Nuestra querida compañera Felisa Echegoyen, Kutxi, fallecida el 17 de octubre, nació en Madrid y quedó huérfana de madre a muy temprana edad. Durante las campañas de protestas por el Proceso de Burgos de diciembre de 1970, comenzó a colaborar con la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) “picando” clichés para elaborar propaganda que se repartía al día siguiente en barrios, fábricas y facultades. Había que impedir que se ejecutaran las condenas a muerte contra los militantes vascos. 

Su militancia antifranquista le llevó a ser detenida por la policía política el 8 de octubre de 1974. Contaba Kutxi que cuando iba hacia el metro de Lavapiés, barrio en el que vivía entonces, se percató de un grupo de hombres entre los que distinguió claramente a González Pacheco, alias Billy el Niño. Corrió hacia su casa para hacer desaparecer documentos y materiales y evitar así que cayeran en manos de la Brigada Político Social. A los pocos minutos, irrumpieron en su casa tirando la puerta, golpeándola y amenazando con tirarla por la ventana. Pasó tres días en la Dirección General de Seguridad y años después, en 2014, en un acto celebrado en Madrid, Kutxi explicó con voz firme –aunque no paró de temblar–, su paso por la DGS: “Deseé morirme con tanto empeño que me quedé rígida, sin apenas respiración. Tenía tanto pánico que ni siquiera sentía los pies en el suelo. Sólo me mantenían en pie los golpes que, a un lado y al otro, iban equilibrando las porras sobre mi cuerpo”. Llegó a la cárcel de mujeres de Yeserías el día 11 de octubre y permaneció allí hasta el 8 de diciembre cuando obtuvo la libertad condicional, previo pago de una fianza de 25.000 ptas., una cantidad considerable para la época.

En 1981 se marchó a Barcelona, donde comenzó a trabajar y a desarrollar su labor sindicalista y feminista, porque Kutxi siempre se mantuvo activa y dispuesta a luchar.

Al volver a Madrid recuperó el contacto con compañeros y compañeras de su juventud, entre ellos Chato Galante. Precisamente, a través de Chato, a partir del 2010, se unió con otras personas que habían sufrido la represión de la dictadura y decidieron fundar la asociación La Comuna, en 2011. En las cárceles franquistas, las personas presas se organizaban en grupos llamados “comunas” para asegurar la solidaridad mutua, de ahí el nombre de la asociación. 

Se adhirió a la querella argentina, en 2013, con una demanda penal contra sus torturadores, yendo a declarar ante la jueza Servini, en septiembre de 2021. En este año también presentó querella en el Estado español que, tras agotar la vía judicial sin resultado positivo, se llevó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que la aceptó, aunque aún no se ha pronunciado.

Como activista de La Comuna, Kutxi desarrolló una importante y valiosísima actividad hasta donde le dejó su enfermedad. Participó en múltiples actividades como el acto del “juicio popular contra Billy el Niño”, en 2014, donde contó su experiencia, como ya hemos dicho. Siempre estaba dispuesta a realizar cualquier trabajo activista, por pesado que fuera. Mantenía la relación directa con los socios y las socias, a quienes informaba de las actividades y se interesaba por su situación y les enviaba palabras de ánimo porque Kutxi era directa, perseverante, diligente y disciplinada, también tierna y generosa.

Participó en la película/documental El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Behar, que se estrenó en 2018 y obtuvo, entre otros muchos premios, el Goya en 2019, a cuya gala acudió en Sevilla y cuya difusión acompañó incansablemente por infinidad de lugares de todo el Estado español. También es una de las protagonistas de la película dibujada Flores bajo el hielo, de Marco Potyomkin.

Kutxi fue entrevistada para decenas de medios escritos y visuales, dio charlas en colegios, institutos y centros sociales; difundió la lucha por los derechos humanos y la memoria democrática por todos los lugares que pudo, se unió a la ola feminista y participó en todos los eventos de la lucha por los derechos de las mujeres y, en sus últimos tiempos, a pesar de los dolores que le causaba su enfermedad, fue capaz de acudir a las manifestaciones de apoyo a Palestina. 

En diciembre de 2019 recibió un homenaje en el evento Supervivientes de la memoria organizado por el diario Público, en el que participó su hija con un artículo titulado: “La sonrisa que Billy el Niño no pudo borrar”, lo que le llenó de alegría y orgullo.

Efectivamente, si algo distinguía a Kutxi era su valentía y fortaleza. Se enfrentó varias veces con los fascistas, como en el Metro de Madrid, durante la campaña electoral de las primeras elecciones en junio de 1977, cuando arremetió a bolsazo limpio contra unos fascistas que intentaron agredirla a ella y a su compañera Ángela mientras pegaban carteles. O mucho más tarde, cuando sufrió una agresión de otro fascista que le fracturó una costilla, en las fiestas de La Melonera, en septiembre de 2018. Kutxi les estaba recriminando que no dejaran escuchar la lectura del pregón por parte de Moha Gerehou y Paula Guerra, activistas antirracistas. Unos días después, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad condenar firmemente esta agresión.

No olvidaremos nunca cómo derribó el “muro de la impunidad” durante la concentración que se hizo el día en el que la jueza Servini le tomó declaración a Martín Villa en el consulado argentino.

Pero lo que más vamos a recordar de Kutxi es esa sonrisa amplia y sincera con la que te recibía y su gran capacidad de querer, de preocuparse, de atender a toda persona que lo necesitara. Va a ser muy difícil seguir sin ella porque es muy dolorosa su ausencia, pero nos anima pensar que ella también sufrió por las ausencias de amigos muy queridos como Carlos Slepoy y, particularmente, Chato, y siguió cumpliendo con las obligaciones que se había impuesto. Por ella, por tantas y tantos que se han quedado en el camino, a quienes les debemos su ejemplo de vida y de lucha, vamos a seguir. 

¡Gracias, Kutxi!

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Rosa García, Paz Romero y Sacri García-Rayo forman parte de “La Comuna. Asociación de presas, presos y represaliados de la dictadura franquista’.

Sus señorías parecen vivir aferradas al pasado, como se desprende de su indumentaria, su vocabulario, su gramática y su concepción de la ecúmene. Salta a la vista que no es así, que sus señorías disponen de un DeLorean que les permite viajar al futuro, superando la velocidad de la luz, para conocer cómo pueden alterarlo eficazmente con sus incoaciones del presente. La utilización del tiempo por parte de la Justicia, aunque pudiera parecer caprichosa, obedece a una deliberada estrategia calculada para traspasar las fronteras del Poder Judicial y minar la independencia del Poder Legislativo y la del Poder Ejecutivo.

El Regreso al futuro de la Justicia cuenta cada vez con más entregas, pero tan iterativas que han destripado el final de una saga que ya aburre y lleva al espectador a la convicción de que la Justicia no es igual para todos. En el DeLorean viajan el juez Peinado (esposa de Sánchez) o la jueza Biedma (hermano de Sánchez) mientras la jueza Iglesias (novio de Ayuso) parece hacerlo en una vieja tartana con limonera. Y luego hay señorías como García Castellón que utilizan uno u otro vehículo en función de quien, como Penélope, se sienta en un banquillo del andén a esperar que llegue el primer tren meneando el abanico.

En este país hay barra libre para opinar sobre clima, urbanismo, sanidad, economía, guerra, filosofía, educación, cultura, fútbol o el sexo de los ángeles… desde las filias y las fobias de cada cual. También sobre la Justicia se emiten, es fácil hacerlo, juicios de valor desde la barrera del sofá y las redes sociales o saltando al albero en la barra del bar. No es necesario entrar en enjundias jurídicas ni disquisiciones legales, basta una pose leguleya para dictar sentencia sobre cualquier asunto de tribunales sin distar de los argumentos, con un sesgo político más que evidente, de buen número de sus señorías en asuntos de calado.

La etología no alcanza a explicar con suficiencia si determinadas conductas de jueces y fiscales obedecen al natural desarrollo racional o vienen condicionadas por lo que se conoce como militancia ideológica. Es complicado descartar dicha militancia en personas que, conociendo como nadie las leyes y las consecuencias de sus veredictos, se decantan por interpretaciones torticeras de las mismas al amparo de una presunta independencia que queda así mermada, herida de gravedad por el descrédito popular. Pocos gremios exhiben un corporativismo de forma tan sumamente arriesgada, suicida, como la cohorte judicial.

Sus señorías han sustituido a Aranzadi o Lefebvre por recortes de prensa de medios tóxicos especializados en bulos y desinformación y dan crédito a las acusaciones de profesionales de la agitación social como Abogados Cristianos, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum o Vox, a veces ignorando los informes de la UCO. Es así como se transforman sus injustas señorías en peligrosos soportes para la antipolítica que ponen en peligro la Democracia dando alas al populismo golpista de la derecha y la extrema derecha.

El Poder Judicial debe rendir cuentas al pueblo soberano y no buscar su emancipación de la voluntad popular, y por tanto su deslegitimación, como sucede con la Jefatura del Estado. Palomitas y apuestas para ver en qué queda la denuncia al emérito comisionista.

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Verónica Barcina Téllez es socia de infoLibre.

En los primeros años de la transición, algo que se decía socialista competía con algo que, a pesar de sus raíces franquistas, se decía de centro demócratico. La derecha con complejos era algo minoritario que erizaba los vellos a gente de pueblos y aldeas, también a quienes, habitando en las capitales, fueron testigos de cómo las fuerzas de seguridad y la justicia se acostaron un día fascistas y, por magia o milagro, amanecieron democráticas al siguiente. Suárez y González levantaban pasiones, ambos tan resultones y de florida labia.

Siguiendo el patrón policial, González y Guerra se repartieron los papeles: Felipe hizo de poli bueno y Alfonso de poli malo. El público quería que ganara, 40 años después, la policía de un Estado democrático y de derecho recién estrenado. Alfonso era un encantador de serpientes capaz de ahuyentar a los dóberman del franquismo y de levantar al pueblo descamisado de sus asientos para aplaudir hasta desollarse las manos gritando a voz en grito lo que había callado durante los años marcados por el terror de la dictadura de Franco.

El tándem populista tardó poco en conseguir una aplastante mayoría absoluta en las urnas, a mayor gloria del marco alemán y del dólar americano que habían puesto en ellos toda su fe y sus esperanzas. Fue el principio del fin, que se precipitó al quitarse la máscara el “socialismo” en el referéndum de la OTAN. Con la perspectiva de cuarenta años, hoy se constata que la frase “el que se mueva no sale en la foto”, pronunciada por Guerra, no provenía del presumible legado estalinista, sino de la más reciente herencia del franquismo.

El respaldo democrático de 10.127.392 de votos y 202 escaños fue interpretado por Guerra como un cheque en blanco para hacer y deshacer en la Corte al modo de un virrey absolutista mientras González lucía en la tele sienes maquilladas de blanco canoso para aparentar desgaste y sacrificio. El virreinato socialista implementó políticas liberales que supusieron la implantación del contrato basura, la precariedad, la legalización de las ETT, los recortes al desempleo, el primer medicamentazo, la reconversión industrial, el ascenso de la beautiful people como clase social beneficiaria de estas políticas, la rebelión de los descamisados reprimidos con extrema dureza por la policía y dos huelgas generales.

En un clima de euforia e impunidad, a partir del caso Flick, el vicepresidente Guerra fue testigo privilegiado de la corrupción en su partido en el escándalo Filesa. Su despótica soberbia lo llevó a recuperar el nepotismo para la democracia que desembocó en el sonado caso Juan Guerra por el que se vio forzado a dimitir. A la corrupción económica se añadió la corrupción ética, moral e inhumana, además de pecuniaria, de los casos Roldán y GAL.

Dicen que el tiempo pone a las personas en su sitio. El hermano de Juan Guerra parece haber encontrado el suyo en plena decadencia vital, ideológica e intelectual. El otrora paladín de los descamisados presta su decrépita figura a 13 TV, El Hormiguero y tertulias montadas para azotar a los descamisados. Ideológicamente, el otrora icono izquierdista del socialismo liberal, se ha atrincherado en el frente donde rabiosos aúllan los dóberman del franquismo renacido. A estos Guerra y González no los reconoce ni la madre que los parió.

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Verónica Barcina Téllez es socia de infoLibre.

Un sector crítico de las bases de ERC ha exigido este martes una "renovación total" de la cúpula del partido en el Congreso Nacional de los republicanos agendado para el mes de noviembre, y cambiar la estrategia de la formación para volver, dicen textualmente, a la senda de la independencia, tal y como ha recogido Europa Press.

"Ante la convocatoria del Congreso Nacional en noviembre defendemos una renovación total de la cúpula del partido. Esta renovación no la pueden reivindicar los mismos grupos que durante años han participado de la estrategia del partido que se ha demostrado errónea", ha afirmado el colectivo Col·lectiu Primer d'Octubre, un grupo de militantes de ERC que se formó hace cinco años con la finalidad de "reivindicar el mandato del 1 de octubre, buscar la unidad estratégica del independentismo y para evitar acuerdos con los partidos del 155", en un comunicado difundido a través de su cuenta en X, recogido por Europa Press.

El comunicado llega dos días después de que unos 300 militantes de ERC pidieran una renovación de la cúpula de la formación, entre ellos, algunas figuras destacadas del Govern o caras conocidas de la organización.

Los críticos también han solicitado un cambio en la estrategia política de ERC para que el partido vuelva a defender la independencia "como lo hizo hasta el 2017".

El colectivo ha defendido que el objetivo de ampliar el apoyo y la confianza electoral pasa por poner en primer lugar, dicen, la necesidad de la independencia como única vía para conseguir el bienestar de la ciudadanía. "Más soberanía se traduce en mejores servicios públicos, en más justicia social, en mayor convivencia, mejor respecto a nuestra lengua y mejores soluciones para nuestros sectores económicos y sociales que no tendrán que depender de los intereses de Madrid", han remarcado.

Hasta que se celebre el Congreso Nacional en noviembre, el colectivo ha pedido a los actuales "gestores" del partido que en las negociaciones del próximo presidente de la Generalitat antepongan el reconocimiento al referéndum del 1 de octubre de 2017 y, en caso de repetición electoral, hacer un proceso participativo para elegir a los nuevos candidatos de ERC a las elecciones.

La histórica militante socialista Ángeles Flórez Peón Maricuela, nacida en Blimea el 17 de noviembre de 1918, ha fallecido este jueves a los 105 años de edad.

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), ha transmitido su pésame por la muerte de la militante a través de las redes sociales; "Te queremos, Maricuela. Y te recordaremos siempre. Asturias y el Socialismo están hoy de luto".

No ha sido el único que ha querido compartir en redes sociales su pesar por la muerte la histórica militante. También Adriana Lastra se ha referido a Maricuela como "amiga y compañera del alma". "Te echaremos tanto de menos... pero nos queda tu ejemplo, amiga. No te olvidaremos nunca", ha señalado.

"Siento un profundo desgarro por la pérdida irreparable de nuestra querida Maricuela", ha señalado en redes sociales la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, por su parte. "Estuve con ella con motivo del Día del Exilio y nos volvió a demostrar que es un ejemplo de los mejores valores del socialismo", ha destacado, para resaltar después que era una mujer "luchadora, buena y fraternal".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha unido este jueves a las muestras de cariño y de reconocimiento hacia la histórica militante socialista.

"105 años de dignidad, compromiso y lucha por la igualdad, la libertad y la justicia social. Hasta siempre, Maricuela", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X, que ha acompañado con una imagen de una rosa y con la fotografía de él junto a la hoy fallecida.

Maricuela fue miliciana durante la Guerra Civil, prisionera en Guipúzcoa y tuvo que exiliarse a Francia en 1948, de donde regresó por primera vez doce años después.

Un votante no es un militante. Este es uno de los principales aprendizajes que se debe hacer en política. Todos los militantes son, por regla general, votantes; pero de ninguna manera todos los votantes son militantes. Por lo tanto, cuando se hace política hay que tener claro para quién se hace, si para encantar a los militantes o para convencer a los votantes. Vayamos por partes.

Es imposible comprender una organización política sin sus militantes. En la gran mayoría de los casos, los militantes son ciudadanos desinteresados que dedican su tiempo, sus ganas, su fuerza y sus horas de vida para construir un proyecto político de manera altruista. Suelen ser personas que creen profundamente en determinadas ideas y que están dispuestas a arremangarse y meterse hasta lo más profundo del fango en defensa de sus tesis y convencimientos. Los militantes son los engranajes fundamentales de cualquier organización política o movimiento social, son imprescindibles y es inconcebible que haya ningún espacio político que funcione sin ellos.

En el otro lado, existe el resto de la sociedad. Es evidente que en las sociedades de masas de la época moderna es muy difícil, si no imposible, que la mayoría de ciudadanos sean militantes. La mayor parte de ellos son personas que ejercen sus derechos de manera más pasiva. Trabajan, aportan a la sociedad cada uno desde su posición, tienen ideas particulares y, llegado un determinado momento, depositan (o no) su voto en una urna. Pero no dedican parte de su tiempo a trabajar por un partido o por unas determinadas ideas políticas. Tal vez porque no sientan gran vinculación con ninguno de los existentes, tal vez porque no tienen especial interés en cuestiones políticas en su día a día o, simplemente, porque no tienen suficiente tiempo y ya andan bastante atareados como para añadir una preocupación más a sus vidas. No es posible criticar a aquellas personas que, tras una larga jornada laboral extenuante, el cuidado de unos hijos o unos mayores y las labores del hogar, prefieren no dedicar su escaso (o casi inexistente) tiempo libre a construir un espacio político.

Con esos dos ingredientes se construye todo lo demás. Los militantes son los engranajes del partido y los votantes son el aceite imprescindible sin el que los engranajes pasarían a ser inútiles. A partir de aquí hay dos errores fatales. El primero sería destinar toda la atención del partido a la satisfacción de la militancia y desatender a lo que queda fuera, es decir, a los votantes. El segundo sería todo lo contrario, es decir, descuidar por completo a la militancia y tan solo centrarse en lo exterior, en los votantes.

La emergencia de las primarias en la política española ha sido un buen ejemplo de esta tensión siempre sin resolver. Por primera vez, se puso encima de la mesa la posibilidad de que los líderes de los partidos fuesen elegidos no en función del dedazo del jefe anterior o de equilibrios de poder entre las élites de los partidos, sino dándole voz a la militancia. Sin embargo, al mismo tiempo que esto parece un procedimiento abierto y más adecuado para tiempos modernos, resulta que se convierte en muchas ocasiones en un espacio de radicalización de determinadas posturas mayoritarias en el círculo militante interno pero inexistente en el círculo exterior que componen los votantes.

Pongamos un ejemplo práctico. Al mismo tiempo que Yolanda Díaz es más valorada en las encuestas que Irene Montero o Ione Belarra, si se produjeran unas primarias, con toda seguridad serían estas dos últimas las que triunfarían frente a la primera. Porque Podemos tiene una militancia activa que, evidentemente, y de manera legítima, prefiere a sus líderes de partido frente a Yolanda Díaz, que carece de un músculo militante activado. Sin embargo, si se pregunta fuera del círculo interno (cosa que ya están haciendo las encuestas), el resultado sería completamente distinto al resultado de las primarias y ahí Díaz arrasa entre los votantes en simpatía e intención de voto muy por delante de Montero o Belarra. Precisamente por eso, porque la militancia de un partido no se parece a sus posteriores votantes tanto como podríamos pensar.

Por eso es una trampa hablar de primarias como si fuese la traducción limpia y cristalina de la voluntad de la gente, porque lo que suele ser es la voluntad de aquellos que están más movilizados. Y esa voluntad no tiene por qué coincidir en absoluto con la voluntad de los potenciales votantes. 

La clave es: la militancia es más rocosa y fiel, pero son pocos; los votantes son más volubles y heterogéneos, pero son muchos y son los que, al fin y al cabo, deciden las elecciones. Un votante no es un militante, por eso con militantes se pueden ganar procesos internos con mayoría absoluta al mismo tiempo que se pierden elecciones con minoría aplastante. Estaría bien ser conscientes de ello para lo que vaya a venir.

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Alán Barroso es politólogo y experto en comunicación política.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, será reelegido como líder de IU tras lograr la candidatura que encabeza para la XII Asamblea Federal, que concluye este fin de semana, el 76,26% de los votos (5.694) de la militancia, según informa Europa Press. 

Con ello, se ha impuesto a la lista del sector crítico liderada por el dirigente de IU José Antonio García Rubio, que ha logrado un total de 1.553 apoyos de los afiliados, el 20,8% del sufragio emitido.

En total, según los datos recopilados por IU, han participado en la elección de las candidaturas el 41,4% de la militancia (18.000 afiliados) y un 2,9% de los participantes ha votado en blanco.

Este fin de semana concluyó el proceso de votación de las candidaturas y documentos que se someten a la asamblea federal, mientras que el pasado viernes terminó el proceso de sufragio telemático habilitado por la situación del coronavirus.

También se imponen en el documento de estrategia política

También se ha impuesto Garzón en el documento de estrategia política, dado que su texto denominado Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo paísAvanzando hacia la República Una IU para un nuevo país ha obtenido el 75,5% de los sufragios emitidos (5.736 votos), mientras que la ponencia del sector crítico (La Izquierda) se ha quedado en el 20,77% de apoyos (1.578 votos).

La candidatura de Garzón para elegir a los integrantes de la Asamblea Político y Social, el máximo órgano de dirección de IU entre las asambleas federales, incluye en puestos destacados a la actual eurodiputada Sira Rego, al secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Enrique Santiago, y al excoordinador en Andalucía Antonio Maíllo.

En los 20 primeros puestos de la lista del actual coordinador, con gran peso de las federaciones andaluza, madrileña y valenciana, destacan nombres como el de Amanda Meyer (8), directora de gabinete del Ministerio de Igualdad; el actual secretario de Organización, Ismael González; la diputada autonómica y actual portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, y el exsecretario general del PCE José Luis Centella (13).

Por otro lado, el documento político-organizativo de la actual dirección, en colaboración con el PCE y diversas federaciones, aspira a reforzar el papel de IU como movimiento político social. También postula que la alianza con la formación morada no puede limitarse solo al plano electoral y debe abarcar aspectos organizativos.

“Los militares habían sido una fuerza decisiva, un poder muy significativo a lo largo del Régimen y no sólo desde estructuras específicas de defensa. Dirigieron los Ministerios correspondientes al Ejército de Tierra, Aire y a la Armada, y fueron responsables de buena parte del de Gobernación, en particular del área relacionada con el orden público, a través de cargos que en unos casos ocuparon militares químicamente puros y en otros jurídicos de los ejércitos”. De esta forma definió en su discurso de recepción en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 2013, Rodolfo Martín Villa el papel del ejército durante el franquismo.

Ministro de Interior entre 1976 y 1979, como la mayor parte de esa generación se había formado en la segunda etapa de la dictadura, entre el desarrollismo y el final del franquismo, momento en que un sector del ejército empezó a expresar de distintas maneras el peligro que suponía toda posibilidad de cambio, ante la creciente oposición y contestación al régimen, pero también ante los proyectos de reforma o apertura que se hacían públicos y visibles en la prensa y en la calle.

El orden público, como tantas otras veces en la historia de España, provocaba de nuevo la entrada del Ejército en política: proyectaba el militarismo. Una constante que, a excepción de breves períodos, no desembocó en una presencia directa del Ejército en la calle. La dictadura, que se definía a sí misma como "democracia orgánica" y "estado de derecho", había perfeccionado una fórmula heredada desde el siglo XIX: el control militar de la administración civil del Estado, el empleo de la jurisdicción militar y la utilización de cuerpos militares como fuerzas específicas de orden público. El poder castrense se había configurado como un poder más dentro del liberalismo español, favoreciendo el acceso de la oficialidad a los altos cargos públicos y a la máxima representación política, fórmula que logró su apogeo durante el Directorio Militar de Primo de Rivera. Los cuerpos militares alcanzaron, sin embargo, durante el franquismo su mayor influencia política, dirigiendo ministerios como Industria, Obras Públicas o Hacienda, además de los directamente implicados en el control del orden público. A medida que se hacía evidente el deterioro de Franco, su general en jefe, aumentaron su oposición a ceder un milímetro en la menor de sus competencias. Una resistencia al cambio, explicada normalmente por su lealtad al propio Franco, y por su estructura corporativa, que se manifestó mucho antes de la crisis final del franquismo, cuando su posición política privilegiada, que contrastaba con la realidad social que vivía la mayor parte de los cuerpos militares, se vio agravada también por la retirada del Sahara.

La defensa del papel político del Ejército se convirtió, de este modo, en un factor clave en la continuidad de la dictadura. La fórmula prevista era hacer compatible su protagonismo con la modernización de la Administración Pública. El mismo Carrero Blanco había planteado la necesidad de una reforma técnica que garantizara los principios fundamentales del Régimen. Este proyecto de desarrollar una administración civil del Estado que no fuera en detrimento del poder militar, en realidad puesto en marcha a finales de los años 50 por López Rodó, Catedrático de Derecho Administrativo, entró de lleno en el terreno del orden público a través de tres medidas: la Ley de 30 de julio de 1959, de Orden Público, el Decreto de Bandidaje y Terrorismo de 1960, y la creación del Tribunal de Orden Público en 1963. El edificio legal continuista quedó culminado en 1966 con la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, que el propio Franco pidió que se refrendara públicamente.

Ocho años más tarde, Arias Navarro declaraba en su Discurso del 12 de febrero ante las Cortes que ese era el único camino posible para acometer las reformas. Arias, el primer civil en ocupar la presidencia de Gobierno en España desde la guerra civil, era también un jurídico militar. Para la mentalidad dominante en un cuerpo cuyos miembros seguían copando los puestos clave en los aparatos de seguridad del Estado, el orden público era sinónimo de justicia militar. Era la causa por excelencia, la única capaz de garantizar la presencia corporativa militar, la seguridad nacional y la defensa del Régimen al mismo tiempo. Y si algún aspecto había perfeccionado la dictadura a lo largo de su existencia, este había sido la integración de las funciones de orden público en el propio sistema político.

Nacido de la guerra, pero asentado y perfeccionado en la posguerra, siempre estuvo dirigido por el Ejército hasta erigirse en el elemento fundamental para el mantenimiento del Régimen. Tanto, que llegó a marcar uno de los hechos diferenciales más significativos del propio franquismo. El instrumento clave de la dictadura fue la utilización de la jurisdicción militar. Desde la sublevación de julio de 1936, la justicia militar ocupó toda la esfera pública hasta clausurarla por el estado de guerra. Una operación de maquillaje legal, a la que, desde un principio, fueron sumándose importantes órganos civiles con funciones penales: las denominadas jurisdicciones especiales. A pesar de que la guerra civil se alejara en el tiempo, la justicia militar, se mantuvo, de manera inalterable, como órgano de resolución de los conflictos.

Pasados los apuros internacionales tras el fin de la II Guerra Mundial, la jurisdicción militar siguió teniendo atribuciones no solo de seguridad, sino sobre cualquier acto "contra la armonía social”. Aunque fueran consideradas medidas circunstanciales y al tiempo se restableciera la legislación ordinaria, su aplicación constante a lo largo de más de tres décadas hacía inviable cualquier medida liberalizadora o de apertura real. La jurisdicción militar, mucho más que el estado de excepción, constituyó la espina dorsal de una dictadura cuyos principios fundamentales nacían y se consagraban al militarismo. El Fuero de los Españoles, aprobado en 1945, el mismo año que el nuevo Código de Justicia Militar, era su declaración programática más clara. El artículo 35, utilizado en numerosas ocasiones desde finales de los años 60, mostraba el procedimiento a seguir: por un Decreto Ley se permitía al Gobierno modificar las garantías básicas, entre ellas la que fijaba el tiempo de detención máxima en 72 horas. El Decreto de agosto de 1975, por su parte, permitía la entrada en un domicilio sin necesidad de mandamiento judicial. Fueron sólo algunas de las principales medidas destinadas a erradicar los nuevos grupos de oposición, para los que se siguió utilizando la jurisdicción militar, en combinación, sobre todo, con los "procedimientos especiales" de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de Gobernación o Ministerio del Interior, pero siempre bajo mando militar.

La violencia y el terrorismo, que se adentraron en la transición, exacerbaron el militarismo amenazando con bloquear el proceso de cambio democrático en distintos episodios mejor o peor conocidos. La utilización política actual que se hace del militarismo, entendido como su proyección política, olvida deliberadamente estos aspectos que hemos tratado de sintetizar, así como la existencia de otra tradición diferente: desde los militares que se mantuvieron leales a la II República, a aquellos que desde el final de la dictadura desafiaron una estructura dominante, y, sobre todo, a la inmensa mayoría que a lo largo de estas décadas han demostrado formar parte de una nueva realidad social, haciendo visible su capacidad y función civil, en la misma línea con los países vecinos.

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Gutmaro Gómez Bravo es profesor titular de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y del Franquismo.

Ciudadanos ha organizado un torneo de oratoria entre sus afiliados y simpatizantes jóvenes para que puedan demostrar sus habilidades comunicativas, que serán evaluadas por un jurado compuesto por miembros del Comité Ejecutivo nacional apoyados por un equipo técnico, según informa Europa Press.

Según ha informado la formación naranja, en el torneo pueden participar quienes, por tener entre 18 y 35 años, forman parte de Jóvenes Cs. Tienen de plazo hasta el domingo 13 de diciembre para enviar un vídeo de una duración máxima de dos minutos y medio donde defiendan su postura sobre uno de los temas que propone el partido.

Los temas a elegir son: "¿qué es para ti política útil?", "¿hay que reformar la ley electoral para que solo consigan representación parlamentaria aquellos partidos que superen el umbral del 3% de los votos a nivel nacional?" y "¿debe haber un único examen de Selectividad para toda España?".

El secretario de Organización, Borja González, ha explicado que con esta propuesta buscan "dinamizar el papel" de este sector de los afiliados y simpatizantes, que representa en torno a un 20% del total. "Sabemos del talento de los jóvenes que participan en Ciudadanos y también somos conscientes del alto grado de implicación y participación en este, su proyecto", ha afirmado.

La final se celebrará en la sede nacional

Los miembros del jurado verán los vídeos de los candidatos y los evaluarán teniendo en cuenta cuestiones de fondo, como la estructura argumentativa o la claridad en la exposición, y cuestiones de forma, como el vocabulario, la entonación o la dialéctica.

Quienes obtengan la máxima puntuación del jurado disputarán la final del concurso, que tendrá lugar de forma presencial en la sede nacional de Cs en Madrid, y de ahí saldrá el ganador del torneo de oratoria.

Para animar a la participación, la formación liberal ha difundido un vídeo en las redes sociales con mensajes de la presidenta, Inés Arrimadas; la portavoz en el Parlament y en el Senado, Lorena Roldán; el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal; la portavoz en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel; el eurodiputado José Ramón Bauzá; la coordinadora de Cs Galicia, Beatriz Pino; y la líder de Cs Murcia y portavoz del Gobierno autonómico, Ana Martínez Vidal.

EH Bildu ha propuesto a su militancia que sus diputados en el Congreso apoyen el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha convocado asamblea extraordinaria para el próximo jueves para ratificar o no esta decisión, que ha desvinculado del acercamiento de los presos de ETA. Tras asegurar que su pretensión es "defender los derechos de la gente" y evitar que "la derechona gobierne", ha rechazado entrar en "polémicas estériles con quienes buscan el barro", en alusión a las críticas del PNV.

En rueda de prensa calebrada tras la reunión de la mesa política de la coalición celebrada este lunes en San Sebastián, su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha dado a conocer la postura de su formación respecto al debate presupuestario, informa Europa Press. 

"EH Bildu tiene una posición coherente y una línea coherente siempre", ha defendido, para señalar que también la transparencia es "seña de identidad de la izquierda soberanista vasca". "EH Bildu dice lo que hace y hace lo que dice", ha subrayado.

Además, ha aplaudido que eso es algo que incluso sus adversarios políticos "han reconocido" en el Congreso de los Diputados. "Cuando EH Bildu dice no es no y cuando dice sí es sí, no hay piropo político mejor. EH Bildu tiene palabra", ha incidido, para añadir que eso es algo que también saben sus votantes.

Otegi ha destacado que EH Bildu está en la Cámara baja para "parar a la derecha fascista, a la derecha autoritaria y para ganar derechos" para el pueblo vasco. Así, ha afirmado que desarrollan la negociaicón presupuestaria "en el marco de los derechos". "El hilo conductor de nuestra línea política en Presupuestos es ganar derechos para la gente", ha reiterado.

Para el líder del partido abertzale, eso es lo que están haciendo "parar a la derecha e intentar ganar derechos para la gente". Así, ha recordado que la coalición soberanista forma parte "del bloque que expulsó al PP del Gobierno de España", de la moción de censura al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del "bloque que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos", porque "había que parar a la derecha y abrir una ventana a la oportunidad".

A su juicio, "hay que mantener abierta esa ventana de oportunidad" para la "democratización" del Estado, "si fuera posible", y porque así se para "a la derecha" y se logran "derechos para la gente". Es por ello que EH Bildu ha decidido "dar voz" a su militancia y convocarle a una asamblea nacional extraordinaria este jueves a las seis y media para que "ratifique o rectifique" el voto "favorable" de los diputados de EH Bildu en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado.

Presos

Preguntado sobre si el apoyo de EH Bildu a las cuentas estatales estaría condicionado a un acercamiento de los presos de ETA, Otegi ha asegurado que eso "no tiene ningún viso que ver con la realidad".

Además, ha reflexionado sobre el hecho de que, cuando se habla acercamiento de presos, se parte de la "premisa de que alguien decidió que hubiera alejamiento, algo contrario a la legislación penitenciaria". Por ello, ha opinado que el acercamiento de estos reclusos es "simplemente la aplicación de la legalidad", lo cual "no es objeto de acuerdo, es cumplir lo que la ley dice".

Finalmente, respecto a las críticas del PNV a la relación de EH Bildu con el Ejecutivo central, Otegi ha reiterado que la coalición soberanista está "para defender los derechos de la gente y evitar que la derechona gobierne" y para "hacer lo que dice a la gente", por ello ha rechazado entrar "en polémicas estériles con quienes están buscando el barro en vez de buscar derechos para la gente".

Desde aquellos tiempos han transcurrido 50 años de amistad inquebrantable y vidas paralelas. Venturas, desventuras… algunas compartidas, otras seguidas muy de cerca, incluso cuando nos encontrábamos transitoriamente en diferentes continentes. En este par de días transcurridos desde el fallecimiento de Chato Galante ha sido tal la erupción de testimonios y rememoraciones, en la mayoría de los casos por parte de personas más objetivas que yo para valorarle, que sobra por mi parte redundar en la importancia de su obra y su huella; no hay más que repasar la hemeroteca en estos días para calibrar su dimensión; tiempo habrá también para homenajearle como merece, una vez disipadas –en alguna medida– la pena y la rabia. Hablaré en cambio del presente y sobre todo del futuro, que de esto es de lo que le gustaba hablar a Chato desmintiendo machaconamente ese prejuicio de que estar en la cosa de la memoria y la justicia era estar anclados en el pasado.

Nuestro último afán, común y colectivo, al que me convocó Chato hace 10 años, ha sido efectivamente el de la lucha contra esa impunidad del franquismo que a estas alturas ya es como una ciénaga viscosa en el que se hunden nuestros pasos y que nos legó la Transición. Una impunidad que entronca en, se retroalimenta de, unas políticas de desmemoria, o de negación histórica, también persistentes, omnipresentes. En suma, la lucha contra la impunidad entendida como una parte nuclear de la construcción de la memoria democrática: justicia y memoria como déficits morales que asolan la calidad de la vida pública y la cultura democrática en nuestro país. Y que, de hecho, no son sino expresiones elementales de la aspiración al pleno vigor de los derechos humanos, que, increíblemente, no están del todo reconocidos entre nosotros.

El sentido que Chato y La Comuna hemos querido dar a esta lucha tiene cada vez más que ver con lo que viene que con lo que ya se fue. Es evidente que memoria es en muchos sentidos equivalente a conciencia; la conciencia democrática es la argamasa de nuestra fábrica social. Y la justicia sus sillares. Si nos fallan la conciencia y la justicia, ¿cómo enfrentar los desafíos globales del presente y los terribles retos del futuro (como los que contemplamos naufragar diariamente frente a nuestras costas)?

De esto es de lo que va en realidad, por ejemplo, el asunto del torturador González Pacheco (Billy el Niño); es un asunto mucho más grave y pernicioso de lo que trasluce su tratamiento periodístico. Chato y yo coincidimos hace pocos meses en un bolo mediático, seguramente el último que hicimos juntos, para una televisión pública autonómica que quiso grabarnos frente a la casa de González Pacheco. Allí coincidimos en señalar a las periodistas que este personaje, sus complicidades oficiales hasta el presente y sus condecoraciones, son sólo un síntoma, no el centro de la cuestión. La cuestión, hay que repetirlo, es el negacionismo del fascismo patrio –denominación de origen franquismo–, el blanqueo de la dictadura y la discriminación institucionalizada de unas víctimas respecto a otras. La cuestión es el déficit democrático en el que está sumergida nuestra conciencia –memoria– colectiva; la cuestión es el no acceso a la justicia de decenas de miles de personas.

Se puede sin duda expresar de manera mucho más políticamentecorrecta y elegante, pero lo diré de forma que se entienda fácilmente: ¿Qué mierda de sociedad es esta en la que hay que ser una víctima desamparada por el sistema judicial para merecer el reconocimiento post mortem? ¿Qué jodidos valores son los que estamos legando con estas incoherencias éticas a las generaciones que nos siguen?

Chato no fue una víctima desvalida, fue un resistente activo contra la tiranía y sufrió una represión que siempre supo era el precio probable a pagar. Su aspiración hoy, igual que entonces, no ha sido saldar alguna deuda personal, sino levantar una hipoteca, aliviar un lastre que arrastra toda la sociedad. Que amenaza al futuro en libertad de esa sociedad.

Esta aspiración, hoy, va a ser más exigente que hace unos días; vamos a extrañar, y mucho, la fuerza de Chato; aunque notemos siempre su aliento y nos inspire su ejemplo, no supliremos fácilmente su inmensa ausencia. Pero hay algo importante, de lo que él, al menos a mí, me convenció: que es una lucha a la que vale la pena entregarse. Porque se trata del futuro, lo sabemos bien, Chato, siempre fue por el futuro. Ese futuro que está siempre un poco más allá de nuestro alcance vital.

Podemos ha decidido suspender, con motivo de la expansión del coronavirus, el acto con la militancia convocado para el sábado 21 de marzo en la Cubierta de Leganés (Madrid) que tenía previsto servir para proclamar la previsible reelección de Pablo Iglesias como secretario general de la formación y el resto de resultados de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal –conocida coloquialmente como Vistalegre III–.

Eso sí, el partido morado ha dejado claro que sí mantiene las votaciones telemáticas programadas entre el 14 y el 20 de marzo para renovar los órganos de dirección del partido liderado por Iglesias, así como sus estatutos, por lo que el proceso asambleario que comenzó en enero sigue su curso.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias

Así lo ha anunciado el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en un mensaje que ha difundido a través de las redes sociales, recogido por Europa Press, en el que asegura que han tomado esta decisión "siguiendo indicaciones de las autoridades competentes".

De este modo, Podemos no suspende su asamblea, ya que , solo el acto final de proclamación de resultados. "El proceso de la Asamblea, al ser telemático, seguirá su curso con normalidad y los resultados de la votación serán publicados en las fechas previstas", ha explicado. La formación morada empezó la semana pasada a distribuir las entradas para este encuentro, que estaba pensado para servir de cierre del proceso asambleario iniciado en enero, con el anuncio de los resultados de esas votaciones online para renovar la dirección y los estatutos

“Muchos nos critican por habernos limitado el salario a tres salarios mínimos y dicen que es ridículo”, aseguraba Pablo Iglesias durante la II Asamblea Ciudadana de Podemos. El motivo de esa medida entonces era obvio: “Para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, que estamos de paso, que los escaños no son nuestros, que son de la gente”. Porque “los cargos de Podemos no serán casta”.

Tres años después de aquella asamblea, celebrada en medio de una profunda crisis interna que enfrentaba a Iglesias con Íñigo Errejón, y en un contexto en el que Mariano Rajoy acababa de ser reelegido presidente del Gobierno con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, muchas cosas han cambiado. Podemos está en el momento más bajo de apoyo electoral de su corta vida —la organización fue fundada en enero de 2014— pero, paradójicamente, sus máximos dirigentes comparten tareas ejecutivas en el primer Gobierno de coalición de la restauración democrática.

A los cambios forzados por el acuerdo progresista firmado con el PSOE, que obligan a sus dirigentes a asumir funciones y representaciones hasta hace poco tiempo impensables y cargadas de un fuerte simbolismo, como las que implican el concurso de la monarquía, se unen ahora reformas dentro de la organización morada que asumen como propios algunos modelos de funcionamiento que Podemos achacó siempre a los partidos tradicionales, a los que dan soporte al sistema, a comportamientos que siempre han definido como propios de “la casta”.

La primera de ellas afecta a la permanencia en el poder. A partir de ahora será posible que los cargos públicos de Podemos puedan alargar sus mandato más allá de los 12 años que se habían fijado hasta ahora, incluso indefinidamente, si así lo deciden los inscritos en una consulta. El documento ético suscrito por Iglesias establece “la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años” como hasta ahora, pero añade que, “más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas”. Una decisión que abre la puerta a que Pablo Iglesias pueda continuar al frente de la formación morada al menos hasta 2026 e incluso más allá si los inscritos lo autorizan, lo que le permitiría permanecer en el Gobierno durante dos o más legislaturas.

Otra de las novedades que acercarán el funcionamiento de Podemos a los demás partidos es el final del sistema de la limitación de sueldos públicos. Hasta ahora, los miembros de la organización con cargo podían cobrar, como máximo, el equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales. Una vez se aprueben los cambios, Podemos aplicará un modelo mucho más parecido al de otras organizaciones: “A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas”.

El tercer cambio más relevante del modelo organizativo de Podemos será la introducción de la figura de los militantes con obligación de pagar cuotas, lo que pondrá fin a uno de los signos distintivos de la organización desde su fundación: la participación en el partido exclusivamente mediante una inscripción. Pagar cuota, como en los partidos tradicionales, permitirá ser “integrante de pleno derecho”.

Detrás de esta medida está el interés de Iglesias y su equipo de impulsar un nuevo modelo de organización para reforzar sus bases y el partido principalmente a nivel territorial. Para ello, propone integrar a miembros de los Círculos en las direcciones autonómicas, crear nuevas estructuras provinciales y municipales, que sustituyan a las actuales.

Un paseo militar

La asamblea de Leganés, a diferencia de lo ocurrido en Vistalegre II, será un paseo militar para Pablo Iglesias. Todos sus rivales y adversarios, así como las corrientes de opinión más relevantes, están fuera de la organización. Así que el próximo día 21 nadie discutirá otra de las novedades de la asamblea, la tercera de la historia de Podemos: la obligación de votar un paquete cerrado que incluye al secretario general y sus propuestas de estatutos y de estrategia política. En paralelo, los asistentes podrán votar individualmente una lista cerrada al Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección del partido.

La idea es garantizar que todo esté vinculado: que no se pueda votar una propuesta programática diferente a la del secretario general que vaya a ser elegido ni un Consejo Ciudadano que no le vaya a ser favorable. El votante que apueste por él lo estará haciendo automáticamente por sus documentos organizativos, político, ético y de feminismos y por su equipo de gobierno. Y por otro, porque su candidatura estará vinculada necesariamente al equipo que presente para integrar el Consejo Ciudadano.

Este punto fue una de las principales disputas en la Asamblea de Vistalegre II de 2017, que enfrentó a Iglesias y Errejón ya desde los preparativos del congreso. Los llamados errejonistas rechazaban que los documentos tuvieran que estar vinculados a un candidato a secretario general, ya que ellos no tenían previsto disputar a Iglesias este puesto. Únicamente querían presentar sus propios documentos, y una lista de candidatos al Consejo Ciudadano.

Finalmente, se aprobó un sistema intermedio, según el cual los aspirantes a secretario general debían vincular su candidatura a sus propuestas de documentos, aunque estos pudieran votarse por separado. Además, se permitía la posibilidad de que se presentaran documentos asociados a una candidatura al Consejo Ciudadano, sin necesidad de presentar candidato a la Secretaría General.

La asamblea de Leganés será también testigo de una última paradoja: las posiciones que Errejón defendió sin éxito en Vistalegre II, hace tres años, y que salieron derrotadas por los inscritos, son las que ahora asume y defiende el propio Iglesias.

Para batir al PP en las elecciones, Iglesias defendía en 2017 tratar de diferenciarse de la etiqueta de partido tradicional y centrarse en que Podemos fuese visto como parte del "bloque social y popular", como la rama institucional de la sociedad organizada. "Debemos huir de la politiquería partidista de las medallas para centrarnos en la consecución de victorias en las que la gente conforma un bloque popular del que nosotros formamos parte pero no somos el todo", sostenía el secretario general, que insiste en que los diputados, senadores o concejales del partido morado "no pueden convertirse en políticos".

Errejón, en cambio, apostaba por el posibilismo, por potenciar el discurso para que Podemos fuese visto como una alternativa solvente. "Una fuerza de gobierno es aquella que, incluso antes de gobernar, marca con su iniciativa política e institucional, con sus propuestas y con su generación de confianza, el rumbo posible y alternativo de país",

La necesidad de ser útiles

En el terreno de las instituciones, Iglesias defendía huir del "tacticismo parlamentario" y el "oportunismo partidista”. “Parlamentarizar los conflictos”, aseguraba hace apenas tres años, es la manera que tienen las "élites" de "desactivarlos", "mientras que si el pueblo está, habla, debate y participa, se consiguen los cambios". Su rival entonces abogaba por "disolver los miedos”. Para ello, "en las instituciones" la formación no debe "estar apelando al advenimiento del cambio", sino haciendo ver que es "útil".

Iglesias aseguraba en 2017 que el PP no estaba en una situación de debilidad —cayó en una moción de censura año y medio después— mientras Errejón defendía todo lo contrario: "El Gobierno de Rajoy es más débil de lo que aparenta y la crisis de régimen no se ha cerrado".

El derrotado exfundador de Podemos quería que la formación morada evitase quedar caricaturizada en el imaginario colectivo como un partido de extrema izquierda con fuerte capacidad de protesta pero poca capacidad real de cambiar la realidad, porque, aseguraba, "para una segunda transición las oligarquías necesitan una izquierda folclórica e impotente". Y eso pasaba, decía, por "abordar la relación con el PSOE de manera inteligente y laica", es decir, obligar a los socialistas a "tener que elegir claramente de cara a la opinión pública entre los dos proyectos de país" que representan el PP y Unidas Podemos para, de esta manera, provocar que fuesen a remolque. "No es una cuestión ideológica, es una cuestión de habilidad política”.

Iglesias, en cambio, creía que Podemos no debía tender la mano a la colaboración con el PSOE, sino hacer ver que es "la oposición al modelo político del bloque restaurador". Podemos, afirmaba, debía jugar a la polarización para evidenciar que es la única formación diferente frente al "pacto de las élites".

En Leganés no estarán Errejón y los suyos, ni otra de las fundadoras, la socióloga Carolina Bescansa. Tampoco Anticapitalistas. Esta organización, una de cuyas figuras más destacadas es el eurodiputado Miguel Urban, considera que Podemos ha tomado “un rumbo que no compartimos”. “La entrada de cinco ministros de UP a un gobierno progresista-neoliberal hegemonizado por el PSOE, en el que ese partido controla los principales resortes del poder, lejos de debilitar al actual régimen político, supone integrarse en el mismo y considerar su gestión como el único horizonte posible” recalcan.

“Constatamos que existe una diferencia enorme entre los objetivos del Podemos que contribuimos a formar hace seis años y la deriva actual, mediante la cual se ha pasado de impugnar a la clase política y a las élites económicas a convertirse en parte de la primera sin tocar los beneficios de las segundas”, destacan.

Los objetivos de este gobierno son “muy poco ambiciosos”, en opinión de los Anticapitalistas, por lo que se proponen “impulsar un nuevo ciclo de luchas que evite el vaciamiento de la calle; exigir la derogación de las reformas laborales, la regulación de los alquileres, cerrar los CIES, prohibir los despidos en empresas con beneficios, parar los desahucios y romper con el artículo 135 de la Constitución”. “Sin presión popular organizada, no habrá avances y sin avances que merezcan la pena ser defendidos, que distribuyan la riqueza y el poder en favor de las de abajo, puede generarse un caldo de cultivo peligroso en que la extrema derecha puede extender su demagogia machista, racista, autoritaria y al servicio de los ricos”, advierten.

La gran mayoría de los miembros de la candidatura de Inés Arrimadas para liderar Ciudadanos –31 de 35, el 88,5%– ya formaban parte de la anterior Ejecutiva del partido presidida por Albert Rivera. Las nuevas incorporaciones son Borja González, propuesto como secretario de Organización, el eurodiputado Jordi Cañas, el portavoz de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, y la diputada en el Parlament de Cataluña Laura Vílchez. 

Este jueves se ha publicado la candidatura completa tras haber sido validada por la Comisión de Garantías del Partido, pero Arrimadas ya había adelantado este miércoles los nombres de los 18 integrantes más destacados de su equipo. Su contrincante en las primarias del 7 y el 8 de marzo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, dio a conocer el miércoles su candidatura íntegramente. La lista completa está formada por 35 personas, pero a la futura Ejecutiva de la diputada –si gana las primarias– habría que sumar al portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, que no ha podido figurar en la candidatura por no tener el mínimo de antigüedad como afiliado que exige el partido para ello.

Puesto que las normas de Ciudadanos permiten presentar una lista con hasta 45 miembros, Arrimadas aún tendría margen para integrar a otras personas en su Comité Ejecutivo una vez fuera elegida por los afiliados para presidir el partido.

Aprender de los aciertos y errores

En su carta a la militancia, la candidata apuesta por aprender "con humildad" de los "grandes aciertos" e "importantes errores" que ha cometido Ciudadanos e iniciar "una nueva etapa de ilusión y esperanza". "Cambiando aquello que no ha funcionado y tratando de mejorar para ganarnos la confianza de los españoles", ha destacado, subrayando que el proyecto de Ciudadanos "es más necesario que nunca", para intentar que España no se convierta en "un país de trincheras, polarizado y enfrentado en bandos". 

Según explica, su equipo es un grupo "plural" compuesto por personas con "amplia experiencia dentro y fuera de la política". Tras enumerar algunas de las medidas que plantea, aboga por "una etapa de mayor participación, mayor descentralización de las responsabilidades y mejor aprovechamiento del capital humano" en el partido.

Marina Bravo, secretaria general

La propuesta de Arrimadas sitúa como secretaria general a Marina Bravo, portavoz adjunta en el Parlamento catalán y actual secretaria de Programas de la Gestora de la formación naranja. En el núcleo duro de la futura dirección de Ciudadanos estarían también Carlos Cuadrado –actual secretario de Finanzas– como vicesecretario primero, el exdiputado Joan Mesquida como vicesecretario segundo, el diputado José María Espejo como vicesecretario adjunto y la exdiputada Melisa Rodríguez como portavoz nacional, mientras que Lorena Roldán, portavoz en el Parlament de Cataluña, sería portavoz adjunta.

Todos ellos forman parte de la Gestora que se constituyó en noviembre tras la dimisión de Rivera por el mal resultado en las elecciones generales. Y, salvo Mesquida, anteriormente fueron miembros del Comité Permanente de la anterior Ejecutiva.

Poder autonómico y municipal

En la candidatura de Arrimadas también están los vicepresidentes de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Andalucía y de la Región de Murcia, Ignacio Aguado, Juan Marín e Isabel Franco, y otros cargos autonómicos como la consejera de Cultura de Madrid, Marta Rivera, el consejero de Educación y Deporte de Andalucía, Javier Imbroda, y la consejera de Empresa e Industria de Murcia, Ana Martínez Vidal.

Igualmente, figuran en la lista los presidentes del Parlamento de Andalucía y de las Cortes de Castilla y León, Marta Bosquet y Luis Fuentes, y los portavoces en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo; la Asamblea de Madrid, César Zafra; las Cortes Valencianas, Toni Cantó; y las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo. La que fuera líder de Ciudadanos en Cataluña ha querido contar también con el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, y con Joan García y Laura Vílchez –una de las novedades–, miembros de la Mesa de esta Cámara autonómica.

El poder municipal del partido está representado en la candidatura por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el teniente de alcalde de Oviedo, Nacho Cuesta, así como por los portavoces en los ayuntamientos de Valencia y León, Fernando Giner y Gemma Villarroel, y la presidenta del grupo municipal en el consistorio de Barcelona, Luz Guilarte.

Diputados en el Congreso

Además, en el equipo de Arrimadas están Marcos de Quinto, María Muñoz y Guillermo Díaz, compañeros suyos en el grupo parlamentario en el Congreso. Este último es también el responsable de Comunicación en la Gestora, que aporta otros dos miembros a la lista de Arrimadas: el exdiputado Miguel Gutiérrez y la portavoz del Comité Autonómico de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino. Aparte de Laura Vílchez y del eurodiputado Jordi Cañas, las otras caras nuevas son las de Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos Navarra) y Borja González, actual secretario de Organización del partido en el País Vasco que asumiría esta misma área en la futura Ejecutiva de Arrimadas.

De los 16 integrantes que componen la Gestora de Ciudadanos, hay cinco que no han entrado en la candidatura de Arrimadas. Por un lado, el presidente del Consejo General, Manuel García Bofill; el secretario general, José Manuel Villegas, que ya anunció hace meses su intención de apartarse de la dirección del partido; y el secretario de Organización, Fran Hervías, que dijo que no seguiría en este cargo.

Los otros dos son el líder de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, que fue crítico con la estrategia de pactos de Albert Rivera y que finalmente ha decidido no estar ni en la lista de Igea ni en la de Arrimadas, y el secretario de la Gestora, Andrés Betancor.

Precisamente, 'eldiario.es' publicó el miércoles por la noche que Betancor fue vocal de la Junta Electoral Central (JEC) –donde ingresó en octubre de 2017– al mismo tiempo que cobraba como asesor de la formación naranja.

En torno a un tercio de los inscritos en los comuns ha participado en su consulta sobre el preacuerdo de gobierno de Unidas Podemos y el PSOE y el 94% de ellos lo ha apoyado, ha anunciado este lunes en rueda de prensa el portavoz de los comuns, Joan Mena.

Ha detallado que 3.707 inscritos de los 10.165 de la formación, el 36%, han participado en la consulta que se abrió el jueves y terminó la noche de este domingo, de los que 3.505 lo han apoyado, 198 han votado en contra y cuatro lo han hecho en banco.

Preguntado por si él aceptaría ser ministro, ha resaltado que se centran por ahora en la investidura para lograr un "Gobierno progresista que piense en la gente" y que, después, abordarán las responsabilidades que deben asumir cada uno.

La militancia de Izquierda Unida (IU) ha apoyado, con un 88% de votos a favor, el preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición. En la consulta, sin embargo han participado solo 11.674 personas, el 31% del censo total.

De esta manera, hasta 10.281 personas han votado a favor de que IU siga adelante con el preacuerdo que podría llevarles a entrar en el Gobierno por primera vez desde la Transición, mientras que 1.185 personas, el 10,15% de los militantes que han participado, han optado por oponerse a esta opción. 

El índice de participación de la militancia, 11.674 votantes, supone el 31,20% del censo total que es de 37.416. En la consulta a sus bases, que se abrió el pasado viernes vía telemática, desde IU buscaba que se posicionaran sobre el preacuerdo de Gobierno de coalición alcanzado el martes de la semana pasada entre PSOE y Unidas Podemos.

'En base al preacuerdo programático de 10 puntos y el último acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, ¿estás de acuerdo con que miembros de Izquierda Unida participen en un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE?', era la pregunta que formulaban desde la formación de izquierdas, que podría aspirar a ocupar uno de los ministerios que corresponda a Unidas Podemos.

Un total de 178.600 militantes del PSOE, PSC PSOEPSCy las Juventudes de las dos formaciones están llamados a avalar el preacuerdo para gobernar en coalición con Unidas Podemos en una consulta que se desarrollará desde este viernes y hasta las 20.00 horas del sábado y cuyo resultado es vinculante, han informado a Europa Press fuentes del partido.

Esta semana dirigentes de la cúpula del partido cifraban el censo en más de 191.000 personas. Sin embargo, el dato definitivo es menor y se explica porque para poder participar en la consulta es preciso estar al corriente del pago de la cuota de afiliado. En torno a un 5% de los militantes no tiene domiciliada la cuota, de manera que, dependiendo de cuando hagan el ingreso, corren el riesgo de perder el derecho de voto si llevan más de tres meses sin abonar el pago, explican fuentes socialistas.

Del dato global del censo, 17.315 afiliados pertenecen al PSC, en torno a 9.000 a las Juventudes Socialistas de España y un millar a las Juventudes Socialistas de Cataluña.

"¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?", es la pregunta que deberán contestar los participantes en la consulta marcando una 'v' en la casilla en caso afirmativo o una cruz si su respuesta es negativa.

Podrán votar desde este viernes por Internet aquellos que se hayan inscrito previamente en la modalidad online y presencialmente en sus respectivas agrupaciones entre las 10:00 y las 20:00 horas, salvo las más pequeñas que podrán tener un horario reducido de, como mínimo, cuatro horas.

La primera consulta a la militancia Ésta es la primera consulta a la militancia que convoca a nivel nacional la actual dirección de Pedro Sánchez, que en 2017 introdujo en sus Estatutos como novedad la obligatoriedad de dejar en manos de la militancia la decisión de gobernar en coalición con otros partidos o el voto para investir al candidato de una formación distinta al PSOE.

Aunque esos Estatutos, presentados como la prueba de que la actual dirección quería dar más poder a la militancia, también facultaban a la Ejecutiva Federal para consultarles todas aquellas cuestiones que considerase conveniente, lo cierto es que hasta este momento la dirección de Pedro Sánchez no hizo uso de esta prerrogativa. En la primera etapa de Sánchez al frente del PSOE, sí hubo una consulta similar a la militancia para que avalaran su pacto de investidura con Ciudadanos en 2016. Pero a diferencia de esta ocasión, entonces la voz de los afiliados no era vinculante.

A lo largo de esta semana, el partido ha desplegado una campaña informativa en redes sociales en la que distintos miembros de la Ejecutiva Federal se dirigen en vídeos de apenas un minuto de duración a los afiliados pidiéndoles que participen en la consulta y voten a favor del Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

En la cúpula socialista son conscientes de que el éxito de esta consulta se medirá principalmente por el porcentaje de participación de la militancia, dado que se espera que el grueso de los afiliados que voten lo hará para expresar su apoyo a la coalición con Podemos. En la experiencia de 2016 la participación ascendió al 51,68%, lo que se interpretó como un aval a Sánchez en un momento en que su liderazgo estaba siendo puesto en cuestión por parte de algunos barones territoriales.

En esta ocasión, se pide el respaldo de la militancia sin que ésta tenga más información acerca del preacuerdo con los morados que el decálogo de objetivos firmado por Sánchez con Pablo Iglesias el día que anunciaron su acuerdo en una comparecencia ante los medios de comunicación sin preguntas.

A día de hoy, no se sabe cuál será la composición definitiva de ese Gobierno –los dos líderes han dicho que se dará a conocer después de que haya prosperado la investidura– ni tampoco con qué partidos (y a cambio de qué contrapartidas) piensan completar la mayoría para superar la investidura.

Izquierda Unida (IU) arranca este viernes la consulta a sus bases para que se posicionen sobre el preacuerdo de Gobierno de coalición alcanzado el martes de la semana pasada entre PSOE y Unidas Podemos. Los militantes podrán votar desde este viernes (abrieron la vía telemática a las 10.00 horas) y hasta este domingo.

'En base al preacuerdo programático de 10 puntos y el último acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, ¿estás de acuerdo con que miembros de Izquierda Unida participen en un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE?', es la pregunta que formulan desde la formación de izquierdas, que podría aspirar a ocupar uno de los ministerios que corresponda a Unidas Podemos.

Para facilitar el voto online en el referéndum, IU proporciona un enlace que deriva a la plataforma de consultas y primarias, izquierdaunida.org/plataforma, y dan de plazo hasta este sábado a las 22.00 horas.

Los militantes de IU, que deberán responder con un 'Sí', 'No' o 'Abstención', también podrán votar presencialmente en urna, en ese caso tendrán que esperar al domingo 24 de noviembre, momento en el que podrán acercarse a las sedes habilitadas para tal efecto.

A pesar de que la última palabra la tienen las bases del partido, la Asamblea Político y Social de IU, que se reunió el pasado sábado 16 de noviembre, se posicionó a favor de formar parte de un Gobierno de coalición con 66 votos a favor y nueve en contra.

En paralelo a este referéndum de IU, Galicia en Común, la coalición electoral formada por Podemos y Esquerda Unida para concurrir en las generales en las provincias gallegas, anunció este jueves que también abre consulta a sus simpatizantes sobre el preacuerdo, y que se hará entre este viernes y el martes 26. Por su parte, Podemos arranca la suya propia este sábado a las 10.00 horas.

El PSOE ha decidido este miércoles suspender de militancia al presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, tras su detención la mañana del miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, según han informado a Europa Press fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia coordinó el miércoles una operación contra la corrupción en la que fue detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y otras dos personas, informó el TSJCV.

La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de València.

Por la tarde, Rodríguez fue trasladado por la Policía Nacional a la sede de la corporación para continuar con las actuaciones de la operación Alquería, tras su detención y los registros en viviendas particulares y edificios públicos en València y Ontinyent, localidad de la que es alcalde.

La compra por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero, de un chalé de más de 600.000 euros en la sierra madrileña ha generado malestar en las bases del partido, que algunos militantes han hecho público en las redes sociales, mostrando su "decepción" por la decisión de los dirigentes de la formación morada.

Así se plasma en comentarios, recogidos por Europa Press, que usuarios del foro Plaza Podemos, que se identifican como militantes del partido, han publicado en el que es el espacio de debate online por excelencia de las bases de Podemos, como reacción a las explicaciones ofrecidas por Iglesias y Montero este jueves para justificar la compra de la citada vivienda.

Podemos puso en marcha este foro en sus inicios para facilitar la implicación de sus bases en los debates políticos y organizativos y, cuatro años después, sigue siendo usado por sus militantes para compartir opiniones, contenidos del partido y noticias relacionadas con su actividad.

En esta línea, los administradores de este foro publicaron este jueves la carta que Iglesias y Montero escribieron a sus bases para explicar su decisión de comprarse una casa en Galapagar (Madrid), con una hipoteca de 540.000 euros, que pagarán en 30 años con cuotas de más de 1.600 euros al mes.

En dicho escrito, los máximos dirigentes del partido explican que han decidido mudarse a comprarse esa vivienda para "poder cuidar" a los hijos que esperan "con algo de intimidad", en "una casa en el campo", y porque se la pueden permitir, gracias a sus ahorros, sus sueldos y las "herencias" que esperan recibir.

La publicación del comunicado conjunto ya acumula más de 400 comentarios, tanto positivos como negativos, aunque algunos de los más conservadores —los que han recibido más puntos de los usuarios que participan en el chat— pertenecen a personas que se identifican como militantes o votantes del partido y que se muestran críticos con esta situación.

"Incoherencia" y "error político"

"No puedo estar de acuerdo en absoluto con el planteamiento. Lo considero un error político por su alta carga de incoherencia", asegura un usuario que acumula en su perfil miles de comentarios en el foro de temas relacionados con el partido morado, en los que habla en primera persona, como simpatizante del mismo.

"Vamos a ver, los que criticamos esta operación, somos, precisamente, los que amamos a Podemos y tenemos muchas esperanzas puestas en esta formación. Otra cosa es amar a los líderes sin ninguna capacidad de crítica. Eso puede hacer daño a la formación", asegura este usuario en otro comentario, recogido por Europa Press.

Otra persona, que se presenta como "militante", asegura que le hubiera gustando que los líderes de Podemos siguieran el ejemplo del expresidente de Uruguay José Mujica. "Hasta ahora os he defendido. A partir de ahora no. Y lo siento de veras. Seguiré por ahora en Podemos desde la militancia critica y sobre todo apoyando con mi esfuerzo a los colectivos feministas y de jubilados en los que creo", añade.

Peticiones de dimisión

Algunos de los participantes llegan incluso a pedir la dimisión de Iglesias en sus comentarios. "¡Qué decepción! No porque os compréis una casa de 600.000 euros, sino por lo incoherente que resulta después de haber oído vuestros discursos, sobre todo a ti Pablo. Creo que ya no sois dignos de representarnos, lo siento", afirma un usuario que, de hecho, en otro de sus comentarios se declara pablista.

Por su parte, los que defienden la decisión de Iglesias y Montero de hacer esta inversión aseguran, entre otras cosas, que se trata de su "vida privada" y también justifican la compra esgrimiendo las fuertes subidas que están sufriendo los precios de los alquileres.

"Bienvenidos a la cofradia de los hipotecados. Enhorabuena y suerte en vuestro proyecto vital", afirma otro participante del foro. "Ruego no perdamos más tiempo en este tema tan personal, si lo quieren hacer los que lo utilizan para tapar sus vergüenzas allá ellos, pero nosotros no. Centrémonos en los verdaderos problemas del país que va de mal en peor", asegura otro.