El goteo de quiebras bancarias en Estados Unidos, con las turbulencias bursátiles que está acarreando, y el miedo al contagio, mientras la incertidumbre no deja de sacudir los mercados en Europa, apenas han rozado a los bancos españoles en el comienzo del año. Animados por las subidas de tipos de interés que aún no han frenado la actividad económica, los grandes bancos españoles continúan hasta marzo la misma tónica optimista con la que acabaron 2022. Las seis mayores entidades han ganado 5.696 millones de euros y, si se les suman los beneficios de Abanca y Kutxabank, alcanzan los 5.911,9 millones. Casi un 13% más que en el primer trimestre de 2022.

Y, pese a que todos los bancos han destacado en la presentación de sus resultados las cuantías que han pagado a Hacienda por el nuevo impuesto, lo cierto es que el tributo apenas ha arrugado unas cifras de las que todos presumen. Los ocho mayores bancos han abonado un total de 1.206 millones de euros por el gravamen que se aprobó el pasado diciembre. La previsión del Gobierno era llegar a los 1.500 millones.

El impuesto temporal a la banca, diseñado como una prestación patrimonial, grava con un 4,8% los intereses y comisiones de las entidades que facturaran más de 800 millones en 2019, el año previo a la pandemia. Sólo de la actividad que desarrollen en España y sólo durante dos ejercicios, el actual y 2024. Es decir, los bancos no tributan por sus beneficios, sino por sus ingresos, lo que ha suscitado el rechazo del sector. El margen de intereses es la diferencia entre ingresos y costes financieros y sirve para medir el negocio puramente bancario. Las comisiones netas resultan de la diferencia entre las comisiones que cobra el banco y las que paga.

Ambas magnitudes gozan de una excelente salud en este comienzo del año: el margen de intereses de los ocho mayores bancos se ha disparado hasta los 20.603,3 millones, un aumento de casi el 43% respecto al primer trimestre de 2022, mientras que los ingresos por comisiones ascienden a 6.099 millones, un 4,5% más. En los casos de Bankinter y Kutxabank, además, los ingresos por intereses escalan un 63,2% y un 69,8%, respectivamente. Caixabank, Abanca y BBVA los han mejorado un 48,6%, un 47,4% y un 43,3%. El Santander es el banco cuyo negocio bancario ha crecido menos, y aun así lo ha elevado un 17,4%.

Los ingresos por comisiones no han tenido una mejora tan espectacular. Pero, aun así, el BBVA los ha aumentado un 15,8%, Abanca un 9,8% y el Santander un 8,2%. Sólo Sabadell –un 2,4%– y Kutxabank –un 0,9%– han tenido menos ingresos por comisiones este primer trimestre que en 2022.

En consecuencia, Caixabank y BBVA subrayan la “solidez” de sus resultados, “fruto del dinamismo comercial y de la fortaleza del balance de la entidad, pese al contexto de incertidumbre financiera”, según la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. “Seguimos a la cabeza de la banca europea en eficiencia y rentabilidad, con el retorno sobre el patrimonio tangible más elevado de los últimos 10 años. Miramos al futuro con optimismo, gracias a nuestra solidez financiera, nuestro modelo de negocio y el foco estratégico en digitalización, innovación y sostenibilidad”, resaltó por su parte el consejero delegado de BBVA, Onur Genç cuando presentó los resultados. No es para menos: el beneficio de su banco hasta marzo –1.846 millones de euros– ha crecido un 39,4% respecto al mismo periodo de 2022. El de Caixabank –855 millones–, un 21,1%.

Las ganancias del Santander ascendieron a 2.571 millones de euros, gracias al “fuerte crecimiento de la actividad comercial”, asegura la entidad. Dice que su base de clientes ha aumentado en nueve millones, las hipotecas un 2%, los créditos al consumo un 9% y los depósitos un 6%. Sin embargo, el beneficio ha crecido sólo un 1,1% respecto a hace un año; sin el gravamen temporal, el crecimiento habría sido del 8%, según se encarga de señalar el banco de Ana Patricia Botín.

El Santander ha pagado 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–. El BBVA, 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros. Las entidades detallan cuánto habría crecido su beneficio si no hubieran tenido que abonar el nuevo tributo. En el caso del BBVA, en España ganó 541 millones en el primer trimestre, un 9,5% menos que el año pasado, dice, por culpa del impuesto. Al tiempo, reconoce que su negocio en el país se está beneficiando de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) “y de la contención en el coste de los depósitos”, que en España las entidades financieras están remunerando muy por debajo de los bancos europeos. El BBVA, según dejó claro su consejero delegado, Onur Genç, no piensa en mejorar la retribución de los depósitos a sus clientes en el corto plazo, por el “exceso de liquidez” del sistema.

Kutxabank también puede hacer gala de beneficios, 110,7 millones de euros, nada menos que un 47,3% más que hace un año, el mayor aumento de los ocho grandes. Ha pagado 47 millones por el nuevo gravamen. Sin el impuesto, su resultado habría superado los 155 millones de euros; es decir, lo habría aumentado un 106,4%, más que duplicado de un año para otro. Abanca, que ha desembolsado 39 millones por el nuevo tributo, ganó este primer trimestre 105,2 millones de euros, un 29,6% por encima de sus resultados de 2022. Bankinter –184,7 millones–ha mejorado sus ganancias un 19,7%, tras pagar 77 millones a Hacienda. E incluso piensa en revisar al alza sus previsiones para todo 2023, porque espera que los ingresos por intereses crezcan un 25%, cinco puntos más de lo que planificaron en enero. Sólo el Banco Sabadell y Unicaja han tenido esta apertura de ejercicio menos beneficios que el año pasado. La entidad presidida por Josep Oliu ha sufrido un descenso del 4% en el resultado, hasta los 205 millones de euros. Su factura fiscal ha sido de 157 millones, por lo que, si no lo hubiera pagado, habría ganado 361 millones, un 69,4% más que en 2022.

La caída de Unicaja ha sido mucho mayor, un 43,2%, hasta los 34 millones de euros, después de pagar 63,8 millones de euros al fisco. Sin el impuesto, el beneficio habría crecido un 63%. La entidad viene de una fusión convulsa con el asturiano Liberbank y de una etapa de conflicto alrededor del expresidente de su fundación, Braulio Medel. En 2022 ejecutó un ERE para 1.513 trabajadores. El director financiero de Unicaja, Pablo González, anunció el mismo día de la presentación de resultados que la entidad estudia una reducción de costes que puede incluir un nuevo recorte de la plantilla. Pero el descenso del beneficio no será obstáculo para aumentar la remuneración de los accionistas, añadió González, a través de un programa de recompra de acciones. También mencionó nuevas inversiones en financiación al consumo o en banca privada.

En todo caso, los bancos ya abonaron a Hacienda –lo hicieron en febrero– el importe anual del impuesto, por lo que el resto del año el tributo no dañará sus cuentas, a la espera de cómo afecte en Europa la crisis financiera en ciernes en Estados Unidos. La liquidación definitiva será en septiembre. Todos han pagado antes de recurrir el impuesto ante los tribunales, sumándose a las acciones judiciales que iniciaron las dos patronales del sector, la AEB –bancos– y la CECA –antiguas cajas de ahorro–.

La sombra que aparece en el horizonte del año con los rescates del Silicon Valley Bank y el First Republican Bank en Estados Unidos y el Credit Suisse en Suiza asomó en España con una pérdida de depósitos que ascendió a 19.000 millones de euros para el Banco Santander, un 5% de los 394.700 millones con que contaba en diciembre. El banco le quita importancia, pues lo considera un fenómeno “estacional”. “El descenso en los depósitos siempre es cíclico y en este caso ha sido en Santander Corporate & Investment Banking, la unidad de negocio de inversión del grupo. No es muy relevante en cuanto al tamaño total de la cartera, y esperamos que vuelvan al final del año”, aseguró el consejero delegado, Héctor Grisi.

El mismo contagio sufrió el BBVA, con una salida de depósitos de 7.000 millones de euros en el primer trimestre. También lo atribuye la entidad a un componente estacional, y lo desecha como “algo marginal”. El banco, que descarta aumentar la remuneración de los depósitos a los clientes, sí que tiene previsto repartir un dividendo extraordinario este año o el próximo, utilizando para ello el exceso de capital de 4.000 millones procedente de la venta de su negocio en Estados Unidos.

El dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto español a la banca advierte de los riesgos que para el sector financiero y la economía en general puede suponer su aprobación tal y como lo ha diseñado el Gobierno. Entre ellos, que el futuro impuesto limite la capacidad de las entidades para conceder créditos, les obligue a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes y termine perjudicando el crecimiento económico. Por eso, recomienda al Gobierno que haga un análisis “exhaustivo” del impacto del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Y que impida a éstas repercutirlo en los clientes. El informe, de apenas seis páginas, ha recibido el aplauso de las patronales bancarias AEB y CECA: algunas de las principales entidades ya han anunciado que llevarán el impuesto a los tribunales para impedir su aplicación.

En su documento, el BCE menciona otros cinco dictámenes anteriores sobre impuestos a la banca en cuatro países europeos, pero ha emitido muchos más. Los citados evalúan tributos de Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumania. El más reciente de estos es de 2020 y el más antiguo, de 2016. En el referido a España el BCE reúne advertencias estándar, ya presentes en informes previos, y particularidades del impuesto español. Quizá es a lo que se refería el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando aseguró que el supervisor europeo debe de haber hecho “un corta y pega” de un “tipo de informe normalizado”. “Lo tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual [de subida de tipos de interés], resulta un poco sorprendente”, apuntó el ministro, que fue jefe de la División de Política Monetaria del BCE entre 1999 y 2004.

Por ejemplo, el supervisor bancario reproduce literalmente párrafos y argumentos de anteriores dictámenes. Es una doctrina que tiene asentada. El primero, que considera recomendables este tipo de gravámenes sólo si se utilizan para nutrir fondos de garantía de depósitos, que cubran las insolvencias de las entidades, pero no para aumentar los recursos presupuestarios de los gobiernos, como es el caso no sólo del impuesto español, sino también del eslovaco, lituano y polaco. El rumano está pensado para estimular la intermediación financiera y reducir el coste del crédito a los hogares. También repite el “impacto” que la tasa puede tener sobre “la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”. O advierte de que un impuesto ad hoc a los bancos destinado a conseguir recursos presupuestarios generales reducirá la “resiliencia” de las entidades, que entonces se verían obligadas a conceder menos créditos y reducir sus servicios y actividades. En todos los dictámenes el BCE pide a los gobiernos que preparen un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto.

Ya con carácter específico, el informe sobre el gravamen español alerta ante el riesgo de que a los bancos afectados se les haga tributar atendiendo a sus ingresos de 2019 pero tengan que pagar después, cuando es posible que hayan reducido sus beneficios o incluso hayan incurrido en pérdidas. Sin embargo, el tributo se empezará a cobrar el 1 de enero de 2023 y, según los resultados que hicieron públicos la semana pasada, los cinco mayores bancos ganaron hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. El impuesto gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras cuyos ingresos en 2019 fueran superiores a los 800 millones de euros por ambos conceptos. Por tanto, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectará a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. En los nueve primeros meses de este año, las tres primeras entidades –Cajamar no presenta sus cuentas hasta el próximo lunes– han tenido unos beneficios de 678,2 millones de euros: Unicaja supera en un 67% las de ese mismo periodo en 2021, Ibercaja mejora un 15,4% y Kutxabank en un 42%. Es decir, todas ellas están lejos de las pérdidas.

Como la base del impuesto son el margen de intereses y las comisiones, no los beneficios, en lo que va de año la cifra ingresada por los seis principales bancos –los cinco que cotizan en el Íbex 35 y Unicaja– suma 22.453 millones de euros, un 6% más que el año anterior, informa Europa Press. Según la agencia Scope Ratings, Caixabank tendría que pagar unos 400 millones de euros, por ser la entidad que más ingresa por intereses y comisiones –7.250 millones hasta septiembre, un 11,4% más que en 2021–, por encima incluso del Santander, que debería abonar al Estado 300 millones de euros. El BBVA tributaría por unos 250 millones y Sabadell por 200 millones.

Para el BCE, otro riesgo es que, como el impuesto no tendrá en cuenta los gastos de explotación ni otros costes, puede que no sea proporcional a la rentabilidad del banco. Los responsables de las mayores entidades argumentan contra el impuesto que, pese a los elevados beneficios de este año, su rentabilidad está por debajo de los costes de capital.

El dictamen, tal y como han destacado este viernes tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como el vicepresidente del BCE y exministro de Economía del PP Luis de Guindos, no es vinculante. Así que los cuatro países cuyos impuestos a la banca evaluó antes el supervisor europeos siguieron adelante con sus respectivos diseños, que fueron aprobados por sus parlamentos y aplicados.

En el caso de Lituania, los bancos empezaron a pagar un 5% adicional sobre sus beneficios en el impuesto de sociedades, por lo que el tipo por el que tributaban pasó del 15% al 20%. El objetivo de la medida era dedicar la recaudación a cubrir necesidades públicas. En principio, estaba previsto que el tributo se aplicara sólo durante tres años. Pero en diciembre de 2021 el Parlamento decidió prorrogarla indefinidamente. Pese a que una de las recomendaciones del BCE es precisamente que estos impuestos se limiten en el tiempo. El español estará en vigor dos años, de acuerdo con el plan del Gobierno.

Eslovaquia también ha aplicado su propia tasa a los bancos. La aprobó en 2011 y estaba destinada a cubrir los costes del rescate financiera y crear un fondo de protección para futuras crisis. En principio consistía en un 0,2% del pasivo de los bancos, pero en 2021 se duplicó. Cada año recaudaba unos 150 millones de euros, que pasaron a 300 millones tras la subida. El ministro de Economía que lo impulsó, Peter Kazimir, se convirtió en 2019 en gobernador del Banco Central de Eslovaquia y, sorprendentemente en uno de los principales enemigos de la tasa. Dijo que había sido un error. En 2020 el Gobierno presentó un proyecto para anular el impuesto. Si en el caso lituano, el BCE actuó de oficio, y en el español el dictamen fue solicitado por el Banco de España, en el eslovaco, el supervisor evaluó tanto la creación como la subida y la abolición de la tasa a petición del propio Ministerio de Finanzas. En su último y breve informe –apenas dos páginas– antes del dedicado a España, el BCE celebra que el Gobierno de Bratislava suprima el tributo, porque cree que su eliminación aumentará la capacidad de los bancos para generar capital y proveer de créditos a la economía real.

Polonia tampoco cambió su política fiscal tras el dictamen del BCE. En 2016 el Gobierno creó una tasa mensual del 0,0366% sobre los activos de bancos, aseguradoras y entidades de crédito al consumo. La recaudación, una vez más, se destinaba a financiar el gasto público, en especial en materia de seguridad social. En 2020, el Estado polaco ingresó por este concepto unos 900 millones de euros.

Del mismo modo ha avanzado el Gobierno español que mantendrá su impuesto. En la cumbre hispano-lusa en Viana do Castelo, el presidente, Pedro Sánchez, se ha referido a Luis de Guindos, quien aseguró horas antes que, con su dictamen, el BCE “trata de ayudar”, como ya ha hecho en el pasado con otros gobiernos. Tras repasar su currículo como ministro de Economía del PP, “artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española” y responsable de Lehman Brothers, Sánchez le agradeció sus “consejos”. “Pero vamos a seguir adelante”, zanjó.

Los cuatro países evaluados por el BCE no son los únicos europeos que gravan a los bancos con impuestos específicos. Desde 2011, las entidades financieras británicas pagan una tasa –bank levy– por su pasivo y fondos propios, del 0,1% si son a corto plazo y del 0,05% si son a largo. Además, en 2015, el Gobierno del conservador David Cameron estableció el Banking Corporation Tax Surcharge, que grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. Se planteó entonces como la “justa contribución” de las entidades financieras por “el riesgo potencial que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Un seguro frente al peligro sistémico que puede representar una banca que toma excesivos riesgos. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico recaudó unos 8.000 millones de libras hasta 2022 por este recargo. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras –unos 1.713 millones de euros–. Gracias a la tasa ingresó mucho más: 25.000 millones de libras desde 2011. Este año la recaudación ascenderá a 1.300 millones.

Uno de los planes del actual primer ministro británico, Rishi Sunak, cuando era ministro de Finanzas en el Gobierno de Boris Johnson, era recortar del 8% al 3% el recargo a los bancos. Sorprendentemente, su sucesor en el breve Gobierno de Liz Truss, Kwasi Kwarteng, no incluyó esa reducción en el fallido plan de rebaja generalizada de impuestos. Está por ver cuál va a ser la decisión de Sunak al respecto una vez que el recorte fiscal de Truss ha quedado en el camino.

También en Francia existe un impuesto que grava a los bancos por su riesgo sistémico, la TRS (Taxe de Risque Systémique), que en 2012 se elevó del 0,25% al 0,50% de la base imponible. Curiosamente, fue una iniciativa de Christine Lagarde, ministra de Economía en 2011, cuando se creó el tributo, y hoy presidenta del BCE. Desde 2014 se empezó a reducir hasta su desaparición en 2019, pero en 2015 se creó otro impuesto similar destinado a financiar a los ayuntamientos que contrataron préstamos tóxicos. En 2012 el fisco francés recaudó 500 millones de euros gracias a la TRS.

En plena crisis financiera, también Austria y Bélgica gravaron a sus bancos. Tras la pandemia, en diciembre de 2021, el Parlamento sueco aprobó una tasa del 0,05% de la base imponible para 2022 y del 0,06% para 2023 de los bancos cuyo pasivo supere los 150.000 millones de coronas suecas –unos 14.000 millones de euros–. Ahora, en plena crisis energética y de precios, además de España, Hungría, República Checa, Italia y Grecia han anunciado su intención de unirse al club.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo estudiará el informe del Banco Central Europeo, pero ha confirmado que continúa con su hoja de ruta de crear el gravamen, informa Europa Press. Sánchez ha comparecido junto al primer ministro de Portugal, António Costa, en Viana do Castelo, tras la firma de acuerdos bilaterales, un día después de que el BCE cuestionase distintos aspectos del impuesto a la banca. "Evidentemente tomamos nota y estudiaremos el informe, pero el Gobierno continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto. Sobre todo, porque a la luz de los datos que hemos conocido de los beneficios y los dividendos que está dando el sector financiero como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, creo que está justificado que arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles y las españolas", ha señalado Sánchez tras ser preguntado por el citado dictamen.

El presidente ha sido especialmente duro con al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos: “He escuchado al señor De Guindos decir que solamente quiere ayudar. Fue ministro de Economía del Gobierno del PP artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española, previamente fue responsable de Lehman Brothers, hoy es vicepresidente del BCE... Le agradezco sin ninguna duda las ganas de ayudar del señor De Guindos“, ha reprochado Sánchez.

El año de la pandemia los usuarios de banca aumentaron sus reclamaciones ante el Banco de España en un 45,6% respecto a 2019, y sus consultas telefónicas aún más, un 54%. El pico de las llamadas se produjo precisamente en abril, con el estado de alarma recién activado y el confinamiento en su momento más duro. La tendencia al alza, además, parece que va a continuar, puesto que en los primeros cuatro meses de este año el Banco de España ya ha recibido 13.000 reclamaciones. El organismo supervisor no descarta que en 2021 la cifra de quejas de clientes roce los máximos históricos de 2013, 2014 –cláusulas suelo– y 2017 –gastos de las hipotecas–. Es lo que prevé el Banco de España en su Memoria de Reclamaciones, que cifra en 21.320 el número de reclamaciones recibidas el año pasado, de las que el 27% se refieren a hipotecas. Pero donde se ha experimentado una auténtica explosión de quejas ha sido en las tarjetas, que se han disparado un 114,7% respecto a 2019 y ya suponen casi tantas –un 26,4%– como las hipotecas, hasta ahora las reinas de las denuncias.

Es más, si las reclamaciones sobre tarjetas han crecido en ese volumen ha sido porque las quejas sobre supuestas operaciones fraudulentas se han multiplicado en un 138,6% en un año, de tal forma que se han convertido en el segundo motivo de queja, pero también porque las denuncias sobre tarjetas revolving han crecido aún más, un 212%. En total, el Banco de España recibió en 2020 5.725 reclamaciones por hipotecas –un 28% más que en 2019–, pero nada menos que 5.622 por tarjetas. Y de ellas 1.942 eran por presuntos fraudes.

Las cuentas corrientes suman 4.912 reclamaciones, la mayoría por las comisiones cobradas. Las transferencias también han supuesto un 70% más de quejas y, de nuevo, aparece el fantasma del fraude: se han disparado un 236% al pasar de 97 a 326.

Como es lógico por su volumen de negocio y cuota de mercado, Santander, Caixabank, BBVA y Bankia –recién fusionada con Caixabank– acumulan también el mayor número de reclamaciones, el 51,6% de las recibidas por el Banco de España. Contra el banco de Ana Patricia Botín se presentaron en 2020 un total de 3.849 quejas, contra Caixabank 2.696, BBVA fue objeto de 2.405 reclamaciones y Bankia, de 2.301. Les siguen Banco Sabadell, con 1.091, y Wizink, con 1.035. Las reclamaciones dirigidas al supervisor por las operaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha tenido un papel protagonista durante la pandemia por los préstamos y avales concedidos a empresas, sólo han supuesto el 0,47%.

Un 58,7% de rectificaciones para el Santander, un 89% para el Sabadell

Para que un cliente reclame ante el Banco de España si considera que su entidad financiera ha incumplido las normas de transparencia o, en general, las buenas prácticas bancarias, debe haberse quejado primero al servicio de atención al cliente de la propia entidad. Después, el supervisor elabora un informe. En 2029 fueron 7.094 los redactados, de los cuales el 33% fueron favorables a la entidad reclamada y casi el 37% favorables al cliente. Además, en 2.143 ocasiones –el 30,2%– el banco rectificó antes de que el supervisor emitiera su informe. Es decir, el Banco de España destaca que siete de cada 10 reclamantes vieron “satisfechas sus pretensiones” tras acudir a sus servicios, “una tendencia constante de 2017”. No obstante, el porcentaje de informes a favor del cliente se situó el año pasado como el segundo más bajo desde 2012, lo que el supervisor interpreta de forma positiva, como un indicio de que los bancos cada vez asumen en mayor medida las buenas prácticas bancarias.

En cualquier caso, el Banco de España ajusta las cifras absolutas de informes favorables a los reclamantes según la cuota de mercado de la entidad financiera denunciada, al tiempo que mide la respuesta de ésta a su dictamen: si rectifica o no su comportamiento. Así, Bankinter, Kutxabank y Cajasur resultan ser los bancos con peor comportamiento frente al cliente y frente al supervisor. Son los que más quejas recibieron en 2020 y los que menos rectificaron respecto de la media. Las tres fueron objeto de más de un 60% de informes a favor del reclamante y rectificaron –antes de que el Banco de España emitiera su dictamen– sólo entre un 14,5% –Cajasur– y un 22,2% –Kutxabank–. Tampoco lo hicieron mucho mejor los más grandes del sector:el Banco Santander sólo rectificó en un 22% de las ocasiones y recibió un 40,3% de informes en su contra, por lo que es la entidad entre los mayores que menos modificó sus decisiones, en un 58,7% de las quejas admitidas. Por el contrario, el Sabadell llegó al 89% de rectificaciones –sumadas las previas y las posteriores al informe–.

Por su parte, Liberbank, Ibercaja y Cajamar tienen un porcentaje de quejas superior a la media, pero también rectifican más. Al revés, ING, Evo Banco, Cetelem y Servicios Prescriptor y Medios de Pago –antigua Evo Finance–, rectifican menos y suman menos reclamaciones que la media. Sobre ING, el Banco de España admitió 166 quejas, de las cuales el banco holandés rectificó el 62% –un 23% antes del informe–, mientras que sobre Cofidis fueron sólo 18. Rectificadas antes del informe quedaron cuatro y otras siete terminaron con dictamen a favor del cliente.

Casi se duplican las quejas por productos vinculados y comisiones

Si la comparación se hace teniendo en cuenta el tipo de producto, Cajamar, Santander y Liberbank son los que han recibido más informes del Banco de España favorables a los clientes que se quejaron por sus hipotecas. En general, los usuarios reclaman sobre todo por los gastos para formalizar estos préstamos y por la contratación de productos vinculados, cuyo número ha crecido un 89% el último año. También se han desbordado las quejas por la aplicación del IRPH –una materia aún en sede judicial–, un 247,3%. Por los depósitos, las entidades más denunciadas son Deutsche Bank e Ibercaja. Sólo las quejas por las comisiones se han disparado un 91%. Y por las tarjetas, Bankinter Consumer Finance, Wizink y de nuevo Ibercaja. En el caso de la primera, recibió 17 informes en contra, lo que equivale a 14 veces más de lo que le correspondería por su cuota de negocio. El Santander tiene el mayor número absoluto de informes desfavorables por sus tarjetas, 225 –2,4 veces más de lo que debería por su cuota de mercado–. De ellos, 172 tienen su origen en operaciones donde el cliente denuncia que ha sido víctima de un fraude.

El resultado de estas rectificaciones se tradujo el año pasado en que los bancos devolvieron a sus clientes casi 3,1 millones de euros, el mayor importe en la última década y un 20,5% más que en 2019. Eso sí, el importe medio reembolsado no es muy elevado: sólo 431,74 euros.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha anulado por "abusiva" una cláusula de Kutxabank que establecía una comisión de 30 euros por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos, según ha informado el Alto Tribunal.

La sentencia, según infroma Europa Press, da la razón a una acción colectiva planteada por la asociación Uribe Kosta de Consumidores y Usuarios Urkoa (actualmente Asociación de Consumidores Vasca EKA/ACUX), y ratifica la resolución de la Audiencia Provincial de Álava y del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria, que estimó íntegramente su demanda y condenó a Kutxabank a eliminar la indicada cláusula de sus condiciones generales.

Esa cláusula de Kutxabank establecía una comisión en concepto de Comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos de 30 euros. Con esta resolución, la Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras.

En relación a la cláusula establecida por Kutxabak, el Tribunal Supremo considera que no cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática.

Asimismo, cree que tampoco discrimina periodos de demora, de modo que "basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión".

La resolución considera que, tal y como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo porque lo deja para un momento posterior, de manera que, a juicio del TS, no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo.

El Tribunal Supremo señala que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de octubre de 2019 ha establecido, respecto de los gastos que puede conllevar un contrato de préstamo, que el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen.

Por su parte, también cita otra sentencia del mismo tribunal de 26 de febrero de 2015, referida —entre otras— a una denominada comisión de riesgo, que declaró que una cláusula que permite, "sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva".

A juicio del Tribunal Supremo es precisamente la "indeterminación" de la comisión la que genera "la abusividad", puesto que supondría, sin más, "sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto. Ello, según la resolución, supone infringir lo previsto en los artículos 85.6 TRLGCU —Ley General de Consumidores y Usuarios— y 87.5 TRLGCU, referidos a indemnizaciones desproporcionadas y cobro de servicios no prestados.

Además, la resolución considera que una cláusula como la enjuiciada contiene "una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor", ya que debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero, con la cláusula, "se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias". Ello, a su juicio, también podría incurrir en la prohibición prevista en el artículo 88.2 TRLGCU.

Asimismo, el Tribunal Supremo ha afirmado que la comisión de reclamación de posiciones deudoras no es una cláusula penal, porque "ni contiene un pacto de pre-liquidación de los daños y perjuicios, ni sustituye su indemnización, que vendrá constituida por el pago de los intereses moratorios pactados, que no sean abusivos. El Alto Tribunal añade que, si tuviera una finalidad puramente punitiva, contravendría el artículo 85.6 TRLCU.

Por último, señala que, aunque se aceptara a efectos meramente dialécticos que la comisión es una cláusula penal, sería nuevamente redundante y, por tanto, incurriría "en desproporción".

El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) del Banco de España recibió el año pasado un total de 19.695 reclamaciones, un 51% menos que en 2017, cuando las quejas por el pago de los gastos de formalización de las hipotecas dispararon hasta cifras de récord las demandas contra las entidades financieras, el máximo en 31 años.

La mayoría, el 54% de las reclamaciones, se refieren a préstamos hipotecarios y el 14,5% a cuentas y depósitos. Pero las quejas sobre préstamos personales han crecido nada menos que un 86,3% en el último año y un 51,8% las que tienen que ver con avales. Según explica la Memoria de Reclamaciones que publicó este miércoles el Banco de España, el auge de las quejas sobre préstamos personales tiene su origen en el cúmulo de las demandas presentadas por los clientes de clínicas dentales, que solicitan la cancelación de los contratos de crédito que firmaban a cambio de servicios que no se les prestaron.

De las 19.695 reclamaciones presentadas, 9.613 no fueron admitidas a trámite, el 48,8%. Además, otras 3.306 fueron objeto de un informe por inadmisión sobrevenida –tras ser admitida la queja, el servicio encuentra una causa de inadmisión que se había pasado antes por alto–. Esos porcentajes llevan a la asociación Adicae a criticar que el Banco de España sólo atiende realmente el 16,8% de las reclamaciones de los usuarios de la banca. Por ese motivo pide la creación “urgente” de una Agencia de Protección al Consumidor Financiero.

Según las cifras del supervisor, el 39,6% de las reclamaciones que sí son admitidas son resueltas a favor del cliente. En otro 30,6% de los casos, las entidades financieras se allanan; es decir, rectifican antes de que el Banco de España emita su informe. Ambos porcentajes son los más bajos de los últimos años, resalta la memoria. El organismo, no obstante, interpreta el dato en el sentido de que revela una mejora en el comportamiento de los servicios de atención al cliente de los bancos –a los que es obligatorio acudir antes de reclamar ante el Banco de España–: “Asumen en mayor medida los criterios del DCMR al recibir la reclamación del cliente y rectifican su actuación en mayor medida”.

En cualquier caso, lo cierto es que al supervisor sólo llega el 3,1% de las reclamaciones planteadas previamente ante los servicios de atención al cliente de las entidades. Además, la respuesta que los bancos dan a sus propios usuarios es muy diferente a la que consiguen del Banco de España: de las 445.874 quejas que los clientes presentaron antes los departamentos de atención al cliente en 2018, el 70,4% fueron rechazadas.

Las entidades con peor conducta

La Memoria del Banco de España también señala a las entidades que peor comportamiento tienen con sus clientes cuando éstos reclaman. Tras dividirlas en cuatro grupos atendiendo a su cuota de mercado, el tipo de entidad y si prestan o no servicios bancarios a personas físicas, el documento se centra en la conducta de las que aglutinan el 91,4% de las quejas. El primer grupo integra a 12 entidades, entre ellas los grandes bancos –Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular–, junto con Cajamar, ING y las financieras de Carrefour, El Corte Inglés, Caixabank y Santander. Las que tienen peores indicadores son dos financieras, las de El Corte Inglés y Santander Consumer EFCEl Corte Inglés: ambas suman un porcentaje de informes favorables al cliente superior a la media pero luego rectifican menos que la media. Estas resoluciones del Banco de España no son vinculantes, las entidades no están obligadas a cumplirlas.

Santander Consumer EFC es, de hecho, la que acumula un mayor porcentaje de informes en su contra, un 60%. Tras recibirlos, sólo rectifica en un 33,3% de las ocasiones en que el Banco de España ha resuelto que no tiene razón. La financiera de El Corte Inglés contó en 2018 con un 44,4% de informes favorables al reclamante, pero rectificó sólo en un 40% de los casos. La que más cambió su conducta fue la financiera de Caixabank, en el 87,5% de los informes, seguida del BBVA, con un 83,9%. También fue el banco presidido por Carlos Torres el que mayor porcentaje de informes favorables recibió el año pasado del Banco de España, un 47,5%. Caixabank, su financiera y Bankia acumulan más informes en contra que la media, pero también rectifican más.

El segundo grupo lo forman 26 entidades de mediano tamaño, desde Ibercaja y Wizink hasta Openbank y Deutsche Bank o Cofidis y Banca March. En esa lista las que más informes en contra tienen pero menos rectifican tras ser señaladas por el Banco de España son Kutxabank y Bankinter. El banco vasco acumula un 70% de informes a favor de los clientes pero cambia su proceder sólo en el 31,8% de las ocasiones. La entidad que preside María Dolores Dancausa recibió en 2018 un 58,9% de informes en contra y rectificó sólo en el 37,5% de los casos. No obstante, Banca March es la entidad con la mayor ratio de resoluciones a favor de sus clientes, un 84,6%. Y la que menos rectifica, Cofidis, sólo un 25% de las veces.

Evo, Ibercaja y Cajamar, con más quejas sobre depósitos

El Banco de España destaca que BBVA, Caixabank, Bankia, Santander y Sabadell concentran el 54,8% de las resoluciones –tanto a favor como en contra o con allanamiento–. También son las entidades con mayor número de clientes y mayor cuota de mercado. Sin embargo, la memoria destaca que el Banco Santander “se desmarca ligeramente” de los otros cuatro bancos, ya que su porcentaje de informes en contra es superior al resto de sus competidores y el de rectificación, inferior.

Dependiendo del tipo de producto financiero, en préstamos hipotecarios Caja Rural del Sur y Banco Caixa Geral son las entidades con mayor número de informes favorables a los clientes, seguidas de Caja Rural de Granada y Kutxabank. En depósitos, Evo Banco, Ibercaja y Cajamar acumulan las peores ratios según su cuota de mercado. En servicios de pago –tarjetas, transferencias y adeudos domiciliados– Evofinance, con un 2,5% de informes en contra para una cuota de mercado de sólo el 0,1%, Wizink y Evo Banco presentan los indicadores más negativos.

De acuerdo con la memoria, las entidades financieras devolvieron en 2018 a sus clientes un total de 2,63 millones de euros tras conseguir una rectificación solicitada por el Banco de España. La cantidad representa un 5,8% menos respecto a 2017, pero el importe medio por informe o allanamiento se ha disparado un 46,5% en un año, debido a la caída del número de resoluciones a favor del cliente.

Los bancos españoles han ganado 7.120 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Si se mira el detalle de los datos publicados por la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, el margen de intereses, que mide el resultado de su actividad principal, –la diferencia entre los intereses que paga y los que cobra–, se ha recortado un 1,1% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2017. Por el contrario, los ingresos por comisiones han crecido un 4,5%.

El aumento confirma una tendencia que viene asociada a la crisis financiera y a la bajada de los tipos de interés a mínimos históricos, que lastra el negocio puramente bancario. Las entidades lo han compensado recurriendo al cobro de comisiones por todo tipo de servicios: mantener una cuenta, hacer una transferencia, emitir una tarjeta de crédito o un cheque, vender un seguro, un plan de pensiones o un crédito al consumo, gestionar un fondo de inversión… Así, desde 2007, los ingresos por comisiones de las entidades de la AEB se han disparado un 34,3%. Antes de la crisis, los bancos cobraron a sus clientes 18.869,5 millones de euros en comisiones; en 2017, la cifra se elevó a 25.352 millones.

Y la subida continuará este año. Al menos a tenor de los datos del primer semestre. Hasta junio los ingresos por comisiones alcanzan los 13.532 millones de euros; como queda dicho, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2017. De forma que esa partida supone ya casi un tercio, el 32,3%, del margen bruto –la diferencia entre los ingresos y los costes financieros del banco– de las 87 entidades integradas en la AEB, que hasta junio ascendía a 41.822 millones de euros en términos agregados. El peso de las comisiones ha aumentado así 2,5 puntos porcentuales desde el cierre del ejercicio de 2017.

A esa mayor participación de las comisiones en el margen bruto ha colaborado también el descenso del margen de intereses. Desde 2006 hasta 2009 éste crecía a porcentajes de dos dígitos cada año, hasta acumular un alza del 81,3% en tres años. Pero la rebaja casi hasta cero de los tipos de interés tras el estallido de la crisis, primero en Estados Unidos y después en Europa, contrajo el crecimiento del margen de intereses al 7,95% entre 2009 y 2012, para hundirlo un 11,7% en 2013. En 2016 volvió a caer, un 0,3%.

Ibercaja y Kutxabank, a la cabeza

Entre los bancos españoles, Santander llega a depender hasta en un 31% de las comisiones respecto de su margen bruto, según los datos del primer semestre de este año publicados por la AEB. Mientras que el BBVA alcanza el 29,7%. Las comisiones suponen el 28,7% del margen bruto del Banco Sabadell, y el 28,3% del de Bankinter. Entre los bancos creados a partir de las cajas de ahorros, el peso de las comisiones es muy superior en el caso de Ibercaja, que se eleva hasta el 36% de su margen bruto, según las cuentas publicadas por la patronal CECA y referidas al pasado mes de marzo. En Kutxabank equivalen al 34,5%. Caixabank depende en un 30,8% de sus ingresos por comisiones, mientras que Bankia se queda en el 30,2%.

La próxima subida de tipos de interés –en Estados Unidos ya están en el 2%, mientras Draghi ha aplazado el alza hasta el verano de 2019– beneficiará los márgenes bancarios, pero eso no significa que las entidades vayan a renunciar a seguir ingresando por comisiones. Por el contrario, el Banco de España ya ha advertido de que cualquier subida de impuestos la repercutirán los bancos en los clientes.

Menos créditos y menos depósitos

En los seis primeros meses del año, la banca española recortó un 0,7% el volumen de sus créditos, que suman 1,5 billones de euros, mientras que el de los depósitos, 1,4 billones, disminuyó un 0,5%. De esta manera, la ratio entre el crédito concedido y los depósitos de los clientes se sitúa en un 108%, según la patronal bancaria. La morosidad también ha descendido, un punto, y se queda en el 4,4%, por lo que un 67% de los saldos morosos están cubiertos por provisiones. La ratio de solvencia de las entidades de la AEB no ha variado en el último año: continúa instalado en el 10,8%.

El expresidente de Kutxabank Mario Fernández Pelaz ha dimitido de su cargo de vocal del consejo de administración de Repsol, debido a que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que le condenaba por pagos irregulares en Kutxabank, informa Europa Press.

La sección sexta de la Audiencia de Vizcaya condenó a Fernández a medio año de prisión por un delito de apropiación indebida, quien presentó un recurso a la resolución judicial el pasado 20 de marzo de 2017 al considerar que su actuación había sido "legal y ética y siempre en defensa de los intereses de Kutxabank".

Según ha informado Repsol a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Fernández Pelaz ha dimitido este martes del consejo de administración de la compañía al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo desestimando el recurso de casación que interpuso.

Repsol ha expresado su reconocimiento a la categoría profesional y personal de Mario Fernández, así como su gratitud por la "extraordinaria contribución" como consejero de la compañía desde el 15 de abril de 2011.

Medio año de prisión

La Audiencia vizcaína condenó en marzo del pasado año a Mario Fernández y al abogado Rafael Alkorta a medio año de prisión, cada uno, por un delito de apropiación indebida, mientras que al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces se le impuso un año de cárcel por cooperación necesaria en la comisión de pagos irregulares que el banco habría realizado a éste último.

Los tres condenados fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Vizcaya entre el 14 y 17 de febrero de 2017 por pagos supuestamente irregulares por importe de 243.592 euros del banco vasco a Cabieces, cuando Fernández estaba al frente de la entidad. Éstos se realizaron a través del bufete de abogados de Alkorta.

La sentencia les condenó por apropiación indebida, pero absolvió del delito de falsedad en documento mercantil del que también se les acusaba. La Fiscalía solicitó para cada uno de los procesados dos años de cárcel, mientras que la acusación popular reclamó tres años y medio de prisión para el exdelegado del Gobierno vasco y para Rafael Alkorta, y tres dos años y tres meses para Mario Fernández.

"Total disconformidad"

El expresidente de Kutxabank Mario Fernández ha expresado, desde el respeto, su "total disconformidad" con la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado su recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, con fecha 20 de marzo de 2017, por la que se le condenó a medio año de prisión por un delito de apropiación indebida.

En un comunicado, Mario Fernández ha lamentado que el Tribunal Supremo no ha atendido a "ninguna de las pruebas presentadas durante el largo proceso". Tras recibir esta tarde la sentencia dictada por el alto tribunal, ha expresado su "pleno respeto" a la citada decisión judicial.

El Tribunal Supremo considera que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) "no implica falta de transparencia ni abusividad".

Concretamente, el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que declaraba nula la cláusula de interés de un préstamo hipotecario por estar referenciada a este índice.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado el alto tribunal, que ha informado a los procuradores de las partes del fallo y que publicará el texto íntegro de la sentencia en los próximos días.

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición no de ley con la que Unidos Podemos –el grupo que la presenta– quiere instar al Gobierno a que obligue a reducir a los bancos las comisiones que cargan a sus clientes por la retirada de efectivo en los cajeros.

Además de cobrar por el servicio en los cajeros, las entidades financieras facturan a sus clientes por conceptos como el mantenimiento de cuentas o tarjetas, el cobro de cheques, la compra y venta de valores, el cambio de divisas o la comercialización de fondos de inversión o de pensiones. Así, en 2016, las principales entidades españolas ingresaron más de 10.400 millones de euros a través de las diferentes tasas.

En diciembre del año 2015, ls tres entidades que más cajeros tienen distribuidos por el territorio español –Santander, BBVA y Caixabank– decidieron comenzar a cobrar una comisión a quienes no fueran clientes suyos por la retirada de efectivo de sus cajeros automáticos. Desde entonces, Caixabank cobra dos euros a los clientes de otras entidades que utilicen sus cajeros para retirar efectivo, mientras BBVA les carga una comisión de 1,87 euros y Santander hace lo propio con una cantidad casi idéntica: 1,85 euros.

Este sistema vino a sustituir al anterior, en el que existía una tasa de intercambio que las entidades emisoras de las tarjetas pagaban a las dueñas de los cajeros por el uso de este servicio, y en el que era la entidad emisora de la tarjeta la que decidía si corría completamente con el coste de la comisión o se la repercutía al cliente. Además de una forma de recaudar en un contexto en el que los bajos tipos de interés perjudican el balance de los bancos, con esta medida las entidades más grandes pretendían arrebatar clientes a los bancos más pequeños, que disponen de una red de cajeros más limitada, tal y como reconocía a finales de 2015 el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez.

Vista esta escalada, a finales de 2015 el Gobierno prohibió por decreto a los bancos cobrar esta comisión y, además, aplicar el sistema antiguo a la vez, con el fin de evitar que los consumidores terminasen pagando dos recargos. Y ese es el decreto que quiere eliminar Unidos Podemos, pero no para volver al sistema anterior: el grupo apunta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendría que "realizar un informe pormenorizado sobre la situación del sector bancario que permita obtener una imagen fiable del coste de mantenimiento de los cajeros" y, hasta conocer esas cifras, el Gobierno debería "restringir el cobro de comisiones por la retirada de efectivo".

Caixabank, casi 2.000 millones en comisiones

La banca ingresa una cantidad notable cada año a través de comisiones, aunque la mayor parte de las entidades no ofrecen desglosada la cifra que consiguen a través del recargo por sacar efectivo de sus cajeros a los clientes de otros bancos. Quien más se benefició del total de comisiones que cobran a los clientes fue Caixabank, que obtuvo 1.972 millones de euros en 2016 por este concepto. Su informe financiero de ese año apunta que la mayor parte de ese ingreso (844 millones) procedió de la "comercialización de productos financieros no bancarios", como son los fondos de inversión o de pensiones.

Por su parte, el segundo banco más grande de España, el BBVA, ingresó un total de 1.886 millones de euros en concepto de comisiones el año pasado. En su caso, la mayor parte del montante (668 millones) es calificado en el informe financiero de 2016 como "otras comisiones", mientras que la segunda cuantía más grande es la que reportan las comisiones cobradas por el mantenimiento de tarjetas de crédito y débito. En cualquier caso, BBVA tampoco concreta la cantidad recaudada por comisiones en los cajeros.

Las otras dos entidades que superan los mil millones de ingresos a través de comisiones son el Banco Santander y el Banco Sabadell. En el caso de la segunda, la suma ascendió a 1.376 millones de euros, mientras que la primera únicamente concreta que ganó 1.781 millones de euros en comisiones una vez descontados los gastos que el banco realizó precisamente en el mismo concepto. Es decir, el Santander indica los ingresos netos, mientras que el resto de entidades ofrecen cantidades brutas.

En el resto de los principales bancos, la suma baja de los mil millones: Bankia obtuvo 825 millones de euros a través de comisiones; el Banco Popular, 601; Bankinter, 470; e Ibercaja, 349. Ninguno de ellos detalla la cuantía del ingreso que recibieron por cobrar a clientes de otras entidades que utilizaron sus cajeros, aunque lo cierto es que la cantidad de máquinas que operan es mucho menor que la que poseen los tres principales bancos españoles.

El resto de entidades bancarias de mayor tamaño se mueve por debajo de esas cifras en lo relativo a la cuantía de sus ingresos por comisiones. Unicaja cobró un total de 137 millones de euros el año pasado a través de este concepto, mientras Liberbank consiguió 120 millones. Kutxabank, Banca March, Banco Mare Nostrum y Abanca únicamente tienen publicados sus informes financieros del año 2015: ese año ingresaron en concepto de comisiones, respectivamente, 327, 250, 224 y 145 millones de euros. Por su parte, ING Direct y Deutsche Bank no tienen depositados sus informes financieros en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al no ser entidades españolas.

Una "cuenta de servicios mínimos"

En cualquier caso, la iniciativa que debatirá este martes el Congreso se centra en las comisiones por el uso de los cajeros automáticos, que según plantea la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos suponen "una anomalía en Europa" por su elevada cuantía. "Además, tiene un impacto desigual en función de la renta, penalizando la retirada de cantidades pequeñas", sostiene el grupo, que argumenta que las personas de renta más baja acuden con mayor frecuencia al cajero porque retiran cuantías más pequeñas.

"Su ineficacia", apunta igualmente la iniciativa, "se basa en los incentivos perversos que genera, al proveer de una fuente de ingresos alternativa a la concesión de créditos, lo que puede tener un efecto negativo sobre el normal funcionamiento del sistema crediticio". Y, además, Unidos Podemos presenta un tercer efecto negativo: una eventual "merma de la competencia", dado que "las entidades que han iniciado la guerra de las comisiones son las más grandes que a su vez son las que poseen una mayor y más extensa red de cajeros" y eso plantea "dificultades" a los bancos pequeños que quieren entrar en el sistema.

La proposición no de ley también plantea una segunda propuesta: el establecimiento de una norma para que los bancos se vean obligados a ofrecer una "cuenta corriente de servicios mínimos esenciales" para terminar con "la exclusión financiera que sufren los más desfavorecidos". La cuenta únicamente se podría mantener si el usuario no tuviese otra cuenta abierta y no superase un umbral máximo de saldo, y la entidad debería ofertar, como mínimo, una tarjeta de crédito para poder operar, así como ofrecer la posibilidad de "realizar depósitos, reintegros, pagos y transferencias interbancarias nacionales sin restricciones en el número de operaciones".

La cifra no sólo casi duplica la de despedidos del sector hace un año, sino que se acerca a la de trabajadores de banca afectados por ERE en todo 2015 – 3.723–, incluso en 2012 –3.855–. Y anuncia un ejercicio en el que se prevé el regreso de los bancos a los recortes de plantilla, debido a las fusiones y la transformación digital de las entidades. Desde 2010 el sector financiero se ha deshecho de 27.959 empleados mediante ERE, pero en total ha recortado sus plantillas en 57.704 trabajadores desde 2010. Si la cuenta se hace desde el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria, hace 10 años, el sector se ha desprendido de 70.634 empleados, según las cifras facilitadas por la patronal bancaria (AEB) y la de las cajas de ahorro (CECA).

Para este año ya anunciado un ERE Ibercaja, que afectará a 600 trabajadores, el 10% de la plantilla, y supondrá el cierre de 160 oficinas. Acaba de empezar a negociarlo con los sindicatos. Además, el BBVA tiene previsto despedir a unos 450 trabajadores este año, así como cerrar 132 sucursales. De hecho, ya ha empezado a extinguir contratos en Madrid, Murcia y Pamplona, todos ellos por “bajo rendimiento”. Y Kutxabank quiere prejubilar a 310 empleados, el 8% de la plantilla. También habrá recortes de personal tras la fusión de Bankia y BMN, que se formalizará a finales de este mismo año. “Aunque todavía no sabemos en qué territorios se producirán duplicidades”, señala Agustín Nieto, responsable del sector financiero de UGT. “No sobran bancarios en España, somos el cuarto país por la cola en Europa en número de empleados por habitante”, advierte Joan Sierra, secretario general del sector financiero de CCOO. A su juicio, lo demuestran “las prolongaciones de jornada, que enmascaran la falta de personal”. La Inspección de Trabajo acumula centenares de denuncias sindicales por las miles de horas extraordinarias impagadas que se hacen en el sector. En estos momentos, sindicatos y patronal negocian, con dificultades, cómo registrar los excesos de jornada de las plantillas.

En 2016, aunque sólo fueron despedidos usando el procedimiento del ERE un total de 1.274 empleados de banca, hubo recortes significativos en Banco Santander –680 extinciones– y en Caja España-Duero –850–. Según explica CCOO en un informe sobre los Expedientes de Regulación de Empleo del año pasado, otras entidades, como Liberbank, han recurrido además a excedencias voluntarias que se renuevan anualmente o a despidos pactados para reducir personal. “Las entidades financieras”, indica el sindicato en su estudio, “parecen estar iniciando un nuevo proceso de despidos masivos con el argumento de la digitalización”. Se trata, añade, de sustituir empleo cualificado y con remuneraciones superiores contratando “comerciales autónomos retribuidos en función de sus ventas” y ofreciendo atención al cliente desde call centers con plantillas temporales y de bajos salarios.

La mayoría, al acabar su contrato temporal

En cualquier caso, los despidos colectivos representan sólo el 1% de las extinciones de contrato que se produjeron en 2016. “La vía de salida más importante del mercado laboral español”, destaca el estudio de CCOO, sigue siendo la finalización de un contrato temporal. El 83% de todos los que pierden su empleo lo hacen de esta manera, exactamente igual que antes de la crisis y de la reforma laboral. El año pasado fueron 2,9 millones de personas, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Empleo sobre acceso a prestaciones por desempleo.

La segunda vía son los despidos individuales: 460.000 en 2016, el 13% de los que perdieron el trabajo. El fin del periodo de prueba de un contrato constituye la tercera vía más común: 93.000 personas, el 3%. Los ERE son la cuarta, como queda dicho más arriba; en total, 26.079 trabajadores sufrieron un despido colectivo en 2016, incluidos los inmersos en concursos de acreedores. Entre 2008 y 20016 han perdido su empleo mediante uno de estos procedimientos 462.585 trabajadores. Y casi la mitad de esos despidos –el 47%, para ser precisos– se produjeron en empresas grandes y muy grandes, de más de 250 trabajadores. Es decir, los destruidos fueron los “empleos de mayor calidad” del mercado laboral español, puesto que se ejecutaron en las compañías que disfrutan de las mejores condiciones de trabajo y mayor protección sindical”, lamenta el informe.

Por el contrario, las reducciones de jornada, el procedimiento menos utilizado, constituyen el preferido de las empresas de menos de 50 trabajadores –el 96% de ellas–, ubicadas en su mayor parte en el sector de los servicios.

No obstante, es el despido colectivo el procedimiento de regulación de empleo favorito de las empresas del sector servicios. El 60% de ellos fueron ejecutados en este segmento de actividad, que supusieron la pérdida del empleo para 14.600 personas. La industria, por el contrario, opta por la suspensión de contratos: 36.303 trabajadores, el 68% de los afectados por regulaciones de empleo. Fue el procedimiento seguido en la factoría de Opel en Figueruelas (Zaragoza), en las plantas de Sestao (Vizcaya) y Zumárraga (Guipúzcoa) de la siderúrgica Arcelor Mittal, la papelera Unipapel o las mineras Asturleonesa y Unión Minera del Norte.

CCOO destaca que, pese al descenso del número total de regulaciones de empleo según la economía ha ido saliendo de la crisis, los despidos aumentaron el año pasado en la industria y en la construcción, un 13,5% y un 38,2%, respectivamente. De hecho, y pese a usar con profusión las suspensiones de contrato, ejecutaron despidos colectivos desde la factoría de Citroën en Vigo –400 trabajadores–, hasta Bimbo –cerró su planta en Palma de Mallorca–, pasando por Abengoa, General Electric, Repsol –870 despidos– Elcogas, ABB, Ericsson, Abantia…

No cambia el patrón pese a la reforma laboral

Si se observa el reparto entre tipos de regulación de empleo, no ha cambiado en los últimos ocho años, pese a los cambios normativos. La reforma laboral se pensó, como repite la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que “el despido fuera el último recurso de las empresas”. Pero lo cierto es que en 2016 los despidos colectivos representaron el 28% de los procedimientos de regulación de empleo, casi los mismos que en 2008, cuando eran el 27,4%. Las suspensiones equivalieron el año pasado al 62% de las regulaciones, sólo un poco por encima del 55,5% de 2008. Sí han aumentado las reducciones de jornada, desde un escasísimo 0,04% hace ocho años al 9% de 2016.

Tanto Isabel Araque, secretaria confederal de UGT, como Rita Moreno, coordinadora de Acción Sindical de CCOO, destacan la reducción del número de empresas y trabajadores afectados por ERE en los dos últimos años. “No esperamos este año un repunte al alza de las regulaciones de empleo”, apunta Moreno, pese a que el patrón de comportamiento de las empresas no ha cambiado y el número total de afectados sigue por encima de las cifras de 2007 aun cuando ahora el volumen de empleo fijo es muy inferior al de entonces. Además, el número de empresas que recurrieron el año pasado a estas medidas – 4.000– es más del doble que en 2007 –1.820–.

La Fiscalía mantiene la petición de dos años de cárcel por administración desleal o tres años por apropiación indebida para el expresidente de Kutxabank Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta, al considerar que "hay pruebas suficientes para condenarles". Además, ha asegurado que "no hay una sola prueba tangible" del trabajo realizado por Cabieces, pero ha explicado que, en todo caso, lo hiciera o no, Kutxabank "salía perdiendo".

Por su parte, la acusación particular se ha adherido a las conclusiones del Ministerio Público, aunque subsidiariamente mantiene que se condene a tres años y medio de cárcel al exdelegado del Gobierno y Alcorta, y a dos años y tres meses de prisión a Fernández.

Este viernes concluye en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra los tres procesados por los presuntos pagos irregulares por importe de 243.592 euros que realizó KutxabankKutxabank durante el mandato de su anterior presidente a Mikel Cabieces, a través de un incremento del contrato de iguala que la entidad tenía con el bufete de Rafael Alcorta.

Durante la lectura de sus conclusiones, que ha elevado a definitivas, el fiscal ha afirmado que hay "pruebas suficientes" para que se dicte una sentencia condenatoria y cree que los encausados actuaron de "común acuerdo" para causar "quebranto" al banco vasco.

En detrimento del patrimonio de la entidad

A su juicio, se produjo una decisión de "beneficiar económicamente" a un tercero –Cabieces– en detrimento del patrimonio de la entidad financiera, que, independientemente de si los servicios del exdelegado del Gobierno "se prestaron o no, siempre salía perdiendo".

El representante del ministerio público cree que "no hay ni un sólo rastro del trabajo de Cabieces en tres años". "No hay una sola prueba tangible", ha asegurado. Tras la lectura de las conclusiones por las partes, el juicio quedará visto para sentencia.

¿Se acuerdan del País Vasco en los años ochenta? Era una región lastrada por un modelo caduco de industria pesada y azotada por el terrorismo de ETA. Fue uno de los territorios en los que más profunda resultó la reconversión industrial. En aquellos años, la tasa de paro en Euskadi estaba por encima de la media nacional. Sin embargo, como puede verse claramente en el gráfico que a continuación se reproduce, a partir del año 2001 las dos series se cruzaron y el País Vasco empezó a tener menos paro que el resto de España, produciéndose una gran divergencia (favorable al País Vasco) durante la última década (datos de la EPA y de Eustat).

No es que la crisis económica no haya golpeado al País Vasco; en términos generales, la contracción de su PIB ha sido bastante parecida a la del conjunto del Estado (solio un poco menor). Sin embargo, ha habido una destrucción de empleo considerablemente más baja. ¿Cómo lo han conseguido? Y, sobre todo, ¿qué han hecho los vascos para reinventarse como una de las regiones más dinámicas e innovadoras de Europa?

Cuentan, sin duda, con una ventaja de partida: una mayor financiación que el resto de comunidades autónomas gracias a su excepción foral (que comparten con Navarra). Eso les permite, por ejemplo, ser la región con menor tasa de fracaso escolar, así como ser la región en la que más ha disminuido dicho fracaso durante los años 2001-2008 (véase el cuadro 1 aquí). O ser la región que más gasta en prestaciones por ingreso mínimo de inserción (véase el cuadro 4 aquí). En general, los servicios públicos y las transferencias sociales están en el País Vasco en niveles europeos más que españoles.

Sin embargo, no es solo una cuestión de dinero. Debe recordarse que la burbuja inmobiliaria fue menor en el País Vasco, con lo que sus Cajas sufrieron menos que el resto (a pesar de que sus reglas de gobierno interno fueran las mismas que en España), lo cual, a su vez, ha permitido que Kutxabank (resultado de la fusión de varias Cajas vascas) sea hoy una de las entidades más solventes de España (aquí).

Para entender la buena gestión en asuntos de empleo, hay que traer a colación las políticas industriales y de innovación que se han puesto en práctica. El País Vasco apostó decididamente por la reindustrialización, cambiando el modelo productivo hacia bienes intermedios y de equipo de nivel tecnológico medio alto, con cierta diversificación (telecomunicaciones, sector aeronáutico, nanotecnología y biotecnología). Eso ha sido posible gracias a una fuerte inversión en capital humano que ha hecho posible que, a diferencia de lo que ocurría en el resto de España, en el País Vasco el crecimiento del empleo se viera acompañado por aumentos de productividad. (El lector interesado puede encontrar un análisis minucioso de la singularidad industrial vasca a cargo de M.J. Aranguren, M. Navarro e I. Peña aquí).

Utilizando los datos de Aranguren, Navarro y Peña, el contraste entre el País Vasco y el resto de España resulta ciertamente instructivo. Aquí me limito a escoger algunos de sus indicadores:

Curiosamente, el diferencial en la inversión en I+D se produce en el sector privado, no en el público. El papel del sector público ha consistido más bien en realizar políticas industriales que favorecieran la formación de empresas con un fuerte componente de I+D. Así, el País Vasco ha conseguido capear mejor la crisis que el resto de España gracias en buena medida al desarrollo de su sector industrial de alto valor añadido. Una diferencia importante con España es que en estos años de crisis, el gasto en I+D en el País Vasco ha aumentado, mientras que en el conjunto del Estado se ha hundido.

Lo que me interesa subrayar ahora es que el País Vasco tiene las mismas reglas e instituciones en el mercado laboral que el resto de España. Ha pasado por las mismas reformas laborales que el resto de regiones. Sin embargo, sus resultados en materia de empleo son ciertamente más positivos, sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida en los años ochenta, que era realmente desolador.

En España, el debate público sobre el empleo está dominado por una perspectiva institucionalista, según la cual nuestros niveles de paro son resultado de los costes de despido, del tipo de negociación colectiva que tenemos y de las características de los contratos de trabajo. De ahí que las propuestas siempre vengan del mismo lado: introducción del contrato único, desmantelamiento de la negociación colectiva en un nivel superior al de la empresa, nueva regulación del subsidio de desempleo, etcétera.

Pero lo que el caso vasco demuestra es que con esas mismas reglas e instituciones se pueden conseguir resultados más positivos si nos centramos en otras variables que tienen que ver con el tipo de empresas, el tejido industrial, la apuesta por sectores de alta tecnología y la inversión en capital humano.

Con las mismas reglas de juego, el mercado laboral vasco no solo es diferente en cuanto a la tasa de paro, sino que además funciona bastante mejor por lo que toca a dualidad: el porcentaje de trabajadores temporales es, de nuevo, significativamente más bajo en el País Vasco que en el conjunto de España.

El éxito del “modelo vasco” merecería un debate mucho más atento en España. Pero ya sea por prejuicios académicos e ideológicos, ya sea por la cuestión siempre espinosa del nacionalismo, el caso es que no se habla lo suficiente de ello. Tomarse en serio el “modelo vasco” supondría abordar el problema del paro desde parámetros muy distintos a los de las reformas laborales a las que han recurrido tanto los gobiernos del PP como los del PSOE, con el consenso de los economistas del establishment español.

El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, anunció este jueves que abandona la Presidencia de la entidad. Los accionistas nombrarán un nuevo consejero en la Junta General de la entidad que se celebrará este viernes 28 de noviembre, y a continuación, el Consejo de Administración designará nuevo presidente.

El diario regional El Correo apunta a que la posible razón para su renuncia tiene que ver con las "evidentes y públicas discrepancias que mantenía desde hace meses" con los responsables del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y algunos importantes cargos institucionales de esta formación, en torno a la estrategia de futuro y a la hipotética entrada de capital privado en su accionariado.

Originario de Bilbao y abogado de formación, Fernández fue parlamentario vasco por el PNV y vicelehendakari antes de desempeñar distintas responsabilidades en entidades financieras, entre ellas el BBVA, en el que fue director jurídico y miembro del comité de dirección.

Tras ejercer como socio del bufete de abogados Uría y Menéndez, se convirtió en 2009 en el presidente de BBK en sustitución de Xabier de Irala y asumió en 2012, tras la fusión de las cajas vascas, la máxima responsabilidad al frente de Kutxabank.

La entidad indicó que, hasta el nombramiento del nuevo presidente, Mario Fernández seguirá al frente de la entidad financiera. La decisión ya ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Grupo BFA-Bankia mantendría su solvencia por encima del 10% en 2016 incluso en un escenario de situación muy adversa de la economía, según los resultados de las pruebas del BCE  y ha destacado la entidad en un comunicado.

En concreto, Bankia, que partía de una ratio de capital (CET1) del 10,7% al cierre de 2013, tendría un 10,3% al acabar 2016 si se cumplieran las hipótesis de estrés de la economía que ha tenido en cuenta este ejercicio. Ese 10,3% supone un exceso de capital de 4.763 millones de euros sobre el mínimo exigido para superar esta prueba, que era del 5,5%.

Así que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se ha mostrado "muy satisfecho" con los resultados de las pruebas, porque muestran que la suya es una entidad bien capitalizada y muy solvente. "Son el producto, en definitiva, del esfuerzo de los dos últimos años y medio, que se ha traducido en unos muy buenos resultados", ha subrayado.

También ha sacado Kutxabank, cuyo presidente, Mario Fernández, ha subrayado que sus clientes tienen el dinero "en la entidad de crédito más solvente del sistema financiero español".

Según ha informado la entidad financiera, en la hipótesis más severa (escenario adverso) planteada por dicho examen, el grupo financiero vasco ha alcanzado un excedente de capital de 2.278 millones de euros y una ratio de capital Common Equity Tier I del 11,8%, la "mejor" del sistema, "duplicando de forma holgada" la exigencia mínima fijada en el 5,5%.

La gestión "prudente" de Fainé

Por su parte, el presidente de Caixabank, Isidro Fainé atribuyó a su "gestión prudente" los resultados de los exámenes del BCE. La entidad catalana ha obtenido un superávit de capital de 6.777 millones de euros en el escenario adverso, con una ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) del 9,3%.

Respecto al ejercicio de análisis de la calidad de los activos (AQR), se ha revisado en detalle la calidad de los activos de las carteras seleccionadas por el organismo supervisor (las compuestas por pymes, empresa, gran empresa, corporativa, promotores e inmuebles), representando conjuntamente un importe de más de 52.000 millones de los activos ponderados por riesgo del Grupo La Caixa, lo que supera holgadamente el 50%.

Dicha revisión ha concluido con la práctica ausencia de necesidades adicionales de provisiones y ha evidenciado la holgada situación de cobertura y la prudente política de identificación y dotación de los activos deteriorados de la entidad.

Liberbank y Cajamar, satisfechos

Liberbank, en principio la única entidad española que ha suspendido uno de los exámenes, ha aclarado que las provisiones individuales de 56 millones de euros identificadas en el análisis del BCE ya se encuentran dotadas a la fecha actual. Y ha cifrado en 583 millones de euros su exceso de capital, si se tienen en cuenta las medidas adoptadas para reforzar su solvencia durante este año, tras el ejercicio de revisión de la calidad de activos (AQR) que destapó un déficit de 32 millones a 31 de diciembre de 2013.

Según resalta, sus resultados le permitirán aumentar la financiación a pymes y a particulares, así como anticipar la amortización de las obligaciones contingentemente convertibles suscritas por el FROB y pagar dividendos a los accionistas en los próximos ejercicios "siempre que sea posible" desde el punto de vista regulatorio, y tras las autorizaciones y mayorías legales requeridas.

El presidente de Cajamar, Luis Rodríguez, ha afirmado que los resultados del examen "avalan la solvencia y la gestión prudente" que el banco ha realizado durante la crisis, años en los que "ha crecido y diversificado su actividad con la incorporación de 26 cajas rurales a su modelo de desarrollo y consolidación del cooperativismo de crédito en España.

El Grupo Cooperativo Cajamar está integrado por cajas rurales y por el Banco de Crédito Cooperativo, que actúa como entidad cabecera desde el pasado 1 de julio. Cuenta con activos por importe de 40.769 millones de euros, 1.317 oficinas, 6.578 empleados y 1,3 millones de socios y cuatro millones de clientes.

"La calificación otorgada refuerza la confianza y seguridad de nuestros socios y clientes, y contribuirá a impulsar nuestras líneas de financiación a pymes y familias", asegura Luis Rodríguez.

También la patronal bancaria ha saludado los buenos resultados de las entidades españolas. "Los bancos españoles de esta asociación han pasado con éxito este ejercicio y cuentan, por tanto, con una base de capital suficientemente sólida para contribuir tanto a la estabilidad financiera europea como al crecimiento de la economía española y la creación de empleo", promete. "Ningún banco de nuestra asociación ha necesitado, a diferencia de gran parte de sus competidores, ayudas públicas para alcanzar este resultado", no ha dudado tampoco en recordar la AEB.

El Sabadell y el BBVA hablan de "fortaleza"

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que los resultados de las pruebas de estrés sitúan a la entidad "entre las más sólidas de Europa tras la severa crisis y en el histórico momento en el que va a entrar en vigor la Unión Bancaria". En un comunicado asegura que los resultados "ratifican la fortaleza del Banco Sabadell en términos de solvencia, y evidencian el acierto en la gestión de la entidad del balance y el capital".

"Ha sido un riguroso ejercicio de transparencia que transmite asimismo confianza a accionistas, clientes y empleados", remarca Oliu.

Para el presidente del BBVA, Francisco González, las pruebas del BCE "avalan la fortaleza" de su entidad. "Nosotros, desde luego, vamos a seguir contribuyendo a la recuperación económica de España y también el crecimiento del resto de las economías en las que operamos", subraya.

Abanca e Ibercaja

La gallega Abanca considera que el análisis de la calidad de los activos y su reducido impacto del 0,07% sobre la ratio de capital la sitúa como "una de las entidades con la cartera de crédito mejor clasificada y provisionada".

La entidad presenta un limitado deterioro de la cartera crediticia que se produciría en el escenario adverso, y una capacidad de generar resultados en esas condiciones adversas, destaca en un comunicado.

En parecidos términos se ha expresado también Ibercaja. 

Para el grupo que preside Amado Franco, "los resultados alcanzados evidencian la calidad de la cartera crediticia, la fortaleza de su posición de capital, y la transparencia y fiabilidad de la información".

La entidad recuerda que sus buenos resultados se obtienen tras haber hecho frente a la integración de Caja3, una entidad en proceso de reestructuración, y sin traspasar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo, crédito o activos inmobiliarios distintos a los que transfirió la entidad absorbida.

También la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, se ha congratulado de los resultados de su entidad en los exámenes del BCE. A su juicio, confirman el perfil de "bajo riesgo" del Santander, "que se caracteriza por una política conservadora en provisiones", así como en la "diversificación geográfica y un modelo de negocio de banca comercial con foco en el cliente".

Según los test de estrés, el banco que mayor colchón de capital tendría en el escenario más adverso en términos absolutos sería Banco Santander, con 19.442 millones de euros.

El Banco Central Europeo (BCE) ha determinado que la banca española está bien capitalizada y no requiere medidas adicionales para reforzar su solvencia. De las 15 entidades que se han sometido al examen, sólo Liberbank ha aflorado un déficit de capital de 32 millones en la prueba de revisión de activos, necesidad que ya ha cubierto "sobradamente", según el Banco de España. Por el contrario, las mejoras notas en los tres exámenes las han obtenido, además de Kutxabank y Bankinter, las tres entidades que fueron nacionalizadas: Bankia, Catalunya Caixa y NCG Banco (Abanca). Su rescate costó 57.000 millones de euros.

De este modo, la entidad que preside Manuel Menéndez, que ha superado los test de estrés en los escenarios base y estresado, no tendrá que acometer ningún plan de recapitalización gracias a las medidas realizadas durante este ejercicio por importe de 640 millones.  Aunque sí deberá presentar uno al BCE en un plazo de dos semanas por una cuestión formal. 

El examen del que se eregirá en supervisor único a partir de noviembre no ha destapado ningún déficit de capital en el resto de las entidades: BBVA, Sabadell, BFA-Bankia, Popular, Banco Santander, Banco Mare Nostrum (BMN), Bankinter, Ibercaja, Caixabank, Caja Rurales Unidas (Grupo Cajamar), Catalunya Banc, Kutxabank, Unicaja y NCG Banco (Abanca)BFA-BankiaCatalunya Banc.

Así pues, la banca española, en líneas generales, ha salido airosa de la revisión de calidad de activos (AQR en sus siglas en inglés), y de las pruebas de resistencia, tanto en el escenario base como en el adverso, informa Europa Press.

España ha sido el segundo país, junto a Italia, con mayor número de entidades examinadas, sólo por detrás de los 24 bancos alemanes y por delante de los 11 franceses. 

"Estos resultados hacen pensar que, si bien el sector bancario español se enfrenta a retos importantes en el corto y medio plazo, incluyendo la convergencia a un nuevo marco regulatorio y supervisor y un entorno económico complejo que puede afectar a su rentabilidad, las entidades de crédito de nuestro país afrontan el futuro en buenas condiciones, con unos balances saneados y una posición de solvencia adecuada", destaca el Banco de España.

A juicio del organismo que dirige Luis Linde, el sistema bancario español ha sido el que menos ajustes ha tenido que realizar como resultado de la evaluación de activos, cuyo impacto ha sido muy limitado, asegura, en comparación con la banca europea.

Muy por encima de la ratio exigida

Tras el test de estrés realizado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el banco español que conservaría una mayor ratio de capital en el escenario adverso es Kutxabank, con un 11,8%, porcentaje muy superior al 5,5% exigido. Tras la entidad vasca, se situarían Bankinter, con un 11%, BFA-Bankia, con un 10,3%; Caixabank, con un 9,3%, y NGC Banco (Abanca), con un 9,1%.

Por el contrario, las ratios de capital más bajos a fecha de 31 de diciembre de 2016 los registrarían Liberbank –resultado de la fusión de Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria–, con un 5,6%; Banco Popular, con un 7,6%, e Ibercaja, con un 7,8%.

En el caso del escenario base de los test de estrés, todas las ratios de capital CET1 de la banca española superarían el objetivo mínimo del 8%, siendo BFA-Bankia, con un 14,3%, la entidad que mejor nota registraría. A continuación, se colocarían NCG Banco (Abanca), con un 13,9%, y Kutxabank, con un 13,1%.

Las ratios de capital más bajos a fecha de 31 de diciembre de 2016 en el escenario más probable establecido por el BCE serían los de Liberbank, con un 9,4%; Banco Sabadell, con un 10,2%, y Cajas Rurales Unidas (Grupo Caja Mar), con un 10,2%.

En la revisión de la calidad de los activos del BCE, a fecha de 31 de diciembre de 2013, Catalunya Bank contaba con una ratio de capital del 12,2%, el más elevado seguido de Kutxabank (12%) y Bankinter (11,7%). Por el contrario, los niveles más bajos fueron los de Liberbank, con un 7,8%; BMN, con un 9%, y Cajas Rurales Unidas (Grupo Caja Mar), con un 9,9%.

25 suspendidos con un déficit de capital de 25.000 millones

Son 25 los bancos europeos que han suspendido el examen a la banca, con un déficit de capital de 25.000 millones de euros a finales de 2013. Una docena de los 25 bancos ya han cubierto 15.000 millones de déficit durante los primeros meses de 2014. 

Los 13 restantes disponen ahora de dos semanas para enviar su plan de recapitalización al BCE. Se trata de los griegos Eurobank, National Bank of Greece y Hellenic Bank; los italianos Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano y Banca Popolare di Vicenza y Banca Carige, los eslovenos Nova Ljubljanska banka y Nova Kreditna Banka Maribor; el portugués Banco Comercial Portugués; el austriaco Österreichischer Volksbanken; el irlandés Permanent Tsb y el belga Dexia.

Las entidades examinadas debían alcanzar una ratio mínima de capital de máxima calidad del 8% de sus activos en el escenario base de los test de estrés, mientras que en el escenario adverso debían mantenerse en al menos un 5,5%.

Los bancos que todavía requieren capital adicional deben enviar ahora al Banco Central Europeo (BCE) planes con las medidas que piensan adoptar para recapitalizarse en un plazo de dos semanas. A continuación, dispondrán de entre seis y nueve meses para cubrir sus déficit de capital.

La factura deberá ser pagada en primer lugar con soluciones privadas y recursos internos, vía los accionistas y los acreedores junior, como preferentistas o titulares de deuda subordinada. Sólo si esto no resulta suficiente, las entidades podrán solicitar ayudas públicas, que en primer lugar serán nacionales. Si algún Estado miembro no cuenta con recursos suficientes, podrá pedir un rescate bancario a la UE similar al español.

Supervisor único el 4 de noviembre

El objetivo de los test de estrés es identificar los problemas que todavía quedan en el sistema financiero europeo justo antes de que el BCE se convierta en el supervisor único de la eurozona, algo que sucederá el 4 de noviembre. Con ello se pretende completar la reestructuración bancaria y recuperar la credibilidad ante los mercados para reactivar el crédito a la economía real.

Las dos anteriores rondas de test de estrés, llevadas a cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) fracasaron a la hora de detectar los problemas del sistema bancario europeo. La primera ronda, en 2010, no identificó la crisis de las entidades de IrlandaIrlanda, que dos meses después tuvo que pedir el rescate. En la segunda, en 2011, no se detectaron las dificultades de las cajas españolas ni de la banca chipriota.

Los seis detenidos durante el desahucio de Jorge y su familia en el madrileño barrio de Usera, han sido puestos en libertad con cargos durante la mañana del sábado. Se les imputan delitos de resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad.

Los detenidos que pasaron la noche en la comisaría de Usera, fueron puestos a disposición del juez de instrucción número 8 de Madrid. Ninguno de ellos quiso prestar declaración ante la Policía y en su testimonio esta mañana ante el juez sostuvieron que “no hicieron nada” de lo que los agentes les acusan y que únicamente participaron de forma pacífica en la protesta contra el desahucio.

El desahucio, que se realizó y acabó con todas las cerraduras cambiadas y todos los enseres de los afectados en la calle, se saldó con seis detenidos y varios heridos que tuvieron que ser atendidos por el Samur.

Se trata de Jorge A.A., de 36 años; Daniel G.A., de 22 años; Jorge J.A., de 23 años; Jesús S.M, de 34 años; Alejandro Ángel M.R., de 24 años y Pablo L.C., de 45 años.

La Policía también identificó a varias personas convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para impedir el desahucio, entre las que se encontraron la mujer y la hija del exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstringe.

En el piso desalojado vivía una pareja con tres hijos, de 9, 3 años y un bebé de 21 días. La pareja, los dos en desempleo, sólo perciben una pequeña renta social que no alcanza los 700 euros.

El consejo de administración de Deoleo, reunido esta tarde, ha elegido la oferta presentada por el fondo británico CVC Capital Partners, el favorito, que se hará con el 29,9% del capital y lanzará una OPA que lo convertirá en el accionista principal de la empresa aceitera. La Caixa, Unicaja, Kutxabank y Dcoop (antigua Hojiblanca), que suman casi el 30% del capital, se mantendrán en la sociedad, pero no acudirán a la OPA.

La oferta de CVC Capital Partners valora al 100% de la firma en 439 millones de euros, a razón de 0,38 euros por acción e incluye una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros y la concesión de un crédito puente de 470 millones de euros para reestructurar la deuda del grupo oleícola.

Esta oferta representa un descuento 10,58% con respecto al actual precio de mercado de las acciones de la aceitera española. Los títulos de Deoleo cerraron hoy en Bolsa a 0,425 euros.

Refinanciación y segunda ampliación de capital

En concreto, el fondo articula la operación con la compra del 29,99% del capital social de la sociedad mediante una combinación de compra de acciones titularidad de accionistas significativos y, en su caso, suscripción de una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente que se sometería a la junta general de accionistas, todo ello a un precio de 0,38 euros por acción, según ha informado Deoleo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sujeto a la ejecución de la transacción anterior, CVC formulará una OPA dirigida al 100% del capital social, a un precio de 0,38 euros por acción, para dar la oportunidad a los accionistas minoritarios a adherirse a su oferta, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La operación implica la refinanciación de la deuda actual de la sociedad (cifrada en unos 472 millones de euros), con un nuevo paquete de financiación con un vencimiento medio de siete años bullet, es decir, con un pago único al término de ese plazo.

Además, siempre y cuando el consejo lo apruebe, existirá la posibilidad de realizar una segunda ampliación de capital abierta a todos los accionistas, comprometiéndose CVC a cubrir un importe de hasta la diferencia entre 100 millones de euros, y lo que haya aportado en la anterior ampliación de capital.

Bankia y BMN venden

La presencia española en el accionariado se limita a CaixaBank (5,28%), Unicaja (10%), Kutxabank (4,8%) y Dcoop (9,9%), mientras que Bankia, que tenía 16,5% y Banco Mare Nostrum (4,8%) venden su parte de Deoleo.

Además de la oferta de CVC, concurrieron a la puja otras cuatro ofertas, las presentadas por el Fondo Stratégico Italiano, con el apoyo de Qatar Holding, Rhone Capital, Pai Partners y Carlyle.

Deoleo cerró el ejercicio 2013 con un beneficio neto de 20 millones de euros, frente a los números rojos de 245,6 millones de euros del año anteriornúmeros rojos , motivados por la decisión de abordar el deterioro contable de determinados activos.

La cifra de ventas del fabricante de marcas de aceite como Carbonell y Koipesol en el ejercicio alcanzó los 813 millones de euros el año pasado, un 1,9% menos.

Sede social en España y desarrollo futuro

"Les hemos trasladado que nuestra voluntad es que la empresa tenga sede social en España, que no se desmembre sus activos, porque tiene marcas líderes en el mercado americano que son básicas para exportar en Estados Unidos", aseguró en su momento el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete sobre las empresas interesadas en adquirir Deoleo.

"Queremos que los inversores no sean especulativos a corto plazo, que no quieran hacer un beneficio a corto plazo, sino que apuesten por un desarrollo empresarial de futuro", explicó.

De esta forma, el grupo presidido por Robert Frank Agostinelli, uno de los financieros más ricos de Estados Unidos, se suma a otros posibles interesados en entrar en el capital de Deoleo, entre los que destacan el gigante americano Bunge y los fondos de capital riesgo Carlyle, CVC y PAI Partners, siendo estos dos últimos los que a priori parecen contar con más posibilidades.

El hijo menor del expresidente del Gobierno se incorporó el pasado año a la plantilla de la gestora de fondos de inversión fundada por Agostinelli, procedente desde Citibank.

Al margen de estos fondos, otro interesado en controlar ese porcentaje que está en manos de las entidades financieras es el Fondo Strategico Italiano (FSI), respaldado por el Estado italiano, y que cuenta además con el apoyo de Qatar Holding, pero se antoja difícil que esta oferta prospere por el carácter estratégico que tiene el sector del aceite para España y por el contrasentido que supondría que Deoleo cayera en manos italianas después de haber adquirido emblemáticas marcas transalpinas como Bertolli o Carapelli.

Las mismas fuentes descartaron también que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pudiera entrar en la puja para refrendar la apuesta por la españolidad del sector.

El plazo para la presentación de ofertas vinculantes expira este miércoles, día 2 de abril, fecha a partir de la cual JP Morgan llevará a cabo la primera criba para seleccionar las mejores ofertas por la participación de la que se quieren desprender las cuatro entidades financieras, lo que obligaría al comprador a lanzar posteriormente una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre la totalidad, a menos que solicitara una eximente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las mismas fuentes explicaron que a partir de este momento se inicia un proceso largo, con el análisis exhaustivo de todas las ofertas presentadas y en el que el consejo de administración tendrá que dar su opinión sobre cuál es la interesante para la compañía y los accionistas.

Deoleo confirmó hace unos días que había recibido ofertas no vinculantes por parte de un número reducido de grupos interesados en hacerse con el 31,3% de su capital, en manos de estas cuatro entidades financieras, a un precio inferior al de su cotización en ese momento, es decir por debajo de los 0,40 euros. El 'enterprise value' de la compañía ronda los 3.000 millones de euros.

En concreto, Deoleo ha seleccionado un número reducido de grupos interesados en participar en el proceso de reordenación de la base accionarial, con el fin de obtener una mayor estabilidad financiera, si bien sólo ha solicitado y obtenido ofertas indicativas, no ofertas vinculantes.

Deoleo cerró el ejercicio 2013 con un beneficio neto de 20 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 245,6 millones de euros del año anterior motivados por la decisión de abordar el deterioro contable de determinados activos.

La cifra de ventas del fabricante de marcas de aceite como Carbonell y Koipesol en el ejercicio alcanzó los 813 millones de euros el año pasado, un 1,9% menos.