El expresidente de la Generalitat Valenciana del PP y ex número dos de Rodrigo Rato en Bankia, José Luis Olivas, ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que durante su etapa de presidente del Banco de Valencia no tenía capacidad ejecutiva, y por tanto no disponía de "poderes" en la entidad que encabezó entre enero de 2004 hasta su dimisión en octubre de 2011, según aseguran a infoLibre fuentes presentes en la declaración.

En su declaración como investigado en el seno de la pieza principal del caso Banco de Valencia, una entidad financiera participada primero por Bancaja y tras la fusión con Caja Madrid por Bankia, Olivas ha tratado de eludir cualquier responsabilidad en el agujero de más de 17.000 millones de euros, lo que la sitúa como la tercera entidad que más dinero público ha necesitado para evitar la quiebra detrás de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (24.4000 millones de euros) y de Bankia (22.400 millones de euros).

Olivas, que ya ha sido condenado a un año y medio de cárcel por falsificar una factura al empresario Vicente Cotino, apuntó al consejero delegado en Banco de Valencia, Domingo Parra, como el verdadero responsable del hundimiento del Banco de Valencia, una entidad privada que desapareció tras más de 100 años de historia. Parra, que declara este jueves en la Audiencia Nacional como imputado, era la persona que se reunía con los inspectores del organismo supervisor.

Sólo presidía el consejo

¿Cuál fue entonces el papel de José Luis Olivas como presidente de Bancaja y de Banco de Valencia entre 2004 y 2011? Según su testimonio ante Pedraz se limitaba a presidir el consejo de administración, que se reunía seis veces al año. Y también encabezada las comisiones ejecutivas del banco, que eran doce al año.

Por cada reunión, Olivas cobraba dietas. Y según el Banco de España, el número dos de Rodrigo Rato en Bankia percibió 3,3 millones de euros de forma "irregular". Sin embargo, Olivas dio un argumento que él consideró de peso a la hora de conocer su participación en el agujero de Banco de Valencia: no tenía despacho en el banco, participado por Bancaja, que él también presidía.

José Luis Olivas, expresidente de Bancaja.

Y pese a que Olivas presidía el consejo de administración y la comisión ejecutiva, el expresidente de la Generalitat Valenciana también ha asegurado al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Banco de Valencia, Santiago Pedraz, que no tuvo información puntual de las inspecciones del Banco de España ni de las conclusiones de los funcionarios, que en todo momento advirtieron del agujero de la entidad valenciana.

No se analizó el agujero

En el mismo sentido, Olivas resaltó en su testimonio que el consejo de administración de Banco de Valencia no trató la situación en la que se encontraba la entidad, ni las advertencias de los inspectores del regulador. Y por ello, en todo momento estaba tranquilo con las cuentas de 2009 y 2010, ya que el Banco de España no realizó "requerimientos específicos".

Tampoco, siempre según las mismas fuentes presentes en la declaración de Olivas ante el juez, el expresidente valenciano tuvo conocimiento del informe de febrero de 2011 del Banco de España que anunciaba pérdidas de 200 millones de euros en las cuentas de 2010.

De esta forma, Olivas trata de eludir la acusación del delito de falsedad contable aduciendo que no tenía información puntual de las reuniones entre los directivos del banco y los inspectores del Banco de España, que no realizaron requerimientos.

Olivas también contó su versión sobre su inesperada dimisión de octubre de 2011, que fue el preludio de la intervención un mes después de la entidad financiera valenciana, que tuvo que ser rescatada con dinero público. Según el expresidente valenciano, que también está a un paso del banquillo de los acusados en el caso Bankia, dimitió de su cargo de presidente del Banco de Valencia porque este era incompatible con el de vicepresidente de Bankia, cuyo presidente, Rodrigo Rato, seguía encabezando Caja Madrid.

Renuncia de honores

Al final de su comparecencia, que superó la hora y media de duración, Olivas también ha explicado que considera que "todo estaba perfecto", sobre todo tras mantener una reunión con el subgobernador del Banco de España en octubre de 2010. 

En abril pasado Olivas anunció su renuncia a todos los honores y derechos que corresponden como ex jefe del Consell tras haber confirmado la Audiencia Provincial la condena de año y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

Olivas remitió una comunicación al presidente valenciano, Ximo Puig, en la que explica: "Como quiera que la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia dictada en su día por el juzgado de lo Penal número 6 de Valencia, renuncio expresa y voluntariamente a todos los honores y derechos que me pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en la ley 6/2002 que regula el Estatuto de Expresidentes de la Generalitat".

El colectivo ciudadano 15MpaRato ha interpuesto una denuncia por los delitos de prevaricación y falso testimonio en los juzgados de la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona contra el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde de Castro, por "ocultar" pruebas al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Bankia, Fernando Andreu, según el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

Pero el colectivo dirige también su denuncia contra el predecesor en el cargo de Linde, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; contra el ex jefe de Supervisión Pedro Comín y su sucesor, Mariano Herrera García-Canturri; y contra el director general de Regulación y Estabilidad Financiera, Julio Durán Hernández.

En concreto, 15MpaRato acusa al gobernador del Banco de España de omitir entre los correos que envió por petición del magistrado Fernando Andreu cuatro emails a los que aludió "de forma expresa y exhaustiva" el inspector José Antonio Casaus, en los que manifestaba a su superior, Pedro Comín, que la salida a bolsa de Bankia "iba a resultar un perjuicio grave para los contribuyentes", especifica el documento. 

Entre la documentación aportada "no figuraban" cuatro correos electrónicos que "sin ningún género de dudas se encontraban incluidos en el requerimiento realizado por el Juzgado, y que fueron aportados solo a partir de un segundo requerimiento expreso, de fecha 3 de octubre de 2016, al detectarse que los mismos no se encontraban entre los efectivamente remitidos. A dichos cuatro correos electrónicos hizo expresa referencia el testigo José Antonio Casaus en su declaración ante el juzgado de fecha 5 de septiembre de 2016. Finalmente dichos correos se han aportado por el Banco de España en fecha 14 de octubre", resalta la denuncia.

"Decisión de Linde"

"Resulta extremadamente anómalo que el organismo requerido, el Banco de España, haya ocultado precisamente al Juzgado Central de Instrucción los cuatro correos electrónicos a que se hace referencia, correspondiendo tal decisión en última instancia, y sin duda de forma directa, por su entidad y trascendencia, a su gobernador, el denunciado Luis María Linde", completa el escrito remitido por 15MpaRato a los juzgados de Barcelona, y que muy probablemente acabarán en los de Madrid, localidad en la que está la sede del Banco de España.

Además, según la denuncia, del contenido de los mencionados correos "se desprenden indicios delictivos" en la actuación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri y Julio Durán Hernández, "pues que, de acuerdo con la documentación mencionada, los mismos tuvieron conocimiento directo de la situación y expectativas del Grupo Bankia y obviaron cualquier actuación que evitase la salida a Bolsa del mismo".

Carácter "fraudulento"

Tales declaraciones, complementadas con los correos electrónicos, permiten suponer, indica el colectivo denunciante, que los responsables del Banco de España "tenían un conocimiento inmediato y directo" de la situación patrimonial del Grupo Bankia y que, por tanto, la salida a Bolsa podría tener carácter "fraudulento".

"Pese a los avisos y advertencias que constan, las mismas no tuvieron respuesta alguna a los efectos de fiscalizar, controlar y supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión se le ha atribuido legalmente", resalta la denuncia, que hace hincapié en el papel desempeñado en los hechos por el exgobernador del Banco de España y por Pedro Comín: "Tales correos electrónicos permiten fundamentar que, por activa o por pasiva, la supervisión del Banco de España no cumplió con sus funciones legales, y ello pese a disponer de suficientes elementos para conocer la situación real y de medios para corregirla".

Y el 1 de junio de 2011, tan sólo un mes antes de la salida a bolsa de Bankia, el inspector Casaus explica a su jefe que advirtió a Rato de que la situación de liquidez de Banco de Valencia, "de acuerdo a la posición estratégica adoptada por el Grupo", que era la de abandonar al banco a su suerte, generaría "problemas" a Bankia. Sin embargo, la dirección financiera de Bankia "dice no saber nada y que no le preocupa nada".

Estos "problemas" no trascendieron a la opinión pública, por lo que la salida a bolsa de Bankia se llevó a cabo en julio de 2011 sin que los inversores tuvieran la más mínima idea de la situación en la que se encontraba esta empresa participada por el banco que dirigía Rato, que abandonó el mismo a su suerte.

El Banco de Valencia estaba participado mayoritariamente por Bancaja hasta la fusión, cuyo dominio fue traspasado al Grupo BFA-Bankia. Y debido a ese control, según los peritos judiciales del caso Bankia, sus cuentas tendrían que haberse integrado en su matriz desde el ejercicio 2010, en el que ya se habían detectado pérdidas de unos 537 millones.

No cumple las normas

Por el contrario, el 1 de octubre de 2011 BFA-Bankia reclasificó su participación en Banco de Valencia como si se tratara de un "activo no corriente en venta" no incluyéndose, por tanto, "en el perímetro de consolidación del Grupo BFA-Bankia, mediante decisión adoptada por el presidente ejecutivo, Rodrigo Rato. Dicha reclasificación, desde un punto vista contable, no cumple con lo indicado con las normas del Banco de España", especificaban los peritos en sus conclusiones sobre la gestión de Bankia.

En el aludido mensaje electrónico de marzo de 2011, conocido este viernes, se da cuenta de que el Banco de España advirtió a Bankia de que con la bajada de rating de Moody's al Banco de Valencia, la calificación del banco valenciano quedaba "por debajo del grado de inversión, lo que imposibilitaba su acceso a los mercados".

Además, según los inspectores que controlaban las cuentas de Rato, pese a que el banco valenciano llevaba su gestión tesorera de forma independiente de Bankia, "podría necesitar el apoyo de ésta para hacer frente a los vencimientos (líneas de crédito abiertas disponibles por 970 millones)".

"Salidas anormales de depósitos"

El correo electrónico muestra un panorama para Banco de Valencia muy preocupante: "Los depósitos interbancarios que vencían en marzo (600 millones de euros) se les han ido y tienen un vencimiento de senior por 700 millones en julio. Además, están notando que desde el anuncio de Moody's la prensa local está incidiendo en su calificación de bono basura y se están produciendo salidas anormales de depósitos a plazo (70 millones en tres días). El disponible en póliza asciende a sólo 600 millones de euros".

Además, el inspector asegura en el documento que comentó a los directivos de Bankia que la situación de liquidez "es preocupante: en julio vencen 700 millones de euros y hay otros 200 millones sobre los que Bayerische Landesbank está reclamando la salida".

Entre los problemas que sufriría Bankia por su decisión de dejar a su suerte a la entidad valenciana, Casaus resaltó que Bankia "tiene 1.700 millones de euros de financiación dispuesta con Banco de ValenciaBanco de Valencia, materializada en una línea de 1.000 millones que ha quedado en BFA y otra de 1.000 millones en Bankia".

José Luis Olivas

Además, el funcionario apuntó otro nexo de las entidades: que el presidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, era entonces vicepresidente ejecutivo de BFA y de Bankia y que el banco valenciano "consolida globalmente en el Grupo BFA-Bankia".

"Según me han dicho ellos mismos", completa el inspector en su escrito en el que da cuenta de sus reuniones con los directivos de Bankia,"muchos acreedores de Banco de Valencia pensaban que Bancaja era quien estaba detrás, pues las colocaciones en el mercado las cerraba el personal de Bancaja. Además, la relación que tenían Bancaja y Banco de Valencia era tan evidente como que la financiación de 1.700 millones que tiene de Bankia son los 1.700 millones que Bancaja emitió en avaladas para, a continuación, prestárselos a Banco de Valencia".

Pese a su decisión de abandonar el banco valenciano a su suerte, los directivos de Bankia, que defendían ante el regulador que Banco de Valencia pertenecía a BFA (banco malo) y no a Bankia, aseguraron que si al final se decidía a hacer algo para ayudar al banco valenciano "tendría que ser antes del 3 de julio [fecha de la salida a bolsa de Bankia], porque un banco cotizado no puede abrir la financiación a una inversión de baja calidad".

"Otros socios"

En este sentido, en su primera declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Rato aseguró: "El Banco de España tenía clara cual era mi posición. Y no me planteó que la cambiase. Yo estaba a favor de una ampliación de capital, pero solo si hay un informe independiente que me diga que es suficiente. Y solo por el 39%. Por lo que tendría que haber otros socios considerables...". Además, explicó que mantener la liquidez del Banco de Valencia le costó a Bankia "400 millones de euros".

En el correo electrónico enviado el 10 de noviembre de 2011 por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz, el primero asegura también que en una reunión con sus interlocutores de Bankia les trasladó que el organismo supervisor consideraba que desde el 7 de de octubre de 2001, "el Grupo BFA tomó una decisión estratégica: lanzar al mercado su idea de desentenderse de Banco de Valencia", sostiene el funcionario.

"Pese a pedírselo repetidas veces desde el 13 octubre, aún no nos habían dado cifras sobre el impacto de valorar a cero Banco de Valencia, entendíamos que dicha decisión tan relevante se había adoptado por parte de Grupo BFA sin haber evaluado previamente el impacto en el Grupo, lo que desde el punto de visto de nuestra valoración del gobierno corporativo nos parecía un aspecto a tener en cuenta. La respuesta de José Luis Sánchez Blázquez [Bankia] es que en Cibeles se tenía toda la información", explica el inspector.

"Quebranto reputacional"

De esta forma, la decisión de Rato de desvincularse de este banco participado, según explican los peritos judiciales de Bankia en consonancia a las conclusiones que realizó su compañero en 2011, "proyectó al mercado la idea de que ante una dificultad significativa de una entidad filial, dependiente desde 1994, el Grupo BFA-Bankia no era capaz de gestionar y solucionar de forma privada esta situación, conllevando un quebranto reputacional, que se tradujo en una bajada de calificación por parte de Moody´s, dos meses después de la intervención".

Tan solo 11 días después de este último correo, el 21 de noviembre de 2011, un día después de las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy, Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España.

En total, la centenaria entidad financiera valenciana ha necesitado 17.000 millones de euros para evitar la quiebra. Una parte de este dinero fue a parar a Caixabank, que se hizo con la entidad por un 1 euro. A cambio, el banco de Isidre Fainé recibió una línea de crédito de 7.000 millones para reflotar el banco.

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, enviaron el 29 de abril de 2014 una carta en la que reclamaban a la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Martínez Pina, que no sancionara a la auditora Deloitte, que no alertó del agujero de Bankia.

La entidad financiera que nació de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades financieras menores ha necesitado 22.424 millones de euros de dinero público para evitar su quiebra. Además, uno de sus bancos participados, el Banco de Valencia, ha protagonizado otro rescate de 17.000 millones. Sin embargo el auditor de Deloitte en Bankia, Francisco Celma, no alertó de ningún problema en Bankia hasta que en mayo de 2012, por sorpresa, se negó a avalar las cuentas de Rodrigo Rato, que pocos días se vio obligado a dimitir.

Sin embargo, la presidenta del ICAC, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, no hizo caso a la petición de Elvira Rodríguez y Fernando Restoy, y sancionó a Deloitte con una multa 12 millones de euros por las irregularidades cometidas en la salida a bolsa. Deloitte ha recurrido la sanción, por lo que todavía no es firme, según ha explicado la empresa este lunes al juez Fernando Andreu, que es el encargado de instruir el caso Bankia en la Audiencia Nacional.

Ausencia del gobernador

En el documento que Deloitte ha aportado al sumario del caso Bankia, Elvira Rodríguez y Fernando Restoy, que firma la misiva "por ausencia del gobernador del Banco de España", aseguran que los trabajos realizados por Deloitte como consultora en la salida a bolsa de Bankia, trabajos al margen de su labor de control de la entidad financiera, se llevaron a cabo a petición de la CNMV y del Banco de España.

De esta forma, Rodríguez y Restoy tratan de eliminar la contradicción por la que fue sancionada, ya que mientras controlaba las cuentas de Bankia como auditora, Deloitte se hizo con importantes contratos vinculados a la salida a bolsa, como si de una simple consultora se tratara.

No obstante, en la carta los firmantes reconocen la posible existencia de "dudas" sobre si la ejecución de esos trabajos "colisiona" con la normativa sobre la independencia del auditor, aunque acaban concluyendo todo lo contrario: "Pensamos que el ICAC podría tener en cuenta la argumentación anterior, de manera que se entendiese razonable que la aceptación de encargos en el contexto antes indicado, con las cautelas que en su caso se considerasen necesarias, no son susceptibles de suponer un incumplimiento de las normas de independencia de los auditores".

Siguiendo instrucciones

El contenido de estas dos cartas, que no convencieron a la presidenta del ICAC para paralizar la sanción a Deloitte, ha servido para que el auditor de Bankia, Francisco Celma, argumentara en su declaración de este lunes como imputado que en todo momento actuó siguiendo instrucciones de la CNMV y del Banco de España.

Según ha destacado el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, "han aportado dos cartas, de mayo de 2013 y abril de 2014, en las que demuestran que sus trabajos de auditoría y consultoría se realizaron a requerimiento de los organismos supervisores".

El magistrado, que investiga la fusión y salida a bolsa de la entidad en julio de 2011, ha tomado declaración en calidad de investigados al propio Celma y al representante legal de la auditora. Ambos han declarado por espacio de cuatro horas y han contestado a las preguntas formuladas por el juez, el fiscal anticorrupción y las acusaciones populares.

"Un fraude"

La CIC solicitó esta diligencia después de que los peritos judiciales ratificaran que la operación de salida a Bolsa fue un "fraude" y al entender que la compañía auditora y su socio son "directamente" responsables de que cientos de miles de inversores concurrieran a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, a pesar de que tenían información más que suficiente para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían "importantes errores contables".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya tomó declaración a Celma en febrero de 2013 como testigo, una condición que le obligaba a decir verdad y le privaba de estar acompañado de su abogado de confianza.

Precisamente, las acusaciones de la Confederación Intersindical de Crédito (ICI) y el movimiento 15MpaRato han solicitado al juez Andreu que cite a declarar como imputado a Fernando Restoy, que es uno de los firmantes de la carta exculpatoria de Deloitte, y al exgobernador de Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Andreu tendrá que decidir en los próximos días si les llama a declarar como investigados o como testigos.

A las órdenes de Rato

Por su parte Elvira Rodríguez, que fue ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de José María Aznar, también coincidió en el Ejecutivo con uno de los principales imputados del caso Bankia, ya que en 1996 fue nombrada directora general de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda a las órdenes de Rodrigo Rato.

Pero esta no es la única ocasión en la que la CNMV realiza documentos susceptibles de exculpar a los investigados en la Audiencia Nacional. El 29 de mayo de 2014, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fue obligado a archivar la investigación por un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas en relación con las acciones del Banco de Valencia, según adelantó infoLibre.

En concreto, fue la dirección general de este organismo, presidido por Elvira Rodríguez, la que acordó el cierre del expediente abierto por la manipulación de las acciones el 31 de julio de 2013, "pues no encontró indicios suficientes para sustentar esa denuncia por manipulación de precios que podrían haber realizado la autocartera del Banco de Valencia o terceros que adquirieron acciones del banco mediante financiación otorgada" por la propia entidad financiera valenciana.

De esta forma, la CNMV contradecía al Banco de España, que en un informe había alertado de la intervención presuntamente irregular de los directivos de Banco de Valencia con la intención de mantener la acción a precios "muy superiores a los que hubiera tenido sin su actuación".

Cuatro años de instrucción

El caso Bankia se inició tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo 15MpaRato y UPyD -que se ha retirado del caso-, y los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del consejo de administración, así como a Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Bankia Hábitat, la filial inmobiliaria de la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri, ha vendido su paquete accionarial de la empresa de Castellón Costa Bellver por un millón de euros, cuando Bancaja la había comprado en 2009 por 65,1 millones de euros, según reconoce la entidad financiera en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las irregularidades cometidas por los exdirectivos de Banco de Valencia.

Según el juez Pedraz, Bancaja Hábitat adquirió en 2009 un paquete accionarial de Costa Bellver por un precio que era un 195% más caro que lo que había abonado la familia Calabuig tres meses antes.

"Sin perjuicio de lo que señalen los informes de valoración encargados por el juzgado, Bankia Hábitat ha experimentado ya una minusvalía efectiva de 64 millones de euros al transmitir las acciones de Costa Bellver a un precio notablemente menor al que se adquirieron esas mismas acciones (precio de venta de un millón frente a una inversión de 65,1 millones de euros)", constata el escrito enviado el 24 de mayo pasado a la Audiencia Nacional por el abogado que representa a Bankia Hábitat en el caso Banco de Valencia, que destaca también que la entidad ha perdido "el 98,5% de la inversión inicial".

El pasado 8 de abril, la empresa Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), de la familia de empresarios Calabuig, que disponía del resto de las acciones de Costa Bellver, ejercitó el derecho de adquisición preferente para hacerse con todas las acciones de las que disponía Bankia en la inmobiliaria castellonense. De esta forma, la familia Calabuig, cinco de cuyos integrantes están imputados (investigados) en la Audiencia Nacional por el caso Banco de Valencia, se ha hecho con el 100% de las acciones de la inmobiliaria.

Cumplimiento de un acuerdo

En un escrito de 27 de abril, Bankia justifica al juez Pedraz la venta a tan bajo precio de sus acciones en Costa Bellver "en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea" que obliga a las entidades rescatadas, como es el caso de la entidad presidida por Goirigolzarri, a vender sus participaciones "no estratégicas", entre ellas la inmobiliaria de Castellón: "Así pues, la desinversión en la indicada sociedad se trata de una imposición que resulta de obligado cumplimiento para el Grupo BFA-Bankia".

Bankia se refiere al memorando firmado el 28 de noviembre de 2012 entre el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, y el entonces comisario Joaquín Almunia, en el que se fijaban las contrapartidas de la ayuda europea para el rescate del sistema financiero español. En este acuerdo, el Gobierno español se comprometía a vender todas las participaciones no estratégicas de las empresas de Bankia en un plazo máximo de cuatro años, cuyo plazo finaliza en noviembre.

"Dicho sea de otro modo, Bankia Hábitat estaba obligada a vender su participación en Costa Bellver no pudiendo esperar a que cambiaran las circunstancias económicas, se avanzara en las diligencias realizadas en el contexto de este procedimiento penal o surgiera una oferta que minimizara la pérdida experimentada por mi representada en relación con su inversión en Costa Bellver", sostiene el abogado de la filial de la entidad presidida por Goirigolzarri.

Además, Bankia explica al magistrado el proceso de venta, que se inició antes de que los Calabuig anunciaran la compra de las acciones de la empresa. Así, su división inmobiliaria realizó "un proceso competitivo con potenciales inversores dirigido a la venta de la totalidad de su participación en Costa Bellver".

Proceso competitivo

"Dicho proceso competitivo", prosigue el documento enviado por Bankia al juez Pedraz, dio lugar "a la presentación de varias ofertas vinculantes, de las cuales se ha seleccionado a una de ellas", y con cuyos representantes se firmó una opción de venta que fue ejercitada por los compradores con fecha de 8 de marzo de 2016.

Fuentes de Bankia han asegurado a infoLibre que, en el caso de la venta de sus participaciones de Costa Bellver, se ha procedido de forma idéntica al resto de desinversiones. Así, se nombra a un asesor externo que se encarga de la venta, de cuyo montante final obtiene un beneficio.

Pero los estatutos sociales de la empresa que vendía Bankia incluían unas condiciones de "adquisición preferente" para el otro socio, en este caso la familia Calabuig, que tras tener conocimiento de la operación optó por hacerse con las acciones de la entidad financiera que en una reunión del consejo de administración de 8 de abril, en la que el otro socio, Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) "ha ejercitado el derecho de adquisición preferente, por lo que Bankia Hábitat ha de proceder a vender a Fucsa en los mismos términos y condiciones que los que se contienen en la oferta recibida", prosigue el escrito de Bankia.

En su documento, Bankia rechaza la petición de los Calabuig de que el juez Pedraz archive sus diligencias sobre el caso, al considerar que la transmisión de las acciones de Costa Bellver, "lejos de suponer una suerte de satisfacción extrajudicial de la pérdida experimentada por Bankia Hábitat, cristaliza el perjuicio patrimonial sufrido por Bankia en la compra de las acciones".

infoLibre se ha puesto en contacto con Eugenio Calabuig, que no ha contestado las preguntas de este diario acerca de la adquisición de las acciones de Bankia por un millón de euros.

El juez Pedraz investiga, en el marco de una de las piezas separadas del caso Banco de Valencia, el perjuicio sufrido por la citada entidad valenciana y Bancaja, así como por su sucesora Bankia, en una operación financiera para comprar acciones de Aguas de Valencia (Agval). En este negocio, Banco de Valencia, entonces filial de Bancaja, presidida por el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, se hizo también con acciones de la empresa constructora Costa Bellver, cuyo principal patrimonio era suelo en la provincia de Castellón.

Esta compraventa, según Pedraz, provocó un perjuicio importante para las entidades financieras, que participaron en un negocio que acabó siendo ruinoso para ellas. Además de actuar como socios de los empresarios, el banco y su matriz prestaron la mayor parte del dinero necesario para la operación.

Izquierdo y Parra

En esta pieza separada permanecen imputados (investigados) los exdirectivos de Bancaja Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, así como cinco integrantes de la familia Calabuig. Según el juez Pedraz, Bancaja Hábitat adquirió en 2009 un paquete accionarial de Costa Bellver por un precio que era un 195% más caro que lo que había abonado la familia Calabuig tres meses antes.

Tanto Izquierdo como Parra, al igual que el propio expresidente de Bancaja José Luis Olivas, afrontan diferentes investigaciones por su gestión de las entidades financieras que han tenido que ser recapitalizadas con fondos públicos. Banco de Valencia ha necesitado 17.000 millones para evitar su quiebra, mientras que los fondos suministrados a Bankia superan los 22.400 millones.

Las aseguradoras QBE Insurance Europe Ltd. y Markel Syndicate 3000 at Lloyd's han consignado en la Audiencia Nacional los 3.178.174 euros de fianza que le corresponden a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, después de que el instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, acordara el aumento de la misma en 4,7 millones, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El pasado 23 de noviembre el magistrado acordó la ampliación de la fianza de responsabilidad pecuniaria, hasta esa fecha de 33,5 millones, en 4.767.262 euros después de que decenas de accionistas se adhirieran a la querella poresentada en la Audiencia Nacional por la asociación 15MpaRato y la formación política UPyD contra el expresidente de la entidad financiera Rodrigo Rato y al resto de imputados por las ilegalidades presuntamente cometidas en la fusión y salida a bolsa de Bankia.

Solo la asociación de consumidores Adicae fue la responsable de una petición de ampliación de la fianza por un valor de 1.681.518 euros con la personación de 209 afectados. Las cantidades solicitadas por cada uno llegan hasta un máximo de 50.000 euros, aunque la mayor parte de ellos quiere recuperar sumas sensiblemente inferiores. La más baja es de 800 euros.

Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, las aseguradoras están obligadas a asumir la responsabilidad civil en que pudieran incurrir los administradores de Bankia por cualquier reclamación relacionada con la salida a bolsa. El límite máximo es de 20 millones de euros, que deberán asignarse a afrontar "los gastos de defensa y la constitución de fianzas impuestas a los administradores de Bankia para garantizar eventuales responsabilidades civiles".

Solvencia de Bankia

Bankia también ha aportado su parte, que asciende a 1.589.087 euros, por lo que el juez Andreu considera "bastante" la fianza consignada por los imputados, según consta en el auto que pone de manifiesto la solvencia de Bankia y el resto de imputados en la causa.

De forma paralela, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha enviado un escrito al juez en el que reclama la devolución de 180.000 euros de la fianza de 33,5 millones, lo que supone su parte de los 541.192 euros que había acordado reducir Andreu al restar las cantidades reclamadas por los preferentistas.

Fianza "innecesaria"

Por su parte, el fiscal de Anticorrupción Alejandro Luzón ha remitido un escrito en el que reitera su opinión de que la fianza es "innecesaria", ya que considera que la propia "Bankia garantiza suficientemente cualquier eventual reparación futura que pudiera declararse".

Tal y como adelantó infoLibre, alrededor de 4.000 accionistas de BankiaBankia, que perdieron gran parte del dinero que invirtieron en julio de 2011 en la salida a bolsa del banco, se han personado en el caso Bankia con la intención de recuperar el patrimonio perdido.

La petición de la operación, a la que ha tenido acceso infoLibre, la cursó el 14 de febrero de 2011 el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, que junto al propio José Luis Olivas y Aurelio IzquierdoJosé Luis Olivas fueron enviados a prisión por su presunta participación en inversiones irregulares en el Caribe mexicano que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

El reparto de los fondos fue reclamado por los directivos que hundieron el Banco de Valencia diez días después (4 de febrero de 2011) de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicara un hecho relevante en el que se anunciaba que la agencia Fitch rebajaba su calificación sobre la deuda a largo plazo de Banco de Valencia, que pasaba a ser considerada como bono basura. El 24 de marzo fue el turno de otra agencia, en concreto de Moody's, que al igual que Fitch depreció la calificación de la deuda del banco a corto plazo al nivel de bono basura.

0,055 euros brutos por acción

Sin embargo, el consejo de administración, presidido por José Luis Olivas, contando con la autorización del Banco de España y del Ministerio de Economía, aprobó en su reunión de 26 de marzo de 2011 "una retribución a favor del accionista, complementaria al dividendo satisfecho con cargo al ejercicio de 2010, consistente en distribuir 0,055 euros brutos por acción", según consta en la comunicación dirigida a la CNMV, que fue publicada el 28 de marzo de 2011.

El Banco de España dio su visto bueno a la operación pese a tener conocimiento de que los datos internos del banco apuntaban, ya desde 2009, que la cartera crediticia de la entidad "se estaba deteriorando de manera rápida". Fuentes del caso justificaron a infoLibre la decisión del Banco de España, ya que aseguraron que el pago de los dividendos se realizó con cargo a las acciones propias o autocartera, por lo que no tenía efectos sobre la solvencia y los recursos propios de la entidad.

Los trabajos de inspección de junio de 2010 hicieron aflorar, tal y como reconoce el Banco de España en el mencionado informe de 4 de abril de 2014, "significativas reclasificaciones de riesgos a dudosos y subestándar, con unas necesidades de provisiones de 420,4 millones". Pero también detectaron "deficiencias en el procedimiento de gestión del riesgo de crédito", refinanciaciones con importes concedidos en algunos casos para el pago de "intereses futuros, que debían considerarse como inversión dañada".

Ausencia de un plan estratégico

Asimismo, los inspectores del supervisor se dieron cuenta de "la dificultad de la entidad para refinanciar sus vencimientos de deuda, pero sobre todo de la ausencia de un plan estratégico que abordara la búsqueda de soluciones ante la difícil situación que la entidad atravesaba".

Estas conclusiones fueron trasladadas a los directivos de Banco de Valencia, entre ellos el propio Domingo Parra, que manifestaron que no estaban de acuerdo con algunas calificaciones, "así como que pensaban que la inspección había sido demasiado dura y no compartían la opinión de la mala calidad de la cartera".

En una reunión posterior celebrada entre los responsables de Banco de Valencia y el Banco de España, los banqueros propusieron una ampliación de capital de 370 millones de euros, al mismo tiempo que se comprometieron a que Bancaja suscribiría la parte que le correspondiera,"y cargar a reservas una parte de los ajustes dentro del proceso de integración de Bancaja en Bankia".

26 millones para los accionistas

Pese a conocer los problemas de Banco de Valencia, ni el Banco de España ni el Ministerio de Economía se opusieron al abono de los dividendos. La mencionada comunicación de la CNMV en la que se informe del pago de los dividendos no especifica el total del dinero que se iban a repartir los accionistas. Pero esta cifra sí se incluye en la petición dirigida al Ministerio de Economía: "Solicito que tenga por presentado este escrito y en méritos al mismo se sirva conceder, previo informe del Banco de España, la oportuna autorización para disponer de la prima de emisión de acciones, en cuantía de hasta 26.557.924 euros, a fin de complementar la participación del accionista en el beneficio neto del ejercicio de 2010, a razón de 0,055 euros por acción".

Para justificar este nuevo complemento, el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, adjuntó a la petición dirigida a la ministra Elena Salgado un documento en el que especificaba que los recursos computables a Banco de Valencia ascendían hasta los 1.673 millones de euros, de los que 1.272 euros correspondían a recursos propios básicos y 400 a recursos propios de segunda categoría. También explica la existencia de un exceso de recursos propios de 354 millones.

Una realidad diferente

Pero la realidad de Banco de Valencia, controlada por Bankia en un 38,33%, era bien diferente, tal y como consta en los informes de los peritos judiciales nombrados por el Banco de España para analizar las cuentas del Grupo, en el que se incluía el Banco de Valencia. A 31 de diciembre de 2010 el deterioro no contabilizado por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, era de 536 millones de euros: "Desde inicios de 2010 el Banco de Valencia está siendo inspeccionado por el Banco de España, que en noviembre de 2011 envió requerimientos a la entidad identificando un déficit de provisiones específicas de 562 millones, 393 millones netos de impuestos, que redujeron el ratio de capital principal a junio de 2011 del 7,2% al 4,9%", especifica uno de los dos informes judiciales del caso Bankia.

Además, el informe pericial recuerda que un dictamen de la consultora Price WaterhouseCoopers (PWC) de 25 de mayo de 2011, tan solo unos meses después de que se autorizara el reparto de los 26 millones entre los accionistas, apuntó la existencia de "una pérdida esperada no provisionada para inversión crediticia de entre 762 y 1.047 millones, y una pérdida no provisionada para activos inmobiliarios de entre 110 y 155 millones".

El informe apunta el origen de los deterioros de Banco de Valencia: "Es evidente que estos deterioros no se generaron en el segundo semestre de 2011 sino que venían de años anteriores, de lo que se deduce que los estados financieros de Banco de Valencia a 31 de diciembre de 2010 no expresaban la imagen fiel de la entidad".

Otro informe, esta vez del propio Banco de Valencia realizado en agosto de 2011 tras una inspección del Banco de España cursada en 2010, apunta al compromiso del consejo de administración de aumentar provisiones y capital en 200 millones de euros por la caída de las inversiones inmobiliarias.

Nueve meses después

Tan solo nueve meses después de repartir entre los accionistas los 26 millones de euros, el Banco de Valencia tuvo que ser intervenido de urgencia por el Banco de España. La entidad financiera valenciana, cuyo accionista mayoritario era Bankia, ha necesitado un total de 17.000 millones de euros para evitar su quiebra. Además, según los peritos del caso Bankia, la intervención del Banco de Valencia tuvo un efecto dominó sobre Bankia, ya que provocó un "riesgo reputacional" para Bankia, que días antes de la decisión del Banco de España se desligó de la entidad valenciana por decisión del propio Rodrigo Rato. Esta decisión de Rato también "descompuso las relaciones entre los representantes de Bancaja y Caja Madrid". 

La decisión de Rato de desvincularse de este banco participado, según los peritos, "proyectó al mercado la idea de que ante una dificultad significativa de una entidad filial, dependiente desde 1994, el Grupo BFA-Bankia no era capaz de gestionar y solucionar de forma privada esta situación, conllevando un quebranto reputacional, que se tradujo en una bajada de calificación por parte de Moody´s, dos meses después de la intervención". Según los peritos del supervisor, las cuentas del Banco de Valencia tendrían que haberse integrado en su matriz desde el ejercicio 2010, en el que ya se habían detectado pérdidas de unos 537 millones.

Reclasificó su relación 

Así, el 1 de octubre de 2011 BFA-Bankia reclasificó su participación en Banco de Valencia como si se tratara de un "activo no corriente en venta" no incluyéndose, por tanto, "en el perímetro de consolidación del Grupo BFA-Bankia, mediante decisión adoptada por el presidente ejecutivo, Rodrigo RatoRodrigo Rato. Dicha reclasificación, desde un punto vista contable, no cumple con lo indicado con las normas del Banco de España", especifican los funcionarios del regulador en el informe.

En concreto, y según las conclusiones de los peritos, Rato tomó esta determinación en solitario tras conocer que el Banco de Valencia necesitaría entre "800 y 900" millones de euros para sanearse. Tal y como prueba "una nota interna de Bankia", el presidente ejecutivo de la entidad financiera tomó la decisión de separar la entidad financiera valenciana de Bankia, que era su accionista mayoritaria. Una decisión, que según uno de los dos informes elaborados por peritos del Banco de España, que se adoptó sin el necesario respaldo del consejo de administración, algo que contravenía las normas del propio regulador y la normativa interna de BFA-Bankia.

El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha impuesto fianzas solidarias de 232 millones de euros (264,4 millones de dólares) para el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia Jose Luis Olivas, y contra los banqueros Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Rafael Codoñer y José Cortina, por las ruinosas y presuntamente delictivas inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano.

En el caso de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó el juez les impone una fianza solidaria de 626,9 millones de euros (712,4 millones de dólares). Esta medida cautelar había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez la considera procedente para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran fijar en sentencia.

El magistrado ha tenido en cuenta que los imputados tienen un profundo conocimiento del mundo financiero internacional que aconseja adoptar las medidas necesarias para que no resulten ilusorias la ejecución definitiva de responsabilidades pecuniarias.

Andorra y Suiza

Para calcular las fianzas el juez ha valorado indiciariamente en 198,3 millones de dólares, la divisa en la que se realizaron las operaciones, la cuantía de la apropiación indebida y estafa, más el tercio que prevé la ley. El abono de Ferri y Baldo se incrementa 112 millones de dólares por el delito de blanqueo en relación con sus transferencias a Andorra y Suiza.

El juez explica en siete autos, uno por cada imputado, que los hechos investigados son graves, complejos y aparentemente delictivos. Se investiga si los imputados cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México, por el grupo Grand Coral.

En concreto, se están analizando las operaciones inmobiliarias denominadas Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón y Piedras Bolas, en Baja California y Vinorana en Riviera Maya, así como las operaciones para refinanciar la deuda del citado grupo empresarial.

En el caso de Ferri, Baldo y Poch el juez cifra en 140 millones de dólares las plusvalías que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio, según el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), de 246 millones o 250 millones de dólares, según el Banco de España. Con esas plusvalías, los tres imputados iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, unas cuentas que estaban en Suiza y Andorra.

Correos electrónicos

En relación con la actuación de los máximos directivos de las entidades bancarias, el juez explica cómo los correos electrónicos intervenidos revelan el malestar de los directivos de tipo medio de Bancaja ante los continuos excesos que llevaban a cabo los empresarios investigados.

Unas quejas, las de los directivos medios, "que parecían no tener eco en sus superiores, los cuales no sólo no parecieron tomar medida alguna para corregir los excesos, sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos".

"Si bien los máximos directivos de las entidades bancarias afectadas, que mantenían una estrecha relación con los empresarios investigados, no sólo no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio de los intereses de dichas entidades y favoreciendo los intereses particulares de los referidos empresarios", indica el juez en uno de los autos, que prosigue. "Y todo ello en contra de los socios mayoritarios y de las entidades bancarias, generando un perjuicio para las mismas".

Según el juez, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia actuó como máximo dirigente de ambas entidades, interviniendo en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron con carácter urgente para comprar la finca Vinoramas.

Numerosas irregularidades

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona el juez aportan datos sobre las numerosas irregularidades observadas y la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas, de forma que los terrenos comprados se revalorizaban de forma elevada en el momento anterior a su adquisición, desviándose las plusvalías generadas a cuentas corrientes de Andorra y Suiza.

En esta actuación "difícilmente explicable" según el juez, el magistrado añade los viajes a Cuba de José Luis Olivas y otros altos cargos acompañando a los empresariosJosé Luis Olivas y sufragados por estos últimos que "difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios".

El expresidente de Bancaja, Banco de Valencia y de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, mantiene dos causas abiertas en dos juzgados diferentes por hundir el Banco de Valencia y Bancaja. El agujero de 1.700 millones en esta última entidad se unió al de Caja Madrid y provocó el rescate de 23.000 millones de Bankia, donde fue vicepresidente.

El juez de la Audiencia Nacional también ha desbloqueado las cuentas de otro imputado, el exdirector general de Bankia Hábitat, Tomás Codoñer, que podrá disfrutar de 3.000 euros mensuales en gastos personales y otros 1.700 para hipotecas. 

La decisión del magistrado se produce en contra del criterio de Anticorrupción, que era partidaria de permitir una asignación mensual de 648 euros para ambos imputados, una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional. Al extesorero del PP Luis Bárcenas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le denegó el pasado mes de septiembre una asignación de 600 euros mensuales.

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha dejado en libertad este miércoles con medidas cautelares al expresidente de la Generalitat Valenciana y Bancaja José Luis Olivas (PP) y ha enviado a prisión a dos exdirectivos de la entidad y dos empresarios tras imputarles delitos de corrupción por los créditos que esta entidad y el Banco de Valencia concedieron para financiar inversiones inmobiliarias en el Caribe, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que ha interrogado durante toda la jornada a siete de los nueve detenidos en la operación Coral, ha decretado la libertad provisional de Olivas a petición de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y tras imponerle la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado más próximo a su domicilio.

También han quedado en libertad con la obligación de realizar comparecencias periódicas el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra (una vez al mes); y Julián Dolz, director internacional de Negocio de Bancaja (cada 15 días).

El juez González también ha decretado el ingreso en prisión eludible con fianza de medio millón de euros para Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia; y José Cortina, ex director general adjunto de la caja.

De igual modo, ha decretado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y supuestos beneficiarios del "trato de favor" dispensado en las operaciones de Grand Coral.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuye indiciariamente a los siete los delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.

Todos ellos han contestado a las preguntas de la representante del Ministerio Público y de sus defensas, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, que continúan bajo secreto del sumario. La Guardia Civil también arrestó este lunes a Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja.

La investigación analiza los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y el Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones en México

Según la Guardia Civil, los préstamos financieros para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieros de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.

Una vez recibida la correspondiente financiación, los adjudicatarios de los créditos desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.

La investigación se inició con una denuncia presentada en noviembre de 2013 por Bankia Habitat, que atribuyó a los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat y a los empresarios Ferri y Baldó los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Fernando Andreu impuso, el pasado 13 de febrero, una fianza solidaria a Bankia y a sus consejeros. Ello supone que cualquiera de ellos responde del importe total de la fianza. Para evitar posibles embargos, la entidad financiera ha preferido depositar los 800 millones.

Los abogados del expresidente de Bankia Rodrigo Rato y de los antiguos miembros del consejo de administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella han estado negociando con la aseguradora Willis Iberia el pago de una parte de la fianza de 800 millones.

El plazo para que estos cuatro exdirectivos y la propia Bankia consignaran el dinero finalizaba este martes, según aseguran a infoLibre fuentes del caso, que resaltan que la negociación entre los abogados de los imputados y de las aseguradoras trata de determinar la cantidad que correspondería a cada uno de ellos.

El equipo directivo de Bankia, liderado por Rato, adjudicó en el verano de 2011 a la empresa Willis Iberia, presidida en España por su amigo, socio y exjefe Jaime Castellanos el seguro de la salida a Bolsa. Y según adelantó el diario El Mundo, este seguro sólo cubre el 17% de la fianza de 800 millones que reclama el juez Andreu, lo que supone 139 millones de euros.

Cobertura de seguros

Fuentes del caso explican a infoLibre que los 139 millones no se pueden asignar solo a los exdirectivos a los que se les reclama la fianza de 800 millones, habida cuenta de que cada uno de los imputados en la pieza principal del caso Bankia ya ha percibido un mínimo de 75.000 euros de los seguros para su defensa letrada: 50.000 euros de Mapfre [en dos pagos de 25.000] y otros 25.000 euros de Willis Ibérica. 

Estas mismas fuentes resaltan a este diario que Rato y el resto de consejeros ejecutivos tendrían derecho a una cantidad más elevada, ya que la prima de su seguro era superior.

Según la documentación aportada por Castellanos al sumario del caso Bankia, Willis Iberia subcontrató el seguro desde la matriz de Londres al 50% a las firmas Torus Insurance UK Limited y Liberty Mutual Insurance Europe Limited, que ejercieron de reaseguradoras.

Solo personas físicas

Fuentes de Bankia han confirmado la existencia de este seguro, del que no se beneficiará la entidad fianciera, habida cuenta de que sólo cubre a personas físicas. Este es el motivo por el que Bankia tendrá que afrontar de su patrimonio la parte de la fianza decretada por el juez Andreu.

En total, durante la etapa de Rato, Willis cobró de Bankia por cuatro encargos diferentes un total de 273.278 euros. Además, el expresidente de Caja Madrid y Bankia contrató en solo dos años a Lazard, otra firma dirigida por Castellanos, por 16,9 millones, de los que se abonaron de forma efectiva 5,3 millones.

La decisión del Banco de España de asignar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un perito para que lleve a cabo las tasaciones de los terrenos incluidos en una de las piezas separadas del caso Banco de Valencia ha logrado reactivar una investigación que llevaba paralizada más de un año, según confirmaron a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional.

La concesión del Banco de España se produce después de que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), un organismo público dependiente del Gobierno, se negara a ceder a dos arquitectos que determinaran las presuntas irregularidades de los dirigentes del Banco de Valencia.

Precisamente, los peritos del caso Bankia incluyeron en su polémico informe críticas a los directivos de Banco de Valencia y Bankia, entre otros a Rodrigo Rato, al considerar que las cuentas de la entidad valenciana tendrían que haberse integrado en su matriz desde 2010, año en el que ya se habían detectado pérdidas de 537 millones.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción está analizando el contenido de los informes de los técnicos de Bankia para tomar una decisión acerca de si finalmente estos trabajos se incluyen en el sumario sobre la entidad valenciana.

En el caso que investiga Pedraz, el funcionario del Banco de España ya ha iniciado su trabajo, confirman las mismas fuentes, que sostienen que el técnico asignado por el regulador podría realizar tasaciones en las otras investigaciones sobre el sumario de Banco de Valencia. No obstante, será el Banco de España el que determine si el mismo funcionario se podrá encargar de todas las tasaciones.

Agencia Tributaria

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 había solicitado el 24 de noviembre de 2013 la designación de dos peritos arquitectos de la Agencia Tributaria que fueran capaces de emitir un dictamen sobre la corrección de las tasaciones. El 2 de diciembre de 2013 el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Ménéndez, justificó la negativa por "la escasez de medios personales propios existentes".

Ante esta decisión, Pedraz dirigió una carta al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, en la que reiteraba su petición. La reclamación del magistrado se fundamentaba en el hecho de que en el caso Banco de Valencia se investigan delitos "cuya comisión ha afectado notoria y notablemente a la economía nacional". Según el Tribunal de Cuentas, el Banco de Valencia ha necesitado más de 17.000 millones para evitar su quiebra. Pero el Ministerio de Hacienda accedió a la petición de Pedraz, cuya investigación siguió bloqueada.

Tampoco tuvo éxito el juez al recurrir a la sociedad pública SegipsaSegipsa, que le contestó que no podía designar dos arquitectos que determinaran las presuntas irregularidades de los dirigentes del Banco de Valencia.

"Dificultades"

El magistrado se dirigió en diciembre a las partes personadas en el caso preguntándoles si debía archivar o por el contrario proponían ya juzgar a los máximos responsables del banco tras comprobar que sus gestiones para que le asignaran peritos no daban fruto y a la vista de "la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de la investigación judicial".

Finalmente, el magistrado recurrió al Banco de España, que ha acordado asignar a un funcionario para desbloquear el caso. Precisamente, la parálisis de la investigación convenció al abogado Diego Muñoz-Cobo, autor de la querella inicial en nombre de asociación de pequeños accionistas de Banco de Valencia (Apabankval), para presentar un escrito en el que se ofrecía a sufragar los peritajes que reclamaba Pedraz.

Asimismo, Muñoz-Cobo anunciado su intención de presentar un escrito al juez Pedraz en el que reclamará que los integrantes del consejo de administración del Banco de Valencia declaren como imputados en la Audiencia Nacional.

El terremoto judicial provocado por los informes de los peritos del Banco de España sobre el caso Bankia también tendrá efectos en el caso Banco de Valencia. El juez Santiago Pedraz ha aceptado, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, incluir en el sumario que investiga el hundimiento de la entidad financiera valenciana ambos documentos "habida cuenta de la conexidad e interés que para la causa guarda la documentación solicitada", especifica en una providencia en magistrado, que acuerda librar oficio al Juzgado Central de Instrucción número 4 de Fernando Andreu para que "remita testimonio de los informes interesados por la Fiscalía".

El Ministerio Público había solicitado los peritajes de Bankia al tener conocimiento "de los dictámenes emitidos por los peritos del Banco de España designados en esas actuaciones, los cuales refieren documentos y alcanzan conclusiones que resultan de interés para esta causa, puesto que se refieren a la situación financiera de Banco de Valencia, cuya contabilidad es objeto de análisis en este expediente", indica el escrito del fiscal dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. 

En el caso Banco de Valencia se investiga el maquillaje de las cuentas de la entidad, provocando según los querellantes de la asociación Apabankval la ruina de los inversores. Y según los informes de los peritos del Banco de España para el caso Bankia, tanto Rodrigo Rato como José Luis Olivas, este último expresidente de Bancaja y del propio Banco de Valencia, habrían manipulado los datos contables.

Mil millones

En concreto, los peritos del caso Bankia llaman la atención en numerosas inversiones presuntamente irregulares financiadas por la entidad valenciana que "beneciaban a terceros". Estas operaciones de carácter inmobiliario provocaron un agujero en la entidad valenciana de más de mil millones de euros.

Además, los funcionarios aseguran que las cuentas del banco tendrían que haberse integrado en su matriz BFA-Bankia desde el ejercicio 2010, en el que ya se habían detectado pérdidas de unos 537 millones. Pero Rato decidió desgajar la entidad, participada mayoritariamente primero por Bancaja y después por Bankia.

Pero con la decisión de desvincularse de la entidad financiera participada, Rato consiguió maquillar la salida a Bolsa de Bankia. De esta forma, el folleto a disposición de los inversores incluía un beneficio del Grupo BFA-Bankia de 205 millones, cuando en realidad tenía unas pérdidas de 331 millones.

300.000 inversores

Es decir, según los peritos, tanto Olivas como Rato no incluyeron en las cuentas el agujero del Banco de Valencia, que tampoco se reflejó en Bankia, provocando de esta forma un supuesto engaño a las más de 300.000 personas que invirtieron 3.000 millones en la salida a Bolsa en el verano de 2011.

Pero además de los últimos informes, el magistrado reclama otros documentos, como por ejemplo el realizado el 25 de mayo de 2011 por la auditora Pricewaterhouse Coopers (PWC) "sobre el diagnóstico financiero del Banco de ValenciaBanco de Valencia" o el realizado por un perito del Banco de España con fecha 1 de agosto de 2011 sobre una hipotética ampliación de capital del banco valenciano.

Archivar o juzgar

La decisión de Pedraz de incorporar los informes de los peritos de Bankia se produce después de que el propio magistrado preguntara a las partes personadas en las piezas del caso Banco de Valencia si debía archivar o proponía juzgar a los máximos responsables del banco tras comprobar que sus gestiones para conseguir peritos no daban fruto y a la vista de "la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de la investigación judicial".

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le solicitó entonces que continuara con la instrucción mientras que uno de los principales imputados, el exconsejero delegado de la entidad Domingo Parra, llegó a solicitar el archivo de las actuaciones, según informa Europa Press.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no se da por vencido tras la negativa de un organismo del Gobierno a nombrar peritos arquitectos que realicen tasaciones de varias fincas incluidas en el caso Banco de Valencia. Y por eso el pasado 11 de diciembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 dictó una providencia en la que requiere al Banco de España para que designe a "un perito experto en tasaciones".

El juez solicita al organismo regulador este nombramiento después de que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) le contestara que no podía designar dos arquitectos que determinaran las presuntas irregularidades de los dirigentes del Banco de Valencia.

Además, el funcionario designado por el Banco de España no debe haber realizado "funciones inspectoras ni de supervisión del Banco de Valencia", indica el magistrado, que desde el 24 de noviembre de 2013 viene reclamando sin éxito a la Agencia Tributaria y a diferentes organismos del Gobierno que le asignen funcionarios con la intención de cerrar ocho piezas separadas del caso, en el que está imputado el expresidente de Bancaja y del banco valenciano José Luis Olivas.

17.000 millones de rescate

En su intento por reactivar el caso, que investiga la gestión del banco que tuvo que ser rescatado con más de 17.000 millones de euros de dinero público, Pedraz dirigió una carta al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, en la que aseguraba que la participación de los peritos es "imprescindible", al tratarse de un procedimiento penal de especial trascendencia.

Precisamente el informe de los peritos designados por el Banco de España para el caso Bankia han puesto de manifiesto la importancia que tuvo en la matriz BFA-Bankia el maquillaje de las cuentas de la entidad valenciana. Según estos funcionarios, Bankia tendría que haber incluido 591 millones de euros en pérdidas procedentes del Banco de Valencia, por lo que el folleto de la salida a Bolsa tendría que haber reflejado pérdidas por 62 millones.

Pedraz pretende que el perito del Banco de España "analice [...] la corrección de las tasaciones realizadas con motivo de la financiación y dación en pago objeto de la investigación en estas actuaciones", especifica la providencia a la que ha tenido acceso infoLibre.

Irregularidades en las tasaciones

También quiere que el funcionario "informe, sobre la base de su experiencia en ese campo, sobre cualquier irregularidad en la confección de dichas tasaciones".

El magistrado justifica su determinación por la incorporación de los peritos porque "son expertos objetivos e imparciales, sin vinculación privada con ninguno de los contendientes y su imparcilidad viene determinada por su condición de funcionarios públicos, cuya actuación debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales".

La decisión de Pedraz coincide con el ofrecimiento de la asociación de pequeños accionistas de Banco de Valencia (Apabankval), que en un escrito dirigido al magistrado propone a dos peritos para que realicen las tasaciones requeridas: "Nosotros hemos identificado a expertos de reconocido prestigio que podrían encargarse de las tasaciones", asegura a infoLibre Diego Muñoz-Cobo, el letrado que presentó la querella inicial en nombre de los pequeños accionistas del Banco de Valencia, que dio inicio al caso que se investiga en la Audiencia Nacional.

Ratificación de los peritos

Por otra parte, Pedraz ha convocado a todos los peritos del Banco de España que han realizado informes sobre el Banco de Valencia para que ratifiquen desde el 26 de enero y durante cuatro días sus trabajos, de los que se desprende que los directivos de la entidad valenciana no hicieron caso de las advertencias de los funcionarios del organismo regulador.

El caso Banco de ValenciaBanco de Valencia se compone de una pieza principal, en la que se investiga la despatrimonialización de la entidad financiera valenciana, pero también de otras trece causas mediante las que el juez Pedraz trata de determinar si los antiguos administradores y directivos han cometido los delitos de apropiación indebida, en su modalidad de distracción de dinero, estafa y administración desleal.

Las ocho querellas presentadas por el FROB se centran en el diseño y aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación "verdaderamente ruinosas", principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.

Metrovacesa y Polaris World

En concreto, el FROB presentó querellas por una operación urbanística de la sociedad participada Nou Litoral para la construcción de una urbanización; la financiación conferida a la inmobiliaria Metrovacesa; la compra de dos edificios al empresario mallorquín Bartolomé Cursach; y otras tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad, entre las que se encuentra la de la promotora murciana Polaris World.

El fondo de rescate también se querelló por la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la adquisición de acciones de la sociedad Costa Bellver; la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial y la financiación del grupo inmobiliario Salvador.

Entre los imputados en estas piezas por la comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida y otros, se encuentran altos directivos del banco como su expresidente José Luis Olivas, su exconsejero delegado Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo. También están imputados el expresidente del Valencia C.F. Bautista Soler, varios integrantes de la familia Calabuig, y distintos empresarios de la construcción.

El informe de los peritos del Banco de España ha logrado identificar los principales agujeros de BankiaBankia, que ha tenido que ser rescatada con 24.400 millones para evitar su quiebra. Los funcionarios sostienen que tanto Rodrigo Rato como José Ignacio Goirigolzarri cometieron errores contables de bulto.

Y uno de los quebrantos más importantes de Bankia tuvo su origen en Bancaja, que en 2007 contabilizó como recursos propios 1.850 millones que la firma Picton y el Deutsche Bank habían invertido en Bancaja Inversiones (BISA), una empresa participada por la caja valenciana presidida por José Luis Olivas.

Pero en septiembre de 2012 Bankia devolvió a Picton y el Deutsche Bank, con el dinero del rescate del Gobierno y en virtud de los contratos suscritos por Bancaja, 1.753 millones: "Recuperando los inversores el 95% de dinero, lo cual viene a reforzar su consideración como acreedores y no como accionistas minoritarios", especifican los peritos del Banco de España, que no comparten la decisión de Olivas, Rodrigo Rato y de José Ignacio Goirigolzarri de considerar estos fondos como "recursos propios".

Picton y Deutsche Bank

En concreto, el informe explica que BISA, que se constituyó el 6 de julio de 2007, se creó con el objetivo de tomar participaciones en empresas, interviniendo en la gestión y dirección de las mismas, según consta en la documentación analizada por los peritos del organismo regulador. El 1 de agosto del mismo 2007, Picton y el Deutsche Bank entraron en el accionariado de BISA, haciéndose con el 30,01%. Por ese porcentaje pagaron 1.355 millones, manteniendo Bancaja el 69,98% de las acciones.

Además, Picton abonó una prima por la permuta financiera de 495 millones. En total ambas sociedades invirtieron 1.850 millones para su entrada en BISA. Por su parte, la Caja de Ahorros de Valencia aportó a su filial sus participaciones en Banco de Valencia (38,33%), Iberdrola (6,03%), NH Hoteles (5,66%) y Enagás (5%).

Esta inversión fue reflejada en las cuentas de Bancaja como "recursos propios", que se traspasaron, tras la fusión de Bancaja, Caja Madrid y las otras cinco cajas de ahorros, al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia.

Compromiso

El trabajo de los peritos del Banco de España ha determinado que desde un principio Bancaja se comprometió a devolver la inversión que habían realizado sus socios en BISA. "Todo ello provoca que estos contratos desvirtúen la condición de accionistas minoritarios y que los fondos aportados en la ampliación de capital sean considerados como pasivo financiero y no como patrimonio neto".

Esta operación pasó, en un primer momento, a engrosar las cuentas de Bancaja, que en la fusión se hizo con el 37,7% del total de BFA, del que era máximo accionista Caja Madrid con el 52,06%. Y lo hizo contabilizando como recursos propios unos fondos que en realidad eran de Picton y Deutsche Bank, según las conclusiones de los peritos elegidos por el Banco de España a propuesta del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Pero en su informe, los funcionarios completan que tanto en la etapa de Olivas en Bancaja, como en las de Rodrigo Rato y José Ignacio Goirigolzarri en Caja Madrid y Bankia, los 1.850 millones se mantuvieron en las cuentas como si de recursos propios se tratara. Pero todo cambió tras el rescate de Bankia, pues la entidad financiera acabó devolviendo 1.753 millones a Picton y Deutsche Bank.

"Pasivo financiero"

Así, los peritos del Banco de España resaltan que los fondos aportados por Picton en la ampliación de capital de BISA deberían haberse reflejado "como pasivo financiero y no como instrumento de capital en las cuentas anuales del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), debido a que la firma de los contratos adicionales a la subscripción de capital con Picton, desvirtúa su condición de accionista minoritario".

Pese a que en todo momento las cuentas de Bancaja y Bankia han contabilizado estos fondos como recursos propios, en septiembre de 2012, tan solo cuatro meses después de que Goirigolzarri rehiciera las cuentas de Rato solicitando un rescate inicialmente de 13.000 millones de euros, el nuevo equipo directivo "resolvió de mutuo acuerdo la estructura societaria y contractual de BISA".

La "opción de resolución anticipada" negociada con Deutsche Bank contemplaba un pago de 1.439 millones, una cifra a la que había que añadir otros 314 millones . En total los 1.753 millones a los que se comprometió OlivasOlivasy que ha acabado pagando el equipo encabezado por Goirigolzarri.

Pero esta forma de actuar del sucesor de Rato en la presidencia de Bankia es duramente criticada por los peritos, que recuerdan que de acuerdo con la normativa del Banco de España "estamos ante error contable, tanto en las cuentas anuales individuales y consolidadas cerradas a 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 de BFA formuladas el 28 de marzo de 2011 como las reformuladas el 28 de mayo de 2012 por el nuevo equipo gestor".

"Si en un futuro se analizara cualquier hecho relativo a Bancaja o Banco de Valencia como atribuible a su presidente, sería en sí un error derivado de argumentos más mediáticos que jurídicos, dado que su labor es como la de cualquier otro consejero y ajena a la tarea ejecutiva del día a día de ambas entidades".

Así se defiende Olivas en un escrito dirigido en su nombre por su abogado al magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Bankia, Fernando Andreu. El que fuera expresidente de Bancaja entre enero de 2004 y hasta su integración en Bankia, en diciembre de 2010, asegura que la unica diferencia entre el presidente de Bancaja y el resto de consejeros es que él tenía "un voto de calidad en caso de empate", circunstancia que, destaca, "no se produjo en ningún momento", especifica el documento al que ha tenido acceso infoLibre.

Dimisiones

Olivas, que con la integración pasó a ser vicepresidente de la entidad fusionada, dimitió en octubre de 2011 de su cargo de presidente del Banco de Valencia. Lo hizo unas semanas antes de la intervención por parte del Banco de España de la entidad valenciana. Y un mes después, el 22 de noviembre, Olivas también abandonó la vicepresidencia de Bankia.

La palabra "presidente puede llevarnos a engaño", porque semánticamente, según Olivas, se asocia al máximo responsable ejecutivo, "pero mercantilmente ello dependerá de los Estatutos de cada entidad". Y en este caso, destaca el escrito, los estatutos de Bancaja "prueban que José Luis Olivas no tenía ninguna facultad cuya acción u omisión pueda servir de causa de imputación de ningún tipo".

20.000 euros

Y la "mejor prueba" de que su papel era "meramente" el de presidente no ejecutivo de Bancaja, siempre según el escrito dirigido al magistrado, era que el sueldo que cobraba por llevar a cabo su labor como presidente "siempre fue inferior a 20.000 euros anuales".

La ley valenciana de cajas impedía la remuneración de los presidentes de las cajas de ahorros, aunque sí les habilitaba para que cobraran dietas, aunque siempre por debajo del sueldo asignado al presidente de la Generalitat Valenciana, que era de unos 700.000 euros anuales.

3,3 millones

Precisamente el hecho de que Olivas asegure que cobraba menos de 20.000 euros contrasta con el contenido de un certificado de una reunión de la comisión ejecutiva del Banco de España del 5 de julio de 2013, en el que se dá cuenta de que la Generalitat Valenciana no había reclamado los 3,3 millones de euros que Olivas había cobrado entre 2007 y 2012 de forma irregular en dietas como consejero de Iberdrola en representación de Bancaja.

Según consta en el informe sobre política retributiva publicado por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) con motivo de la convocatoria de la junta general de accionistas, que se celebró el 14 de mayo de 2012, José Luis Olivas recibió en dietas 73.000 euros devengados en 2010 y 91.000 por los 10 meses que ocupó la presidencia en 2011. En total, 164.000 euros. El diario Información de Alicante eleva la cifra de lo percibido por Olivas en 2011 a los 1,6 millones de euros. 

Además, en su declaración como imputado ante el propio juez Andreu, Olivas reconoció que en 2011, ya en Bankia, ganó más de 650.000 euros por sus cargos en en el grupo BFA-Bankia.

"Mero representante físico"

Pero el escrito exculpatorio de Olivas va más allá, asegurando que aunque comúnmente era nombrado como presidente de Banco de Valencia, en realidad el auténtico "presidente era la persona jurídica Bancaja "y no el señor Olivas, quien había sido designado "mero representante físico".

Y para ejemplificar al juez su razonamiento, el letrado de Olivas incluye "una analogía". "En el caso que ahora nos ocupa es como si se pretendiera imputar a parte del consejo de administración de un hospital las consecuencias de una posible mala praxis médica ocurrida en un quirófano".

Además, Olivas incluye otra línea de defensa, que consiste en que las decisiones del consejo de administración de Bancaja se adoptaron bajo recomendación de la "línea ejecutiva de la entidad", algo que, según el escrito, excluye de responsabilidad al que fuera el presidente de la entidad valenciana.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa financió el mayor pelotazo de la trama Gürtel,trama Gürtel según se desprende del informe realizado por dos peritos designados por el Banco de España a petición del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia.

En concreto, los funcionarios del organismo regulador incluyen entre las operaciones "irregulares" de Caja Madrid la financiación para una operación urbanística en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), en la que FranciscoCorrea habría percibido un mínimo de 12 millones, según la Policía Judicial.

El documento de los peritos explica que el préstamo a Martinsa-Fadesa, de unos 73,5 millones, será analizado por un expertoMartinsa-Fadesa independiente antes de que pueda ser remitido a la Fiscalía Anticorrupción. "La otra operación objeto de revisión es la adquisición de unas fincas correspondientes a la Unidad de Ejecución 124 Área de Centralidad localizadas en Arganda del Rey", que es el nombre técnico que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio del sur de Madrid otorgaba a las fincas municipales por las que Martinsa-Fadesa podría haber obtenido unos ingresos de 535 millones.

infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, principal dueño de la empresa, quien ha asegurado que el crédito se hizo correctamente: "Lo hicimos bien y no tengo nada que ocultar", espetó Martín, cuya empresa cayó en concurso de acreedores en 2008.

Interpelado por este periódico sobre el informe de los peritos designados por el Banco de España que ha detectado irregularidades, Martín completó: "El crédito lo concedió Caja Madrid y fue absolutamente claro y transparente; con una tasación y una petición muy inferior a la situación de la adjudicación. Por lo tanto el crédito fue absolutamente regular y si alguien dijera otra cosa, yo ya tomaría las medidas pertinentes".

12 millones para Correa

El compañero de Andreu en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, mantiene abierta una pieza separada del caso Gürtel en el que investiga la mayor comisión percibida por el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. Y según estas pesquisas, el empresario vinculado al PP se embolsó al menos 12 millones, aunque otros documentos policiales llegan a doblar esta cantidad y sitúan en los 24 millones la mordida.

Ruz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que Correa pudo haber intermediado entre Martinsa-Fadesa y el Ayuntamiento de Arganda del ReyMartinsa-Fadesa, entonces presidido por Ginés López (PP), que fue obligado a dimitir tras ser imputado en el caso Gürtel.

Pese a que Fernando Martín, el propietario de Martinsa-Fadesa siempre ha defendido la legalidad de la adjudicación, la operación tenía todo lo necesario para ser considerado un pelotazo. Martinsa pagó 77 millones al Consistorio por un terreno que meses después triplicaba su valor. De hecho, la promotora encabezada por Martín, también imputado en el caso Gürtel, vendió un tercio de los terrenos por 73 millones.

Un testigo del caso Gürtel aseguró al juez Ruz que el Ayuntamiento de Arganda modificó las condiciones del contrato de adjudicación, favoreciendo de forma clara a Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran de promoción pública. Este número de casas podría haber supuesto unos beneficios, según el testigo, de unos 336 millones tras su comercialización.

Así, la aprobación definitiva del Consistorio y de la Comunidad modificó los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 eran de protección pública. Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que suponía un aumento de 199 millones, siempre según las conclusiones del testigo.

Lapuerta advirtió a Aguirre

Por su parte, en su declaración por escrito como testigo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre reconoció que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba presente en su despacho de la madrileña Calle Génova, en la sede nacional del PP, cuando ella misma se reunió con el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, para hablar del pelotazo urbanístico de Arganda. La cita tuvo lugar en 2004, cinco años antes de que el juez Baltasar Garzón sacase el caso de corrupción a la luz.

La presidenta del PP de Madrid testificó que fue Lapuerta quien convocó la reunión en la sede del partido. En el mismo despacho del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "en su presencia", le advirtió de que en los Ayuntamientos de Majadahonda y Arganda pretendían vender parcelas con un claro perjuicio para los Consistorios.

El entonces regidor de Arganda, Ginés López, le indicó que la parcela estaba ya adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento había sido absolutamente legal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, destacó Aguirre.

Pero los peritos del Banco de España analizan una segunda operación en la que Martinsa-Fadesa pudo haber recibido "un trato de favor" –además de la financiación de los terrenos de Arganda–, en relación con los 875,82 millones prestados por Caja Madrid en relación con "operaciones cuya finalidad era la refinanciación de la deuda vinculada a la OPA efectuada por Martinsa sobre Fadesa". La compra se produjo en diciembre de 2007, apenas unos meses antes de que Martinsa-Fadesa declarara el concurso de acreedores, provocando un importante agujero en Caja Madrid.

Martinsa-Fadesa presentó el concurso de acreedores por un montante superior a los 6.200 millones. Pero en 2007 logró evitar las pérdidas en su contabilidad gracias a una revalorización contable de 4.617 millones de los activos que había comprado a Fadesa. Y partiendo de una tasación realizada por Tasamadrid, según publicó El País.

Los peritos recurren a la auditoría de Caja Madrid de 2010 para explicar las irregularidades detectadas en la financiación de la compra de Fadesa. "Solo el 28% de la deuda tiene garantía real. Caja Madrid fue una de las entidades que más riesgo asumió en la financiación del proceso de fusión con Fadesa en diciembre de 2007".

La salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 a un precio de 3,75 euros la acción quebró a la matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), según un informe de dos peritos designados por el Banco de España conocido este jueves, que asegura que esta decisión perjudicó a los accionistas y preferentistas.

"El precio fijado, 3,75 euros por acción, que suponía un descuento sobre el valor contable del 74%, volvió inviable a BFA, al romper el grupo fiscal y dañar la recuperabilidad de sus cuantiosos activos fiscales y al causar una gran pérdida del valor de su participación en Bankia, en perjuicio de sus accionistas y acreedores, principalmente los tenedores de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes, así como el propio FROB", explican los peritos del organismo supervisor.

Rodrigo Rato

El informe, que es muy duro con la gestión de Rodrigo Rato, sostiene que las cuentas de Bankia y de BFA, no reflejaban la realidad de las entidades financieras durante la salida a Bolsa: "Los estados financieros de BFA incluidos en el folleto de emisión no expresaban la imagen fiel de la entidad. Tampoco los de Bankia".

Además, unos meses después de la salida a Bolsa, "las cuentas se reformularon para contabilizar saneamientos adicionales de activos y préstamos inmobilarios que al menos en parte correspondían a fechas anteriores a la salida a Bolsa de los que, según la documentación examinada, no puede alegarse desconocimiento, porque Bankia tenía la información necesaria, o estaba a su alcance conseguirla para establecer la correcta valoración de los activos".

También contra la gestión de Olivas

Pero además de a Rato, el informe del Banco de España también critica la gestión de José Luis Olivas, el número dos de Bankia, y que había sido máximo responsable de Bancaja y Banco de Valencia. Los peritos aseguran que las cuentas del año 2010 de Banco de Valencia, tampoco reflejaban la situación real.

El Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España el 21 de noviembre de 2011, meses después de la salida de Bolsa de Bankia. "Se sostiene que el deterioro no se pudo conocer en la integración porque la entidad funcionaba de forma autónoma. Este argumento es incompatible con el hecho de consolidar una entidad por integración global en virtud del control ejercido. Banco de Valencia estaba integrado en Bancaja desde hace 16 años y su deterioro tenía que ser conocido necesariamente por los miembros del consejo de administración de BFA y de Bankia originarios de Bancaja, que a su vez ocupaban la presidencia y la vicepresidencia de Banco de Valencia".

"No fue modelo de concurrencia"

Pero los peritos ponen también en tela de juicio el modo en el que los directivos de Bankia fijaron el precio de la acción en la salida de Bolsa, llegando asegurar: "No fue un modelo de concurrencia", asegurando que se determinó el precio en base a las ofertas de 29 grupos económicos: "Algunos incluso con relaciones de dependencia con el grupo BFA".

"Se han detectado compras inexplicables, realizadas por acreditados con riesgos refinanciados y retrasos generalizados en el pago de sus cuotas. Se han detectado ventas inmediatas tras la salida a Bolsa que ponen en duda el interés real de algunos inversores". Además, constata el informe de los peritos del Banco de España, Bankia asumió 26 millones de euros de las pérdidas registradas por Corporación Gestamp SL en la salida a Bolsa.

En concreto, los peritos del Banco de España especifican que sociedades "dependientes" de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), presentaron órdenes de compra no vinculantes por un importe total de 357 millones de euros durante el periodo de colocación de las acciones de la salida a Bolsa del banco sin las cuales los límites para considerar exitosa la operación no se hubieran alcanzado.

"Sin estas ofertas, las acciones ofertadas se habrían reducido a 284 millones de acciones y no hubieran alcanzado el mínimo fijado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", indican.

Entre estas sociedades "dependientes" se encontraba Mapfre, asociada a BFA, que poseía un 15% de su capital y que presentó órdenes de compra por 281 millones. Hasta 17 inversores adquirieron acciones a pesar de tener riesgos refinanciados, "por lo que no se entiende que compraran acciones teniendo problemas en el servicio de su deuda".

La distribución por volumen de las órdenes al precio de 3,75 euros indica que 57 ofertas de 29 grupos económicos acumulaban 1.247 millones de euros o 332,5 millones de acciones, el 100,2 por ciento del mínimo requerido por la CNMV.

El precio de la acción se rebajó a 3,75, por debajo de la banda de precios aprobada el 28 de junio que iba de los 4,41 a 5,05 euros porque sólo se había localizado demanda suficiente a ese precio más bajo si se quería cubrir el requisito exigido por la CNMV, que era de 329.828.901 acciones en el tramo institucional, un 40 por ciento del total.

El informe también destaca que la distribución de órdenes a 3,75 euros por colocadores muestra que "Bankia encontró mercado", pero otras entidades colocadoras no. El banco se ocupó del 86 por ciento de total ofertado, mientras que las restantes entidades colocadoras sólo captaron órdenes por el 33,7 por ciento.

Ventas sospechosas

Los dos peritos también señalan que varios inversores del tramo institucional de la salida a Bolsa vendieron las acciones adquiridas pocos días después de su compra. Resaltan, en concreto, la operación efectuada por la Cámara de Comercio de Madrid, que vendió su inversión de 12 millones de euros (3,2 millones de acciones) sólo dos días después de comprarlas.

"Estos casos de ventas inmediatas plantean serias dudas sobre los motivos de la suscripción", destaca uno de los dos expertos del banco de España en el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El perito también se refiere a distintos acreditados de la entidad con riesgos refinanciados calificados subestándar, como Áreas de Construcción y Promoción Level SL, Ferrocarril e Intermediación y Patrimonio SL y Teyco SL que "vendieron rápidamente sus acciones".

La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) ha contestado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no puede llevar a cabo su solicitud de que aporte dos peritos arquitectos que determinen las presuntas irregularidades de los dirigentes del Banco de Valencia, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso infoLibre.

La ausencia de arquitectos que valoren varios terrenos impide desde el 24 de noviembre de 2013 al magistrado de la Audiencia Nacional cerrar las primeras pesquisas del caso, compuesto por una investigación principal y una decena de piezas separadas. 

Ante esta situación de bloqueo, Pedraz dirigió a la desesperada en junio pasado una carta al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, en la que le informaba de que la participación de los peritos en la instrucción es "imprescindible", al tratarse de un procedimiento penal de "especial trascendencia".

17.000 millones de euros

El Banco de Valencia tuvo que ser rescatado con 17.000 millones de euros de dinero público. Además, la investigación del caso Bankia ha puesto de manifiesto la importancia de la caída de esta entidad financiera en el posterior desplome de Bankia, que ha necesitado más de 24.000 millones para evitar su bancarrota. 

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha visto cómo se paralizaban las tres primeras acusaciones del caso Banco de Valencia, ya que no dispone de dos peritos arquitectos que se encarguen de determinar las presuntas irregularidades de sus dirigentes.

En una providencia del pasado 26 de noviembre, el juez Santiago Pedraz da cuenta de que la empresa de capital público Segipsa "no puede llevar a cabo la solicitud de designación de dos peritos teniendo en cuenta el régimen jurídico de encomiendas".

"Dificultades"

Esta decisión de la sociedad pública ha colmado la paciencia del juez, que muestra su frustración en la resolución del pasado miércoles 26 de noviembre: "Ante la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de esta investigación judicial y del resto de diligencias previas con el mismo objeto, para la elaboración de la tasación pericial acordada, confiérase traslado del contenido de su respuesta a las partes", asegura Pedraz.

Además, el magistrado otorga un plazo de 10 días para que las partes personadas le presenten un escrito, "solicitando la práctica de diligencias complementarias, en su ocaso, o la adopción de alguna de las resoluciones prevista en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El mencionado artículo incluye la posibilidad de pedir la apertura de juicio oral o el archivo de la causa, entre otras.

infoLibre ha conversado con una acusación participar que en estos momentos estudia la posibilidad de encargar a una empresa privada la valoración de los terrenos que reclama el magistrado de la Audiencia Nacional para finalizar las primeras piezas separadas del caso Banco de Valencia.

El pasado 20 de noviembre de 2014, la presidenta de Segipsa, Alicia Díaz ZurroSegipsa, envió un escrito a Pedraz en el que aseguraba que esta empresa, es un medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado para la realización de determinados trabajos o servicios, siempre que dichos trabajos recaigan sobre cualquier bien o derechos integrados en el Patrimonio del Estado o en otros Patrimonios Públicos.

"Encomiendas"

"En consecuencia, teniendo en cuenta el régimen jurídico de encomiendas, esta sociedad estatal no puede llevar a cabo la solicitud de designación de dos peritos, a los fines indicados en su carta", refleja el escrito. Las encomiendas son los encargos directos que realizan los organismos públicos a otras entidades públicas consideradas "medios propios instrumentales", sin mediar concurso.

Pero además de esta supuesta restricción, la dirigente de la sociedad estatal explica a Pedraz que en la actualidad los recursos de Segipsa para realizar un trabajo técnico de las características indicadas actualmente están dedicados plenamente al cumplimiento de trabajos encomendados de conformidad a lo establecido en dicha norma.

Tras solicitar ayuda el 24 de noviembre de 2013, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Ménéndez, contestó el 2 de diciembre con una negativa. Según pudo comprobar este diario, el responsable de Hacienda justificó esta decisión por "la escasez de medios personales propios existentes".

Riesgo para Hacienda

Para el director general de la Agencia Tributaria, aportar dos empleados públicos para investigar el caso mermaría las posibilidades de actuación que "en el cumplimiento de los intereses generales, corresponden a la Agencia Tributaria, ocasionando riesgo para el normal funcionamiento del servicio público que le compete, con la consiguiente lesión de los intereses colectivos que tutela".

Además, Menéndez sostiene que la "ausencia de medios humanos" para prestar la colaboración con Pedraz "es una realidad probada" porque la Agencia Tributaria mantiene un contrato de asistencias técnicas que permanece vigente.

Con la intención de desbloquear el caso, el juez recurrió al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete. Le envió una carta en la que destacaba que en el caso Banco de Valencia se investigan delitos "cuya comisión ha afectado notoria y notablemente a la economía nacional", hasta el extremo de que fue necesaria la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Fondo de Reestructuración

Además, el juez indicaba en la carta que la petición de funcionarios se justificaba por la necesidad de comprobar el contenido de las querellas presentadas por el FROB, un organismo dependiente del Gobierno, en las que asegura que las tasaciones se realizaron de una forma que incumplía la normativa.

El magistrado pretende recurrir a funcionarios porque "son expertos objetivos e imparciales, sin vinculación privada con ninguno de los contendientes y su imparcialidad viene determinada por su condición de funcionarios públicos, cuya actuación debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales".

La complejidad del caso Banco de Valencia ha obligado a la Fiscalía Anticorrupción a desplegar un plan especial para investigar todas las presuntas irregularidades, según ya publicó infoLibre.  El Ministerio Público ha asignado a cinco fiscales a investigar las diferentes irregularidades que por el momento se han detectado. "El Banco de Valencia está dando un trabajo infernal", confirmó un portavoz de Anticorrupción.

El Gobierno insiste en que Bankia no tiene derecho a reclamar los 3,3 millones de euros que el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, cobró indebidamente en concepto de dietas por su participación en el consejo de administración de Iberdrola –empresa participada por la caja–, y reitera que es la actual Fundación Bancaja la que debe exigir la devolución de ese dinero.

Así lo señala en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado valenciano de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, quien en una pregunta escrita criticó que "nadie haya reclamado el dinero" ingresado por Olivas entre 2007 y 2012, a pesar de que el Banco de España había reconocido que se cobró "de forma irregular", conculcando la Ley de Cajas valenciana vigente en 2010.

Sixto también recuerda que el propio Banco de España acordó en julio de 2013 comunicar por carta a la Generalitat Valenciana esta irregularidad, dado que el Gobierno regional no había informado a Bancaja de la situación, aunque tanto la Consellería de Hacienda como el Instituto Valenciano de Finanzas, que "controla las fundaciones herederas de las cajas", niegan tener conocimiento de dicha comunicación.

El supervisor también se habría puesto en contacto con la dirección de Bankia –en la que quedó incorporada Bancaja tras la fusión de siete cajas de ahorros– para indicarle que se exigiría a la Generalitat que reclamara el dinero percibido por Olivas. Sin embargo, la entidad ahora presidida por Ignacio Goirigolzarri "considera que no es ella la que tiene que exigir la devolución", resume Sixto.

"En definitiva, nadie ha reclamado el dinero que el propio Banco de España aseguró que se había cobrado de forma irregular. ¿Tiene el Gobierno previsto adoptar alguna medida al respecto, dado el rescate que con dinero público se ha tenido que realizar a Bankia?", pregunta ante estos hechos el diputado de la Izquierda Plural.

Sin embargo, el Gobierno asegura en su respuesta, que recoge Europa Press, que "Bankia no tendría derecho a reclamar cantidad alguna" de Olivas, y que es la actual Fundación Bancaja la que ostenta el derecho de reclamación, en su caso, de los 3,3 millones de euros.

En este sentido, se recuerda también que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no tiene "ningún tipo de relación accionarial ni potestad supervisora o de control" sobre la Fundación Bancaja, y que lo único que puede hacer (y ha hecho) es "poner en conocimiento de la Fiscalía todas aquellas irregularidades que se han detectado en las entidades bancarias intervenidas", como Bankia.