María José Landaburu aporta a su análisis de la actualidad su especialidad en el mundo económico, y especialmente el del trabajo. Esta doctora en Derecho y colaboradora de infoLibre se define como feminista y participa desde hace años en diversas tertulias informativas. Allí tiene un observatorio destacado para apreciar el creciente y peligroso acoso al que se están viendo sometidos diferentes comunicadores progresistas por parte de agentes de la derecha y la ultraderecha.

“Está claramente descompensado. En los medios de comunicación, las grandes cabeceras son empresas con intereses económicos muy importantes y en manos de grandes oligopolios. Eso, naturalmente, se traduce en posiciones claras no solamente de opinión, sino de intervención. Y la intervención de la derecha en este país es muy relevante en todos los poderes del Estado, y los medios de comunicación son uno de ellos. El judicial también. Se habla mucho de las redes sociales, de los bulos. Pero la desinformación trasciende esos elementos y está también en los grandes medios de comunicación. Ahora hay que investigar para saber si te están mintiendo o no, si te están contaminando o no. Horas de televisión con absurdeces, con quién ha sido novia o novio de un ministro, persiguiendo a los periodistas por la calle que intentan o que intentamos mantener un cierto rigor o que tenemos, por qué no decirlo, una posición política distinta. Si te sales de lo estrictamente establecido, te juegas persecuciones. Estamos viéndolo con compañeros y compañeras a las puertas de sus casas, con ataques hasta con violencia, por supuesto verbal, pero llega a ser física. Todo esto creo que merece también una reflexión profunda”.

“Lo que quieren es sacarte de la carretera. Y nos sacan. Estás en un programa y de repente desapareces porque has tenido tu criterio, que puede ser erróneo, pero una posición claramente progresista, de defensa de procesos de avance y de una sociedad distinta. Y si te atreves a dar un paso más y a hablar con libertad, estás fuera. Han echado a mucha gente. Mucha gente se cansa. Yo veo también gente que se doblega. Y es que ni siquiera la puedes culpar. Gente que se va a su casa, que dice: “No me merece la pena, no quiero que mis hijos tengan que leer estas cosas que ponen de mí en las redes sociales o que me acusen de cualquier tipo de cosa o que te afecte a tu vida personal, familiar o profesional. Es muy complicado porque te enfrentas a poderes robustos y sin escrúpulos”.

“No creo que exista crispación en general, creo que hay una derecha que va con todo, que se ha quitado la careta, que ya no tiene escrúpulos para autodenominarse fascista y para actuar como fascistas, como escuadrillas, como matones. Y los demás nos defendemos como podemos. A mi juicio, poco. Hay que quitarse también la vergüenza y el miedo, y señalar las cosas por su nombre y decir que hay determinados comportamientos que no se pueden permitir. No se pueden permitir en una tribuna de un Parlamento, no se pueden permitir en un estadio de fútbol y no se pueden permitir en un plató de televisión. Y a eso lo llamamos polarización. No. Es fascismo que arremete, y los demás no podemos permanecer impasibles, sino que tenemos que tener también una actitud de rebelión proactiva, de unidad y de esfuerzo colectivo”.

“Es terrible que la juventud, que es quien más tiene problemas para acceder a un salario digno, a una vivienda, para poder generar su proyecto de vida, sea cautivada por los cantos de sirena de quienes apuestan por desregularizar el mercado de trabajo, por no garantizar ninguno de los derechos que ha costado tanto alcanzar; los cantos de sirena de aquellos que están del lado de los grandes tenedores, de los grandes poderes económicos. No van a desarrollar ni una política en defensa de quienes lo necesitan y, en concreto, de los jóvenes. Vivimos en el mundo del relato, de la confusión, de las noticias falsas, del análisis superficial. Los derechos, las normas que nos permiten vivir con cierta tranquilidad, se contraponen a la libertad, y es justo lo contrario. Tú no puedes ser libre si no tienes los mínimos. Garantizar la posibilidad de educarte, la sanidad, el bienestar básico. Es una dicotomía falsa que ellos venden. Es como el Madrid de las cañitas. Dejamos morir a miles de ancianos, pero oye, qué frescas están las cañas. Por supuesto, no es toda la juventud, ni siquiera mayoritaria. Hay que explicar lo que suponen las posiciones de Vox de no pagar impuestos. Eso que suena tan bien. La consecuencia es que perdemos todos, la mayoría social trabajadora. Gente que necesitamos un sistema fuerte que permita que nuestras hijas e hijos puedan formarse o que tengamos una asistencia sanitaria. Regularizar supone que no te puedan echar cuando y como quieran, que te no puedan humillar, que no te paguen lo que quieran”.

“Es obvio que ni el tratamiento mediático ni judicial es el mismo para unos casos y otros. Corrupción va a existir, como existe el delito; forma parte de la naturaleza humana, de los funcionamientos sociales. Lo que tenemos que hacer es establecer los controles suficientes para evitar que sea sistémica. Las instituciones tienen que reaccionar. Cualquier estructura de poder tiene que establecer controles, responder con contundencia y no mirar la corrupción propia con una cierta capacidad de entender y la corrupción ajena con dureza. Dicho esto, no es lo mismo corromper la democracia –en concreto capturar el Estado para tus propios beneficios, que es lo que supusieron la Gürtel y la Kitchen con el Partido Popular– que te salgan unos golfos y te roben. Mal en los dos casos, pero son delitos distintos que tienen que ser valorados de esta manera”. 

“Los efectos de este conflicto –económicos, sociales, humanitarios– son imprevisibles porque están impulsados por un genocida que es Netanyahu, y que no tiene ningún escrúpulo, y por Trump, que seguramente es la incertidumbre personificada. El daño económico es evidente a nivel internacional porque la energía es el eje del desarrollo y del funcionamiento de absolutamente todo. Como país estamos mejor que otros porque tenemos dos cosas. Primero, la enorme suerte de tener energías renovables propias. Y en segundo lugar porque se ha desarrollado un esfuerzo muy relevante en los últimos años para que estas energías conformen ya el 60% del consumo eléctrico. Eso nos sitúa en mejor posición que otros que tienen más dependencia de los combustibles fósiles. Aun así, evidentemente el impacto afecta a todo, afecta al transporte y con ello al consumo, a la inflación. Y esto es evidente que nos va a impactar. Pero ante una situación como esta se pueden adoptar dos caminos. Lo que se hizo con la guerra de Irak, que es mirar en otra dirección y dejar caer sobre los más débiles las consecuencias. Y lo que se ha hecho en esta ocasión: aprobar un paquete de medidas para apoyar a la producción, el transporte y sobre todo el consumo de las familias, porque la subida de los precios sin duda se va a producir. Por tanto, estamos preparados. Seguramente si esto escala o si se mantiene en el tiempo, habrá que reforzar las medidas”.

“No creo que nadie, ni siquiera en su entorno más cercano, pueda tener una opinión sobre él especialmente positiva. Es un incendiario. No me parece en absoluto estúpido. Sus ejes de actuación son netamente para su beneficio personal y el de su entorno más próximo. Ni siquiera de sus ciudadanos, por supuesto, ni de sus votantes, ni de nada. En beneficio exclusivo suyo. Todo adornado con una visión del mundo chiquitita que mira por su único agujero y un desprecio absoluto por los derechos humanos, por la vida, por el equilibrio, por la solidaridad, por todo esto. Él es el eje del universo. Y con eso tenemos que jugar, porque es el presidente de los Estados Unidos, porque tiene aliados peligrosísimos y porque no tiene ningún escrúpulo para hacer todo el daño posible. Hay quien piensa que la forma de relacionarse con él es el vasallaje. Yo creo que este país ha hecho bien plantando cara, porque no creo que funcione nunca con los tiranos ponerte a sus pies y a su disposición. Lo único que funciona es plantar cara, hacer ver las contradicciones y no dejarte someter. Y ahí es donde tenemos que liderar también el conjunto de la Unión Europea. Para lo único bueno que va a servir, en mi opinión, el mandato de este señor es para alertar a Europa de que es necesario ese proyecto de unidad, de cesión de soberanía con un objetivo de vivir mejor, de estar más seguros, de tener mejor nivel económico y mejor desarrollo. Merece la pena y tiene que hacerse con independencia de las fluctuaciones que pueda tener el eje Atlántico”.

“Pedro Sánchez se ha perfilado como un líder político internacional del lado correcto, de lo que hasta hace apenas unos años era indiscutible: los derechos humanos, las reglas que nos hemos dado para el respeto de las minorías, las normas básicas que nos permiten desarrollarnos. Eso representa Pedro Sánchez ahora en el conjunto del mundo. Basta leer las cabeceras de los periódicos internacionales, hablar con la gente o ver el tratamiento que se le está dando. A nivel internacional se ha perfilado como probablemente el líder más importante en este momento, en términos de plantar cara, de pedir recuperar los cauces de colaboración y desarrollo. Probablemente la historia en el futuro lo verá con más claridad y lo analizará de esta manera, sobre todo en un momento donde el otro lado del espejo es tan tenebroso. Leer lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Gobierno en el marco internacional y criticarlo, como está haciendo el PP, solo en clave de confrontación política interna, no solo no desgasta la figura de Pedro Sánchez, sino que los coloca a ellos en una situación claramente debilitada. Creo que es un error político y que la gente lo ve. La gente ve dónde hay un liderazgo y dónde hay ganas de desgastar”.

“Los datos en términos de empleo son espectaculares. Nunca hemos alcanzado los 22 millones y medio de personas ocupadas. Son cifras que hablan de una fortaleza económica importante. Ahora, lo que tenemos que pensar, la gran transformación de nuestro mercado laboral, es no tanto el número de personas trabajando, sino la calidad del trabajo. Es relevante ir eliminando la temporalidad no deseada. Hay muchos contratos precarios por el número de horas trabajadas que no alcanzan para la subsistencia. Todavía estamos muy por debajo, en términos salariales, en relación con el coste de la vida, no solo con la inflación, sino fundamentalmente con el coste de la vivienda, que es un eje básico para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hemos reducido el paro juvenil casi la mitad en la última década, pero estamos en unas cifras aún lejos de las óptimas. Un 23% de paro juvenil habla mal de la calidad del empleo. En el futuro, con los desarrollos tecnológicos, tendremos que adaptar el empleo y eso va a suponer que trabajemos menos, pero que trabajemos mejor y que distribuyamos, por supuesto la riqueza, las horas de trabajo, pero también los salarios y la riqueza derivada del desarrollo económico. Ese es el gran reto y es ahí donde tenemos que enfocar nuestra visión de futuro”. 

“Hay países más desarrollados en términos de estado del bienestar que apuestan por reducción de la jornada laboral y por garantizar salarios mínimos bajo la directriz de la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio. Nosotros estamos ya muy cerca, pero todavía no hemos alcanzado ese mandato, que es de mínimos. A veces nuestra mirada sobre el mundo se centra sobre nuestro entorno, que somos países desarrollados, pero abunda la pobreza laboral en términos prácticamente de esclavitud, por supuesto en África, pero también en América Latina, o en China. Todavía somos privilegiados en un entorno mundial donde el trabajo sigue siendo absolutamente precario”.

“Primero, siempre son más relevantes, más jugosos desde el punto de vista periodístico, los dramas, los desastres, cuando las cosas van mal. Forma también parte del compromiso periodístico con la verdad y con el análisis de lo que pasa. Eso es así. Por otro lado, no hay ningún interés en muchas de las cabeceras o en muchos de los medios de comunicación en los éxitos que son del Gobierno. Pero no solo lo son del Gobierno, son éxitos de país, son éxitos en cuanto al funcionamiento empresarial, el funcionamiento del trabajo autónomo, el desarrollo del trabajo, la formación, el esfuerzo colectivo... Y no hay ningún interés en que salga. Porque este Gobierno tiene una confrontación mediática evidente desde el primer día en que se puso en funcionamiento, con lo cual no me sorprende nada. Lo que me sorprendería es que hubiera tertulias hablando de lo que con otro Gobierno se titularía: “Milagro económico”, sin ninguna duda”.

Miércoles, 8 de abril. El despertador de José Manuel Parceiro rompe el silencio nocturno cuando aún ni siquiera se han colocado las calles. Son las 5.00 horas. Y al abogado aún le espera un largo viaje. Tiene por delante casi 500 kilómetros. La distancia que separa Alicante de la localidad madrileña de Collado Villalba. Se ha cogido el día libre en el trabajo para hacer este viaje exprés de ida y vuelta. Pero el motivo merece el esfuerzo. En un juzgado de este municipio anclado a los pies de la Sierra de Guadarrama están llamados a declarar como investigados varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de su padre en lo peor de la pandemia. Y él, José Manuel, quiere estar presente.

Manuel Parceiro tenía 82 años. Y llevaba casi medio año viviendo en el Hospital de La Fuenfría. Fue en este centro de media y larga estancia perteneciente al Servicio Madrileño de Salud, más parecido ya a una residencia que a un hospital, donde le pilló el estallido de la pandemia. Y allí murió el 20 de marzo. Cuenta su hijo que intentaron que se le trasladara al Ramón y Cajal o al Puerta de Hierro, pero la derivación no fue autorizada en aplicación, continúa, de unos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que ya estaban en manos de hospitales y residencias. "Solo necesitaba un respirador para salir adelante", lamenta Parceiro hijo al otro lado del teléfono.

Tras cinco largas horas de viaje, el abogado llega en tiempo y forma al juzgado. Por delante, le espera una mañana intensa. Está previsto que comparezcan como investigados ante el juez instructor el firmante y el considerado autor intelectual de los protocolos –Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, respectivamente–, así como el doctor Antonio Burgueño, quien asesoró al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre cómo afrontar la emergencia sanitaria con un Plan de Choque que incluía, entre otras cosas, la medicalización de las residencias. Pero en menos de una hora Parceiro vuelve a estar fuera, en la calle. Las declaraciones llevaban suspendidas desde finales de marzo. Nadie les había avisado. Y al abogado no le queda más remedio que emprender, resignado, el viaje de vuelta.

Fueron mil kilómetros, 110 euros de gasolina y un día libre gastado solo para escuchar a Burgueño –que tampoco se había enterado de la suspensión– decir que si quería buscar un culpable, mirase a Fernando Simón, el epidemiólogo que había dirigido desde el Ministerio de Sanidad la respuesta a la pandemia. No es la primera vez que viene para nada. Le ocurrió lo mismo en febrero, cuando de todos los citados solo compareció una médica de La Fuenfría. "Esto no puede suceder", se queja amargamente Parceiro, quien asegura que el día antes de subir a Madrid trató de ponerse en contacto sin éxito con el juzgado: "Nadie respondió al teléfono".

Su caso ejemplifica a la perfección la dura batalla judicial por los Protocolos de la Vergüenza, una serie de órdenes nacidas en el seno del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que restringían al máximo la posibilidad de trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales en plena pandemia. Seis años de lucha marcados por el abandono y el desprecio institucional y los continuos retrasos judiciales. "No es lógico que llevemos año y medio con nuestro caso y no se haya avanzado nada", explica Parceiro. Además de en Collado Villalba, esta semana también se han suspendido declaraciones clave en Arganda del Rey. En concreto, la de María Teresa Vidán, la doctora a la que Mur también situó en la elaboración de los protocolos. En este caso, por un error en su apellido que impidió la notificación.

"En la primera denuncia nos pasó lo mismo: gente que no se presentaba, notificaciones que no llegaban. No queremos pensar mal, pero...", desliza en conversación con este diario Clemente, hijo de Marcela Eras, fallecida el 2 de abril de 2020 en la residencia Isla Taray de Morata de Tajuña. Esta familia, como tantas otras, inició su batalla con una primera denuncia por homicidio imprudente u omisión del socorro, unas acusaciones que exigen demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –un reto probatorio–. Modificaron la estrategia en octubre de 2024, cuando tras varios archivos aparcaron esos tipos penales y centraron su ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y en los niveles intermedios del organigrama –es decir, en lugar de ir contra Ayuso, comenzar por el director general de Coordinación Sociosanitaria–.

"Fíjate si hay retrasos que la primera querella que yo puse en 2020 aún está parada en un juzgado de Leganés, sin que nadie nos haya comunicado ningún archivo, mientras que la que puse a finales de 2024 está en otro. Es decir, mi caso está en dos juzgados distintos", explica Carmen López. Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –iba en silla de ruedas–, pero un error de la médica del centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

El futuro del caso residencias también depende de lo que pueda determinar la Audiencia de Madrid sobre la conformación de una posible macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorberlas todas. Una decisión de la jueza María Isabel Durántez que fue recurrida ante el órgano superior, cuya Sección Primera estudiará el asunto la próxima semana.

No será la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta cuestión. A finales de diciembre, la Sección Decimosexta ya lo hizo sobre el intento del Juzgado de Instrucción nº5 de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. La jueza Carmen Valcarce alegaba que "de no acumularse los procedimientos, tales personas (los imputados) deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares". Sin embargo, los magistrados consideraron que la diseminación en varios procedimientos tiene sentido porque hay que analizar de forma independiente las circunstancias concurrentes en cada caso. Habrá que ver ahora si sus compañeros de la Sección Primera mantienen dicho criterio.

Otro punto de interés del caso se encuentra en el Tribunal Constitucional. Allí, en el órgano de garantías, se han ido acumulando decenas de recursos de amparo cuya resolución, según eldiario.es, se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están vivas. En medio de esta espera continua, además, un juzgado de Getafe ha decidido ampliar también el listado de delitos por los que están siendo investigados Mur y Peromingo, incluyendo en el mismo la prevaricación, si bien solo circunscrita a las órdenes que pudieron dar en relación con el hospital y la residencia sobre la que gira la causa.

Las familias no esconden que seis años de pelea pasan factura. "Es una lucha ardua en la que parece que no hay interés institucional", remarca López, que lamenta que las muertes en las residencias durante la pandemia se hayan convertido en la "patata caliente que nadie quiere coger". Sin embargo, aseguran que no se rendirán. "El cansancio se acumula, pero respiramos y volvemos a la carga. Somos resistentes ante los palos y seguiremos peleando", expone la mujer. Y ni la lentitud ni los continuos problemas en los juzgados les harán apartarse de su objetivo final: conseguir la justicia para sus seres queridos. "Si piensan que por venir desde Alicante voy a cejar en el empeño, están equivocados. Era mi padre", sentencia Parceiro.

Es un cambio revolucionario. Y como todo cambio de este tipo, conlleva disfunciones y problemas de adaptación. Sobre todo en la Justicia, un campo en el que juegan múltiples Administraciones. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por otro, el Gobierno, que además de sus iniciativas normativas aporta, a través del Ministerio de Presidencia y Justicia, los medios personales y materiales a los órganos judiciales de cinco comunidades y las ciudades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Por último, el resto de comunidades autónomas (12) que sí tienen asumidas las competencias de justicia y que deben dotar de material y personal a los tribunales en cada uno de sus territorios.

Sin embargo, la reorganización de los órganos judiciales unipersonales –en funcionamiento desde 1834, hace 192 años– y su reagrupación en tribunales de instancia puesta en marcha por el Gobierno con la ley de eficiencia ha comenzado a dar sus frutos un año largo después de su aprobación. Los casos pendientes, cuya reducción era uno de los objetivos de la norma, aunque de forma muy ligera, han comenzado a reducirse, según fuentes del ministerio, rompiendo con la tendencia al alza que cada año, desde 2016, reflejaban las estadísticas (con la excepción del período de la pandemia). Mientras que en 2024 la pendencia creció un 13,7%, en 2025, primer año con la ley de eficiencia en vigor, se redujo un 0,67% en los territorios competencia del ministerio. El descenso es mayor en el orden civil, donde los casos por resolver bajaron un 4,5%.

La mejora es más acentuada en esta última jurisdicción —la que se ocupa los pleitos económicos, de familia o empresariales— y afecta a las secciones de lo civil y lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia. Este avance se debe también a la obligación de recurrir a lo que el Ejecutivo denomina "medios adecuados de solución de controversias" (MASC) antes de acudir a los tribunales. El deber de intentar un acuerdo a través de figuras como la mediación, la conciliación o la negociación ha supuesto una reducción de los asuntos ingresados en estos órganos del 20,4% en las comunidades que administra el ministerio. El dato global de litigiosidad –en el que se incluye también las causas penales, sociales y contencioso-administrativas– presenta, desde abril de 2025, una reducción del 9,9%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4%, según los datos del CGPJ.

Otro de los datos positivos constatados por el Gobierno y que confirma el órgano de gobierno de los jueces es que, pese al supuesto caos denunciado por las asociaciones judiciales más conservadoras, la reforma no ha provocado demoras o suspensiones de juicios. En los últimos tres meses –el período en que los tribunales de instancia ya se han desplegado por todo el territorio– las vistas celebradas han crecido un 3% y los señalamientos de nuevos juicios (la fijación de su fecha de celebración), el doble, alrededor del 6%, según fuentes de Presidencia y Justicia.

Esos datos de reducción de ese atasco secular que han aparecido con la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pueden ser solo el principio. Porque la nueva organización permite al Ejecutivo incrementar las plazas judiciales sin tener que crear nuevos juzgados, como hasta ahora. Con el sistema anterior, aumentar la planta judicial en una unidad costaba unos 500.000 euros porque, además del juez, había que crear el juzgado completo con toda su oficina judicial, su letrado de la administración de justicia y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, basta generar una plaza más de juez –o de letrado o asignar nuevos funcionarios– de manera independiente. Ahora crear una plaza más en un tribunal de instancia cuesta mucho menos: unos 100.000 euros.

Esa flexibilidad es la que ha permitido al departamento que dirige Félix Bolaños anunciar la mayor creación de unidades judiciales de la democracia, con 500 nuevas plazas para este mismo año. También se dispondrán otras 200 plazas para fiscales, lo que supondrá un incremento del 8,5% y del 7,1% en la plantilla de cada cuerpo. El Gobierno y el CGPJ ya han acordado una macroconvocatoria de empleo público de 700 plazas –500 para jueces y 200 para fiscales– para cubrir las vacantes de nueva creación. Los nuevos tribunales de instancia, según fuentes del ministerio, permiten detectar en qué cuerpo concreto están las carencias (jueces, letrados, funcionarios) para, en cada caso, actuar quirúrgicamente sin tener que crear un órgano completo, con el consiguiente ahorro de dinero público.

El Gobierno, sin embargo, sí admite algunos de los desajustes que algunos de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico comunicaron hace semanas al CGPJ. Pero los engloba en los problemas que suelen dar cambios tan drásticos en las dinámicas de trabajo como los que impone la ley. Por ejemplo, la adaptación de los funcionarios (más de 20.000 en todo el país) a sus nuevos puestos y funciones. También la interinidad de muchos de ellos, que el ministerio pretende reducir a una tasa inferior del 8% antes del verano. Respecto a las incidencias informáticas, cada comunidad con competencias tiene sus herramientas y es responsable de su puesta en marcha. Fuentes de Justicia aseguran que en las que presta el ministerio a las cinco comunidades de su territorio no se han detectado problemas graves. Justicia ha firmado convenios con otras autonomías con competencias propias para cederles gratis las aplicaciones tecnológicas que necesiten.

La reforma ha sido muy criticada por las asociaciones judiciales de derechas, las mayoritarias en la judicatura. En un artículo escrito apenas tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, puso en duda que la norma pudiera incrementar la eficiencia del sistema judicial. “Si el legislador entiende que el sistema judicial español puede ser eficiente sin poner un euro sobre la mesa, habremos cambiado la cartelería y habremos alejado al juez del procedimiento, pero seguiremos sin tener un sistema judicial eficiente”, afirmaba Del Barco en la revista del Consejo General de la Abogacía.

La falta de inversión, sin embargo, no es más que una patraña, según fuentes de Presidencia y Justicia. El ministerio ha dedicado esta legislatura 1.121 millones de euros para el despliegue de la ley. Más de 91 se dedican anualmente a los costes de los nuevos puestos que se crean con la norma –como los presidentes de los tribunales o los responsables de los nuevos servicios y áreas de cada oficina judicial, entre otros– y que fueron acordados con los sindicatos más representativos de funcionarios de justicia, las asociaciones de letrados de la administración de justicia y las de jueces y fiscales. Todas estos nuevos mandos intermedios comportan una mejora salarial.

Ese dinero también ha servido para la creación de las 500 nuevas plazas judiciales y las 200 para fiscales. 850 millones –de los que 350 proceden de fondos europeos– han ido a las comunidades autónomas competentes para la digitalización de sus sistemas procesales y, en las que las competencias pertenecen al Estado, el dinero correspondiente se ha dedicado a crear lo que en el ministerio denominan “hubs de interoperabilidad”, es decir, nodos para que los distintos sistemas procesales del Estado y las comunidades puedan entenderse entre ellos. Otros 80 millones de euros han ido a los inmuebles de los órganos judiciales para transformar el espacio físico de los antiguos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, algo en lo que, según fuentes del Ejecutivo, ya se venía trabajando desde 2010.

Pese a las quejas y las acusaciones de improvisación al Gobierno desde la derecha judicial y política, lo cierto es que los tribunales de instancia han sido defendidos por Gobiernos del PSOE y del PP. Desde que se planteó su creación por primera vez con el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 –durante la presidencia de José María Aznar– se presentaron sucesivos proyectos por los exministros Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón o Juan Carlos Campo, hasta el actual de Félix Bolaños, el que finalmente fue aprobado por las Cortes. El consenso sobre la necesidad de estos nuevos órganos también surge de las asociaciones de derecha e izquierda que en 2017 los reclamaron en un comunicado conjunto.   

La primera semana del juicio al exministro José Luis Ábalos ha girado poco o nada en torno al presunto amaño de contratos de mascarillas, y ha servido para conocer los tejemanejes en la contratación de dos mujeres vinculadas a él en empresas públicas y volver a hablar de la entrega o recogida de dinero en la sede del PSOE.

La imagen que han proyectado los testimonios de algunos de los más de veinte testigos que han pasado por el Tribunal Supremo es la de la España de los enchufes, en la que la expareja de un exministro ha reconocido cobrar de dos empresas públicas sin ir trabajar y una "amiga" y compañera de partido, aunque aseguró que trabajó, y mucho, admitió que al principio se dedicó a leer libros de trenes en horario laboral. 

Su "arbitraria" contratación forma parte de la acusación que dirige la Fiscalía contra Ábalos y su asesor, Koldo García, que también están siendo juzgados por el supuesto concierto con el tercer acusado en discordia, el empresario Víctor de Aldama, para beneficiarle en sus negocios con la administración -como varios contratos millonarios de mascarillas- a cambio de presuntas mordidas.

Así ha transcurrido la primera semana de juicio: 

Tras varios meses en prisión preventiva, el exministro de Transportes y en su día hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García han aparecido sentados tras sus abogados y separados por un policía de Víctor de Aldama, el único en libertad. 

Frente al hieratismo de Aldama, a veces interrumpido por alguna ligera mueca, el transcurso del juicio pronto mostró a un enérgico Koldo tomando constantes notas y trasladando cada discrepancia a sus abogados, y a un Ábalos más tranquilo, con alguna sonrisa irónica, que también departía con su defensa.

El de Jéssica Rodríguez era uno de los testimonios más esperados. Admitió que cobró de Ineco y Tragsatec (43.978 euros en dos años y medio) sin trabajar y que Ábalos "estaba al tanto de todo". No sabía que eran empresas públicas y le dijeron que estaba a las órdenes del hermano de Koldo, que lo negó y rechazó haber trabajado en Tragsatec.

En Ineco, "fue una sorpresa su declaración" pues, según una directiva, "a todos los ojos" de la empresa, ella trabajaba. 

Después llegó Claudia Montes, una "amiga" a quien el ministro ayudó a "culturizarse en la política". Koldo García envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas, que lo remitió a recursos humanos, el "trámite habitual". 

Hizo entrevistas y entró en LogiRail, pero al principio no trabajaba porque no tenía un lugar de trabajo adecuado, así que iba a la Biblioteca de Oviedo a coger libros de trenes. Después hizo muchas horas extras.

Un socio de Aldama reconoció que pagó el alquiler de un piso para Jéssica Rodríguez -unos 2.900 euros mensuales- porque se lo pidió su socio; ella dijo que no sabía quién lo pagaba, pero que "daba igual quién pagara las cosas porque era Ábalos quien sufragaba todos los gastos". 

Después, la empresaria Carmen Pano vinculó la compra de un chalé para alquilárselo al ministro por su presunta mediación para que otro socio de Aldama, Claudio Rivas, tuviese una licencia de hidrocarburos. Aldama indicó que "el señor ministro quiere una casa". Su hija Leonor, con un rosario en la mano, dijo que la compró por orden de Rivas, ella "no preguntaba". Los cuatro están investigados por un fraude millonario en hidrocarburos.

"¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?", preguntó el abogado de Ábalos a Jéssica Rodríguez para sorpresa de todos. Y reformuló la pregunta por orden del tribunal: "Usted, su profesión, ¿tiene que ver con la contraprestación económica del sexo? Es que no se cómo explicarlo". "No, soy dentista y estoy colegiada", respondió ella, "y antes, azafata de imagen".

En una nueva estrategia de defensa, el abogado quiso saber si Rodríguez fue "una captación de Aldama" para Ábalos.

La primera alusión a dinero en la sede socialista la hizo Joseba García, hermano de Koldo, cuando naturalizó haber ido dos veces a recoger dos sobres, petición de su hermano mediante, que gestionaba dinero para Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE.

Después, Carmen Pano se reafirmó en que llevó, a petición de Aldama, dos bolsas con 45.000 euros cada una, que entregó a "un señor" que no reconoció que la esperaba en la segunda planta. "Yo no sé para quién era ni a qué correspondía", dijo.

Si en algo coincidieron las empresarias Pano fue en las "muy buenas" relaciones con el Gobierno, especialmente con el ministro, de las que presumía Aldama, a quien Claudio Rivas dio mucho dinero por sus "gestiones" sobre la licencia de hidrocarburos.

Carmen Pano ratificó la reunión que mantuvo con Claudio Rivas, en presencia de Koldo García, con el jefe de gabinete de Industria; y un asesor confirmó que otro jefe de gabinete, el del Ministerio de Hacienda, le ordenó trasladar a la Agencia Tributaria una petición de una empresa de Aldama de aplazar su deuda, aunque con la orden de que no hubiese "trato de favor". No se aplazó.

También las Pano refirieron que, según contó el propio Aldama, el comisionista recibió junto a Koldo 500.000 euros en casa del dueño de Air Europa.

La familia estuvo muy presente en la primera jornada del juicio. El hijo de Ábalos y el hermano de Koldo intentaron disipar las dudas sobre su patrimonio y el de sus familiares.

Con naturalidad, Joseba afirmó hacer favores: viajó a República Dominicana, pero no a recoger mordidas de Aldama como cree el fiscal, sino por otras razones y aprovechó para llevar documentación del comisionista, con quien solo le unió la "peor compra" de su vida, un Volkswagen Passat que le "encantaba", pero que dio muchos fallos.

El juicio arrancó con los informes remitidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, eximidos de declarar presencialmente por razón de su cargo, en los que negaron haber dado o recibido órdenes para comprar mascarillas a una empresa promovida por Aldama.

La representación legal del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial porque entiende que el rechazo por parte de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana a su personación en la misma le genera una situación de "seria indefensión", según informa EFE.

Fuentes de su defensa han explicado que el recurso presentado ante la Audiencia se sostiene en que hay una "anomalía procesal relevante" derivada del momento en que la jueza elevó una exposición razonada para su investigación en la causa.

Además, el recurso, que incide en que "no hay responsabilidad penal alguna de Mazón", pide "dejar sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado, de modo que su posición en la causa quedara reducida de forma efectiva a la de un mero testigo ajeno a cualquier posible afección procesal" y si se mantienen, le permita su personación "para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa". 

La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE.

Como ya avanzó la actual fiscala general, Teresa Peramato, finalmente el Ministerio Público ha acudido al TC y ha pedido anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

En una nota de prensa, la Fiscalía ha informado de la presentación de su recurso de amparo ante el TC, en el que considera que la sentencia del Supremo vulneró una serie de derechos de García Ortiz, como el de la presunción de inocencia, o el de un proceso con todas las garantías.

Reprocha la Fiscalía al Supremo que haya escogido la interpretación "más desfavorable" para condenar a García Ortiz y vuelve a cargar contra el registro que ordenó el juez Ángel Hurtado a su despacho, una "indiscriminada medida de injerencia" que "no estaba justificada" y en la que se basa "uno de los indicios que sustentan la condena", en referencia al borrado de las conversaciones del exfiscal general.

Álvaro García Ortiz, que estuvo al frente de la Fiscalía General entre 2022 y 2025, fue condenado por la filtración a la prensa de un correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre la investigación a González Amador. En ambas acciones vio el Supremo revelación de secretos.

La Fiscalía, que también recurre el auto del Supremo que rechazó la nulidad de su sentencia, argumenta que el alto tribunal no tuvo en cuenta el "valor exculpatorio" de "contundentes testimonios" de periodistas en favor de García Ortiz, que actualmente ejerce de fiscal en la Sala de lo Social del alto tribunal.

Se refiere el recurso a los periodistas que negaron haber conocido el citado correo de mano del fiscal general, y critica también el "giro argumental sorpresivo" del Tribunal Supremo al condenarle, ya que en un principio "descartó expresamente" la publicación de la mencionada nota de prensa, y después la incluyó en el castigo. Eso, dice, fue "una imputación novedosa de la que el acusado no ha podido ni tenía por qué defenderse".

Por último, cuestiona asimismo la interpretación del delito de revelación de secretos reservados, "que se comete incluso si los datos afectados son de conocimiento público". Esto, subraya, es contrario a la jurisprudencia del Supremo, "que es rectificada de forma sorpresiva e imprevisible". Dicha interpretación, según la Fiscalía, conduce "a resultados axiológicamente incompatibles con el papel preponderante que tiene en nuestro Estado democrático el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz".

Que Carlos Hugo Preciado, vocal díscolo de la cuota progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por Sumar, se convierta en magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es algo, por ahora, incierto. Pero su candidatura a la Corte de Estrasburgo –la más alta instancia en derechos humanos en el ordenamiento jurídico español, por encima incluso del Tribunal Constitucional– en caso de prosperar, pondría en peligro el precario equilibrio entre progresistas y conservadores para entregar el poder interno del órgano de gobierno de los jueces a los consejeros propuestos por el PP. Su hipotética salida la cubriría el magistrado almeriense David Villagrá Álvarez, delegado en esa provincia de la mayoritaria y derechista Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Para convertirse en magistrado, Preciado debe primero superar con éxito varios filtros. El primero, el de la comisión de selección española, integrada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal conservadora del CGPJ Gema Espinosa, y la catedrática de Derecho Internacional Público Paz Andrés. Ese órgano seleccionará la terna de candidatos que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, se enviará al Consejo de Europa. El segundo filtro se produce en la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional que debe seleccionar al magistrado español para los próximos nueve años por mayoría absoluta.

En el incierto caso de que el vocal propuesto por Sumar superara todo ese proceso, la consecuencia para el CGPJ sería la alteración de su juego de mayorías, que pasaría de un empate a diez vocales entre conservadores y progresistas a una mayoría de derechas de once miembros frente a los nueve propuestos por la izquierda y la presidenta, Isabel Perelló, con etiqueta progresista pero casi siempre alineada con los conservadores. Así lo establece el acuerdo del Pleno del Senado del 24 de julio de 2024 que, además de elegir a Preciado como uno de los seis vocales judiciales correspondientes a esa Cámara, seleccionó como primer suplente a David Villagrá Álvarez, actual presidente del Tribunal de Instancia de Almería, de la conservadora APM. La lista la completan como segundo suplente el progresista Ignacio Martín Verona, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la también conservadora Isabel Serrano Frías (APM).

La última renovación del Consejo vino acompañada de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) relativa, precisamente, a la elección de los suplentes. En lugar de establecer, como hasta entonces, una lista de tres nombres en el orden elegido por el Congreso o el Senado para cada uno de los seis vocales judiciales y cuatro seleccionados entre juristas de reconocido prestigio que tocan a cada Cámara, se estableció que cada uno de los consejeros titulares tuviera su propio sustituto para el caso de que dejara el cargo anticipadamente. Esta nueva regulación, sin embargo, no es de aplicación al actual CGPJ, cuya renovación se hizo con el sistema anterior.

La salida de Preciado es solo una hipótesis de futuro, pero en el sector progresista hay otro vocal judicial que sí tendrá que ser sustituido dentro de dos años. Se trata del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena que, en agosto de 2028, alcanzará la edad de jubilación (72 años) y, al formar parte de la cuota de consejeros procedentes de la carrera, tendrá que dejar el Consejo. A diferencia de lo que ocurriría con Preciado, en este caso, la sustituta será, al igual que el vocal saliente, de sensibilidad progresista. Arozamena fue elegido por acuerdo del Pleno del Congreso el 23 de julio de 2024. En ese mismo acuerdo, como primera suplente aparece Adoración Jiménez Hidalgo, titular de la plaza 3 de lo Social del Tribunal de Instancia de Terrassa (Barcelona), miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y de JJpD.

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.

Seis horas dan para mucho. Sobre todo, cuando se trata de un juicio mediático. Y el primer asalto en el Tribunal Supremo del llamado caso Mascarillas, centrado en la compraventa de material sanitario por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, da buena cuenta de ello. La sesión ha servido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alejarse todo lo posible de la trama que se está enjuiciando. Y al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para reforzar una defensa que, sin embargo, se ha visto resquebrajada por momentos por el flanco de Jéssica Rodríguez, examante del que fuera hombre fuerte del PSOE.

El juicio arrancó con algunos minutos de retraso. En la agenda, alrededor de una decena de testigos previstos. Pero la sesión no se inició con ninguno de ellos. Comenzó con los testimonios de Armengol y Torres. Hasta el último momento se intentó que ambos tuvieran que sentarse frente a magistrados, Ministerio Público y abogados. Sin embargo, el tribunal permitió que ambos compareciesen por escrito. Ha sido la lectura de esas testificales la que han marcado el inicio de una vista oral que se prolongará durante todo el mes de abril. Y la que ha provocado la primera protesta de las defensas, que se han quejado por no haber podido interrogarles.

El interés de ambos testimonios radicaba en la entrada de la trama en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, cuando Armengol y Torres eran presidentes autonómicos. Ambos se han esforzado por marcar distancias con los tres acusados –Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama– y con Soluciones de Gestión. "Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna", ha dicho Armengol. Del mismo modo, han insistido en que ni dieron orden ni presionaron para adjudicar contratos a la compañía de la trama. Sí ha reconocido Torres que se interesó por uno de eso expedientes tras un mensaje del exasesor de Ábalos avisando de unos "incumplimientos contractuales". Eso sí, cuando el mismo ya estaba adjudicado y como hizo con otros expedientes.

Una vez completado el trámite de la lectura de los escritos, comenzaron a desfilar por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los diferentes testigos. Dos de estas declaraciones sirvieron a exministro y exasesor para reforzar sus defensas. Víctor Ábalos, hijo del primero, rechazó tajantemente en diferentes ocasiones haber actuado como una suerte de testaferro de su padre. Y Joseba García, hermano del segundo, ha negado que acudiera a República Dominicana a recoger dinero en efectivo de la trama, tal y como sostienen los investigadores en sus informes. El primero de ellos no está siendo investigado en ningún procedimiento. El segundo, sin embargo, sí que se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la parte del caso Mascarillas que no ha estudiado el Alto Tribunal.

"Yo no soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos", ha aseverado Ábalos. En relación con las transferencias de dinero que hizo a su padre, en concreto los 23.379,10 euros que la Guardia Civil ha acreditado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, ha explicado que 20.000 euros son un préstamo que le hizo. "Con un contrato elevado a público, nada opaco", ha afirmado. Del mismo modo, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. Y cuando le han preguntado por el uso de la palabra "café" en algún mensaje recibido de Koldo García, se ha limitado a decir que era una petición del exasesor para que le trajera café de Colombia, donde el hijo de Ábalos desarrollaba trayectoria profesional.

Joseba García, por su parte, se ha esforzado en justificar sus viajes a República Dominicana, los ingresos recibidos en su cuenta y el efectivo que localizaron en los registros de su casa. Y lo ha hecho con la ayuda de la abogada de su hermano –que también es la suya en la Audiencia Nacional–, que es la única a la que ha respondido ampliamente. García se ha negado, por su condición de investigado en otro procedimiento, a responder a las preguntas del resto de partes. "No le voy a contestar por consejo de mi letrada, lo siento", ha repetido una y otra vez. Una negativa a declarar que minutos antes protagonizó otro de los investigados en la Audiencia Nacional: Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.

Algunas partes intentaron, una y otra vez, tirarle de la lengua. Sobre todo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "No voy a contribuir a este espectáculo", se ha terminado resignando el abogado del PP, que dirige la acción popular. En el largo interrogatorio dirigido por la letrada Leticia de la Hoz, el hermano del exasesor ha explicado que viajó a República Dominicana en dos ocasiones por amor y por negocios, pero nunca para recoger dinero de la trama. También ha rebatido al fiscal en relación a los "224.000 euros sin justificar" en sus cuentas señalando que ningún ingreso recibido tiene que ver con Aldama o con los contratos bajo la lupa. Y ha asegurado que la mayor parte del dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio era, en realidad, del club de motos al que pertenece.

García también habló de Jéssica Rodríguez, quien ha protagonizado la primera tarde del juicio. Ha sido con la examante de Ábalos con quien el tribunal ha retomado esta primera sesión tras el parón para comer. Durante más de dos largas horas se le ha preguntado, fundamentalmente, por su relación con Ábalos, por el pago del alquiler del lujoso apartamento en el que estuvo viviendo en el centro de Madrid –que, según la investigación, habría abonado principalmente Aldama a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano– o por su contratación en las empresas públicas Ineco o Tragsatec.

Sobre el piso, ha señalado que no sabía quien lo estaba abonando, aunque tampoco le importaba demasiado. "Nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque no hay necesidad de hacerlas", ha señalado. Durante su declaración, Escolano ha confirmado que él se hizo cargo de este gasto a petición de Aldama, su "socio, amigo y hermano". Y que dejó de abonar cuando se le indicó. "Si se me decía que no pagara ese piso, pues yo encantado", aseveró el empresario, quien ha resaltado el carácter "inconformista" de Rodríguez.

Durante su declaración ha confirmado que, incluso cuando la relación entre ambos había acabado, el exministro le hacía algunos regalos. Ha hablado de un móvil. También del pago de la matrícula de la universidad. O de una transferencia de 600 euros: "Mi gato se rompió la pierna, era un gasto muy elevado y él quería ayudarme". Y, del mismo modo, ha sentenciado que Ábalos nunca pagaba. "Yo al señor Ábalos no le he visto pagar nunca”, ha afirmado. Y ha ejemplificado: "Si quería un paquete de tabaco era el señor Koldo quien hacía esa compra".

Sobre su contratación en Ineco y Tragsatec, donde cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, ha confirmado que nunca llegó a trabajar. "Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", ha resaltado. Algo que, ha deslizado, el exministro sabía: "El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo". Cuando acabó su contrato en la primera empresa, actualizó su contrato para dar el salto a la segunda, una etapa de la que, dijo, no recuerda prácticamente nada. "Si cambiaba de empresa era porque el señor Ábalos así lo habría gestionado". Un paso de trabajadores de Ineco a Tragsatec que, ha explicado luego el que fuera máximo responsable legal de Tragsa, no era "habitual".

Contrataciones sobre las que también han declarado responsables de ambas empresas. Araceli Arigita, responsable de personal de Ineco, ha dicho que el fichaje de Rodríguez no siguió el procedimiento habitual. Y la responsable del proyecto al que se incorporó luego en Tragsatec ha relatado las presiones sufridas para que dejara "en paz" a la expareja de Ábalos, a la que no paraba de perseguir para que fichara en el trabajo, algo que no hacía.

El juicio del caso Mascarillas ha arrancado con las testificales de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Los dos han comparecido por los contratos sanitarios suscritos por los Gobiernos de Baleares y Canarias, que ambos presidieron, con Soluciones de Gestión, la firma que se encuentra en el epicentro de la trama. Y lo han hecho por escrito. Ambos testigos han asegurado que nunca dieron "orden" o ejercieron "presión" alguna para efectuar "compra" o suscribir "contrato" alguno. Unas declaraciones que han precedido a las de Víctor Ábalos, hijo del exministro, quien ha negado ser el "custodio" del dinero de su padre: "Todo lo que le he dado era de mis ingresos".

La causa se centra en los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, adjudicaron en lo peor de la pandemia a Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario Víctor de Aldama. El instructor dio por acreditado que Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración.

Como pago, la Fiscalía Anticorrupción recoge entregas periódicas de dinero en efectivo al asesor, la compra de un chalet para "uso y disfrute" del exministro o el abono de la renta de un piso que utilizaba una expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, que también habría sido contratada, al igual que otra mujer de su "círculo personal", en una empresa pública. Para Ábalos y García, que se encuentran en prisión provisional, el Ministerio Público solicita 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, frente a los siete años que solicita para el empresario, que se encuentra en libertad por su colaboración con Fiscalía.

La primera declaración leída en la sala ha sido la de Armengol. En ella, la expresidenta balear ha comenzado exponiendo la delicada situación sanitaria en la que se encontraba su territorio en aquellos primeros compases de la pandemia. "Había dificultades adicionales de suministro por su carácter insular", ha señalado, al tiempo que ha recordado que en esos momentos el mercado estaba completamente roto. No obstante, ha querido dejar claro desde el primer momento que desde la Presidencia no se realizaban contrataciones ni se transmitían indicaciones de a quién se debía contratar: "Cualquier contacto u oferta que llegase se derivaba al Servicio de Salud, encargado de evaluar las propuestas recibidas".

"Nunca hubo orden o presión para efectuar compra o contrato alguno", ha apuntado Armengol. Algo en lo que también ha insistido Torres: "No di orden ni formalice nada a favor de la mercantil". El ministro, no obstante, ha afirmado que sí que hizo "seguimiento" a ese expediente de contratación. Eso sí, en un momento posterior a la adjudicación y tras ponerse en contacto con él García exponiéndole que había un "incumplimiento de condiciones contractuales", que existían "compromisos pendientes", en relación a la contratación con Soluciones de Gestión. Seguimientos que, ha explicado, también realizó en otros expedientes.

Armengol ha explicado que "no recuerda", seis años después, "todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos". Por ello, no descarta que entre las personas con las que mantuviera contacto pudiera estar García, a quien conocía como "asesor" del Ministerio de Transportes. "Ahora bien, lo que sí puedo decir con absoluta seguridad es que [de recibir algún mensaje] lo habría remitido inmediatamente al órgano o departamento responsable de la contratación", ha señalado. Y en cuanto a su relación con Ábalos en aquellas fechas, ha explicado que los únicos contactos que mantuvieron fueron referidas a "cierre de puertos y aeropuertos".

Una vez leídos ambos escritos de declaración, y tras un intento fallido de suspender el juicio por parte de la defensa de García y las quejas de las defensas por no haber podido interrogar a los dos primeros testigos, se ha sentado frente al tribunal Víctor Ábalos, hijo del exministro. Durante su testifical, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. En relación al uso de la palabra "café", que los investigadores interpretan como una petición de inicio de una comunicación segura, se ha limitado al significado recogido en la RAE. "Cuando Koldo se refiere a café, es el originario de Colombia. Me encargaba café", ha explicado. Un país en el que, ha dicho, él ha trabajado.

"Y cuándo usted le decía 'voy a encender', ¿se refería a la cafetera?", ha insistido con ironía uno de los abogados, a lo que él ha señalado que esa respuesta hay que encuadrarla en un contexto en el que él utiliza el WhatsApp en el ordenador. Buena parte del interrogatorio al hijo de Ábalos se ha centrado, precisamente, en tratar de dilucidar si ejerció como una suerte de guardián del dinero de su padre. Algo que él ha negado en repetidas ocasiones: "Yo no soy custodio del dinero de nadie". Y ha asegurado que los fondos que le transfirió a su padre eran suyos. "Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta", ha señalado, haciendo referencia, por ejemplo, a un préstamo que le hizo de 20.000 euros: "Todo con contrato, nada opaco".

Parte de la sesión matutina ha estado marcada también por la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que ha llevado a alguno de los testigos a negarse a responder a las preguntas planteadas al encontrarse imputados en dicho procedimiento. Es el caso del empresario Ignacio Díaz Tapia, socio de Víctor de Aldama. O de Joseba García. El abogado del exasesor de Ábalos ha evitado responder a las cuestiones planteadas por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Y solo ha querido contestar al abogado del exministro y, sobre todo, a la letrada Leticia de la Hoz, que le representa tanto a él como a su hermano.

Una parte del largo interrogatorio planteado por su defensa se ha centrado, por un lado, en los viajes realizados por Joseba García a República Dominicana, desplazamientos en los que, según los investigadores, habría recogido dinero en efectivo de la trama. Dijo, por un lado, que los hizo por un motivo personal: conocer a la persona que todavía es su pareja. Y, por otro, por negocios, si bien solo uno acabó "cuajando". En esos viajes, ha reconocido haber hecho a Aldama el favor de recoger un sobre. En cuanto a su contenido, ha hablado de documentación. "¿Lo abrió?", le preguntó la letrada. "Jamás, no soy un chismoso", ha zanjado.

El testigo también ha hablado sobre su relación con Jessica Rodríguez, a la que pagó "una o dos" mensualidades del alquiler de un piso. O de sus conversaciones con contratada por la empresa pública Ineco, para la que trabajó, según ella mismo dijo en la instrucción. O de sus ocho reuniones con Aldama, que los investigadores creen que fueron para entregarse dinero pero que él enmarcó en la compra de un vehículo. "Y para reclamarle los arreglos del mismo", ha querido aclarar García, quien durante su declaración también ha dicho que acudió en un par de ocasiones a Ferraz, sede del PSOE, a recoger sobres con dinero en metálico para su hermano.

Buena parte de la declaración ha girado también en relación al patrimonio familiar. Al fin y al cabo, como recordó el fiscal Anticorrupción en las preguntas que le fue planteado, "tiene usted en sus cuentas sin justificar 224.000 euros". En este sentido, la abogada le ha ido recitando una serie de nombres asociados a algunos ingresos. "¿Alguna está relacionada con Aldama y los contratos de mascarillas?", ha preguntado la letrada, a lo que él ha respondido de forma negativa. Y, del mismo modo, ha tratado de justificar el efectivo que se encontró en el registro de su domicilio. Ochocientos euros, ha dicho, eran suyos. Y otros 5.000, ha completado, del club de motos del que forma parte.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para poder imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue sacada en su día del procedimiento, y que se cite al partido como partícipe a título lucrativo o responsable civil, según informa EFE.

El fiscal César de Rivas ha respondido así a una de las principales peticiones que formuló la acusación popular que ejerce el PSOE en la fase de cuestiones previas planteadas al tribunal en la primera jornada del juicio del caso Kitchen a la cúpula de Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

En su respuesta, el fiscal ha recordado que la clausura de la instrucción de esta causa fue confirmada por la Sala de lo Penal en 2022 y ahora el tribunal que enjuicia los hechos carece de competencia para dejar sin efecto esas resoluciones como propuso el PSOE con el objeto de que se investigue "la rama política" del caso Kitchen.

Según el fiscal, no procede abrir una "instrucción suplementaria" que lleve a la suspensión del juicio porque no existe ninguna revelación novedosa que suponga un cambio "sustancial" en los elementos, que solo puede afectar a las personas respecto a las que se decretó la apertura de juicio oral.

En este sentido ha señalado que a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, no se les incluyó en el auto de procesamiento tras haberles tomado declaración como imputados a petición de la Fiscalía por lo que no se les introdujo en ese auto de apertura de juicio oral.

Al decretarse el sobreseimiento para ambos, ha proseguido, Anticorrupción lo recurrió, y tanto el juzgado de instrucción como la Sala de lo Penal confirmaron esa decisión. Además, en 2022, el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura de la causa por elementos nuevos respecto a Cospedal, pero también se rechazó por el juzgado y por la Sala, con lo que la causa está sobreseída para ambos y "el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocarlo", ha destacado.

Por ello ha propuesto que si el PSOE entiende que existen nuevos elementos lo que tiene que hacer es solicitar la reapertura de la causa como se hizo en 2022 y como hizo este partido en 2025, petición que también fue rechazada por el juzgado de instrucción.

Lo mismo sucede, ha dicho, con el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, una cuestión que ya se solicitó en su momento y que, primero el juzgado y después la Sala, rechazaron por lo que, considera, que es una cuestión sobre la que la Sala de enjuiciamiento carece de competencia.

En el juicio del caso Kitchen se sientan en el banquillo diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como buena parte de la cúpula policial en esa época y comisarios como José Villarejo, de cuyo caso procede esta causa, la pieza número 7 del caso Tándem.

La magia de los esquizofrénicos ritmos de la justicia ha permitido que coincidan en estos días los juicios orales de la Operación Kitchen y del caso Koldo-Ábalos-Aldama. Tal coincidencia facilita portadas y telediarios en los que se “empatan” ambas corrupciones, se cocina la salsa del “todos son iguales” y se incentiva en unos cuantos grados la antipolítica, con la satisfacción indisimulada de la extrema derecha antisistema. De ese riesgo advertía este lunes aquí mismo la politóloga Cristina Monge: todo demócrata debe ser implacable contra la corrupción, pero no debe aceptar que esa justa intolerancia hacia cualquier corrupción se convierta en “un ejercicio de antipolítica, porque ni todos son iguales ni todos los casos son lo mismo”.

¿Cómo se come que la trama Kitchen (incompleta) se siente en el banquillo ¡trece años después de conocerse! y el (gravísimo) trapicheo de mascarillas del trío de Transportes sea juzgado a los dos años de la detención de Koldo? Se dirá que tal diferencia de tiempos se debe a la gran complejidad de la primera causa y a la sencillez de la segunda. Pero es más fácil creer en la santísima trinidad que descartar el hecho de que la esencia de la Kitchen es precisamente la obstrucción de la justicia por todos los medios, incluidos los que aportaba la mismísima cúpula del ministerio del Interior y de la Policía; o la ya experimentada capacidad del PP y sus servicios jurídicos para dilatar las causas en las que se ve involucrado el partido (que se lo pregunten al juez Pablo Ruz, instructor de la primera causa de la Gürtel, la de los discos duros destrozados a martillazos…). 

Déjenme incluso que sea malpensado: ¿cómo habrá influido en la investigación de la Kitchen el hecho de que su instructor fuera Manuel García-Castellón, el mismo juez que mantuvo durante más de dos años una causa abierta contra el núcleo dirigente de Podemos sin una sola prueba (ver aquí), pero facilitando día sí día también portadas y tertulias que debatían en torno a documentos más falsos que un euro de madera? Sí, es el magistrado que concluyó que el ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a intentar robarle documentos que podían implicar al partido por financiación ilegal y salpicar a sus dirigentes en diferentes delitos. Pero es el mismo magistrado que se negó a ampliar la investigación de la Kitchen a la cúpula del PP o a los ‘habitantes’ de la Moncloa, donde “reportaba” el ministro Jorge Fernández Díaz de forma permanente. Deberán acudir a declarar como testigos Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno; María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, o Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno. Pero sólo como testigos, puesto que García-Castellón decidió perimetrar la investigación al departamento de Interior, como si este hubiera actuado como una especie de comando independiente tanto del resto del Gobierno como del partido al que toda la trama se dedicó a proteger.

El caso es que todas estas obviedades (documentadas y comprobables) permiten que hoy Feijóo, Ayuso y compañía repitan con enorme displicencia que “esto es algo de hace trece años” (ver aquí), y se quedan tan panchos, sin responder a la pregunta siguiente: ¿y por qué la trama político-policial-mediática seguramente más grave –en mi opinión– que ha afectado a la democracia en estas últimas cuatro décadas ha tardado trece años en ser juzgada? ¿Quizás porque esa trama consistía precisamente en obstruir a la justicia? ¿Quizás porque desde el propio Partido Popular y el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy se hizo todo lo que se pudo por dilatar esa causa? Mienten descaradamente cuando dicen –o insinúan– que en todo caso ya se pagó el precio político de “los errores de Fernández Díaz y su número dos” cuando Rajoy fue sacado del Gobierno por la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en 2018. Hacen la trampa de meterlo todo en la misma coctelera, olvidando que aquella moción se tramitó por una sentencia que no tenía nada que ver con la Kitchen, sino con la Gürtel, la que incluía los papeles de Bárcenas en los que figuraba un tal “M. Rajoy” cobrando sobres en efectivo, la que condenaba al PP por beneficiarse “a título lucrativo” de todo un entramado de financiación irregular que pasaba por el manejo de dinero negro para el reparto de sobresueldos a sus dirigentes o para pagar la sede nacional del partido (la misma que hoy mantiene Feijóo, pese a aquel anuncio de venta inmediata que hizo Pablo Casado en un ataque pasajero de ética política, como el que tuvo –y le honra– al denunciar la millonaria comisión por mascarillas del hermano de Ayuso, lo que le costó la presidencia del PP). 

Como también apuntaba Cristina Monge, no se trata de comparar la “gravedad” de unos y otros casos de corrupción. Allá cada cual con la calificación que le merezcan. Se trata –si somos mínimamente objetivos– de analizar el contenido de cada trama, su objetivo, sus consecuencias y también la reacción que ha merecido en el partido al que afectaba. No comulguemos con ruedas de molino: la Kitchen consiste en toda una cúpula de Interior y de la Policía dedicadas a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del partido político de Gobierno, y el caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. ¿Grave? Gravísimo a mi juicio, y por tanto merecedor de las condenas que procedan para Koldo, Ábalos, Aldama…, también aplicables a todos aquellos que se lucraron de manera absolutamente especulativa con la contratación de partidas de mascarillas, guantes, etc, en las distintas administraciones. No hace falta dar nombres. Pero no hay rastro alguno de financiación ilegal del PSOE en toda la trama en la que participaban Ábalos, Koldo y Aldama, ni con las mascarillas ni con los contratos públicos por los que también está imputado Santos Cerdán.

Lo innegable a día de hoy es que Ábalos fue expulsado del PSOE, mientras Jorge Fernández Díaz (el ministro con “un ángel de la guarda que se llama Marcelo”) solo fue suspendido de militancia en 2021 y hoy sigue perteneciendo al PP. Del mismo modo que Mariano Rajoy continúa disfrutando todos los honores en el partido y en las campañas de elecciones generales, como los disfruta José María Aznar, el del “sí a la guerra”, el presidente con más ministros imputados y encarcelados. Resulta inimaginable en cualquier otra democracia con la que queramos homologarnos que políticos con la ‘mochila’ de Aznar o de Rajoy pudieran seguir paseándose por los Hormigueros respectivos. Pero en este país nuestro el ecosistema mediático tiene un sesgo diestro anterior a la época de la desinformación y los bulos. Vemos hoy mismo cómo cabeceras de la aún llamada prensa seria fuerzan casos sin sostén documental alguno para intentar establecer una especie de “equilibrio” o “equidistancia” entre corrupciones de distinto signo. 

Si no lo escribo, reviento: a la vista de actuaciones judiciales como la condena sin pruebas del fiscal general del Estado García Ortiz o la investigación descaradamente prospectiva de Peinado contra Begoña Gómez, ¿se imaginan qué habría sido del Gobierno de coalición actual si en algún momento hubiese aparecido un documento en el que un tal “P. Sánchez” firmara la percepción de un sobresueldo en negro? “La hoguera, la hoguera, la hoguera”, como cantaba Javier Krahe.

P.D. Este lunes hemos conocido algunas encuestas con un estribillo común: el ascenso de Vox parece frenarse, lo cual beneficia al PP, mientras el PSOE rentabiliza el ‘no a la guerra’ y la negativa de Pedro Sánchez a actuar como “vasallo” de Trump. Pero si se observan las transferencias de voto, las ganancias del PP vienen de Vox como las del PSOE vienen del espacio a su izquierda. No hay novedades en las fortalezas y debilidades de cada bloque. Hoy por hoy, las derechas extremas o extremadas suman mayoría, mientras las izquierdas no podrían repetir coalición ni siquiera con apoyos nacionalistas. Hay materia para un próximo análisis, pero los datos cantan: ni hay una “derechización” en España, como presumen diferentes voces –el bloque conservador suma unos 12 millones de votos, los mismos que en 2011 sumaban PP y la UPyD de Rosa Díez (ver aquí)–, ni está escrito que las izquierdas no puedan reeditar coalición de Gobierno. Todo depende de lo que hagan en estas próximas semanas las fuerzas a la izquierda del PSOE y de si aquellas y este entienden que un futuro de progreso democrático exige gestionar la realidad de un Estado plurinacional. Con todas las consecuencias.

Primero fueron aliados, jefe y subordinado. Luego, cuando empezaron a torcerse las cosas, enemigos. Y ahora, sentados por vez primera frente a un tribunal, tratan de capear el temporal judicial haciendo frente común. La primera sesión del juicio del caso Kitchen, destinada a las cuestiones previas, ha mostrado a una cúpula del Ministerio del Interior trabajando en bloque para tratar de anular la causa y a una acusación popular decidida a escalar el caso más allá del departamento que en su día dirigió Jorge Fernández Díaz, buscando la X política detrás de la supuesta operación parapolicial y exigiendo que el PP también se siente en el banquillo de los acusados. "Es sorprendente que el beneficiado [de la Kitchen] no esté aquí", ha lanzado.

La primera jornada del juicio, que versa sobre la supuesta operación parapolicial para hacerse con documentos comprometedores de cara a Gürtel que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas, se ha prolongado durante toda la mañana. Ha sido poco política y muy técnica. Y, por momentos, intensa. Sobre todo, durante la intervención del abogado de Sergio Ríos, el chófer del extesorero captado para la misión con cargo a los fondos reservados –consta acreditado el gasto de 59.000 euros de esta caja secreta–. "Todo esto lo ha construido la Fiscalía", ha dicho, al tiempo que hablaba de coacciones o excesos. Una actitud que ha hecho saltar al representante de Anticorrupción. Y también a la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, que le ha reprochado hasta en dos ocasiones sus palabras.

–Haga el favor de repetir lo que acaba de decir.

–Que habiéndose dictado un auto de prisión provisional sin tener conocimiento de la causa...

–Eso no lo ha dicho así de suave. Ha dicho amenazando. Guarde las formas. Usted podrá tener su criterio personal de a qué responde el origen de la investigación, pero de eso al salto cualitativo de la comisión de hechos delictivos dista un mundo.

Las defensas, al menos en estos primeros compases de una vista oral que se alargará previsiblemente hasta junio, han remado en una misma dirección con un objetivo perfectamente definido: arrasar la causa desde los cimientos. Así, han solicitado, una tras otra, la anulación de las grabaciones sobre las que se apoya Kitchen. Tanto aquellas que dieron origen a la apertura allá por 2018 de esta pieza separada del caso Villarejo como a una segunda tanda que afloró allá por 2022 y que aportó el empresario Javier Pérez Dolset. "Deben ser anuladas y consideradas prueba ilícita", ha señalado el abogado del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se ha empleado a fondo, precisamente, en esta cuestión.

En relación con el primer grupo de audios, que fueron localizados durante los registros contra el excomisario José Manuel Villarejo, el letrado ha señalado que "falta fiabilidad técnica" –"No sabemos con qué dispositivo fueron grabados, no sabemos si estaban cortadas las conversaciones"– y que, de todos modos, bajo su punto de vista, fueron obtenidos de forma "ilícita". En cuanto al segundo grupo, en el que se encuentran varias conversaciones en las que participa directamente su cliente, ha señalado que los audios no se encontraban entre el "material" que se incautó a Villarejo: "La forma en la que estas grabaciones acceden al procedimiento –aportadas por Dolset o difundidas en el canal de Telegram de Alvise Pérez– es bastante rocambolesca [...] Trazabilidad cero, nula, no se puede autentificar el contenido, origen o fiabilidad".

Un frente en el que incidió también a lo largo de la sesión la representación del excomisario jubilado, que a diferencia del resto de acusados ha seguido el juicio desde el estrado, tomando notas sin parar en un pequeño cuaderno. Durante su intervención, ha deslizado que las grabaciones originales no se han encontrado en los registros. "Lo que se halla en la casa de Villarejo son copias. Nadie ha podido determinar si están manipuladas", ha lanzado. De hecho, ha explicado que las entradas se produjeron en busca de "otros encargos relativos a contrataciones privadas" y que, por tanto, cuando la Policía se encontró con los audios sobre esta supuesta operación parapolicial debió haber vuelto a pedir permiso para indagar en esos dispositivos digitales.

El primero en empezar a construir una defensa que luego irían reforzando el resto de abogados ha sido el letrado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En este caso, buena parte de su intervención ha girado alrededor de la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de estos hechos. Así, resaltó la falta de conexión entre el caso Villarejo –conocido oficialmente como Tándem– y la "mal denominada" pieza separada Kitchen –de hecho, buena parte de abogados han evitado calificarla como tal–. En este sentido, explicó que mientras la macrocausa versa sobre los servicios que el comisario jubilado ofrecía a clientes privados a cambio de una contraprestación económica mediando contrato o encargo, en este caso no se puede hablar ni de "proyecto", ni de "encargo", ni de "contrato", ni de "pago de precio".

"No se tratan de hechos conexos, [la localización de los audios] debió tener la consideración de hallazgo casual. Se debió deducir testimonio para incoar procedimiento ante la jurisdicción ordinaria", ha señalado el letrado Jesús Mandri. Algo en lo que han insistido también las defensas del resto de acusados. "Enjuiciando estos hechos simplemente porque está aquí el señor Villarejo adquiriría una cualidad casi de tribunal de excepción", ha apuntado el letrado del excomisario y exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el cual ha aprovechado también su intervención para solicitar la nulidad de una serie de correos aportados a la causa y adelantar que se opondrán a que se use en el juicio la declaración del excomisario Enrique García Castaño, al que problemas de salud le han librado del banquillo.

Las defensas también han aprovechado esta primera jornada del juicio para denunciar falta de concreción o exceso en las acusaciones. "Mi cliente no fue citado ni interrogado por esos hechos", se ha escuchado en más de una ocasión. Y también para denunciar la extensión del secreto de la causa. "Se ha producido un abuso manifiesto y evidente", ha aseverado el letrado del exministro, sentado en primera fila y a solo una silla de distancia de quien fuera su número dos. Por eso, han solicitado que se anulen todas las diligencias practicadas durante ese periodo. Y, siguiendo la doctrina del fruto del árbol envenenado, todas aquellas posteriores. Es decir, que se vacíe la causa de contenido.

"Y muy en concreto la expulsión de las actas notariales que producen la imputación de Fernández Díaz", ha dejado caer Mandri. Se refiere a los mensajes protocolizados ante notario por su ex secretario de Estado que le implican en Kitchen. "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B. a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica… Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación…: es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q esa fuera la intención. Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo".

En cada una de las intervenciones, abogados y abogadas han ido añadiendo elementos relativos a sus propios defendidos. La del exchófer, por ejemplo, habló de delito inducido, poniendo por un instante el foco sobre el resto de acusados: "Ríos es el único que en aquel momento no era policía, con lo cual difícilmente podría saber lo que era y no delito, sobre todo cuando quien se dirige a él son mandos policiales". Y la de Bárcenas trató de normalizar la operación alrededor del extesorero del PP: "Era una investigación policial legal sobre el patrimonio de una persona que estaba siendo investigada por delitos económicos".

Las defensas han tenido, por tanto, un papel principal en esta primera jornada del juicio. Fundamentalmente porque las acusaciones apenas han intervenido en esta fase de cuestiones previas. Solo ha tomado la palabra la abogada del PSOE, Gloria de Pascual. Y lo ha hecho para pedir que se ahonde en la "conexión política" de la Kitchen. Es decir, para que se busque la X más allá de Fernández Díaz. "Tiene que haber otras personas sentadas en el banquillo", ha resaltado la letrada, quien ha solicitado que se declare una nulidad parcial del fin de las pesquisas y que se reabran para seguir investigando con el foco puesto, principalmente, en la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La también exministra de Defensa llegó a estar investigada, junto a su marido, en la causa. Pero el instructor de la misma, Manuel García-Castellón, terminó archivando en julio de 2021 las actuaciones contra ellos. Para el magistrado, achacarles una participación intelectual en la trama era "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno". "El hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna", apuntaba, al tiempo que desdeñaba los audios publicados por el portal moncloa.com sobre un encuentro entre ambos en el despacho de la primera en Génova.

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Para entonces, esos audios llevaban ya tres meses en el juzgado, adonde fueron remitidos vía oficio en junio de 2022 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En febrero de 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del instructor de no reabrir el caso. Y nadie se acordó de esos audios hasta el 27 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad de Asuntos Internos remitió un nuevo informe a García-Castellón en el que aludía a la "posible vinculación" de dichas grabaciones con la Kitchen, un documento que, sin embargo, quedó guardado en un cajón. En todas estas grabaciones se apoya la acusación popular para realizar su petición, que acompaña una segunda solicitud: que el PP sea declarado responsable civil a título lucrativo al ser el "principal beneficiado" de la Kitchen. Ahora, la decisión está en manos del tribunal.

Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.

Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.

Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.

También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.

La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.

Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.

El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.

Durante esta primera jornada han pedido también nulidades los letrados del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría cobrado por el espionaje 54.000 euros, o del exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas.

Al letrado Javier Ignacio Navarro, que representa al chófer, quien también logró una plaza en la Policía, le ha reprendido la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por sostener que a su defendido "le coaccionaron" los fiscales del caso y le amenazaron con pena de prisión.

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas. 

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

Martes, 9 de abril de 2024. El colectivo ultra Manos Limpias interpone en los juzgados de la capital una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hace tras una semana de informaciones sobre las actividades privadas de Begoña Gómez. Un conjunto de noticias que Miguel Bernard, viejo militante de Fuerza Nueva, usa como base. En circunstancias normales, aquel escrito hubiera acabado en un cajón. Al fin y al cabo, el Tribunal Supremo tiene dicho que los recortes de prensa no son suficientes para abrir una investigación. Pero la denuncia, en este caso, es acogida por el juez Juan Carlos Peinado, quien dos años después busca a toda costa poner esta causa plagada de correcciones y anulaciones sobre la mesa de un jurado popular.

El caso ha generado en todo momento un enorme interés político –prueba de ello es la gran cantidad de colectivos y partidos que ejercen la acción popular– y ha marcado, desde que nació, la agenda mediática nacional. Y el modo de proceder del titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid no ha ayudado a alejar la investigación de la batalla partidista. Peinado, por ejemplo, ha metido la causa en periodos elctorales. O ha usado sus escritos para responder abiertamente a las críticas políticas y mediáticas recibidas. Una guerra a cara de perro con el Gobierno de la que el instructor ha salido, por el momento, indemne, esquivando todas las querellas interpuestas contra él por prevaricación.

La Fiscalía ha repetido una y otra vez a lo largo de estos dos años que no había caso y que lo que se estaba haciendo era una "investigación prospectiva". "No hay elemento objetivo ninguno en las actuaciones que conduzca de forma indiciaria a la afirmación de que la investigada en cuestión se ofreciera a ejercer su influencia y desplegar eficazmente su ascendencia sobre terceros", apuntaba José Manuel San Baldomero, fiscal del caso, en un escrito del pasado mes de octubre. Pero la Audiencia de Madrid dejó desde el primer momento un amplio margen a Peinado para llevar a cabo una instrucción flexible y cambiante que no quedase anclada a los hechos inicialmente denunciados.

Esta carta blanca ha permitido que la causa empezase centrándose en un puñado de contratos adjudicados por la entidad estatal Red.es a Innova Next, firma del empresario Juan Carlos Barrabés, y se extendiese a la actividad privada de la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense, a un software puesto en marcha por la cátedra que codirigía, a un pliego de condiciones que firmó en una adjudicación o a las labores desarrolladas por su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Incluso, Peiando ha intentado meter en la misma el rescate de Air Europa en base a la relación de Gómez con empresarios vinculados a la aerolínea, pero sus superiores se negaron –entendían que eran simples "conjeturas"–.

Han sido dos años de insólita instrucción. Veinticuatro meses en los que el juez ha caminado en no pocas ocasiones sobre el alambre. En algunos casos, haciendo caso omiso a las líneas rojas fijadas por la Audiencia de Madrid, que hasta en cuatro ocasiones le ha tenido que decir que deje fuera del procedimiento el tema de la aerolínea. En otros, adoptando decisiones sin una motivación sólida. "La ausencia de exposición y motivación ha generado confusión y, en ciertos momentos y supuestos indefensión", recogía el Ministerio Público en un escrito reciente. En él, se quejaba de "imputaciones sin motivar con defensas imposibles", cambios de estatus de testigos sin demasiada justificación o resoluciones "restrictivas de derechos fundamentales".

Unos excesos que han derivado en más de una decena de varapalos de la Audiencia de Madrid. El órgano superior, por ejemplo, anuló los registros de las oficinas y el domicilio de Barrabés porque no veían justificada la urgencia alegada por Peinado para llevar a cabo las entradas mientras el investigado estaba en el hospital. "No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad", le llegaron a reprochar. O ha tumbado las imputaciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín; del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; o del exconsejero madrileño y alto cargo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. Los dos últimos, al igual que Álvarez o Barrabés, fueron citados como investigados una vez que se les había escuchado como testigos, condición que lleva aparejada la obligación de decir la verdad.

El levantamiento de imputaciones se produjo al entender los magistrados que las mismas carecían de fundamento. En el caso de Güemes, quedó confirmado que el instructor había retorcido su testifical para dirigir el procedimiento contra él en base a una supuesta contradicción con la que fuera directora de recursos humanos del centro que, realmente, nunca existió. La responsable solo dijo que cuando se contrató a Gómez en el Instituto de Empresa se firmó una cláusula especial de conflicto de interés porque era la mujer del presidente del Gobierno. Lo que realmente no chocaba con la afirmación de Güemes en sede judicial, que negó que se la fichara por ser la esposa del líder del Ejecutivo.

Algo similar ocurrió tras la tensa declaración como testigo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En junio, el instructor elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo –que la acabaría rechazando– en la que pedía que se investigara a Bolaños en relación con la actividad de la asistenta de Gómez en Moncloa. Por malversación y por falso testimonio. Sobre esto último, alegaba que el ministro había señalado al responsable de coordinación de personal de Moncloa como "la persona que había realizado el nombramiento" de Álvarez, algo que este último había negado. Sin embargo, lo único que dijo Bolaños era que esa persona era el jefe directo de la asistenta, no que la hubiese nombrado.

Uno de los últimos varapalos llegó el pasado mes de enero, cuando la Audiencia de Madrid anuló la decisión del instructor de transformar la causa en un proceso con jurado popular. Los magistrados le reprochaban "falta de fundamentación", que hubiera dado el paso sin realizar un "mínimo esfuerzo argumentativo". Ahora, a fin de corregir ese defecto, Peinado ha emitido un extenso auto acumulando todas las derivadas de la causa y exponiendo todos los indicios recabados a lo largo de estos dos años. Una resolución, recurrida de nuevo por las defensas, en la que el juez realiza un extenso relato de hechos en el que, sin embargo, evita mencionar algunos contraindicios con los que se ha ido encontrando.

Así, hace alusión a los contratos adjudicados a Innova Next o a las cartas de apoyo de Gómez con las que concurrió la compañía pero sin mencionar que otras muchas empresas o instituciones habían emitido escritos similares. O habla de la supuesta apropiación indebida del software de la Complutense, pero omitiendo que si la investigada registró a su nombre un dominio web relacionado con la herramienta fue porque así se lo indicó el centro. El objetivo, dejar listo para juicio el que ha sido su caso estrella antes de su jubilación el próximo mes de septiembre. De lo que tarde la Audiencia de Madrid en resolver los nuevos recursos contra este último auto dependerá si lo logra o si se marcha dejando el caso inacabado y en manos de un sustituto.

Un retiro inminente que complica, eso sí, cualquier sanción disciplinaria. A finales de marzo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó archivar cuatro diligencias informativas abiertas contra Peinado por varias denuncias particulares. Ahora bien, ordenó continuar investigando la queja del ministro Bolaños por el interrogatorio al que le sometió el instructor, a fin de decidir si finalmente se abre o no un expediente disciplinario. Un asunto que, en caso de no cerrarse antes del verano, quedaría archivado automáticamente tras la jubilación del juez.

Tres magistrados –todos ellos hombres– de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzarán la edad de jubilación en lo que queda del año. Sus vacantes se sumarán a la ya convocada por el Consejo General del Poder Judicial para juristas de reconocido prestigio en la que conservadores y progresistas, hasta el momento, no han logrado ponerse de acuerdo. A esas cuatro plazas se sumará una más prevista para esa Sala en el decreto que prepara el Gobierno para la disposición de 500 nuevas unidades judiciales este mismo año. En total son cinco plazas libres de las que, al menos cuatro, deberán ser ocupadas por mujeres en cumplimiento de la ley de paridad que obliga a respetar la representación equitativa del 60%-40% entre miembros de ambos sexos.

La Sala de lo Penal es, actualmente, una de las más marcadas por la ausencia de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Supremo. Las magistradas del tribunal que se ocupa de los políticos y demás aforados y que tiene la última palabra sobre todas las causas criminales que se instruyen y juzgan en España son solo tres: las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, y la conservadora Carmen Lamela. De sus 12 compañeros, tres –Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo– se jubilarán en los próximos junio y septiembre al alcanzar la edad máxima de jubilación, 72 años. La comisión de igualdad del Consejo aprobó a finales de 2024 que, tras la entrada en vigor de la ley de paridad, esta debía cumplirse entre los componentes de cada una de las cinco salas del Alto Tribunal.

Al permanecer aún estos tres últimos en sus puestos, el Consejo solo ha convocado –lo hizo el pasado 23 de julio– la plaza que dejó vacante Miguel Colmenero, retirado en 2024, correspondiente a juristas de reconocido prestigio. La comisión de calificación del órgano de gobierno de los jueces, la que se encarga de preseleccionar a los candidatos para que decida el Pleno, ya ha entrevistado a los 14 aspirantes de los que ha elegido a 12 catedráticos y profesores universitarios, entre los que los 20 vocales y la presidenta del CGPJ tendrán que extraer al nuevo magistrado por una mayoría de tres quintos (13 votos). La falta de acuerdo ha llevado a conservadores y progresistas a posponer el nombramiento a septiembre, cuando haya cuatro vacantes gracias a las jubilaciones y el margen para negociar entre ambos sectores sea más amplio.

Sea como sea, si el Consejo decide seguir el criterio paritario establecido por su propia comisión de igualdad, las cuatro plazas deberán ser ocupadas por mujeres, lo que en principio descartaría a todos los candidatos hombres de la única convocatoria que ya está en trámite. Los consejeros del Poder Judicial y su presidenta tendrían que elegir para el puesto a una de las cinco catedráticas que se han postulado: Silvina Bacigalupo (Universidad Autónoma de Madrid), María del Mar Carrasco y Carmen Juanetey (ambas de la Universidad de Alicante), Alicia Gil (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y María Paz Lloria (Universitat de València). La plaza está reservada para abogados, fiscales, académicos y en general juristas de prestigio con más de 15 años de experiencia en Derecho Penal.

Fuentes del CGPJ aseguran, sin embargo, que el sector de vocales a propuesta del PP solo ha apoyado hasta el momento a aspirantes de sexo masculino en el proceso. La misma situación se dio ante el nombramiento de las dos presidencias clave del Supremo el pasado verano. El Consejo se bloqueó en la designación ante el empeño de los conservadores de promocionar a dos hombres para dirigir la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, plazas que, según la ley de paridad, debieron corresponder a magistradas. El nombramiento de los dos candidatos apoyados por la derecha –Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas– solo se produjo cuando las dos candidatas preseleccionadas –Ana Ferrer y Pilar Teso– decidieron retirar sus candidaturas para romper el bloqueo.

Las convocatorias de las otras tres plazas que se liberarán este año –las de Palomo, Hurtado y Berdugo– todavía no se han aprobado. A ellas se sumará, previsiblemente, la prevista en el proyecto de real decreto que prepara el departamento de Félix Bolaños para crear 500 nuevas unidades judiciales, una de las cuales irá a la Sala Segunda del Alto Tribunal. De esas cuatro nuevas vacantes, tres deberían ser cubiertas con mujeres. Con la nueva plaza que prepara el Gobierno, la plantilla de la Sala será de 17 personas. El mínimo legal del 40% para cualquiera de los dos sexos se establece, por tanto, en siete miembros. Quedan, por tanto, cuatro juezas por designar que se sumen a las tres actuales. Para ello es necesario –eso sí– que se presenten candidatas a los puestos.

Tras la aprobación por la comisión de igualdad del Consejo del criterio para aplicar la ley de paridad a los nombramientos discrecionales –que se cumpla entre las presidencias de las distintas salas de cada tribunal y en el seno de cada una de ellas– la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, encargó un informe al respecto a los servicios técnicos de la institución, que afirmaron que la paridad debía respetarse en la totalidad de nombramientos hechos durante los cinco años de mandato de los vocales. El sector progresista rechaza esta interpretación y varios de sus miembros advierten de que, de no respetarse la ley, las designaciones podrían ser posteriormente anuladas por la Sala de lo Contencioso del Supremo, la que resuelve los recursos contra las decisiones del CGPJ.

El Domingo de Resurrección no será la última estación del viacrucis. Este año, se convertirá en la primera. Al menos, para PP y PSOE. Ambas formaciones se enfrentarán tras el parón de la Semana Santa a dos de los casos de corrupción política que más les han impactado. Por un lado, el caso Mascarillas. Por otro, la operación Kitchen. Juicios que sentarán en el banquillo de los acusados a exministros conservadores y socialistas. Y que discurrirán en paralelo durante todo el mes de abril. Uno, en el Tribunal Supremo. Otro, en la Audiencia Nacional.

La primera causa se centra en los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, adjudicaron en lo peor de la pandemia a Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario Víctor de Aldama. Es el punto de partida de una trama corrupta que podría haberse extendido también a la adjudicación de obra pública –extremo que aún está siendo investigado–. Y el origen de todos los quebraderos de cabeza del PSOE y, por extensión, del Gobierno. Al fin y al cabo, el caso ya ha salpicado a los dos últimos secretarios de Organización socialistas: Ábalos y Santos Cerdán.

El instructor da por acreditado que Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración. Como pago, la Fiscalía Anticorrupción recoge entregas periódicas de dinero en efectivo al asesor, la compra de un chalet para "uso y disfrute" del exministro o el abono de la renta de un piso que disfrutaba una expareja de Ábalos, que también habría sido contratada, al igual que otra mujer de su "círculo personal", en una empresa pública.

Un centenar de personas se sentarán frente al tribunal durante trece largas sesiones. Juicio al que los tres acusados llegan en posiciones muy distintas. Ábalos y Koldo están en prisión. Aldama, en libertad. Para los primeros, Anticorrupción pide 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, por organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, frente a los siete años que solicita para el empresario. Una diferencia de trato que responde, fundamentalmente, a la colaboración de Aldama durante la instrucción, que básicamente ha consistido en reconocer hechos y en confirmar y contextualizar los que ya tenían los investigadores.

La vista oral del caso Mascarillas sería, sin duda, una buena baza en la batalla política para el principal partido de la oposición, quien ejerce, al igual que Vox, la acusación popular. Si no fuera porque la misma se solapará durante todo el mes de abril con otra que afecta de lleno al PP: Kitchen. Este juicio, que se centra en la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para la formación conservadora que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas en plena investigación de Gürtel, arrancará un día antes que el de Ábalos en la Audiencia Nacional. Y en él estarán presentes como acusación popular tanto PSOE como Podemos.

Once personas ocuparán, en este caso, el banquillo de los acusados. Entre ellas, las que conformaron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy la cúpula del Ministerio del Interior: el exministro Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Y un nutrido grupo de comisarios e inspectores estrechamente vinculados con las cloacas –José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, Sergio Ríos, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Diez Sevillano y José Luis Olivera–. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fernández Díaz, Martínez y Pino 15 años de prisión.

El escrito de acusación describe el funcionamiento de la trama desde la primera mitad de 2013. Fue entonces cuando "desde la cúpula" de un Ministerio del Interior se "ideó" una "ilícita operación policial de inteligencia" dirigida a obtener "tanto información como pruebas materiales" en poder de Bárcenes que pudieran resultar "incriminatorias" para el PP, todo a fin de evitar que las mismas fueran aportadas formalmente al procedimiento judicial que se seguía en la Audiencia Nacional.

Para llevar a cabo dicha operación parapolicial, se contactó con Ríos, quien como chófer de Bárcenas tenía un "gran conocimiento" de los "movimientos y actividades" de la familia y "hacía gestiones privadas propias" para la misma. Al mismo tiempo, desde el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, que lideraba Pino, se acordó "llevar a cabo estrictas vigilancias" sobre el extesorero y su esposa. En dichas vigilancias, recoge Anticorrupción, llegaron a participar ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes del cuerpo. Unas labores que se financiaron con cargo a los fondos reservados de Interior. Así, Anticorrupción calcula que se sacaron de la caja de fondos reservados al menos 57.939,43 euros para recompensar a Ríos.

En ambos juicios prestarán declaración como testigos miembros y exmiembros del Gobierno. En el caso Mascarillas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quienes en el pasado estuvieron al frente de los Ejecutivos balear y canario –dos territorios en los que penetró la trama– testificarán por escrito. Y en Kitchen, declararán el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido o la extitular de Defensa María Dolores de Cospedal. Todos ellos, el 23 de abril.

La ex secretaria general del PP llegó a estar investigada, junto a su marido, en la causa. Pero el instructor de la misma, Manuel García Castellón, terminó archivando en julio de 2021 las actuaciones contra ellos. Para el magistrado, achacarles una participación intelectual en la trama era "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamente en indicio alguno". "El hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna", apuntaba, al tiempo que desdeñaba los audios publicados por moncloa.com sobre un encuentro entre ambos en el despacho de la primera en Génova.

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Para entonces, esos audios llevaban ya tres meses en el juzgado, adonde fueron remitidos vía oficio en junio de 2022 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En febrero de 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del instructor de no reabrir el caso. Y nadie se acordó de esos audios hasta el 27 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad de Asuntos Internos remitió un nuevo informe a García-Castellón en el que aludía a la "posible vinculación" de dichas grabaciones con la Kitchen, un documento que, sin embargo, quedó guardado en un cajón. De la existencia del mismo, que no ha sido suficiente para reabrir la investigación, se enteró de casualidad la acusación popular del PSOE, que denunció que el mismo no había sido puesto a disposición de las partes. Tanto el oficio de junio de 2022 como el informe de octubre de 2023 formarán parte del juicio en la Audiencia Nacional.

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.