La “prioridad nacional” que han pactado PP y Vox en verdad significa “prioridad masculina”. Ni siquiera son originales, el mensaje de fondo en esa afirmación es el mismo que lanzó D.J. Trump cuando habló de “America first”, que no era poner en primer lugar a una América cualquiera, sino “su América”, es decir, lo que él entendía que debía ser América sin inmigrantes, sin políticas DEI (Diversidad, Igualdad e Inclusión) y con muchas guerras y ataques para hacer negocio.

El elemento común y el orden que defienden las posiciones conservadoras no es el financiero, ni el económico, ni el tributario, ni el educativo, ni el sanitario… Lo que defienden es su modelo cultural androcéntrico para imponer en nombre de sus referencias culturales e identitarias todas las políticas económicas, financieras, educativas, sanitarias… que consideren, porque será ese orden el que las validará con independencia de cuál sea su consecuencia en la práctica. Ya lo vimos en la crisis económica y financiera de 2008 causada por el capitalismo, que a pesar del terrible resultado se salió de ella reforzando al capitalismo, no cambiando el modelo económico. O lo que vemos ahora con la crisis mundial provocada por el propio sistema con sus guerras y negocios, que nadie lo cuestiona por los resultados objetivos que vivimos en una nueva crisis, sino que se justifica y se mantiene porque con él se perpetúa el modelo cultural, sean cuales sean sus consecuencias.

Esa es la razón por la que desde hace años vienen desarrollando una estrategia dirigida a restablecer su orden social, y las circunstancias en las que no haga falta dar “prioridad nacional” ni derogar “leyes ideológicas”, simplemente porque no existirán las situaciones para hacerlo al haber impuesto su modelo cultural. Es decir, pretenden que el modelo de sociedad venga definido por sus ideas, valores, creencias, tradiciones y costumbres, y que solo sus gobiernos tengan opciones de gobernar. Todo lo demás quedará como algo residual y contextual, en una especie de “beneficencia política” para acercar los recursos a los más necesitados. 

Es lo que analicé en el libro La refundación del machismo (Comares 2023), y lo que vemos que viene sucediendo cada vez con más intensidad, descaro y apoyo social.

Cuando derecha y ultraderecha (PP y Vox) hablan de “prioridad nacional” solo es un primer paso para seleccionar a quienes entienden que deben tener privilegios para que desde sus posiciones beneficiadas actúen contra quienes atacan nuestra cultura y nuestra forma de ser, que son las personas extranjeras con sus culturas, las mujeres amenazando el poder de los hombres, y la diversidad y personas LGTBIQ+ que actúan contra nuestra moral. Por eso han empezado con lo más cercano, que son las personas extranjeras, para luego seguir con el resto de las personas que entienden que han generado el desorden cultural. 

No necesitarán imponer la “prioridad masculina” o la “prioridad heterosexual”; bastará, como ya han pactado, con derogar las leyes necesarias para erradicar la desigualdad y evitar la discriminación, o cancelar las normas dirigidas a luchar contra la violencia de género y la violencia homofóbica y transfóbica, para que de nuevo el control social y los ataques violentos sitúen a mujeres y personas LGTBIQ+ donde el machismo ha decidido que es su lugar. Lo han decidido históricamente y ahora lo vuelven a hacer para que lo prioritario sea lo suyo.

Y todo es el resultado de lo que ese modelo masculino, que sitúa el criterio de los hombres en primer lugar, decide a través de los hombres que ocupan las posiciones de poder para llevarlo a cabo. Por eso, en cada una de las decisiones que refuerzan el modelo se produce una consolidación del mismo que permite dar un paso más. Lo hemos visto con las personas extranjeras, primero dijeron que los inmigrantes venían a quitarnos el trabajo, recuerden cómo en los sucesos de El Ejido del 2000 atacaron los comercios y negocios de inmigrantes que habían prosperado, no a los inmigrantes explotados en los invernaderos, después dijeron que venían a delinquir, más adelante que vienen a violar a nuestras mujeres, y ahora que no deben venir y que los que están, mientras los echan, deben ser discriminados respecto a los españoles. 

Algunos hablan de arraigo, pero ¿qué significa eso? ¿Que los españoles que sean de Murcia, y que sus padres y antepasados hayan levantado la Comunidad, tienen prioridad respecto a los de Alicante u otras provincias? Ahí no utilizan los mismos argumentos que para los extranjeros, porque realmente lo que hacen es buscar una razón para imponer sus ideas racistas y xenófobas.

Que no nos engañen, las personas que migran y vienen a España nos dan mucho más de lo que reciben, nos dan bienestar presente con su trabajo, nos dan futuro con sus contribuciones, y nos dan vida con sus donaciones de órganos, ya lo explicamos en el artículo “Migrantes y trasplantes” (23-7-25). Pero sobre todo nos enriquecen con su convivencia; no solo es, ni debe ser, una mirada utilitarista la que defina la situación social, pero sí es bueno que se conozca la realidad para que no manipulen con sus mentiras. La pregunta es simple, ¿España sería o estaría mejor sin las personas migrantes? La respuesta es clara: no.

Pero la derecha y la ultraderecha no se van a detener con la “prioridad nacional” porque su prioridad es la de los hombres y su cultura androcéntrica, y no van a parar hasta que refunden el machismo para no verse en la incomodidad de tener que desarrollar estas medidas.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

La sanidad universal es uno de los grandes bastiones del estado de bienestar español. Recogida como un derecho fundamental en el artículo 43 de la Constitución, muchos la sitúan en lo más alto de los rankings internacionales en su campo. De hecho, la OCDE indica en su informe Panorama de la salud 2025: España que el país supera la media del resto de miembros en cinco de cada diez indicadores clave que miden el acceso y la calidad de la atención en salud. Un motivo de orgullo, pero la narrativa cambia si se observan otros datos. 

En España, en 2025, alrededor de 13.000 personas encontraron algún tipo de barrera a la hora de recibir asistencia sanitaria, según recoge un informe de Médicos del Mundo. Muchas de ellas comparten una característica común: ser personas migrantes  –tan solo un 2% de los que aparecen en ese documento eran españoles–. Con esta base, además de otros elementos sociales, políticos y económicos, se llega a una situación en la que si eres migrante, poder acceder a derechos garantizados y universales puede ser un laberinto lleno de obstáculos. 

Un ejemplo es el de Saúl, un hombre de 54 años que lleva 35 en España. Tiene un trastorno psicótico crónico, una patología cardiaca e hipertensión arterial, pero no recibe tratamiento médico alguno. Ha intentado regularizar su situación en varias ocasiones, pero nunca lo ha conseguido. Además, es apátrida. No tiene recursos económicos y tampoco puede acceder a ayudas, precisamente  por los mismos motivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Antes tenía un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) –un certificado que permite a los vecinos de Madrid que sean extranjeros ir al médico si lo necesitan–. Sin embargo, al no poder aportar el empadronamiento o un documento identificativo, Saúl no pudo renovar su documento para la asistencia sanitaria cuando caducó en agosto de 2023.  

Más allá de la burocracia, hay otros problemas que afectan a la atención de las personas migrantes. El racismo también está presente (como en todo) en la sanidad. En el mismo informe, Dina, una joven peruana de 25 años, explica cómo cuando intentó acceder por primera vez a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, esta se le denegó. Esta joven llegó desde su país huyendo de la violencia de su pareja. Embarazada y sin posibilidad de empadronarse, acudió a un centro sanitario y allí no solo le negaron la atención médica, sino que, además, tuvo que hacer frente a comentarios racistas. 

Uno de los principales escollos a la hora de conseguir acceder al sistema sanitario es el empadronamiento. Al igual que a Saúl, muchas personas migrantes no tienen la posibilidad de aportar la documentación con el margen de tres meses desde su emisión que se les exige. Se trata del obstáculo administrativo más habitual. Tanto es así que impide el acceso en casi la mitad de los casos, según denuncian desde Médicos del Mundo. 

Para subsanar este problema —o al menos intentarlo—, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un real decreto por el que se regulará la atención sanitaria universal para personas extranjeras que estén viviendo de forma irregular en España. Esta medida supone varios cambios. El principal es que el derecho a la asistencia sanitaria no dependerá solo del certificado de empadronamiento. Los migrantes podrán acreditar que viven en España de otras maneras. Por ejemplo, haciendo uso de certificados de escolarización, registros de visitas o de atención por parte de organizaciones sociales, entre otros.

Tampoco se necesitará un tiempo mínimo de residencia en España para acceder a la atención sanitaria. Hasta la llegada de esta norma, residir en el país durante tres meses –y poder demostrarlo– era indispensables. Ahora, tan solo se tendrá que presentar una declaración responsable. Pero esto también incluye una serie de requisitos. Entre ellos, entregar el pasaporte del país de origen, un contrato de alquiler o un documento que acredite que se reside en España—como facturas de la luz o del gas—. 

Sin embargo, el informe de Médicos del Mundo relata cómo muchas de estas personas que llegan a España pueden tener problemas para presentar esta documentación ya que muchas veces no cuentan con ella por las circunstancias en las que abandonaron sus países.

“El real decreto intenta superar los problemas legales y administrativos, pero problemas más sustanciales, como el tema del idioma o el miedo a las represalias siguen ahí”, apunta Francesco Passetti, investigador del CIDOB y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Precisamente, muchos migrantes tienen reticencias a acudir al Estado por falta de confianza o miedo a posibles consecuencias que puedan sufrir por su situación administrativa irregular. 

Rafael Campos, vocal de Incidencia, Movilización Social y Salud de Médicos del Mundo, asegura a infoLibre que, a pesar de que en la redacción del real decreto se tuvieron en cuenta las opiniones de varias organizaciones —entre ellas, la suya—, todavía no llega a garantizarse una igualdad real y plena. 

Por ejemplo, el real decreto no recoge el derecho a la atención en urgencias con cargo a fondos públicos, no incluye el derecho de asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas –padres o suegros de un extranjero residente legal en España–, y sigue exigiendo dos años de residencia en España para que una persona en situación administrativa irregular pueda acceder a la lista de espera de trasplantes, algo “discriminatorio”, según subrayan desde Médicos del Mundo. 

Ante el nuevo real decreto que busca regular el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha atacado la medida y (una vez más) la ha utilizado para criticar al Gobierno de Sánchez. 

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, denunció la presidenta en la Asamblea de Madrid. Además, su Administración recurrirá el real decreto de regularización de personas extranjeras por haberse aprobado "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".

Pero, según la profesora de Sociología en la Universidad Complutense, Elisa Brey, las críticas de la derecha solo se basan en un principio: la exclusión por razón de origen. “Todo el tema del turismo sanitario es un bulo. Es una cuestión de instrumentalización política más que un argumento real basado en hechos probados. La mayoría de inmigrantes que vienen a España lo hacen por motivos laborales, por lo que realmente hacen una gran contribución. Encima es gente más joven que no supone una carga para el sistema sanitario, como pueden ser jubilados del Reino Unido o de Alemania”, cuenta la también miembro del Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Es un arma política para avivar el miedo al otro. La nueva norma resuelve parte del problema, pero no todo, porque hay factores como la discriminación, el racismo, el desconocimiento de las burocracias, las dificultades idiomáticas o el hecho de que la responsabilidad siempre recaiga en las mujeres, que no se abordan”, añade. 

Más allá de la sanidad, Alberto Núñez Feijóo también ha denunciado otro procedimiento legal que afecta a migrantes: la regularización extraordinaria. El líder del PP la ha catalogado de “inhumana” porque “alienta a las mafias”. No solo eso, también recurrió a otro de los argumentos más utilizados por su formación y por Vox: la inseguridad. En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo aseguró que el PP está en contra de la norma porque es “insegura”, ya que “no hay control suficiente” ni “exigencias suficientes”. 

“Frente a estos discursos políticos del miedo al otro, diciendo que se van a desbordar los servicios públicos, lo que hay que hacer es reforzar lo público en vez de achacar a los inmigrantes la falta de los servicios. Además, no se puede estar en contra de darles sanidad pública, ya lo vimos con el covid, porque si empezamos a dejar a personas sin acceso a la sanidad, a lo mejor nos encontramos con que hay brotes de enfermedades que no podemos controlar”, zanja Brey. 

Somos personas, son seres humanos, quienes viven en España, trabajan en España y quieren contribuir con su trabajo a la construcción de la España progresista, humanista y democrática, tienen todo el derecho universal a ser legalizados por el bien de España y de las españolas y  españoles. Vox y PP mienten, que no te mientan, es positivo legalizar la  situación de personas migrantes para hacer más grande el Estado del  bienestar español. 

Un 60% de ciudadanos españoles y españolas están conformes con la  regulación de los seres humanos sin papeles que están conviviendo entre  nosotros y no se les puede ocultar y menos negar el derecho universal de su identidad individual como personas, y son católicos y católicas del Partido Popular y Vox, quienes les niegan la existencia con un discurso racista y xenófobo, desde la cúpula del nuevo fascismo españolista que representan el PP y Vox y sus aliados, o lo que es lo mismo Abascal, Feijóo y su banda de forajidos que alientan el odio y el rencor contra sus  semejantes sin razón y sin bondad humana. 

Las fuerzas políticas inmorales de la indecencia y de la prioridad nacional,  del catolicismo infernal, niegan la gloria a sus semejantes, la vida digna y les están ofreciendo lo peor de lo peor, inhumanidad e insolidaridad,  racismo y xenofobia, desde el egocentrismo patrio, rancio y clasista de la incultura, el analfabetismo racional y el desprecio a los seres humanos sin  motivos racionales y sin apreciar lo positivo del cosmopolitismo de la  humanidad para compartir las capacidades, las cultural y la enseñanza  mutuas de convivencia y respeto entre las personas que habitamos en el  planeta tierra. 

Es muy importante legalizar a quienes viven entre nosotros, no  deteriora lo público ni empobrece los servicios públicos, quien sí los deteriora son las políticas de privatizaciones y recortes que están aplicando PP y Vox o el PP en solitario en las comunidades autónomas donde desgobiernan para deshumanizar la convivencia entre personas migrantes y no migrantes, y siguen con el menudeo de los contratos para beneficiar a  la privada y obtener donaciones. 

Es muy positiva la regulación de las personas migrantes, se mire como se  mire, ya están entre nosotras y nosotros, mejoran las pensiones, al ingresar  más tributos para la Hacienda Pública y la Tesorería de la Seguridad Social  y mejora la economía activa del empleo y las relaciones laborales al aflorar  la economía informal y establecer a las personas trabajadoras ocultas,  ignoradas, los papeles que les otorgan automáticamente sus derechos, deberes y obligaciones civiles, financieras, económicas y laborales, desde la firma de los contratos laborales, la mejora de las condiciones del trabajo, la justicia social y el pago de tributos de los empleadores y personas  trabajadoras para hacer fuerte el Estado del bienestar español. 

Que no te engañen ni manipulen las fuerzas políticas racistas y xenófobas del Partido Popular y de Vox, desde sus atriles del odio y la intolerancia por  un puñado de votos contaminados de maldad. Las personas migrantes no ocasionan deterioro de los servicios públicos, aportan ingresos y quienes sí los deterioran son las derechas y ultraderechas con su negacionismo e  inhumanidad contras sus semejantes.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

¿A quién incluye la "prioridad nacional", el concepto que Vox ha logrado imponer en los pactos con el Partido Popular en Extremadura y Aragón? Según su portavoz en el Parlament catalán, Joan Garriga, solo "es español el nacido de padre y madre española". Así lo afirmó el pasado viernes en una entrevista, una definición que no sólo choca con el Código Civil, sino que coloca a la formación de extrema derecha ante un espejo incómodo, ya que varios de sus dirigentes y referentes proceden de familias con un progenitor de origen extranjero.

La dirección del partido tuvo que salir a corregirlo después. El secretario general, Ignacio Garriga, sostuvo que esa interpretación era un "error" y recordó que "es español quien tiene el DNI” ya que, en su propio caso, su madre es de Guinea Ecuatorial. El líder nacional, Santiago Abascal, también matizó que ser español es tener la nacionalidad española, aunque insistió en que "se regala" con demasiada facilidad.

El Código Civil establece que son españoles de origen "los nacidos de padre o madre españoles", no de padre y madre españoles, y también contempla otros supuestos de nacionalidad de origen para nacidos en España de padres extranjeros en determinadas circunstancias. Además, lo que busca Vox es imponer la tesis de que los españoles deben “ir primero” en el acceso a los servicios públicos. Pero, si esa prioridad se trasladara a la legislación, sería inconstitucional y, por ese motivo, han incluido el término "arraigo".

Aunque la extrema derecha española ha construido buena parte de su discurso migratorio sobre la sospecha hacia el origen, la "segunda generación", el arraigo y la prioridad para los nacionales, en su propia dirección y en órbita parlamentaria hay biografías familiares que desmienten la pureza genealógica que otros sí promueven.

Ignacio Garriga Vaz de Conceição es la mano derecha de Abascal. Su caso es el más llamativo porque, además, está emparentado con el citado Joan Garriga. Según el periodista Xavier Rius, Joan fue clave en la vida personal de Ignacio –le pagó parte de la carrera– y, sobre todo, en la política. A diferencia de Ignacio, Joan fue figura destacada en las guerras del PP catalán y se sumó después a Plataforma per Catalunya (PxC). Como tantos otros en las filas de Josep Anglada, acabó en Vox. En su caso, cayó de pie.

Ignacio Garriga es hijo de Rafael Garriga y de Clotilde Vaz de Conceição, nacida en 1947 en Guinea, cuando el territorio aún formaba parte del entramado colonial español, antes de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. "He leído de todo. El negro de Vox, el ecuatoguineano… Y eso es mentira. Yo soy español porque soy nacido en Barcelona", explicaba en una entrevista en El Español en 2018.

Él se define como "español y católico", integrista en la órbita del Opus Dei, antiabortista hasta el extremo de las posiciones más duras del republicanismo de Estados Unidos, que tiene como rutina política la vinculación de la inmigración con la delincuencia, singularmente con la violación.

Hermann Tertsch es eurodiputado de Vox y vicepresidente del grupo Patriots for Europe en el Parlamento Europeo. Nació en Madrid, pero su filiación familiar también rompe el molde de la españolidad genealógica: es hijo de Ekkehard Tertsch, periodista austriaco y diplomático, y de Felisa del Valle-Lersundi. Su padre estuvo en la cárcel y en un campo de concentración nazi, y tras el final de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Madrid, donde puso en marcha Spanish Economic News Service, una medio sobre información económica.

Tertsch es periodista de profesión como su padre, llegó a dirigir la sección de opinión de El País, tras haberse labrado su carrera a base de crónicas sobre los cambios en la Europa tras la caída de la URSS. Después, fue el presentador estrella de la Telemadrid de Esperanza Aguirre y, más tarde, se puso al servicio de Vox.

Su caso desmonta otra derivada del discurso de los ultras, ya que si la pertenencia nacional se mide por el origen de los padres, uno de los rostros internacionales de Vox quedaría bajo la misma sospecha que el partido proyecta sobre tantos hijos de familias extranjeras.

Javier Ortega Smith-Molina fue uno de los fundadores de Vox, llegó a ser secretario general y vicepresidente del partido y, en la actualidad, es diputado y concejal. Vox confirmó su expulsión definitiva en abril de 2026, pero continúa como portavoz en el Ayuntamiento de la capital y tampoco ha dejado su escaño en la Cámara Baja.

Nació en Madrid, es hijo de madre argentina y tiene doble nacionalidad. Con un estilo bronco, de épica militar y estética de vieja derecha radical, se abrió paso en el partido con "brindis de los tercios, capas españolas, fotografías de caza y ejercicios de tiro". Antes de la sonora ruptura, mantuvo una estrecha relación personal con Abascal: fue abogado de su familia y padrino de una de sus hijas.

El portavoz nacional de Vox en deportes, Cristian Toro, no solo procede de padres extranjeros, sino que él mismo es de origen venezolano. Nació en La Asunción, en la isla venezolana de Margarita, el 29 de abril de 1992, aunque, según ha relatado él mismo, a los ocho años se trasladó a España con su familia, concretamente a Galicia.

Toro es campeón olímpico de piragüismo y fue nombrado el pasado mes de marzo como portavoz nacional de Deportes de Vox, aunque antes ya había ido en las listas de la formación a las municipales de Madrid de 2023. También participó como pretendiente en el programa Mujeres y hombres y viceversa y se ha sentado en el plató de Supervivientes.

Rocío Monasterio ya no forma parte de la primera línea de Vox, pero durante mucho tiempo fue una de sus dirigentes más destacadas. Es hija de un hacendado cubano al que Fidel Castro expropió en 1971 el ingenio azucarero Manuelita, en Cienfuegos, una explotación que llegó a tener vía férrea propia y a cotizar en Nueva York. Tras pasar por Miami, la familia Monasterio se instaló en España, donde hizo fortuna con la franquicia de Kentucky Fried Chicken.

Ese origen cubano fue uno de los ejes de su relato ideológico. Monasterio ha usado la memoria del castrismo, la expropiación y el exilio para reforzar su discurso anticomunista y para presentarse como heredera de una familia expulsada por la revolución.

Sagirah Shahid no se cansa de hablar de la impresionante movilización popular que, en Mineápolis, logró frustrar a principios de año la política brutal y violenta del ICE, la policía migratoria de Donald Trump. Podría pasarse horas recordando aquel momento decisivo y de lucha contra los 3.000 agentes desplegados en las calles de esta ciudad de Minesota, conocida por su tradición de solidaridad frente a la arbitrariedad y por su capacidad de organización.

Pero esta activista y poeta musulmana afroamericana, que estuvo en primera línea de aquella lucha, solo concede a Mediapart una hora en una agenda muy apretada. Durante dos semanas, y por invitación de organizaciones como Greenpeace, Attac, Les Amis de la Terre France y el colectivo BreakFree Suisse, ha recorrido Francia, Suiza y los Países Bajos junto a otras dos figuras de la lucha contra el ICE en Minesota: Janette Zahia Corcelius, sindicalista y miembro de los Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés), y el rapero Tufawon, cuyo verdadero nombre es Rafael González.

Uno de los objetivos de esta gira es convencer a las instituciones suizas y europeas de que dejen de invertir en empresas con contratos con el ICE, entre las que destacan Palantir (que desarrolla herramientas de búsqueda y vigilancia masiva de personas susceptibles de deportación), operadores de prisiones privadas y centros de detención de migrantes, como CoreCivic y GEO Group. Los tres activistas participaron el miércoles 15 de abril, en Basilea, en una concentración frente al edificio donde se celebraba la asamblea general del banco suizo UBS.

Diez días después, Sagirah Shahid, que también es miembro de la coalición Minesota Labor for Palestine, sale de una reunión organizada en el Centro Internacional de Cultura Popular, en París, para concedernos esta entrevista. En unas horas tiene que coger un tren a Ámsterdam. Pero los sesenta minutos que pasamos con ella bastan para comprender mejor cómo Mineápolis (donde en pocas semanas fueron asesinadas por las fuerzas policiales dos personas, Renee Good y Alex Pretti) ha sido escenario de un punto de inflexión en la lucha contra el autoritarismo de la administración Trump.

El ejemplo se ha vuelto revelador, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, donde la extrema derecha, respaldada por la administración Trump, está en auge. “Pero todos debemos estar en la misma onda”, insiste Sagirah, que se unió al Partido Verde (Green Party) durante la campaña presidencial de 2024, decepcionada por las posturas de los demócratas sobre el genocidio en Gaza. “La derecha forma un frente común. Los tecnofascistas están unidos en torno a un programa que antepone la tecnología y las empresas a los seres humanos. La izquierda debe formar un frente común”.

En sus encuentros con activistas de este lado del Atlántico, Sagirah Shahid ha percibido en algunos momentos una especie de derrotismo. Un sentimiento que ella no puede permitirse debido a su historia personal, que la empuja a no darse nunca por vencida. Sus antepasados, descendientes de esclavos, huyeron de Misisipi, donde las leyes Jim Crow imponían la segregación a la población negra y permitían a los blancos seguir imponiendo su voluntad.

“Tuvieron que marcharse durante la Gran Migración [un movimiento que llevó a millones de afroamericanos del sur de Estados Unidos a Estados más al norte a principios del siglo XX – ndr] debido a la violencia que reinaba en Misisipi. Nunca hemos dejado de luchar. Esta lucha nunca ha terminado”, explica.

“Debemos recordar a nuestros compañeros europeos que no deben dejar que los fascistas les hagan creer que han perdido”, añade. “Es una cuestión de psicología. Es necesario unirse, tomar el control del propio discurso y organizarse. No son tan fuertes como creéis.”

Los fascistas pueden ser tigres de papel frente a la determinación de la oposición, si nos fiamos de una de sus anécdotas. Un activista neonazi, Jake Lang (tristemente conocido por sus comentarios islamófobos y indultado por Trump tras su condena por participar en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio), había convocado una manifestación en Mineápolis a favor del ICE. Eso ocurrió mientras estaba en pleno apogeo la operación antimigrantes Metro Surge (cerca de 4.000 detenciones, de las cuales 2.000 acabaron en expulsiones).

La magnitud de la respuesta acabó con esta provocación antes de que se materializara. Respondió a su llamamiento muy poca gente, mientras acudieron cientos de contramanifestantes. “No llevaba ropa de abrigo. Venía de Florida y no conocía nuestro clima. Nosotros sabemos cómo vestirnos para el invierno. La gente le lanzó globos de agua y le dispararon con pistolas de agua para mojarlo, cuando las temperaturas estaban bajo cero”, cuenta ella.

Ironías del destino, el neonazi le debe la vida a dos hombres, un negro y un árabe musulmán, que lo protegieron de la multitud, y a una mujer trans que aceptó llevarlo en coche a su hotel. “Ella no lo sabía. Publicó un vídeo después de los hechos. Explicó: ‘No sabía lo que estaba pasando. Si no, no lo habría llevado en coche, porque odia a las mujeres trans’. Pero lo sacó de allí… Así que fue rescatado por todas las personas a las que odia: una mujer trans, un hombre negro y un musulmán”, sonríe Sagirah Shahid.

Esta solidaridad, esta ayuda mutua que consiste en intercambiar servicios y recursos, es algo habitual en Mineápolis, debido a su historia de luchas, huelgas obreras y compromiso. La historia reciente lo ha demostrado tras el asesinato de George Floyd, en 2021. Es este caldo de cultivo el que ha permitido el éxito de este comienzo de año.

Se ha construido sobre una estrategia que se basa en tres pilares: la acción directa no violenta, caracterizada por manifestaciones, una huelga general y la interrupción de las actividades del ICE; la organización de patrullas ciudadanas para proteger los barrios señalados; y, por último, la presión económica, que consiste en campañas de boicot contra los comercios y las empresas que colaboran con la policía de inmigración, o simplemente contra los hoteles que alojan a los agentes.

“Ha sido una movilización masiva”, insiste Sagirah Shahid. “No se trató solo de una acción aislada, sino de un conjunto de iniciativas diferentes. Y no se limitó a las acciones directas no violentas, sino que también se trasladó al ámbito político.”

Los activistas presionaron a las autoridades locales para que prohibieran la colaboración con los agentes del ICE y el uso de aparcamientos públicos por parte de estos, y el ayuntamiento aprobó una ordenanza en este sentido. “Fue muy importante, porque permitía hacer todo lo posible para frenarlos y complicarles la tarea al máximo”, subraya la activista.

Pero sigue habiendo unos quinientos agentes del ICE en la ciudad. Siguen deteniendo a personas y separando a familias. “Siguen sembrando el terror entre la población”, lamenta Sagirah Shahid. Nada más bajar del avión, se unirá a las actividades previstas para el 1º de mayo, con un llamamiento a la huelga general. En Mineápolis, ciudad contestataria y solidaria, la lucha nunca termina.

Traducción de Miguel López

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.  

La ley del más fuerte no es una ley sino su ausencia. Vivimos una época en la que algunos han pretendido decretar el fin de la ley internacional y los derechos humanos. En este escenario, parece imponerse la toma de decisiones y el inicio de conflictos bélicos sin el más mínimo respeto a las instituciones y tratados internacionales o, siquiera, a los derechos humanos. Está sucediendo en Ucrania, en Gaza, en el Líbano y en Irán como si fuera inevitable, solo justificado en la defensa de determinados intereses nacionales.

Así, la defensa y la seguridad se vacían de principios, olvidando que la historia nos enseña que el avance del derecho internacional humanitario se produjo, precisamente, para limitar los medios y métodos para hacer la guerra y proteger a los civiles. Y, si eso es así, más aún cuando hablamos de la actuación de las Fuerzas Armadas fuera de zonas de conflicto.

Y mientras en Ormuz las armadas de varios países pugnan por un bloqueo con consecuencias globales, en España el debate se ha colocado en el bloqueo naval de personas y no de mercancías. Afortunadamente, cuando hace unos meses hubo quienes exigieron que militarizáramos nuestras costas y que nuestra Armada se dedicara a blindar nuestras fronteras marítimas para impedir esa supuesta invasión de inmigrantes que trataban de llegar a Europa, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, fue contundente. La misión de la Armada es “ayudar y salvar” a los ocupantes de una embarcación que se encuentran en peligro y no impedirles el paso o devolverlos. 

Se trata de una posición respetuosa con los derechos humanos, con la más mínima empatía y respeto a la vida humana, pero también coherente con nuestra historia y tradición militar, como relata el investigador Alejandro Anca en su ensayo sobre la tradición humanitaria de la Armada. 

Por supuesto, nuestro país dispone de un sistema de Salvamento Marítimo y de la acción de las FCSE, así como el dispositivo europeo de FRONTEX para vigilar nuestras fronteras, luchar contra el tráfico ilegal de personas y la ayuda en el mar, pero también la Armada ha participado en misiones como la operación Sophia, en la que el jefe de la Armada relataba de forma estremecedora cómo se podían encontrar a 250 o 300 náufragos desesperados en el agua sin saber nadar y con una embarcación pequeña tenían que escoger a 10 o 20, sabiendo que, cuando volvieran, muchos ya no estarían esperando.

Ante tanto discurso de odio, ante tanta “prioridad nacional”, es reconfortante escuchar una visión humanitaria, la de nuestras Fuerzas Armadas y, desde luego, tener claro que nunca se puede elegir a quién ayudar o salvar en función del color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión que se profese o su pensamiento. Ni en tierra ni en el mar. Porque no hay nada más importante que la vida humana, porque la empatía ante el sufrimiento ajeno es lo que nos define como especie y porque la ley nos protege de la barbarie.

En el ensayo citado, el autor repasa precisamente cómo la humanidad pasó del “derecho de naufragio”, que justificaba el pillaje, a la protección de los náufragos. Desde el Senado romano en el año 81 A.C., al Digesto de Justiniano, el rey Fernando II de León, Sancho el Sabio de Navarra o los Reyes Católicos, dictaron normas para proteger a los náufragos. 

Posteriormente, las Reales Ordenanzas de la Armada de 1793 o la puesta en marcha de la primera ambulancia marítima del mundo en colaboración con la Cruz Roja Internacional, consolidaron los avances, documentándose numerosos rescates, incluso, de militares náufragos de otras potencias extranjeras.

Esto coloca algunas posiciones actuales, en términos históricos, en la Edad Media. Escasamente civilizados, podríamos decir. Por no hablar aquí de otro avance civilizatorio esencial en la historia de España y universal que algunos “patriotas” deberían conocer como fueron las Leyes de Burgos que, ya en 1512, proclamaron a los indígenas americanos como hombres libres, sujetos de derecho y se les protegió de tratos vejatorios. Pareciera que algunos quisieran derogarlas.

Recalquemos que el deber de proteger y salvar a quienes se encuentren en peligro en el mar proviene del derecho internacional, de la ley del mar, de la tradición militar, de los derechos humanos y, también, de una mínima exigencia ética.

El propio papa Francisco afirmó rotundamente que rechazar a los inmigrantes es un “pecado grave” y el papa León XIV, en su próxima visita a España organizará un encuentro con inmigrantes y sus “ángeles del océano” en referencia a aquellos que los salvan y los atienden cuando llegan cruzando el mar.

Hay, en este mundo nuevo, otra manera de entender la política internacional, la Defensa y el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, compatible con los derechos humanos y la legalidad internacional, sin odio al diferente y perfectamente alineada con nuestra historia y tradición.

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Luis Tudanca es senador socialista por Castilla y León.

Cuando yo tenía dieciocho, en una siesta de verano al sur, soñé con La mujer habitada, una novela que firmaba una mujer de nombre exótico y rotundo y que me hablaba de cosas que nadie me había contado todavía. De la revolución, de nuestro cuerpo, de rebeldía, de la historia antigua de América Latina. Cómo de lejos estaba Nicaragua entonces de mi ignorancia. Aquel libro me había devorado, o yo a él, como a una naranja del árbol de Lavinia. Y lo soñé.

Pasaron los años, y quiso la tiranía que Gioconda viviera en mi ciudad. Hoy habita el centro de Madrid con alegría, con palabra, con compromiso. Está en el exilio desde que, en 2022, no pudo regresar a Managua, su ciudad, a Nicaragua, su país, despojada de su nacionalidad, de su gente y de las cosas de su vida. Tiene pasaporte español, como otros compatriotas suyos, otorgado por carta de naturaleza, y vive aquí, alejada de aquel corazón salvaje centroamericano, de los pájaros que cruzan su recorte de cielo, de esa extensión de selva, de valle y de montaña tensada por un nuevo dictador. "Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido". No es su primer exilio. A mediados de los setenta fue perseguida y tuvo que salir del país a México y Costa Rica por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vivió la clandestinidad, la guerrilla, vio caer a los amigos. Ayer mismo recordaba al compañero al que ella le dijo que cómo iba a participar en la lucha armada si tenía hijas. Por ellas, para que tus hijas no tengan que hacerlo, le respondió. Y así se convenció del camino. La revolución triunfó en 1979 y la dictadura de Somoza cayó en el pozo de la Historia. 

La deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquel que fue uno de los nueve comandantes de la revolución, ha sacado a Gioconda y a otros cientos de miles de nicaragüenses del país, entre ellos, también al premio Cervantes y excompañero de Ortega en la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez, que también camina Madrid. Ortega exilia, encarcela, vigila, aísla y usa la represión y la violencia para controlar el país. 

Dice Gioconda que ya no cree en la lucha armada. Que aquello ya fue. Quizá crea hoy en la palabra. Seguro, en el amor al otro. Estoy segura de que, como en el título de sus memorias, El país bajo mi piel, sigue llevando consigo, bajo ese pelo salvaje que tiene, un equipaje emocional de lo que significó participar en aquello, para la Historia y para su escritura. En su última novela, Un silencio lleno de murmullos, es la hija de una guerrillera quien ajusta ausencias con la madre revolucionaria. Esa culpa que cargan las madres todavía. La maternidad, como la guerrilla, es otra revolución. Íntima y política. Vital y social. 

De la literatura de esta autora, de la que tanto aprendí entonces sobre la sensualidad y la confianza en la energía que guarda nuestro centro de carne y hueso, me quedo con la posición desde la que lanza su palabra a la página: del cuerpo de una también nace la libertad. Los cuerpos son asuntos políticos. Los nuestros, de las mujeres, más aún. 

Estamos Gioconda y yo hoy en una isla juntas, a la que nos han traído a hablar de libros y escrituras. Y, aunque no es esta la primera orilla que habitamos, nos sentamos junto al mar después de comer y hablamos y hablamos bajo la luz brillante y saturada de este lugar de fuertes vientos. Y me acuerdo de aquella chiquita de dieciocho que se atrevió a soñar con escribir porque mujeres como Gioconda lo hacían. Que ponían su nombre y su cuerpo en la literatura. Gracias por todas tus revoluciones, pero también por esa.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes, informa EFE.

"Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Según Tellado, toda España está viendo "el descontrol" de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está provocando el caos", con oficinas municipales "colapsadas" y "desbordadas" en toda España.

En ampliación

El real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, es una iniciativa por la que se viene luchando desde hace años. Para ser más precisos, desde abril de 2020, cuando distintas organizaciones coordinadas por el movimiento estatal Regularización.Ya enviaron una carta al Gobierno con la demanda de una regularización urgente. 

Este decreto pondrá fin a la situación irregular de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya residían en España. Una medida social que comenzó como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por movimientos de base y colectivos de migrantes con el apoyo de ONG, plataformas de investigación, organizaciones internacionales e instituciones como la Iglesia.

El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el pasado jueves 16 de abril y se cerrará  el próximo 31 de junio. Tragsa y Correos serán las empresas a cargo de la gestión y ayuda técnica para la presentación de solicitudes, mientras que un equipo reforzado de más de 350 funcionarios de la Oficina de Extranjería tendrán que validar los expedientes. Pero, ¿de qué manera prestarán apoyo las distintas organizaciones que han acompañado a los solicitantes durante el proceso?

Edith Espínola, portavoz del movimiento RegularizaciónYa, explica a infoLibre que “las entidades como responsables y colaboradoras de extranjería van a determinar cómo va a ser su proceso de colaboración”, pero que desde Sedoac están terminando de crear el “manual de ayuda para la solicitud”.

Ese protocolo tendrá distintas etapas y, en un primer momento, se llevará a cabo un “taller de extranjería” para que a las personas solicitantes “no les falte ningún tipo de información”. Una vez realizado el taller y explicadas todas las casuísticas, habilitarán un teléfono para que las personas pidan cita previa y puedan registrarse. Voluntarias y personal de Sedoac autorizado “se encargarán de verificar todas las carpetas de cada persona para asegurarse de que todos los documentos estén presentes y cumplan con los criterios necesarios”, comenta la portavoz.

“Será una tarea compleja”, asegura Espínola, ya que entre las distintas verificaciones deberán tener en cuenta las diferentes casuísticas individuales de cada persona: “lo que incluye verificar si la persona está empadronada, quién firma, con quién vive, y otras causales”.

Finalmente y después de la revisión detallada de cada documento, se presentarán los expedientes al ministerio a través del enlace web específico que les habrán proporcionado. Sedoac está terminando de realizar este “manual de protocolo” que se llevará a cabo tanto en Madrid como en Valencia, pero reconoce que aún faltan flecos por parte del Ministerio de Inclusión que todavía no ha habilitado el modelo de informe de vulnerabilidad. 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de personas extranjeras se remonta a julio de 2021 cuando, tras el anterior rechazo del Congreso a una Proposición No de Ley (PNL) contra la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería, se decide poner en marcha la ILP de RegularizaciónYa. 

En enero del siguiente año, distintas organizaciones y voluntarios deciden coordinarse para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas en una treintena de ciudades de España. Paralelamente a esto, obtuvieron 83 menciones de apoyo en Plenos de ayuntamientos, diputaciones y una PNL en el Parlamento Vasco.

El 21 de diciembre de 2022 consiguen entregar 700.000 firmas recogidas en la Oficina de la Junta del Censo Electoral. Pese a ello y debido al adelanto de las elecciones, el trámite parlamentario de la ILP quedó detenido durante meses. Después de varias comparecencias de distintos portavoces de las organizaciones ante la Comisión de Empleo del Congreso, el 9 de abril fue aprobada la toma en consideración de la regularización de la ILP en la Cámara Baja con 310 votos a favor. Solo se opuso Vox con sus 33 votos. 

El pasado martes, tras seis años de lucha administrativa, el Gobierno aprobó el decreto, aunque para Espínola “es una victoria agridulce”. “No entraron todas las medidas que queríamos. Han dejado a los apátridas fuera, no se ha tenido en cuenta que la cuestión de los antecedentes penales tiene muchísimas limitaciones para ciertos países”, comenta. Pero se queda con lo bueno: “Va a haber un grupo que va a poder acceder y vamos a luchar para apoyar a todos los que podamos”, cuenta a infoLibre.

El pueblo saharaui conforma más del 90% de las solicitudes de apatridia en España. Estas solicitudes han quedado excluidas del decreto-ley y Compromís ya ha exigido al Gobierno una solución. “Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso la diputada Águeda Micó.

El Gobierno aún no ha dado ninguna explicación al respecto, incluso desde la organización de Espínola no se explican quién o por qué se ha decidido dejar fuera a este colectivo tan invisibilizado. Para RegularizaciónYA esta exclusión ha sido “especialmente dolorosa”. Han luchado “durísimo” por ello, pero no han conseguido que se aprobase. Aunque lo más duro, reconoce la portavoz, es “no tener explicaciones”.

Consideran que es contradictorio que, por un lado, “se luche por reconocer a un pueblo como el palestino”, y por otro, “a personas saharauis que han sido españolas durante 50 años, ahora ya no puedan serlo”. Además, no creen que el Gobierno vaya a rectificar esta situación a corto plazo, pero están “dispuestas a apoyar a las compañeras que tienen esta lucha”.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la Cadena Ser se refirió a esta anomalía: “Es muy importante establecer que las personas apátridas no están en situación irregular. Este procedimiento es un procedimiento específico para personas en situación de irregularidad [...] tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar la situación de las personas apátridas porque están protegidas por el estatuto de apátrida”. 

La Iglesia católica ha sido uno de los grandes apoyos para la consecución de esta medida social. De hecho, el obispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, celebró “el acuerdo de Estado” y llegó a pedir a los políticos que dejen de utilizar la inmigración como elemento de choque. 

Según Diego Fernández-Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas España, “Cáritas lleva brindando apoyo al proceso desde el principio junto con muchas otras entidades”. Sobre todo, la ONG ha llevado a cabo el papel de mediador entre las distintas formaciones políticas: “nuestra prioridad era lograr un acuerdo unánime o casi unánime entre todas las formaciones políticas porque consideramos que es una medida que beneficia al conjunto de la sociedad civil”. 

Sin embargo, el PP, que dio su visto bueno a la tramitación de la ILP por el Congreso en 2024, ahora, tras la entrada en vigor del decreto, su líder nacional Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “disparate” la decisión de regularizar “a granel” a personas que han delinquido y “cuentan con antecedentes policiales”. Fernández-Maldonado cuenta a infoLibre que la ONG ha tenido “numerosas reuniones” con los populares en las que les informaron de las “bondades” de este decreto. 

En las comunidades en las que gobierna el PP, esta regulación puede verse afectada. Los populares ya han presentado hasta nueve alegaciones a la normativa que entró en vigor el pasado 16 de abril y recurrirán en ocho comunidadeseste real decreto que planean llevarlo al Constitucional e incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fernández-Maldonado subraya que desde Cáritas están “tranquilos” porque el decreto es “conforme al derecho”, pero reconoce que “el PP está en su pleno derecho a judicializarlo”.

Estos días asistimos a un ruido ensordecedor liderado por la versión más ultra de Feijóo, que ha decidido desempolvar el discurso del miedo con el objetivo de satisfacer a sus socios de Vox. Dice Feijóo que la regularización de personas migrantes nos traerá delincuentes. Miente, y lo sabe. Sabe que esta regularización es extremadamente garantista con los temas de seguridad. También sabe que fue el PP de Rajoy quien hizo una regularización premium con las Golden Visa para traer aquí a todo tipo de delincuentes poniéndoles la alfombra roja. Así que Feijóo no tiene un problema con la inseguridad, sino con que el orden democrático empiece a aplicarse también a quienes no tienen una cuenta corriente con seis ceros.

Hablemos de seguridad real. El proceso de regularización actual —fruto de una ejemplar Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas— no regala nada. Exige. Los solicitantes pasan por un triple filtro que ya quisiera para sí cualquier consejo de administración: certificado de penales de su país, certificado de ausencia de delitos en España e informe policial. Cualquier mancha, cualquier detención, les deja fuera. A quien viene a trabajar y a convivir, no a especular, el Estado le mira con una lupa que roza la obsesión. Y, a la vez, le ofrece también seguridad, la de que no le podrán explotar laboralmente, ni excluir de sus derechos fundamentales.

Qué diferencia con el "modelo Rajoy" de las Golden Visa. Aquello sí que fue una barra libre de inseguridad. Mientras ahora se fiscaliza hasta el último papel de los vecinos y vecinas que harán cuantiosas contribuciones fiscales para financiar el bienestar común, el PP aprobó una regularización VIP para extranjeros ricos a cambio de especular con la vivienda y, además, les regaló rebajas de impuestos como la que hizo Ayuso con la ley Mbappé. Se puso en marcha con las Golden Visa un modelo que ha sido un coladero de manual por cuatro razones que conviene no olvidar:

No se investigaba el origen del dinero. Daba igual si los fondos venían de la corrupción o del crimen organizado; si traías el fajo, tenías el permiso y el fajo quedaba lavado. Un verdadero colador de delincuencia del que nunca dijo nada Feijóo. Se concedieron visados masivamente por la compra de casas, disparando los precios primero en barrios ricos y, por efecto dominó, asfixiando el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras. Pero si hablamos de delincuencia y seguridad, frente al control exhaustivo del migrante trabajador, al rico solo se le pedía un cheque. Si un delincuente compraba un piso a nombre de su hija de 18 años sin antecedentes, después toda la familia entraba en España sin más comprobaciones. Una alfombra roja que se podía comprar. Pero además, las Golden Visa disfrutaban de un silencio administrativo positivo del que no gozará jamás una trabajadora migrante. Si la administración no respondía, el rico ganaba. Para el resto, el silencio sigue siendo un muro.

Regularizar no es un acto de caridad, es poner orden desde las instituciones para defender a los débiles frente a los fuertes. Es garantizar un proceso ordenado de migraciones, es garantizar la seguridad de todos, también de las trabajadoras migrantes. Es sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas para que se incorporen plenamente a la ciudadanía: que paguen impuestos, que escolaricen a sus hijos, que coticen para las pensiones y que dejen de ser vulnerables ante la explotación laboral. Es sacar a miles de niños y niñas de la pobreza y de la marginalidad.

Esta regularización es la victoria de una sociedad civil decente que se ha negado a mirar hacia otro lado. Es una regularización que se ha promovido desde la ciudadanía masivamente, desde la Iglesia, desde el sector empresarial. Es el triunfo del sentido común frente a la xenofobia y el racismo. Mientras unos prefieren importar fortunas opacas que encarecen nuestras casas, otros apostamos por dar derechos a quienes ya construyen nuestro país día a día. Eso es, sencillamente, democracia.

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Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer, expresidenta de Más Democracia y diputada por Más Madrid.

El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes, pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que desestima la medida cautelarísima de suspensión sin previa audiencia de las partes, porque no concurren circunstancias de especial urgencia y, en su lugar, acuerda tramitar este incidente por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de diez días al Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

Se trata del primer asunto que tramita el Supremo en relación a la regularización de inmigrantes, una vez que varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán el real decreto.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpuso este miércoles un recurso contra el real decreto con "expresa referencia a un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España" y pidió su suspensión inmediata "por concurrir circunstancias de especial urgencia".

Pero el alto tribunal entiende en su auto que "no se acredita la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia".

Explica que "bastaría con la entrada en vigor de una norma al día siguiente de su publicación para apreciar la urgencia", por eso "es evidente que la urgencia no puede derivar de la fecha de entrada en vigor de una disposición, sino de que exista una situación que aconseje la adopción de la medida a la mayor brevedad".

Igualmente, deja claro que "la urgencia debe apreciarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes de carácter objetivo, sin que la mera opinión de la parte sobre la forma en que va a desarrollarse un procedimiento sea un criterio a considerar para valorar la urgencia".

Y añade que "precisamente por establecer el real decreto unos procedimientos —entre ellos, autorizaciones de residencia temporal a personas extranjeras por circunstancias excepcionales— con sus plazos y trámites, no puede apreciarse una situación de urgencia, ni el riesgo de que se produzcan situaciones consolidadas irreversibles por tramitar la medida cautelar en la forma ordinaria".

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles, 15 de abril, el real decreto para facilitar la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes en unos pocos meses, un texto que ha entrado en vigor hoy, fecha desde la que se pueden tramitar las solicitudes.

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato 'online', al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

Para poder realizar las solicitudes de manera 'online' será necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma para hacerlo estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los interesados en acogerse a esta regularización tendrán un plazo de dos meses y medio, hasta el 30 de junio de 2026.

Podrán acogerse a esta regularización aquellas personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.

Para demostrar el tiempo que la persona lleva en España se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a tramite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes al Partido Popular que escuche a la patronal y a la Iglesia católica para apoyar la regularización de inmigrantes que va a aprobar el Ejecutivo, según informa EFE. Sánchez ha salido así al paso en rueda de prensa en Pekín a las críticas del PP, y también de Vox, a esa regularización que prevé aprobar el Gobierno este martes.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que lo que hace el Gobierno es reconocer derechos a ciudadanos que ya viven en España y ha recordado que ha habido anteriores procesos de regularización. Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno del PP de José María Aznar regularizara a medio millón de inmigrantes sin papeles.

"Por lo tanto, no estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país", ha añadido.

Además, ha señalado que se trata de un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.

Por eso, tras asegurar que de Vox no se puede esperar nada, ha instado al PP a que escuche a la patronal y a la Iglesia y tengan en cuenta su propia historia al haber hecho ya regularizaciones.

Sánchez ha insistido en que se trata de algo bueno para España, para el reconocimiento de derechos y para el crecimiento económico, para tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles y para garantizar las pensiones.

En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno ha asegurado que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden. "Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -ya la que aspiramos a ser", ha resumido. 

Pero también se trata, ha señalado, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Todos ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron y contribuyeron a modernizar España, ha recalcado.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que se trata también de "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren. 

Por todo ello, Sánchez ha asegurado que el camino es "integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven" en España y la regularización avanza en esta vía, al reconocer derechos pero también exigir obligaciones. 

Ha defendido que la integración solo es posible desde la regularidad: "Desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena en nuestra sociedad", ha señalado. 

Sánchez ha contrapuesto el camino de "quieres quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión" frente al de quienes entienden que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida.

El presidente del Gobierno ha dedicado unas palabras en su carta a los cientos de organizaciones y más de 600.000 personas que, durante años, han trabajado "sin descanso" para sacar adelante la iniciativa legislativa popular para la regularización, que logró "algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir". 

PP, Vox y Junts han criticado este martes al Gobierno tras aprobarse la regularización extraordinaria de inmigrantes, pese a que tanto la Iglesia como la patronal sí apoyan este decreto.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo ha definido como "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Saiz ha resaltado que para acceder a esta regularización se requerirá carecer de antecedentes penales, por lo que "no supone una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

"Frente a quienes defienden un mundo lleno de muros y de expulsiones, la España real habla muchos idiomas, viene de muchos sitios y conoce muchas culturas", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha incidido en que "quien vive aquí, quien trabaja aquí, tiene que tener responsabilidades, pero también tiene que tener derechos".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores, ha dicho que la regularización "no es humanitaria" y "alienta a las mafias", ya que extiende el mensaje de que "pueden hacer su trabajo con éxito" dado que en España "podrá entrar cualquiera".

Además, según Feijóo, no tiene "exigencias suficientes" para quienes vayan a regularizar su situación, que cree que podrían ser no solo medio millón, sino incluso "más de un millón".

"Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras", ha dicho la dirigente de Vox Isabel Pérez Moñino al presentar una campaña de concienciación de su partido sobre las consecuencias de la inmigración.

Vox recurrirá al Tribunal Supremo para que paralice la medida cautelarmente, antes de que el jueves comience a aplicarse, y también su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha criticado que se haga por real decreto y así el Gobierno "se salte" la votación en el Congreso.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha señalado que una regularización masiva no es una solución y que su partido apuesta por "integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura" de la sociedad de acogida, por lo que reclama "competencias plenas para gestionar la inmigración desde Cataluña".

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha recordado que el PP votó a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular de regularización, pero finalmente Feijóo ha optado "por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que su partido ha negociado hasta el último momento el real decreto y ha lamentado que el Gobierno haya hecho "concesiones" en cuanto a las restricciones por antecedentes penales tras el informe que emitió el Consejo de Estado.

Otras críticas desde la izquierda han llegado de los dos diputados de Compromís: de Andrés Ibáñez, porque ve incompatible la regularización con que continúen abiertos los CIES, que son "cárceles ilegales", y de Àgueda Micó, por quedar los saharauis al margen de este proceso de regularización. 

Cuando el Gobierno anunció la regularización extraordinaria el pasado 26 de enero, las redes sociales se incendiaron, como era de esperar. Todo lo relativo a la migración genera debates. No es casual; es el resultado de más de diez años de trabajo minucioso de un grupo de intereses políticos y económicos, la denominada Franquicia antimigración, que utilizan este tema para desviar la atención de los debates realmente relevantes. Las preguntas son no sólo qué modelo de país necesitamos, sino cuál queremos y, por tanto, por cuál vale la pena luchar. En los próximos días se aprobará el Real Decreto que hará efectiva esa regularización, y hasta el 30 de junio cabe esperar que esa Franquicia movilice todos sus recursos para desestabilizar el debate público. Tienen dinero, organización y altavoces mediáticos. Nosotras tenemos la voluntad, los principios y algo que ellos nunca podrán comprar: el número. Somos más, aunque a veces nos cueste creerlo.

Soy ingeniera y me gusta analizar los números. Llevo años mirando los procesos electorales desde un prisma diferente, no desde los escaños sino desde los votos absolutos. No quiero entrar en el debate de si tendríamos que cambiar nuestro sistema con su Ley D'Hondt por otro de representación directa; eso es un melón complejo que necesitaría un artículo en sí mismo. Pero echarle un ojo a cómo vota la gente, en términos de número de votos, y su relación con un total de ciudadanos, proporciona informaciones interesantes para entender a la sociedad que está votando. Por ejemplo, este ejercicio aplicado a las elecciones de la alcaldía de Nueva York es brutal. Zohran Mamdani representa una de las victorias más sonadas del año pasado. Mirando los números de votos descubrimos que el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que concurrió como independiente contra Mamdani, consiguió unos 900.000 votos. Estos son unos 150.000 votos más que los que obtuvo en 2021 Eric Adams, el anterior alcalde de Nueva York, que también era demócrata. Entonces, ¿cómo pudo ganar Mamdani? Porque su batalla no fue realmente contra Cuomo, al que no podía superar en su marco, sino contra la abstención. En 2021 la participación en las elecciones a la alcaldía de Nueva York fue del 23%. En 2025 la campaña de Mamdani la subió al 43%. Mamdani consiguió que más de un millón de personas creyeran que el cambio era posible y fueran conscientes de que su voto era determinante. 

Si ahora miramos los resultados de nuestras últimas elecciones generales en número de votos, vemos que al PP lo votaron 8,1 millones, al PSOE 7,8 millones, a Sumar y a Vox tres millones, y se abstuvieron diez millones. Es decir, que en términos numéricos las elecciones las ganó la abstención. Las personas en España nos repartimos entre derecha e izquierda de una forma similar desde hace décadas. Las bases sociales del PSOE y del PP se mantienen y un grupo de indecisos cambia de bando en ciclos alternos. Esto se vio alterado por la pluralización de los partidos en los años posteriores a la crisis de 2008. Pero no hemos cambiado tanto como nos quieren hacer creer. Y la gran mayoría de las personas que vivimos en España queremos un país con paz, servicios públicos de calidad, vivienda asequible y un modelo laboral que nos permita vivir dignamente y, según las encuestas, también queremos un país que acoja con dignidad y justicia a las personas que vienen de fuera a trabajar y participar de todo ello. 

Entonces, ¿cómo es posible que no seamos capaces de frenar el odio y parar la polarización a la que nos someten los grupos antimigratorios de los que hablamos antes? Es un tema complejo, pero hay algunas claves que son importantes. Tenemos que enfrentarnos a todo lo que está sucediendo con la convicción de que somos más personas que ellas y de que, por lo tanto, tenemos la posibilidad de pararlas. El derrotismo que inunda los debates y las conversaciones es parte de su éxito. Tenemos que encontrar la forma de actuar identificando cuáles son las herramientas que tenemos en nuestras manos. Esto implica hacer el esfuerzo de salir a manifestarse, participar en una campaña de activismo digital o formar parte de grupos de acción ciudadana. Y debemos protegernos. Hay que elegir qué consumimos sin miedo al FOMO y evitando caer en las distracciones que los autoritarismos nos meten en la agenda. Como sugiere el lingüista George Lakoff en su guía para mantener viva la democracia en 2025 hay que premiar la información veraz y apoyar el periodismo de calidad y de largo aliento.

Las noticias falsas, el odio y los bulos se pueden desactivar. Solo tenemos que ser conscientes de nuestro poder. Estamos luchando por dominar un algoritmo. Pero finalmente esto es tan sencillo como darle al espacio de debate público el contenido que queremos que nos den. En lugar de odio, darle amor. En lugar de noticias falsas, darle noticias de calidad. Llenar esa red social que usas —Instagram, LinkedIn, WhatsApp o la que sea— con contenido positivo y constructivo cada día, como una gota malaya, para desarmar el trabajo de los bots. Se puede.

La regularización extraordinaria es indispensable. No existe elección. En un sistema ordenado y avanzado no se puede tener a más de medio millón de personas sin papeles, por razones que van desde las más éticas, como que todas tenemos que ser iguales en derechos, a las más prácticas, que los trabajos esenciales de nuestro país están en manos migrantes. Por desgracia, no podemos contar con el PP, que, en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, está sometiendo a sus bases a una elección imposible, tensionando innecesariamente los espacios del conservadurismo moderado. De modo que tendremos que proteger el modelo de país que queremos desde la sociedad civil. Nos va a tocar volver a las redes y tapar el odio con contenidos de calidad. Tendremos que hablar de las necesidades de nuestra sociedad. Es una responsabilidad proteger con nuestro mensajes a las personas migrantes que serán el foco de las campañas y los odios. Y el 30 de junio, cuando todo haya pasado y más de medio millón de personas por fin tengan sus papeles, sentiremos que hemos participado en algo grande. Habremos vencido.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE. 

El encuentro pretendía abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez. 

Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta se ha conectado por videoconferencia. 

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. 

Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado.

Sira Rego ha asegurado este miércoles que la acogida corresponsable de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades sigue adelante pese al intento del PP de bloquear este sistema y su plantón este miércoles en la sectorial que iba a tratar este asunto. En declaraciones a los medios, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha manifestado su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que esta era una cita en la que se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros. 

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha socorrido esta mañana a 37 inmigrantes que viajaban en una patera en aguas cercanas a Lanzarote, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Los ocupantes de la patera están siendo trasladados por Salvamento Marítimo a Puerto Naos, donde se espera que lleguen sobre las 11:45 horas (hora canaria).

Se trata de la cuarta embarcación precaria que llega desde las costas africanas a Canarias desde el pasado viernes, cuando Salvamento escoltó a un cayuco con 150 personas a bordo hasta el puerto de La Restinga.

Posteriormente, fueron auxiliadas dos pateras en las que viajaban 94 personas: una fue socorrida el sábado cuando navegaba al sur de Gran Canaria con 47 inmigrantes, y la otra al sureste de Fuerteventura con otros tantos migrantes.

Disparos sin previo aviso, en aguas internacionales. Las balas impactan en los radares, inutilizan cuatro embarcaciones de rescate y destrozan el cristal protector del puente. La tripulación intenta proteger a los 87 migrantes a bordo mientras exige, primero en inglés y luego en árabe, que cese el ataque. En vano.

El 24 de agosto de 2025, el Ocean Viking, el buque de búsqueda y rescate operado por la ONG SOS Méditerranée, recibió más de cien impactos de bala durante varios minutos. Los daños al barco se estiman en torno a 194.000 euros. Para la directora de la filial italiana de la ONG, Valeria Taurino, el incidente es "un acto ilegítimo de guerra contra trabajadores humanitarios y personas que huyen". Lo perpetró la guardia costera libia a bordo del Houn 664, una lancha patrullera donada por Italia a Trípoli con fondos europeos.

Más de seis meses después, ese ataque no ha tenido ninguna repercusión. Nadie ha cuestionado el suministro de embarcaciones, equipos y formación a la guardia costera libia, ni siquiera ante una nueva prueba de que están siendo objeto de un uso indebido.

Desde el inicio de la cooperación italiana y europea con la guardia costera libia, la violencia en el Mediterráneo central ha escalado: embestidas, disparos, maniobras peligrosas, abandono de náufragos en peligro y obstaculización de operaciones civiles de rescate. Entre 2016 y 2025, Sea-Watch documentó 72 incidentes de violencia por parte de las autoridades libias en el mar. Dieciocho ocurrieron el año pasado, un récord. "Estas prácticas no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que violan el derecho marítimo internacional y el principio de no devolución", escribe la ONG.

En abril de 2024, fue el barco de rescate de la ONG Mediterranea el que recibió disparos de los libios. Antes de eso, ya habían disparado contra un buque de rescate en 2016. No tardaría en producirse una nueva acción: primero el incidente del Ocean Viking en agosto de 2025; un mes después, la guardia costera libia abrió fuego contra el Sea-Watch 5, que acababa de rescatar a 66 náufragos. Hasta donde se sabe, el Ocean Viking es el único buque que ha sufrido daños significativos por disparos.

Las autoridades diplomáticas europeas son conscientes de los enfrentamientos entre barcos humanitarios y la guardia costera: "Los libios se muestran reacios a cooperar con las ONG internacionales que se niegan a reconocer su legitimidad ('la llamada guardia costera libia') y son percibidas como coordinadoras con las redes de tráfico de personas", se lee en una comunicación interna —consultada por IrpiMedia— de la delegación de la UE en Libia, emitida pocos días después del ataque al Sea-Watch. "Sin ilusiones", continúa el texto: es "poco realista" que las ONG y la guardia costera compartan "ni siquiera unos objetivos mínimos respecto a la gestión de incidentes de búsqueda y salvamento" en el mar.

Parece existir una estrategia detrás de la violencia contra los migrantes: las interceptaciones con "maniobras peligrosas y uso excesivo de la fuerza", según un informe conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) publicado en febrero de 2026, forman parte de un patrón más amplio de "explotación" de los migrantes que en Libia se ha convertido en una realidad brutal y normalizada.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, el informe documentó "numerosos incidentes" en los que personas a bordo de embarcaciones con destino a Europa "cayeron al mar o se arrojaron por la borda como consecuencia de las acciones de los rescatadores libios, incluida la Guardia Costera Libia (GCL) y la Administración General para la Seguridad Costera (AGSC), que en algunas ocasiones supuestamente dispararon tiros cerca o sobre embarcaciones en apuros y sobre personas a bordo o que ya se encontraban en el agua".

Así, las violaciones y los abusos "han sido y siguen siendo perpetrados por actores estatales de seguridad" como la AGSC y la GCL, prosigue el informe. Los dos organismos, el primero vinculado al Ministerio del Interior y el segundo al Ministerio de Defensa, han sido los principales beneficiarios del SIBMMIL, el programa europeo más rico e importante de gestión de fronteras y migración en Libia.

Sibmmil, acrónimo de Support to Integrated Border and Migration Management in Libya (Apoyo a la Gestión Integrada de Fronteras y Migración en Libia), es un proyecto de desarrollo fronterizo en Libia iniciado en julio de 2017 y concluido en diciembre de 2025. En total, el programa contó con un presupuesto de 61,2 millones de euros, la gran mayoría procedentes de fondos europeos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTF), el fondo fiduciario puesto en marcha en 2015 para "abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y la migración irregular y contribuir a una mejor gestión de la migración", según una nota de prensa. Fue implementado por el Ministerio del Interior italiano, apoyado en la fase inicial por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte del sistema de las Naciones Unidas.

En febrero de 2026, IrpiMedia analizó el gasto del Ministerio del Interior italiano y la OIM. En total, se rastrearon poco más de 34 millones de euros, un 56% del total, lo que significa que no existe información pública y accesible sobre cómo se gastó el 44% restante del presupuesto de Sibmmil. Se trata de 27,1 millones de euros en fondos europeos sobre los que no existe transparencia alguna.

El rastreo de los fondos ha demostrado que el Sibmmil fue, en gran medida, el instrumento utilizado para aumentar la capacidad de las autoridades libias para interceptar migrantes. Los fondos europeos gestionados por el Ministerio del Interior italiano se emplearon para el suministro de embarcaciones, la formación de tripulaciones y la creación del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Trípoli. Los fondos asignados a la OIM, por otro lado, se utilizaron para reforzar "la capacidad de las autoridades nacionales del sur para llevar a cabo operaciones de rescate en el desierto sensibles a la protección y para aplicar las normas internacionales de derechos humanos", explicó un portavoz de la organización a IrpiMedia, aclarando que no había habido "cooperación con la guardia costera libia".

El barco desde el que se disparó al Ocean Viking, el Houn 664, también fue financiado a través de una licitación del Sibmmil de 3,3 millones de euros, para esta y otra lancha patrullera. La embarcación es utilizada por la guardia costera libia, que, como se ha visto, es uno de los organismos libios que más se ha beneficiado del apoyo europeo. Sin embargo, la financiación europea a Libia no ha sido cuestionada.

La Comisión Europea explicó a IrpiMedia que, en 2025, siguiendo la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo, "formalizó" un procedimiento interno para el personal de la UE a la hora de tramitar denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos en proyectos financiados por la UE. El procedimiento incluye también "orientaciones claras sobre el vínculo entre las denuncias y las disposiciones de los acuerdos de financiación de la UE sobre suspensión y rescisión en caso de que no se respeten los derechos humanos". A mediados de febrero, el mecanismo se utilizó al menos en un caso. No se sabe a qué país se refiere, pero no parece ser Libia.

En relación con el ataque al Ocean Viking, un portavoz de la Comisión Europea declaró que "la UE planteó el asunto directamente a las autoridades libias, instándolas a garantizar las investigaciones necesarias". Se ha abierto una investigación, pero seis meses después del incidente no ha habido avances. Mientras tanto, sin embargo, añadió el portavoz, la UE trabaja con las autoridades libias para "adoptar y promover procedimientos operativos estándar para el salvamento marítimo" y reforzar sus "procedimientos nacionales de seguimiento y rendición de cuentas".

Además, durante la última reunión del Consejo Ejecutivo del Sibmmil, celebrada en noviembre de 2025 en Roma con presencia de representantes de Europa, Libia, Italia y otros países de la UE, el programa fue calificado de "exitoso". "La necesidad de un proyecto de seguimiento es consensual", escribió un funcionario de la UE que participó en un documento interno que forma parte de la filtración.

El Sibmmil se completó en un plazo mucho mayor al previsto inicialmente. Sin embargo, el proyecto estuvo influenciado por la estabilidad del gobierno de Trípoli y sus relaciones con los países europeos. En términos diplomáticos, el nombramiento de Giorgia Meloni como presidenta del Consejo de Ministros coincidió con una fase de mayor cooperación con Trípoli. A finales de enero de 2023, la primera ministra viajó a Trípoli en uno de sus primeros viajes desde su elección unos meses antes. Habló de una cooperación "a todos los niveles" con Libia: inversiones, infraestructuras, energía y, "por supuesto", también migración.

A su lado se encontraba el primer ministro del Gobierno libio, Abdel Hamid Dbeibah. Designado con carácter provisional en 2020, se suponía que debía conducir a Libia hacia unas elecciones antes de finales de 2021. Cuando Meloni fue nombrada primera ministra, Dbeibah "necesitaba desesperadamente apoyos exteriores", explica Tarek Megerisi, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), porque habían pasado años desde el final previsto de su mandato político y, en consecuencia, se enfrentaba a una crisis de legitimidad. Con Italia, Dbeibah jugó la carta de la energía y la migración, con la firma de un nuevo acuerdo entre Eni y la empresa petrolera nacional libia NOC y la promesa de un mayor compromiso en el control fronterizo.

A esta primera visita de Meloni le siguió, entre el 5 y el 7 de febrero de 2023, otra visita a Trípoli de una delegación de la Comisión Europea. Fue la primera visita de este tipo en cinco años y, a partir de ese momento, se producirían al menos seis misiones más, además de varias reuniones en Roma, Bruselas y Varsovia. En febrero de 2023 Italia entregó una nueva embarcación a la guardia costera libia, y en junio, otras dos antiguas lanchas patrulleras reformadas de la Guardia di Finanza italiana. Entre ellas, el Houn 664, que más tarde abriría fuego contra el Ocean Viking.

Meloni regresó a la capital libia para el Foro de Migración Transmediterráneo en julio de 2024, junto con el entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. La cumbre es una nueva confirmación de las buenas relaciones de Trípoli con sus socios europeos. "La apertura de Libia a debatir acciones concretas para abordar las causas profundas de la migración irregular [...] se hace eco de los objetivos y la visión largamente acordados por la UE", reza un informe interno redactado por los funcionarios europeos presentes en el foro. Tres meses después, el proyecto Sibmmil alcanza un primer hito importante: en octubre de 2024, la guardia costera libia pone en marcha "el primer Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) oficialmente reconocido" en Trípoli, según otros documentos de Irini.

Los problemas con los libios se barren bajo la alfombra con apretones de manos y anuncios triunfales. Sus huellas pueden encontrarse, sin embargo, en algunos documentos internos confidenciales. En enero de 2024, un documento de la misión naval Eunavfor Med Irini señala que "existe el riesgo de que los fondos y el equipo proporcionados a Libia no lleguen a los destinatarios previstos, o puedan ser objeto de un uso indebido en algún sentido". Dos meses después, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) reiteraba que "el respeto de los derechos humanos y la transparencia sobre las condiciones de las personas recuperadas en el mar y sobre cómo son tratadas en tierra siguen sin estar claros".

A pesar de las preocupaciones sobre los destinatarios de la financiación y el equipamiento, y de las dudas respecto al respeto de los derechos humanos, el CCRM de Trípoli ha sido "una inversión sólida y rentable que refleja una creciente disposición de Libia a asumir la responsabilidad de su zona de búsqueda y salvamento (SAR)", escriben los diplomáticos europeos en un documento publicado por FragDenStaat, el portal que recoge solicitudes de acceso a documentos en Alemania. La iniciativa, por lo tanto, debe replicarse en el este de Libia: "Se ha puesto en marcha la implementación del proyecto del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) en Bengasi", prosigue el documento de finales de febrero. El acuerdo con el este, sin embargo, no se limitaría únicamente al CCRM. Según otros documentos también publicados por FragDenStaat, a principios de marzo, los ministros de los 27 países de la UE habrían debatido en Bruselas una "cooperación estructurada y en profundidad" con el este de Libia.

En Bengasi, en el este del país, el control político y militar está firmemente en manos del general Khalifa Haftar, quien no es reconocido por la comunidad internacional y que en el pasado intentó hacerse con el control de Trípoli por la fuerza, contra Dbeibah y sus aliados. A pesar de ello, Europa lleva tiempo barajando la idea de colaborar con él y con la controvertida brigada TBZ vinculada a su hijo Saddam. Un documento de IRINI de octubre de 2024 recoge una reunión entre personal militar de la misión de la UE y el embajador de la UE en Libia, Nicola Orlando. Según este último, "no importa que no haya un gobierno unificado en Libia para iniciar un diálogo [entre las autoridades libias y la misión IRINI]. En particular, porque la guardia costera libia sí está oficialmente unificada en Libia". "En su opinión —prosigue el documento— es incluso necesario implicar al este".

Pocos meses después, en febrero de 2025, tuvo lugar la primera misión conocida a Bruselas de funcionarios libios tanto del oeste como del este. En septiembre, tras años de bloqueo, oficiales de la Marina libia (de la que depende la guardia costera) asistieron a un curso de formación en Taranto (Italia) en el marco de la misión Irini de la UE, y en este caso también hubo personal de ambas partes del país. Por último, en octubre, según reveló IrpiMedia, tuvo lugar la primera visita de representantes del este de Libia a la sede de Frontex en Varsovia.

La Comisión Europea ha subrayado en repetidas ocasiones que se trata de reuniones "a nivel técnico", pero para Haftar representan un impulso significativo a su legitimidad internacional. En un intercambio de correos electrónicos entre los dirigentes de Frontex que data de la época de las visitas, consultado en esta investigación, la instrucción que debe transmitirse a las autoridades de Trípoli y Bengasi está claramente establecida: "responder a los casos [es decir, llamadas de socorro en la zona SAR] y abstenerse de usar armas de fuego durante el salvamento marítimo".

Siete días después del ataque al Ocean Viking, el 31 de agosto de 2025, el embajador de la UE en Trípoli, Nicola Orlando, se reunió con Abdulsalam Al-Zoubi, subsecretario del Ministerio de Defensa de Trípoli, del que depende la guardia costera libia. "Es nuestro jefe y está haciendo un trabajo excelente", explica Masoud Abdel Samad, jefe de operaciones de rescate de la guardia costera libia, a IrpiMedia.

Al-Zoubi inició su carrera como líder de una milicia terrestre en Misrata. Su grupo armado controla, en particular, la zona que se extiende desde Trípoli hasta Misrata pasando por el puerto de Al-Khoms. Esto corresponde al tramo de mar donde la lancha patrullera Houn 664 suele realizar sus operaciones, incluido el ataque del 24 de agosto de 2025.

"Esa zona pertenece a Al-Zoubi, que se ha vuelto más activo como subsecretario. Ha establecido una presencia en el mar con sus propios buzos y lanchas motoras. Allí, todos trabajan estrechamente con Italia y con Dbeibah, naturalmente. Al-Zoubi es uno de sus mayores apoyos", dijo a IrpiMedia Jalel Harchaoui, investigador del Royal United Services Institute.

En el frágil y cambiante equilibrio de poder de Libia, Al-Zoubi es una figura que ha ganado poder, influencia y reconocimiento incluso más allá de las fronteras del país, con viajes a Estados Unidos, Turquía y Europa. Con frecuencia actúa como "representante diplomático" del Ministerio de Defensa libio, especialmente en las reuniones con socios extranjeros.

El 4 de septiembre de 2025, cuatro días después de su reunión con Orlando, se reunió en Roma con el ministro de Defensa Guido Crosetto y el ministro del Interior Matteo Piantedosi. "La cooperación en la gestión de los desafíos migratorios y de seguridad continúa", declaró este último. El ataque al Ocean Viking no fue mencionado.

"La pérdida continua de vidas en el mar no es una inevitabilidad trágica, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas", escribió SOS Méditerranée en un informe recién publicado con motivo del décimo aniversario de la ONG. Desde 2016 hasta hoy, la UE y sus estados miembros, continúa el informe, "han desmantelado el salvamento marítimo liderado por el Estado, han sustituido la asistencia por la disuasión y la contención, y han trasladado la responsabilidad a actores que no pueden o no quieren respetar las obligaciones internacionales". Como el personal de la guardia costera libia que disparó desde el Houn 664.

Cuando la agencia americana ProPublica reveló los nombres de los agentes del ICE implicados en el asesinato de Alex Pretti en Minnesota, me resultó inevitable recordar el momento central de la película Blade Runner sobre el cual, como un eje primario, gira en bucle todo el argumento. Ese momento no es la escena final, cuando Roy Batty, el replicante interpretado por Rutger Hauer, anuncia su muerte asumiendo que sus recuerdos se perderán “como lágrimas en la lluvia”. No es esa. Toda la película da vueltas sobre una pregunta de apariencia inocente formulada en tono tímido por Rachael, otra replicante, a Rick Deckard: “Así que este es el test Voight-Kampff. ¿Te lo has aplicado a ti mismo?”. La pregunta que le hace Sean Young a Harrison Ford queda colgada en las alturas, sin respuesta; tal vez sería hora de contestarla nosotros. 

Rick Deckard es un ‘blade runner’, un cazarrecompensas que dedica sus esfuerzos a neutralizar y matar replicantes, unos androides idénticos a los humanos salvo por un mínimo detalle: al ser autómatas carecen de la empatía propia de las personas. De ahí que la única forma de descubrirlos sea hacerles pasar un test que, a partir de sus respuestas y valorando ínfimas variaciones en la pupila, constate la ausencia de emociones característica de las máquinas. 

La película adapta una novela de Philip K. Dick que, como otras muchas de este autor, sobrevuela majestuosamente los límites de la realidad, la duda, el sueño y la ficción. La película de Ridley Scott respeta los juegos de sombras y espejos del autor para, de una forma suave pero descarnada, dejar sobre el alero la sospecha de que Deckard es un replicante; de hecho, su propia falta de empatía sería un serio indicio de ello. 

Deckard vive su papel de policía neutralizador con una agonía oculta: ¿y si estoy atacando a los míos? La novela deja entrever la debilidad de un test que, por su naturaleza, no puede aplicarse nunca a soldados: si el resultado les señala como replicantes serán eliminados, y si confirma su condición humana, entonces asumir su capacidad de empatía les impedirá matar.  

Hoy, lo más parecido a un ‘blade runner’ sería un agente del ICE, estos tenebrosos policías armados que recorren Estados Unidos para buscar y retirar inmigrantes, como si fueran apenas réplicas humanas. La comparación se nos aproxima hasta hacerse odiosa cuando advertimos que en el relato de Dick, de múltiples aristas y lecturas desasosegantes, a los replicantes no se les persigue realmente por androides; se les acosa por ser inmigrantes ilegales, esclavos de las colonias que, hartos de una vida de penuria trabajando para sus dueños, deciden escaparse a la metrópolis donde sus patronos viven una vida regalada.

Hace algunas semanas, se revelaron los nombres de los ‘blade runner’ implicados en la persecución inmisericorde de latinos y en la muerte de Alex Pretti. Se llaman Jesús Ochoa y Raimundo Gutiérrez. En este contexto, la pregunta lacerante que escucha Deckard y que no sabe contestar nos interpela, porque si estos dos estúpidos matones se hubieran aplicado a sí mismos el Voight-Kampff, si se hubieran puesto ante las armas que blandían contra otros, entonces hubieran constatado que eran de la especie que perseguían, extranjeros en tierra extraña, latinos persiguiendo a latinos, pobres persiguiendo a pobres. 

Tal vez la enseñanza de la película, y del libro que adapta, es esta moraleja desoladora tantas veces recordada: las hordas que el poder manda a luchar en su nombre están plagadas de miserables, cegados deliberadamente para no reconocerse en el otro. Ahí radica la fortaleza de la casta y, por paradoja, la semilla de su debilidad: sin la sumisión de los ochoas y los gutiérrez, no son nadie; apenas una panda de bufones peligrosos, bravos pero débiles, impetuosos pero ridículos, arquetipo representado en la película por el doctor Tyrell, interpretado por Joe Turkel, y en la vida real por Donald Trump. 

Hoy en día el poder del dinero es tan demoledor que parece arrasar todo a su paso. Así como la avaricia conduce a la rapiña, el capitalismo conduce inevitablemente a la guerra, sobre instintos parangonables: el territorio, las tierras raras, el gas y el petróleo, el poder y la gloria. Han creado una necropolítica, en palabra de Víctor Sampedro, diseñada por personas que no conocen más dolor que el propio, dispuestas siempre a poner una bomba al final del argumento. Disponen de un imperio absoluto que, sin embargo, podría pararse en un suspiro: las guerras se detendrán cuando los soldados se nieguen a ir, cuando las sociedades que nutren las tropas empiecen a condolerse, cuando seamos conscientes de nuestra fuerza. Terminarán cuando quienes empuñan un arma se pongan en la mirilla del Voight-Kampff, deseando averiguar si mantienen la empatía que les hace humanos, para descubrir finalmente que son iguales a los seres que se disponen a matar, porque sus víctimas también tienen, como ellos, vida y recuerdos de momentos que se perderán en el tiempo. 

Cuentan las crónicas que durante la batalla de Bailén en 1808, el general Dupont, encerrado en el valle, mandó al flanco un destacamento de soldados suizos; el general Castaños, por su parte, había enviado un regimiento suizo al mismo lugar. Las avanzadillas se encontraron sobre el cerro de Haza Walona; se reconocieron como compatriotas, dejaron las armas y empezaron a charlar, supongo que quejándose del sol abrasador de la campiña jienense. Debió de ser un momento evocador, que lamentablemente no se repitió con posterioridad. El ímpetu del socialismo estuvo a punto de sacar a los soldados de las trincheras de la Primera Guerra Mundial convenciéndolos para que no se dejaran matar por los intereses de otros, pero no lo consiguió. Y murieron por millones, unos mandados por Jorge V y otros por Nicolás II, dos primos hermanos que, si se miran de cerca, resultan ser indistinguibles. Ya nadie recuerda las razones de aquella guerra. 

A veces, los duendes del destino parecen reírse de nosotros con detalles absurdos que, más allá de lo naíf, invitan a una reflexión: cuando el gobierno de los Estados Unidos reveló los nombres de los primeros soldados muertos en su miserable guerra contra Irán –quién sabe si integrantes de la tropa implicada en el bombardeo de la escuela de niñas al sur de Teherán–, muchos repararían (Lucila Rodríguez-Alarcón seguro que lo hizo) en el peculiar apellido de una de las caídas, una suboficial originaria precisamente de Minnesota: la sargento Amor. No perdamos la esperanza.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.