Se puede ser a la vez un inútil y un tonto útil, pero ¿se puede ser a la vez patriota y estar del lado de quienes atacan a tu país? ¿Se puede tener principios cuando se está dispuesto a lo que sea para conseguir lo que quieres? ¿Se puede combatir a los enemigos a base de palmadas en la espalda? ¿Se puede decir que España está siendo invadida? Sí, pero sólo en caso de que te refieras a la plaga de la ultraderecha, que se está comiendo el mundo como la cochinilla algodonosa se come las hojas de los limoneros, con la complicidad de la difunta derecha moderada, que en paz descanse, y los votos de quienes no ven que lo que viene no es el paraíso, son los parásitos.

Lo que ha ocurrido en Ceuta parece lo que es: un ataque orquestado, no un problema de inmigración ilegal. Los ataques orquestados necesitan un compositor y aquí se mezcla, como en las verbenas, la música que viene de Washington, Rabat y Tel Aviv. Las imágenes de camiones llenos de jóvenes que se bajan y corren hacia la frontera bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que vigilan que todo siga el plan previsto, han dado la vuelta al mundo, pero el candidato Feijóo y su futuro vicepresidente Abascal, si es que llega a La Moncloa, en lugar de sacarle la Tizona a Mohamed VI, la juntan con la bandera y las usan los dos de muletilla contra el Gobierno. ¿Prioridad Nacional? Manda Vox, la cosa.

Mientras nuestro Cid Campeador de salón, Santiago y cierra la democracia, se hacía unas fotos navegando a Ceuta con cara de estadista preocupado y luego, por lo que sea, se escondía en un hotel, por miedo a pisar la calle y que la calle fuese en dirección contraria, la gente se ahogaba, niños enviados a la muerte por el actual rey de Marruecos, que domina el arte del chantaje recurrente porque de casta le viene al galgo, y porque de la extorsión siempre se saca tajada cuando estás bajo el paraguas de la Casa Blanca. Su nuevo desafío tiene al fondo, igual que siempre, la reivindicación de Ceuta y Melilla; así que el PP actual y su socio se pueden vestir de soldados de Flandes e ir por ahí con pinta de cuñado en una despedida de soltero, pero lo que están haciendo uno y otro es colaborar con quien amenaza esa integridad territorial de la que tanto hablan en sus discursos.

De la incongruencia a la indecencia hay unas letras de nada. Será que hay a quienes les resulta imposible meter en el mismo saco sus ideas —si es que decir a todo que no es alguna clase de idea— y sus intereses. Se llama cinismo y está haciéndose con el control de este desdichado planeta.

El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 57, han informado a EFE fuentes policiales.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de los miles de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.

No se descarta que la cifra continúe aumentando conforme pasan las horas debido a la gran cantidad de personas que intentaron entrar a Ceuta.

Con estos fallecidos se eleva a 89 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en la ciudad autónoma.

La cantidad de fallecidos en total supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos.

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta, con unas 50.000 personas que han accedido a la ciudad autónoma en dos días, de los que ya han retornado más de 48.300, ha dejado cifras de entradas irregulares superiores a las registradas en todo el año pasado en el conjunto de España, cuando se contabilizaron 36.775.

Unas 49.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad.

Esa es la estimación que se ha hecho de forma provisional, ya que fuentes del Gobierno han señalado a EFE que, por el momento, no hay cifra oficial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a ella a nado o por el espigón que le separa de Marruecos.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras dos personas, elevando a nueve el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta y lo harán en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias.

Así lo han informado este jueves fuentes de los ministerios de Defensa y de Interior, que añaden que los efectivos movilizados del Ejército estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil.

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil e Independientes de la Guardia Civil (IGC) habían exigido al Gobierno que tome medidas ante la situación "insostenible" en la que se encuentra la ciudad autónoma de Ceuta.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza se ha sumado ya un pelotón adicional de 29 agentes y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos.

Mientras, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Además, se enviarán dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de esa misma comunidad.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos medias y 4 tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio.

En los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones. Por su parte, el Servicio Aéreo del instituto armado se reforzará con un helicóptero.

En cuanto la Policía Nacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo compuesto por 6 personas para apoyar las labores de reseña y documentación.

En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.

Pero a ellos se han sumado este jueves tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añadirán en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos entre UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

La entrada irregular de personas por la zona de la aduana del Tarajal en Ceuta se ha reactivado a primeras horas de esta tarde y nuevamente son miles de ciudadanos procedentes de Marruecos los que están entrando en la ciudad autónoma, después de bordear el espigón marroquí.

Según han informado a EFE fuentes policiales y ha podido comprobar esta agencia, después de la intensidad de las entradas alrededor de las 12:30 horas, parecía que la situación se había reducido en cuanto a accesos ilegales en las siguientes horas. Sin embargo, a partir de las 15:30 horas nuevamente miles de personas están accediendo ilegalmente a la ciudad.

Los agentes de la Guardia Civil han cortado los accesos a la frontera y están redirigiendo a los marroquíes hacia un lado de la carretera con la intención de no obstaculizar el tránsito de personas y vehículos que pretenden cruzar la aduana.

Esta entrada masiva de miles de personas ha provocado que la actividad comercial en Ceuta se haya visto afectada esta tarde con el cierre de bares, restaurantes y comercios.

Según ha podido comprobar EFE y han explicado fuentes del sector empresarial, los comercios del centro, así como los supermercados, quioscos e incluso los bares han optado por mantener la persiana bajada debido a la gran cantidad de migrantes que están por las calles de la localidad.

Más de mil personas se encuentran en estos momentos en los aledaños del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para poder acceder a sus instalaciones, que están saturadas, ya que están habilitadas para 512 plazas y en su interior acogen este jueves a unas 800 personas.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la continua entrada de personas por el espigón fronterizo sur del Tarajal ha motivado que la situación de acceso al CETI se haya visto complicada en las últimas horas: antes de la entrada masiva había en su exterior unas 400 personas y este jueves ya había acumuladas fuera más de un millar.

Las fuentes han asegurado que muchas de las personas que han entrado en Ceuta no han acudido al CETI, sino que una gran cantidad de ellos están deambulando por distintas calles de la ciudad, mientras que otro grupo también se ha desplazado a hogares de familiares que tienen en Ceuta.

Por este motivo, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen un control en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde se ha tenido que establecer un dispositivo especial para regular el tráfico, teniendo en cuenta que este fin de semana coincide con la Operación Paso del Estrecho (OPE), en la que participan miles de ciudadanos magrebíes.

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

Las mismas fuentes han precisado que el cierre del dique por las noches lleva produciéndose desde hace “bastante tiempo”, pero durante el día se reabre y solo se vuelve a cerrar en los casos que sea necesario “por algún tema puntual de seguridad”.

Según ha podido observar EFE, la Guardia Civil mantiene este jueves cerrado el paso al dique fronterizo con varias patrullas terrestres a lo largo de sus cerca de 600 metros de longitud, aunque la situación es, aparentemente, tranquila.

En la zona marroquí también hay presencia de agentes del país vecino, además de una embarcación de la Marina Real marroquí y, tal y como ha podido comprobar EFE, había un grupo muy reducido de migrantes en la zona intentando aprovechar un descuido de las fuerzas de seguridad para intentar acceder de forma irregular a Melilla.

“La situación en Melilla está siendo completamente distinta que la de Ceuta”, han precisado las fuentes al señalar que la longitud que separa Melilla de Marruecos es mucho mayor que en Ceuta, lo que dificulta los accesos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE que en Melilla se ha registrado “un repunte” de los intentos de entrada y de la presión migratoria, pero han aclarado que “pasa todos los veranos”.

Sobre si se han adoptado medidas en la frontera con Marruecos a raíz de lo sucedido en Ceuta, la Delegación del Gobierno en Melilla ha señalado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “están abordando este tema desde el primer minuto y viendo todos los escenarios, pero más por un tema preventivo” al ser una situación “completamente distinta” a la que se está dando en Ceuta.

En cuanto a la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, no existe saturación como sí ocurre en Ceuta y, de hecho, hace pocos días estaba “por la mitad” de su capacidad máxima, que ronda el millar de plazas.

Marruecos rompió este jueves el silencio oficial sobre la crisis migratoria en la frontera con Ceuta para confirmar que, tal como ha anunciado el Gobierno de España, ambos países han alcanzado un acuerdo para repatriar a la mayor brevedad a las personas que han entrado ilegalmente en el enclave español.

"Ambos países acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la repatriación, a la mayor brevedad posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta", dijeron a EFE fuentes oficiales marroquíes.

La breve declaración llegó después de que el Ministerio español del Interior anunciara un acuerdo para reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y el compromiso para revisar y aplicar medidas para la entrega de las personas que entraron de manera irregular en esa ciudad española.

El Ministerio español destacó en un comunicado la "ejemplar colaboración" entre España y Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, en una crisis provocada por la entrada en Ceuta de entre 1.500 y 2.000 inmigrantes que nadaban desde Marruecos, según datos de las autoridades ceutíes.

Miles de personas han intentado este jueves acceder a Ceuta por tierra y a nado, en una crisis migratoria sin precedentes en los últimos cinco años que ha sembrado el caos en la frontera y ha colapsado los servicios de acogida de Ceuta.

La nueva crisis comenzó con un goteo de jóvenes que intentaron llegar a Ceuta a nado desde principios de semana sin que las fuerzas de seguridad marroquíes lo impidieran.

En las últimas horas, sin embargo, varios miles de personas —en su mayoría jóvenes— han colapsado la ciudad fronteriza de Fnideq (antigua Castillejos). Marruecos no ha ofrecido cifras oficiales sobre el número de detenidos, rescatados o ahogados en el mar durante esta crisis.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta, ciudad que pidió al Gobierno español que cierre la frontera con Marruecos de manera "urgente e inaplazable". Grande-Marlaska ha estado al habla de forma permanente con su colega marroquí, Abdelouafi Laftit, según el Ministerio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves, ante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta, que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y prepara todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

Sánchez ha expresado la determinación del Gobierno de solucionar la situación en un mensaje en la red social X en el que informa de que así se lo ha transmitido al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conversación telefónica que ha mantenido con él.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", señala el jefe del Ejecutivo.

Para Sánchez, es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este jueves al Gobierno a activar el artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional para declarar la emergencia y desplegar al Ejército ante la situación que se está viviendo en Ceuta y que considera "una crisis de seguridad nacional".

Feijóo, ante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma, ha hecho esta petición en un vídeo grabado que ha publicado en la red social X y en el que recalca que el Ejecutivo "no puede mirar para otro lado" ante lo que son sus obligaciones.

Para el presidente del Partido Popular, Ceuta está viviendo una situación crítica y el Gobierno se niega a reconocer que se está ante un grave problema de seguridad nacional.

"Es una avalancha sin precedentes, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas", subraya Feijóo, quien advierte de que el Gobierno no puede mirar para otro lado y tiene que reconocer la emergencia.

A su juicio, la situación es insostenible y hay que actuar ya, por lo que ha pedido activar inmediatamente el artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional, que supone esa declaración de la emergencia, cerrar las fronteras y movilizar al Ejército en la zona.

A ello ha sumado que el Gobierno lleve a cabo acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Eso es lo que ha explicado que ha pedido la Asamblea de Ceuta por unanimidad.

"No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea, y por ello tenemos que recuperar el control ya", ha añadido.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), se ha solidarizado con Ceuta por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, lo que ha calificado como “una catástrofe permitida por la inacción del Gobierno nacional”.

Imbroda, en su perfil de la red social X, ha expresado su solidaridad y apoyo hacia Ceuta y ha reclamado una “urgente modificación” de la ley de extranjería para dar amparo legal a los rechazos en frontera en el mar, al igual que sucede en las fronteras terrestres de Melilla y Ceuta desde el anterior cambio impulsado por el Gobierno en 2015.

Además, Imbroda ha considerado “urgente” que España reclame a Marruecos “que impida esas avalanchas” de personas porque eso supone “violentar la soberanía de España”.

Poco antes, en declaraciones a los periodistas, Imbroda ha ahondado en la advertencia que ya lanzó este miércoles sobre un incremento de la presión migratoria en Melilla a raíz del fallo del Supremo, con un 80% más de entradas de menores extranjeros no acompañados en el último mes.

Imbroda ha insistido en que los centros de protección de Melilla acogen actualmente a más de 180 menores migrantes, a pesar de que el Gobierno cifró en 84 el límite máximo que debía tutelar en virtud de la declaración de contingencia migratoria.

“Realmente es alarmante, se ha incrementado muchísimo, sobre todo desde julio”, ha dicho el presidente melillense, que ha instado al Gobierno y a su delegada en Melilla, Sabrina Moh, a que “se pongan las pilas” porque “tienen la responsabilidad” en materia de inmigración.

Otra noche de "gran presión" migratoria, como ha calificado la Guardia Civil, ha vuelto a dejar la entrada ilegal en Ceuta de decenas de migrantes marroquíes y argelinos, principalmente jóvenes y la aparición de un nuevo cadáver que ha sido recogido del mar cerca de la costa ceutí.

La Guardia Civil ha informado de que, a primeras horas de esta mañana, ha sido localizado un nuevo cadáver de un joven migrante, que ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.

Según han informado a EFE fuentes policiales, nuevamente decenas de migrantes -en un número incalculable que supera los 200- se han lanzado al mar esta madrugada desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí.

La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada, provocando que decenas de migrantes hayan podido llegar a la costa ceutí, entre ellos dos jóvenes mujeres, según ha podido comprobar EFE.

Los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa. Todos los marroquíes se han dirigido hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el cual se encuentra totalmente saturado.

Los migrantes son jóvenes de entre 16 y 30 años, según las fuentes, y todos ellos realizan la travesía en pequeños grupos.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado este jueves la "emergencia nacional" y un "mando único" al Estado ante la crisis migratoria que se está produciendo en los últimos días en la ciudad, una situación de "absoluta emergencia humanitaria y social".

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda de una actuación consecuente a través de un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha declarado el presidente ceutí a varias emisoras de radio.

Vivas ha recalcado que han llegado a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

"Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2 % de toda la población de Ceuta. Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España en los últimos 10 días", ha explicado en la Cadena Ser.

El presidente ceutí ha señalado que "la sobreocupación del área de menores es de un 2.400 %" y el número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al número de migrantes que hay dentro.

"En el intento de llegar a Ceuta han aparecido en el mar 60 cadáveres en el último mes. Por otra parte, esta crisis está teniendo un impacto en la población que, de manera justificada, tiene sensación de vulnerabilidad y de inseguridad", ha indicado.

Por todo ello, Juan Jesús Vivas ha solicitado "el apoyo financiero del Estado, intensificar la colaboración con Marruecos y reforzar a los cuerpos de seguridad en efectivos y en medios".

"Lo que estamos viviendo es una situación de emergencia nacional. La frontera es de España y también de Europa, por lo que hay que abordarlo como una emergencia nacional a través de una acción decidida, contundente, inmediata y coordinada con un mano único", ha señalado Vivas en Onda Cero.

En declaraciones a esa emisora, ha explicado que hay cerca de 1.000 personas fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Donald Trump volvió a utilizar este jueves la autoridad de la Casa Blanca para cuestionar la fiabilidad del sistema electoral estadounidense. En un discurso televisado de 25 minutos, el presidente denunció una supuesta interferencia china, alertó sobre las máquinas de votación y aseguró que cientos de miles de personas sin ciudadanía estadounidense figuran en los registros electorales.

Trump afirmó que su intención no era "debilitar la confianza" en los comicios, sino corregir rápidamente sus vulnerabilidades. Sin embargo, volvió a alimentar las sospechas sobre las elecciones de 2020, cuya derrota frente a Joe Biden continúa calificando de fraudulenta pese a que los tribunales, los recuentos y las auditorías no encontraron irregularidades capaces de cambiar el resultado.

El mandatario sostuvo que China había obtenido ilícitamente los datos de unos 220 millones de electores y que responsables de los servicios de inteligencia ocultaron la magnitud de la operación. La evaluación oficial elaborada en 2021 concluyó, en cambio, que ningún actor extranjero había alterado las inscripciones, las papeletas, el recuento o los resultados.

Trump aseguró que los sistemas electrónicos se encuentran en "mal estado" en numerosos territorios y anunció que el Departamento de Seguridad Nacional ofrecerá una comparecencia sobre las supuestas vulnerabilidades detectadas. También volvió a señalar a los estados demócratas y, especialmente, a California, cuyo recuento electoral describió como peor que el de cualquier país del "tercer mundo".

El presidente vinculó la lentitud del escrutinio californiano con el voto por correo, aunque no presentó pruebas de fraude. Entre el 80% y el 90% de los electores del estado utiliza esa modalidad y las papeletas enviadas dentro de plazo pueden recibirse durante los días posteriores a la votación. California certificó el 10 de julio sus primarias de junio, pero los vencedores de las principales contiendas se conocieron antes.

Trump ya había reforzado este discurso después de regresar a la Casa Blanca. En agosto de 2025 anunció que lideraría un movimiento para "acabar con las papeletas por correo" y con las máquinas de votación, que calificó de "inexactas, caras y controvertidas". También sostuvo que los estados eran meros "agentes" del Gobierno federal y debían cumplir las instrucciones del presidente en el recuento, pese a que la Constitución atribuye a los estados y al Congreso las principales competencias electorales. 

Trump recurrió además a documentos de la CIA sobre Venezuela para defender que las máquinas electorales pueden utilizarse para modificar digitalmente los resultados. El informe recopilaba información entre 2004 y 2020 y concluía que el Gobierno venezolano disponía de cierta capacidad para manipular sus propios sistemas de votación.

El documento, sin embargo, no demuestra que esas técnicas se utilizaran en Estados Unidos ni que Venezuela o la empresa Smartmatic alterasen las presidenciales de 2020. La propia información desclasificada señalaba que manipular los sistemas de tabulación a una escala suficiente para cambiar una elección resultaría difícil.

Trump ya había recuperado esta teoría tras las elecciones de 2024. En noviembre de 2025 difundió en su red social un contenido que atribuía a Venezuela una intervención en las presidenciales de 2020. Además, encargó a uno de sus asesores, el abogado Kurt Olsen, buscar pruebas de que las máquinas de Dominion habían sido infectadas con un código malicioso controlado desde Venezuela.

La Administración también examinó en 2025 máquinas de votación puertorriqueñas ante las sospechas de una posible interferencia venezolana. La investigación no halló pruebas claras de la participación de Caracas, aunque la Oficina de la directora nacional de Inteligencia afirmó haber detectado deficiencias técnicas y de ciberseguridad en los equipos.

El objetivo político más inmediato del discurso fue reclamar al Senado la aprobación de la denominada SAVE America Act. La iniciativa exigiría acreditar documentalmente la ciudadanía para inscribirse, imponer una identificación con fotografía para votar y restringir significativamente el sufragio por correo.

La norma ha superado varias veces la Cámara de Representantes gracias a la mayoría republicana, pero no reúne los 60 votos necesarios para vencer el bloqueo demócrata en el Senado. Sus detractores advierten de que la exigencia documental podría dificultar el voto de ciudadanos que carecen de pasaporte, no tienen acceso inmediato a su certificado de nacimiento o han cambiado legalmente de apellido.

Trump lleva meses presionando para ampliar el control federal sobre las elecciones. En febrero llegó a pedir a los republicanos que "nacionalizaran" y asumieran la gestión de la votación en al menos 15 lugares, una propuesta que recibió críticas también dentro de su partido por invadir las competencias de los estados.

Trump aseguró que una revisión del Departamento de Seguridad Nacional había localizado a unos 278.000 no ciudadanos inscritos para votar en cuatro estados. El presidente no explicó cuántas de esas personas habían depositado efectivamente una papeleta ni detalló el procedimiento empleado para identificar los casos.

El voto de personas sin ciudadanía ya está prohibido en las elecciones federales y los estudios disponibles indican que es excepcional. Además, los sistemas utilizados para revisar los censos han identificado erróneamente en ocasiones como extranjeros a ciudadanos naturalizados. Un análisis de Bipartisan Policy Center situó en apenas el 0,04% los registros considerados de no ciudadanos durante las revisiones estatales.

La asociación entre inmigración y fraude ya ocupó un lugar destacado en la campaña presidencial de 2024. En un mitin celebrado en Mason City, Iowa, poco antes de las primarias republicanas, Trump afirmó sin pruebas que los demócratas estaban facilitando la entrada de migrantes porque querían "inscribir a esta gente para votar". Durante los meses siguientes repitió este argumento y acusó a sus adversarios de permitir la inmigración irregular para ampliar su base electoral. 

El mercado laboral volvió a marcar récord en junio tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

"El récord coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación", ha destacado en declaraciones remitidas a los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En cuanto al paro, el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008, según los datos facilitados este jueves por el Gobierno.

En la comparativa con junio del año pasado, el paro ha descendido en 113.981 personas, mientras que en la afiliación suma 605.244, y deja el total en 22.466.339 ocupados.

"El comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico", incide en una nota el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El empleo extranjero alcanzó así en junio los 3.446.178 afiliados medios, que son 350.163 más que hace un año, y ya representan el 15,3 % del total.

"Ha sido uno de los mejores meses de junio de la serie histórica. Solo son mejores el mismo periodo de 2005 y el de 2021, en plena desescalada de la pandemia", destaca la Seguridad Social.

El comercio, con 39.325 afiliados más, y la hostelería, con 37.696, fueron los principales motores del empleo en junio, mientras que la educación perdió 58.287 empleos.

En cuanto a los autónomos, la afiliación avanzó en 12.017 personas, hasta un nuevo máximo de 3,47 millones.

Por sexo, la afiliación crece en 21.172 entre las mujeres y ya supera los 10,6 millones de ocupadas.

Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.845.862 afiliados, 107.361 más.

Por sectores económicos, el paro registrado bajó en servicios en 28.498 personas; en la industria, en 2.829 personas; en construcción, en 1.326 personas y en agricultura, en 384.

Por el contrario, aumentó en 4.298 personas en el colectivo sin empleo anterior.

El desempleo femenino disminuyó en junio en 15.801 mujeres respecto al mes de mayo, hasta los 1.388.309, mientras que el masculino se situó en 903.673 tras descender en 12.938.

En cuanto a las personas jóvenes menores de 25 años, los registros descienden en 5.155 personas respecto al mes de mayo, hasta los 159.800, la cifra más baja de la serie histórica.

Por comunidades autónomas, las mayores caídas en cifras absolutas se dieron en Andalucía, con 11.597 personas; Galicia, con 3.587; y Castilla y León, con 2.895.

En cuanto a los contratos, en junio se sellaron 1.649.394, de los que 683.861 fueron de carácter indefinido, representando el 41,46 % de todos los contratos.

Por último, las prestaciones por desempleo sumaron 1.934,6 millones de euros en mayo.

Un total de 1.174.978 inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno y más de un 50% de las peticiones (608.000) ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España.

Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitados a EFE, que indican que el 67% de los solicitantes son personas procedentes de América Central y América del Sur.

Colombia es el país de origen con más solicitudes al concentrar el 26% de las mismas, seguido de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%). Las comunidades autónomas donde se ha registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000, seguida de Madrid (202.000), Comunidad Valenciana (167.000) y Andalucía (161.000).

En un mensaje de vídeo remitido a los medios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que la medida extraordinaria va a permitir que "cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".

"Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", ha celebrado la ministra.

El plazo de solicitudes se ha prolongado desde el pasado 16 de abril hasta el pasado martes, 30 de junio, entre demandas de los impulsores de la medida, algunas entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos de ampliar este periodo por considerar que no era suficiente debido a las trabas burocráticas encontradas.

La medida, que aprobó el Gobierno en forma de real decreto, surge de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas pero quedó bloqueada en la Cámara Baja por falta de acuerdo parlamentario.

Podían presentar su solicitud todas las personas migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.

Hace unos días asistí a un acto en el auditorio de Algeciras. La carretera está siempre muy cargada de tráfico desde Málaga. Después del lujo de Marbella, el entorno cambia a uno y otro lado hasta llegar a algo parecido a un enorme y deteriorado polígono en donde hay una sucesión de naves industriales y viviendas que desembocan, por fin, en la ciudad. Como en todas las costas, el aire salino hace su trabajo en las fachadas y en los coches y, junto con el sol, deja mate la pintura y descompone los plásticos.

El auditorio está junto al edificio de Aduanas, no lejos de la estación de autobuses y del mercado de abastos, en los límites del barrio antiguo. Miro a mi alrededor y de repente me veo transportada a mi adolescencia, a un viaje de estudios en 1971. El colegio nos alojó en una pensión barata en una de aquellas calles estrechas. La cama de mi habitación estaba llena de chinches y no me acosté. Esa zona era entonces territorio de estraperlistas. Un amigo algecireño me ha dicho que tiempo después en esas casas vivieron familias gitanas, y que ahora lo hacen inmigrantes.

Han cambiado las personas, los acentos y los nombres.

El barrio sigue allí.

Desde el Parking Hispano, camino hasta el auditorio por la calle Juan de la Cierva, que es una especie de bulevar que lleva al puerto y me siento en la terraza de un restaurante marroquí para hacer tiempo.

Lo que veo me hace reflexionar: hay hombres y mujeres sentados o recostados en los bancos de piedra. Todos están solos. Miran al suelo. Algunos parecen esperar algo. Otros parece que ya no esperan. No sé si han comido ni si tienen una cama donde dormir. Tampoco sé quiénes son ni de dónde vienen. Los miro y me resulta difícil no pensar que todos tuvieron alguna vez un proyecto de vida, una razón para ponerse en camino. Lo que me parecía un bulevar, en realidad es más una playa. O, mejor dicho, una especie de Costa da Morte cubierta de pecios devastados que han perdido el motor y la hélice. Pecios que son personas llegadas de muy lejos a un puerto que no era un destino, sino que era el destino mismo.

Entre 2012 y 2015, cada lunes yo participaba en una reunión en la que alguien exponía el macabro inventario de los ahogados en el mar, los desaparecidos, los refugiados y los retornados. Veía imágenes de satélite en las que aparecían cayucos o embarcaciones interceptadas en mitad de la travesía. Me impresionaba tanto la dimensión de la tragedia como la facilidad con la que vidas concretas acababan convertidas en categorías, procedimientos y cifras.

También entonces fui testigo del comienzo de una transformación menos visible: la del lenguaje. Desaparecían determinadas palabras y otras nuevas ocupaban su lugar de manera que las expresiones técnicas sustituían a las expresiones incómodas: retorno por deportación, irregular por ilegal. No necesariamente porque fueran más precisas, sino porque permitían contemplar la realidad sin sentirla demasiado cerca.

Mientras miraba a mi alrededor sentada en la terraza del restaurante, pensaba en todo aquello. Pensaba en el barrio que vi en el viaje de estudios. En los estraperlistas de entonces. En quienes llegaron después. En quienes están allí ahora. Pensaba también en la extraordinaria capacidad que los seres humanos tenemos para adaptarnos a casi cualquier cosa.

En los últimos tiempos se habla mucho de las raíces cristianas de Europa, de valores europeos y de la identidad moral de Occidente. Viendo a aquellas personas me pregunto qué valor entrañan las palabras cuando los hechos dejan de incomodarnos.

La semana pasada se aprobó en el Parlamento Europeo el Reglamento de Retornos. Tras la votación, unos diputados gritaban "Send them back!" mientras otros respondían "Shame on you!". Parece que los unos o los otros no encarnan esas raíces sobre las que se yergue Europa.

Y entonces, ¿cómo devolver un pecio a su origen?

Se atribuye a Margaret Mead una observación según la cual el primer signo de civilización encontrado por los arqueólogos no habría sido un instrumento ni tampoco un arma, sino un fémur con un callo óseo. En la naturaleza, hoy como ayer cualquier animal con una fractura así está condenado a muerte. Para que un ser humano sobreviva necesita que alguien lo proteja, lo alimente y espere a que sane.

Desde que regresé de Algeciras no dejo de pensar en aquellos hombres y mujeres sentados en los bancos. Eran muchos. Y, sin embargo, cada uno parecía estar completamente solo. Como lo están los pecios.

Entonces recuerdo el fémur fracturado.

Y tampoco dejo de preguntarme qué se nos ha roto por dentro para que hayamos terminado por verlos como parte del paisaje.

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Isabel Torné es socia de infoLibre.

Desde que aterrizó en España, el papa León XIV ha compartido en cada foro el mensaje de que la dignidad humana no depende del origen, de la raza o de la religión de cada uno. Lo dijo el sábado en el Palacio Real, lo repitió en su encuentro con Cáritas, lo convirtió en homilía en la madrileña plaza de Cibeles el domingo y este lunes volvió a insistir en ello ante diputados y senadores en el Congreso. La agenda oficial del pontífice en España sitúa, además, la cuestión migratoria como uno de los ejes del viaje, con encuentros en Madrid, Barcelona y, para finalizar su visita, en Canarias con organizaciones que trabajan con migrantes.

El núcleo del discurso del papa en la Cámara Baja fue ese. León XIV presentó esa “dignidad humana” como un principio previo al Estado, anterior a los consensos cambiantes y superior al “vaivén de las mayorías de cada momento”. Desde ahí fue desplegando una intervención que tocó casi todos los debates que atraviesan la política española, entre ellos el aborto y la eutanasia –sobre los que la posición de la Iglesia sigue siendo de rechazo frontal–, pero también la inmigración, la educación, la libertad religiosa, la memoria democrática, las guerras, la inteligencia artificial, el multiculturalismo y la convivencia. 

El discurso del papa puede incomodar al Gobierno y a la izquierda en asuntos como la eutanasia y el aborto, derechos reconocidos en España y rechazados por la doctrina católica. Pero en esta ocasión el golpe más directo cae sobre quienes han convertido el cristianismo en su seña de identidad mientras desprecian los valores humanistas que él promulga. Entre ellos, la discriminación de los inmigrantes y las políticas que olvidan su dignidad. Lo resumía así el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián: “PP y Vox han aplaudido durante diez minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años”. Y lo cierto es que la cuestión migratoria acaparó una gran parte del discurso de León XIV en el Congreso.

Unas palabras que pronunció en el mismo lugar en el que PP y Vox han ido normalizando su “prioridad nacional” y en el que han registrado y debatido numerosas iniciativas contra la política migratoria del Ejecutivo. León XIV defendió que la situación de migrantes y refugiados no puede reducirse a una lectura “demográfica o económica”, reclamó “vías seguras y legales”, una “acogida respetuosa” y advirtió de que discriminar por origen nacional, étnico, religioso, lingüístico o social va en contra de lo que defiende la Iglesia.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, señaló.  Y, frente al auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los migrantes, señaló que “allí donde una persona es discriminada por su origen” se vulnera “el principio universal de igualdad de todos los seres humanos”. 

En el mismo discurso, de aproximadamente media hora de duración y que fue aplaudido durante siete minutos por los diputados y senadores presentes —todos los grupos a excepción de Podemos y BNG— , León XIV alertó contra “el rearme como respuesta automática a la inseguridad internacional" y recordó que las armas pueden “imponer un silencio temporal, pero no construir una paz auténtica”. El sábado, en el Palacio Real, ya había pedido “abandonar las narrativas divisivas y los enfoques identitarios” que “parecen explicarlo todo, pero llenan el mundo de enemigos”. 

Aunque el papa no hizo alusiones concretas a la política nacional española, su mensaje llega solo unos días después de que PP y Vox sellaran en Castilla y León un acuerdo que asume la “prioridad nacional” como criterio inspirador para el reparto de ayudas públicas, siguiendo los pactos ya suscritos en Extremadura y Aragón, y que incorpora criterios de arraigo para acceder a determinadas prestaciones y recoge un “rechazo frontal” a la inmigración ilegal y a la acogida de más menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, nada de esto impidió al líder del Partido Popular, Aberto Núñez Feijóo, suscribir “de la A a la Z” el discurso de León XIV.  “Este discurso va a formar parte de la historia del Congreso de los Diputados y del país”, planteó el jefe de la oposición desde la Cámara Baja, en el que también aseguró que el papa acredita “algo que falta en la política nacional e internacional”, que son, según el gallego, “convicciones”. Para un partido como el suyo, añadió, que une sus raíces e ideario en el “humanismo cristiano”, escuchar al pontífice tenía un interés especial y volvió a incidir en que compartía al “100%” sus palabras.

Todo ello pese a que la formación conservadora ha dado en los últimos meses un giro migratorio en términos muy distintos, endureciendo su discurso hasta asumir la “prioridad nacional” de Vox en acuerdos autonómicos y cargando contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y defendida por sectores de la Iglesia. El pasado abril, el propio Feijóo calificó esa regularización de “inhumana, injusta e insostenible” y sostuvo que España no podía enviar el mensaje de que era “un chollo”.

El líder del PP ha defendido públicamente “elegir quién entra, cómo y para qué” y ha contribuido a la estigmatización de los migrantes al señalar que algunos solo quieren “vivir de los subsidios”. Asimismo, también ha abogado por una inmigración “culturalmente próxima”, es decir, en función de su origen —los latinoamericanos comparten idioma y son católicos frente a magrebíes, africanos negros y la mayoría musulmanes—, lo que, de nuevo contrasta con las palabras de León XIV que ha pedido ir más allá de la mera gestión de flujos y mirar a las personas, las causas que las obligan a marcharse, el derecho a permanecer en la propia tierra y el deber de ofrecer acogida e integración.

Una incoherencia que no solo aplica en el discurso migratorio, sino en la postura del PP en política internacional. León XIV mostró preocupación por “la vuelta del rearme” como respuesta casi inevitable en Europa y defendió que la “verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo, del derecho internacional y de una política que ponga la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Sin embargo, en el caso de Israel y de otros conflictos liderados por el presidente de EEUU, Donald Trump, el PP se ha puesto de perfil y ha evitado decir que Benjamin Netanyahu está perpetrando un genocidio, rechazando a su vez medidas como el embargo de armas aprobado por el Congreso. Además, Feijóo respaldó en 2025 un compromiso del Partido Popular Europeo para elevar el gasto militar de los Estados miembros por encima del 3% del PIB, lo que para España supondría decenas de miles de millones adicionales para ese “rearme”.

Por su parte, Santiago Abascal agradeció las palabras “elogiosas” sobre la “historia y la identidad” España, pese a que León XIV reivindicó el pasado como un espacio atravesado también por el encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos, y defendió “la cultura de la convivencia frente a la confrontación”. El líder de Vox también aseguró haber “escuchado muy atentamente” el discurso del papa sobre inmigracion y que era el esperable “de un líder religioso”. Y añadió: “La necesidad de acogida al débil y al inmigrante es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV”, apuntó.

Aunque el líder ultra insistió en que no había “ninguna contradicción” entre lo que defiende su formación y lo que sostiene el papa, lo cierto es que Vox ha reclamado la expulsión inmediata de todos los migrantes que accedan de manera irregular a España, ha abogado por impedir las regularizaciones, por suprimir las ayudas y por cerrar centros de menores extranjeros no acompañados. Medidas que contrastan con la “acogida respetuosa” y las “posibilidades reales de integración” que defendió León XIV. 

“Me gusta la política migratoria del Estado vaticano”, prosiguió el líder de Vox, invocando las multas, la cárcel y la prohibición de entrada para quien acceda ilegalmente. Es cierto que el Vaticano endureció en 2024 las sanciones para entradas no autorizadas en zonas restringidas, pero Abascal toma una norma de seguridad de un microestado de poco más de 800 habitantes como si fuera la política que defiende el papa, que ha pedido “convertir las fronteras en una maquinaria de castigo” y se ha mostrado a favor de la regularización.

Además, León XIV eligió un centro de atención social vinculado a Cáritas Madrid el pasado sábado y, desde allí, defendió la caridad como núcleo de la misión de la Iglesia. Esto, de nuevo, contrasta con las medidas que ha pactado la formación ultra en los recientes acuerdos autonómicos, con los que pretende excluir a Cáritas de las ayudas y subvenciones por, en sus palabras, “favorecer la inmigración ilegal”. La Conferencia Episcopal respondió entonces con dureza a las acusaciones de Abascal contra los obispos, las calificó de “falsas e injuriosas” y recordó que el prójimo “trasciende fronteras, lenguas y religiones”, lo que provocó hace unas semanas un choque de Vox con la jerarquía eclesiástica. 

A ello se suma que Abascal ha defendido “evitar la polarización entre los políticos honrados” aunque él mismo ha capitaneado esa estrategia de acoso y derribo al Ejecutivo y ha descrito al presidente del Gobierno como un dirigente que da “un golpe de Estado por mes”, “un delincuente pillado in fraganti” y alguien capaz de “cualquier cosa para eludir la cárcel”. Así, frente a un papa que defiende “desarmar el lenguaje”, Abascal lo incendia.

La visita del papa a España también ha retratado la política de los gestos de Abascal. El líder de Vox se había comprometido a no compartir más actos institucionales con el presidente del Gobierno. En octubre del pasado año, con motivo de la Fiesta Nacional, el ultraderechista comunicó a la Casa Real que no ocuparía su lugar en la tribuna de autoridades del desfile militar ni acudiría después a la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

Según explicó la formación en un comunicado, Abascal había decidido que sólo compartiría espacio con el presidente del Gobierno y sus ministros en cualquier lugar donde pudiera denunciar lo que Vox llama la “corrupción moral, política y económica” del Ejecutivo, lo que limitaba la presencia del líder ultra a los plenos y la sesiones de control de la Cámara Baja. Desde entonces, Vox había utilizado esa fórmula para justificar una cadena de plantones a citas de Estado, algunas de ellas presididas por el rey Felipe VI.

El veto se trasladó al homenaje de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en Valencia en el primer aniversario de la catástrofe en noviembre de 2025. El acto estaba presidido por los reyes y contó con la presencia de Sánchez y las principales autoridades del Estado. Abascal no acudió y Vox tampoco envió representación de partido, a excepción de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Sucedió lo mismo en el acto en el Congreso sobre los 50 años de la Monarquía, el del día de la Constitución el 6 de diciembre y el de la conmemoración por ser la más longeva el pasado febrero.

Sin embargo, la visita del papa ha forzado a Abascal a romper su compromiso. El sábado participó en la recepción del Palacio Real con motivo de la visita del pontífice, donde incluso mantuvo una conversación de media hora con el presidente andaluz Juanma Moreno, según informaron medios de comunicación. Y este lunes ha acudido al Congreso para escuchar el discurso de León XIV junto a diputados y senadores de su grupo. Fuentes de la formación lo justifican señalando la importancia del electorado católico para el partido, el mismo que dice ser defensor de las raíces cristianas de España, la familia, la vida y la identidad nacional. Pero que, sin embargo, no aplica la doctrina social de la Iglesia en sus políticas.

La “prioridad nacional” no es solo una consigna más en el mercado de los eslóganes políticos. Es un cambio de fondo en la manera de entender qué es una sociedad y qué nos debemos unos a otros. Presentada como un gesto de sentido común –“primero los de casa”–, en realidad introduce una ética del egoísmo identitario que erosiona, ladrillo a ladrillo, los cimientos de la convivencia.

En el plano filosófico, la idea es sencilla y devastadora. En lugar de partir de la dignidad universal de las personas, se parte de la pertenencia a un “nosotros” nacional. Los derechos dejan de ser derechos para convertirse en privilegios condicionados por el origen. No se discute quién necesita más, quién está más desprotegido, quién sufre una situación más urgente, sino quién puede exhibir un pasaporte determinado. Esa mutación del lenguaje –de la igualdad a la preferencia– consolida la idea de que hay vidas que valen más que otras.

En sanidad, el contraste es claro. Un sistema sanitario público se justifica éticamente porque atiende según la gravedad y la necesidad, no según la procedencia. La “prioridad nacional” introduce una preclasificación: antes de enfermo, eres nacional o extranjero. Dos personas llegan a urgencias con el mismo diagnóstico, el mismo riesgo, el mismo dolor. La lógica universalista diría: tratemos primero al más grave. La lógica de la “prioridad nacional” legitima que se favorezca al nacional aunque la necesidad sea igual. En el momento en que aceptamos esto, estamos renunciando a la idea de que todos merecemos la misma consideración cuando la vida está en juego.

En vivienda se reproduce el mismo patrón. El problema real es una combinación de salarios bajos, especulación y falta de parque público. Sin embargo, el discurso de la “prioridad nacional” desplaza el foco: ya no se mira hacia los fondos buitre o la ausencia de políticas de vivienda, sino hacia la familia migrante que también busca un techo. Esa familia deja de ser un hogar vulnerable y pasa a ser “competencia” frente a los de aquí. El conflicto deja de plantearse entre quienes concentran la propiedad y quienes no tienen acceso a ella, para convertirse en una pugna moralizada entre “los nuestros” y “los otros”.

La educación, que debería ser la gran escuela de ciudadanía, tampoco queda al margen. La “prioridad nacional” puede filtrarse en el reparto de becas, plazas de escuela infantil o programas de apoyo. Donde antes el criterio era la renta, la necesidad educativa o la situación familiar, empiezan a pesar los años de residencia, la nacionalidad de los progenitores o el origen. Los niños aprenden así, sin que nadie lo diga en voz alta, que hay compañeros que merecen menos inversión pública que ellos. El aula deja de ser el lugar donde se descubre que compartimos futuro y se convierte en el escenario donde se interioriza una jerarquía de valor.

El impacto de todo esto va más allá de quienes se ven relegados al último puesto en la fila. La “prioridad nacional” mina la confianza básica que hace posible la vida en común: la confianza en que, si un día caes enfermo, pierdes la casa o necesitas una beca, las instituciones no te medirán con la vara de tu origen. Cuando se rompe ese principio, todos quedamos más expuestos. Hoy es el extranjero el que queda atrás. Mañana puede ser el empobrecido, el disidente, el “poco productivo”. Una vez aceptado que se puede discriminar en el acceso a derechos, discutir el criterio se vuelve cuestión de oportunidad política.

Vivir en sociedad implica aceptar una cierta renuncia al propio egoísmo. Pagamos por escuelas que quizá no pisaremos, por hospitales en los que tal vez nunca entremos, por viviendas sociales que no ocuparemos. Lo hacemos porque entendemos que sostener ese entramado nos protege a todos, también cuando la vida nos golpea a nosotros. La “prioridad nacional” propone una mutación ética: ya no se trata de sostener un sistema justo, sino de blindar un trozo del pastel para los nuestros, aunque eso suponga dejar a otros a la intemperie.

La paradoja es que esa deriva identitaria, alimentada por partidos que se reclaman patriotas, termina debilitando el propio país que dicen defender. Una comunidad que naturaliza que haya vidas de segunda acaba siendo una comunidad más frágil, más fácil de romper, más vulnerable al miedo y al resentimiento. La verdadera fortaleza de una sociedad no se mide en muros ni en filtros, sino en la capacidad de tratar como iguales a quienes son diferentes. Defender esa igualdad, frente a la “prioridad nacional”, no es una extravagancia moral: es la condición de posibilidad de seguir viviendo, de verdad, en sociedad.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La “prioridad nacional” que han pactado PP y Vox en verdad significa “prioridad masculina”. Ni siquiera son originales, el mensaje de fondo en esa afirmación es el mismo que lanzó D.J. Trump cuando habló de “America first”, que no era poner en primer lugar a una América cualquiera, sino “su América”, es decir, lo que él entendía que debía ser América sin inmigrantes, sin políticas DEI (Diversidad, Igualdad e Inclusión) y con muchas guerras y ataques para hacer negocio.

El elemento común y el orden que defienden las posiciones conservadoras no es el financiero, ni el económico, ni el tributario, ni el educativo, ni el sanitario… Lo que defienden es su modelo cultural androcéntrico para imponer en nombre de sus referencias culturales e identitarias todas las políticas económicas, financieras, educativas, sanitarias… que consideren, porque será ese orden el que las validará con independencia de cuál sea su consecuencia en la práctica. Ya lo vimos en la crisis económica y financiera de 2008 causada por el capitalismo, que a pesar del terrible resultado se salió de ella reforzando al capitalismo, no cambiando el modelo económico. O lo que vemos ahora con la crisis mundial provocada por el propio sistema con sus guerras y negocios, que nadie lo cuestiona por los resultados objetivos que vivimos en una nueva crisis, sino que se justifica y se mantiene porque con él se perpetúa el modelo cultural, sean cuales sean sus consecuencias.

Esa es la razón por la que desde hace años vienen desarrollando una estrategia dirigida a restablecer su orden social, y las circunstancias en las que no haga falta dar “prioridad nacional” ni derogar “leyes ideológicas”, simplemente porque no existirán las situaciones para hacerlo al haber impuesto su modelo cultural. Es decir, pretenden que el modelo de sociedad venga definido por sus ideas, valores, creencias, tradiciones y costumbres, y que solo sus gobiernos tengan opciones de gobernar. Todo lo demás quedará como algo residual y contextual, en una especie de “beneficencia política” para acercar los recursos a los más necesitados. 

Es lo que analicé en el libro La refundación del machismo (Comares 2023), y lo que vemos que viene sucediendo cada vez con más intensidad, descaro y apoyo social.

Cuando derecha y ultraderecha (PP y Vox) hablan de “prioridad nacional” solo es un primer paso para seleccionar a quienes entienden que deben tener privilegios para que desde sus posiciones beneficiadas actúen contra quienes atacan nuestra cultura y nuestra forma de ser, que son las personas extranjeras con sus culturas, las mujeres amenazando el poder de los hombres, y la diversidad y personas LGTBIQ+ que actúan contra nuestra moral. Por eso han empezado con lo más cercano, que son las personas extranjeras, para luego seguir con el resto de las personas que entienden que han generado el desorden cultural. 

No necesitarán imponer la “prioridad masculina” o la “prioridad heterosexual”; bastará, como ya han pactado, con derogar las leyes necesarias para erradicar la desigualdad y evitar la discriminación, o cancelar las normas dirigidas a luchar contra la violencia de género y la violencia homofóbica y transfóbica, para que de nuevo el control social y los ataques violentos sitúen a mujeres y personas LGTBIQ+ donde el machismo ha decidido que es su lugar. Lo han decidido históricamente y ahora lo vuelven a hacer para que lo prioritario sea lo suyo.

Y todo es el resultado de lo que ese modelo masculino, que sitúa el criterio de los hombres en primer lugar, decide a través de los hombres que ocupan las posiciones de poder para llevarlo a cabo. Por eso, en cada una de las decisiones que refuerzan el modelo se produce una consolidación del mismo que permite dar un paso más. Lo hemos visto con las personas extranjeras, primero dijeron que los inmigrantes venían a quitarnos el trabajo, recuerden cómo en los sucesos de El Ejido del 2000 atacaron los comercios y negocios de inmigrantes que habían prosperado, no a los inmigrantes explotados en los invernaderos, después dijeron que venían a delinquir, más adelante que vienen a violar a nuestras mujeres, y ahora que no deben venir y que los que están, mientras los echan, deben ser discriminados respecto a los españoles. 

Algunos hablan de arraigo, pero ¿qué significa eso? ¿Que los españoles que sean de Murcia, y que sus padres y antepasados hayan levantado la Comunidad, tienen prioridad respecto a los de Alicante u otras provincias? Ahí no utilizan los mismos argumentos que para los extranjeros, porque realmente lo que hacen es buscar una razón para imponer sus ideas racistas y xenófobas.

Que no nos engañen, las personas que migran y vienen a España nos dan mucho más de lo que reciben, nos dan bienestar presente con su trabajo, nos dan futuro con sus contribuciones, y nos dan vida con sus donaciones de órganos, ya lo explicamos en el artículo “Migrantes y trasplantes” (23-7-25). Pero sobre todo nos enriquecen con su convivencia; no solo es, ni debe ser, una mirada utilitarista la que defina la situación social, pero sí es bueno que se conozca la realidad para que no manipulen con sus mentiras. La pregunta es simple, ¿España sería o estaría mejor sin las personas migrantes? La respuesta es clara: no.

Pero la derecha y la ultraderecha no se van a detener con la “prioridad nacional” porque su prioridad es la de los hombres y su cultura androcéntrica, y no van a parar hasta que refunden el machismo para no verse en la incomodidad de tener que desarrollar estas medidas.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

La sanidad universal es uno de los grandes bastiones del estado de bienestar español. Recogida como un derecho fundamental en el artículo 43 de la Constitución, muchos la sitúan en lo más alto de los rankings internacionales en su campo. De hecho, la OCDE indica en su informe Panorama de la salud 2025: España que el país supera la media del resto de miembros en cinco de cada diez indicadores clave que miden el acceso y la calidad de la atención en salud. Un motivo de orgullo, pero la narrativa cambia si se observan otros datos. 

En España, en 2025, alrededor de 13.000 personas encontraron algún tipo de barrera a la hora de recibir asistencia sanitaria, según recoge un informe de Médicos del Mundo. Muchas de ellas comparten una característica común: ser personas migrantes  –tan solo un 2% de los que aparecen en ese documento eran españoles–. Con esta base, además de otros elementos sociales, políticos y económicos, se llega a una situación en la que si eres migrante, poder acceder a derechos garantizados y universales puede ser un laberinto lleno de obstáculos. 

Un ejemplo es el de Saúl, un hombre de 54 años que lleva 35 en España. Tiene un trastorno psicótico crónico, una patología cardiaca e hipertensión arterial, pero no recibe tratamiento médico alguno. Ha intentado regularizar su situación en varias ocasiones, pero nunca lo ha conseguido. Además, es apátrida. No tiene recursos económicos y tampoco puede acceder a ayudas, precisamente  por los mismos motivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Antes tenía un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) –un certificado que permite a los vecinos de Madrid que sean extranjeros ir al médico si lo necesitan–. Sin embargo, al no poder aportar el empadronamiento o un documento identificativo, Saúl no pudo renovar su documento para la asistencia sanitaria cuando caducó en agosto de 2023.  

Más allá de la burocracia, hay otros problemas que afectan a la atención de las personas migrantes. El racismo también está presente (como en todo) en la sanidad. En el mismo informe, Dina, una joven peruana de 25 años, explica cómo cuando intentó acceder por primera vez a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, esta se le denegó. Esta joven llegó desde su país huyendo de la violencia de su pareja. Embarazada y sin posibilidad de empadronarse, acudió a un centro sanitario y allí no solo le negaron la atención médica, sino que, además, tuvo que hacer frente a comentarios racistas. 

Uno de los principales escollos a la hora de conseguir acceder al sistema sanitario es el empadronamiento. Al igual que a Saúl, muchas personas migrantes no tienen la posibilidad de aportar la documentación con el margen de tres meses desde su emisión que se les exige. Se trata del obstáculo administrativo más habitual. Tanto es así que impide el acceso en casi la mitad de los casos, según denuncian desde Médicos del Mundo. 

Para subsanar este problema —o al menos intentarlo—, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un real decreto por el que se regulará la atención sanitaria universal para personas extranjeras que estén viviendo de forma irregular en España. Esta medida supone varios cambios. El principal es que el derecho a la asistencia sanitaria no dependerá solo del certificado de empadronamiento. Los migrantes podrán acreditar que viven en España de otras maneras. Por ejemplo, haciendo uso de certificados de escolarización, registros de visitas o de atención por parte de organizaciones sociales, entre otros.

Tampoco se necesitará un tiempo mínimo de residencia en España para acceder a la atención sanitaria. Hasta la llegada de esta norma, residir en el país durante tres meses –y poder demostrarlo– era indispensables. Ahora, tan solo se tendrá que presentar una declaración responsable. Pero esto también incluye una serie de requisitos. Entre ellos, entregar el pasaporte del país de origen, un contrato de alquiler o un documento que acredite que se reside en España—como facturas de la luz o del gas—. 

Sin embargo, el informe de Médicos del Mundo relata cómo muchas de estas personas que llegan a España pueden tener problemas para presentar esta documentación ya que muchas veces no cuentan con ella por las circunstancias en las que abandonaron sus países.

“El real decreto intenta superar los problemas legales y administrativos, pero problemas más sustanciales, como el tema del idioma o el miedo a las represalias siguen ahí”, apunta Francesco Passetti, investigador del CIDOB y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Precisamente, muchos migrantes tienen reticencias a acudir al Estado por falta de confianza o miedo a posibles consecuencias que puedan sufrir por su situación administrativa irregular. 

Rafael Campos, vocal de Incidencia, Movilización Social y Salud de Médicos del Mundo, asegura a infoLibre que, a pesar de que en la redacción del real decreto se tuvieron en cuenta las opiniones de varias organizaciones —entre ellas, la suya—, todavía no llega a garantizarse una igualdad real y plena. 

Por ejemplo, el real decreto no recoge el derecho a la atención en urgencias con cargo a fondos públicos, no incluye el derecho de asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas –padres o suegros de un extranjero residente legal en España–, y sigue exigiendo dos años de residencia en España para que una persona en situación administrativa irregular pueda acceder a la lista de espera de trasplantes, algo “discriminatorio”, según subrayan desde Médicos del Mundo. 

Ante el nuevo real decreto que busca regular el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha atacado la medida y (una vez más) la ha utilizado para criticar al Gobierno de Sánchez. 

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, denunció la presidenta en la Asamblea de Madrid. Además, su Administración recurrirá el real decreto de regularización de personas extranjeras por haberse aprobado "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".

Pero, según la profesora de Sociología en la Universidad Complutense, Elisa Brey, las críticas de la derecha solo se basan en un principio: la exclusión por razón de origen. “Todo el tema del turismo sanitario es un bulo. Es una cuestión de instrumentalización política más que un argumento real basado en hechos probados. La mayoría de inmigrantes que vienen a España lo hacen por motivos laborales, por lo que realmente hacen una gran contribución. Encima es gente más joven que no supone una carga para el sistema sanitario, como pueden ser jubilados del Reino Unido o de Alemania”, cuenta la también miembro del Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Es un arma política para avivar el miedo al otro. La nueva norma resuelve parte del problema, pero no todo, porque hay factores como la discriminación, el racismo, el desconocimiento de las burocracias, las dificultades idiomáticas o el hecho de que la responsabilidad siempre recaiga en las mujeres, que no se abordan”, añade. 

Más allá de la sanidad, Alberto Núñez Feijóo también ha denunciado otro procedimiento legal que afecta a migrantes: la regularización extraordinaria. El líder del PP la ha catalogado de “inhumana” porque “alienta a las mafias”. No solo eso, también recurrió a otro de los argumentos más utilizados por su formación y por Vox: la inseguridad. En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo aseguró que el PP está en contra de la norma porque es “insegura”, ya que “no hay control suficiente” ni “exigencias suficientes”. 

“Frente a estos discursos políticos del miedo al otro, diciendo que se van a desbordar los servicios públicos, lo que hay que hacer es reforzar lo público en vez de achacar a los inmigrantes la falta de los servicios. Además, no se puede estar en contra de darles sanidad pública, ya lo vimos con el covid, porque si empezamos a dejar a personas sin acceso a la sanidad, a lo mejor nos encontramos con que hay brotes de enfermedades que no podemos controlar”, zanja Brey. 

Somos personas, son seres humanos, quienes viven en España, trabajan en España y quieren contribuir con su trabajo a la construcción de la España progresista, humanista y democrática, tienen todo el derecho universal a ser legalizados por el bien de España y de las españolas y  españoles. Vox y PP mienten, que no te mientan, es positivo legalizar la  situación de personas migrantes para hacer más grande el Estado del  bienestar español. 

Un 60% de ciudadanos españoles y españolas están conformes con la  regulación de los seres humanos sin papeles que están conviviendo entre  nosotros y no se les puede ocultar y menos negar el derecho universal de su identidad individual como personas, y son católicos y católicas del Partido Popular y Vox, quienes les niegan la existencia con un discurso racista y xenófobo, desde la cúpula del nuevo fascismo españolista que representan el PP y Vox y sus aliados, o lo que es lo mismo Abascal, Feijóo y su banda de forajidos que alientan el odio y el rencor contra sus  semejantes sin razón y sin bondad humana. 

Las fuerzas políticas inmorales de la indecencia y de la prioridad nacional,  del catolicismo infernal, niegan la gloria a sus semejantes, la vida digna y les están ofreciendo lo peor de lo peor, inhumanidad e insolidaridad,  racismo y xenofobia, desde el egocentrismo patrio, rancio y clasista de la incultura, el analfabetismo racional y el desprecio a los seres humanos sin  motivos racionales y sin apreciar lo positivo del cosmopolitismo de la  humanidad para compartir las capacidades, las cultural y la enseñanza  mutuas de convivencia y respeto entre las personas que habitamos en el  planeta tierra. 

Es muy importante legalizar a quienes viven entre nosotros, no  deteriora lo público ni empobrece los servicios públicos, quien sí los deteriora son las políticas de privatizaciones y recortes que están aplicando PP y Vox o el PP en solitario en las comunidades autónomas donde desgobiernan para deshumanizar la convivencia entre personas migrantes y no migrantes, y siguen con el menudeo de los contratos para beneficiar a  la privada y obtener donaciones. 

Es muy positiva la regulación de las personas migrantes, se mire como se  mire, ya están entre nosotras y nosotros, mejoran las pensiones, al ingresar  más tributos para la Hacienda Pública y la Tesorería de la Seguridad Social  y mejora la economía activa del empleo y las relaciones laborales al aflorar  la economía informal y establecer a las personas trabajadoras ocultas,  ignoradas, los papeles que les otorgan automáticamente sus derechos, deberes y obligaciones civiles, financieras, económicas y laborales, desde la firma de los contratos laborales, la mejora de las condiciones del trabajo, la justicia social y el pago de tributos de los empleadores y personas  trabajadoras para hacer fuerte el Estado del bienestar español. 

Que no te engañen ni manipulen las fuerzas políticas racistas y xenófobas del Partido Popular y de Vox, desde sus atriles del odio y la intolerancia por  un puñado de votos contaminados de maldad. Las personas migrantes no ocasionan deterioro de los servicios públicos, aportan ingresos y quienes sí los deterioran son las derechas y ultraderechas con su negacionismo e  inhumanidad contras sus semejantes.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

¿A quién incluye la "prioridad nacional", el concepto que Vox ha logrado imponer en los pactos con el Partido Popular en Extremadura y Aragón? Según su portavoz en el Parlament catalán, Joan Garriga, solo "es español el nacido de padre y madre española". Así lo afirmó el pasado viernes en una entrevista, una definición que no sólo choca con el Código Civil, sino que coloca a la formación de extrema derecha ante un espejo incómodo, ya que varios de sus dirigentes y referentes proceden de familias con un progenitor de origen extranjero.

La dirección del partido tuvo que salir a corregirlo después. El secretario general, Ignacio Garriga, sostuvo que esa interpretación era un "error" y recordó que "es español quien tiene el DNI” ya que, en su propio caso, su madre es de Guinea Ecuatorial. El líder nacional, Santiago Abascal, también matizó que ser español es tener la nacionalidad española, aunque insistió en que "se regala" con demasiada facilidad.

El Código Civil establece que son españoles de origen "los nacidos de padre o madre españoles", no de padre y madre españoles, y también contempla otros supuestos de nacionalidad de origen para nacidos en España de padres extranjeros en determinadas circunstancias. Además, lo que busca Vox es imponer la tesis de que los españoles deben “ir primero” en el acceso a los servicios públicos. Pero, si esa prioridad se trasladara a la legislación, sería inconstitucional y, por ese motivo, han incluido el término "arraigo".

Aunque la extrema derecha española ha construido buena parte de su discurso migratorio sobre la sospecha hacia el origen, la "segunda generación", el arraigo y la prioridad para los nacionales, en su propia dirección y en órbita parlamentaria hay biografías familiares que desmienten la pureza genealógica que otros sí promueven.

Ignacio Garriga Vaz de Conceição es la mano derecha de Abascal. Su caso es el más llamativo porque, además, está emparentado con el citado Joan Garriga. Según el periodista Xavier Rius, Joan fue clave en la vida personal de Ignacio –le pagó parte de la carrera– y, sobre todo, en la política. A diferencia de Ignacio, Joan fue figura destacada en las guerras del PP catalán y se sumó después a Plataforma per Catalunya (PxC). Como tantos otros en las filas de Josep Anglada, acabó en Vox. En su caso, cayó de pie.

Ignacio Garriga es hijo de Rafael Garriga y de Clotilde Vaz de Conceição, nacida en 1947 en Guinea, cuando el territorio aún formaba parte del entramado colonial español, antes de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. "He leído de todo. El negro de Vox, el ecuatoguineano… Y eso es mentira. Yo soy español porque soy nacido en Barcelona", explicaba en una entrevista en El Español en 2018.

Él se define como "español y católico", integrista en la órbita del Opus Dei, antiabortista hasta el extremo de las posiciones más duras del republicanismo de Estados Unidos, que tiene como rutina política la vinculación de la inmigración con la delincuencia, singularmente con la violación.

Hermann Tertsch es eurodiputado de Vox y vicepresidente del grupo Patriots for Europe en el Parlamento Europeo. Nació en Madrid, pero su filiación familiar también rompe el molde de la españolidad genealógica: es hijo de Ekkehard Tertsch, periodista austriaco y diplomático, y de Felisa del Valle-Lersundi. Su padre estuvo en la cárcel y en un campo de concentración nazi, y tras el final de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Madrid, donde puso en marcha Spanish Economic News Service, una medio sobre información económica.

Tertsch es periodista de profesión como su padre, llegó a dirigir la sección de opinión de El País, tras haberse labrado su carrera a base de crónicas sobre los cambios en la Europa tras la caída de la URSS. Después, fue el presentador estrella de la Telemadrid de Esperanza Aguirre y, más tarde, se puso al servicio de Vox.

Su caso desmonta otra derivada del discurso de los ultras, ya que si la pertenencia nacional se mide por el origen de los padres, uno de los rostros internacionales de Vox quedaría bajo la misma sospecha que el partido proyecta sobre tantos hijos de familias extranjeras.

Javier Ortega Smith-Molina fue uno de los fundadores de Vox, llegó a ser secretario general y vicepresidente del partido y, en la actualidad, es diputado y concejal. Vox confirmó su expulsión definitiva en abril de 2026, pero continúa como portavoz en el Ayuntamiento de la capital y tampoco ha dejado su escaño en la Cámara Baja.

Nació en Madrid, es hijo de madre argentina y tiene doble nacionalidad. Con un estilo bronco, de épica militar y estética de vieja derecha radical, se abrió paso en el partido con "brindis de los tercios, capas españolas, fotografías de caza y ejercicios de tiro". Antes de la sonora ruptura, mantuvo una estrecha relación personal con Abascal: fue abogado de su familia y padrino de una de sus hijas.

El portavoz nacional de Vox en deportes, Cristian Toro, no solo procede de padres extranjeros, sino que él mismo es de origen venezolano. Nació en La Asunción, en la isla venezolana de Margarita, el 29 de abril de 1992, aunque, según ha relatado él mismo, a los ocho años se trasladó a España con su familia, concretamente a Galicia.

Toro es campeón olímpico de piragüismo y fue nombrado el pasado mes de marzo como portavoz nacional de Deportes de Vox, aunque antes ya había ido en las listas de la formación a las municipales de Madrid de 2023. También participó como pretendiente en el programa Mujeres y hombres y viceversa y se ha sentado en el plató de Supervivientes.

Rocío Monasterio ya no forma parte de la primera línea de Vox, pero durante mucho tiempo fue una de sus dirigentes más destacadas. Es hija de un hacendado cubano al que Fidel Castro expropió en 1971 el ingenio azucarero Manuelita, en Cienfuegos, una explotación que llegó a tener vía férrea propia y a cotizar en Nueva York. Tras pasar por Miami, la familia Monasterio se instaló en España, donde hizo fortuna con la franquicia de Kentucky Fried Chicken.

Ese origen cubano fue uno de los ejes de su relato ideológico. Monasterio ha usado la memoria del castrismo, la expropiación y el exilio para reforzar su discurso anticomunista y para presentarse como heredera de una familia expulsada por la revolución.

Sagirah Shahid no se cansa de hablar de la impresionante movilización popular que, en Mineápolis, logró frustrar a principios de año la política brutal y violenta del ICE, la policía migratoria de Donald Trump. Podría pasarse horas recordando aquel momento decisivo y de lucha contra los 3.000 agentes desplegados en las calles de esta ciudad de Minesota, conocida por su tradición de solidaridad frente a la arbitrariedad y por su capacidad de organización.

Pero esta activista y poeta musulmana afroamericana, que estuvo en primera línea de aquella lucha, solo concede a Mediapart una hora en una agenda muy apretada. Durante dos semanas, y por invitación de organizaciones como Greenpeace, Attac, Les Amis de la Terre France y el colectivo BreakFree Suisse, ha recorrido Francia, Suiza y los Países Bajos junto a otras dos figuras de la lucha contra el ICE en Minesota: Janette Zahia Corcelius, sindicalista y miembro de los Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés), y el rapero Tufawon, cuyo verdadero nombre es Rafael González.

Uno de los objetivos de esta gira es convencer a las instituciones suizas y europeas de que dejen de invertir en empresas con contratos con el ICE, entre las que destacan Palantir (que desarrolla herramientas de búsqueda y vigilancia masiva de personas susceptibles de deportación), operadores de prisiones privadas y centros de detención de migrantes, como CoreCivic y GEO Group. Los tres activistas participaron el miércoles 15 de abril, en Basilea, en una concentración frente al edificio donde se celebraba la asamblea general del banco suizo UBS.

Diez días después, Sagirah Shahid, que también es miembro de la coalición Minesota Labor for Palestine, sale de una reunión organizada en el Centro Internacional de Cultura Popular, en París, para concedernos esta entrevista. En unas horas tiene que coger un tren a Ámsterdam. Pero los sesenta minutos que pasamos con ella bastan para comprender mejor cómo Mineápolis (donde en pocas semanas fueron asesinadas por las fuerzas policiales dos personas, Renee Good y Alex Pretti) ha sido escenario de un punto de inflexión en la lucha contra el autoritarismo de la administración Trump.

El ejemplo se ha vuelto revelador, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, donde la extrema derecha, respaldada por la administración Trump, está en auge. “Pero todos debemos estar en la misma onda”, insiste Sagirah, que se unió al Partido Verde (Green Party) durante la campaña presidencial de 2024, decepcionada por las posturas de los demócratas sobre el genocidio en Gaza. “La derecha forma un frente común. Los tecnofascistas están unidos en torno a un programa que antepone la tecnología y las empresas a los seres humanos. La izquierda debe formar un frente común”.

En sus encuentros con activistas de este lado del Atlántico, Sagirah Shahid ha percibido en algunos momentos una especie de derrotismo. Un sentimiento que ella no puede permitirse debido a su historia personal, que la empuja a no darse nunca por vencida. Sus antepasados, descendientes de esclavos, huyeron de Misisipi, donde las leyes Jim Crow imponían la segregación a la población negra y permitían a los blancos seguir imponiendo su voluntad.

“Tuvieron que marcharse durante la Gran Migración [un movimiento que llevó a millones de afroamericanos del sur de Estados Unidos a Estados más al norte a principios del siglo XX – ndr] debido a la violencia que reinaba en Misisipi. Nunca hemos dejado de luchar. Esta lucha nunca ha terminado”, explica.

“Debemos recordar a nuestros compañeros europeos que no deben dejar que los fascistas les hagan creer que han perdido”, añade. “Es una cuestión de psicología. Es necesario unirse, tomar el control del propio discurso y organizarse. No son tan fuertes como creéis.”

Los fascistas pueden ser tigres de papel frente a la determinación de la oposición, si nos fiamos de una de sus anécdotas. Un activista neonazi, Jake Lang (tristemente conocido por sus comentarios islamófobos y indultado por Trump tras su condena por participar en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio), había convocado una manifestación en Mineápolis a favor del ICE. Eso ocurrió mientras estaba en pleno apogeo la operación antimigrantes Metro Surge (cerca de 4.000 detenciones, de las cuales 2.000 acabaron en expulsiones).

La magnitud de la respuesta acabó con esta provocación antes de que se materializara. Respondió a su llamamiento muy poca gente, mientras acudieron cientos de contramanifestantes. “No llevaba ropa de abrigo. Venía de Florida y no conocía nuestro clima. Nosotros sabemos cómo vestirnos para el invierno. La gente le lanzó globos de agua y le dispararon con pistolas de agua para mojarlo, cuando las temperaturas estaban bajo cero”, cuenta ella.

Ironías del destino, el neonazi le debe la vida a dos hombres, un negro y un árabe musulmán, que lo protegieron de la multitud, y a una mujer trans que aceptó llevarlo en coche a su hotel. “Ella no lo sabía. Publicó un vídeo después de los hechos. Explicó: ‘No sabía lo que estaba pasando. Si no, no lo habría llevado en coche, porque odia a las mujeres trans’. Pero lo sacó de allí… Así que fue rescatado por todas las personas a las que odia: una mujer trans, un hombre negro y un musulmán”, sonríe Sagirah Shahid.

Esta solidaridad, esta ayuda mutua que consiste en intercambiar servicios y recursos, es algo habitual en Mineápolis, debido a su historia de luchas, huelgas obreras y compromiso. La historia reciente lo ha demostrado tras el asesinato de George Floyd, en 2021. Es este caldo de cultivo el que ha permitido el éxito de este comienzo de año.

Se ha construido sobre una estrategia que se basa en tres pilares: la acción directa no violenta, caracterizada por manifestaciones, una huelga general y la interrupción de las actividades del ICE; la organización de patrullas ciudadanas para proteger los barrios señalados; y, por último, la presión económica, que consiste en campañas de boicot contra los comercios y las empresas que colaboran con la policía de inmigración, o simplemente contra los hoteles que alojan a los agentes.

“Ha sido una movilización masiva”, insiste Sagirah Shahid. “No se trató solo de una acción aislada, sino de un conjunto de iniciativas diferentes. Y no se limitó a las acciones directas no violentas, sino que también se trasladó al ámbito político.”

Los activistas presionaron a las autoridades locales para que prohibieran la colaboración con los agentes del ICE y el uso de aparcamientos públicos por parte de estos, y el ayuntamiento aprobó una ordenanza en este sentido. “Fue muy importante, porque permitía hacer todo lo posible para frenarlos y complicarles la tarea al máximo”, subraya la activista.

Pero sigue habiendo unos quinientos agentes del ICE en la ciudad. Siguen deteniendo a personas y separando a familias. “Siguen sembrando el terror entre la población”, lamenta Sagirah Shahid. Nada más bajar del avión, se unirá a las actividades previstas para el 1º de mayo, con un llamamiento a la huelga general. En Mineápolis, ciudad contestataria y solidaria, la lucha nunca termina.

Traducción de Miguel López

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.