El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha afirmado tras la salida de EU, Podemos y Anova que "el espacio político" de este partido instrumental "está más cohesionado que nunca". "Hoy somos más marea que nunca", ha incidido Villares este lunes a preguntas de los periodistas sobre la división en dos candidaturas de la confluencia gallega para las elecciones generales del próximo 28 de abril, a las que no concurrirá Anova, informa Europa Press.

En la línea de lo expresado el pasado viernes, cuando aseguró que "no hay ruptura" en En Marea sino "el abandono del barco de unos pocos" –en referencia a EU, Podemos y Anova–, el magistrado lucense ha insistido en que En Marea está en la actualidad "más cohesionada que nunca" y encara la cita con las urnas "como marca política consolidada" entre la ciudadanía.

Con todo, la división en dos candidaturas de la confluencia ha derivado en que los diputados que en los últimos cuatro años han representado las siglas En Marea en el Congreso van a competir electoralmente con dicha marca, ya que Esquerda Unida y Podemos Galicia decidieron desmarcarse del partido instrumental (que tiene el control del nombre 'En Marea') y apostar por la reedición de una candidatura en forma de coalición que ha sido bautizada como En Común-Unidas Podemos.

Una coalición en la que no estará Anova, que decidió no presentarse a las elecciones generales después de fracasar las negociaciones con EU y Podemos al no haber sido posible configurar un "acuerdo entre iguales similar al de 2015", como reconoció el portavoz de la organización nacionalista, Antón Sánchez, en una entrevista concedida a Europa Press el pasado sábado. "No me corresponde a mí evaluar lo que pasó en el otro lado", ha indicado Villares a preguntas de los periodistas sobre el fracaso de las negociaciones para la inclusión de Anova en la coalición de Esquerda Unida y Podemos Galicia, conversaciones que encallaron a la hora de pactar los cabezas de lista por cada provincia, especialmente en la de Pontevedra, puesto que finalmente ocupará la ferrolana Yolanda Díaz.

Villares ha subrayado que En Marea ha elegido a sus candidatos "sin pactos de despachos" mediante unas primarias en las que "cualquier persona pudo candidatarse", si bien finalmente solo concurrieron al proceso interno listas propuestas por la dirección del partido instrumental encabezada por el magistrado lucense. Asimismo, ha insistido en que no existe ruptura en En Marea porque, según Villares, tanto "en la dirección" como en "las listas" del partido instrumental hay "militantes de Anova y de Podemos" que creen en un proyecto "con un espíritu ciudadanista que decidió soltarse de los corsés partidarios".

Esquerda Unida, la marca gallega de IU, ha denunciado ante la Fiscalía a la Fundación Nacional Francisco Franco por un posible delito de odio ante la "negación de los crímenes de lesa humanidad" cometidos por el régimen durante los años de la dictadura.

Este lunes, la coordinadora nacional de EU, Eva Solla, y el secretario de organización, Rubén Pérez, han presentado ante el Ministerio Público con sede en Santiago una denuncia en la que piden que se investigue a la fundación en honor al dictador por sus declaraciones y comunicados.

En el mes de agosto, tras las peticiones de ilegalización de la fundación por parte de varios grupos políticos y organizaciones, la entidad emitió un comunicado en el que "Franco no fusiló a nadie" y que entre las funciones de la entidad está la defensa de víctimas del Frente Popular y la reclamación de que se produjo "un genocidio de católicos".

Para Esquerda Unida, esta y otras declaraciones realizadas en los medios por representantes de la Fundación Francisco Franco pueden constituir un delito de odio "por negación de los crímenes de lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil española y los 40 años de régimen dictatorial.

"Estamos hablando de delitos de odio y hechos muy graves que forman parte de la historia reciente de este país", ha asegurado Rubén Pérez, quien ha pedido que "haya una corresponsabilidad judicial y se abra un proceso de investigación".

Unión Europea

Además, Esquerda Unida también ha instado a la Unión Europea a que estudie "dentro de la jurisprudencia de los Derechos Humanos" europeos si las declaraciones de la FNFF podrían constituir un delito.

Cuestionado sobre si existen precedentes de casos similares, Rubén Pérez ha declarado que "si no los hay parecidos", el objetivo es que "se siente jurisprudencia y sirva para evitar lo que pasa en las calles de este país", en el que "hay banderas fascistas ondeando". "No son banderas normales, estamos hablando de algo muy grave", ha apostillado.

Acusan al Gobierno de "inacción"

Por su parte, Eva Solla ha cargado contra el Gobierno central por su "inacción" frente a este tipo de actos, así como por permitir "una polarización total de la ciudadanía y que se sigan organizando y produciendo actos de exaltación del franquismo".

De este modo, ha censurado que el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy "sigue sin cumplir" la Ley de Memoria Histórica, que para EU es una norma "exigua".

"Los mismos que se lucran de lo que es de todos y de todas, no protegen a los ciudadanos, inciden en la polarización y están creando un clima peligroso en el que se producen estos presuntos delitos de exaltación del régimen franquista", ha concluido.

La diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz ha instado al portavoz del partido instrumental, Luís Villares, a "repensar" el rumbo tomado por la formación rupturista. "Si yo fuera Luís Villares repensaría lo que estamos haciendo, estamos divididos por la mitad y es difícil construir así", ha asegurado.

"Toca repensar, parar y, colectivamente, tender la mano para construir una fórmula que nos haga ser capaces de construir Galicia", ha declarado Díaz en una entrevista concedida este domingo a Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha "lamentado" que se esté "perdiendo una oportunidad" para construir una alternativa de Gobierno al PP en la comunidad.

Además, ha evitado pronunciarse sobre si respaldaría a Villares como candidato de la fuerza rupturista en las próximas elecciones autonómicas. Díaz cre que "todavía es pronto", por lo que "no se atreve a decir nada" ni "se atreve a decir lo que va a pasar" de aquí a 2020.

La dirigente también ha asegurado que "no le gusta hablar mucho de peleas internas" porque "sirven para poco", y ha llamado a su partido a "hablar de los problemas de la gente" para "construir un camino" que les dieron los ciudadanos conviertiéndolos en "la segunda fuerza política" en Galicia.

No obstante, también ve las divisiones como "algo habitual en todos los partidos", pues "forma parte de la vida política que haya discrepancias". Díaz también "quiere pensar que no se están anteponiendo los intereses personales" por encima de los de la formación.

Los alcaldes y Beiras

Con respecto a los alcaldes de las mareas –Martiño Noriega (Santiago), Xulio Ferreiro (A Coruña) y Jorge Suárez (Ferrol)–, Díaz los ha erigido como "claves para el futuro" de la formación y les reclama "mayor implicación en el proyecto", pues "hay que contar con ellos e ir parejos" a la municipalidad.

"Beiras es el gran referente de este país y tampoco se puede construir nada sin él", ha asegurado con respecto al histórico líder de Anova, Xosé Manuel Beiras. "Es impensable hacerlo sin todo lo que él representa, es una pieza imprescindible", ha proseguido.

Feijóo, un "turista" en Galicia

Yolanda Díaz ha arremetido contra Feijóo por su actuación en la solicitud de traspaso de la AP-9, a la que el Gobierno de su partido en Madrid se opone y que, incluso, ha vetado que la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego sea sometida a debate en el Congreso de los Diputados.

Para la de En Marea, el presidente gallego "podría haber hecho mucho más", pues esta vía es "esencial para Galicia" y, por lo tanto, Feijóo "debería estar peleando todo el día" para garantizar su transferencia. Además, ha acusado al titular de la Xunta de estar "como un visitante" y "un turista sin hacer nada" con su mayoría absoluta.

Sobre la polémica en torno al Pazo de Meirás de Sada (A Coruña), ha afirmado que Feijóo "se pone de perfil" y que es él "el que tiene que emprender las acciones y la defensa de la legalidad" para que el bien "vuelva a manos de la ciudadanía", para lo cual ha adelantado que En Marea solicitará la comparecencia del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.

"Es posible desbancar a Mariano Rajoy"

Con respecto a la relación del partido con el PSOE tras la reelección de Pedro Sánchez como secretario general, Díaz "confía" en que mejore pero se muestra "prudente" porque "ya vieron varios Pedros Sánchez", ha asegurado.

Lo que la dirigente pide es que el socialista "dé cumplimiento a lo que dijeron las bases", que quieren un "giro claro y nítido de las políticas del PSOE a la izquierda".

Acerca de una posibilidad de un acuerdo de la izquierda para vetar a Rajoy, Díaz ha asegurado que se toma "muy en serio las reuniones" y ha afirmado que "sí es posible" desbancar al líder del Ejecutivo, porque "no hay ninguna razón para que esté Rajoy como presidente del Gobierno", ha concluido.

Los hechos se remontan a 2003, aunque no trascendieron hasta 2005. En marzo de ese año, la Consejería de Sanidad del Gobierno regional de Madrid destituyó a la cúpula del Hospital Severo Ochoa basándose en una denuncia anónima que acusaba a quince médicos de haber cometido “400 homicidios” en el servicio de urgencias del hospital. El por entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela –Esperanza Aguirre lo nombró consejero y fue ejecutor de la primera fase de privatización de varios hospitales de la Comunidad de Madrid por la que años después se le imputarían los delitos de prevaricación, cohecho y malversación–, fundamentó la denuncia y el caso llegó a los tribunales, que finalmente sentenciaron que no había habido mala praxis médica.

Han pasado diez años y muy poco ha cambiado la situación de los pacientes terminales que desean tener una muerte digna, así como la cobertura legal de los médicos que podrían ayudarles, pero las circunstancias pueden cambiar pronto debido a que el PP, que en su programa no incluyó legislar sobre a esta cuestión, gobierna en minoría y son varios los partidos que están presentando proposiciones de ley en el Congreso.

La eutanasia —no confundir con la eugenesia, que es el estudio de las leyes genéticas orientadas al perfeccionamiento de la especie humana–, es la muerte sin sufrimiento físico, la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin posibilidad de cura. Un concepto diferente de la sedación paliativa (la administración de fármacos para reducir la consciencia de un paciente en estado terminal) y del suicidio asistido (ayudar a una persona que desea acabar con su vida).

En España sigue mandando el artículo 143.4 del Código Penal, que castiga “al que causare o cooperase activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes o difíciles de soportar”.  Un artículo que, según Fernando Marín, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (ADMD), es una “excusa para no respetar la voluntad del paciente” que contradice la ley que en 2002 reguló la autonomía del paciente. El artículo 2.4  de esta ley otorga a todos los pacientes el derecho a  “negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito”. Dichas excepciones se recogen en la ley de 1986 y son los casos en los que la no intervención suponga un riesgo para la salud pública o cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas allegadas.

Fernando Marín reconoce que, “después de la falacia del Severo Ochoa, las leyes han mejorado, pero no han supuesto un avance en la mejora de la muerte”.

El retraso en legislar se hace más palpable si se compara con la situación en otros países. En el mundo son ya siete los países en los que es posible poner fin a la vida un enfermo sin posibilidad de cura. Son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos y Canadá. El último en sumarse a la lista ha sido México: el proyecto de Constitución de la Ciudad de México aprobó el derecho a la muerte digna con 56 legisladores a favor. La reforma abre el debate en la capital del país, que contempla la eutanasia como una de las opciones para los enfermos.

Holanda

En Holanda llevan más de 30 años debatiendo públicamente sobre la muerte digna. En los años 70, los tribunales fueron creando una línea jurisprudencial que tendía a absolver los casos de eutanasia si se cumplían los requisitos que la Real Asociación Holandesa de Médicos iba estableciendo a lo largo de los años.

En 1973, la médica holandesa Gertrude Postma fue juzgada por ayudar a morir a su madre sorda, ciega y dependiente tras un infarto cerebral. El juez consideró que no existía ninguna alternativa terapéutica para aliviar el sufrimiento de la enferma y condenó a Postma con una sentencia simbólica.

Tras estos acontecimientos, en el año 1985 se constituyó una Comisión Estatal para la Eutanasia y en 1992 se promulgó una ley que modificaba la anterior de Inhumaciones. Finalmente, en 2002, entró en vigor la Ley de comprobación de la terminación de la vida a petición propia y de auxilio al suicidio.

Esta ley establece los requisitos para despenalizar la eutanasia, que sigue prohibida por el Código Penal holandés. Así, la ley holandesa no permite la asistencia al suicidio –“será castigado con pena de cárcel de hasta doce años y multa”– a menos que sea un médico quien la practique. Los requisitos que no hacen punible la práctica de la eutanasia son, en primer lugar, que la persona a la que se le o auxilio al suicidio sea residente en Holanda.

En segundo lugar, el médico debe estar convencido de que la petición es voluntaria está bien meditada y expresa los deseos del enfermo; es decir, que el paciente sea plenamente capaz  y se haya reiterado en su voluntad. En tercer lugar, es necesario que se constate un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejora.

En Holanda es indispensable que se haya informado al paciente de sus circunstancias y de sus perspectivas de futuro. Además, el médico tiene que consultar a otro facultativo y que éste haya corroborado el cumplimiento de los requisitos. En caso de sufrimiento psicológico se tiene que consultar a dos médicos, que elaborarán un informe por escrito sobre la situación. Por último, la realización de la eutanasia o auxilio al suicidio, subraya la ley, se hará con el máximo cuidado y profesionalidad.

La Ley holandesa de 2002 también modificó la ley de disposición de cadáveres al fijar que “si la muerte de una persona se ha producido por la aplicación de técnicas destinadas a poner fin a la vida a petición propia o al auxilio al suicidio, el médico no expedirá certificado de defunción sino que informará inmediatamente al forense municipal y le enviará informes sobre el cumplimiento de los requisitos de la ley. Si se cumplen los requisitos, el forense lo comunicará a la comisión regional de comprobación. Si no se cumplen los requisitos lo comunicará al Ministerio Fiscal para, si procede, aplicar el Código Penal.

Esta comisión regional, tal y como establece la ley, está integrada al menos por un jurista, un médico y un experto en ética, nombrados por los ministros de Sanidad y de Justicia por un periodo de seis años. Sus funciones no son otras que las de valorar el cumplimiento de los requisitos, pedir información complementaria al médico si así lo cree necesario y emitir un dictamen aprobado por mayoría simple de sus miembros. La comisión lleva un registro de los casos e informa anualmente a los Ministerios de Sanidad y Justicia.

Bélgica

En el caso de Bélgica, otro de los países que despenalizó la eutanasia en 2002, la ley no menciona el suicidio asistido. El primer informe de la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia, referido a los quince primeros meses de aplicación de la ley, precisaba que algunas eutanasias fueron en realidad casos de suicidio asistido en los que el paciente ingirió por su propia mano el producto letal.

En cualquier caso, los requisitos que establece la ley belga para practicar la eutanasia son, en primera instancia, que el paciente sea capaz y consciente de su petición, dado que Bélgica aprobó en 2014 que los niños pudieran pedir la eutanasia. En segundo lugar, la ley establece que la petición sea voluntaria, reflexionada y reiterada, pudiendo haberla manifestado en un documento de voluntades anticipadas con menos de cinco años de antigüedad. Por último, que haya un padecimiento físico o psíquico constante e insuperable ocasionado por una condición patológica grave e incurable.

En Bélgica el médico tiene que informar al paciente sobre la existencia de cuidados paliativos, reiterar el diálogo en los plazos de tiempo razonables, consultar a otro médico independiente que tiene que visitar al paciente y redactar un informe que esté de acuerdo o en desacuerdo con las primeras valoraciones. Asimismo, debe recopilar información del equipo cuidador si es que existe y procurar que el paciente consulte con otras personas de su entorno.

Luxemburgo

Luxemburgo se convirtió en 2008 en el tercer país del mundo en despenalizar la eutanasia a través de una ley sobre derecho a una muerte digna.  Según esta norma, se entiende por eutanasia “el acto practicado por un médico que pone fin intencionadamente a la vida de una persona a la demanda expresa y voluntaria de la misma”. La misma legislación entiende por asistencia al suicidio “el hecho de que un médico ayude intencionadamente a otra persona a suicidarse o procure a otra persona los medios para tal efecto a la demanda expresa y voluntaria de la misma”.

En cualquiera de los dos casos, no se castigará al médico que realice la eutanasia o asista el suicido de un paciente si se dan unas determinadas circunstancias, como que el paciente sea mayor de edad, sea consciente de su demanda y que esta, a su vez, sea voluntaria. Por otro lado, el paciente tendrá que encontrarse en una situación médica sin solución y de sufrimiento físico o psíquico constante y sin perspectivas de mejorar. La petición, asimismo, debe consignarse por escrito.

El médico, a su vez, está obligado a respetar un procedimiento que incluye informar al paciente de su estado de salud y su esperanza de vida, asegurarse de la persistencia del sufrimiento del enfermo, consultar con otro médico el carácter grave e incurable de la dolencia e informarse ante la Comisión Nacional de Control y Evaluación si las disposiciones del final de la vida a nombre del paciente están registradas.

Suiza

En la confederación helvética, el otro país europeo que ha regulado la muerte digna, la eutanasia es delito, pero no el suicidio asistido. La peculiaridad del caso suizo se encuentra en el papel del médico: es necesario contar con su asistencia, pero únicamente para la prescripción del fármaco letal. En cualquier caso, el requisito ineludible del auxilio al suicidio es que la persona que ayude no tenga ningún tipo de motivación personal o económica.

Estados Unidos

El estado norteamericano de Oregón fue en 1994 el primero en legalizar el suicidio asistido, aunque se trata de una despenalización "tímida y muy alejada de las europeas", puntualiza la ADMD a infoLibre. Aquí el médico puede recetar un fármaco letal siempre que el pronóstico de vida sea inferior a seis meses. Desde 2008, y hasta 2015, otros cuatro estados han legalizado el suicidio asistido en Estados Unidos bajo esos mismos requisitos: Washington, Montana, Vermont y California.

Canadá

En Quebec, la Asamblea Nacional aprobó en 2014 la ley de la ayuda médica al final de la vida, cuyo principio fundamental es “asegurar cuidados a las personas al final de la vida respetando su dignidad y su autonomía”. Así, la ley garantiza la práctica del rechazo de cuidados necesarios para el mantenimiento de la vida, los cuidados paliativos, la sedación terminal (morir dormido) y la ayuda médica para morir.

Colombia

Colombia es el único país del mundo en el cual la eutanasia está reconocida como un derecho constitucional. Una sentencia del Tribunal Constitucional de este país dictó en 1998 que “el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad”. Sin embargo, aunque se trate de una sentencia inequívoca, el Código Penal del 2000 hace caso omiso de ella y la contradice, por lo que la práctica de la eutanasia sigue estando penada.

México también contempla la eutanasia como un derecho constitucional, con más del 60% de votos a favor en la Cámara. Tras reconocer el matrimonio homosexual, el aborto y ahora la eutanasia, el de México promete ser uno de los textos constitucionales más progresistas de América Latina.

"La eutanasia solo pueden permitírsela los ricos"

Según el informe Assisted dying practice in Beneluxbasado en los datos publicados por las Comisiones del Benelux y recopilados por la Asociación Dying for Choice de Australiade noviembre del pasado año al que ha tenido acceso infoLibre, los datos analizados de Bélgica y Holanda ponen de manifiesto que, aunque gracias a la legislación han aumentado los casos de pacientes que solicitan que se les practique el suicidio asistido, todavía se hace de una forma muy conservadora: en el año 2015 se practicaron en Holanda 5.516 asistencias al suicidio, mientras que en Bélgica se realizaron 2.022. Según el informe, los enfermos de cáncer son mayoría a la hora de solicitar el suicidio asistido: en 2015, tres cuartos de los de Holanda (72,5%) y más de la mitad de los de Bélgica (67,8%) fueron practicados a pacientes con cáncer. Por otra parte, las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental raramente solicitan esta práctica, que ronda un 1,5% en ambos países.

Marín sostiene que "los datos demuestran que el argumento de que los solicitantes son minorías es falso" y subraya la desigualdad económica en el acceso a estas prácticas. Según el presidente de la ADMD, ha aumentado el número de españoles que viajan a los Países Bajos para que les practiquen el suicidio asistido, un tipo de turismo que "elimina también a los enfermos con menos recursos económicos. La eutanasia o el suicidio asistido solo pueden permitírsela los ricos".

Lo que España está haciendo

El debate todavía no se ha abierto en serio en nuestro país. La legislación vigente no ofrece una salida a las personas que padecen una enfermedad terminal y que, igual que Ramón Sampedro —cuyo caso se hizo famoso en todo el mundo gracias a Mar adentro, la película dirigida por Alejandro Amenábar—, consideran que la vida así "no era vida sino una constante e interminable tortura".

En estos momentos el Ministerio de Sanidad explica que "en España existe una estrategia de cuidados paliativos que algunas comunidades autónomas aplican en mayor o menor medida". Sanidad se refiere a la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, unas líneas generales vigentes en toda España, pero que dejan vía libre para que las comunidades establezcan sus propios procedimientos de actuación y evaluación del proceso de cuidados paliativos. 

Julio Gómez Cañedo, de la Junta Directiva  y vocal de Ética de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, considera que la estrategia "es buena, está bien planteada y cuenta con un buen equipo", aunque hay aspectos que podrían mejorar: "debería haber un despliegue real de la estrategia y dar cobertura y acceso a todo el mundo. Ese es el gran reto".

Sobre una posible regulación de la eutanasia, Gómez incide en que es una práctica que "va más allá del paliativista. El paliativista tiene un compromiso con el alivio del paciente. Los cuidados paliativos se centran en el cuidados de las personas, no pretende alargar la vida ni acortarla y se centra en el confort". Asimismo, el médico sostiene que "con un buen cuidado paliativo el deseo de morir disminuye".

Unidos Podemos y Ciudadanos acaban de presentar proposiciones de ley para regular la muerte digna aprovechando que el Partido Popular está en minoría en el Congreso y no tiene, en principio, capacidad de bloquearlas. Ni el PSOE ni el PP tienen previsto presentar proposiciones para regular entorno a esta cuestión, a pesar de que los socialistas incluyeron en su programa “abrir el debate sobre la eutanasia” y se comprometieron a promulgar una ley de muerte digna y cuidados paliativos.

Ya en diciembre, según Gaceta Médica, el Senado intentó impulsar una ley sobre muerte digna que no consiguió los apoyos suficientes para prosperar. La ley no abordaba la cuestión de la eutanasia y la sedación paliativa y se mantenía en la mejora de la estrategia de cuidados paliativos.

Un principio similar al que se desarrolla en la proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida que presentó Ciudadanos el pasado diciembre y que actualmente se encuentra a la espera de que el Gobierno manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. 

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea, expresó su confianza en que la iniciativa “tendrá recorrido hasta el final y se aprobará pronto en la actual legislatura” porque la proposición de ley “figura en el acuerdo de investidura de Ciudadanos con el PP". Tras el parón legislativo de enero en el Congreso, el gobierno tendrá ahora oportunidad de pronunciarse sobre la iniciativa del partido de Albert Rivera.

La exposición de motivos de esta proposición de ley defiende “la necesidad de legislar los derechos y garantías que aseguren la aspiración de morir dignamente con los significados que ello conlleva. Morir pudiendo rechazar los tratamientos que no se desean. Morir según los deseos íntimos previamente expresados en un testamento vital”. La proposición también llama a diferenciar entre “lo que es un razonable esfuerzo terapéutico conducente a alargar la vida de los pacientes en condiciones dignas del encarnizamiento terapéutico que solo conduce a la prolongación de un sufrimiento innecesario”, aunque paradójicamente no se plantea derogar el artículo 143.4 del Código Penal, ese que castiga a quien practique la eutanasia.

El artículo 143 dispone en sus tres primeros puntos que inducir al suicidio de otro estará castigado con penas de prisión de cuatro a ocho años. El castigo por cooperar al suicidio de alguien es de dos a cinco años prisión y, si llegase a ejecutar la muerte, de seis a diez años. Así, llegados al punto cuatro, el Código Penal expresa que "el que causare o cooperase activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo". De este modo, el artículo 143.4 del Código Penal se convierte en un atenuante de las condenas pero no exime de ellas: el que cooperase quedaría condenado a un año de prisión y si se ejecuta la muerte, a tres años.

El programa electoral de Unidos Podemos va más allá que Ciudadanos. En la proposición de Ley, que el partido de Pablo Iglesias quiere congelar hasta saber que cuenta con los apoyos suficientes para que sea aprobada, Unidos Podemos aboga por legalizar la eutanasia y garantizar su práctica en todo el territorio nacional a todas las personas que la soliciten. El texto también recoge la modificación del Código Penal con el fin de proteger a los profesionales sanitarios.

La propuesta de Podemos establece que puedan el servicio los mayores de 18 años o los menores emancipados que padezcan una enfermedad terminal “sin esperanza” o dolores físico y psíquicos “intolerables” para el paciente. Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida, explica que serán los médicos y los psicólogos los que elaboren el informe del paciente para aprobar o no su solicitud. La causa de la muerte que figuraría en la historia clínica del paciente sería siempre por causas naturales. El partido, que toma como referencia las legislaciones belga y holandesa, también está de acuerdo en que este texto es necesario para “dar un paso más” y llevar a nivel estatal la eutanasia.

La iniciativa de UnidosPodemos va en línea con las propuestas de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, pero no incluye una de sus demandas: que se facilite el acceso a fármacos letales destinados a personas mayores de 75 años que, previa entrevista con un profesional, hayan manifestado su voluntad de morir aunque no padezcan enfermedad alguna, según precisó a infoLibre su presidente.

De igual forma, el próximo pleno del Parlament de Cataluña votó y aprobó una moción de SíQueEsPot para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, con el fin de impulsar en el Congreso un proyecto de ley que modifique la legislación. También insta al Govern a crear este año un Observatorio de la muerte que recoja "datos cruciales" como dónde y cómo muere la gente en Cataluña, para extraer conclusiones y propuestas de mejora sobre la ayuda y el acceso a tratamientos y servicios, y extender así las garantías de una muerte digna, según informó Europa Press.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha emplazado al Estado a que "comparta soberanía" con las nacionalidades históricas porque no puede haber "una unidad impuesta", sino "voluntaria", y ha afirmado que el nuevo estatus de Euskadi debe contemplar "el derecho a decidir" de los vascos. 

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Urkullu ha destacado el hecho de que este jueves haya habido en el Parlamento vasco disposición de todos los grupos a participar en la ponencia de autogobiernoParlamento vasco porque, "de lo que se trata es de dialogar, de intentar buscar los máximos consensos posibles, los máximos acuerdos, sin previos, sin apriorismos, sin vetos y sin imposiciones".

"Por lo tanto, desde lo que es, en este momento, el respeto al ordenamiento jurídico, cada una de las formaciones debe plantear, en relación a lo que es su interpretación del autogobierno, lo que quiere como autogobierno para Euskadi", ha indicado.

El presidente del Gobierno vasco ha dicho que espera que en esta legislatura se pase "de lo que es el diagnóstico a sentar las bases de un acuerdo lo mayor posible de cara a la actualización y profundización del autogobierno en las circunstancias que se viven en el presente y también con una mirada al futuro, por lo menos para una nueva generación".

Iñigo Urkullu confía, asimismo, en que haya un consenso en torno al ejercicio al derecho a decidir, que, a su juicio, puede tener cabida en el propio ordenamiento jurídico vigente, en la Constitución Española, "si uno atiende con un espíritu positivo a la disposición adicional referida a los derechos históricos, y a lo que es la voluntad de la sociedad vasca también en siglos anteriores de una unión voluntaria y no una unidad impuesta".

Por ello, ha defendido "el ejercicio de esa unión voluntaria desde el respeto a lo que la ciudadanía pueda decidir". "La capacidad de decisión tiene que estar contemplada en lo que pueda ser un nuevo estatus de autogobierno, que tiene que mirar necesariamente a lo que es un mundo globalizado, a lo que es un proyecto también de autogobierno dialogado, de una soberanía compartida en un mundo cada vez más interdependiente", ha insistido.

Modelo de Estado

A su juicio, el Estado tiene que ser consciente, "de una vez por todas, de su problema de redefinición del modelo de Estado, tiene que abordar de una vez por todas lo que todavía tiene pendiente desde la entrada en la UE, la cesión de soberanía a la UE y el respeto a la historia de las nacionalidades históricas que conforman el Estado como estructura jurídica".

Por ello, considera que debe proceder a "esa cesión de soberanía, de respeto a las nacionalidades históricas, y de un ejercicio también de soberanía compartida interna y externa". 

Además, ha recordado que el Gobierno vasco en la legislatura pasada presentó un informe a requerimiento de la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, "en el que denunció el ejercicio de centralismo con una intensidad inusitada por parte del Gobierno español".

"Es algo que sirve de llamada permanente al Gobierno español y a los partidos que pudieran tener responsabilidad de Gobierno, en este caso del PP, de saber que, desde el Gobierno vasco, hemos planteado también en esta legislatura la necesidad de defensa del autogobierno", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que hay que ser "conscientes 38 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika", éste no es "un punto de encuentro" como ayer aseguraron los populares vascos. En su opinión, "no hay punto de encuentro" entre los vascos en torno a este texto estatutario porque "cada vez es más alejado por una acción de recentralización o centralismo por parte del Gobierno del PP".

"Esto que sirve de denuncia, también sirve de acicate para un planteamiento de necesidad de sentarnos en base a la singularidad de nuestro autogobierno, de profundizar en lo que fue el concepto de bilateralidad desde hace siglos en la unión voluntaria y en lo que es el ejercicio de relación entre el autogobierno vasco y el Gobierno español", ha concluido.

Las candidaturas de confluencia A la Valenciana (Compromís-Podemos-EUPV) y En Marea (Anova-Podemos-EU) confirmaron que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la negativa de la Mesa del Congreso a permitirles conformar grupos propiosgrupos propios, independientes al de Unidos Podemos-En Comú Podem.

El órgano de gobierno de la Cámara Baja decidió desestimar este martes, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, los recursos que habían presentado las confluencias contra la decisión adoptada la semana pasada por la Mesa de negarles el grupo propio, según informó Europa Press.

Ambas coaliciones habían manifestado ya su intención de llegar hasta el TC si la Mesa mantenía su negativa a dejarles conformar sus propios grupos, al entender que cumplían todos los requisitos contemplados en el reglamento de la Cámara Baja. Por ello, decidieron seguir adelante con su demanda, tal y como confirmó Compromís en un comunicado, por un lado, y fuentes de En Marea a Europa Press.

Según el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, la de la Mesa es una decisión "arbitraria y política", que además tiene "nombres y apellidos: el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos". "Tal como hemos demostrado en el recurso presentado ante el Congreso, tenemos derecho a tener un grupo parlamentario propio porque reunimos todos los requisitos. Contamos con nueve diputados y estamos por encima del 25% de voto en las tres circunscripciones", reafirmó en un comunicado.

Reivindican "personalidad jurídica propia"

En este sentido, aseguró que "es falso" que vulneren el artículo 23.2 del Reglamento de la Mesa, el argumento que utilizó la Mesa para negarles el grupo. Dicho punto prohíbe que diputados del mismo partido constituyan grupos separados e impide que lo hagan formaciones que no se han enfrentado al electorado.

Según Baldoví, ningún diputado de A la Valenciana se presentó por un partido, "sino por una coalición con personalidad jurídica". Además, aseguró que así lo validó la Junta electoral Central. "No nos cansaremos de decirlo, lo que pedimos no es un privilegio, nos lo han dado los más de 650.000 votos que confiaron en nuestra candidatura", añadió.

Además, el portavoz del partido valenciano acusó a la Mesa de dificultar con su decisión "la participación plena de los diputados de A la Valenciana". "Nos vemos obligados a incorporarnos en otros grupos parlamentarios que no son el nuestro, reduciendo nuestra visibilidad, y por tanto, la voz de todas las valencianas y los valencianos a los que representamos", señaló.

A este respecto, Baldoví confirmó que él y los otros tres diputados de Compromís –Enric Bataller, Marta Sorlí y Ignacio Candela– se integrarán en el Grupo Mixto. "Desde Compromís entendemos que es la mejor manera de defender los intereses del pueblo valenciano y dar más visibilidad a nuestros problemas", defendió Baldoví.

El resto de integrantes de la coalición –cuatro diputados de Podemos y uno de EUPV– así como los cinco diputados de la candidatura En Marea, se sumaron ya al grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem, que como consecuencia añade ahora a su denominación la marca gallega.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado definitivamente un adelanto electoral para que las gallegas coincidan con la repetición de las elecciones generales en junio y ha confirmado su objetivo de "agotar la legislatura".

En declaraciones a los medios en un acto en la Cidade da Cultura de Santiago, Feijóo ha proclamado que se presenta "para ser presidente de Galicia con un proyecto y una propuesta", y no para que le dé "la suma" de escaños debido a una "crisis de la oposición desconocida" hasta el momento.

El presidente gallego ha asegurado que no se "aprovechará" de la "crisis existente dentro del PSOE", de las "convulsiones de las mareas de Podemos" y de la "situación comprometida del BNG".

Hace apenas unos días, Feijóo explicó que adelantar las elecciones anticiparía la inestabilidad, dando a entender que pondría en riesgo la mayoría absoluta de que disfruta el PP en Galicia.

De los partidos de la oposición, sólo el BNG ha despejado cualquier duda acerca de su candidatura a la Presidencia: será la portavoz nacional, Ana Pontón. En Marea, en la que confluyen Anova, Esaquerda Unida, Podemos y las plataformas municipalistas de Ferrol, A Coruña y Santiago, entre tras organizaciones, aún está en la fase de decidir su presentación a las elecciones. El PSdeG-PSOE, por su parte, gobernado en estos momentos por una gestora, acaba de iniciar el proceso para elegir en primarias a su candidato.

Nació en A Coruña un 22 de febrero de 1975, pero gran parte de su vida y recorrido político se lo debe a la ciudad de Compostela, donde se formó como médico y de la que es ahora regidor, y a la localidad limítrofe de Teo, donde inició su andadura como alcalde.

El gran salto que Martiño Noriega ha experimentado en el último año se produce gracias al impulso final de una carrera de fondo. Militante primero dentro de las filas del BNG, en el 2012 –tras la asamblea convocada en Amio por los sectores que componían el partido– decidió realinearse dentro de la formación Anova Irmandade Nacionalista, de la que fue elegido coportavoz junto a Xosé Manuel Beiras tan sólo dos años después.

En 2015 se presentó a las elecciones municipales de Santiago de Compostela por la candidatura de unidad popular Compostela Aberta, que resultó ser, sorprendentemente, la lista más votada. La experiencia del proceso municipalista le llevó a participar activamente en la formación y campaña de En Marea, partido integrado por Podemos, Anova y Esquerda Unida para las elecciones generales.

La fórmula que permitió el éxito en mayo perduró meses después con En Marea, que consiguió superar a los socialistas gallegos gracias a los 408.370 votos obtenidos. La fuerza de las mareas gallegas, sin embargo, no ha sido suficiente para alcanzar el objetivo crucial de constituirse como grupo parlamentario propio. 

Martiño Noriega cumple ahora ocho meses al frente de un Consistorio desbordado por la herencia de una legislatura del PP que dejó "deudas y caos". En el horizonte, unas elecciones autonómicas que pueden dar un vuelco al escenario político tradicional gallego y que obliga, según subraya, a asumir los retos necesarios para poder "cambiarlo todo".

PREGUNTA. ¿Qué diagnóstico haces de los resultados tras el 20-D?RESPUESTA.

Creo que, tirando de Gramsci, entre lo nuevo que no acaba de nacer y lo viejo que se resiste a morir, emergen monstruos.

P. ¿Encuentras puntos en común con Pedro Sánchez para que En Marea facilite su investidura?R.

Yo no sé lo que representa a día de hoy Pedro Sánchez. Sí que me preocupa lo que representa el conjunto del partido, las baronías, la dinámica que veo de apuntalar el régimen del 78 y de estar dispuesto a hacer lo que haga falta, incluso ir hacia un proceso maquillado de gran coalición con la intermediación de Ciudadanos.

Creo que la mayoría social del conjunto del Estado prefiere un Gobierno que no esté liderado por el PP, y nosotros tenemos de alguna manera la responsabilidad de poder facilitarlo. ¿A cualquier precio? No. Tiene que haber compromisos claros, más allá de la cuestión territorial. ¿Piensa usted modificar el artículo 135 de la Constitución? ¿Piensa poner la prioridad en la gente y no pagar una deuda que es cuestionable, por no decir ilegítima?¿Está dispuesto a realizar un frente común con los Estados del sur europeos que están en estos momentos en lucha por los valores de la dignidad y la democracia? Hay que intentar facilitar, sí, pero creo que el que se tiene que comprometer con un proceso de mínimos es el propio Pedro Sánchez y el PSOE, y ahí tengo mis grandes dudas.

P. Respecto a En Marea, ¿cómo convive una formación nacionalista como Anova con EU y Podemos?R.

Entendiendo la emergencia del momento, la necesidad de crear espacios mestizos, entendiendo que a mayores de las estructuras partidarias que están haciendo acumulación de fuerzas, en el caso de Galiza desde el año 2012, hay una parte de la izquierda social que está participando activamente a través de las candidaturas municipalistas y de las plataformas ciudadanas, y que demanda esa generosidad por parte de las organizaciones políticas. Y de alguna manera practicando el ensayo error para generar esos espacios que sí están teniendo retorno ciudadano.

P. Podemos Galicia, en concreto su dirigente Breogán Riobóo, criticó la campaña de En Marea por su sesgo nacionalistaR. criticó la campaña

Quien dice eso no entiende el proceso de confluencia. No entiende que la confluencia se construye con la cesión de las partes, y que el espacio que se crea es un espacio nuevo. No se puede patrimonializar un resultado de parte como ha hecho él, no se puede hacer una lectura tan simple de lo que fue un espacio de confluencia que consiguió 400.000 votos de gallegos y gallegas en las generales, que ha funcionado también en las municipales consiguiendo las alcaldías de tres grandes ciudades, y que está en posición de disputarle la hegemonía al Partido Popular.

P. En Marea estará integrada finalmente en un "grupo confederal" en el Congreso junto a Podemos, ¿era lo que se esperaba?R.

No. No era lo que se esperaba. Yo soy de los que piensa que se hicieron los deberes para tener un grupo propio. Creo que hay un proceso en marcha en Galiza, claramente diferencial, creo que la candidatura En Marea no es una prolongación de Podemos en la medida en que participaban tres formaciones políticas, y creo que a mayores había plataformas ciudadanas y candidaturas municipalistas que le daban esa categoría de proceso propio.

Tanto en porcentaje de votos en las provincias como en número de diputados habían cumplido los requisitos para tener grupo propio. Me da la sensación de que han existido resistencias muy importantes a que eso se plasme en la realidad de la Cámara, y no ha interesado en ningún momento que esa lectura plurinacional pudiera tener una expresión plena. Al final se ha optado por una solución que era la única posible llegado al plazo límite, pero no es por la que hemos peleado.

Dicho esto seguiremos reivindicando el espacio propio, si no puede ser formalmente practicaremos lo que siempre hemos practicado como gallegos y gallegas que es el furtivismo para el ejercicio de nuestra identidad, y entonces seremos furtivos actuando como un grupo parlamentario propio.

P. ¿Crees que desde En Marea ha habido un engaño a los ciudadanos asegurando que iba a tener grupo propio cuando no se sabía si lo iba a conseguir?R.

El Partido Socialista ha utilizado una interpretación del reglamento en clave de negación de las diferentes expresiones. Le ha interesado mandar el mensaje de que había intereses económicos y de tiempo, y que no podía haber cuatro grupos de Podemos cuando todo el mundo sabía que en Galiza, y también en Catalunya y en el País Valencià, había procesos propios.

Entramos en un campo en el que la voluntad política tiene mucho que decir, y eso ha pasado en el Congreso desde hace muchos años. Han existido grupos parlamentarios esperpénticos, que no cumplían con ningún requisito, por voluntad política. En este caso, que sí cumplía los requisitos, también ha sido la voluntad política lo que lo ha impedido. Yo esperaba una posición más facilitadora por parte del PSOE, creo que está jugando tácticamente a nivel político, no con una vocación de fondo, y ha preferido garantizar su presencia en el Congreso, darle la mayoría en la Mesa a PP y Ciudadanos, que claramente no quieren hacer una relectura en clave plurinacional, y bloquear cualquier opción que pasara por darle recorrido a esas expresiones. El problema ha sido político, políticamente se ha bloqueado.

P. De cara a las elecciones autonómicas, y volviendo a las palabras de Breogán Riobóo, este dijo que no descarta que Podemos se presente en solitario a los comicios.R.

Yo creo que al proceso lo único que le toca es crecer, y quien se mueva de la foto pierde. Y pierde el proceso.

P. En ese contexto de crecimiento, ¿en qué punto se encuentra un posible acuerdo con el BNG?R.

El BNG está abriendo un debate interesante que tendrá que culminar el propio partido. En estos momentos existen voces que no reconocían la necesidad de aportar a ese espacio de confluencia, y que ahora están saliendo públicamente a decir que es necesario hacerlo. Yo siempre he defendido que no sobran brazos y que el BNG es una organización que, más allá de los resultados electorales, tiene implantación territorial, tiene cuadros, ha demostrado generosidad, y es una parte de la historia del país en lo político, y por lo tanto yo entiendo que de alguna manera el proceso de confluencia se cerraría con el BNG.

P. ¿Qué impidió que se sumaran para las generales? R.

Yo supongo que hubo más resistencias que elementos facilitadores, por todas las partes. De todas maneras sí que es cierto que el BNG hizo esfuerzos en cambiar formalmente determinadas posiciones, pero no sé hasta qué punto se quedó en lo formal y no fueron, por decirlo de alguna manera, esfuerzos sinceros. El BNG nunca entendió la confluencia como un lugar de encuentro en el que cada uno aporta su capital, sino que lo ha entendido siempre en torno al nacionalismo. Esto no es la acumulación de fuerzas sólo en el campo de la izquierda nacionalista, esto va más allá. La confluencia no se construye en torno a uno, sino que cada uno aporta y construye, y yo creo que en estos momentos es importante que lo entendamos porque hay la responsabilidad de gobernar el país en unos meses.

P. Beiras recordaba que en 2012 rechazaste liderar AGE para continuar al frente de la alcaldía de Teo. Tu nombre se baraja como posible candidato a la Xunta, ¿tu posición hoy es la misma que la de entonces?R. recordaba que en 2012 rechazaste liderar AGE

Cuando se constituyó AGE se me presionó mucho para que fuera en las listas, y yo dije que me debía a los vecinos de Teo, también pasó cuando fueron las elecciones europeas. Es cierto que luego, cuando decidí comprometerme con la candidatura de Compostela Aberta en Santiago, yo ya había cerrado el ciclo en Teo, y ahí tenía que decidir entre mi situación personal y la reivindicación política de un colectivo.

En este caso estoy comprometido con la capital del país, creo que necesita estabilidad, que ha pasado los últimos cuatro años con tres alcaldes, múltiples concejales imputados, se ha perdido la confianza con la institución por parte de los barrios, se ha perdido un funcionamiento mínimamente regularizado dentro del Ayuntamiento, y mi papel ahí es absolutamente necesario. Me debo a ese compromiso, y no contemplo ningún tipo de aportación en clave personal a una candidatura a la Xunta.

P. Una vez agotada la legislatura, en un medio o largo plazo, ¿te lo plantearías?R.

No hago ningún tipo de cábala porque hace cuatro años se produjo la ruptura del BNG en Amio, y si me llegan a decir que en este tiempo iba a vivir un momento histórico y político de tal intensidad, que nos iba a condicionar a todos de tal manera, no me lo hubiera creído. Es un proceso dinámico que va evolucionando, con lo cual no sé a dónde nos llevará. Verdaderamente siempre fantaseo con la huida. Es la única manera de mantenerme equilibrado en esta tormenta.

P. Yendo a tu gestión como alcalde de Santiago, has acusado de "moción de censura encubierta" al PP y al PSOE por su afinidad al rechazar las propuestas de Compostela Aberta.R.

En Santiago no hay un reconocimiento de los resultados electorales, incluso cumpliendo con la doctrina PP: el que consiga la lista más votada tiene derecho a gobernar.

Ha existido una campaña de descrédito permanente por determinados poderes fácticos, algunos mediáticos y con la complicidad permanente del PP y del PSOE. El PSOE en este proceso no está conectando con su base social, que mandó un mensaje de cambio en la ciudad y que configuró una mayoría amplia entre Compostela Aberta, BNG y PSOE. Está practicando un ejercicio de amnesia después de lo que pasó hace cuatro años, y yendo muchas veces más allá de la posición del PP en determinadas votaciones, aprobando asuntos que nunca defendieron en muchísimos años en los que tuvieron responsabilidad de gobierno.

P. Como consecuencia de esto, estáis sin Presupuestos aprobados. ¿Vais a negociar con la oposición?R.

Estamos negociando. Se van a agotar todas las vías que podamos, y los socios preferentes para hacerlo son el PSOE y el BNG, por afinidad política. Lo vamos a intentar, aunque da la sensación de que hay una posición de bloqueo por parte del PSOE.

P. Dices que no se ha reconocido el resultado, ¿hasta qué punto supone esto un desgaste?R.

Tenemos que saber en el momento en que estamos viviendo. No estamos practicando la política de los años 90, ni de la década del 2000. No estamos en eso. Estamos en un momento en el que hay la posibilidad de abrir un proceso de procesos constituyentes. El régimen del 78 está cambiando de cara, sacando marcas blancas como Ciudadanos, existen muchos intereses económicos y el Íbex y los poderes fácticos juegan sus cartas. Hay una guerra por los valores de la democracia, la pluralidad, y algunos estamos jugando en un determinado bando y otros en otro con muchos más medios. Evidentemente desgasta. Pero yo lo que no me quiero quedar nunca es con la sensación de que no intenté ser coherente con el programa ni con una manera de ver lo que es la gestión de lo público. Que eso me pueda conllevar desgaste en la ciudad o en la visión que se pueda tener de mi figura pública, no me importa. Lo entiendo como un peaje que hay que pagar por el proceso.

P. Hablas de una situación caótica en el Ayuntamiento. ¿Te esperabas encontrarte con este escenario?R.

No. Lo que sí me esperaba fue ir a los barrios y encontrar que los vecinos se quejan de que no se cometió ningún cumplimiento de sus necesidades, me esperaba encontrar un deterioro cuando el PP expulsó de sus cargos de responsabilidad a muchos habilitados y funcionarios, pero he perdido ya conciencia del número de sentencias que han llegado contra el Ayuntamiento por negligencia de los gobiernos anteriores, fundamentalmente del PP, que nos han suspendido servicios municipales que se venían prestando y en algunos casos con enormes cargas económicas.

P. Te quejas de que algunos medios de comunicación han emprendido una campaña muy dura contra Compostela Aberta. Entre ellos, has destacado especialmente el tratamiento de El Correo Gallego.R.

El Correo Gallego

Han existido campañas de difamación, y hemos solicitado de manera reiterada rectificaciones que no se han dado. No interesa contar la verdad en algunos medios de comunicación de la ciudad. En El Correo Gallego no interesa contar la verdad. Interesa participar en una campaña de descrédito y de falta de respeto que va más allá de mi persona o de Compostela Aberta.

Creo que falta el respeto a la institución. Llamar al alcalde de una institución "alcalde 2.0", la cantidad de adjetivos calificativos que me tienen dedicado los editoriales, los artículos de opinión... No lo hicieron en los últimos cuatro años, cuando han pasado tres alcaldes del PP y múltiples concejales imputados, nunca existió una décima parte de lo que está existiendo en estos meses. Hacer de la anécdota campaña, mentir en algunas ocasiones. Yo creo que algunos por defender lo que tenían, y estoy hablando de líneas de publicidad institucional que nosotros no vamos a defender porque entendemos que el dinero público no está para pagar información, están dispuestos a llegar a donde haya que llegar.

P. No sólo medios de comunicación, sino también la oposición ha criticado tu postura en cuanto a la relación entre la Iglesia católica y las instituciones. ¿Cómo crees que se ha percibido entre la ciudadanía?R.

Supongo que en algunos casos habrá parecido un ejercicio de coherencia y en otros casos no habrá gustado. Lo que nadie le puede negar a Compostela Aberta es que cumple su programa. Apostamos por mantener una posición de diferenciación de espacio institucional y espacio religioso y aún así mantener una colaboración con la Iglesia que es fluida, porque entendemos que es una de las cuatro patas de la ciudad. Lo que no se entiende es que tengamos que estar permanentemente dando explicaciones de algo que llevamos en el programa. Yo llego a la conclusión de que no se acepta el resultado electoral ni se entiende un ejercicio de coherencia.

P. Para terminar, ¿apoyarías un hipotético referéndum en Galicia, similar al de Cataluña?R.

Yo soy gallego de nación. Estoy en un proceso dinámico en el que evidentemente aspiro a que mi país por lo menos pueda decidir. Que pueda decidir lo que quiera: más autonomía, un estado confederado, independencia o recortar las atribuciones de la autonomía. Porque confío en mi país. ¿Creo que se dan las condiciones subjetivas en estos momentos para que pueda haber un voto a favor de la independencia? Creo que no. Pero algunos llevamos tiempo trabajando por la posibilidad de que en Galiza se decida y que en un futuro podamos tener mayores cuotas de autogobierno, y por qué no, alcanzar una independencia.

P. Entonces, votarías sí.R.

Evidentemente. Yo soy un ciudadano de nación gallega. Soy soberanista, o independentista, una persona de izquierdas y tengo eso como horizonte. Ahora, soy consciente de cuál es la situación. Hay que ir trabajando por una toma de conciencia progresiva.

La contestación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a propósito de las preguntas relacionadas con la denuncia contra el presidente de la Diputación de Ourense por supuesto acoso sexual ha "indignado" a los grupos de la oposición, que han abandonado el hemiciclo celebrado este miércoes –salvo los portavoces del PSdeG y Grupo Mixto–, tal y como ha informado Europa Press.

El presidente de la Xunta ha garantizado "prudencia y firmeza" en relación al titular de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, al que una mujer acusa de ofrecerle un empleo a cambio de sexo. Entre gritos de "machista" desde la oposición, ha relativizado el caso, al incidir en que Galicia cuenta con problemas que le preocupan más, como el paro.

Como representante del Estado en Galicia, ha asegurado que lo que más le preocupa es el desafío soberanista de Cataluña, que ve una amenaza para el Estado de las Autonomías y que, en consecuencia, afecta a la comunidad. Además, ha reivindicado el "respeto" a la democracia y el Estado de Derecho, para subrayar que no hay ningún pronunciamiento judicial ni de la Fiscalía.

Así, ha replicado que él actuará con "prudencia" porque no tiene "dobles varas de medir". En todo caso, ha asegurado que, llegado el caso, si hay que tomar "una decisión" no le "temblará la mano".

La primera en expresar su protesta ha sido la diputada socialista Carmen Acuña, a quien se la ha podido ver visiblemente afectada en los pasillos del Parlamento por las palabras del mandatario autonómico. Acto seguido también lo hicieron todos los diputados del BNG y de AGE, incluida su portavoz parlamentaria, Yolanda Díaz, que renunció así a su segundo turno de preguntas en la sesión de control, los diputados del PSdeG y la diputada Chelo Martínez (Grupo Mixto).

En declaraciones a Europa Press, los representantes de estos cuatro grupos parlamentarios han mostrado su "indignación" por la respuesta que ha dado el mandatario autonómico, quien comenzó asegurando que para él, el problema más importante que tiene Galicia es el desempleo.

"Me pareció absolutamente indignante la demostración del presidente de que esto no le importa absolutamente nada. Fue la cosa más grave que le escuché al presidente en todo este tiempo", ha lamentado Acuña, quien ha considerado "esa falta de respeto hacia las mujeres intolerable".

Por su parte, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha juzgado que se ha tratado "uno de los plenos más duros que se han vivido en la legislatura".

"Vimos lo que es Feijóo: un presidente machista"

"Seguramente los vivimos duros con los preferentistas y afectados por los pacientes de Hepatitis C, pero creo que es tremendo, porque lo que acaba de decir el señor Feijóo es que no le preocupa la vulneración de derechos fundamentales, particularmente, los de las muertes que está habiendo todos los días, las violaciones que estamos viendo todos los días", ha enfatizado Díaz.

Así, en declaraciones a Europa Press, ha censurado que Feijóo "lo que dijo es que las mujeres no valen para nada". "Vimos lo que realmente es Feijóo: un presidente machista", ha sentenciado.

"Insultante"

El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ha tildado de "insultante" la respuesta que ha dado el presidente de la Xunta porque "está acusando a la oposición de frívola por traer una pregunta vinculada con la violencia machista".

Para Jorquera, Feijóo ha mostrado que "para él la violencia machista no es un problema importante, y por lo tanto está insultando al 50% de la población, está insultando a las mujeres y está poniendo en evidencia que considera irrelevante la violencia machista y que no debe ser objeto del debate parlamentario".

"Está diciendo que él considera que es una frivolidad preguntar en la Cámara por un alto cargo público que pide favores sexuales a cambio de una promesa de colocación", ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, Jorquera, quien ha juzgado que el mandatario autonómico "se está retratando" con sus palabras. Además, ha censurado que lo haya hecho con la "anuencia" de la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, porque le al permitirle hablar de cuestiones no relacionadas con el asunto de la pregunta.

Del hemiciclo también salió Chelo Martínez, del Grupo Mixto. La portavoz, Carmen Iglesias, también lo hizo pero volvió para la réplica y para escuchar lo que decía el mandatario autonómico.

"Falta de respeto"

Martínez ha considerado "una falta de respeto total contestar en un tema como éste, de acoso sexual, de venta de puestos públicos a cambio de favores por parte del presidente de la Diputación de Ourense, con el desempleo cuando nunca quiso hablar del desempleo".

"Nos parece un insulto para las mujeres, un mensaje para la ciudadanía de que está permitido abusar y acosar a las mujeres. (Un mensaje) de que las mujeres tenemos obligación de cambiar sexo por puestos trabajo y que el PP va a defender esa actuación indignante; un apoyo a la violencia machista que no se puede consentir", ha abundado, antes de asegurar que la actuación de Feijóo ha sido "un apoyo a la violencia machista brutal".

Los partidos que integran la coalición En Marea –Podemos, Anova y Esquerda Unida– han hecho el reparto de los puestos para la lista que concurrirá a las elecciones generales del 20 de diciembre que, en todo caso, será sometida a un método de primarias que se negocia con el espacio creado y en el que están la plataforma Encontro por unha Marea Galega y las mareas que gobiernan en las ciudades –Ferrol en Común, Marea Atlántica (que este martes tiene otra asamblea de ratificación) y Compostela Aberta–.

Concretamente, según han ratificado a Europa Press fuentes de la negociación, Podemos encabezará la provincia de A Coruña; mientras que Anova, la de Pontevedra. Además, Esquerda Unida se situará en el puesto número dos de la lista por A Coruña y la formación morada se quedará con el segundo lugar de la candidatura de la provincia del sur atlántico.

Los únicos que han elegido a sus candidatos –ya en primarias– son los afiliados de Podemos, con Antonio Gómez-Reino en A Coruña y Ángela Rodríguez en Pontevedra como ganadores de su consulta interna. Mientras, Anova hará primarias internas para elegir a sus nombres en los próximos días.

Aunque inicialmente Esquerda Unida y Podemos querían hacer el escaño rotatorio en las provincias de Pontevedra y A Coruña en el caso en que no se consiguiese una segunda acta en el Congreso por esas circunscripciones, finalmente, y a propuesta de Anova, se ha decidido que esto sólo se produzca en el caso de que alguna de las tres formaciones que suscriben la formación se quede sin representación en la Cámara.

Otro de los cambios pactados ya después de registrar la coalición ante la Junta Electoral ha sido que el primer portavoz de los diputados de esta candidatura será el propuesto por Anova. Así, en el caso de reunir los requisitos para formar grupo parlamentario, el acuerdo dice que se creará un grupo propio en el Congreso bajo la denominación de En Marea y la primera Portavocía –que a lo largo de la legislatura sería rotatoria– sería en ese caso para Anova.

De esta forma, en el caso de que salga de las urnas un grupo parlamentario, la portavocía será, en primer término, para Anova; mientras que el primer portavoz adjunto recaerá en Podemos y el segundo portavoz adjunto, en Esquerda Unida. La Secretaría del Grupo Parlamentario será también para la formación morada.

En el supuesto B de que no se consiga grupo parlamentario, los partidos de la coalición se comprometen a buscar la "fórmula que maximice la representación del sujeto político gallego de confluencia". Al respecto, también se valorará la fórmula que garantice la mayor representatividad del sujeto gallego y se tendrá como referencia para todo tipo de alianza aquellos que apuestan por el cambio y la ruptura democrática, "como son Podemos y los espacios en los que Podemos confluye con otras fuerzas como en Cataluña".

Candidato a la presidencia

En borradores a los que ha tenido acceso Europa Press se había manejado hasta el pasado viernes que Pablo Iglesias figurase explícitamente como candidato a la Presidencia de la coalición gallega, pero esta referencia se ha sustituido por una redacción más amplia.

Así las cosas, el acuerdo alcanzado contempla que En Marea apoyará en la investidura a la Presidencia del Gobierno al candidato que sea referencia de esta coalición perteneciente a los espacios de "cambio político y ruptura democrática".

En todo caso, queda explicitado que acuerdan aportar la colaboración del espacio político gallego a las fuerzas del cambio para buscar la apertura de un nuevo ciclo político, en clave de "democracia real, derechos sociales, procesos constituyentes y derecho a decidir en la campaña estatal del cambio vehiculizada por Podemos".

Asimismo, todas las organizaciones se comprometen a aportar el "capital político y simbólico y referentes públicos al proceso de la campaña estatal del cambio".

Otras cuestiones del acuerdo

Los partidos de la coalición En Marea han incluido en su acuerdo de candidatura la defensa de los derechos colectivos de los pueblos "y, especialmente, el derecho a la autodeterminación y la libre decisión".

Éste, además, es los puntos que se recogen en el acuerdo por el que se cerró la candidatura registrada al filo de que venciese el plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral Central y, en él, también se incluyen el impulso del "laicismo", entre otras cuestiones.

Marca de la coalición

El documento acordado excluye las marcas de las formaciones políticas del nombre con el que se ha registrado la coalición en la junta electoral, ya que es En Marea. Sin embargo, Podemos tendrá un lugar destacado en la papeleta y su logotipo también aparecerá en la papeleta debajo de la denominación del espacio de confluencia.

Así, en papeleta irá la imagen de los logotipos En Marea y, abajo, Podemos. También aparecerá el nombre de la coalición (En Marea) y, a modo de siglas de la candidatura, los nombres de los partidos de la siguiente manera: Podemos-En Marea-Anova-Esquerda Unida.

Durante su viaje a principios del mes de julio, donde se reunió con los alcaldes de las mareas gallegas que gobernaban en las ciudades, así como con el líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, y la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz; Pablo Iglesias había aceptado que Galicia tuviese grupo parlamentario propio, aunque, también entonces, había dicho que sus siglas en la papeleta eran "innegociables".

Posteriormente, Podemos aprobó, en referendo interno que, en el caso de que hubiese confluencia, debía "mantenerse siempre el logotipo y el nombre de Podemos en el primer lugar de la papeleta electoral incluso si eso implica concurrir a las elecciones generales en algunos territorios con fórmulas de alianza (Podemos-X)". Esta textualidad se respeta en lo pactado con Anova y Esquerda Unida, ya que irá en la papeleta encabezando la secuencia de siglas, según lo acordado.

Pasado el verano, y después de que el 25 de julio hubiese una manifestación en la que confluyeron los líderes de todas las organizaciones políticas del espectro rupturista, excepto el de Podemos Galicia, Breogán Riobóo, en la que se habló de la posibilidad de unidad para las generales; se intensificaron las negociaciones y, públicamente, se hicieron llamamientos a la confluencia de estas tres organizaciones junto con el BNG y otras más pequeñas.

Al tiempo, surgieron dos plataformas que abogaban por la confluencia pero que, aunque se llegó a votar la posibilidad de una fusión de las dos plataformas, nunca hubo una confluencia entre ambas.

En medio de las conversaciones, el líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, advirtió a Podemos que "exigir" su marca suponía un obstáculo para la confluencia. Paralelamente, aunque en un primer momento no cerró la posibilidad de ir a las elecciones, ya a finales de septiembre había advertido de que no se daban las condiciones para que él concurriese como cabeza de lista por A Coruña.

Tras los resultados obtenidos por las mareas en las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, fundamentalmente en las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, los líderes de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras (Anova) y Yolanda Díaz (Esquerda Unida, marca gallega de IU), apuestan por dar continuidad a las candidaturas de confluencia a través de "un nuevo sujeto político" para las generales, una fórmula de unidad que tuvo su primera experiencia en la alianza que ambas fuerzas protagonizaron en las gallegas de 2012, cuando irrumpieron con nueve diputados en el Parlamento gallego.

El BNG, por su parte, aunque coincide en la necesidad de trabajar por la unidad, mantiene su veto a las formaciones con dependencia estatal, como la propia Izquierda Unida o Podemos, y está más centrado en reagrupar el nacionalismo gallego, que en enero de 2012 sufrió las dos mayores escisiones en sus 30 años de historia.

Así, los dirigentes de AGE creen que todavía es pronto para exigir que la conformación de un "frente amplio" esté listo, porque las mareas todavía tienen que asentarse allí donde han ganado. Pero, este martes Beiras subrayó que las conversaciones tienen que empezar "ya", en cuanto se pueda.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, Beiras defendió la interlocución entre formaciones políticas, en aras de acompañar la conformación de ese "nuevo sujeto político". Sin embargo, incidió en que estas negociaciones deben llevarse con la "máxima discreción" y "sin andar canturreando por ahí lo que se habla".

La visión del veterano político nacionalista es buscar la unidad para que Galicia pueda "condicionar" en el Estado y, a su juicio, ello pasa por pactos con formaciones de otras "naciones sin estado" y con aquellas formaciones políticas que respeten la plurinacionalidad del Estado, entre las que se incluiría Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias.

De hecho, Anova-Irmandade Nacionalista ya ha compartido candidaturas con Izquierda Unida, además de en las gallegas de 2012, en las europeas de 2014. También lo ha hecho en las municipales, cita electoral en la que inscritos de Podemos se sumaron en localidades como Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra y Ferrol (esta candidatura no estuvo respaldada oficialmente por la dirección gallega por una cuestión procedimental, ya que no cuenta con consejo ciudadano local).

"Tsunami en generales"

En este sentido, la coordinadora de Esquerda Unida, que lanzó por primera vez el mensaje de una marea gallega en el mitin del 12 de mayo de la Marea Atlántica de A Coruña en el que participó el líder de Podemos, defendió que "se trata de diseñar una herramienta que sirva para convertirse en un tsunami en las generales".

"Porque sólo a través de la unidad seremos capaces de llegar a la Moncloa", manifestó Yolanda Díaz en declaraciones a Europa Press. Díaz, que considera "indiscutible" el liderazgo de Pablo Iglesias y le reconoce a Podemos que pueda ser una fuerza "hegemónica" en el proceso, coincide en la necesidad de dejar de lado las siglas para la constitución de esa candidatura.

Beiras y Díaz, en todo caso, insisten en que el "protagonismo" debe ser de la gente, aunque, como dijo el líder de Anova, "es necesario que haya una estrategia conjunta" de las fuerzas "rupturistas" o que rechazan de plano las políticas actuales. "Pero eso no debe ni prejuzgar ni marcarle la ruta a que la iniciativa debe partir de las propia ciudadanía", insistió, antes de mostrarse "confiado" en que la unidad para el 24 de mayo "pueda continuar".

"La ciudadanía activa debe liderar el proceso y los partidos ser el motor auxiliar", convino el coordinador de Anova, Antón Sánchez, en declaraciones a Europa Press. Ello, para "una confluencia amplia" y en la que haya "generosidad" de todas las fuerzas políticas que se sumen, entre las que le gustaría que estuviese el BNG.

Diferente visión de la confluencia

Por otro lado, Beiras aseguró que "la cuestión nacional de Galicia" se resolverá si se "establecen alianzas con las otras fuerzas de las naciones y las estatales que asumen la pluralidad nacional".

En este sentido, recordó que su formación tiene documentos políticos desde el año 2013 que apoyan esta tesis de por dónde caminar y que ya aplicó en las europeas de 2014, cuando se creó la marca Alternativa Galega de Esquerda en Europa para Galicia, aunque la lista estaba incluida en la impulsada por Izquierda Unida a nivel estatal.

El BNG coincide en el diagnóstico con Beiras en que Galicia debe "condicionar" en el Estado, convencidos ambos de que va a haber nueva "transición" política. Pero los nacionalistas, como expresó este martes de nuevo su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, insisten en vetar a formaciones políticas que tengan centro de decisión estatal y que, a ojos del Bloque, cederían en las reclamaciones de Galicia.

Así, y aunque el BNG va a iniciar una ronda de asambleas abiertas, retomando las celebradas para debatir programas y candidaturas e incorporando a independientes para las municipales, las líneas rojas siguen siendo las mismas que impidieron candidaturas unitarias en las gallegas de 2012 (cuando el BNG acababa de sufrir una escisión que desembocó en Anova y en otra organización, Compromiso por Galicia) y en las europeas de 2014, que supuso que las tres patas principales del nacionalismo estableciese otras tantas alianzas para concurrir.

Jorquera insistió en "diferenciar tiempos" y subrayó que ahora toca "escuchar" a la militancia y a los simpatizantes. Pero el objetivo, bajo su punto de vista, es lograr una "candidatura que se fije como objetivo que en el próximo Congreso haya un grupo parlamentario gallego propio, no sometido a ninguna obediencia estatal, y que influya para que Galicia cuente".

Las especificidades existentes en Galicia por la cuestión nacionalista las tuvo en cuenta el líder de Podemos, quien en días pasados, preguntado por los procesos electorales en la Comunidad gallega, afirmó que Podemos "tenderá la mano a todos los sectores" de las mareas, y reconoció que "el ecosistema gallego tiene sus particularidades".

"Ninguna organización en solitario puede propiciar el cambio" ni en Galicia ni en España, manifestó, por su lado, Antón Sánchez. Anova también aprobó, en su máximo órgano de decisión entre asambleas, una reivindicación de que "la ciudadanía activa, las mareas y las candidaturas de unidad popular deben protagonizar la nueva fase que se abre" tras las municipales.

La coordinadora general del PP valenciano, Isabel Bonig, rechazó este lunes que vayan a presentar o a apoyar mociones de censura contra el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, porque "no habría plazo" para la constitución de los nuevos gobiernos antes de las elecciones del próximo 24 de mayo. "Lo que no vamos a caer es en el desgobierno de las instituciones y en el circo que la oposición quiere montar", manifestó.

Bonig realizó estas declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, donde asistió a una conferencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, al ser preguntada por la situación de Rus tras su suspensión cautelar de militancia tras la publicación por parte de medios de comunicación de conversaciones en las que puede oírse al presidente provincial contando billetes –presuntamente procedente de una comisión ilegal–.

La coordinadora del partido señaló que la situación de Alfonso Rus es "exactamente igual a la de este fin de semana". "El señor Rus está suspendido cautelarmente de militancia, lo ha ratificado también la dirección nacional, con la solicitud de que se inicie un expediente disciplinario", explicó. En este sentido, la Junta Provincial del PP se reunirá a las 20.00 horas de este lunes para abordar la situación de Rus.

Asimismo, Bonig indicó que desde la convocatoria de elecciones hasta la celebración de las mismas "cabe la gestión ordinaria, que se va a mantener en el Ayuntamiento de Xàtiva y en la Diputación", ya que reiteró que si se convocara una moción de censura, "estaríamos fuera de plazo para la constitución de una nueva Diputación".

Isabel Bonig, preguntada por las declaraciones del presidente provincial en las que ha dicho que no se quiere ir, recordó que "es una cuestión personal porque depende de él", pero añadió que el PP "ya ha expresado cuál es su opinión y ha quedado suficientemente clara". Al respecto, se refirió al alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, "que está imputado, es el candidato y el actual alcalde y nadie parece que le exija nada al señor Ximo Puig".

Respecto a lo que ha dicho Rus de que no ha recibido dinero, la coordinadora del partido respondió: "Eso lo tendrá que demostrar". "Nosotros no vamos a valorar la veracidad o no, para eso está la investigación judicial y se determinará", apostilló. "Ante unos hechos y unas grabaciones que producían bochorno y comprometían la veracidad en el ejercicio de la política, hemos tomado las medidas que se consideraban oportunas y necesarias para devolver la ejemplaridad en el ejercicio de la política", dijo Isabel Bonig, quien añadió que, después, "se determinará en sede judicial la veracidad o no de todas las informaciones que están saliendo". Y es que para Bonig, "el señor Rus tiene todo el derecho a la presunción de inocencia".

Rus "va rodeado de carneros"

Por su parte, la representante de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, que presentó la denuncia contra Alfonso Rus, no cree que sus compañeros de partido vayan a impulsar una moción de censura para expulsarle de la corporación provincial porque Rus "va rodeado de carneros". "Alfonso Rus está rodeado de sus hombres de confianza", señaló este lunes la diputada de EU, que se mostró convencida de que, si no todos, al menos una amplia mayoría de ellos va a apoyarle hasta el final". Además, recordó que Rus siempre ha apoyado a sus compañeros cuando han sido imputados y ha considerado que se va mantener "hasta el último momento". "No le veo con ninguna voluntad de abandonar los cargos", resumió.

La representante de EU dijo que lo importante para esta formación es que la investigación judicial pueda desarrollarse bien, "con el máximo sigilo" y que Alfonso Rus asuma responsabilidad penal, no sólo política. Pérez Garijo realtó, además, que su denuncia –presentada en julio de 2014– incluye diez horas de grabaciones. Para Pérez Garijo, en el momento en que se oye a dos personas contando billetes está claro que uno de ellos es Rus. "Es evidente para todos los que conocemos su voz", insistió. En su opinión, ese momento de la grabación no es lo más escandaloso de las cintas.

Cristina Cifuentes cree que Rus "está tardando en presentar su baja voluntaria"

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, consideró este lunes que Rus "está tardando en presentar su baja voluntaria y renunciar a todos sus cargos". 

"A mí me da absoluta vergüenza haber compartido militancia con un señor como éste, al que se tendrá que juzgar, pero una grabación de un señor contando el dinero me da vergüenza absoluta. Ya está tardando en presentar la baja voluntaria y renunciar a todos sus cargos", ha afirmado Cifuentes en el foro de la agencia EFE. A su juicio, "este señor, por vergüenza torera, debería haber presentado su renuncia y estar pidiendo perdón a sus compañeros", insistió.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldó la baja de militancia del PP del presidente de la Diputación de Valencia y defendió "la lucha por la ejemplaridad" de su partido, "que ha tomado medidas siempre que se han producido circunstancias como estas". "Lo ha hecho el presidente Fabra", dijo preguntada por este caso tras asistir a un desayuno informativo del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Santamaría, sin embargo, no opinó sobre la imposibilidad de obligar a Rus a dejar los cargos institucionales que ostenta y se limitó decir que esas son "decisiones de partido".

Martiño Noriega, alcalde de Teo desde 2007 y coportavoz nacional de Anova, ha dado el salto a la política municipal de Santiago y se postula para ser candidato de la plataforma ciudadana Compostela AbertaCompostela Aberta–candidatura de confluencia en la capital– que ha abierto un proceso de primarias para elegir el cabeza de lista para las elecciones de mayo.

El político nacionalista, que está llamado a suceder a Xosé Manuel Beiras, con quien comparte liderazgo en Anova, no explicará hasta este jueves la decisión adoptada, según ha comunicado él mismo. Aunque en las últimas semanas se había especulado ya con que presentaría su candidatura a este proceso, Noriega ha procurado alejarse de los micrófonos y ha apurado hasta el último día para dar el sí definitivo, decisión que su entorno político ya daba por hecho.

Cuando Noriega hizo público que no volvería a presentarse a la Alcaldía de Teo comenzaron las especulaciones sobre su salto a la capital gallega, que es colindante al municipio en el que actualmente gobierna. En el municipio teense ganó las últimas elecciones por mayoría absoluta, aunque bajo las siglas del BNG, organización de la que se escindió junto a los militantes vinculados a los irmandiños en 2012.

No obstante, tanto públicamente, como de forma privada, él negó que tuviese intenciones de presentarse en Santiago siempre que se le preguntó e, incluso, según las fuentes consultadas por Europa Press, tenía otros planes políticos a medio plazo, que ahora quedan en suspenso. De hecho, su futuro político en unas elecciones generales o autonómicas queda estrechamente condicionado al resultado electoral, puesto que cuando se le presentó la ocasión de dejar Teo para acceder a la Cámara gallega, en la candidatura de AGE, él optó por mantener su compromiso local.

Ronda de contactos

Con el nacimiento de Compostela Aberta, y el sentimiento de algunos de sus integrantes de que era necesario un "referente" político para evitar que el PP gallego se hiciese de nuevo con la Alcaldía, Martiño Noriega optó por abrir una ronda de contactos con las diferentes sensibilidades que podrían apoyar esta candidatura ciudadana. Así, el político nacionalista se postula con la intención de que Agustín Hernández, tercer regidor en lo que va de mandato en la capital gallega tras las renuncias de Gerardo Conde Roa y Ángel Currás, no vuelva a repetir al frente del Ayuntamiento compostelano.

La fórmula en la que se concurrirá todavía está por determinar, si bien la coordinadora de Anova aprobó la creación de una "coalición instrumental" para que las plataformas ciudadanas puedan sumar estas siglas y, de esta forma, acceder a las diputaciones provinciales. Este interés, según ha explicado esta formación, está vinculado a la última reforma de la Administración local y el peso que tienen estas instituciones sobre los ayuntamientos.

Por otro lado, Podemos de Santiago de Compostela votó, en referendo interno, apoyar en las municipales la candidatura ciudadana en torno a Compostela Aberta, pero ha renunciado a presentar candidatos a este proceso interno y, de hecho, prohibió usar su nombre para cualquier persona que pretendiese postularse.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha tenido que pedir "disculpas" este lunes por el uso que hizo este pasado domingo del valenciano durante su intervención en la Crida, acto que arranca las fiestas falleras, y ha asegurado que se quedó "en blanco" a pesar de tener el discurso "trabajado".

Y es que la alcaldesa de Valencia llegó a pronunicar frases como "deijeid pasar el fred del verano", "el caloret faller" o "la llegà de... l'arribada de la festa fallera" en un acto multitudinario en las Torres de Serranos, en la capital de la Comunitat.

Barberá ha destacado "que probablemente es la persona que está más disgustada" por lo sucedido y que "todo el mundo no tiene todos los días buenos" y "alguno sale mal" y ha apuntado a que a ella le tocó ayer "desgraciadamente en un acto tremendamente importante para el mundo fallero y el mundo valenciano".

Críticas de la oposición

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha afirmado que "es un poco triste que tras tantos años –a alcaldesa de Valencia, Rita Barberá– no sea capaz de decir cuatro frases en valenciano mínimamente coherentes" y que "la ciudad no se merece estas cosas".

En la misma línea, el portavoz del grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, ha tildado de "inclasificable" la intervención de la alcaldesa y el uso que hizo del valenciano. A juicio de Sanchiz, "fue un auténtico ataque y una auténtica vergüenza al valenciano".

Por su parte, el secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, ha acusado a Berberá de "destrozar" y "mofarse de una parte fundamental de nuestra cultura, como es la lengua", con el uso que hizo del valenciano. Puig considera que "cualquier representante público debe respetar a sus ciudadanos, a las fallas y a los falleros". El respeto, ha continuado, "se gana haciendo lo contrario a lo que ayer hizo Barberá".

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha confirmado este lunes la dimisión de la hasta ahora alcaldesa de la ciudad Sonia Castedo (PP), en una sesión a la que, como estaba previsto, la propia ex primera edil no ha asistido y los grupos de la oposición (PSPV, EU y UpD) no han tenido turno de palabra, ya que únicamente se ha dado lectura a la renuncia al acta.

Esta sesión extraordinaria ha sido dirigida por el primer edil en funciones y vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, y se ha desarrollado sin incidentes, con la única excepción de que los concejales de EU, Daniel Simón y Miguel Angel Pavón, han asistido a la lectura de los artículos legales relativas a la sustitución de cargos públicos municipales en pie y con un pañuelo en la boca, tipo mordaza, para protestar por el hecho de que no se les haya concedido turno de palabra en esta jornada.

Sonia Castedo, cuyo puesto en la corporación pasa a ser ocupado por Carolina Concepción, será sustituida al frente de la Alcaldía el próximo día 15 por el concejal de Cultura y Deportes, Miquel Valor.

La ya exalcaldesa hizo público a través de su cuenta de FacebookFacebookel pasado 23 de diciembre, día de su 44 cumpleaños, que dejaba su acta de regidora y, por tanto el sillón de la Alcaldía. "Hoy dejo mi cargo como alcaldesa y doy por finalizada una importante etapa de mi vida en la que toda la ciudad de Alicante me ha hecho sentirme muy feliz. Por ello, quiero daros las gracias a todos, absolutamente a todos, por permitirme alcanzar el sueño de ser vuestra alcaldesa", escribió.

Castedo, que se encuentra doblemente imputada en el caso Brugal, concretamente en las piezas separadas donde se investigan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y el Plan Rabasa, afirmó entonces que tomaba esta decisión "difícil y meditada" por sus hijas y añadía que jamás había hecho "nada deshonesto".

Citación para declarar

El anuncio en Facebook de su dimisión se produjo apenas un día después de que el juez Juan Carlos Cerón la citara para declarar como imputada por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por favorecer supuestamente al constructor y también imputado Enrique Ortiz en un proyecto para construir unas 13.000 viviendas en el barrio de Rabasa y la instalación en el mismo de la multinacional Ikea.

La exprimera edil formalizó su renuncia a través de la Secretaría General del Pleno al viernes siguiente, 26 de diciembre, lo que deja como alcalde en funciones de Alicante al vicealcalde y concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens. Éste también se halla inmerso en un proceso penal relacionado con las obras de una remodelación en la plaza por el que la Fiscalía le pide provisionalmente tres años de prisión y nueve de inhabilitación.

Tres años atrás, aquel chaval de todavía 26 años, economista de ATTAC muy activo en el naciente Movimiento 15-M, empezó a subir como la espuma en las televisiones y redes sociales. Se defendía bien ante las cámaras, parecía listo y despierto, solvente y preparado. E Izquierda Unida, de la que tenía carné desde tiempo antes (como del PCE), lo aupó a las listas al Congreso por Málaga. De número uno. En aquella campaña de generales, de 2011, era el candidato que más claramente despuntaba de todos aquellos que rodeaban a Cayo Lara, y ya muchos dentro y fuera de su organización intuían que por él, Alberto Garzón Espinosa (Logroño, 1985), pasaba el futuro de IU. 

Hoy, ya nadie lo duda. Garzón recuperó para su formación el escaño por Málaga y desde entonces ha ido recorriendo el camino rápidamente, sin perder ritmo, sumando apoyos orgánicos y simpatías ciudadanas, y también granjeándose algunos (poderosos) detractores. Ha destacado en el Congreso y en los platós de televisión, ha crecido dentro de IU, ha seguido escribiendo (suyos son tres libros en tres años; el último La Tercera República). Y ahora ya está en la pista de salida. Él es el señalado para disputar el liderazgo de la federación, para competir en las primarias abiertas del 8 de febrero, a las que su jefe, Lara, no se presentará. Está llamado a reanimar una IU deprimida en las encuestas y a lograr tender puentes y labrar alianzas con el resto de la izquierda y, singularmente, con Podemos, con cuyo líder, Pablo Iglesias, mantiene buenas relaciones desde años atrás. El malagueño tiene a su favor su capacidad dialéctica, su desenvoltura y tirón en los medios. Su valentía, incluso, a la hora de pedir depuración de responsabilidades, sin miramientos, por el escándalo de las tarjetas que está haciendo tanto daño a IU. 

El horizonte parece despejado para el joven diputado, aunque la carrera no ha hecho más que comenzar, y nadie descarta aspirantes alternativos, aunque con pocas dificultades reales de vencerle en las votaciones internas, según todos los cálculos. 

Garzón lanzará su candidatura oficialmente esta semana. Como tarde, en la cita que él coordina, el Encuentro Político-Programático que se celebrará el sábado y domingo en Rivas Vaciamadrid. Pero en su entorno barajan la posibilidad de hacer el anuncio antes, en rueda de prensa, en cuanto tenga el visto bueno de barones y simpatizantes de IU. Aún no tiene configurado ni su director ni su equipo de campaña, pero lo acabará de cerrar en los próximos días. 

Economistas en la órbita de Podemos

No hay todavía equipo como tal. Un aparato al uso. Pero sí una larga lista de colaboradores y amigos en los que el diputado se ha apoyado en los últimos años. Como describen aquellos que le conocen bien, se ha ido nutriendo de la amistad, la ayuda, las propuestas y los debates de varios círculos de hombres y mujeres de su confianza. Unos, procedentes de IU, la organización que ha podido conocer en profundidad desde 2011 por sus viajes por toda España, requerido por las federaciones. Y ahí emergen nombres como Clara Alonso –la responsable que le es más cercana–, Antonio Maíllo, Lara Hernández, Tania Sánchez, Esther López Barceló o José Luis Centella. Otros vienen de fuera, del mundo de la cultura, como sus amigos (no asesores) Juan Diego Botto, actor, y Olga Rodríguez, periodista. Otro puñado más, del universo académico e intelectual, del que nunca se ha despegado. 

La universidad fue, de hecho, su primera pecera. Nómina que arranca con juristas como Gerardo Pisarello o Sebastián Martín. Y que sigue con economistas como Juan Torres, Nacho Álvarez o Bibiana Medialdea, compañeros de promoción del máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Complutense, los tres ahora encuadrados en el equipo de economistas de Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, trabajó codo con codo con Garzón en el pasado: le asesoró en cuestiones de comunicación y sigue siendo su amigo. 

A la lista de expertos se ha sumado recientemente Eduardo Garzón, su hermano pequeño, y economista como él. El diputado le pide en ocasiones algún informe, intercambian puntos de vista. Eduardo y el líder de Jóvenes de IU, Carlos Martínez Núñez, se encargan del trabajo económico para la Fundación por la Europa de los Ciudadanos (FEC), la fundación de IU, y como Garzón es el portavoz de Economía del grupo en el Congreso, se nutre de los papeles que ambos producen. Como la enmienda de totalidad a los Presupuestos de 2015, que defendió el mes pasado tras cederle el testigo Lara. 

El segundo círculo de Garzón se vincula a su provincia, Málaga. Entonces surgen nombres como el de José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento regional; o Toni Valero, secretario de Organización de IU Andalucía, o la concejala Toni Morillas.

El poder de Andalucía

Ampliando el radio se llega al tercer cinturón de confianza: Andalucía. Un puntal clave. Es la primera federación de IU, la más poderosa, la que ha apostado sin ambages por él. Garzón guarda una estrecha relación con el coordinador autonómico, Antonio Maíllo, su gran aval orgánico. El diputado conecta con él y con la dirección elegida en 2013, como discrepa con la ejecutiva anterior, la comandada por Diego Valderas, actual vicepresidente de la Junta, con quien confrontó por el pacto de gobierno con el PSOE. En cambio, sí cuenta entre sus apoyos al ex coordinador general y exlíder del PCE Julio Anguita. 

Garzón ha tejido también poderosos contactos en varias federaciones (el cuarto círculo). Emergen nombres como los valencianos Esther López Barceló (diputada autonómica), Ricardo Sixto (parlamentario en el Congreso) o Ignacio Blanco, el candidato a las autonómicas de 2015; la coordinadora gallega, Yolanda Díaz, o la diputada madrileña (y candidata en primarias) Tania Sánchez. En su espacio se cuentan asimismo los europarlamentarios Javier Couso y Marina Albiol, y los miembros de las Juventudes Comunistas y de Jóvenes de IU, liderados por Carlos Martínez Núñez y Anabel García. Todos ellos pertenecen a una nueva hornada de dirigentes, más jóvenes y despegados de la gestión de Lara. 

El quinto núcleo lo conforman los dirigentes del PCE con los que tiene un mayor trato. El primero, su secretario general, José Luis Centella, también portavoz del grupo parlamentario. Centella, hombre discreto, buen negociador, ha sido el eslabón clave en la sucesión ordenada de IU. Un dirigente de la confianza de Lara, sí, pero que ha virado la máquina del PCE –el verdadero aparato y músculo de IU– a favor de Garzón.

Los cómplices en Olimpo

Al lado de Centella, sus lugartenientes, Lola Sánchez Tudela y Fernando Sánchez. Los tres fueron piezas fundamentales de la operación que siguió al pasmo de las elecciones europeas, los que "impulsaron la renovación" interna, de la que Garzón salió fortalecido, al asumir la capital Secretaría de Proceso Constituyente y Convergencia, el área encargada de la elaboración de un "nuevo proyecto de país" y de tutelar la política de alianzas. 

El siguiente anillo es, claro, la dirección federal. En ella entró tras la última asamblea federal, la de diciembre de 2012, pero sólo después de la reestructuración del verano pasado Garzón ganó peso. Entonces pudo configurar su equipo de trabajo cotidiano desde su área. Su principal colaboradora, la responsable de Comunicación, Clara Alonso, de 30 años, aupada a la primera línea tras la remodelación interna. Ella es, actualmente, la dirigente más próxima al diputado, de su mayor confianza. Otra mujer se integra en su círculo cercano, la secretaria de Convergencia, Lara Hernández, madrileña de 28 años. 

Dentro de Olimpo, la sede federal, Garzón, mantiene una relación de "complicidad política", pero no personal –como lo definen fuentes próximas al diputado– con el veterano Ramón Luque, secretario de Acción Electoral, o Enrique Santiago, cabeza de una fuerte corriente interna, crítica ahora con la gestión de Lara. Algunos discípulos de Santiago, como el madrileño Hugo Martínez Abarca, también entran en su núcleo cercano. 

Garzón, en suma, se ha construido a lo largo de los últimos años, según sus colaboradores más próximos, un "perfil outsider, autónomo, fresco y profundamente económico"outsider, . O sea, fuera del aparato y alimentado por distintas redes de asesores, amigos, simpatizantes y dirigentes. 

Los enemigos, en el aparato

El diputado también tiene enemigos enfrente. Entre ellos, el secretario federal de Organización, Miguel Reneses, y su entorno –el aparato de IU–, y la dirigencia de Madrid próxima al portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Pérez. Ambos han estado en la diana del parlamentario por el escándalo de las tarjetas black. Tiene asimismo en su contra a Valderas y sus seguidores, así como federaciones como Asturias. A priori, no se cuenta con que este núcleo de opositores presente un rival, pero tampoco es descartable. Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, sí podría disputar la candidatura a Garzón, aunque protesta por las "dificultades" del proceso. Su peso dentro de IU es minoritario, en torno a un 20%. Responsables de este espacio como Tasio Oliver mantienen buena relación con el parlamentario por Málaga dentro de la dirección federal. 

Los amigos y colaboradores de Garzón dibujan un perfil del casi seguro candidato muy semejante. Un retrato en el que coincide su hermano, Eduardo: "Tiene dotes de líder, desde siempre. Es capaz de que todo el mundo le siga, aunque no es autoritario. Es persistente, valiente, buen estratega, inteligente, discreto. Y tiene muchas ganas. Es capaz de mantener un ritmo impresionante de vida sin agobiarse". Su hermano le ve "sin miedo, sin sensación de vértigo" hacia el que quizá sea uno de los retos más trascendentales de su vida. "Tuvo más miedo cuando le propusieron ser diputado que ahora. Ahora está mucho más seguro". Los suyos le describen como un político "frío, honrado, preparado... buena persona". Y al que le cuesta bajar el ritmo. Ahora, si asume la candidatura, ya no podrá frenar. 

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia decretó la semana pasada la apertura de juicio oral contra el conocido exdirigente de extrema derecha Ricardo Sáenz de Ynestrillas por un presunto delito de injurias graves y calumnias. Esta decisión es fruto de la denuncia del líder de España 2000, José Luis Roberto, contra Ynestrillas por las afirmaciones que hizo sobre este en su libro La reconquista del Estado.

En el mencionado libro, publicado por la editorial Sepha en 2010 –hoy sigue a la venta a un precio reducido un 80%-, Ynestrillas se mostraba muy crítico con la ultraderecha en España. En sus páginas también decía haber aborrecido el “mundillo patriota”, al que considera “intolerante, insolidario, rencoroso, nostálgico, inmovilista, xenófobo, nacionalista, homófobo y racista”, según informa la propia editorial.

Uno de los dirigentes más criticados en La reconquista del Estado es José Luis Roberto, el líder del partido de extrema derecha España 2000. Dentro del capítulo Desenmascarando a la extrema derecha y sus topos, dedicaba un apartado a este dirigente –“El cojo [alias de José Luis Roberto] que trafica con mujeres”-, al que acusaba de ser autor de numerosos delitos. Ynestrillas definía al líder de España 2000 como “capo mafioso, proxeneta y confidente del Gobierno”.

Además, aseguraba que había “tenido conocimiento de forma directa de diversas actividades ilegales de José Luis Roberto”, refiriéndose a la colaboración “con bandas de delincuentes” a quienes propiciaba los llamados santos. Es decir, personas que aportan información para facilitar todo lo posible el atraco de individuos o entidades, siempre a cambio de algún tipo de participación en el mismo.

Ynestrillas también sostenía que le constaba “la histórica colaboración de José Luis Roberto al tráfico de drogas”, avisando de lo “terriblemente pernicioso y peligroso que puede resultar, y resulta”.

Estas acusaciones han sido el fundamento por el que Ynestrillas se tenga que sentar en el banquillo junto con la editorial Sepha, responsable civil solidaria de los contenidos del libro, según lo establecido en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tanto el autor como la editorial deberán adelantar de forma solidaria la fianza de responsabilidad civil, fijada por el juez en 35.000 euros. El magistrado también ha decretado la apertura de juicio oral, debido a la acusación contra Ynestrillas por delitos de injurias graves y calumnias, ambas con publicidad.

Roberto, un conocido líder de la ultraderecha

No es la primera vez que el nombre del líder de España 2000 salta a los medios. José Luis Roberto fue uno de los promotores de una campaña de ayuda para necesitados, con la peculiaridad de que lo recogido se entregó únicamente a ciudadanos españoles, siguiendo el ejemplo del partido neonazi Amanecer Dorado, que organiza eventos similares en Grecia. España 2000 justifica estas acciones argumentando que "es casi imposible encontrar ONG que ayuden a los españoles para estas u otras causas".

Roberto también es presidente de la empresa Levantina de Seguridad, a la que la Generalitat Valenciana adjudicó los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios en los que se encuentran los servicios centrales de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por un precio cercano a los 332.000 euros. Hubo una fuerte polémica debido al "destacable historial de agresiones" de la empresa denunciado por Esquerra Unida y a su vinculación con la extrema derecha. 

El decreto, al que ha tenido acceso a Europa Press, recuerda que el pasado martes 3 de junio la Presidencia de la Diputación requirió a la diputada de EUPV Rosa Pérez Garijo que retirara la bandera republicana que había colgado en la ventana de su despacho, que da a la fachada posterior del edificio provincial, en cumplimiento de la ley 39/1981 por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas.

Advertía el escrito de que, de no hacerlo la diputada, se ordenaría al personal de servicio que procediera a la retirada de la bandera republicana, lo que se hizo esa misma tarde. No obstante, Pérez Garijo volvió a colocar este miércoles la misma bandera en el mismo lugar, motivo por el cual la Diputación ha dictado el citado decreto, que se apoya en el texto de la citada ley, que en su artículo noveno dice que las autoridades "corregirán" las infracciones a la norma, que establece que sólo se pueden utilizar la bandera de España y las oficiales autorizadas.

En el decreto, la Diputación establece la prohibición de colocar en las fachadas de los edificios públicos de la institución de otras banderas que no sean las oficiales y constitucionales, "con la excepción de los distintivos e insignias que se colocan durante las fiestas tradicionales", y ordena a la diputada a retirar de forma inmediata la enseña republicana.

"Si se produjera una desobediencia reiterada a mi autoridad, al grupo político Esquerra Unida le será retirado el uso del despacho o local que tiene asignado para reunirse de manera independiente y recibir visitas, hasta que manifieste la voluntad de restituir el uso del mismo conforme a la legalidad", señala el texto.

Por su parte, Rosa Pérez Garijo ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión del presidente provincial, Alfonso Rus, de obligar a la formación a retirar una bandera tricolor colocada de su balcón y ha tildado de "lamentable" la actitud del presidente, a quien ha acusado de "recortar" su libertad de expresión, "que se expresa mediante la colocación de una bandera republicana que manifiesta el sentir del pueblo que quiere decidir en un referéndum entre monarquía o república".

Para la diputada provincial de EUPV "el nerviosismo de Rus demuestra que el bipartidismo que apoya la monarquía está en caída directa". "La monarquía es un sistema caducado y obsoleto y nosotros vamos a continuar ejerciendo nuestro derecho en la libertad de expresión", ha añadido Pérez Garijo, quién ha insistido en que legalmente tienen derecho.

Un despilfarro de dinero público. Así es como ve la Plataforma Non ás obras da Mariña el proyecto de peatonalización y soterramiento del tráfico que ya ha empezado a ejecutar el Cosello de A Coruña y la Autoridad Portuaria en el centro de la ciudad gallega. Una obra que, según el alcalde del PP, Carlos Negreira, aspira a convertirse en “el proyecto más ambicioso del litoral español” y que se ha encontrado con el rechazo de ciudadanos y oposición. Una inversión millonaria que la plataforma, junto con Esquerda Unida y BNG, sitúan por encima de los 60 millones de euros y que contempla la construcción de un túnel de cuatro carriles, un aparcamiento subterráneo y la peatonalización de la céntrica zona de La Marina. Un plan de cuya ejecución formará parte Copasa, una de las empresas que figura como donante del PP en los papeles de Bárcenas.

Aunque las cifras no están claras, y se desconoce cuál será el coste exacto del proyecto, la plataforma y la oposición lo sitúan por encima de los 60 millones de euros, tres cuartas partes de las arcas municipales de Coruña, según Esquerda Unida. Una cuantía millonaria que ha desatado las protestas de la Plataforma non as obras da Mariña que ve cómo su Ayuntamiento dedicará gran parte de sus esfuerzos económicos al hormigón y al ladrillo, justo en un contexto de crisis económica en el que el discurso de la austeridad ha allanado el terreno para dejar paso unas políticas económicas de recortes de los servicios públicos sin precedentes.

“El Consistorio está continuamente diciendo que no hay dinero para obras sociales, recortan servicios y ahora resulta que sí hay recursos para toda esta obra faraónica”, protesta el portavoz de la plataforma Santiago Lamelo, que no duda en poner en cuestión el orden de prioridades con el que el Gobierno municipal atiende las carencias de la ciudad: “Hay muchas necesidades en otros barrios que no se cubren y sin embargo se mete dinero en esta obra”. Más contundente se muestra en este sentido el portavoz de Esquerda Unida, Cesar Santiso, al afirmar que en Coruña “hay barrios de segunda o de tercera” sometidos a un “subdesarrollo enorme de sus infraestructuras”.

La concesión a una empresa que figura en los papeles de Bárcenas

Más inquietante le resulta a la plataforma y la oposición la adjudicación de las obras del túnel y el aparcamiento subterráneo a Copasa, una de las empresas que figura en los Papeles de Bárcenas y que aparece en la presunta trama de financiación ilegal del PP en Galicia. Un asunto que llevó a su presidente, José Luis Suárez, a declarar ante el juez Ruz y que ahora solo contribuye a acrecentar la desconfianza entre los ciudadanos sobre el proyecto millonario. “Hay sospechas de que existen trapicheos, corrupción y trato de favor. Esa es una de las cosas que más nos enerva”, explica el portavoz de la plataforma, que ve ahora cómo el dinero de las arcas municipales recaerá sobre una de las diez constructoras que aglutina más adjudicaciones de obra pública en Galicia. Un hecho que según el portavoz de Esquerda Unida deja entrever “intereses claramente espurios que desde luego se tendrían que explicar”.

Con todo, ni los manuscritos de Bárcenas que apuntan a Copasa como una de las empresas que presuntamente habría realizado una donación al PP de 75.000 euros, ni la comparecencia de su presidente ante el juez Ruz, han impedido que la empresa que lidera José Luis Suárez obtenga la concesión de las obras del túnel de la Marina, así como de la ejecución y explotación del aparcamiento subterráneo en el Muelle del Parrote durante 35 años.

Reducción del tráfico sí, pero no con coste millonario

La plataforma no rechaza un plan que reduzca el tráfico en la zona de la Marina. Sí se opone a un proyecto cuyo altísimo coste más bien les recuerda al de los tiempos del pelotazo inmobiliario y la ejecución de obras faraónicas a cargo del erario público. En su lugar, solicita que se estudien alternativas más sostenibles que eviten el gasto de más de sesenta millones. La instalación de seis tipos de bancos en el paseo, cuyo coste unitario alcanza los 14.610 euros o la construcción de una pasarela en el muelle de casi 700.000 euros, son algunos de los ejemplos que la plataforma pone sobre los "excesos" en los que estaría incurriendo el plan. Unas cifras que no se corresponden con la realidad económica de A Coruña, una de las ciudades más endeudadas de Galicia en 2013. “Están vendiendo una presunta austeridad y hacen este proyecto como si fuésemos ricos. Es un despropósito”, asevera Santiago Lamela, quien insiste en aclarar que existen alternativas más viables y de menor coste para reducir el tráfico y peatonalizar la zona.

Las mejoras del transporte urbano, el aprovechamiento de las infraestructuras ferroviarias de los trenes de cercanías –que según la Plataforma se están desaprovechando–, junto con la construcción de aparcamientos disuasorios, permitirían evitar la construcción de un túnel, al que además del coste de ejecución, habrá que sumar los del mantenimiento anual. Un gasto periódico que según Esquerda Unida, el “Gobierno municipal no ha valorado” y que podría ascender al millón de euros e incluso superarlo al tratarse de una infraestructura soterrada cercana al mar. Una dificultad que, según explica César Santiso, obligará a tener funcionando bombas de achique “día y noche”, con el consecuente elevado coste económico y energético que ello generará.

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de A Coruña ya han iniciado un proyecto millonario que la plataforma no ha dudado en tildar de “obra faraónica”. Todo ello en medio de una crisis económica en la que las administraciones no han dejado de emplear los recortes y la austeridad como la única fórmula para salvaguardar unos servicios públicos que, según los integrantes de este movimiento ciudadano, no parecen llegar nunca a los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Mientras tanto, el plan del Ayuntamiento se desarrolla entre las sospechas y la desconfianza de una ciudadanía que, asediada por unas políticas de rigor presupuestario, percibe cómo los beneficios de las inversiones públicas recaen, una y otra vez, sobre los mismos.

La Plataforma lucha ahora, no solo por sacar a la luz los intereses que, sospechan, podrían estar ocultándose en la construcción del túnel, sino sobre todo porque los millones de euros que tanto necesitan los vecinos de A Coruña no queden sepultados en el soterramiento del tráfico de la Marina.

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Esquerda Unida, la marca gallega de Izquierda Unida, ha enviado un burofax a la candidata número dos de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) por Ourense, la coalición que formó con Anova para presentarse a las autonómicas de Galicia, para emplazarla a que, en el plazo de 48 horas "comunique su renuncia" a tomar posesión de su escaño. La aludida, Carmen Iglesias, ya ha anunciado que no tiene intención de acatar la demanda de su formación y se muestra dispuesta a ingresar en el Parlamento como no adscrita a ningún grupo.

La entrada de Iglesias en la Cámara se producirá después de que el único diputado de AGE por Ourense, David Fernández Calviño, haya anunciado que a finales de mes abadonará el Parlamento al no poder compatibilizar la política con la actividad profesional que acaba de iniciar en Copenhague (Dinamarca).

EU y Anova, los socios que forman AGE, quieren que Iglesias no ocupe la plaza que quedará vacante para que sea la siguiente de la lista la que sustituya a Calviño, también militante de Anova. Ambas organizaciones quieren preservar así el equilibrio interno que tienen en estos momentos en el Parlamento de Galicia.

La ejecutiva de EU ya ha amenazado a Iglesias con la "la apertura de expediente sancionador y la suspensión cautelar de militancia". Sin embargo, la número dos de la lista afirma que "hace mucho tiempo que no habla" con la dirección de su formación. "Estoy en casa tranquila; la junta electoral me avisará, cogeré mi acta y me pondré a trabajar", ha explicado. "Yo me veo capacitada. Siempre fui una mujer valiente, que trabajó, responsable; me pusieron en una lista por mi capacidad y mi discurso, no por mi cara bonita", ha reivindicado, en declaraciones a Europa Press.

El problema se ha suscitado después de que el líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, anunciase este miércoles que Fernández Calviño dejará la Cámara a finales de mes, a pesar de que, al menos provisionalmente, habían anunciado que compatibilizaría el escaño.

El líder de Anova explicó que la decisión de Calviño de abandonar el escaño se ha precipitado por el "acoso desencadenado" y la "caza y captura" que ha sufrido el todavía diputado y que, según ha reconocido, ha afectado a la "vida interna" de AGE.