Peinado archiva la causa que prorrogó fuera de plazo contra un alto cargo de Almeida
El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, da carpetazo a la causa abierta por malversación de caudales públicos contra un alto cargo del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. El magistrado da este paso dos semanas y media después de que la Audiencia de Madrid anulase la realización de nuevas diligencias por un error del instructor a la hora de prorrogar la investigación. Y lo hace al entender, según consta en el auto al que ha tenido acceso infoLibre, que en lo indagado hasta el momento "no aparece suficientemente justificada la perpetración" de un "hecho delictivo". Un archivo que, señalan fuentes de Podemos, será recurrido.
El caso se inició a raíz de una denuncia presentada por la formación morada contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de Ok Diario para el acto Madrid, capital de la movilidad sostenible. El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 60.000 euros –72.600 euros con IVA–. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda a la asociación Madrid Open City por 15.000 euros –18.500 euros con IVA–, la cuarta parte de lo abonado a OK Diario.
Peinado mantenía imputado al gerente de la EMT y a la trabajadora que redactó el contrato. También a la empresa editora, Dos Mil Palabras SL, y a su director general. Podemos y Más Madrid solicitaron al juez que prorrogara por segunda vez su investigación judicial, algo que Peinado tenía que haber decidido antes del pasado 27 de enero. Sin embargo, el juez no decretó la prórroga hasta el 2 abril. Los imputados recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid, que terminó confirmando que cualquier diligencia posterior a esa fecha fecha límite de finales de enero debía ser anulada.
El magistrado, tras dicho error, debía decidir si contaba o no con elementos suficientes como para seguir con el procedimiento. Algo que, finalmente, ha rechazado. En un auto fechado este martes, Peinado ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa al entender que en los hechos investigados no aparece "suficientemente justificada" la "perpetración" de un delito. Así, descarta que los hechos investigados puedan ser constitutivos de una malversación de caudales públicos. Básicamente, porque no aprecia un sobreprecio injustificado en el contrato adjudicado por la Empresa Municipal de Transportes.
El instructor reduce, por un lado, la diferencia entre ambas adjudicaciones –sin tener en cuenta el IVA–. "El desvío en principio ascendería a 16.750 euros, no los 45.000 euros iniciales apuntados en la querella", sostiene en la resolución. Y ello debido a que en la conferencia que se encargó a la asociación Madrid Open City "existieron patrocinadores, tanto en dinero como en especie". Unos patrocinios que, según sostiene Peinado en su resolución, ascendieron a 28.250 euros.
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Además, considera que ese "desvío", "notablemente" menor al que se barajó en un primer momento, "bien pudiera" estar justificado "en la mayor capacidad de difusión que pudiera tener" el evento encargado a Dos Mil Palabras SL "debido al medio que sostiene a la entidad organizadora". "De hecho, como apuntaron los investigados, con posterioridad al mismo se recopiló información y el evento había sido seguido por una gran cantidad de personas, con lo que lo consideraban un éxito de difusión", recoge el auto. Una tesis que apoya en un informe pericial realizado por KPMG.
"Existe una clara justificación de esos gastos, o diferencia de gastos, respecto del contrato ejecutado por Madrid Open City, basada en los sensibles y diferentes retornos obtenidos por el evento patrocinado a través del contrato celebrado o ejecutado por la entidad denunciada, Dos Mil Palabras SL", insiste Peinado, quien añade que cualquier duda sobre el procedimiento de adjudicación empleado –negociado sin publicidad– debe ser ventilada por la vía contencioso-administrativa. No obstante, sostiene que, al menos por el momento, resulta "huérfano de soporte probatorio, aún a efectos indiciarios" un hipotético delito de prevaricación.
La decisión del instructor, no obstante, será recurrida por Podemos Madrid, quien considera que "existen indicios suficientes" que apuntan "a la adjudicación a dedo y con evidentes sobrecostes" del contrato adjudicado a la editora. "Este caso debe llegar a juicio", sostienen fuentes de la formación morada, que cargan contra el error de Peinado a la hora de alargar la investigación, un fallo que "tiene como principal consecuencia proteger" al alcalde de Madrid.
