El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ordenado al promotor de la acción disciplinaria incoar un expediente para determinar si el juez Eloy Velasco incurrió en una falta grave al aludir en una conferencia a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero como "cajera del Mercadona" en 2024, informa EFE.

La comisión permanente del CGPJ ha instado este martes a iniciar un expediente disciplinario al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional por una infracción prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, informa el Consejo en un comunicado.

Dicho artículo considera falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia", entre otros.

"Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento [...] y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona".

Estas palabras, pronunciadas en un foro de debate el 13 de noviembre del año pasado, llevaron al promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial a abrir una diligencia informativa para determinar si procedía incoar un expediente disciplinario.

El promotor ha considerado que las manifestaciones del juez carecen de relevancia disciplinaria porque fueron realizadas en un debate, al margen de su actuación judicial, y porque en ellas abordó un tema de actualidad -el consentimiento- sobre el que existía polémica en torno a las interpretaciones que el colectivo judicial hace de este concepto jurídico.

Pero la Comisión Permanente no ha compartido los argumentos del promotor y le ha ordenado incoar expediente disciplinario tras una votación que ha contado con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, después de un empate entre los vocales.

Es la segunda vez que la Comisión Permanente revoca una propuesta de archivo del promotor en este tema. El pasado mes de mayo ya rechazó el primer archivo decretado y le ordenó que siguiese practicando diligencias.

Con la incoación del expediente, ahora el promotor debe seguir investigando si la actuación del juez encaja en alguno de los tipos disciplinarios que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial y después elevar su propuesta a la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

La decisión adoptada por la Comisión Permanente ha contado con el voto particular de los vocales Pilar Jiménez, José Eduardo Martínez, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal, encuadrados en el ala conservador.

Las palabras del juez Velasco en aquella conferencia fueron contestadas por la exministra de Igualdad, que le recordó desde su red social X las directrices de la ONU sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de Justicia. "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", indicó Montero.

El promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial ha propuesto archivar la investigación abierta al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por las críticas vertidas contra la exministra de Igualdad Irene Montero, a quien aludió como "cajera del Mercadona" en una conferencia el pasado 13 de noviembre.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la noticia, adelantada por la Cadena Ser, de que el promotor Ricardo Conde elevará este martes su propuesta a la Comisión Permanente, que podrá confirmar el carpetazo o pedirle que reabra una investigación. Conde no aprecia que haya materia disciplinaria para abrir un expediente a Velasco en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque entiende que Velasco no habló en su condición de juez, es decir, sus palabras se enmarcan en su libertad de expresión.

"Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento [...] y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona”, manifestó el juez de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en una conferencia el pasado 13 de noviembre.

En respuesta, la exministra de Igualdad le recordó desde su red social X las directrices de la ONU sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de Justicia. "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", indicó Montero.

Lo ha vuelto a hacer. El titular del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, entró de nuevo el 14 de diciembre en su cuenta de X (antiguo Twitter) para volver a cargar contra el presidente del Gobierno al que acusó de "golpismo" por "atacar a los jueces". Días después, el 28 de diciembre, reincidió en la misma red social increpando a la esposa del presidente, a la que llamó "Barbigoña"; al fiscal general del Estado ("borrador oficial de mensajes"), y al presidente del Tribunal Constitucional, para el que pidió una cátedra de "inconstitucionalidad y amnistía". La conducta ha provocado la apertura de una nueva investigación disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial como la que se inició contra él en 2023 tras llamar a Sánchez "psicópata sin límites éticos" y "narcisista patológico" y que, finalmente, fue archivada. Un año después, la situación se repite con el mismo juez y el mismo Promotor de la Acción Disciplinaria que propuso el cierre del caso. ¿Será esta vez el nuevo Consejo, con mayor presencia progresista, capaz de pararle los pies?

La persona que tendrá que investigar a Ruiz de Lara será de nuevo el magistrado Ricardo Conde, renovado el pasado 18 de diciembre como Promotor de la Acción Disciplinaria, un cargo que ya ocupó desde 2017 hasta el cese del anterior Consejo, de clara mayoría conservadora. Su actuación en la anterior investigación contra el polémico juez fue muy cuestionada. En primer lugar, porque Conde fue incapaz de acreditar el pasado febrero que los mensajes redactados en su perfil de X hubieran sido escritos por él o que los hubiera elaborado invocando su condición de juez. El promotor tenía en su poder varios pantallazos de los tuits y de su cuenta, en la que se presentaba como "magistrado", pero estos no fueron suficientes para que apreciara la existencia de una infracción. Conde se amparó en que Ruiz de Lara había borrado su perfil de X nada más conocerse que se iniciaban actuaciones contra él. Pese a ello, la comisión permanente le obligó a abrir expediente disciplinario al investigado.

En junio, el promotor volvió ante los vocales para reclamar el archivo del caso porque, a su juicio, no estaba claro si esos insultos los profirió como juez o como cualquier ciudadano con derecho a expresarse libremente. Conde, que actuó de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, aseguró además que, según la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, no basta la notoriedad de la condición de juez para imponer la sanción. Esta vez, el Consejo anterior le dio la razón y dio el carpetazo al caso eximiendo al juez de cualquier responsabilidad pese a sus gruesas palabras.

Ahora, la coherencia de Conde con su investigación anterior, está en juego. Porque la cuenta con la que Ruiz de Lara lanzó sus nuevos mensajes supuestamente injuriosos -@ManuelRuizdLara- también ha sido borrada. En la nueva investigación disciplinaria no solo va a ser igualmente difícil para el promotor comprobar si los tuits con los insultos a las autoridades fueron realmente redactados por él, también si los publicó o no como juez. Porque en la pequeña presentación que contenía antes de desaparecer, además, ya no se presentaba como "magistrado", sino como "idealista imperturbable", autor de dos libros y "crítico gastronómico". El Consejo no tiene competencias para actuar disciplinariamente contra un escritor, un experto en cocina o cualquier ciudadano que actúe en uso de su libertad de expresión. A no ser que Conde, esta vez sí, acredite que lo que presuntamente está haciendo Ruiz de Lara es mofarse de él y del Consejo en su conjunto. En la indagación disciplinaria anterior, Ruiz de Lara llegó a negar que él fuera el autor de las descalificaciones publicadas en su cuenta.

En caso de que el promotor siga sin encontrar indicios disciplinarios contra el juez de lo Mercantil de Madrid, el órgano de gobierno de los jueces tiene mecanismos para obligarle a actuar. Los siete vocales de la comisión disciplinaria -presidida por el progresista José María Fernández Seijo, pero en la que son mayoría los conservadores- pueden rechazar sus propuestas de archivo en caso de que sí aprecien evidencias de que la falta disciplinaria se ha cometido. Fuentes del Consejo recuerdan, además, que en caso de que finalmente se decidiera cerrar el caso sin sanción, el Ministerio Fiscal tendría la opción de recurrir ante el Pleno. El artículo 418.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera "falta grave" "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición". La sanción es una multa de entre 501 y 6.000 euros. La decisión de investigar de nuevo a Ruiz de Lara fue propuesta por Fernández Seijo y el Pleno la apoyó por unanimidad.

Pese a las dificultades para castigar estas conductas, el Consejo se ha conjurado para frenar estas faltas de respeto. El órgano también abrió a principios de diciembre unas diligencias informativas al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Durante una conferencia sobre cumplimiento normativo en las empresas, el juez cargó contra la exministra de Igualdad, Irene Montero, por dar a los jueces "lecciones de consentimiento" desde "su cajero del mercadona". En caso de que el Consejo termine castigando estos comportamientos, su decisión, casi con toda seguridad, será recurrida por los jueces sancionados ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que será quién tenga la última palabra.

El Consejo General del Poder Judicial ha dado el primer paso para investigar a Eloy Velasco por sus ataques verbales a la exministra de Igualdad Irene Montero. El Promotor de la Acción Disciplinaria ha recibido dos quejas por las palabras del magistrado de la Audiencia Nacional, que, durante una conferencia, cargó contra la dirigente de Podemos por dar a los jueces "lecciones de consentimiento" desde "su cajero del mercadona". El órgano de gobierno de los jueces ha abierto diligencias informativas para contrastar si efectivamente se produjeron esas declaraciones, como adelantó el diario El País. La Ley Orgánica del Poder Judicial califica como falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición", una infracción que conlleva una multa de entre 501 euros y 6.000.

La noticia de la apertura de la investigación llega, precisamente, el día en que Velasco debe comparecer ante la comisión de calificación del Consejo —la que preselecciona los nombramientos discrecionales— para defender su candidatura a presidente de la Audiencia Nacional, cargo al que opta junto con otros siete aspirantes, todos ellos conservadores, de los cuáles seis, entre ellos el magistrado de la Audiencia, han formado parte de Gobiernos autonómicos o locales del PP o han sido aupados por ese partido como vocales del CGPJ. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que sus palabras podrían mermar sus posibilidades de acceder al cargo al poner en duda su independencia.

Lo que ha hecho el CGPJ es abrir diligencias informativas, lo que supone el primer paso de una investigación disciplinaria que, en caso de probarse podría ser sancionada por la comisión disciplinaria del órgano. Esta primera actuación consiste en contrastar, más allá de las informaciones periodísticas publicadas, si el juez pronunció exactamente las palabras por las que se han iniciado las actuaciones y en qué contexto. Durante una conferencia celebrada el pasado 13 de noviembre, Velasco cargó contra Podemos y contra la exministra de Igualdad de esa formación, Irene Montero, cuyo departamento elaboró la ley del solo sí es sí. "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás", dijo el magistrado.

El trámite iniciado lo instruirá el Promotor de la Acción Disciplinaria, que tendrá que presentar una propuesta a los siete vocales de la comisión disciplinaria para que estos decidan si abren o no expediente al juez. En caso de que así lo decidan, la investigación deberá volver al promotor, que tendrá que elaborar una propuesta para esa misma comisión sobre la existencia o no de una falta concreta y el castigo a imponer. Por el momento, las indagaciones las dirige la promotora en funciones, una letrada del Consejo nombrada provisionalmente hasta que se cubra definitivamente la plaza.

Fuentes del Consejo consideran que, con sus declaraciones, Velasco pudo cometer una falta disciplinaria grave de "censura a las autoridades", cualidad que, tras dejar el ministerio, sigue ostentando Montero, que actualmente es diputada en el Parlamento Europeo. Otras fuentes del órgano creen que sus palabras, al no haber sido pronunciadas durante una actuación judicial, no podrían considerarse como una falta disciplinaria, aunque sí vulnerarían el Código Ético de jueces y magistrados que, sin embargo, no conlleva ninguna sanción. Entre conservadores y progresistas sí hay consenso en considerar "inaceptables" y "desafortunadas" sus manifestaciones y consideran que comprometen su apariencia de imparcialidad, precisamente en el momento en que el magistrado opta a presidir la Audiencia Nacional, de cuya Sala de Apelación es miembro.

Tras la publicación de las palabras del juez, Montero le respondió a través de un post en X, la antigua Twitter. "Que los jueces necesitáis formación en violencias machistas lo mandatan las leyes y lo dice la ONU: 'Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa", escribió la ex ministra. Después añadió: "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar. La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y también juez, Victoria Rosell, acusó a su compañero de "clasismo y machismo" y recordó que la ley que criticaba Velasco "exige formar a la judicatura". "Lo ha dicho la ONU, el Consejo de Europa y el Gobierno español".

La derechización de la magistratura en España muestra estos días una prueba más en la elección del nuevo presidente o presidenta de la Audiencia Nacional. El tribunal del terrorismo, el del narcotráfico a gran escala y las macrocausas de corrupción, el de mayor proyección mediática, tendrá de nuevo, casi con total seguridad, un presidente conservador. Ningún magistrado progresista se ha presentado a la convocatoria y, de los ocho que lo han hecho, seis de ellos han tenido algún vínculo con el PP al haber ocupado altos cargos en instituciones dirigidas por ese partido o haber sido aupados por ese partido para puestos judiciales de responsabilidad.

El último presidente progresista que tuvo el tribunal fue Ángel Juanes, que dejó el cargo para convertirse en vicepresidente del Tribunal Supremo en 2014, tras ocuparlo desde 2009. Le sucedió el conservador José Ramón Navarro. Y el que le seguirá será también de esa sensibilidad al no haber candidatos progresistas. Cuatro de los ocho que se han presentado ahora han ocupado cargos políticos en gobiernos autonómicos y locales del PP y otros dos fueron propuestos por ese partido para convertirse en vocales del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan a la "desmotivación" como causa de la ausencia de aspirantes de izquierdas. Tras las elecciones a su Sala de Gobierno de la semana pasada, en la que participan todos los magistrados, los tres puestos a elegir fueron para la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Entre los candidatos más significados políticamente se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. El ahora aspirante fue consejero de Justicia del PP, diputado en la Asamblea de Madrid y vicesecretario de Justicia del partido a nivel nacional cuando lo dirigía Pablo Casado y se reincorporó a su puesto en la Sala de lo Penal hace poco más de un año. Antes había sido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de ese mismo partido –puesto del que tuvo que dimitir después de que la policía lo parara por conducir su moto sin casco y sobrepasando el límite de alcohol– y hombre fuerte del sector conservador del CGPJ durante el mandato 2001-2008.

Otra de las candidatas señaladas por su vinculación con el PP es María Tardón, que fue concejala en el grupo municipal de ese partido en el Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de José María Álvarez del Manzano, con el que ocupó el cargo de cuarta teniente de alcalde y responsable de la Policía Municipal. Tardón, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (moderada), ocupa actualmente el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Se trata de la única mujer en presentarse a la presidencia, lo que, según fuentes del Consejo, le da cierta ventaja para hacerse con el cargo gracias a los nuevos criterios que impone la ley de paridad.

Otros dos aspirantes también ocuparon puestos de responsabilidad en gobiernos del PP, aunque de menor importancia. Uno de ellos es el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003 durante las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Tras dejar el cargo, fue titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, donde investigó varios de los casos de corrupción más sonados de ese partido, como Púnica y Lezo. Miembro de la conservadora APM, Velasco está pendiente de que el Consejo decida si le abre expediente por unas declaraciones durante una conferencia en la que cargó contra la exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), a la que acusó de darle lecciones sobre el consentimiento "desde su cajero del Mercadona".

El magistrado de la Audiencia de Madrid Francisco Manuel Oliver Egea, que también opta a presidir la Audiencia, formó parte de los ejecutivos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y de su sucesor, Ignacio González. Primero con un cargo menor, el de director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto, pero después, ya con González, dio el salto a otro mucho más relevante, el de director general de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, dependiente del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria.

Junto a los cuatro candidatos que han ocupado cargos con el PP, se encuentran otros aupados a puestos de responsabilidad judicial por ese partido. El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, también de la conservadora APM, fue vocal a propuesta de ese partido en el mismo CGPJ del que formó parte Enrique López, en el que ocupó el puesto de presidente de la comisión de Relaciones Internacionales. González también fue magistrado de enlace en Francia, puesto para el que fue designado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. También fue magistrado de la Audiencia Nacional, donde fue apartado en 2018 de todas las causas del caso Gürtel por "amistad manifiesta" con una de las partes, el PP.

También fue consejero del Poder Judicial a propuesta del PP hasta la última renovación de este año el aspirante Juan Manuel Fernández Martínez, actual magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Antes de entrar en el órgano de gobierno de los jueces, este magistrado de la APM había sido presidente del tribunal al que ha vuelto tras acabar su mandato.

Solo dos de los ocho candidatos carecen de vínculos con el PP aunque, según fuentes del CGPJ, también pertenecen a la derecha judicial. Durante su comparecencia este martes ante la comisión de calificación de ese órgano –la que se encarga de preseleccionar a los aspirantes–, el magistrado de la Audiencia Nacional Jesús Ricardo Gutiérrez presentó como uno de sus méritos el haber cuestionado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la ley de amnistía. Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz desde 2011, fue reelegido para el cargo en 2016 con el apoyo unánime del Consejo.

Fuentes del sector progresista muestran su preocupación por la ausencia de candidatos de esa sensibilidad, sobre todo tras las recientes elecciones a las salas de gobierno del Supremo, los 17 tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Las asociaciones de derechas (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) se hicieron con 104 de los puestos en liza. La única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, solo obtuvo tres plazas. "Los presidentes de los tribunales y los de sus distintas salas son miembros natos de las salas de gobierno que, junto con el Consejo, forman la cúpula del Poder Judicial", advierte un juez progresista. "Si solo se presentan candidatos conservadores, la falta de pluralismo y el corporativismo seguirán ganando terreno en la carrera".

Cuatro días después de que El País publicara los ataques del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a la exministra de Igualdad, Irene Montero, a la que acusó de intentar de explicar a los juristas qué es el consentimiento "desde su cajero del Mercadona", el Consejo General del Poder Judicial no ha tomado ninguna decisión sobre si las palabras del juez merecen algún tipo de investigación disciplinaria. El órgano de gobierno de los jueces esperará hasta la semana que viene la entrada de una queja pero, en caso de que no llegue, la idea es iniciar de oficio el procedimiento contra el magistrado de la Audiencia Nacional por la falta grave de "censurar a las autoridades". Fuentes del Consejo aseguran que entre los vocales hay consenso en considerar que sus manifestaciones son "intolerables".

Si la comisión permanente decide abrir la investigación disciplinaria, el asunto pasará a la comisión permanente que, en primer lugar, tendrá que aprobar la apertura de unas diligencias informativas para contrastar los hechos que, hasta el momento, solo se han conocido a través de los medios. Una vez recabados todos los datos, sus siete miembros deberán decidir sobre la apertura de expediente disciplinario. En caso de que en ese momento el Consejo no haya elegido todavía al Promotor de la Acción Disciplinaria -lo que se espera para las próximas semanas- será una de las letradas del órgano que ejerce provisionalmente sus funciones quien dirija la investigación y proponga la sanción a imponer.

En caso de que no haya denuncia, la decisión de poner el caso de Velasco en manos de la comisión disciplinaria de oficio puede partir, no solo de la comisión permanente. También de la presidenta, la progresista Isabel Perelló, del Pleno e incluso de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional -de cuya Sala de Apelación el magistrado es miembro- aunque fuentes de la comisión disciplinaria descartan que esta última posibilidad pueda producirse por "corporativismo". Hasta este viernes, ni Irene Montero, a la que iban dirigidas sus palabras, ni ninguna otra persona o asociación habían presentado una queja en el registro del Consejo.

Varios de los vocales consultados creen que las palabras de Velasco podrían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto castiga la acción de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de dicha condición". La exministra de Podemos es actualmente eurodiputada. La sanción prevista en la ley para ese tipo de infracciones es una multa de entre 501 y 6.000 euros y el órgano que tendría que decidir si la impone, al tratarse de una infracción grave, es la comisión disciplinaria.

Otros vocales, sin embargo, entienden a priori que las manifestaciones de Velasco se produjeron al margen de su actividad como juez —las dijo en una conferencia sobre cumplimiento normativo en las empresas— por lo que, pese a considerarlas "muy desafortunadas", creen que solo habrían vulnerado el código ético de los jueces y magistrados, lo que no conlleva ningún tipo de sanción. El punto 22 de ese código establece que los jueces deben observar "una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la administración de Justicia". El 31 afirma que "como ciudadanos", tienen derecho "a la libertad de expresión que ejercerán con prudencia y moderación con el fin de preservar su independencia y su apariencia de imparcialidad y mantener la confianza social en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales".

Durante una conferencia celebrada el pasado 13 de noviembre, Velasco cargó contra Podemos y contra la exministra de Igualdad de esa formación, cuyo departamento elaboró la ley del solo sí es sí. "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás", dijo el magistrado.

Tras la publicación de las palabras del juez, Montero le respondió a través de un post en X, la antigua Twitter. "Que los jueces necesitáis formación en violencias machistas lo mandatan las leyes y lo dice la ONU: 'los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa", escribió la ex ministra. Después añadió: "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar. La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y también juez, Victoria Rosell, acusó a su compañero de "clasismo y machismo" y recordó que la ley que criticaba Velasco "exige formar a la judicatura". "Lo ha dicho la ONU, el Consejo de Europa y el Gobierno español".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves las listas de candidatos a las tres plazas de magistrado que han quedado vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, unas ternas que se han elaborado tras escuchar los proyectos de todos los candidatos el pasado mes de diciembre y que incluyen a seis magistrados de la Audiencia Nacional.

Entre los aspirantes excluidos destacan dos jueces de instrucción de este órgano, José de la Mata –que actualmente instruye varias de las causas de mayor complejidad en la Audiencia Nacional, como son los casos Pujol, los papeles de Bárcenas y el 3 por ciento en Cataluña–; y la ex concejal del PP en Madrid María Tardón.

No obstante, ambos pueden ser propuestos por cualquier vocal del Pleno para que su nombre vuelva a estar entre los considerados al puesto, según han señalado a Europa Press fuentes de órgano de gobierno de los jueces. También ha quedado fuera Eloy Velasco, que fue quien inició la instrucción de los casos Púnica y Lezo.

Entre los que sí han pasado este primer filtro está el propio presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, así como Ángel Hurtado, que fue el juez de GürtelGürtel contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

Se suman a las ternas hechas públicas por la Comisión Permanente varios jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como Juan Ramón Séz, Teresa Palacios y Manuela Francisca Fernández Prado, a los que se suma la presidenta de este órgano, Concepción Espejel, cuyo nombre suena seguro para ocupar una de las tres plazas vacantes.

Otros candidatos que suenan con fuerza son el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, y el magistrado de este órgano Javier Hernández, según las fuentes consultadas.

El resto de candidatos en pasar el primer filtro del CGPJ son Joaquín Delgado (actualmente Audiencia Provincial de Madrid), Lorenzo Jesús Del Río Fernández (TSJ de Andalucía), María del Rosario Esteban (Audiencia Provincial de Madrid), María Dolores Hernández Rueda (Audiencia Provincial de Valencia), Leopoldo Puente Segura (TSJ Madrid), María Pilar Rasillo (Audiencia Provincial de Madrid), Eduardo de Urbano (Audiencia Provincial de Madrid).

Requisitos

Las tres plazas, correspondientes al turno general, están reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado que formó parte del tribunal que juzgó el "procés" independentista en Cataluña Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer.

TSJ Canarias y Audiencia de Ourense 

Por otra parte, los magistrados que integran la terna de candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente, Antonio Doreste, son: Pedro Joaquín Herrera Puentes (Audiencia Provincial de Las Palmas), Juan Luis Lorenzo Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife), y José Félix Mota Bello (Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife)

Finalmente, los jueces que integran la terna de candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Orense, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente son Ana María Blanco Arce (Audiencia Provincial de Ourense) y Antonio Piña Alonso, que aspira a su reelección.

El juez Eloy Velasco, que instruyó causas de corrupción política como Lezo y Púnica en la Audiencia Nacional, de la que sigue siendo magistrado, ha revelado este miércoles a los integrantes la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –ante los que defendía su candidatura a una de las plazas vacantes en el Tribunal Supremo– el "mal clima" existente en el citado órgano debido a las recusaciones que han llevado a apartar a algunos de sus miembros del enjuiciamiento de casos clave, como son los de la trama 'Gürtel'.

"Yo he visto plenos muy violentos en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional", ha llegado a afirmar en un momento de su comparecencia, en la que ha defendido su especialidad en asuntos de crimen organizado y delincuencia económica "que superan el derecho penal clásico de sexo y sangre" como aval para lograr una de las tres plazas ofertadas en el alto tribunal.

Hasta en dos ocasiones el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha reprendido al candidato por sobrepasar el tiempo destinado a presentar su currículum sin entrar en el bloque en el que los aspirantes deben defender varias resoluciones de interés que hayan dictado a lo largo de su carrera.

Velasco, que ha sido instructor la mayor parte de sus 34 años de experiencia como juez, ha tratado de eludir este trámite si bien finalmente ha acabado refiriéndose someramente a las sentencias dictadas durante el breve tiempo en el que estuvo en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, órgano al que continúa adscrito pese a ser removido por sentencia del Tribunal Supremo.

En cambio, Velasco sí se ha extendido entre otros asuntos como el del "mal ambiente" existente en la Sala Penal de la Audiencia Nacional por el asunto de las recusaciones. "Es un tema dañino, hay compañeros en la Audiencia Nacional que se la tienen muy jurada y se ha creado un mal clima", ha manifestado.

También se ha referido Velasco durante su comparecencia al hecho de que todos los aspirantes a las plazas del Supremo, que son un total de 28, tienen "alguna leyenda urbana o sufre algún perjuicio", si bien en su caso "vender fakes de otros" no es su estilo.

Críticas a Alemania por la no entrega de Puigdemont

Velasco ha defendido su especialización en temas de jurisdicción internacional, dado el gran número de órdenes de entrega europeas (OED) que ha tenido que tramitar durante su paso como juez instructor de la Audiencia Nacional, y en este sentido ha criticado la decisión de la justicia alemana de no entregar a España al expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

"La jurisdicción alemana tiene menos experiencia que la española a la hora de tramitar órdenes de detención, desconfió al firmar el tratado y mantuvo el principio de la doble incriminación", ha lamentado ante los vocales del CGPJ.

Las tres plazas ofertadas en el Supremo, correspondientes al turno general, están reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado Luciano Varela, que formó parte del tribunal que juzgó el proceso independentista en Catalunya, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer, que tendrán lugar en los próximos días.

Entre los comparecientes de mañana miércoles, además de Velasco, está el integrantes de la Sala de lo Penal de este órgano Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez; Manuel Gutiérrez Luna de la Audiencia Provincial de Cádiz; y Javier Hernández García, actual presidente en funciones de la Audiencia Provincial de Tarragona y que suena como uno de los favoritos para obtener los apoyos necesarios de los vocales del CGPJ.

Por la tarde comparecerán el ya citado Hurtado y además Luis Francisco de Jorge Mesas, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia; María de los Ángeles Montalva Sempere, de la Audiencia Provincial de Madrid y María Dolores Hernández Rueda, de la Audiencia Provincial de Valencia.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha asegurado este viernes que hay "300 crímenes de ETA impunes y sin resolver" y, en referencia al comunicado de la banda, ha dicho que si no se colabora con la justicia para su esclarecimiento, "el arrepentimiento" que se produce "no es muy creíble", informa Europa Press.

Velasco lo ha considerado de este modo en el marco de las conferencias sobre terrorismo yihadista que tienen lugar en Palma desde este jueves y que están organizadas por la Confederación Española de Policía (CEP) y la International Police Association (IPA). Así, el juez ha explicado que "el dolor es muy difícil de paliar solo con palabras" y ha remarcado el daño causado a las víctimas, "viudas y huérfanos, que nada tienen que ver con el conflicto".

Además, ha dicho que el Código Penal contempla la reducción de penas para quienes colaboran y que es "una cuestión de humanidad". "Si te arrepientes, demuéstralo", ha añadido.

Por otro lado, Velasco también ha resaltado que "en España hay más conocimiento sobre terrorismo" ya que "se ha sufrido históricamente" y, por esto, "la legislación española contempla formas de terrorismo que en otros países no se dan, "como el enaltecimiento, el adoctrinamiento, la colaboración y la inducción".

Según ha dicho, "lo único" que se contempla en la directiva europea pero no en la legislación española es que se pueda acusar a las "empresas de terrorismo".

Además, ha remarcado que la definición de la ONU de terrorismo "es muy baja porque tiene que abarcar muchos países" y que a la hora de firmar sentencias en tribunales europeos, los jueces pueden ser de países que no tiene delitos de terrorismo, "como Eslovaquia o Andorra" por lo que ha resaltado que, en su opinión, "España está por delante en conocimiento judicial" en materia de terrorismo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado investigar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

En un auto, recogido por Europa Press, que se ha dado a conocer este martes, el Tribunal Supremo ha designado instructora del caso a la magistrada Ana María Ferrer para llevar a cabo las diligencias solicitadas el pasado mes de julio por la Fiscalía.

Esta petición se hizo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco —que ha estado investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial—, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

La Sala, en cuyo auto recoge la exposición razonada del juez Velasco, considera que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos. Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro De PedroAlejandro De Pedro —considerado el conseguidor de la Púnica— para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Dinero público para pagar trabajos particulares

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 subraya también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público previsto trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

El juez de la Audiencia Nacional cree que la senadora "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Cartago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros —que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención—. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.

Un análisis del bufete Cuatrecasas, fechado en junio de 2004 y cuya introducción remarca que fue elaborado para el exclusivo interés del entonces vicepresidente de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, y su mano derecha como gerente en el ente público de agua, Ildefonso de Miguel, ya destapaba múltiples agujeros negros en la compra de la colombiana Inassa, efectuada dos años y medio antes. Privado y confidencial, ese informe, al que ha tenido acceso infoLibre, ponía en el disparadero al equipo de Alberto Ruiz Gallardón. El expresidente y exalcalde de Madrid también se encuentra bajo la lupa de los investigadores en la Operación Lezo, aunque fuentes del caso han confirmado a este diario que a día de hoy no se le atribuye expresamente la condición de investigado.

A lo largo de las 80 páginas, el informe de Cuatrecasas retrata una operación oscura, cargada de incertidumbres para las arcas públicas de Madrid y de incumplimientos legales, articulada a través del paraíso fiscal de Panamá y en la que, por razones desconocidas, se dio entrada a un grupo privado valenciano. La compra se cerró sin obstáculos para los vendedores e incluso en el plazo establecido por ellos mismos –Cuatrecasas sugiere que posiblemente no había más ofertas– pese a que la prórroga de la principal concesión de Inassa para extenderla hasta 2033 pendía entonces de un hilo porque había sido impugnada judicialmente. Tres pesos pesados del momento como Acciona, Urbaser y Cajamadrid habían desechado participar en la operación por el llamado "riesgo país". Es decir, por la convulsa situación que vivía Colombia, atrapada en la bisectriz del narcotráfico y la guerrilla y zarandeada por una corrupción política en la que, a tenor de lo ya investigado, participó activamente el Canal de Isabel II.

De hecho y aunque una instancia superior anuló luego esa decisión, el informe relata cómo un tribunal había llegado a suspender el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Barranquilla para ampliar la concesión hasta 2033, que en teoría era el elemento que mayor valor confería a Inassa y su filial Triple A. El Canal pagó religiosamente los 83 millones de euros también pese a que Triple A ni siquiera poseía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua para Barranquilla.

Fue el equipo de Gallardón el que en noviembre de 2001 capitaneó la compra de la compañía de Barranquilla, en la región caribe de Colombia, por 83 millones de euros, lo que significaba diez veces más del valor fijado un año antes, y así lo hace constar el informe. Pero González mantuvo el dossier de Cuatrecasas oculto hasta que de manera involuntaria él mismo alertó a la Guardia Civil de su existencia durante una conversación con el ex ministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana que estaba siendo grabada.

Es todavía una incógnita por qué guardó silencio Ignacio González sobre una operación que según Cuatrecasas poseía claros ribetes de ilegalidad y que afectaba al jefe de una facción rival del PP madrileño. Pero un dato emerge con nitidez: el esquema seguido para la adquisición de Inassa es muy parecido al que una década más tarde utilizó el Canal de Isabel II para, ya con Ignacio González en la presidencia del Gobierno regional, hacerse en 2013 con la empresa brasileña Emissao, igualmente investigada en Lezo. Para el juez Eloy Velasco, hasta ahora instructor del caso, la compra de Inassa fue la primera operación "fraudulenta" detectada en el Canal.

El texto de Cuatrecasas pone el acento en que de la entrada en escena de Panamá podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes del Canal que suscribieron el acuerdo de compraventa. ¿Por qué? Porque lo que aprobó el Consejo de Gobierno de Madrid fue la adquisición de una compañía colombiana, no de una panameña como estación de paso hacia Colombia. Un informe previo a la compra que había formulado el bufete Garrigues para el Canal de Isabel II –el Informe de Planificación Fiscal Internacional– señalaba la utilización de Panamá como la opción más desfavorable. 

Un regalo del Canal cifrado en seis millones 

En febrero de 2002, fecha del cierre de la compra de Inassa, acordada en noviembre del año anterior, Panamá tenía la consideración de paraíso fiscal a todos los efectos, incluso los oficiales.  Y así lo enfatiza Cuatrecasas cuando advierte del coste adicional que ese hecho implicó para el Canal. Porque además de los 97 millones de euros destinados a la compra y a una inmediata ampliación de capital ese coste adicional es el que tendrá que pagar el Canal cuando venda Inassa: seis millones de euros según las fuentes consultadas en el grupo público madrileño.

La explicación, detallada en el informe, es la siguiente: en lugar de adquirir directamente las acciones de Inassa, lo cual habría implicado que los vendedores hubiesen tributado en Colombia por la plusvalía generada, el Canal adquirió una sociedad panameña, Sociedad de Aguas de América (SAA), que de forma simultánea a la operación se liquidó. La liquidación, avisa el informe, tampoco recibió del Consejo de Gobierno la preceptiva autorización. 

Al efectuarse en Panamá, la compra de acciones de SAA, que poseía el 75% de Inassa anhelado por el Canal, quedaba exenta de tributación en Colombia para los vendedores. Pero en el momento en que el Canal venda sus participaciones en Inassa –donde la Guardia Civil y Anticorrupción hicieron una batida de registros hace dos semanas– será el erario madrileño el que deba asumir aquella plusvalía diferida. Cuatrecasas no da cifras. Son las fuentes consultadas por este diario en el Canal de Isabel II las que cuantifican en seis millones su importe a día de hoy.

Así que, resumidamente, quienes vendieron las acciones de Inassa al Canal de Isabel II–un antiguo grupo de directivos de Aguas de Barcelona, empresa que había sido socio de referencia de Inassa, pero también otras personas físicas o jurídicas cuya identidad pormenorizada no detalla el informe– no solo recibieron un precio diez veces superior a aquel que un año antes les había permitido hacerse con el control. De propina, obtuvieron un regalo también millonario por la plusvalía diferida.

Cuatrecasas sí desvela algunos nombres significativos del accionariado de la panameña SAA: Francisco Olmos, exdirectivo de Aguas de Barcelona y uno de los ejes centrales de la conexión valenciana; y el propietario de uno de los bufetes panameños especializados en el montaje de estructuras societarias opacas, José Ramón García de Paredes. Si García de Paredes poseía títulos como beneficiario real de SAA o solo como miembro del equipo habitual de testaferros panameños es algo que el informe no aclara.

Una firma valenciana elegida no se sabe por qué

Para acometer su inversión en Latinoamérica, el Canal había creado una sociedad mercantil operativa –Canal Extensia SA– en la que se reservó un 75% de las acciones mientras que dejó el 25% en manos de una firma valenciana denominada Tecvasa.  

El informe remarca que ni un solo papel ni testimonio de ningún tipo permitió averiguar en 2004 por qué el ente público madrileño había dado el paso de compartir su poder con una empresa privada. Y ni había en 2004 ni hay hoy rastro de por qué los gestores a los que Alberto Ruiz-Gallardón había dado las riendas del ente público del agua eligieron justamente a Tecvasa, que contaba con el apoyo financiero de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Cuatrecasas apunta a que los contactos pudieron empezar en septiembre de 2001. De ser así, la negociación fue meteórica, dado que la oferta sobre Inassa se cerró el 13 de noviembre de ese año y de inmediato nació Canal Extensia.

Como presidente de Canal Extensia fue designado Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, es decir, del organismo que debe fiscalizar las cuentas públicas. Canalda no figura entre los investigados del caso Lezo cuya identidad ha trascendido. Y a diferencia de lo que sucede con otros altos directivos del Canal en aquella época, el informe de Cuatrecasas no le menciona.

La supuesta valoración independiente que determinó el precio a pagar por Inassa lo determinó una auditora que había recibido el encargo no del Canal de Isabel II sino de Tecvasa. Cuatrecasas llegó a alertar de que uno de los personajes clave en el entramado latinoamericano del Canal, el ya citado Francisco Olmos, había jugado un doble papel en la operación: lideraba el grupo que ofrecía en venta sus acciones de Inassa al Canal de Isabel II a la vez que pertenecía al consejo de administración de la Técnicas Valencianas del Agua SA, nombre completo de Tecvasa. Es decir, simultáneamente estaba en el lado vendedor y en el comprador. Y eso entrañaba un potencial conflicto de intereses. Así lo hizo constar el bufete al que Ignacio González había encargado el informe sobre Inassa, privado y confidencial, nada más aterrizar en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre en noviembre de 2003.

Pese a todo, el informe jamás vio la luz.  Al igual que una segunda edición igualmente encargada a Cuatrecasas en 2009, permaneció oculto hasta que el propio Ignacio González se traicionó a involuntariamente a sí mismo el 11 de noviembre de 2016. Ese día, durante una charla en su despacho con el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, el antiguo delfín de Aguirre dijo lo siguiente: "Alberto hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá".

En esa misma reunión, cuyo contenido se ha incorporado al sumario de Lezo, González coloca otra vez en el disparadero a Gallardón: "Yo no soy como esta gilipollas [Cristina Cifuentes] que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos opciones, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo todavía tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".

Pasadas las 15.30 horas, Granados dejaba la cárcel madrileña feliz y con una amplia sonrisa tras permanecer más de dos años y medio en prisión. A su salida, le esperaban familiares, con quienes se ha fundido en un fuerte abrazo. También se ha mostrado cariñoso con los periodistas conocidos que le esperaban a las puertas del penitenciario.

Con polo amarillo, vaqueros y deportivas azules, el expopular ha querido dejar claro varios aspectos como que "en el sumario no hay ni un solo indicio" que pueda confirmar que tenga dinero en alguna cuenta en el extranjero, tal y como sostiene el instructor.

Además, ha querido pedir respeto a la presunción de inocencia del que fuera compañero de partido y filas, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión provisional por el caso Lezo.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado su puesta en libertad bajo fianza tras considerar suficiente los avales hipotecarios presentados por familiares del exsecretario general del PP de Madrid.

En el auto de libertad, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala que la garantía hipotecaria presentada por Granados, consistente en dos fincas propiedad de su madre y sus cuñados, alcanza el doble de la fianza de 400.000 euros impuesta para permitir su salida de prisión después de 31 meses y medio.

Eso sí, Velasco impone a Granados comparecencias quincenales, la fijación de un domicilio, un número de teléfono y un correo electrónico para que pueda ser localizado en todo momento y prohibición de ausentarse del territorio nacional sin autorización del juzgado.

La Policía brasileña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está realizando este martes varios registros relacionados con las operaciones del Canal de Isabel II en Brasil, país suramericano que investiga la Audiencia Nacional en el marco de la operación Lezo, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La comisión judicial compuesta por Anticorrupción y agentes de la UCO se han trasladado a Brasil, en un operativo bautizado como Ignatus —según ha informado la Policía Federal en un comunicado—, después de que el pasado 8 de junio hallaran en Colombia 262.000 euros escondidos en una caja fuerte de un apartamento que tiene en Barranquilla el expresidente de Inassa y hombre de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.

La Policía Federal ha informado de que 40 agentes han detenido a dos exdirectivos de Emissao para que declaren en comisaría. También han tramitado otras nueve órdenes de búsqueda y captura en relación con el desvío de fondos públicos, concretamente de 21 millones de euros, según la Policía brasileña.

El 5 de mayo, el Canal de Isabel II dio instrucciones para que se llevara a cabo el cese de uno de sus directivos en la filial de Brasil, Diogo Pacheco, después de que aparecieran informaciones que apuntaban a que esta persona habría alertado al entorno del expresidente madrileño Ignacio González de que le estaban investigando.

El juez Velasco dividió el caso Lezo en seis piezas. La principal, en la que hay 19 imputados, investiga los hechos referentes a la expansión en Suramérica del Canal de Isabel II con las adquisiciones con desvío de dinero público de Inassa en 2001 y Emissao en 2013. Entre los imputados figura Sebastiao Cristovam, un empresario brasileño fundador de Emissao Engenharia e Construçoes.

En el auto de prisión de Edmundo Rodríguez Sobrino, el juez instructor del caso, Eloy Velasco, explicó que la compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) al patrimonio público madrileño.

Según el magistrado, se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales", ya que el mecanismo malversador habría consistido en una "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones". Además de Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, Velasco envió a prisión a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y al exgerente Adrián Martín.

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han subrayado la relevancia que tiene para la instrucción del caso Lezo el hallazgo de abundante documentación en Colombia sobre los 15 años de actividad de Inassa.

Los investigadores están rastreando tanto empresas públicas como otras pantallas y el movimiento de dinero para la compra de Inassa en 2001, en época de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, y de la brasileña Emissao en 2013, con Ignacio González en el Gobierno autonómico.

Sociedades instrumentales y comisiones prohibidas

La operación de compra de Emissao ascendió a 31 millones de dólares que, según destacó el juez Velasco de acuerdo a las cuentas anuales de Canal Extensia, "descendieron hasta 5 millones de euros en tan sólo dos años". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 detalló irregularidades como la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco".

Un informe de KPMG "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición", añadió el magistrado, aludiendo a las sospechas de que Emissao estaría intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares no conocían "pero que operaban en países terceros de escasa opacidad" en contra de la opinión de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas y careciendo de informes técnicos.

De este modo, el dinero público habría pasado a cuentas bancarias en terceros países "con opacidad" respecto de los titulares reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña, "enriqueciendo injustamente a determinadas personas".

La Audiencia Nacional desestimó este martes el recurso presentado por Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, contra la prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros que decretó el magistrado instructor de la operación Lezo, Eloy Velasco, porque de determinarse que hubo apropiación ilegítima de los fondos del Canal de Isabel II "el montante necesariamente debe ser muy elevado".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal determina en un auto que aunque Pablo González acredita en su recurso un "indudable" arraigo personal y familiar, la cantidad de indicios que le incriminan en la operación Lezo "han inclinado la balanza"operación Lezo  en pro de la petición hecha por el Ministerio Fiscal.

En el mismo auto, la Sala rechaza igualmente rebajarle la fianza de cuatro millones de euros impuesta por el magistado Velasco el pasado 21 de abril, después de que el acusado se negara a prestar declaración en dependencias judiciales. Se trata de la fianza más elevada del caso junto con la acordada para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y que también fue confirmada el pasado viernes.

La Sala recuerda que el magistrado instructor basó su decisión ante el riesgo de evitar la acción de la Justicia y la destrucción de pruebas de Pablo González, director de Operaciones y Estrategias de Mercasa, hasta su cese tras el estallido de la operación el pasado mes de abril.

En el auto en el que se acordó su ingreso en prisión, el magistrado apuntó que éste se había reunido con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio NietoJosé Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, aunque Nieto respondió en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que se estaba tergiversando el sumario y que jamás hubo injerencias desde el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido.

El veterano juez Manuel García Castellón, que dejó la Audiencia Nacional hace más de 16 años para ser juez de enlace en Francia y después en Italia, tiene previsto solicitar el regreso a la plaza de la que titular en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, por lo que con toda probabilidad en unas semanas se convertirá en el nuevo instructor de los casos 'Púnica' y 'Lezo'.

Así se lo han confirmado a Europa Press fuentes del entorno del magistrado, de 64 años, que señalan que tiene previsto solicitar en los próximos días su cese al Ministerio de Justicia, que fue el que le designó, y el regreso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La decisión afectará al concurso convocado por el órgano de gobierno de los jueces para conseguir un sustituto al juez Eloy Velasco, que dejó su puesto la semana pasada para formar parte de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

De tendencia conservadora, García Castellón ha trabajado durante los últimos años de la banda ETA en el puesto clave de juez de enlace en Francia desde 2000 y doce años después fue designado para ocupar la misma plaza en Francia. Fue galardonado con la Legión de Honor por el gobierno francés y recibió la encomienda de Isabel la Católica de manos de José Luis Rodríguez Zapatero .

Durante su etapa en la Audiencia Nacional García Castellón se encargó de sumarios de gran complejidad y trascendencia mediática como fueron el caso Banesto, que supuso el procesamiento entonces de Mario Conde; el que investigó las irregularidades de Jesús Gil al frente del atlético de Madrid y el asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco.

Las mismas fuentes han señalado que García Castellón ha visto ahora el momento idóneo de regresar a la plaza de la que es titular una vez que Eloy Velasco ha dejado el puesto y tras trabajar intensamente en la tramitación de comisiones rogatorias en Francia e Italia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, investiga quién es la "magistrada amiga de la casa" que supuestamente chivó que los teléfonos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González —en prisión incondicional—, y otros investigados en la Operación Lezoestaban intervenidos.

Este juez de Plaza de Castilla (Madrid) ha tramitado la denuncia presentada por Contrapoder, formación política tras la que se encuentra el abogado José Luis Mazón, en la que se indica que una juez "amiga de la casa" alertó al consejero delegado de La Razón y presidente de Inassa —filial en América Latina del Canal Isabel II—, Edmundo Rodríguez Sobrino —también en prisión incondicional—, de que tenía el teléfono pinchado. Esta circunstancia hizo que González tomase medidas de precaución.

En un auto fechado el día 12 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, el juez De Dios Ferreiro ha decidido investigar qué "magistrada de la Audiencia Nacional" está detrás de esta filtración y, por tanto, ha podido incurrir en un presunto delito de revelación de secretos. "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", dice el auto.

Asimismo, el juez instructor de Madrid apunta que se abre este procedimiento para determinar "la naturaleza y circunstancias de tales hechos", así como "las personas que en él hayan participado". El primer paso ha sido citar el próximo 13 de junio al abogado de Contrapoder para que ratifique su denuncia.

El escrito de Mazón también denuncia que el juez de la Audiencia Nacional encargado hasta el momento de instruir el caso Lezo, Eloy Velasco —que ha sido ascendido a la Sala de Apelaciones de este mismo órgano judicial, donde comenzará el próximo 1 de junio—, habría solicitado un trabajo para su mujer, Beatriz Saura, a GonzálezBeatriz Saura, por lo que el CGPJ ha incoado diligencias informativas al respecto.

No obstante, el ex promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, excluyó de estas diligencias el supuesto chivatazo denunciado porque, a su juicio, no guarda "relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia". Aún así, dedujo testimonio para que se investigase quién es esta magistrada y si se cometió algún delito de revelación de secretos.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha firmado ya la exposición razonada en la que pide al Tribunal Supremo que investigue a la senadora del PP por Murcia, Pilar Barreiro, por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado dejó firmado el escrito de la exposición razonada el miércoles pasado, 24 de mayo, un día antes de dejar el Juzgado Central de Instrucción número 6, tras ser ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Las fuentes consultadas han explicado que una vez que se incluyan en el sumario los testimonios incriminatorios, se dará traslado del escrito a la Sala 2 del Tribunal Supremo, que será el que decida si finalmente imputa a la senadora.

A Barreiro, quien en su día fue alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por concertar con empresas del empresario Alejandro De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia.

Velasco también pide investigarla por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares, como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Trabajos reputacionales por 4.840 euros al mes

El juez cree que Barreiro "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad, sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Cartagocaso Novo Cartago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014, los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros —que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención— y, posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

En el marco de la misma operación, el juez Velasco ya remitió el pasado febrero al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la parte relativa al ya expresidente Sánchez, a quien también atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Por este motivo, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el caso Púnica en esta comunidad, Enrique Quiñonero Cervantes, ha citado para el próximo 6 de junio a Sánchez para que declare en calidad de investigado.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado este lunes sugerir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que estudie la posibilidad de que el juez Eloy Velasco siga encargándose del Juzgado Central de Instrucción número 6 hasta que se nombre a un sustituto.

Velasco cesó en sus funciones al frente del citado juzgado -donde se instruyen los casos Púnica y Lezo- el pasado jueves, tras haber sido ascendido a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Hasta que el CGPJ nombre a un nuevo magistrado al frente del juzgado número 6, la magistrada Carmen Lamela -encargada del juzgado número 3-, como sustituta ordinaria de Velasco, debería hacerse cargo en un principio de todos los asuntos pendientes hasta que sea nombrado un juez sustituto.

Sin embargo, Lamela propuso a la Sala de Gobierno soluciones temporales para evitar tener que hacerse cargo ella sola de los asuntos de su compañero ascendido, que han centrado la atención mediática en las últimas semanas por concentrar una gran actividad

contra la corrupción.

Turnarse cada semana

Una de las sugerencias de Lamela planteaba la posibilidad de que los asuntos que ha dejado pendientes el juez Velasco sean responsabilidad del juzgado que cada semana se encuentre de guardia, lo que finalmente ha sido aceptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que elevará la propuesta al CGPJ para que le dé el visto bueno.

Pero además, y dado que la elección del próximo responsable del juzgado número 6 no debería alargarse más allá de aproximadamente un mes, la Sala de Gobierno ha sugerido también al CGPJ que el propio Velasco siga encargándose del juzgado hasta que su sustituto sea nombrado, compatibilizándolo durante un tiempo con la Sala de Apelaciones, de la que empezará a hacerse cargo, junto al magistrado Enrique López, el próximo jueves, 1 de junio.

El plazo para presentar candidatos para hacerse cargo del Juzgado Central de Instrucción número 6 concluirá antes del 10 de junio y, tras estudiarse las solicitudes en el CGPJ en función de la antigüedad, el próximo juez de la Audiencia Nacional podría estar ya en su despacho a principios del mes de julio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el concurso para sustituir al juez Eloy Velasco, instructor de casos como Lezo y Púnica,LezoPúnica quien cesará de su actual destino mañana tras ser ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

El nombramiento de Velasco como magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha sido publicado también este miércoles en el BOE a través de un Real Decreto firmado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Este cambio, que se hará efectivo este jueves, hará que el juez abandone el Juzgado Central de Instrucción número 6 y, con ello, la investigación de las causas Lezo y PúnicaLezo y Púnica que aún están lejos de concluir y que afectan a corrupción cometida por cargos del PP.

De cara a su sustitución, hoy mismo empieza a correr el plazo de 20 días que existe para que se presenten los candidatos. De entre ellos se asignará la plaza al más antiguo, si bien la sustituta ordinaria, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 Carmen Lamela, pretende que se nombre a un sustituto temporal "en comisión de servicios" para evitar tener que hacerse cargo de dos juzgados de forma simultánea por su complejidad.

Lamela se ha quejado de la excesiva carga de trabajo que le supondrá hacerse cargo de ambos procedimientos mientras se solventa el concurso que ha convocado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para encontrar un juez que sustituya de forma permanente a Velasco y se haga cargo de los asuntos que el actual juez central de Instrucción número 6 tiene pendientes.

Nombramiento de Enrique López

El BOE también publica la designación del magistrado Enrique López en la nueva Sala de Apelación Enrique López en la nueva Sala de Apelaciónde este órgano judicial, que se encargará de revisar en segunda instancia las sentencias dictadas por este órgano y que tiene previsto empezar a funcionar el próximo 1 de junio.

La Comisión Permanente del CGPJ designó la pasada semana a los magistrados para esta sala de apelaciones, decisión que se hará efectiva mañana tras haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La discusión en el órgano de gobierno de los jueces se centró en el modo en que debía interpretado el párrafo segundo que artículo 330.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que la provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera y diez en lo penal, "prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista". En ambos casos se encontraban Velasco y López.

Se da la circunstancia de que otros aspirantes no consideran ajustados a derecho los requisitos del concurso, por lo que han recurrido el acuerdo de la convocatoria. Se trata de los también jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáez y Clara Bayarri.

Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, no recuerda si fue presidente de la compañía colombiana Inassa, adquirida en diciembre de 2001 por el Canal de Isabel II a cambio de 83 millones en lo que el juez Eloy Velasco considera la primera gran "compra fraudulenta" de la empresa pública de aguas. Un mes después de que el magistrado incluyera ese misil en el auto por el que ordenó prisión incondicional para el expresidente madrileño Ignacio González, Canalda confirmó este viernes a infoLibre que había pertenecido al consejo de administración de la mercantil colombiana. Pero aduce que, como han transcurrido 14 años desde su cese como gerente del Canal, presidente de Extensia y representante del grupo en varias filiales, entre ellas Inassa, no recuerda si llegó a situarse en la cúpula de la firma colombiana.

El estallido de la Operación Lezo hizo aflorar el intento del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, de evitar que los registros afectasen a los papeles relativos a la compra de Inassa bajo el argumento de que esa transacción se inscribía en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y era por tanto previa al desembarco –en 2003– de Ignacio González en el Canal de Isabel II, su feudo durante una década. A partir de ahí trascendió que Canalda presidía Canal Extensia –filial del Canal de Isabel II– cuando se produjo la compra de Inassa, operación vehiculada a través de un paraíso fiscal: Panamá. Pero su pertenencia al consejo de Inassa justo tras la controvertida compra, era un hecho desconocido. Ahora, documentos del Registro Mercantil de Colombia constatan que en 2003 aún formaba parte de su "junta directiva". Canalda fue gerente del Canal entre septiembre de 2001 y junio de 2003.

El presidente del tribunal contable madrileño compareció el pasado día 10 en la Asamblea de Madrid a requerimiento de Podemos. Allí calificó de "absoluta y radicalmente falso" que el Canal hubiese desembolsado por Inassa un precio muy superior al de su valor real, negó tajante que se hubiera producido la "malversación" que observa el juez Velasco y reiteró que la compra había sido autorizada por el consejo de administración del Canal, el Consejo de Gobierno autonómico y la Asamblea de Madrid. De su participación en el consejo de Inassa no dijo nada.

La compra de Inassa centra una de las conversaciones intervenidas a Ignacio González por la Guardia Civil. "Eso sí que fue un pelotazo", exclamó el expresidente. En el auto de prisión de González, el juez Velasco sustenta con los siguientes datos la presunta malversación perpetrada: "La inversión realizada por el CYII [Canal de Isabel II] a través del Canal Extensia rondaría los 100 millones y el valor de la mercantil según los investigados sería muy inferior, cifrándolo en unos 30 millones".

Pero los indicios de sobreprecio no se limitan a las palabras proferidas por Ignacio González. "Como vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y presidente del CYII (Canal de Isabel II) -escribió también el juez Velasco en el auto de prisión- no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de un determinado informe jurídico".

Los investigadores aseguran que, elaborado por el bufete Cuatrecasas, ese informe había sido encargado por González. Y que cuando lo tuvo en sus manos lo ocultó en un cajón. Fuentes del caso aseguran que el expresidente no accedió a responder a las preguntas que se le plantearon sobre ese episodio durante el interrogatorio previo a su ingreso en prisión. ¿Ocultó González el informe de Cuatrecasas para dotarse de munición de reserva contra sus enemigos políticos? No se sabe. El asunto sigue siendo una incógnita.

"Que yo recuerde no cobré"

Los documentos registrales a que ha tenido acceso infoLibre muestran el nombre de Canalda como miembro de la "junta directiva" de Inassa encabeza una lista a la que se suman otros cargos del Canal en esa época, entre ellos los imputados Adrián Martín López de las Huertas y Avelino Alfredo Martínez. Sobre Canalda no pesa la condición de investigado o imputado.

En un intercambio de correos con una portavoz que recalcó el hecho de que Canalda había respondido a las preguntas de este periódico sin consultar ningún documento, el máximo responsable del órgano fiscalizador madrileño aseguró que su papel en Inassa consistía en acudir a las sesiones del consejo. Inassa tiene su domicilio social en Barranquilla, a poco más de 120 kilómetros de Cartagena de Indias.

¿Participó Canalda en la elaboración y aprobación de las cuentas de Inassa en algún ejercicio? Su respuesta fue esta: "Habría que ver las actas y si yo participé en los consejos donde se aprobaron. No lo recuerdo de verdad, pero no lo descarto". ¿Y cobró, sueldo, dietas, compensaciones de cualquier tipo como miembro del consejo de administración de la sociedad colombiana? Canalda respondió así: "No he cobrado cantidad alguna de ninguna [de las filiales del Canal a cuyos consejos se incorporó] que yo recuerde. ¡Han pasado 14 años!".

¿En cuántos consejos de administración de filiales del Canal participó Canalda? "Lo desconozco exactamente pero siempre que fui consejero en alguna de ellas lo fui en mi condición de gerente del Canal de Isabel II. También fui consejero de la Sociedad Estatal de Aguas del Tajo, igualmente como gerente del Canal".

En la conversación sobre Inassa intervenida a González, el política llegó más lejos: "La gilipollas esta no tapa nada –dijo– mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001". El expresidente y antiguo delfín de la recién dimitida Esperanza Aguirre estaba aludiendo a su sucesora al frente del Ejecutivo madrileño,Cristina Cifuentes.

En julio de 2016, cuando Anticorrupción ya investigaba lo que el juez Velasco describe ahora como un largo y continuo saqueo y después de que Podemos diera la voz de alerta en la Asamblea de Madrid, el equipo de Cifuentes denunció ante la Fiscalía General del Estado la compra de otra empresa: se trata de la brasileña Emissão Engenharia e Construção, una de las piezas esenciales de la Operación Lezo. Por Emissao, Inassa pagó 21,5 millones de euros (31 millones de dólares) en noviembre de 2013. En un mes, su valor se había desplomado ya a la mitad.