Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean en Colombia las filiales investigadas del Canal de Isabel II

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están participando en el operativo desplegado en la ciudad colombiana de Barranquilla con el foco puesto en Inassa, la principal filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica y uno de los grandes objetivos del denominado caso Lezo. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de la investigación, por la que desde abril permanecen en prisión el expresidente madrileño Ignacio González, el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, y la exdirectora financiera del Canal, Fernanda Richmond.

Con el apoyo de la Agencia Tributaria, Anticorrupción coordina el operativo, lanzado tres semanas después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, celebrara en Madrid una reunión con su homólogo colombiano, Néstor Humberto Martínez. En esa cita, ambos acordaron investigar de forma conjunta el presunto desvío multimillonario de fondos públicos del Canal de Isabel II.

Obtener nuevos datos sobre la oscura compra de la firma brasileña Emissao en noviembre de 2013 así como relativos a la participación de empresas offshore en el entramado tejido por quienes dirigían el Canal en la etapa de Ignacio González y al papel desempeñado por ciudadanos colombianos centran el objetivo de la delegación desplazada a Colombia.

Las fuentes de la investigación consultadas por este diario no han descartado que los registros se amplíen a más empresas vinculadas a Inassa y también localizadas en Barranquilla –como la compañía Triple A– o en otras de las ciudades del área caribeña del país donde las filiales del Canal llevan operando desde la pasada década.

Impulsada por Inassa, articulada a través de una empresa opaca con sede en Uruguay –Soluciones Andinas del Agua- que solo operaba con cuentas bancarias de Panamá y materializada en noviembre de 2013 con pagos que en su mayor parte se hicieron en Suiza, la compra de Emissao ocasionó, según el juez  Velasco un severo daño al Canal. En el auto por el que el 21 de abril envió a prisión a González y Rodríguez Sobrino, el magistrado cifra en “aproximadamente 25 millones de dólares la malversación y lesión al patrimonio público madrileño”.

La resolución judicial sostiene que Emissao fue “hipervalorada ficticiamente”. Y que la operación enriqueció “injustamente a determinadas personas, ya directamente participantes en estas gestiones o intermediadas por afines a ellos”.

El auto remarca que la compra se llevó a cabo sin una tasación previa independiente, sin informes de los interventores ni autorización del Gobierno de Madrid. Y con pagos “en cuentas de terceros países con opacidad respecto de las titularidades reales”. Todavía no se sabe por qué, Inassa decidió elevar al 75% el porcentaje de Emissao que había de adquirir pese a que su plan inicial consistía en hacerse solo con el 40% y dar entrada simultánea a un segundo grupo español, Essentium. La denuncia enviada por el Gobierno de Cristina Cifuentes a la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2016 ya alertaba de las irregularidades detectadas en esa adquisición.

Como ha publicado este lunes infoLibre, tres de los actuales directivos del Canal formaban parte de la junta directiva de Inassa durante el proceso de compra de Emissao. Pero los portavoces del actual equipo rector del grupo público sostienen que ninguno de los tres participó jamás en ninguna de las reuniones de la junta -órgano a caballo entre el consejo de administración y el comité de dirección– ni estuvo al tanto de las decisiones que iba adoptando la compañía colombiana. "Todo lo se lo cocinaban entre Edmundo Rodríguez Sobrino y Fernanda Richmond", resumen las fuentes.