El mercado inmobiliario y el problema de la vivienda son dos conceptos muy diferentes. Dos caras de una misma moneda que atañe a algo tan básico y necesario como tener una casa, pero donde también prosperan negocios como el alquiler de oficinas, los centros de datos, las residencias..., que requieren de suelos, de obras y de grandes caseros. En el ámbito de la vivienda, mientras el ladrillo brilla al calor de la especulación, de la falta de oferta o de la necesidad de construir más casas, los precios de compra y alquiler cada vez se separan más de los presupuestos de los ciudadanos. Algo que ha creado una crisis que la coloca como el principal problema para la ciudadanía en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los datos de las principales empresas del sector inmobiliario dan una pista del despegue del sector, que, sin embargo, no muestra síntomas de contención en los precios. En el caso de las promotoras y las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que se dedican a adquirir, promover o rehabilitar inmuebles para su arrendamiento, el despegue de sus cuentas es llamativo. Entre las seis principales (Colonial, Merlín Properties, Metrovacesa, Neinor, Realia y Renta Corporation) firman unos beneficios de más de 980 millones de euros y, en conjunto, el resultado neto agregado supera los 1.440 millones, casi duplicando los resultados obtenidos en 2024, de en torno a 733 millones. 

Por otro lado, en el conjunto del sector había, al cierre del año pasado, 159 socimis en España, tras haberse incorporado 21 durante el ejercicio, según un informe de la consultora ArmanexT.

Las cifras marean y se concretan en productos como la vivienda, las oficinas, los centros de datos, las residencias, los centros comerciales, etc. Todo unido muestra un sector en auge a nivel macro, que contrasta con los precios a los que se enfrentan los ciudadanos cuando intentan comprar o alquilar una casa. El primer trimestre de 2026 cerró con un incremento trimestral del precio de la vivienda del 4,7% y uno interanual del 21,1%, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con los alquileres, la dinámica se replica y, si se observa la serie en el Instituto Nacional de Estadística, entre enero de 2019 y diciembre de 2025, los precios habrían aumentado más de un 30% para los arrendatarios.

"La iniciativa privada no puede producir viviendas asequibles. No va a producir vivienda a 300 o a 700 euros porque a lo más que llegan los Planes Vive de colaboración público-privada es a precios de 1.200 euros, inasumibles para dos tercios de los trabajadores", apunta el arquitecto y profesor de urbanismo Gerardo Roger. La única forma de contrarrestar la concepción de la vivienda como negocio y como mercado es, insiste, crear modelos de gestión íntegramente pública. "Las empresas no son ONG y no pueden permitirse construir y recuperar a largo plazo la inversión, pero la Administración sí, porque ademas el suelo le cuesta cero. Por eso lo ideal sería que se creasen más modelos como Casa 47 a nivel autonómico y municipal, para crear bolsas de vivienda y gestionarlas", señala. "Porque además es una inversión que tiene retorno", concluye.

Colonial es la que más beneficios firmó el año pasado, con 344 millones, un 12% más que en 2024. La multinacional, que se fusionó con la francesa SFL, habría vendido edificios por valor de 300 millones de euros y su principal negocio es el alquiler de oficinas. Por su parte, Merlin Properties obtuvo un resultado neto de 786 millones de euros, un 176% más que los 284 millones de 2024 y un beneficio de 327 millones. Su fuerte son los centros de datos y, al igual que Colonial, apenas se dedican a la vivienda residencial. 

La compañía madrileña Metrovacesa es una de las principales promotoras de España. Obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, una cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024. Entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y poseía al cierre del año 3.917 en construcción. En sus propias cuentas detallan que adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuatro de las plazas más caras de España en materia de vivienda.

Neinor es otro de los grandes nombres del sector que aportó en beneficios 122 millones de euros a los resultados del conjunto. Este importe aumentó en un 80% con respecto al año anterior gracias a la adquisición de uno de sus rivales, Aedas, lo que la convierte en la mayor promotora del país. Esta compañía de origen vasco cuenta con banco de suelo para construir 38.000 viviendas y el año pasado alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 euros por unidad, según sus propios datos.

Realia, la promotora inmobiliaria de FCC que también tiene una participación en Metrovacesa, ganó 129,4 millones de euros en 2025, un 74% más. Entre las circunstancias que la han ayudado a llegar a estas cifras está el incremento del precio de los alquileres, tanto de viviendas, como de oficinas. "La mejora de la actividad de patrimonio se explica por el alza del 3,8% en las rentas que cobra a sus inquilinos", señalaba un análisis de Europa Press.

Finalmente, Renta Corporation, con un beneficio en 2025 de 2,5 millones, es la única que ha visto menguar sus cifras en un 24,2% con respecto al ejercicio previo. Una merma que ellos achacan a un "mayor gasto impositivo". Aunque sus ingresos sí crecieron un 72%, hasta los 45,6 millones.

Si en algo suelen coincidir los expertos es en la necesidad de construir más vivienda. Las discrepancias suelen surgir al tratar de ponerle número a ese déficit o al trazar el papel que debe tener lo público en el control de los precios. Con todo, el ritmo de construcción ha crecido un 8% el año pasado si se observan los datos sobre visados de obra nueva que proporciona el Ministerio de Vivienda, pero nada se ha notado en los precios, que siguen al alza. También se puede apreciar en el gráfico la espectacular diferencia con los años previos a la burbuja, cuando los visados llegaron a superar los 800.000 anuales.

El despegue del sector no ha conseguido que la tensión en la demanda se alivie. Un reciente estudio de BBVA Research señala que la escasez de oferta "limitará las ventas y mantendrá la presión al alza sobre los precios", mientras que la demanda se mantendrá fuerte. "El precio de la vivienda crecerá con fuerza, con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027", señalan los analistas de la entidad financiera.

En cuanto a su análisis sobre las empresas del sector, BBVA Research apuntaba que "la rentabilidad de las empresas españolas en 2024 continúa siendo inferior a la media europea". Esto se debe, explican, a que el tamaño medio de las empresas es más pequeño y hay un gran peso de las pymes en el sector. Estas son, en general, "más dependientes de la financiación y poseen menos recursos propios", lo que termina repercutiendo en la capacidad de ampliación del parque de viviendas.

Para Roger, la Administración pública debería ganar músculo con respecto a la iniciativa privada, de forma que al mercado llegue una oferta suficiente de casas públicas a precio asequible que pueda torcer las dinámicas del mercado. Para él, lo público y lo privado no son excluyentes, pero un mayor equilibrio sería la clave para calmar el comportamiento de los precios y el malestar social. "Si renunciamos a la promoción pública y nos movemos solo con musculatura privada, pues tendremos que terminar ayudando con subvenciones a los inquilinos. Y eso sí que es a fondo perdido", concluye el urbanista.

El presidente de Indra, Ángel Escribano ha dimitido como presidente de Indra, en el Consejo de Administración que se ha celebrado este miércoles pese a que había anunciado a su entorno que no tenía previsto renunciar al cargo y después semanas de especulaciones sobre su posible salida.

En sustitución, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha propuesto a Ángel Simón, un empresario de larga trayectoria y que ocupó el puesto de consejero delegado de Criteria Caixa.

En una carta que ha mandado a la CNMV este miércoles, Escribano se ha referido a los "acontecimientos de las últimas semanas", que le han generado un "desgaste personal" y una amenaza para los objetivos que considera "esenciales para el futuro de Indra y del sector".

"No puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de sus inversores", ha apuntado el ya expresidente de Indra, que ha afirmado que, con esta renuncia, antepone el interés de la empresa al suyo propio.

El ya expresidente de Indra ha asegurado, en su carta, que siempre ha actuado desde la "lealtad", el "trabajo constante" y el "compromiso personal", plenamente convencido de la relevancia estratégica de Indra y de su papel esencial para situar al sector de la Defensa española en el lugar que le corresponde.

Además, ha agradecido "sinceramente" el apoyo que ha recibido del Consejo de Administración.

Indra ha puesto en marcha el proceso de sucesión en el cargo de presidente, según ha anunciado la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Consejo de Administración ha dejado constancia de la valiosa contribución y liderazgo de Escribano durante su etapa como presidente ejecutivo.

La dimisión, se produce después de que los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de EM&E, renunciaran a la operación que se estaba negociando entre esta empresa e Indra y después de que la sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les reclamara subsanar el conflicto de interés que existía en el proceso.

Tras esta petición, el presidente de EM&E envió una carta a los consejeros de Indra anunciándoles que renunciaban a la operación con Indra y el Consejo de Administración de Indra dio por finalizado el análisis que se realizaba a la operación.

El posible relevo del presidente de la compañía sobrevolaba antes del consejo de administración que se celebró el pasado 25 de marzo, de carácter ordinario, tras el cual se mantuvo en el cargo.

El 25 de marzo se celebraron dos consejos de administración, uno extraordinario, convocado para cerrar los flecos de la operación con EM&E, tras la carta de renuncia a la operación con Indra enviada por Javier Escribano a los miembros del Consejo, y otro ordinario, en el que no figuraba en el orden del día la renuncia del presidente, pero en el que podía ser que se planteara el asunto.

Al finalizar los consejos, no trascendió información alguna salvo que habían sido tensos y que Escribano no había sido relevado. Indra no informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de asunto alguno.

Antes de comenzar el consejo, ya se conocía que SEPI no tenía previsto pedir su relevo.

Escribano tiene más de un 14% de Indra, mientras que la SEPI es el principal accionista con cerca del 30%. Como tercer accionista figura el fondo Amber, fundado por Joseph Oughourlian -presidente de Prisa-, y en cuarto por Sapa Placencia.

Hace poco más de diez días, Ángel Escribano dijo a su entorno que no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, ya que consideraba que contaba con el respaldo en ese momento del consejo de administración de la compañía y de la junta, según informaron a EFE fuentes conocedoras de la situación.

Escribano opinaba además, según las fuentes, que su situación era distinta a la del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que fue relevado en el cargo en enero de 2025, después de que la SEPI le retirara el apoyo, ya que considera que él es el segundo accionista de referencia.

En el Consejo de Administración de Indra están sentados 15 consejeros, Ángel Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos; un representante de EM&E, Javier Escribano; otro de Amber, Pablo Jiménez de Parga; uno de la empresa de defensa vasca Sapa, Jokin Aperribay; y tres de SEPI, Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián.

A estos se suman siete independientes: Bernardo Villazán, Josep Oriol, Eva María Fernández, Aránzazu Díaz Lladó, Teresa Busto, Belén Amitrain y Virginia Arce.

La deserción de ministerios, medios y universidades de plataformas estigmatizadas ha dejado un vacío que hoy ocupan la desinformación y el extremismo. Frente a la dictadura del algoritmo y la lentitud del Estado, es hora de que la sociedad civil recupere el espacio digital. 

Imaginen una inmensa plaza donde cualquiera puede dirigirse a cientos de miles de personas sin filtros, sin que un algoritmo comercial decida en la sombra quién escucha qué. Una plaza donde es posible compartir conocimiento, organizar comunidades y llegar a audiencias que hace tiempo dieron la espalda a los medios tradicionales. Esa plaza existe. Se llama Telegram. 

Ahora imaginen que en esa misma plaza las instituciones que deberían vertebrar nuestra sociedad —ministerios, universidades, grandes editoriales científicas, medios de referencia— han decidido no aparecer. No porque carezcan de medios, sino porque tienen miedo. Temen que su logotipo quede asociado a un rincón de internet con fama de oscuro, donde ciertamente anidan la piratería, el extremismo y la desinformación. Al desertar para proteger su reputación, dejan el terreno libre para que otros lo colonicen. 

Esta deserción no es una hipótesis pesimista. Es una realidad que la ciencia ya está cuantificando. 

En un estudio reciente desde la Universidad de Granada analizamos la presencia de las principales editoriales académicas en Telegram. Los resultados son demoledores: el 78% de los canales que operan bajo el nombre de gigantes como Elsevier, Springer o Nature son fraudulentos. Suplantan logotipos para ganar credibilidad, ofrecen artículos pirateados y prometen publicaciones exprés a cambio de dinero. Lo más revelador: ninguna de las trece editoriales analizadas se había molestado en abrir un canal oficial verificado para proteger su identidad y a sus usuarios. El vacío institucional no es neutral; es una invitación.

Ese caso es solo el síntoma de una patología mayor. Una investigación en curso, que sistematiza centenares de estudios científicos publicados en la última década sobre esta plataforma, está trazando el mapa completo de lo que ocurre cuando el Estado y el rigor académico abandonan la red. Lo que emerge es lo que podríamos llamar el círculo vicioso del estigma: Telegram arrastra una justificada fama de refugio de lo ilícito; esa fama genera aversión en las organizaciones legítimas; su retirada produce un inmenso vacío; y ese vacío lo fagocitan desinformadores, estafadores y extremistas cuya actividad confirma, a su vez, el estigma inicial. Un bucle que se retroalimenta y que nadie parece dispuesto a romper. 

La pandemia nos dejó el ejemplo más nítido de ese fracaso. Mientras los ministerios de sanidad arrastraban los pies para abrir canales oficiales, los movimientos antivacunas ya habían tejido una red continental perfectamente engrasada para inocular el miedo. En el periodismo ocurre algo similar: mientras los grandes medios vuelcan sus titulares con desgana, verificadores independientes y reporteros en zonas de conflicto han comprendido que Telegram es la mejor infraestructura para llegar a unas audiencias exhaustas de la televisión convencional. 

¿Cuál es la respuesta? No puede venir exclusivamente del algoritmo ni del Estado. El algoritmo de plataformas como X o TikTok solo busca retener nuestra atención para maximizar beneficios, premiando la indignación y la ira. El Estado se mueve con la lentitud burocrática del siglo XX frente a crisis que cambian a velocidad digital. Entre un Estado que a menudo no escucha y un algoritmo que no duda, el ser humano pierde centralidad. 

Es desde esta convicción desde la que nace ANEMOS —"aliento" en griego—, un espacio de la sociedad civil que reúne a ciudadanos e instituciones que entienden la democracia no como un procedimiento automático sino como una experiencia viva. ANEMOS parte de una tesis clara: ni el algoritmo ni el Estado pueden sustituir al ser humano. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad; las instituciones, al del bien común. Y la verdad —sometida hoy a una presión sin precedentes— es el oxígeno sin el que no hay pensamiento autónomo, ni deliberación, ni democracia posible. 

Ocupar los espacios digitales que hemos abandonado es, exactamente, uno de esos compromisos. No para imponer una verdad oficial ni para censurar, sino simplemente para estar. Para ofrecer un contrapeso. Para demostrar que, incluso en los callejones más ruidosos de la red, es posible sostener una conversación pública basada en los hechos, el respeto y la dignidad. 

Nuestra inacción institucional no es una postura neutral. Es un subsidio implícito, un regalo invaluable a quienes no dudan en ocupar el espacio vacío para sus propios fines. Las universidades deberían reclamar su nombre en plataformas donde otros venden pseudociencia a su costa. Las asociaciones ciudadanas deberían abrir canales para quienes buscan pensamiento autónomo en medio de la saturación informativa. La ciencia ha hecho ya su trabajo: ha diagnosticado la enfermedad y cuantificado el daño. 

Ahora toca dar el siguiente paso. Ocupemos la plaza antes de que nos cierren las puertas. 

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad  de Granada y miembro de ANEMOS.

Cuando el Gobierno presentó el anteproyecto de ley orgánica de protección del honor, la intimidad y la propia imagen —el texto que pretende derogar y actualizar la norma de 1982 para adaptarla a la era de los deepfakes, las plataformas digitales y la inteligencia artificial—, el pasado mes de enero, el foco informativo se centró, con razón, en las personas físicas: cómo proteger a ciudadanos de la difusión de imágenes manipuladas, cómo limitar el uso comercial de voces sintéticas, cómo blindar a los menores frente a contenidos generados sin su consentimiento.

Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador creado originalmente para velar por el buen funcionamiento de los mercados españoles, ha aprovechado que está obligado a pronunciarse sobre el anteproyecto para colarse en el debate con una recomendación que abre un melón jurídico y político de considerable tamaño: que la futura ley incluya una referencia expresa a la protección del honor de las personas jurídicas de derecho privado, es decir, de las empresas y otras entidades privadas.

La propuesta no es disparatada. Al contrario, cuenta con un respaldo jurisprudencial sólido. Pero plantea una paradoja: si se aprueba, una eléctrica podrá defender su honor ante los tribunales con el paraguas de una ley orgánica. El Ministerio para la Transición Ecológica que la regula, no. Un hospital privado, sí. Uno público, no. Antena 3, sí. RTVE, no.

Lo primero que llama la atención tiene que ver con el uso de las palabras. Las empresas no hablan de honor. Hablan de reputación, de imagen corporativa, de marca, de brand equity. Los departamentos de comunicación de las grandes compañías tienen manuales de gestión de crisis reputacional. Ninguno lleva por título: Cómo defender nuestro honor.

Y sin embargo, el derecho —que a menudo camina a ritmo distinto que el lenguaje cotidiano— lleva décadas reconociendo que detrás de esa diferencia semántica hay, en realidad, una misma necesidad de protección jurídica. El honor, en su sentido técnico-jurídico, no es solo el sentimiento íntimo de dignidad propia: es también la consideración que los demás tienen de una persona o entidad, su reputación externa, el crédito del que goza en la comunidad.

Desde esa perspectiva, la CNMC argumenta que el buen nombre de una empresa —su reputación comercial, su credibilidad ante clientes, proveedores e inversores— cumple exactamente la misma función social que el honor de un individuo. Y que cuando alguien difunde afirmaciones falsas o que desprestigian a una sociedad mercantil, el daño causado es análogo, aunque el afectado no tenga sentimientos ni dignidad en sentido estricto.

Lo que dice la jurisprudencia

La CNMC no inventa esta doctrina. Se apoya en una línea jurisprudencial consolidada que arranca en España del Tribunal Constitucional y que hunde sus raíces, en el plano europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La sentencia clave en el ordenamiento español es la STC 139/1995. El Tribunal Constitucional estableció en ella que las personas jurídicas de derecho privado —sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones— pueden ser titulares del derecho fundamental al honor reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución. La razón es que, aunque el honor sea un valor vinculado a la dignidad humana, las entidades privadas pueden ver dañada su reputación de una manera funcionalmente equivalente a como les ocurre a las personas físicas, con consecuencias económicas y sociales igualmente reales.

El Tribunal Supremo ha seguido y desarrollado esa doctrina. Hay sentencias que reconocen el derecho al honor a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y, por supuesto, a todo tipo de sociedades mercantiles. La lógica es uniforme: lo que el ordenamiento protege no es una capacidad emocional —que las empresas no tienen— sino una posición social, un crédito, una consideración pública que puede ser atacada mediante afirmaciones falsas o vejatorias.

El informe de la CNMC detecta un problema concreto: el anteproyecto del Gobierno no menciona expresamente a las personas jurídicas entre los sujetos protegidos por la futura ley. Técnicamente, esa omisión no impide que los tribunales les apliquen la norma —la jurisprudencia ya lo avala—, pero genera inseguridad jurídica. La CNMC considera que, dado que el reconocimiento jurisprudencial existe, el texto legal debería recogerlo de forma explícita.

Pero la CNMC añade un argumento que es específicamente suyo, propio de un organismo regulador de la competencia: la protección del honor empresarial no es solo una cuestión de justicia privada. Tiene, dice, un efecto general positivo sobre la competencia. Si las empresas no pueden defenderse eficazmente de informaciones falsas o que afectan a su prestigio —especialmente en el entorno digital, donde un bulo puede viralizarse en horas—, el mercado funciona peor. Los consumidores toman decisiones sobre la base de información distorsionada. El prestigio, que es un activo económico real, puede ser destruido por un actor malicioso sin coste ni sanción adecuados. La transparencia y la sana competencia requieren, en suma, según el criterio del regulador, que la reputación empresarial esté jurídicamente blindada.

Es un argumento pragmático y coherente con el mandato de un organismo como la CNMC. Pero abre la puerta a algo que el propio informe no explicita: si se consagra legalmente que las empresas tienen honor, ¿cómo se pondera ese honor frente a la libertad de expresión, la crítica legítima, el periodismo de investigación o la denuncia de consumidores?

Aquí es donde la propuesta se complica. La tutela civil del honor implica que quien se siente agraviado puede acudir a los tribunales y exigir el cese de la difusión del contenido lesivo, la publicación de una rectificación y una indemnización por daño moral. Los criterios que introduce el anteproyecto para cuantificar esa indemnización son amplios: difusión del contenido, repercusión social, duración, reincidencia del infractor. Y la norma prohíbe expresamente las indemnizaciones meramente simbólicas.

Extender ese régimen a las grandes corporaciones genera una tensión evidente. Una empresa con recursos puede usar la amenaza de una demanda por vulneración del honor como herramienta de presión frente a periodistas, activistas, consumidores o competidores. El fenómeno se conoce internacionalmente como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): demandas cuyo objetivo real no es ganar en los tribunales, sino disuadir a la parte contraria mediante el coste, el tiempo y el estrés del litigio.

La Unión Europea ha empezado a legislar contra las SLAPP —en una iniciativa que también se conoce como Ley Daphne, en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana, asesinada en 2017 y que fue víctima de este tipo de acciones judiciales— precisamente porque su efecto sobre la libertad de expresión y el periodismo de interés público es devastador. Pero España no lo ha hecho, a pesar de que el plazo límite acaba el próximo 7 de mayo.

El anteproyecto sobre el que se ha pronunciado la CNMC no aborda este riesgo de forma específica. Y su recomendación tampoco lo menciona. Que la ley acabe incluyendo a las empresas entre sus titulares protegidos sin introducir al mismo tiempo salvaguardas reforzadas para la crítica de interés público, el periodismo de investigación o la denuncia de prácticas empresariales irregulares es una posibilidad que amenaza de forma muy concreta el derecho a la información.

La propuesta de la CNMC tiene, además, otra consecuencia. Consagra legalmente una asimetría que ya existe en la jurisprudencia pero que, al positivizarse en una ley orgánica, adquiere una visibilidad y una rigidez nuevas.

La línea que traza el derecho español —con respaldo del Tribunal Constitucional y doctrina explícita del Tribunal Supremo— es la siguiente: las personas jurídicas de derecho privado pueden ser titulares del derecho fundamental al honor. Las personas jurídicas de derecho público —ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos— no.

La razón esgrimida por la jurisprudencia española tiene que ver con la propia arquitectura de los derechos fundamentales. El artículo 18.1 de la Constitución protege el honor como un derecho de los individuos —y, por extensión, de las entidades privadas—. Los derechos fundamentales nacen históricamente como instrumentos de defensa de los ciudadanos frente al poder público y resultaría contradictorio, de acuerdo con la interpretación del Constitucional y del Supremo, que el propio poder público pudiera invocar ese derecho como escudo frente a la crítica de los ciudadanos.

El Tribunal Supremo lo ha dicho con toda claridad: las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor del artículo 18.1 CE. Para ellas, lo procedente es hablar de prestigio institucional, autoridad moral o dignidad de la función, conceptos que pueden protegerse por otras vías —responsabilidad civil, tipos penales específicos— pero no a través de la invocación directa del derecho fundamental al honor.

Las consecuencias prácticas de esta distinción son llamativas. Telefónica, que fue empresa pública y hoy es una sociedad anónima cotizada, podría acogerse a la futura ley de protección del honor. Correos, que sigue siendo una sociedad anónima estatal con capital íntegramente público, también podría acogerse, porque su forma jurídica es la de una sociedad mercantil de derecho privado, aunque su capital pertenezca al Estado. RTVE, en cambio, es un ente público sometido al derecho público, y por tanto quedaría fuera. Un hospital concertado gestionado por una empresa privada, dentro. Un hospital universitario de gestión directa, fuera. Iberdrola, dentro. El Ministerio para la Transición Ecológica que toma decisiones sobre los precios que puede cobrar Iberdrola, fuera.

La paradoja tiene una lógica jurídica interna coherente, pero su efecto político es difícil de ignorar. En la práctica, quienes más poder tienen en la economía —las grandes corporaciones— adquirirían un nuevo instrumento jurídico para proteger su imagen pública. Quienes representan el interés general —las instituciones democráticas— seguirán excluidos de ese instrumento.

Es una ecuación complicada: cómo proteger el honor de las empresas sin crear un arma legal contra quienes las critican, investigan o denuncian; cómo consagrar ese derecho sin cerrar la brecha que lo separa de la reputación institucional del Estado; y cómo evitar que una ley pensada para proteger a las personas acabe siendo, sobre todo, útil para las corporaciones.

El melón está abierto. Ahora le toca al legislador decidir qué hace con él.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha anunciado que se retira de la operación que negocia con Indra, ya que "no se dan las circunstancias que permitan una potencial operación".

El Consejo de Administración de Indra, que se ha celebrado la tarde de este jueves con carácter extraordinario, ha tomado conocimiento del escrito que les ha enviado EM&E en este sentido, según se lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la tecnológica.

Indra da por concluido el análisis que estaba efectuando para una potencial operación entre ambas compañías.

El presidente de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), Javier Escribano, ha enviado este jueves una carta a los consejeros de Indra para comunicarles que renuncia a vender la empresa a la multinacional, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras.

Lo ha hecho un día después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera que se resolviera el conflicto de interés que consideraba que existía antes de profundizar en el análisis de la potencial operación entre Indra y EM&E. Javier Escribano es consejero dominical de Indra en representación de EM&E y es hermano de Ángel Escribano, presidente de Indra. Ambos son propietarios del 100% de EM&E.

La sociedad pública considera que una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo".

Indra tiene previsto celebrar su consejo de administración el próximo 25 de marzo de carácter ordinario. Aunque el orden del día no se conoce públicamente, todo apuntaba a que estaba previsto que se hablara de la operación. Ahora da por cerrado el análisis que se estaba haciendo.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este jueves, en un desayuno organizado por RTVE y EFE, que el Gobierno desconocía que Indra explorara una operación con EM&E antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de la multinacional y considera que "existe un conflicto de interés" que impide que la operación se pueda cerrar en estas condiciones. Sin embargo, Escribano desveló hace unos días en un encuentro con medios de comunicación que la operación entre ambas compañías era anterior a su nombramiento.

Fuentes conocedoras del asunto dijeron este miércoles a EFE que Escribano no pretendía renunciar a la presidencia, ya que consideraba que tenía el apoyo del Consejo de Administración y también de la Junta de Accionistas, dado que un año antes le había respaldado con más de un 98% de los votos.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, es el que tenía encomendado liderar las negociaciones para una posible operación entre ambas compañías.

El Consejo de Administración consideraba que "tiene encaje estratégico", pero aún no había decidido la fórmula concreta. El hecho de que Ángel Escribano sea el propietario de EM&E junto a su hermano Javier motivó que el Consejo de Indra acordase crear una comisión ad hoc, integrada por consejeros independientes, para supervisar la operación y gestionar el "conflicto de interés".

Entre los accionistas más relevantes, figura el fundador de grupo Ámber, Joseph Ourghoulian, que ha defendido la operación.

El fondo estadounidense Third Point LLC había expresado su apoyo a la operación.

La SEPI tiene más de un 28% de las acciones y EM&E es el primer accionista privado de Indra, con algo más del 14% de los títulos.

La posible compra de Warner Bros. Discovery (que nació en 1923 como estudio de cine y ahora es un gigante audiovisual propietario, entre otros, de la plataforma digital HBO Max) se ha convertido en uno de los mayores pulsos corporativos de la historia del entretenimiento audiovisual. Lo que parecía una integración entre Netflix y el histórico estudio cinematográfico ha derivado en una nueva fase de negociación encabezada por Paramount Skydance.

Más allá de cómo finalice el acuerdo, la operación muestra algo más profundo: el sector audiovisual ha entrado en una etapa de consolidación industrial. Los estudios tradicionales, plataformas digitales y empresas tecnológicas compiten por controlar el contenido, la distribución y los datos de los espectadores.

El 5 de diciembre de 2025 Netflix anunció que compraba Warner por casi 83.000 millones de dólares. La operación fue interpretada como un movimiento capaz de redefinir Hollywood, al concentrar gran parte de la producción cinematográfica bajo una sola empresa, y generó inquietud entre reguladores y parte de la industria creativa estadounidense.

La situación cambió apenas cuatro días después, cuando Paramount lanzó una ofensiva corporativa para la compra de Warner, aunque todo quedaba en stand-by a la espera de la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery, que se celebraría el próximo 20 de marzo. Finalmente, la última semana de febrero Paramount mejoró su oferta, aumentando la presión financiera y legal sobre el acuerdo inicial, y Netflix optó por retirarse de la operación. El gigante del streaming afirmó que, en lugar de invertir en esta compra, dedicaría casi 20.000 millones de dólares a producir contenido para su propia plataforma.

El foco se desplaza ahora hacia los accionistas de Warner y los organismos reguladores estadounidenses, que deberán evaluar si una integración de este tamaño altera el equilibrio competitivo del sector audiovisual.

De momento, tanto las acciones de Paramount como las de Netflix se han disparado en bolsa.

Warner no es únicamente un estudio fundado hace más de un siglo. Su valor estratégico reside en combinar producción cinematográfica, franquicias globales, como Harry Potter, Juego de Tronos y The Last of Us, y una plataforma digital consolidada como HBO Max.

Además, Paramount, alineado con el entorno del mismo Donald Trump, se quedaría con el canal informativo CNN.

Así, en la economía del streaming, poseer contenido ya no es suficiente: también hay que controlar todo el ciclo de consumo. Las plataformas actuales funcionan como ecosistemas de datos. Cada reproducción, pausa o abandono alimenta sistemas algorítmicos basados en IA capaces de anticipar preferencias y maximizar el tiempo de visionado. Ese tiempo se traduce directamente en fidelización, y, cada vez más, en ingresos publicitarios.

Por ello, independientemente del comprador final, Warner representa un activo clave para cualquier compañía que aspire a liderar modelos híbridos basados en suscripción y publicidad.

Durante años, el streaming se presentó como la alternativa sin interrupciones (publicidad) frente a la televisión tradicional. Sin embargo, el modelo ha evolucionado rápidamente. Hoy, prácticamente todas las grandes plataformas, incluidas Netflix, Disney+ o Prime Video incorporan planes con anuncios.

El crecimiento de suscriptores se ha ralentizado y la publicidad permite ampliar ingresos sin aumentar excesivamente los precios.

Este cambio introduce una transformación en la experiencia cultural. Las decisiones sobre qué contenidos se producen, promocionan o destacan dejan de depender de criterios creativos y pasan a ser estrategias de retención algorítmica. Series, películas u otros formatos comienzan a diseñarse pensando en mantener la atención del espectador el mayor tiempo posible.

Como señalaba recientemente el actor y productor Matt Damon, las plataformas prefieren impactos narrativos tempranos, capaces de evitar que el espectador abandone el contenido en los primeros minutos. De esta manera, la narrativa audiovisual empieza a adaptarse a métricas más propias del entorno digital que del cine tradicional.

Otro de los grandes interrogantes afecta a la exhibición cinematográfica. Históricamente, las producciones de Warner seguían un modelo clásico, estreno en salas y posterior llegada a plataformas. Las negociaciones recientes han puesto sobre la mesa modelos híbridos con ventanas de exclusividad cada vez más cortas, en torno a 45 días, que permiten combinar ingresos en taquilla con explotación rápida en streaming. Sea cual sea el resultado final de la operación, esta tendencia parece irreversible.

Quien controle Warner decidirá cómo se producen, distribuyen y monetizan las grandes producciones audiovisuales de los próximos años, aumentando la presión sobre salas independientes y productoras externas.

La retirada de Netflix de la operación no supone el final de la historia, sino la confirmación de una tendencia más amplia. El entretenimiento audiovisual está entrando en una fase en la que contenido, distribución, datos y publicidad tienden a integrarse bajo grandes empresas globales.

La batalla corporativa por Warner Bros. Discovery ha mostrado que el futuro del sector ya no depende solo de quién produce las historias sino de quién controla los sistemas que las recomiendan, las financian y las monetizan.

Este tipo de fusiones obliga a preguntarnos como consumidores no solo qué servicios pagamos, sino qué tipo de relación queremos mantener con el entretenimiento audiovisual: ¿una centrada en experiencias culturales comunitarias y cinematográficas, u otra dominada por el consumo inmediato, las métricas algorítmicas y la publicidad personalizada?

Ese es, en última instancia, el verdadero desafío para quienes, al final del día, solo buscan disfrutar de una buena historia.

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José Antonio Cortés Quesada. Profesor contratado Doctor por ANECA y coordinador académico del grado en Marketing, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja. Beatriz Feijóo. Profesora Titular de Publicidad, Universidad Villanueva. Erika Fernández Gómez. Profesora titular en la Facultad de Comunicación, Universidade de Vigo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Las relaciones diplomáticas entre Washington y Madrid no pasan por su mejor momento. A las tensiones habituales —por las presiones para que España aumente su gasto en defensa en la OTAN— se sumaba esta semana otro componente más. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negase a colaborar con Estados Unidos para que el ejército americano pudiese usar las bases de Rota y Morón en la operación para bombardear Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, enunció una de sus amenazas habituales: cortar “todas las relaciones comerciales con España”. Este jueves reiteró sus quejas con otras declaraciones públicas en las que señalaba que España no era "un jugador de equipo". "No vamos a serlo con ellos tampoco", concluía.

El órdago, que por el momento no se ha concretado en ninguna medida, tendría una difícil implementación teniendo en cuenta que las políticas de comercio exterior se negocian en bloque con la Unión Europea. Además, la interconexión de las cadenas comerciales entre países del mercado único haría que una hipotética sanción terminase por afectar a otros países europeos. De hecho, Bruselas señaló ayer que defendería a España en caso de que EEUU tomase represalias e insistía en que la política comercial era “común”, por lo que salvaguardarían “los intereses de la UE”, advirtió el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Pero hay una segunda posibilidad, y es que el entorno estadounidense se vuelva más hostil para las empresas españolas en lo relativo a realizar operaciones o acceder a contratos públicos. Constructoras como ACS, Sacyr o Ferrovial optan a un contrato público para construir una autopista en Carolina del Norte y el banco Santander también tiene en marcha una gran operación para adquirir una filial en EEUU. Además de eso, muchas cotizadas tienen allí un importante nicho de mercado.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha insistido a lo largo de la semana en que es importante mantener la calma. "Hay enormes intereses cruzados, de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas", declaraba este miércoles. "Hemos contactado a 1.600 empresas con intereses en EEUU para ayudarles", concluyó. Pero, ¿qué intereses hay en juego?

Josep Ragull, profesor de economía de OBS Business School, explica que para entender esta interconexión hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que vendemos a EEUU son semielaborados, es decir, piezas o productos que son parte de otros que se fabrican allí. "Si restringe o entorpece la entrada de empresas españolas, los fabricantes americanos tendrán que ir de nuevo al mercado, buscar otros proveedores y eso les va a salir más caro", explica. Además, puntualiza que muchas empresas españolas ya producen allí en grandes cantidades. "Es habitual que las empresas americanas, cuando ven que dependen mucho de socios externos, les pidan que tengan producción en Estados Unidos. Es el caso del sector farmacéutico y de empresas como Grifols", concluye.

A nivel global, España exportó en conjunto al país norteamericano por valor de 16.716 millones en 2025, un 8% menos que en el año anterior, y las importaciones alcanzaron los 30.174 millones, un 7% más. Es decir, compramos a EEUU más de lo que les vendemos. Así, el déficit comercial, como se denomina en la jerga técnica a la brecha entre importaciones y exportaciones, se situó en los 13.458,4 millones de euros. De hecho, la factura de la errática política arancelaria hizo que solo en la primera mitad de 2025 las exportaciones hacia Washington cayeran un 5,1%. "Estados Unidos no está entre nuestros mercados principales porque apenas representa el 4% del volumen de exportaciones. Aunque hay sectores, como el aceite o el farmacéutico, que pueden estar más expuestos", explica Ragull.

En un repaso por las grandes compañías que operan allí, hay desde grandes constructoras hasta bancos, compañías del sector alimentario y energéticas. Según una lista elaborada por la aseguradora pública Cesce en 2024, las empresas con mayor volumen de negocio en EEUU eran energéticas como Repsol, Endesa o Gas Natural. También, en el grupo de las textiles aparece Inditex (con una facturación de 15.000 millones) o El Corte Inglés. Más abajo hay otras conocidas como Airbus (supera los 3.600 millones), Santander Technology (1.700 millones), El Pozo Alimentación (con una cifra de negocio de 1.662 millones) o varias cooperativas de aceite de oliva como Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) o Cosur (con sede en Jaén y 876 millones). 

En enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, visitaba la Casa Blanca y lograba un acuerdo para invertir en Venezuela después de que Trump atacase el país sudamericano y encarcelase a su presidente, Nicolás Maduro. Imaz explicó en aquel momento que la empresa estaba preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y triplicar su producción hasta los 135.000 barriles diarios. De hecho, en sus cuentas anuales, la compañía señala que el grupo está compuesto por 630 sociedades con presencia en 30 países, “principalmente en España y Estados Unidos”. 

Otra gran cotizada que tiene operaciones en marcha en EEUU es el Banco Santander. La presidenta de la entidad, con 4,3 millones de clientes allí y la compra del banco estadounidense Webster Financial Corp por 10.300 millones de euros en marcha, ha llamado a la calma esta semana. “Estoy segura de que las relaciones volverán a ser excelentes muy pronto”, señalaba la presidenta desde Nueva York. Con la compra de esta filial, Estados Unidos se convertiría en el tercer mayor mercado para el Santander después de España y Reino Unido. 

La constructora ACS también tiene allí un bastión para su negocio. Estados Unidos y Canadá son los mayores mercados de la firma, aportando un 63% a la facturación de 2025. La filial estadounidense de la compañía, Turner, aportó al resultado de la compañía un 25,3% más que el año previo, con un beneficio de 857 millones. La compañía que preside Florentino Pérez está además postulándose junto con Ferrovial, Acciona y Sacyr para construir una autopista en Carolina del Norte, con un presupuesto de 2.700 millones. 

Estos son solo algunos ejemplos, aunque la lista es larga. En el sector farmacéutico, la cotizada catalana Grifols también posee en EEUU un mercado muy relevante, con más de 300 centros de donación de plasma y dos grandes plantas de fabricación, así como contratos con los programas federales de Medicare. También en defensa hay cierta exposición por el contrato para actualizar los sistemas de combate de varias fragatas españolas.

La tensión en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán duplicó los costes del transporte entre el Golfo Pérsico y Marruecos, además de aumentar los tiempos de tránsito y encarecer los envíos procedentes de China, según fuentes del sector consultadas por EFE.

El presidente de la Asociación Freight Forwarders de Marruecos (AFFM), Rachid Tahri, indicó este miércoles que a causa del conflicto actual se ha definido un sobrecoste de guerra adicional sobre los transportistas que oscila entre 3.000 dólares (2.500 euros) para un contenedor de 20 pies y 4.000 dólares (3.400 euros) para un contenedor de 40 pies.

Un contenedor de 20 pies entre Dubái y Casablanca costará ahora 6.000 dólares (unos 5.500 euros), explicó a EFE Tahri, quien precisó que la mitad del importe corresponde a una suerte de sobreseguro por la situación bélica en la zona.

Otro impacto está relacionado con los retrasos en las entregas, debido al aumento de los tiempos de tránsito, ya que las navieras se verán obligadas a rodear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.

Esta ruta añadirá varios días al trayecto y elevará los costes, lo que terminará afectando la disponibilidad de contenedores y obligará a los transportistas a reorganizar sus operaciones. "Se trata de un efecto en cascada", advirtió Tahri, quien prevé un nuevo aumento de los costes del transporte -que ya han subido con 700 dólares- y del suministro de bienes desde China, a raíz del cierre del Estrecho de Ormuz.

El impacto de la guerra ha sacudido el transporte marítimo de mercancías en todo el mundo. La naviera danesa Maersk anunció este miércoles, con efecto inmediato, la suspensión temporal del servicio en siete países de Oriente Medio.

La decisión afecta a Emiratos Árabes Unidos, Omán (excepto el puerto de Salalah), Irak, Kuwait, Catar, Baréin y los puertos saudíes de Dammam y Jubail, señaló Maersk en un comunicado, en el que informó de que hará excepciones con medicinas, productos alimenticios críticos y otros productos esenciales.

Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores en el mundo, ya había anunciado el pasado domingo, un día después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, la suspensión temporal de la circulación de sus buques por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo mundial, por el aumento de las tensiones en la zona.

La compañía ha reconfigurado además sus rutas tradicionales a través del estrecho de Bab el Mandeb, que da entrada al mar Rojo, y por el Canal de Suez, desviándolas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que implica circunnavegar todo el continente africano.

Las otras principales navieras dedicadas al transporte marítimo, como Mediterranean Shipping Company (MSC) y CMA CGM, han suspendido también en los últimos días la circulación por el estrecho de Ormuz.

El Tribunal Judicial de Burdeos juzga desde este jueves a tres empresas de esta región francesa y a seis dirigentes por haber supuestamente exportado ilegalmente residuos a España para ahorrarse las tasas que tendrían que haber abonado en Francia y enterrarlos en vertederos sin declarar su verdadera naturaleza, informa EFE.

Según la organización ecologista France Nature Environnement (FNE), que se constituyó en acusación particular, el volumen total de residuos enviados a vertederos de Zaragoza y Pamplona por esta trama podría estar cerca de 10.000 toneladas.

Junto a las empresas Greenrecup, Azura y 3VR, especializadas en la recuperación y el reciclaje de residuos, también se sientan en el banquillo seis directivos, que se encuentran bajo control judicial y que podrían ser condenados a penas de hasta siete años de cárcel y a multas de hasta 150.000 euros.

Están acusados de enviar residuos a España sin notificación previa a las autoridades del país y sin obtener el consentimiento, así como de gestionar residuos de forma irregular, de utilización de documentos falsos y de exportar en contrabando mercancías peligrosas para la salud.

Según explicó a EFE una responsable de la FNE, la empresa navarra Iruservi, que no está encausada en Francia, era la que se encargaba en España de gestionar buena parte de los cargamentos que entraban de forma irregular.

La red de fraude fue desmantelada en noviembre de 2022 con una operación de las fuerzas del orden francesas y españolas, bautizada Blanzar, por la contracción de los nombres de la localidad de Blanquefort (a las afueras de Burdeos), donde está el centro de selección de Greenrecup y de Zaragoza, el principal destino final.

Los investigadores franceses constataron que había un tránsito irregular de residuos en dirección a España que no abonaba el Impuesto General sobre las Actividades Contaminantes (TGAP), obligatorio en Francia.

Se ha calculado que se dejaron de pagar cerca de 300.000 euros de TGAP a la Administración francesa, pero a eso hay que añadir un ahorro en los costos que hubiera entrañado la gestión de los residuos en Francia.

Hay que tener en cuenta que esos costos pueden ser hasta más de cuatro veces inferiores en España y que, enviando los residuos al otro lado de la frontera, las empresas francesas podían disponer del espacio que no ocupaban en sus vertederos.

Una ventaja adicional, según la FNE, es que en España hay menos controles sobre la naturaleza de los residuos que se entierran.

En este país, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lograron identificar en noviembre de 2022 a tres hombres vecinos de Pamplona, Madrid y Zaragoza, acusados de transportar hasta 6.000 toneladas de desechos procedentes de Francia para hacerlos desaparecer en un vertedero de Zaragoza sin autorización.

Una vez que la mercancía se encontraba en España, se falsificaba su documentación y se convertía en un residuo de eliminación.

El juicio en Burdeos termina el viernes, cuando se conocerán las penas solicitadas por la Fiscalía y quedará visto para sentencia para una fecha posterior.

Es un cuento sencillo aplicable a la ambición desmedida. No encontré en castellano una palabra que recogiera en su significado al variado mundo de personajes que nos rodea, así que inventé lo de Cleptotecnoplutócratas. Su significado aloja a ricos, políticos, poderosos, mangantes y profetas de inspiración peligrosa.

Cada uno de los antedichos acuñó aquello de “rostro humano” y lo aplicaron al capitalismo, comunismo y cristianismo, una máscara para disfrazar la indignidad. Escribió Michel de Montaigne que unos hacen creer al mundo que creen lo que no creen, mientras los otros, más numerosos, se autoengañan sin saber penetrar en lo que es creer.

Vuelvo al cuento. Todos llegamos al final de la vida con la bolsa de dignidad demediada o consumida, y sabemos que ego y dignidad tienen difícil encaje. El mundo de la gran empresa perdió aquello que proclamaba, la función social, el respeto a muchos de los derechos humanos. Otros personajes se imaginan empresarios, no poseen empresa propia y cambiaron su dignidad, si la tuvieron, por una carta de representación. 

No olvido que hay trabajadores que vendieron su primogenitura por un plato de miseria; estos son los que se autoengañan por alcanzar el poder, como aquellos que se creen generales por llevar la palabra director antepuesta, y no pasan de sargentos chusqueros.

La ciudadanía sufre también las luchas personalistas entre las facciones políticas, tanto de la izquierda como en la derecha, a sabiendas de que serán descabalgados por otro más ambicioso e indigno; hay evidencias. Llegar con la bolsa muy devaluada es lo normal, pues todos cometemos pecados de juventud, madurez o vejez. Señores cleptotecnoplutócratas, deberían recordar aquella frase evangélica: la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y no en la dominación. 

Solo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos, dijo Montoro —siquiera es suya la frase—, menudo truchimán. Al final del cuento, el final de la vida, es evidente, los cleptotecnoplutócratas llegan con la bolsa de la dignidad vacía; la han vendido o cambiado por poder o riqueza; y para los que se creen ricos ya sentenció un banquero: “Serlo de verdad, somos muy pocos”. 

Para que los fundamentos que contiene la bolsa: honradez, respetabilidad, nobleza, integridad, rectitud, decencia, seriedad, autoestima, orgullo, vergüenza, honorabilidad, etc.  No se pierdan en el camino, es recomendable inteligencia (DRAE acepción 2.2), “conjunto de ideas y valores de una comunidad”.

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Mariano De la Puente es socio de infoLibre.

La Fiscalía de Milán (norte de Italia) ordenó este miércoles la intervención judicial de la filial italiana de la empresa de reparto británica Deliveroo por la presunta explotación laboral de miles de riders, a quienes se les habrían aplicado condiciones salariales por debajo del umbral de la pobreza, informa EFE.

La medida, de carácter urgente, se produce tras una investigación liderada por el fiscal Paolo Storari, quien ya ordenó recientemente una intervención similar contra la filial de la española Glovo en Italia, Foodinho.

La investigación, recogida por los medios locales, apunta a que Deliveroo habría ofrecido salarios por debajo del umbral de la pobreza, aprovechándose del estado de necesidad de entre 300 y 20.000 trabajadores en Italia. La acusación sostiene que los repartidores percibían remuneraciones que, en ciertos casos, resultaban "inferiores hasta en un 90% respecto al umbral de pobreza y a la contratación colectiva".

Según el auto de 60 páginas del fiscal, la empresa adoptó una "política que reniega explícitamente de las exigencias de respeto a la legalidad", perpetrando este modelo de negocio desde hace años.

Algunos de los testimonios de repartidores recogidos en el documento describen jornadas de hasta once horas diarias, siete días a la semana e ingresos de entre 3 y 4 euros por entrega.

Asimismo, denuncian control constante a través de GPS y un sistema de algoritmos que penaliza las ausencias o la baja productividad.

El pasado 19 de febrero, el juez de instrucción de Milán, Roberto Crepaldi, validó la medida de Storari sobre Foodinho, empresa a la que se le acusa también de contratar mano de obra en condiciones de explotación aprovechando el estado de necesidad de los empleados.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.

Repsol registró un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, un 8,1% más que el año anterior, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos y el impacto del apagón del 28 de abril que afectó a la Península Ibérica, según informa EFE. 

Según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios, retrocedió un 15,1% en 2025 respecto al año anterior, hasta los 2.568 millones. 

Repsol ha comunicado también a la CNMV que el consejo de administración propondrá a la próxima junta general de accionistas el pago de un dividendo con cargo a los resultados de 2025 de 0,551 euros brutos por acción, que está previsto tenga lugar el 8 de julio de 2026, por lo que la retribución en efectivo para este año ascenderá a 1,051 euros brutos por acción. 

Repsol abonó en 2025 un dividendo de 0,975 euros brutos por acción, un 8,3% superior al de 2024. La retribución total al accionista se situó en torno a los 1.800 millones de euros, en el rango alto del compromiso de la empresa para el periodo 2024-2027. Para 2026, Repsol prevé destinar cerca de 1.900 millones a esta remuneración. 

Asimismo, propondrá a la junta una reducción de capital social mediante la amortización de las acciones propias que adquieran en un programa de recompra que se pondrá en marcha con una inversión máxima neta de 350 millones de euros. 

La energética ha cambiado la forma de reporte algunas de las métricas que ofrecían al mercado desde el cuarto trimestre de 2025, con el objetivo de reflejar de forma más adecuada la manera en que la compañía gestiona y evalúa actualmente sus negocios, lo que no tiene impacto en los estados consolidados del grupo.

Los resultados obtenidos, según apunta Repsol en un comunicado, se producen en un contexto complejo, marcado por la elevada volatilidad de los mercados energéticos, que ha lastrado el precio del Barril de Brent hasta los 69,1 dólares de media en 2025, un 14,5% menos que el año anterior. 

En el caso del área de Exploración y Producción (Upstream), el beneficio neto ajustado del negocio se situó en los 957 millones de euros en 2025, un 6,9% menos que en 2024, en un contexto de volatilidad de precios energéticos y depreciación del dólar frente al euro. La producción media diaria ascendió a 548.000 barriles equivalentes de petróleo al día, en línea con lo previsto en el plan estratégico. 

Para 2026, la compañía tiene previsto alcanzar entre 560.000 y 570.000 barriles al día, sin tener en cuenta el posible incremento de la producción en Venezuela. En este sentido, Repsol recuerda que el pasado viernes la administración estadounidense emitió nuevas licencias que permiten retomar operaciones de petróleo y gas en el país caribeño.

En el negocio industrial, el resultado neto ajustado se situó en los 963 millones de euros, un 33,4% menos, lo que refleja la volatilidad de las materias primas, los menores resultados de la química y los efectos del apagón del pasado 28 de abril. 

En la segunda parte del año, el momento positivo del refino permitió capturar mayores márgenes y obtener un resultado en el cuarto trimestre de 423 millones de euros, 168 millones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supuso un repunte del 66%. El negocio de cliente registró un beneficio neto ajustado de 754 millones de euros en 2025, un 17,1% más que en 2024, impulsado por el dinamismo del negocio de estaciones de servicio y la contribución creciente de una amplia oferta energética. 

Por su parte, el negocio de generación baja en carbono marcó un resultado neto ajustado de 53 millones de euros, frente a las pérdidas de 24 millones de euros registradas un año antes. 

La empresa presentará sus métricas operativas y financieras actualizadas hasta 2028 el próximo 10 de marzo, lo que permitirá a la compañía adaptarse a la evolución del entorno macroeconómico, regulatorio y empresarial del sector energético. La estrategia, según explica Repsol, para los próximos tres años se basará en los mismos pilares: una retribución atractiva para los accionistas, solidez financiera e inversión disciplinada.

Un informe de Hacienda cifra en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como "prima de éxito", coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.

Hacienda pide en su informe al juez que requiera más informaciones sobre cuentas vinculadas a Montoro, los socios de su despacho y sus cónyuges, pero, con la información que ya tiene en su poder, sostiene que los pagos a Equipo Económico vinculados a las reformas legislativas que beneficiaban a las gasísticas ascenderían a 991.613 euros.

Esos pagos de las gasísticas, según Hacienda, "se producirían coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".

El informe advierte también de que no pueden descartarse otras "transferencias adicionales a las localizadas", que puedan estar "veladas" tras cheques y facturas que no han podido ser analizados.

Según el informe, de más de 250 páginas, los pagos de las empresas estarían "fragmentados", no solo respecto a su pagador e importe, sino también en distintas cuentas bancarias y sociedades "por las que trasiegan dichos fondos para desembocar, entre otros, en consumos o utilidades" de socios del despacho, personas y cuentas bancarias o activos de los que no se ha podido hallar información.

Esa fragmentación de pagos, mantiene Hacienda, "sería indiciariamente instada por el despacho investigado" y presuntamente se diferían "bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar a los mismos de su origen temporal".

A raíz del análisis de los correos y las actas del despacho intervenidas en la causa, las gasísticas investigadas eran "conscientes, pagaban y se vanagloriaban muchos antes" de obtener lo pactado.

El informe detalla también pagos fragmentados, "al albur de facturas que formal e indiciariamente permitirían frente a terceros justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa".

De hecho, el informe señala casos en los que en las cuentas bancarias controladas por los socios del despacho, exsocios, cónyuges y sus sociedades, los fondos se destinarían a "mínimos consumos" para ser después agrupados y transferidos a "otras cuentas desconocidas, bajo conceptos bancarios genéricos o que impiden la identificación de los destinatarios".

Por ese motivo, la Agencia Tributaria plantea al juez que emita un nuevo mandamiento o requerimiento a las entidades bancarias para solicitar esos datos "de forma ampliada, con el máximo detalle del que se disponga sobre el origen y destino de los fondos". 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela y otorgan también permisos a cinco empresas, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte, informa EFE.

Las dos licencias siguen sin eliminar el marco de sanciones estadounidenses -endurecidas con especial énfasis a partir de 2019- que aún pesan sobre Venezuela, pero contribuyen a facilitar que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en este país o que aquellas que ya lo hacen, como Repsol, aumenten sus inversiones de capital y su producción de manera significativa.

El anuncio de hoy se enmarca en el plan que Washington ha consensuado con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reabrir el mercado petrolero local tras la captura del presidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el pasado 3 de enero.

La primera licencia anunciada hoy por la Oficina de Control de Activos Extranjeros autoriza a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell, y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con operaciones de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana.

El permiso exige que cualquier contrato vaya ligado a jurisdicción estadounidense y exige que todos los pagos a individuos "bloqueados" por la OFAC (que sigue manteniendo las sanciones sobre individuos y entidades venezolanas) se realicen a cuentas designadas por el Tesoro estadounidense.

La segunda orden emitida hoy autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras que estarán condicionadas por la futura concesión o no de licencias específicas de la OFAC.​

Esta segunda licencia también prohíbe específicamente cualquier transacción que involucre a una persona o entidad ligada a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.

Los dos documentos anunciados hoy llegan tres días después de que el Departamento del Tesoro promulgara otras dos licencias para petroleras con presencia en suelo estadounidense que quieran operar en el mercado venezolano.

Los permisos expedidos hoy permitirán a empresas como Repsol y la italiana Eni, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico y una producción marginal de crudo a través de empresas de riesgo compartido con PDVSA y otras entidades estatales, optar por la producción petrolífera a gran escala.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya dijo en la Casa Blanca en enero, menos de una semana después del derrocamiento de Nicolás Maduro, que la empresa estaba ya preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Secretaría de Estado de Igualdad que lleve a cabo medidas para impedir el acceso desde España a páginas web de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada, informa EFE.

Según un comunicado emitido este miércoles, las diligencias se han tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo.

Las empresas sobre las que se ha solicitado la toma de medidas están establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea. Entre ellas destacan Sucesss-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations o Surrogacy Beyond Borders.

La mayoría operan en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.

A todas se les exige responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado haber recibido el escrito de la Fiscalía, pero han recordado que, si bien el Instituto de las Mujeres tiene competencias para iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, no tiene capacidad administrativa para bloquear páginas webs.

"Igualdad ha recibido el escrito en la tarde de este lunes y mañana lo analizará con Abogacía del Estado, que desde hace más de un año está trabajando intensamente en este asunto en vía judicial", han subrayado desde el ministerio.

Asimismo, el departamento dirigido por Ana Redondo ha asegurado que el Instituto de las Mujeres ya puso en conocimiento de la Abogacía del Estado la existencia de publicidad de servicios de gestación subrogada en cuatro empresas para que ejerciera acciones por vía judicial para la cesación de dicha actividad. El ministerio ha defendido que en los últimos años ha demostrado "un alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva".

Concretamente, las fuentes han apuntado que el año pasado se realizaron dos "actuaciones clave" en este sentido: el Gobierno modificó la instrucción para hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler y el Instituto de las Mujeres elaboró un informe sobre identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad. 

La Policía Nacional está registrando la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri, por orden de la Audiencia Nacional, en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo policial.

Durante el registro, iniciado a mediodía de este martes, Sidenor está "colaborando con las autoridades que se han personado en las instalaciones" de la acería, a fin de "trasladarles con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen", según han informado fuentes de la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó en noviembre al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

Ese tribunal investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

La CNMC ha multado con 20,5 millones a varias empresas del grupo Repsol (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio) por su política comercial de estrechamiento de márgenes "abusivo" en perjuicio de estaciones de servicio independientes y que son competidoras, según recoge EFE.

Repsol ha rechazado la sanción anunciada este martes por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al entender que se apoya en un relato "parcial" y "descontextualizado" con errores de "método y de derecho", y ha avanzado que la impugnará.

Según ha indicado Repsol en un comunicado, la CNMC no tiene en cuenta el contexto excepcional de 2022, no acredita posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado; y defiende que actuó con transparencia y en beneficio de los consumidores "en el peor momento de la crisis inflacionaria".

"Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado", ha subrayado Repsol.

Repsol entiende que sancionar una conducta "legal y supervisada" por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales ante crisis futuras. Indica que los descuentos minoristas fueron exigidos por el Real Decreto-ley 6/2022, cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022. 

Así, insiste en que la resolución de la CNMC es arbitraria, ya que no define con rigor el mercado mayorista español de aprovisionamiento de gasóleo A a estaciones independientes, que asegura que es abierto y transparente; e infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes. 

Repsol explica que, si se considera el segmento correcto, la cuota de la compañía se situó en torno al 25% en 2022 y que nunca se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales. 

Recalca que durante ese periodo no hubo ningún efecto en el mercado ni exclusión de competidores ni dependencia real y considera que la CNMC está más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores. 

Por otra parte, ve sorprendente que esta decisión se dé en un contexto de crecimiento de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales. "Repsol hará valer todos estos argumentos en su impugnación de la sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón", insiste.

El gigante tecnológico Meta ha anunciado este lunes que ha nombrado a Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa, informa EFE.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda en la inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.

"La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa", ha manifestado Mark Zuckerberg.

Por su parte, Trump ha felicitado en Truth Social a McCormick, que se desempeñó como su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la ha definido como una persona "fantástica" y "talentosa" que "sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción".

Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa. Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos "y generen un impacto económico positivo en las comunidades" donde opera.

Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica "impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo", incide la compañía.

Powell trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, y además trabajó para el Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush.

Endesa Energía ha alertado este lunes a sus 10 millones de clientes de que ha sufrido un jaqueo de sus datos personales, como números de DNI, datos relativos a su contrato y sus medios de pago (IBAN), si bien asegura que, en ningún caso, se han visto comprometidos datos de acceso a contraseñas, según informa EFE.

En una carta dirigida a sus clientes, la compañía explica que ha "detectado un incidente de seguridad, que ha permitido el acceso no autorizado e ilegítimo a su plataforma comercial" y que ha "comprometido la confidencialidad de ciertos datos de los que Endesa Energía es responsable". 

Asegura además que, en cuanto que ha tenido conocimiento del incidente, ha activado los protocolos y procedimientos de seguridad correspondientes, incluido el bloqueo inmediato de los usuarios de acceso comprometidos, el análisis de los registros y la notificación a todos los clientes afectados. 

También está realizando un seguimiento continuo especial de los sistemas para detectar cualquier actividad sospechosa y ha notificado el incidente a las autoridades competentes, incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos.

Mientras, dice, continúa con la investigación tanto a nivel interno como con sus proveedores para averiguar lo sucedido y tomar cualquier otra medida que sea necesaria.

La compañía -que cuenta con unos diez millones de clientes potencialmente afectados en España y Portugal (6,3 millones en el mercado libre y 3,5 en el regulado)- asegura que no tiene constancia de que se haya realizado uso fraudulento alguno de los datos robados, pero pide que se comunique cualquier anomalía o desconfianza al número de teléfono 800.760.366.