy buenos profesionales en materia de fiscalidad, contencioso-administrativo o mercantil que son muy queridos por los grandes despachos", explica Sanjuan.