A lo largo de sus 75 años de historia, la política de la República Federal de Alemania se ha caracterizado por la continuidad y la ausencia de cambios bruscos. Aun así, de forma paulatina, el panorama político se ha transformado profundamente en las últimas décadas. Las elecciones del pasado domingo fueron solo una vuelta de tuerca más. Las consecuencias de esta transformación son importantes, y lo serán más aún si las tendencias continúan. 

Antes de analizarlo con la ayuda del siguiente gráfico, vamos a darle un breve repaso a los partidos tradicionales. Como en muchos otros países, destacan dos grandes partidos, de centroderecha –la CDU* democristiana– y de centroizquierda –la SPD socialdemócrata–. Entre ambos presiden actualmente 15 de los 16 Estados federales, y han puesto todos los cancilleres de la historia de la república. A menudo lo hicieron con el apoyo de los liberales (FDP), el clásico partido bisagra, que llegó a encadenar casi tres décadas ininterrumpidas en el poder como socio minoritario de gobierno. En los años ochenta los verdes empezaron a abrirse hueco como cuarto en discordia, revolucionando el panorama político. Se convirtieron en el socio natural de la SPD, mientras que los liberales se desplazaron hacia la derecha, perfilándose como socio preferente de la CDU.

El siguiente gráfico muestra la evolución de los resultados de estos cuatro partidos en las elecciones federales, así como las coaliciones de gobierno resultantes (con el partido del canciller en primer lugar en negrita, y usando los mismos colores que en las barras de los resultados):

Con un sistema electoral proporcional que no facilita las mayorías absolutas, todos los gobiernos federales han sido de coalición para asegurar una mayoría estable. Obsérvese que solo el cambio de gobierno de 1998 supuso la sustitución de todos los partidos gobernantes, mientras que en todos los demás hubo continuidad de al menos uno de ellos, toda una muestra de la mencionada ausencia de cambios bruscos. 

No obstante, la evolución del peso de los partidos evidencia la paulatina transformación. En los años setenta se culminó un proceso de concentración de voto, con las dos grandes formaciones repartiéndose más del 90% y el resto recayendo casi íntegramente en los liberales, de modo que entre los tres superaban el 99%. Pero desde entonces este respaldo electoral se ha reducido a la mitad. El domingo pasado los tres sumaron menos del 50%, con los dos grandes repartiéndose menos del 45%. Por segunda vez en su historia, los liberales se han quedado fuera del parlamento al no alcanzar el umbral del 5%. Tanto para ellos como para la SPD fue su peor batacazo en la historia de las elecciones federales, mientras que la CDU, a pesar de su subida, cosechó su segundo peor resultado. 

Antes de analizar las consecuencias de estos cambios, veamos quiénes han ocupado este hueco cada vez mayor, aparte de los Verdes, ya convertidos en un partido tradicional más. Con la reunificación en 1990, se incorporaron los excomunistas de la Alemania oriental (RDA). En 2007 se fusionaron con una escisión de la SPD, formando La Izquierda, que progresivamente ha dejado atrás sus vínculos con el régimen de la antigua RDA. Con un 8,8% del voto fue la gran sorpresa el domingo, con un respaldo mayor entre los jóvenes, siendo la primera fuerza, con alrededor del 26%, entre los menores de 25 años (una franja en la que en los comicios anteriores se impusieron los verdes por delante de los liberales). Le ha ido bien mantenerse firme en las posturas progresistas, descuidados por SPD y verdes, incluso cuando hasta hace pocas semanas languidecían con una intención de voto del 3%. De hecho, parecían ya acabados y condenados a la irrelevancia, sobre todo desde que una de sus líderes más carismáticas encabezó una escisión populista (BSW) que compagina el izquierdismo con posturas de extrema derecha, pero que, tras un notable éxito inicial, sobre todo en el este del país, acabó perdiendo fuelle y finalmente se ha quedado por poco fuera del parlamento, con el 4,97%. 

Por otro lado, la extrema derecha empezó a cobrar gran relevancia con la aparición de la AfD, vetada como socio de coalición por todos los demás partidos y en el punto de mira de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Tras no alcanzar el 5% en 2013, lleva desde 2017 en el parlamento federal, erigiéndose como su segunda fuerza el domingo pasado, con el 20,8% del voto, que se eleva al 34,5% en la antigua RDA, donde son el partido más votado. 

Obviamente toda esta fragmentación complica la gobernabilidad. Si durante décadas lo habitual eran gobiernos de uno de los dos grandes partidos con el apoyo de uno pequeño, desde hace años esta fórmula ya no suma. En consecuencia, la pasada legislatura, por primera vez desde los años cincuenta, gobernó un tripartito (bautizado “semáforo” por los colores de los partidos que lo formaron). Los desacuerdos, sobre todo con los liberales, fueron una constante, provocando finalmente la ruptura del gobierno y el adelante electoral. Ya en 2017 la CDU fracasó en su intento de formar un gobierno tripartito con los verdes y los liberales, por el abandono de las negociaciones por parte de estos últimos. 

Lo que ante estos problemas se ha convertido en la nueva normalidad son las coaliciones entre los dos grandes partidos tradicionales. La que seguramente se acordará en las próximas semanas, sería ya la cuarta en seis legislaturas. Se solía hablar de gran coalición, pero este nombre ya ni siquiera está justificado, con la SPD relegado al tercer puesto por primera vez en unas elecciones federales. De hecho, si con menos del 45% del voto ambos suman aún una mayoría absoluta de escaños (328 de 630) es porque casi un 14% del voto de los alemanes se fue a partidos que no consiguieron representación parlamentaria. Si con 0,03 puntos porcentuales más los populistas del BSW hubieran entrado en el parlamento, habrían dejado sin mayoría a CDU y SPD, haciendo necesario también el apoyo de los verdes en un nuevo – y siempre más complicado – gobierno tripartito. Y posiblemente en los próximos comicios ya no habrá tanta suerte.

Y es que una de las causas por las que la llamada gran coalición es cada vez menos grande podría ser precisamente el uso continuado de esta fórmula. Siendo el próximo gobierno el quinto de los últimos seis que encabeza la CDU, y el séptimo de los últimos ocho en el que participa la SPD, ambos apenas tienen ocasión de regenerarse en la oposición tras los desgastes que a menudo implican las tareas de gobierno –con la extrema derecha frotándose las manos, esperando el momento en el que el país sea ingobernable sin ellos–. El electorado envejecido de la SPD y sobre todo la CDU supone otro peligro a medio y largo plazo para estas dos formaciones. Por si todo esto fuera poco, los retos a los que se enfrenta el próximo gobierno son colosales. Por el bien de la democracia de Alemania –y la de Europa– toca desearle éxito.

* En Baviera los democristianos concurren bajo las siglas de CSU, tratándose formalmente de un partido independiente, por lo que estrictamente tendríamos que referirnos a los democristianos como CDU/CSU. No obstante, para simplificar, sobre todo en el gráfico, aquí usamos solo las siglas CDU.

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Ansgar Seyfferth es director para España de la empresa STAT-UP Statistical Consulting & Data Science Services, profesor de estadística y de gestión y visualización de datos, y colaborador de la Fundación Alternativas. Su cuenta de Twitter es @ASeyfferth.

Finalmente, el federalismo en cuanto tal no tuvo en el 41 Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla la semana pasada el protagonismo que algunos habían anunciado que tendría. De hecho, en la Ponencia-Marco apenas se iba más allá de constatar la necesidad de “ahondar en el proceso de federalización del Estado”. Incluso el propio Pedro Sánchez, en su intervención de clausura, no mencionó este asunto en ningún momento, como tampoco hizo referencia alguna a la cuestión territorial (al margen de una fugaz alusión a la normalización política en Cataluña). A poco que se piense, la cosa no tiene nada de rara, por muy diversas razones. En un contexto político como el que estamos viviendo, agitar la bandera federal no parecía, desde luego, lo más aconsejable. Es más, corría el riesgo de resultar directamente contraproducente.

En efecto, la última ocasión en la que se reivindicó explícitamente el federalismo desde las más altas instancias gubernamentales fue con ocasión del acuerdo firmado por el PSC con ERC para alcanzar lo que en términos oficiales se ha denominado una “financiación singular” para la comunidad autónoma catalana. Un tipo de financiación que, por cierto, fue considerada desde el primer momento por voces extremadamente autorizadas –como es el caso de Josep Borrell, del federalista vasco Alberto López Basaguren o del economista Ángel de la Fuente, por citar unas pocas de entre las más destacadas– no como federal, sino como confederal, lo que en gran parte justificaría el rechazo inicial que dicho acuerdo provocó en sectores de izquierdas de otras comunidades autónomas, preocupadas por el perjuicio económico que les podría acarrear, amén de por el hipotético daño a la cohesión territorial que implicaría un modelo de signo confederal. 

No se trata ahora, quede claro, de entrar en el análisis detallado del acuerdo en cuestión sino de destacar en qué medida nos encontramos ante un debate, el de la necesidad de la reforma federal de nuestro ordenamiento constitucional, tan ineludible como inexplicablemente pospuesto (y de manera reiterada además). Como ya ha sido señalado por diversos analistas, se dejó pasar una magnífica oportunidad de hacer pedagogía federal con ocasión de la pandemia, cuando se descentralizó la gestión de la crisis sanitaria y las comunidades autónomas se hicieron cargo de esa responsabilidad en su territorio. Lo que entonces se denominó cogobernanza era, de hecho, cogobernanza federal, pero, de manera incomprensible, quienes la promovieron renunciaron a explicitar la profunda naturaleza de su modelo. 

En contrapartida, como apuntábamos, decidieron sacar a pasear el recurso federal en uno de los peores momentos posibles, identificando con el federalismo precisamente una propuesta de pacto fiscal de dudoso signo y acerca de cuyos mecanismos de concreción apenas se han proporcionado en ningún momento las mínimas explicaciones exigibles (la experiencia invita a pensar que las motivaciones para esta falta de explicación casi seguro que habrán sido de carácter meramente táctico). Es probable que nos encontremos ante las consecuencias de la valoración que del federalismo llevan a cabo algunos de nuestros responsables políticos, como si fuera un mero discurso de usar-y-tirar, muy útil en tiempos de extremada volatilidad pero que se convierte en un auténtico estorbo en el instante en el que alguien pretende que pueda ser de utilidad como fundamento de unas auténticas políticas de Estado. 

De ahí la solo aparente paradoja de que en una circunstancia como la actual, en la que el discurso independentista en Cataluña está retrocediendo políticamente, el terreno abandonado por este no se vea ocupado de manera abierta, en el espacio público, por el federalismo. La clave del asunto es probable que se encuentre en su transversalidad, dimensión que lo convierte en susceptible de ser asumido tanto por sectores progresistas como conservadores, más allá de resistencias ocasionales que no afectan al fondo del asunto. Conviene reparar en la importancia de dicha dimensión transversal. En la medida en que la sustancia de la propuesta federalista refiere a la organización del Estado (y, de manera derivada, a los valores que deben regir la vida pública, como la lealtad), el espíritu que la inspira solo puede ser el del acuerdo y la cooperación, en ningún caso el de la confrontación. 

A partir de aquí nada tiene de extraño el escaso atractivo (lo poco sexi) del federalismo para quienes no son capaces de concebir la política más que en términos de polarización. Así, a los polarizadores de izquierda solo les podría resultar de utilidad dicha propuesta si pudieran endosarle a la derecha una inequívoca y declarada voluntad recentralizadora o de liquidación completa del Estado de las Autonomías, posición que en el espectro conservador solo defiende Vox, y no sin contradicciones (en ningún momento ha renunciado a ocupar el poder autonómico), pero tienden a considerarla, como mucho, de rentabilidad meramente táctica o instrumental si no pasa por ella la línea de demarcación entre derechas e izquierdas. A los polarizadores de derechas, por su parte, les basta, para no entrar a debatir la propuesta federalista, con agitar las connotaciones negativas que, por razones históricas, arrastra la categoría (por resumirlo abruptamente, como si ella nombrara una exasperación de la descentralización que solo puede terminar dañando a la cohesión política del país).

En realidad, los enemigos declarados del federalismo se encuentran tanto en los extremos del arco parlamentario como en los nacionalismos de uno u otro signo. O sea, en la extrema derecha, obviamente por lo que acabamos de señalar, pero también en unos socios del gobierno partidarios, en el mejor de los casos, del confederalismo (Sumar y Podemos) y, en el peor, de la independencia (puesto que no hay categoría que más repugne a un nacionalista que la de nación sin Estado). Lo que convierte la actual situación en un callejón sin una salida a la vista es que las dos grandes formaciones que objetivamente podrían estar interesadas en una reforma de signo federal no parecen dispuestas a dar ni un solo paso en esa dirección, en gran parte porque, además de encontrarse tironeadas por sus aliados y socios, tampoco alcanzan a ver el beneficio inmediato que podrían obtener de la iniciativa. No es un cálculo del todo equivocado, ciertamente, cuando se asume que no hay más horizonte que el de las próximas elecciones. 

Pero cuando lo que importan no son las próximas elecciones, sino las próximas generaciones –como ya dijera Bismarck para distinguir entre políticos y estadistas–, la perspectiva debe cambiar. Si pensamos en lo ocurrido en Cataluña en el transcurso de la década pasada, tal vez el asunto quede algo más clarificado: el federalismo no sirve para ganar elecciones (porque bajo su bandera tanto las pueden ganar unos como otros) sino para estar algo más seguros de que no las ganarán los peores (esto es, los que son incapaces de ofrecer un proyecto bajo cuya bandera quepan todos).  

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Fue el primer presidente de la asociación Federalistes d´Esquerres.

Cambiar el modelo territorial español implica una reforma de la Constitución imposible sin el concurso simultáneo de los dos grandes partidos que han dado soporte al sistema durante los últimos 45 años. Y aunque la modernización de la Carta Magna es una necesidad asumida desde hace tiempo por todos los partidos con representación parlamentaria, el alcance de los cambios e incluso la dirección que deben tomar tienen sesgos muy diferentes en cada fuerza política.

En un extremo están los partidos soberanistas a los que, más allá de una delimitación más clara de las competencias, les gustaría que los cambios incluyesen mecanismos para que los habitantes de un territorio pudiesen decidir en referéndum sobre su independencia. Del otro está Vox, la tercera fuerza política en el Congreso, partidaria de recortar drásticamente o incluso suprimir el Estado Autonómico, subordinar las lenguas cooficiales y hasta ilegalizar a los partidos que defienden la independencia de sus territorios.

En medio se mueven las posiciones federalistas del PSOE y de Sumar, la apuesta del PP por la transformación del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial e infinidad de propuestas académicas en las que expertos en derecho constitucional han trasladado desde hace tiempo la necesidad, cada vez más imperiosa, de aclarar el modelo.

El debate ha permanecido velado en los últimos años, pero ha vuelto con toda su fuerza impulsado por un resultado electoral que obliga a los grandes partidos —PP y PSOE— a tomar en consideración las propuestas de las organizaciones políticas que defienden un nuevo modelo o que, en línea con la fractura que tuvo lugar en 2017, cuando el Govern catalán organizó un referéndum y proclamó (durante unos instantes) la independencia, siguen pidiendo la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

Lo cierto es que la reforma, hoy por hoy, con el reparto de escaños decidido el 23J, no parece posible, entre otras cosas porque el mecanismo para llevarla a cabo está diseñado para hacer de la Carta Magna un documento virtualmente inexpugnable. Pau Bossacoma Busquets, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del consejo académico creado por la Generalitat para guiar y dar forma a un acuerdo de claridad que siente las bases de una propuesta catalana para un referéndum acordado de independencia, es de los que creen que el mecanismo de reforma constitucional traza una ruta infranqueable.

“El arduo camino que traza el [procedimiento fijado en el artículo] 168 [de la Constitución)] genera, al menos, tres tipos de dificultades”. En primer lugar, “una doble supermayoría al cuadrado” [dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado]; “una serie de apelaciones democráticas al pueblo español que incluye elecciones y referéndum de ratificación” y “un sacrificio por parte de los cargos gubernamentales y parlamentarios, puesto que la disolución de las Cortes supone perder sus puestos y escaños. En definitiva, el 168 requiere una compleja conjunción entre los principios y los intereses de las fuerzas que ostentan el gobierno y las de la oposición”, dejó escrito antes de entrar a formar parte del consejo académico que intenta encontrar una llave con la que abrir una puerta jurídica a la autodeterminación de Cataluña.

Sobre lo que no hay duda es acerca de la necesidad de actualizar el modelo. Al menos esa es la opinión más extendida entre los expertos. Algunos creen que es imprescindible una reforma de la Carta Magna, pero otros sostienen que bastaría con aclararlo. 

Esto último es lo que sostiene el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías. “Lo que hay que hacer es aclarar el modelo. La Constitución configura un modelo territorial de corte federal”, pero “ahora tenemos un Estado que no se sabe muy bien si es un Estado centralizado, si es federal, y que depende cotidianamente de lo que decida en cada momento el Tribunal Constitucional”. 

“Hace falta asentar el sistema territorial, aclarar de una vez por todas el mecanismo de financiación para el futuro”, señalar “bien el reparto de competencias” y hacer, en definitiva, todo lo que la Constitución “dejaba en manos del futuro legislador y nunca se ha desarrollado con el suficiente rango como para impedir que sea el tribunal el que tome estas decisiones”, apunta.

No es nada nuevo. Un grupo de juristas capitaneado por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense (Madrid), ya lo sistematizó en 2017, en pleno conflicto del procés, en un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución. 

Esta propuesta aconseja “remitir al estatuto (de autonomía) todo aquello que no afecta al conjunto: organización interna, institucional y territorial; elementos simbólicos e identitarios, derechos reconocidos en el ejercicio de las competencias autonómicas, etc.”. Los estatutos podrían “incluir la denominación de la comunidad que mejor responda a su identidad histórica”, y la Constitución debería remitir también a las normas autonómicas en lo tocante a “la organización de instituciones propias y la organización del territorio” y también a “las cuestiones simbólicas vinculadas a la identidad”.

Los estatutos, según estos juristas, deberían desligarse de la tutela del Congreso y el Senado y requerir únicamente “la aprobación del parlamento de la comunidad autónoma”, un cambio que de haber existido en 2010 hubiese impedido la modificación del Estatut no decidida en Cataluña que está en el origen mismo del procés, como recordó esta semana el propio líder de Junts, Carles Puigdemont.

“La ‘norma institucional básica’ de una comunidad autónoma no puede ser una ley orgánica más. Por ello, sería conveniente configurar al estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”, señala la propuesta académica de reforma de 2017. Una figura que también “debería quedar despojada de su carácter de ley orgánica pero también de su función en la distribución de competencias, que correspondería a la Constitución”, limitada a “cuestiones internas de la comunidad que no afectan a las restantes”.

Al mismo tiempo, proponen, la Constitución debería “incluir normas fundamentales del sistema de financiación, con aproximación a la atribución de recursos según las capacidades de ingreso y criterios de solidaridad, incluyendo los principios de igualdad social y de ordinalidad”, con el objetivo de poner fin a “una deficiente participación de los territorios en la concreción del modelo” vigente.

Esta propuesta asume también la necesidad de cambiar el funcionamiento del Senado, que es lo único sobre lo que se ha pronunciado favorablemente el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La idea, básicamente, es que la Cámara Alta decida sobre “la legislación del Estado que afecta a las comunidades, especialmente para las leyes básicas que desarrollan y ejecutan” éstas, y “codecidir la financiación”. ¿Cómo se elegiría? Ahí también hay discusión. Hay a quien le gusta más que los senadores sean de designación de los gobiernos autonómicos y quien prefiere que sean elegidos por los parlamentos de cada territorio apra garantizar una mayor representatividad.

Hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial, siguiendo el modelo alemán, para que deje de ser un hemiciclo redundante y virtualmente inútil, sigue siendo la principal asignatura pendiente de la arquitectura constitucional española. Hacer realidad esta reforma era uno de los elementos más destacados de la propuesta aprobada por el Consejo de Estado en 2006.

De 2017 data el último intento formal de evaluar la posibilidad de una actualización de la Carta Magna: una comisión de estudio en el Congreso, a cuya creación accedió Mariano Rajoy después de que Pedro Sánchez diese el apoyo del PSOE a la intervención de la autonomía catalana, pero que agotó sus días sin llegar a ninguna conclusión.

Como tampoco ha tenido nunca desarrollo, a falta de un interlocutor dispuesto a sentarse a negociar por parte del PP, la propuesta federal que el PSOE acuñó en Granada en 2013 bajo la batuta de Alfredo Pérez Rubalcaba y que sigue vigente a día de hoy. Con el apoyo, entre otros, del barón socialista que con más ahínco se opone ahora a cualquier cosa que tenga que ver con una evolución del Estado autonómico: Emiliano García-Page.

El discurso territorial que defiende en estos momentos el PSOE tomó cuerpo en julio de 2013. La decisión del PSC de defender, en septiembre de 2012, el derecho a decidir a través de una consulta “legal y acordada” abrió una crisis con el PSOE que a punto estuvo de provocar una ruptura. Rubalcaba lideró la tarea de negociar y cerrar un compromiso político compartido por todos los barones socialistas en torno a la idea de una reforma federal del Estado. La Declaración de Granada, que es como se conoce el documento que nació de aquel acuerdo, sentó las bases del proyecto socialista para Cataluña y para España. “Un proyecto para seguir juntos”, en palabras del propio Rubalcaba.

Aquella declaración reivindicaba el Estado de las Autonomías, pero reconocía la existencia de “disfunciones” en su funcionamiento. “La Constitución dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales del modelo autonómico, como la propia determinación de las Comunidades Autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado, el modelo de financiación, la organización de las Administraciones Públicas o los mecanismos de cooperación entre ellas”, precisaba.

En Granada el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

Fue el PSOE del recién fallecido Rubalcaba, el mismo dirighente qu ahora invoca el PP para arremeter contra el diálogo territorial, el que levantó en Ferraz la bandera de una reforma constitucional dirigida a consagrar una nueva estructura “territorial de carácter federal”. Una reforma que incluyese también la transformación del Senado en una auténtica Cámara de representación territorial “sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal”, que establezca un sistema de financiación autonómica que dé estabilidad al modelo, que incorpore los “hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad y que establezca mecanismos de cooperación y de participación institucional propios de los estados federales. Una reforma, eso sí, “con un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”, precisaba el documento de 2013.

Cambiar la Carta Magna, en todo caso, recuerda Urías, “debería hacerse con un consenso amplio”. No hace falta unanimidad, precisa, pero sí que al menos el 70% del Congreso se pronuncie a favor. “El problema es que no hemos sido capaces de reformar la Constitución y se está quedando antigua”, advierte.

Y aunque “España de por sí ya es un modelo federal, en la medida en que hay competencias autonómicas que están por encima de las competencias estatales”, el problema, apunta Urías, es que en España hay un desequilibrio social, “yo creo que como nunca antes, en cuanto a la percepción de la necesidad de autogobierno”. 

En algunos territorios periféricos, se explica, hay mucha sensación de que es importante el autogobierno. “Son básicamente Galicia, Navarra, el País Vasco y Cataluña. Quizás en Canarias también”, añade. En cambio, otros territorios como Andalucía, Valencia o Baleares, que desarrollaron “un sentimiento identitario” durante los primeros años de la democracia, “lo han ido perdiendo". Y después está “la España central”, donde “nunca lo ha habido”. Es el caso, dice, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o La Rioja, que “se han convertido en comunidades autónomas sin querer serlo”. La consecuencia es que “tenemos dos Españas que conviven y es difícil dar respuesta a dos tensiones tan diferentes”.

Para lo que no hay hueco en una eventual reforma, explica Joaquín Urías, es para el sueño independentista de una regulación del derecho a la autodeterminación. “Yo creo que no es un tema que pueda incluir la Constitución. La Constitución española explica cómo funciona el sistema jurídico en España. Quien no sea España, pues no está afectado por esa Constitución. No creo que la Constitución tenga que prever nada parecido al derecho a la autodeterminación, ni a la secesión, ni nada de eso. Esos mecanismos son extrajurídicos. Puede pasar que en un territorio en algún momento la población no quiera seguir siendo española y habrá que ver cómo lo resolvemos, pero evidentemente eso no tiene por qué estar previsto”.

Los soberanistas, al menos los que no abogan directamente por la ruptura, como el PNV, creen que sí es posible. De hecho, eso es, en parte, lo que está detrás de la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de convocar una Convención Constitucional limitada a pactar una reinterpretación del modelo territorial establecido en la Carta Magna a través de la cual conseguir “el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. 

Lo que busca el lehendakari es una “forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política” a través de una “interpretación constitucional específica que, sin necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado”. En particular en las comunidades “que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978” (Galicia, Euskadi, Cataluña y Navarra).

I.- En un reciente seminario, organizado por la Asociación por una España Federal (AEF), celebrado en el Senado, tuve ocasión de reflexionar sobre las cuestiones que plantea el título de este artículo. En realidad, sobre el asunto esencial de la relación entre cohesión territorial y cohesión social. Creo que, para llegar a alguna conclusión, hay que partir del sentido del artículo 1 de la Constitución cuando define nuestro Estado “social y democrático de derecho”. Y social, en mi opinión, quiere decir Estado de bienestar, un auténtico salto civilizatorio respecto del Estado liberal de los siglos XIX y mitad del XX, cuando sólo existían —donde existían— libertades individuales, pero no derechos colectivos. En nuestro caso, ni lo uno ni lo otro hasta finales del XX. Actualmente somos, por lo tanto, las naciones que componemos la UE, democracias sociales que unimos ambos aspectos señalados, lo que se compadece con ese modelo social europeo, único en el mundo, que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, gracias al notable protagonismo de los movimientos sociales, en especial el sindical. Se trata, en realidad, de la identidad de nuestros estados y, en nuestro caso, de la democracia española. Por eso, adelanto que en mi concepción las agresiones al Estado de bienestar o social, en forma de recortes, privatizaciones, etc., son atentados a la democracia.

II.- Al mismo tiempo, también somos un Estado compuesto, con elementos federalistas, inacabado, pero con amplia descentralización. Hasta el punto de que el contenido social de dicho Estado —educación, sanidad, servicios sociales, etc.— y la financiación que les afecta, está transferido a las comunidades autónomas. Ahora bien, no conviene olvidar que, como señalan los artículos 14 y 139.1 de la Constitución española, se debe garantizar la igualdad de todos y todas, vivan donde vivan. Me temo que esto último no se respeta en nuestra experiencia, pues somos un país francamente desigual, territorial y personalmente, a pesar de algunas mejoras recientes. Una indeseable situación que un modelo más federal podría contribuir a corregir. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en la República Federal de Alemania con ocasión de la unificación del país. Las diferencias de renta entre los lander del oeste y del este eran vastas o exageradas y, sin embargo, en el transcurso de unos años se fue produciendo una notable convergencia entre ellos. Me temo que no ha sido así en nuestro caso. Las diferencias de renta per cápita entre Comunidades Autónomas sigue siendo abultada, lo mismo que el gasto/inversión por persona en sanidad o educación, que se ha ampliado, después de cierto periodo de acercamiento. Las causas de este desequilibrio pueden ser varias: diferentes tejidos productivos; mayor o menor industrialización; insuficiente solidaridad interterritorial; ideología del gobierno de cada comunidad autónoma; pulsiones privatizadoras; tendencias “confederales” o bilaterales, etc.

III.- Una primera constatación a la que nos debería conducir esta realidad es a la de que la transferencia de los servicios esenciales a las comunidades autónomas no debería significar, en ningún caso, que el Estado —la “federación”— deba desentenderse de los asuntos sociales transferidos. No es ese, desde luego, ni el espíritu ni la letra de la Constitución española. Así, en la sanidad, el artículo 149.16 afirma que el Estado “tiene competencia sobre las bases y coordinación general” de la misma. Tarea difícil de cumplir si el ministerio de Sanidad se encontraba medio desmantelado cuando estalló el covid-19. En educación, el artículo 149.30 de la Constitución española habla de competencia “sobre normas básicas del desarrollo del artículo 27”. Por ello entiendo que, en los Estados de naturaleza federal, cada comunidad autónoma no puede hacer lo que quiera con los servicios sociales esenciales y el poder “federal” debe poder intervenir y corregir las tendencias indeseables. La identidad social de nuestra democracia debe estar garantizada para todas, todos y en todas partes. Que no quiere decir, para nada, regresar a posturas centralizadoras. Lo que significaría dar pasos hacia atrás inaceptables. De lo que se trata es de evitar que pudiera darse el caso de que un gobierno autonómico decidiera, por ejemplo, ir privatizando la sanidad o la educación, a través del expediente de deteriorar estos servicios públicos. En nuestro modelo, por el contrario, la descentralización es inseparable de la cohesión, pues ambas deben ir unidas, para ser fieles al sentido de la Constitución.

IV.- De ahí que un sistema más federal puede corregir mejor las tendencias que debilitan, ya sea la cohesión territorial o la cohesión social. El peligro para nuestra nación y Estado no viene sólo de los que quieren separarse de España, sino también de los “privatizadores”, de los que quieren “independizarse” del Estado social y democrático de derecho. Porque seamos claros, no hay Estado social sin solidaridad interterritorial y no lo hay, tampoco, sobre bases privadas.

V.- Desde su fundación, la AEF ha apostado por una España federal en una Europa federal. Conviene no olvidar que la Unión Europea es, también, el ámbito de realización de nuestra democracia. Por eso mismo sostengo, de cara al próximo futuro, que el Estado social necesita, para robustecerse e incluso mantenerse, que imbrique sus contenidos en el espacio europeo, lográndose así una Europa social y no solamente económica y monetaria. Porque, de alguna manera, ya somos “euroestados” o “euronaciones”, y estas quedarían deformes o incompletas sin una dimensión social complementaria. 

De otra parte, han transcurrido 45 años desde la aprobación de la Constitución, y muchas cosas han cambiado desde entonces: nuestra pertenencia a la UE; el despliegue de la globalización; la revolución digital; la aceleración del cambio climático; el impulso feminista; de nuevo la guerra en Europa. De otro lado, España ha logrado una profunda transformación, somos bastante más ricos que entonces, desde luego unos más que otros. El PIB de 1978/80 se situaba en 160 mil millones equivalentes de euros, y hoy estamos en 1,4 billones de euros; por su parte, la renta por cabeza era de 4.200€ y hoy ha subido a 27.000€; la misma población de España ha aumentado en un 26%, es decir, somos más, más ricos y más viejos. En cualquier caso, estaríamos en condiciones de enriquecer nuestro Estado de bienestar, lo hemos hecho en el pasado con las pensiones, la sanidad o el Ingreso Mínimo Vital, pero hoy afrontamos nuevos retos a los que tenemos que hacer frente —el medioambiente, la vivienda, la brecha digital— ampliando derechos.

VI.- Ante las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, 28 de mayo, es buen momento para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer en competencias y medios el espacio municipal, un tanto preterido en el momento del reparto de los poderes. Conviene apostar, en este sentido, por un federalismo municipal. Hay que ser conscientes de que ir transitando hacia formas más federales exige ir creando una cultura federal, en valores compartidos, democráticos, europeístas, de igualdad, solidaridad, tolerancia, empatía y lealtad institucional. Frente a actitudes de agravios comparativos, insolidaridad, competencias desleales que, desgraciadamente, abundan. Una mejor clarificación de las competencias y un robusto modelo de financiación completarían el cuadro de necesidades comunes. En el terreno de las instituciones, quizá la reforma que podría alcanzar el imprescindible consenso sería la transformación del Senado en una auténtica Cámara territorial, como existen en los Estados federales. No fue otra la intención del ar.69.1 de la Constitución cuando dice: “El Senado es la cámara de representación territorial”.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas y de la Asociación por una España Federal.

En España es posible detectar, especialmente después de Aznar, una relación directa entre la política centralista y la promoción de Madrid como ciudad global, con tentáculos por toda la península, concebida ésta en su conjunto como mero hinterland de la capital del Estado. Ese es el sentido racional, si uno quiere ponerse hegeliano, de la famosa frase de Ayuso "Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?"

Y, al contrario, existe una relación entre promover la España en red, mantener e impulsar el desarrollo económico de los diferentes territorios y estimular el federalismo.

Los centralistas de hoy en España son afrancesados en lo administrativo, dentro de la tradición borbónica, pero anglosajones en lo económico. Sin embargo, Estados Unidos es un país federal y el Reino Unido tiene menos problemas a la hora de reconocer su diversidad nacional. Si a ello fuéramos, más mentalidad empírica, más sentido del pacto y más pragmatismo no vendrían mal en la España de hoy.

Frente a la concepción radial de España y al ardor guerrero que se estila en su defensa es oportuno poner sobre la mesa una concepción más pactista y centrada que atienda al tradicional policentrismo español en el que, además de Madrid, también cuenten Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Coruña, Vigo, etcétera.

En España el debate territorial suele girar en torno a las demandas del Eje Mediterráneo. Más recientemente se ha abierto camino la cuestión de la “España Vacía”. Pero suele pasar desapercibido que la Península Ibérica tiene un Oeste Atlántico y que, como se puede apreciar muy bien en los mapas lumínicos, el borde costero entre Ferrol y Lisboa conforma una realidad que también hay que considerar.

A Galicia le interesa desarrollar una economía de aglomeración con el Norte de Portugal. Así como la Unión Europea fue la consecuencia natural de la CECA, el mercado europeo del carbón y el acero, así el federalismo ibérico podría ser el correlato natural de esa comunidad de intereses.

Ciertamente, se trata de dos Estados diferentes, lo que introduce importantes matices y factores, pero el hecho es que cualquier visión de futuro tiene que tener en cuenta lo que va a ser la progresiva integración de los dos territorios, conformando una única malla. Alguien tiene que mirar más lejos y encarar las sinergias y la necesidad de cooperación. Mucho tienen por ganar Galicia y el Norte de Portugal si diseñan estrategias comunes de inserción en la economía global. Son, de hecho, un único mercado.

Galicia es urbana y policéntrica. Dos de cada tres entre sus habitantes viven en áreas urbanas. Sus dos principales ciudades, Vigo y A Coruña, están nucleadas en torno a dos empresas: Stellantis –antes Citröen– e Inditex. Su economía cuenta, sin embargo, con otros sectores muy relevantes –la conserva y los productos del mar, etcétera– y, muy importante, su población está estructurada en un continuum urbano en el borde costero.

Pero sucede que ese continuum urbano se extiende mucho más allá de las fronteras de España. Aunque se habla de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, la verdad es que podría extenderse la imagen hasta Setúbal, al sur de Lisboa. En todo caso, una vez desaparecidas las fronteras políticas las relaciones con el Norte de Portugal se han multiplicado. Se trata de un agregado humano, económico y social de seis millones y medio de personas. Cientos de empresas gallegas han cruzado la frontera y lo mismo han hecho muchas portuguesas en sentido inverso. Portugal, de hecho, suele ser el principal inversor exterior en Galicia.

En un encuentro reciente de las dos patronales, gallega y portuguesa, ambos lados declaraban: «Debemos promover que la Eurorregión sea un área de atracción de actividad económica y de asentamiento de la industria. Es importante cohesionar estrategias y buscar alianzas que nos posicionen sectorial y estratégicamente a nivel europeo y los fondos venidos de Europa deben ser una palanca para ello».

Todo ello conforma un nuevo horizonte, más allá de las fronteras del Estado-Nación. Salvo que veamos un retroceso en los procesos de integración de la Unión Europea, ese va a ser el futuro. Así lo ha visto Rui Moreira, alcalde de Porto que aboga por un Iberlux. A su vez el propio Primer Ministro portugués Antonio Costa ofrece signos de resistencia a la península radial. En una entrevista declaraba: “Debemos tener una visión global de la Península Ibérica, no reducida a la relación entre las dos capitales”.

En suma, el interés de Galicia y Portugal es una península ibérica en red. Portugal, de hecho, ha dado prioridad al AVE a Valença, en la frontera con Galicia. En diez años, Vigo y Porto estarán a menos de una hora en tren y en poco más de dos horas se llegará de Vigo a Lisboa. Pero España ha de completar el enlace –menos de treinta kilómetros de vía–.

La gallega es una economía muy abierta y capitalizada. Aunque sea una sorpresa para muchos, Galicia es una sociedad urbana. Hace ya décadas que más del 70% de la población vive en áreas urbanas según los parámetros europeos. El sector primario sólo aporta menos del 5% del PIB. Y ciertamente a su lado existe una “Galicia vacía”: la población de Galicia está concentrada en el eje que va de Ferrol a Vigo, pero el interior de Galicia está despoblado. Lo mismo sucede en Portugal.

Los tópicos y prejuicios suelen ocultar la realidad, pero ya es hora de transformar el imaginario con el que se suele representar a Galicia. Lo que hace que la visión de Galicia como sociedad rural aún persista es que ese cambio ha sido muy reciente. La desagrarización, aunque fue muy rápida, no está muy lejos en el tiempo. El punto de inflexión fueron los años sesenta. Pero en este medio siglo la transformación fue fenomenal. Vivimos, literalmente, en otro país.

Otra especifidad: Galicia no tiene un Madrid o una Barcelona. Carece de una ciudad central que encabece su sistema urbano. Su modelo de ordenación urbana ha de ser policéntrico y ha de orientarse a mejorar la eficiencia de la red de transportes, sobre todo el tren, y a promover la ciudad compacta. Dos puntos calientes a solventar: el tramo de Ferrol a Coruña y la conexión de Vigo con Portugal. Pero también la mejora de los trayectos Lugo-A Coruña y Vigo-Ourense.

Si hubiera que pensar en algo a lo que parecerse sería mejor tener en la cabeza el Ranstad-Holland, otra realidad atlántica. Por cierto que Galicia está enfrente de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, hecho que aprovecha muy poco, pero que le depara de cuando en cuando un Prestige. Sus puertos tienen mucho margen para el crecimiento.

Como decíamos, una de las dialécticas reales más evidentes en este momento es la que existe entre los que quieren hacer del Gran Madrid una todavía más enorme concentración de poder y actividad económica para impulsar una concepción unitaria de España y aquellos que intentan articular España en base a su diversidad y pluralidad y, en definitiva, distribuir de un modo más horizontal el poder político y el económico.

Ahora bien, sucede que esa dialéctica reviste una nueva forma a través de las nuevas regiones económicas que se están configurando como producto de la globalización y la integración en la Unión Europea.

Galicia y el Norte de Portugal conforman una de ellas que, sin embargo, por algún extraño motivo, parece quedar fuera del radio de atención de la opinión pública. Y, desde luego, su potenciación no suele plantearse como asunto de Estado. Sin embargo, Alberto Nuñez Feijóo, Ana Pontón, Valentín G. Formoso –los líderes gallegos–, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz podrían y deberían ponerse de acuerdo al menos en esto.

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Antón Baamonde es ensayista y profesor. Su última publicación es Unha Nova Olanda. De Ferrol ao Porto: as cidades galegas e o Norte de Portugal no escenario global (Galaxia, 2021).

La Asociación por una España Federal ha renovado sus órganos directivos y está preparada para "relanzar" su proyecto de país, que pasa por una reforma del sistema autonómico actual a través de "una conciencia federal basada en los principios de cooperación, lealtad institucional y solidaridad". "El federalismo que defendemos es contrario a cualquier tendencia disgregadora o centralizadora, que solo conduce a la desigualdad y al conflicto", ha expuesto Nicolás Sartorius, presidente de la asociación y uno de sus socios fundadores.

La asociación ha presentado su hoja de ruta este martes en el Círculo de Bellas Artes y ha sacado pecho de su implantación en España, donde tienen "entre el 80 y el 90% de territorio cubierto" con asociaciones de carácter autonómico. Su plan de acción, a partir de ahora, consiste en reunirse con los partidos, sindicatos, asociaciones de empresarios y todo aquel que esté interesado en el proyecto.

“Creemos que España está madura para afrontar fórmulas federales, pero las fuerzas políticas están bastante bloqueadas”, ha expuesto Sartorius. En ese sentido, lo que se plantea es "profundizar" en las carencias del sistema autonómico y tratar de solventarlas mediante un sistema más igualitario. Desde la asociación son conscientes de que una reforma de la Constitución requiere amplios consensos políticos y sociales, pero insisten en que no se trata de una propuesta “ni de izquierdas ni de derechas”.

Para la asociación, la pandemia ha puesto de relieve "que una solvente gestión de los problemas debe contar con las autonomías como actores fundamentales" pero que la "ambigüedad en la distribución de competencias" ha generado un "desbarajuste" por la "insuficiencia de mecanismos constitucionales de coordinación", como es el caso del Senado. Además, también ponen el foco en los importantes problemas de financiación del sistema autonómico, que llevan años sin solucionarse.

Para la cúpula directiva de la federación, España es un "Estado disfuncional" en el que los nacionalismos periféricos, la España vaciada pero también aquellos que apuestan por un Estado centralizado no ofrecen las "soluciones" para hacer avanzar el país en igualdad de condiciones. "Nosotros queremos pasar del qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro", resumen.

Lejos de amilanarse, en la asociación se muestran "optimistas" respecto al futuro. "Entendemos que se pueden ir planteando reformas parciales concretas de cogobernanza federalista y, en paralelo, ir fomentando la cultura, los consensos, las complicidades y los estados de opinión que requiere una reforma constitucional", zanjan.

Hace unas semanas, el primer secretario del PSC bromeaba en una entrevista con el hecho de ser el favorito en todas las quinielas para entrar en el Consejo de Ministros una vez Salvador Illa renunciase al cargo de ministro de Sanidad para centrarse en su tarea de candidato de los socialistas catalanes a la Generalitat. La operación diseñada por Pedro Sánchez ha pasado por ubicar a Carolina Darias en la vacante que deja el ministro y sentar a Miquel Iceta en el Consejo de Ministros como titular de Política Territorial. Iceta, respondía apuntando a que él no se lo creía hasta que lo viese publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Bromas aparte, advertía de que si llegaba al Consejo de Ministros lo iba a hacer con toda su mochila política, convencido de que España es nación de naciones y de sus postulados federalistas.

"Tengo obra escrita al respecto. Así como en algunos temas uno puede ir modificando mucho, pero yo en un año tan cercano como el 2017 hice un libro que se llamaTercera vía. Puentes para el acuerdo, que para mí sigue teniendo plena vigencia. Por lo tanto, yo no voy a cambiar mis ideas para acceder a un ministerio, no entra en mis planes hacer este tipo de virajes que en algún caso se han visto", añadía al respecto en una entrevista con la agencia Efe.

"Miquel es un federalista convencido y esto nada tiene que ver con el procés. El PSC lleva años defendiendo lo mismo y él es un claro exponente", explica un dirigente socialista que le conoce muy bien en conversación con infoLibre. "Si el presidente Sánchez le escoge para que se siente en la mesa del Consejo de Ministros sabe perfectamente qué va a defender y por qué va a apostar. No es sólo un gran conocedor de la política catalana, también de todas las estructuras del Estado. Está llamado a dar un impulso federal a la legislatura", subraya la misma fuente.

Mesa Gobierno-Govern, financiación... un perfil para un "tiempo nuevo"

Hay mucha letra pequeña en los desempeños del día a día de los titulares de la cartera de Política Territorial. Pero todos los dirigentes socialistas consultados coinciden en que Sánchez quiere que Iceta sea la persona del Gobierno en la que descanse gran parte de la estrategia de "costura de la fractura entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico". Y esto pasa, por ejemplo, por que su voz sea escuchada en todo lo que tiene que ver con la mesa de diálogo Gobierno-Govern y en el momento en el que se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica.

La semana pasada, el jefe del Ejecutivo se mostró a favor de que los catalanes voten el 14F. A su juicio, urge que esta comunidad tenga un Govern con "plenas facultades cuanto antes". Y este mismo fin de semana, ante el Comité Federal celebrado en Barcelona insistió en que es importante que Cataluña "cierre cuanto antes un ciclo estéril, una década fracasada y abra paso a un tiempo nuevo". Iceta sería un hombre clave para marcar este "tiempo nuevo" desde la Moncloa.

"Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual", reza el punto 9.2 del acuerdo del Gobierno de coalición. "Una vez consolidada la campaña de vacunación y puestos los cimientos de la recuperación, el programa de gobierno tiene que seguir su curso", defienden desde la Moncloa.

"Iceta ha demostrado mucha cintura a lo largo de su trayectoria política en Cataluña, ha sido capaz de ejercer de interlocutor entre posiciones políticas muy distanciadas", resume una de sus compañeras.

"La respuesta es federal"

El impulso federal que Sánchez pretende dar al segundo tramo de su legislatura enlaza con el programa con el que los socialistas catalanes concurren a las urnas y con las declaraciones de Granada y de Barcelona. El PSC considera que "la respuesta es federal". "Alcanzar una rápida recuperación económica y la reconstrucción de nuestros servicios públicos y la cohesión social son los objetivos, y el federalismo como forma de gobernarnos a todos los niveles es la manera de hacerlos realidad", puede leerse en las apuestas para el 14F.

Este principio se concreta en tres acciones: profundizar en el autogobierno y en las relaciones entre instituciones españolas, "a través de la mesa de diálogo entre los gobiernos de Catalunya y de España", la promoción de una reforma constitucional "para convertir España en un Estado federal, democrático y social" y la "negociación" de un nuevo modelo de financiación "para compartir de forma justa y equitativa los ingresos tributarios que se generan en el conjunto de España".

La pretensión del bloque independentista es que la mesa de diálogo entre ambas instituciones sea convocada una vez se constituya el nuevo Ejecutivo salido de las urnas el 14F.

En el plano de la financiación autonómica, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado recientemente que si bien es un "compromiso firme del Gobierno", cuestiones como la pandemia y el temporal Filomena han hecho que esta vaya a ir un poco "ajustada en el tiempo". No obstante, señalan en su departamento, habrá algunas cuestiones que empiecen a abordarse a lo largo del mes de febrero.

Pero no todo gira en torno a la mesa de diálogo. En los primeros meses del año también estarán sobre la mesa del Consejo de Ministros el debate sobre los indultos a los líderes independentistas y el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal en el que se incluirá una redefinición de los delitos de rebelión y sedición.

Hasta la fecha, Iceta ha evitado pronunciarse sobre cuál debería ser la posición del Gobierno en materia de indultos. Se ha limitado a señalas que "es evidente que hay que cerrar heridas en la sociedad catalana", tanto entre los independentistas como entre los no independentistas.

El papel del PSC

De forma paralela, en la Presidencia del Gobierno, movidos por el optimismo de los sondeos, confían en que el PSC sea clave para la gobernabilidad en Cataluña para así poner fin a diez años de "viaje a ninguna parte".

Precisamente, el hecho de que Iceta cediera el testigo a Illa descansa sobre un importante trabajo previo de estudios y sondeos internos que ubicaban al ministro de Sanidad con serias posibilidades de ponerse en las urnas por delante de los independentistas.

Según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PSC y ERC se disputarían la victoria de las elecciones catalanaselecciones catalanas, ya que los republicanos obtendrían entre 31 y 33 escaños, y los socialistas entre 30 y 35, pero en estimación de voto ganarían los socialistas por más de tres puntos.

Pese a que en escaños la victoria estaría disputada entre PSC y ERC, los socialistas ganarían en estimación de voto: la candidatura de Illa obtendría un 23,9% de los apoyos, mientras que la del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se quedaría en el 20,6%.

"Cuanto más fuerte sea el PSC, más rápido se podrá avanzar hacia esa agenda del reencuentro", mantienen las fuentes consultadas.

Está pasando bastante desapercibido en la opinión pública española la enorme importancia del Plan de Recuperación aprobado el 21 de julio por el Consejo Europeo. Se suele poner el acento en su cuantía y en las cifras muy altas de ayuda que va a llegar a España (140 mil millones), poco más de la mitad a fondo perdido y el resto en créditos blandos. Sin embargo, no se pone el acento en lo que a mi juicio es realmente innovador e importante y que está teniendo y tendrá grandes consecuencias para la Federación Europea, la federalización de Unión Europea y para federalización de España.

Lo innovador es que el fundamento de esta decisión está en el refuerzo de solidaridad federal entre los Estados Miembros y las instituciones de la Unión Europea. Posiblemente sea la decisión política más importante que se ha adoptado al menos desde el siglo XXI y con claro carácter federal en la UE; desde la decisión de crear la Unión Económica y Monetaria en 1999, es decir, el euro, que no cabe la menor duda que ha sido también un factor federalizante y federalizador del proceso de construcción europea.

Hay que llamar la atención sobre que este acuerdo que se adopta el 21 de julio después de cinco días de negociación permanente en el seno del Consejo Europeo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 no es, como a veces se presenta, únicamente un acuerdo intergubernamental entre los representantes de los estados. Sino que es consecuencia de un proceso interinstitucional que se inicia el 15 de abril con aprobación de la propuesta del Parlamento Europeo para elaborar un Plan de Recuperación. Este fue posible por el consenso de las tres grandes familias (populares, socialistas y liberales) que obtuvieron alrededor de 360 votos y que después fue consolidado por una segunda iniciativa más concreta presentada en el mes de mayo que obtuvo casi 500 votos, al sumarse los verdes y otros, en la que se solicitaba a la Comisión elaborar dicho Plan de Recuperación.

Semanas después, el 27 de mayo, la Comisión Europea aprobó el Plan de contenido muy audaz que llamó la atención pública por su ambición, aunque pocos consideraban que fuese a salir adelante. Esto era debido a que proponía la creación del Fondo de Nuevas Generaciones Europeas de 750 mil millones de euros de los cuales 500 mil iban a ser a fondo perdido, es decir, que no exigían devolución y el resto a través de créditos blandos en muy buenas condiciones que deberían ser consecuencia de que los estados presentasen proyectos y estos fuesen aprobados por las instituciones. Además su financiación va a ser a través de un endeudamiento de la Unión Europea en los mercados.

Definitivamente, en el Consejo Europeo presencial del 17 al 21 de julio se aprobó dicha propuesta, si bien con algunas ligeras limitaciones entre ellas la reducción de la cuantía a fondo perdido reduciéndose a 380 mil millones y el resto a créditos blandos. También desapareció la propuesta de creación de nuevos recursos propios (que se aprobarán posteriormente) y la exigencia de la cláusula democrática para acceder a ellos. Al mismo tiempo, fue una cesión la incorporación de devoluciones a algunos de los países llamados “frugales”, equivalente al cheque británico, que en principio se había decidido que no se iba a repetir esta situación. En estos días, precisamente se está negociando entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo las condiciones del establecimiento y aplicación del Fondo de Nuevas Generaciones Europeas, así como la aprobación Marco Financiero Plurianual 2021-2027 que es imprescindible ya que el endeudamiento externo que origina el Plan y que va a tener la UE estará vinculado con dicho Marco.

Es muy importante recordar que en el mes de febrero y marzo hubo dos Consejos Europeos en donde el presupuesto del Marco Financiero Plurianual no terminó con acuerdo ya que se proponía por parte de la Comisión el 1,05 del PIB y a gran parte de los estados les parecía excesivo. Hay que señalar que en la actualidad se está negociando la cuantía del MFP en torno al doble, es decir, el 1,9 del PIB y hay grandes perspectivas de éxito. Este hecho es una manifestación del cambio político que se ha producido en la Unión Europea, en las instituciones y en los Estados Miembro como consecuencia del covid-19 y este está sirviendo de catalizador para un avance federal posiblemente sin precedentes.

El martes 5 de octubre el Gobierno español aprobó el “Plan de Recuperación, transformación y resiliencia para la economía española” que es la primera propuesta de cómo en España se va a aplicar este importante Plan. Es el primer paso que tendrá que ser aprobado en el Congreso de los Diputados y también exigirá la aprobación de los Presupuestos del Êstado que lo desarrollen. Llama la atención, a mi juicio positivamente, que el tope de gasto propuesto en esta decisión está en un incremento del 53% que es para inversión.

Dicho Plan tendrá que ser aprobado también por las instituciones europeas y, por ello, todavía necesitará diversas negociaciones internas y europeas, pero no cabe duda que esto va en serio. Y si bien su aplicación tendrá dos fases para el 2021-2024 y para el 2025-2027, que es el periodo de aplicación del MFP, va a tener una aplicación provisional en el final de este año con objeto de resolver los problemas actuales que la sociedad española demanda como consecuencia de los graves efectos negativos económicos y sociales del coronavirus.

Este Plan coincide con las prioridades estratégicas del programa de la Comisión von der Leyen aprobado por el Parlamento Europeo el 27 de noviembre por una gran mayoría de alrededor del 60% de la cámara el cual se pone en marcha de forma rápida en los meses de diciembre y enero. Cuando llega la pandemia, este Plan se acelera y se va a incorporar en el Plan de Recuperación ya que es compatible con él aunque va a adquirir una nueva dimensión. Las propuestas iniciales van a tener un desarrollo mucho mayor.

El Plan Español va a recoger estas prioridades, y se concretarán a su vez en cuatro líneas estratégicas que en el caso español versarán de forma específica sobre la Transición Ecológica, el desarrollo de un plan de digitalización, la profundización de las políticas de igualdad de género y la cohesión regional. La aplicación a través de las Comunidades Autónomas de planes propios con objeto de hacer frente a las consecuencias del covid-19 desarrollando una cohesión social tendrá una relevancia indudable en un refuerzo de la vertebración regional de España, incluso de su federalización.

Hay entender el por qué y el para qué del Plan de Recuperación. El por qué a estados como los Países Bajos que tienen un PIB equivalente, aunque algo inferior al de España, se asignara alrededor de 2000 millones de euros y a España 140 mil millones (por cierto, hay que comprender la posición del Primer Ministro Neerlandés y no solo criticarlo). La explicación es que se trata de recuperar a los países que se han visto más afectados por la pandemia. Esto es consecuencia de entender a la Unión como una federación y no solo como una unión gubernamental donde a todos se les repartiría proporcionalmente. Y el para qué es para que el hundimiento de uno o varios de los Estados Miembros no afecten al debilitamiento del conjunto de la UE, dado que existe una vinculación cada vez mas fuerte entre los estados miembros y sus sociedades.

La Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa es una Unión de federalismo intergubernamental. Como consecuencia de la crisis financiera y después económica de 2008 la UE respondió a la misma con una deriva intergubernamental. Ahora está pasando lo contrario, frente a la crisis del covid-19 se están tomando medidas comunitarias para la salida de la misma, como el Plan de Recuperación de inspiración claramente federal. Este hecho está exigiendo la convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que debe abordar el fortalecimiento de la dimensión federal, especialmente de la toma de decisiones y en la ampliación de competencias de las instituciones al hacer posible su aplicación eficaz. Para ello habrá que abordar la reforma de los tratados.

La aplicación en España del Plan de Recuperación también deberá tener una dimensión regional o cuasifederal muy fuerte, ya que el Plan no debe ser un reparto proporcional de recursos sino que este deberá está basado en función de los efectos causados por el coronavirus y de los proyectos de cohesión que presenten las Comunidades Autónomas. La profundización federal europea debe ir unida a la española ya que, al final, la federalización europea y la española deberán ser dos caras de la misma moneda, puesto que la inspiración federal debe calar en ambas dimensiones.

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* Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid Francisco Aldecoa Luzárraga

Curioso invierno en el que Unamuno revive en los cines, Junqueras sigue en la cárcel, Bildu apoya a Sánchez e incluso un puñado de ciudadanos leoneses plantean una escisión con Castilla… Sube la cotización del nacionalismo plural y de la nación de naciones, mientras que, del otro lado, los del pin parental, los del a por ellos, los del Cid, enfangan y prometen venganza por la patria que se rompe en manos de rojos, feministas y separatistas, y apuran la jugada para recuperar la hegemonía en el tablero. La patria rota en pedazos y los traidores llegando de Waterloo mientras en los tribunales del reino, pillados en fuera de juego, pese al esfuerzo del comendador Marchena, se siguen debatiendo las fronteras que separan rebelión de sedición y ¡la separación de poderes! Buenos tiempos para Montesquieu y para Anselmo Carretero, socialista segoviano, exiliado en México que inventó el término maldito que nos ocupa.

La revista está disponible a partir del viernes día 31 en quioscos y librerías, a través de su App para su descarga en teléfonos iOS y Android y, si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre enero y todos los números anteriores haciendo clic aquí.

Esto es España y estamos en faena. A la función hay que ponerle un cartel de Zona de Obras (como nuestra portada) dado que, desde Carlos V y sus viejos reinos, este rompecabezas no hay quién lo componga. España sigue siendo tema de debate no solo con Torra de fondo, que sería reducirlo a anécdota; sino como espíritu, federación, nación interminable sujeta a pulsiones centrales y periféricas, una anatomía chequeada más que nunca por doctores que han de decir si tiene arreglo el paciente.

Nuestro equipo médico de urgencias —los doctores Ramoneda y Álvaro, Valenzuela, Nuñez Seixas y León—, nuestro batallón literario —Sisitiaga, Pla y Portela— nuestro poeta de guardia —Joan Margarit— entienden que la cosa necesita cariño y tiempo y, cada uno en su propia lengua, recetan diálogo, mucho diálogo, dado que no hay reposo que valga. Otra vez más, cuando este engendro avista el conflicto, parece que la política no sirve y surge la bronca, las malas artes, la amenaza al juez de guardia y el rifirrafe parlamentario. No hay cultura que valga y menos en tiempo de coalición, esa especie de relación extramatrimonial que durante el franquismo se llamó contubernio.

Pese a todo, el paciente está muy vivo, evoluciona favorablemente e incluso se presenta en sociedad en Davos mostrando al capital los dones de la justicia fiscal. El patriotismo constitucional pasó de moda y se necesita un poco más de cintura, una cintura como de la que hace gala Miquel Iceta, entrevistado por Karmentxu Marín, que también se suma al baile de este número con varios pasos de salón y recomendando una sesión de discoteca a los demonios familiares.

De la nación de naciones a la amenaza de un nuevo 155. Y vuelta. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, emprendió hace ahora un año un recorrido circular desde el Palau de Padralbes (Barcelona). Allí reconoció la existencia de un “conflicto político” en Cataluña cuya solución pasa por un diálogo capaz de fraguar “una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana” y acabe dando lugar a una “respuesta democrática en el marco de la seguridad jurídica”.

Después, a bordo de la larga campaña electoral que comenzó en febrero y concluyó el pasado mes de noviembre, fue enterrando progresivamente todas sus propuestas federalistas y reformistas y sustituyéndolas por advertencias cada vez más duras dirigidas al independentismo y, sobre todo, al electorado menos comprensivo con las demandas territoriales. Todo ello para volver, en las últimas cuatro semanas, al punto de partida:el reconocimiento del conflicto políticoreconocimiento y la apelación a la normalización de las relaciones con la Generalitat. De la foto con Torra en Pedralbes al anuncio de una nueva reunión con el president en cuando supere la investidura.

Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE a lomos, entre otras cosas, de una propuesta de reconocimiento de la España plural. De común acuerdo con el PSC de Miquel Iceta, el líder socialista defendió una reforma constitucional en clave federal destinada a combatir el independentismo ofreciendo al nacionalismo un encaje más satisfactorio de Cataluña en España con el que superar el trauma del desencuentro constitucional que supuso la anulación de una parte del Estatuto de 2010.

Las bases de esa propuesta política las había sentado mucho antes su antecesor en el cargo, Alfredo Perez Rubalcaba, en la llamada Declaración de Granada, “un proyecto para seguir juntos”, según la expresión utilizada por el entonces secretario general.

Aquel documento reivindicaba el Estado de las Autonomías pero reconocía la existencia de “disfunciones”. Y con el respaldo de todos los barones del partido, incluidos tres tan poco sospechosos como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara, el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

En la fallida investidura de julio, sin embargo, Sánchez evitó cualquier propuesta para enfrentar el conflicto catalán. En dos horas de discurso sólo hizo una referencia tangencial a defender “una España autonómica en una Europa federal. Un nuevo espacio de soberanía que no merma el sentimiento de pertenencia. Nadie es menos español, o menos catalán, menos vasco, menos madrileño o menos andaluz”, remarcó, “por ser europeo; ocurre todo lo contrario: reforzamos nuestras identidades a fuerza de ser europeos”. “¿Qué es más útil?”, preguntó. “¿Ejercer una soberanía pequeña e inútil desde el aislamiento? ¿O ser parte de un espacio común, compartiendo soberanía para enfrentar desafíos que nos desbordan como país?”.

Sánchez enterró entre febrero y noviembre de este año la Declaración de Granada y también la Declaración de Barcelona,el otro documento sobre el que descansa su estrategia para hacer frente a la crisis política catalana. El líder del PSOE estaba convencido de que Ciudadanos iba a naufragar en las elecciones y que muchos de sus votantes buscarían refugio en las candidaturas socialistas.

Para atraerlos no dudó en agitar la bandera de la defensa de la unidad de España, advirtió de su disposición a impulsar una nueva intervención de la autonomía catalana y alentó nuevas actuaciones del Tribunal Constitucional en contra de varias resoluciones del Parlament de Cataluña. Su apuesta por la “firmeza” y la “proporcionalidad” en relación con las protestas que siguieron a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes políticos y sociales procesados por su participación en la declaración unilateral de independencia de 2017 culminó con su negativa a descolgar el teléfono al president de la Generalitat, Quim Torra, con la excusa de que no se había desmarcado lo suficiente de los disturbios en las calles de las ciudades catalanas.

El cambio de mensaje

Durante todo el verano, Sánchez se negó a negociar su investidura con los independentistas. Y ni siquiera aceptó que su portavoz, Adriana Lastra, se sentase a la misma mesa con EH Bildu, a quien la derecha sigue identificando con la organización terrorista ETA, desaparecida hace ocho años. Era una parte esencial del mensaje que construyó para intentar mejorar su mayoría en el Congreso en las elecciones de noviembre: nunca aceptaría supeditar la investidura a un acuerdo con los soberanistas.

Aquella estrategia fracasó el 10 de noviembre. El grupo socialista perdió tres escaños, la presencia de fuerzas políticas autonomistas, nacionalistas e independentistas en el Congreso es mayor que nunca y la dependencia del PSOE de un acuerdo con los soberanistas catalanes sigue condicionando la investidura.

Sánchez sabe que ni PP ni Ciudadanos le van a facilitar la reelección para gobernar con Unidas Podemos. Tal es su convencimiento que, en un ejercicio de circunvalación política poco frecuente, acaba de regresar a Pedralbes.

Apenas cuatro semanas después de afirmar su negativa a alcanzar la Presidencia negociando con los soberanistas y de hacer de las advertencias al independentismo uno de los ejes de la campaña electoral socialista, el PSOE negocia con Esquerra un acuerdo de investidura a cambio de poner en marcha un foro de diálogo sobre el conflicto político catalán.foro

Y no sólo eso: la portavoz socialista ha puesto en marcha una negociación inédita con EH Bildu —que según el secretario general adjunto del Grupo Socialista, Rafael Simancas, está teniendo “una actitud constructiva, con ánimo de no obstaculizar la formación de gobierno”—, una organización a la que el PSOE navarro tuvo que excluir en junio de cualquier negociación para intentar hacerse con el Gobierno de la Comunidad Foral porque Ferraz se negó en redondo a autorizar cualquier diálogo con la formación que lidera Arnaldo Otegi.

Para completar el círculo, Pedro Sánchez llamó este miércoles por teléfono al president de la Generalitat,president Quim Torra, con quien no hablaba precisamente desde la cita de Pedralbes. Le transmitió su propósito de “reducir la tensión territorial” y su deseo de que la próxima sea “la legislatura del diálogo” con el fin de “encarar políticamente la situación en Cataluña”.

El candidato socialista, estimulado por la necesidad de contar con la ayuda de Esquerra, promete ahora una normalización de las relaciones con la Generalitat que evoca a la que él mismo puso en marcha nada más llegar a la Moncloa, en julio de 2018. Como entonces, ha prometido a Torra que, en cuanto supere la investidura, no tendrá inconveniente en celebrar una reunión a la que el president llevará el núcleo de sus demandas: un referéndum de autodeterminación y una amnistía para los condenados del procés y los dirigentes políticos huidos de la justicia española. Dos demandas que el PSOE rechaza de plano.

A ese diálogo no sólo estarán convocados los catalanes. El necesario concurso en la investidura de otras formaciones soberanistas, como el PNV y el BNG, de partidos nacionalistas y regionalistas —Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, y el PRC— y hasta de nuevas expresiones políticas como Teruel Existe obligará a Sánchez a construir un programa político condicionado por equilibrios territoriales.

El PSC ha planteado reconocer a Cataluña como nación y a España como un estado plurinacional, y ha defendido la necesidad de reformar la Constitución como "el camino para recomponer consensos rotos" en el documento político que someterá a votación en su Congreso, según informa Europa Press.

En ese documento marco que el PSC llevará a su Congreso los días 13 y 15 de diciembre, los socialistas defienden que "tanto Catalunya como el resto de España son plurales y diversas, un conjunto de pueblos con singularidad propia con lazos sociales, culturales y políticos que los han mantenido unidos".

"Hoy, España es un país moderno –plurilingüe y pluricultural– que se fundamenta en la igualdad de derechos y la garantía del derecho de autonomía de los pueblos que la integran. Reconocer a Cataluña como nación y a España como un estado plurinacional es nuestra manera de entender nuestra unión y la igualdad en la diversidad", subraya el documento.

El PSC también reivindica que en el federalismo se encuentran "las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas identidades nacionales que conviven, sin disminuir la cohesión social y la igualdad entre españoles". 

Considera que "la reformulación en sentido federal es la más viable políticamente, la más estable económicamente, la más justa socialmente y la única capaz de aglutinar un amplio apoyo social".

"Federalismo es reconocimiento, autogobierno y gobierno compartido, financiación justa y suficiente, respeto a la pluralidad desde la libertad individual y colectiva", añade.

Asimismo, afirma que la reforma de la Constitución es necesaria para recomponer los consensos que, a su juicio, se han roto en los últimos años, renovar las reglas de convivencia e impulsar la modernización del Estado. 

Pacto refrendado por la ciudadanía  

En este sentido, insiste en que, "ante la crisis catalana, la única solución pasa por la vía del diálogo, la negociación y el pacto desde un total respeto a la legalidad".

Así, su planteamiento para resolver el conflicto en Cataluña pasa primero por que las reformas acordadas sean pactadas entre las fuerzas políticas catalanas, que después deben acordarse con el Estado y debe ser "refrendado por el conjunto de la ciudadanía".  

Apuesta por la "diversidad lingüística" 

Los socialistas critican que el proceso independentista ha "roto el pacto fundacional de la Cataluña democrática" y se compromete a contribuir a la cohesión de la unidad civil de la sociedad catalana a partir de la renovación de los consensos rotos en los últimos años.

Uno de ellos es la lengua, ya que acusa a los nacionalismos de haber instrumentalizado esta cuestión con un uso partidista y por eso apuesta por la "diversidad lingüística" en Cataluña.

Esto pasa por la defensa del catalán y el castellano "a través de un modelo plurilingüe en la escuela con la flexibilidad que la realidad sociolingüística exige".

Según ellos, hay un riesgo de que la lengua materna se convierta en un factor de división social, de manera que plantean la necesidad de hacer todo lo posible "para una convivencia efectiva y afectiva del catalán y el castellano, haciendo desaparecer la confrontación entre lenguas que está poniendo en riesgo la convivencia y el patrimonio lingüístico común". 

TV3 y Catalunya Ràdio 

Otro de los consensos que ve rotos es el de los medios de comunicación públicos: "TV3 y Catalunya Ràdio se han convertido, en una parte de su programación, instrumentos de agitación y propaganda al servicio de una determinada idea política de Cataluña".

Ante esto, el PSC aboga por recuperar la credibilidad de estos medios con "valores democráticos de un periodismo crítico y responsable", y propone hacer un concurso internacional para contratar las nuevas direcciones de TV3 y Catalunya Ràdio, y promover una nueva ley de Comunicación de Medios de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Además, el documento sitúa como prioridades del partido cuestiones sociales como el trabajo y la vivienda; la emergencia climática y la transición ecológica, y la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Este es el documento íntegro: Nacion by Epinternet on Scribd

Tener un buen resultado en Cataluña es crucial para el PSOE. De los socialistas catalanes ha dependido históricamente la capacidad del partido de ganar las elecciones y asegurar mayorías parlamentarias lo suficientemente amplias como para poder gobernar. De ahí la rapidez con la que la dirección federal ha atendido la petición del PSC de incluir en el programa electoral del 10N, apenas 24 horas antes del inicio oficial de la campaña, las propuestas federalistas y de profundización en el autogobierno que sí formaron parte de él en las elecciones de abril y que, según fuentes de Ferraz, no habían sido incluidas en el borrador inicial porque sus redactores habían optado por un formato más sintético.

Lo cierto es que la alarma en las filas del PSC hizo que su primer secretario, Miquel Iceta, se pusiese en contacto con la presidenta del partido, Cristina Narbona, para pedir la incorporación expresa de las propuestas en materia de autogobierno, en especial una referencia a las declaraciones de Granada y de Barcelona que dieron forma a las propuestas del PSOE en materia territorial y, sobre todo, cerraron el debate abierto entre el PSC y las federaciones territoriales del resto de España después de que el Constitucional invalidase una parte sustancial del Estatut.

En la rapidez con la que el PSOE ha rectificado ha tenido mucho que ver la buena sintonía que siempre han tenido Iceta y el presidente en funciones, Pedro Sánchez. El líder del PSOE ordenó el cambio a pesar de que suponía un alteración sustancial de la hoja de ruta a través de la cual había afrontado hasta ahora la campaña en plenas movilizaciones independentistas tras la sentencia del procés. Una estrategia que pasaba, en síntesis, por obviar las recetas de profundización del autogobierno que el PSOE lleva años poniendo encima de la mesa para buscar una solución para Cataluña a medio camino entre las demandas secesionistas y los llamamientos a la recentralización de la derecha.

El propio Sánchez asumió la rectificación a primera hora de la mañana en una entrevista en Antena 3. “Claro que vamos a incorporar la Declaración de Granada y la de Barcelona en el texto programático”, zanjó.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, también contribuyó a despejar dudas. Según ella, el PSOE no se ha movido “nunca, ni lo hará” respecto a sus pretensiones de avanzar hacia un Estado federal y el respeto hacia las identidades diferenciadas que se recogen en la Declaración de Granada de 2013. El PSOE es “un partido de principios, histórico, que evoluciona y mantiene posiciones y límites que son conocidos por todo el mundo”, y en este punto ha señalado que mientras que otros partidos “oscilan entre el blanco y el negro”, los socialistas ocupan "ese espacio de equilibrio constante de la política española” y que según ella pasa por considerar “tan importante la autonomía de los territorios del país como mantener la unidad del Estado”.

En el fondo del asunto está precisamente eso: la necesidad que tiene el PSOE de mantener un equilibrio entre los mensajes de firmeza frente al independentismo que quieren trasladar a los votantes de fuera de Cataluña y el objetivo de atender la demandas de los socialistas catalanes y de sus electores, radicalmente contrarios a la independencia pero deseosos de una mejora en el autogobierno que pasa necesariamente por una reforma federal de la Constitución.

El PSC es capital para el PSOE. Los socialistas catalanes hicieron una aportación decisiva a la mayoría del PSOE en el Congreso en las dos elecciones generales que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente las segundas. Casi el 13% del Grupo Parlamentario Socialista de 2004 era catalán (21 de 164 diputados) y prácticamente un 15% del de 2008, cuando el PSC aportó nada menos que 25 de los 169 escaños que hicieron posible la segunda legislatura de Zapatero.

El declive

En aquella ocasión el buen resultado se produjo al hilo de la aprobación del nuevo Estatut, sancionado en referéndum dos años antes pero modificado posteriormente por el Constitucional en 2019 a instancias del Partido Popular. Precisamente aquella sentencia está en el origen del crecimiento exponencial del independentismo en Cataluña, que coincide en el tiempo con el declive electoral del PSC.

Los socialistas catalanes aguantaron el tipo en 2011 (en ese momento de fuerte retroceso electoral para el PSOE aportaron casi el 13% de los diputados del Grupo Socialista en el Congreso, 14 de 110) pero no en las elecciones de 2015 y en 2016, con ocho y siete diputados respectivamente (un 8,8 y un 8,2% de los escaños socialista en la Cámara Baja).

El retroceso se invirtió, no obstante, en las elecciones de 28 de abril, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando el PSC sumó 12 de los 123 diputados (casi un 10%). Y en Ferraz saben que la “victoria rotunda” que buscan el 10N no será posible sin una aportación sustancial de los socialistas catalanes.

De ahí la rápida rectificación de Sánchez, que precisamente este miércoles tenía un mitin importante en Viladecans (Barcelona), codo a codo con Miquel Iceta. Un acto en el que ambos dirigentes volvieron a hacer gala de su sintonía y en el que los dos asumieron la defensa de la labor de las fuerzas de seguridad —catalanas y españolas— en los disturbios de las últimas semanas. Un agradecimiento a los agentes que Iceta hizo extensivo incluso al conseller de Interior, Miquel Buch (JuntsxCat), asediado estos días por el independentismo, que le considera responsable de una supuesta actuación desproporcionada por parte de los mossos.

Sánchez y él mismo, subrayó Iceta, comparten “ideas claras y principios”, como que la solución para Cataluña debe llegar desde la ley y desde el diálogo, pero “por ese orden”. “Los independentistas se equivocaron al vulnerar la ley” y ahora no puede hacer responsables a quienes se lo advirtieron. “Pero también tenemos un recado para la derecha”, avisó: “Vamos a defender el autogobierno, no vamos a dejar que nadie nos lo arrebate”.

En un ambiente de entusiasmo electoral, salpicado de llamamientos a la movilización, Sánchez aprovechó su turno de palabra para defender que “el Gobierno está haciendo lo que debe”, aunque “desgraciadamente lo está haciendo solo”, lamentó, sin el apoyo de los partidos de la oposición.

El presidente en funciones pidió a sus seguidores que no olviden que el independentismo “ha cometido un error muy importante: subestimar la fortaleza de la democracia española”. “Yo os garantizo en este momento tan oscuro”, prometió, “que no vamos a cejar, no vamos a perder la esperanza. Y que vamos a hacer que se supere esta crisis de convivencia en Cataluña, por todos vosotros, por vuestros hijos y por los hijos de vuestros hijos”, proclamó en medio de una gran ovación de la concurrencia.

Versión definitiva del programa

A mediodía, horas antes del mitin en Viladecans, el PSOE ya había difundido la versión oficial del programa electoral con una apartado territorial que sí hace referencia a las declaraciones de Granada (2013) y Barcelona (2018) y que promete abordar “el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía”.

El objetivo, reza el programa es, avanzar “hacia un modelo de Estado integrador, en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles” pero en el que “no tiene cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad”.

El programa recupera la promesa de potenciar órganos como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales, los convenios de colaboración de las comunidades autónomas con el Estado y de éstas entre sí, además de la transformación del Senado. Y la voluntad de impulsar una “clarificación del reparto competencial”, así como de promover “la participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas, cuando afecte al interés general, además del intercambio de información para favorecer una auténtica integración”. También el desarrollo de “reglas y principios del sistema de financiación de las comunidades autónomas, con participación de los territorios”.

Y añade una nueva promesa, tomada de campañas anteriores: el impulso de “la descentralización institucional del Estado, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades” fuera de Madrid. Una alusión a un hipotético traslado del Senado a Barcelona que en el pasado ha estado sobre la mesa de las propuestas socialistas.

La nueva redacción de este apartado satisface las pretensiones del PSC, pero no recoge todos los puntos del programa de abril, mucho más detallado y extenso. En él se criticaba tanto “el derecho de autodeterminación” de los secesionistas como “el estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155” que defiende la derecha. Y se apelaba a un “un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad”, un término que ha desaparecido del nuevo programa.

En las últimas elecciones, el PSOE fue mucho más concreto en sus propuestas, en las que pedía una reforma constitucional al reclamar “el reconocimiento expreso en la legislación y, en su caso, en la Constitución, de instrumentos y procedimientos de colaboración, que favorezcan las relaciones de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí".

Del nuevo programa ha desaparecido también un párrafo esencial, que sin embargo está en las declaraciones de Granada y Barcelona: “El reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos de Autonomía. Se aspira a una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”. Y falta también una referencia a la “Comisión Parlamentaria para la evaluación y movilización del Estado Autonómico” que el PSOE impulsó en el Congreso “como hito previo a una reflexión de mayor alcance sobre una futura reforma de la Constitución”.

“Queremos mantener el statu quo”.statu quo Y eso significa “el Estatuto de Autonomía de Cataluña”. No “una recentralización” de las competencias autonómicas pero tampoco una “mayor descentralización”, que era lo que los socialistas defendían hasta hace poco. Son palabras del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, pronunciadas en una de las numerosas entrevistas que está concediendo durante la precampaña electoral en plena escalada verbal contra el independentismo.

El Gobierno que preside dio este viernes un paso más en esa dirección, esta vez no sólo verbalmente, al pedir al Tribunal Constitucional que advierta con toda gravedad a la Mesa del Parlament de Cataluña de las consecuencias legales que sus miembros tendrán que asumir si vuelven a a permitir el debate y aprobación de resoluciones contrarias a la Carta Magna o si se resisten a anular las que la Cámara autonómica aprobó en julio reivindicando el derecho a la autodeterminación y reprobando al Jefe del Estado.

Mantener el statu quo sin avanzar hacia una mayor descentralización significa un nuevo paso atrás de Pedro Sánchez, que hace ya tiempo abandonó la idea de España como un Estado plurinacional en el que había sitio para el reconocimiento de varias naciones, una idea que llegó a manejar antes de su regreso a la Secretaría General del PSOE, en mayo de 2017. El mismo Sánchez que a comienzos de septiembre borró toda referencia a Cataluña del programa común que propuso a Unidas Podemos en un último intento de tentar a los de Pablo Iglesias para que le hiciesen presidente sin entrar a formar parte del Gobierno. Y que hasta hace pocos meses reconocía que el actual Estatuto, cuya validez ahora defiende, no goza del respaldo de los catalanes, porque fue recortado por el Tribunal Constitucional.

Un Pedro Sánchez que está tomando distancia, sobre todo, con el programa electoral con el que ganó las elecciones el 28 de abril, en el que el PSOE aseguraba que “la España de las Autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad”.

Los socialistas presentarán este lunes la nueva versión de ese programa, con el que ahora Sánchez pedirá el voto el 10 de noviembre, y está por ver si incluye alguna propuesta en materia territorial o en relación con la crisis política de Cataluña. El de abril no hablaba de reforma federal, pero sí de la necesidad de modificar la Constitución en línea con las propuestas que el partido había venido defendiendo desde 2013 para incorporar a la Carta Magna “los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios”, así como “las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos”. Y apostaba por “recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica”.

La propuesta electoral con la que los socialistas ganaron el 28 de abril incluía también el compromiso de incluir “las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos” en busca de “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”.

Sánchez parece haber enterrado, al menos de momento, la oferta política que el PSOE consensuó en 2013, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba era todavía el secretario general, para plantear una solución que hiciese compatibles las demandas catalanas de más autogobierno con la unidad de España. Una apuesta que tomó forma federal en consonancia con la tradición histórica de los socialistas y que los socialistas pusieron negro sobre blanco en julio de 2013, un año después de que el PSC decidiese defender el derecho a decidir a través de una consulta “legal y acordada” y abriese una crisis con el PSOE que a punto estuvo de provocar una ruptura.

Fue Rubalcaba quien se encargó de negociar y cerrar un compromiso político compartido por todos los barones socialistas en torno a la idea de una reforma federal del Estado. La Declaración de Granada, que es como se conoce el documento que nació de aquel acuerdo, sentó las bases del proyecto socialista para Cataluña y para España, “un proyecto para seguir juntos”, según la expresión utilizada por el entoces secretario general.

Corregir “disfunciones”

Aquel documento reivindicaba el Estado de las Autonomías pero reconocía la existencia de “disfunciones”. “La Constitución dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales del modelo autonómico, como la propia determinación de las Comunidades Autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado, el modelo de financiación, la organización de las Administraciones Públicas o los mecanismos de cooperación entre ellas”, precisaba.

En aquella cita, en la que participaron algunos barones que todavía siguen al frente de sus respectivos territorios, entre ellos algunos tan significados como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara, el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

Fue Rubalcaba, antes que Sánchez, el que levantó la bandera de una reforma constitucional dirigida a consagrar una nueva estructura “territorial de carácter federal”. Una reforma que incluyese también la transformación del Senado en una auténtica Cámara de representación territorial “sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal”, que estableciese un sistema de financiación autonómica estable y que incorporase los “hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad”, estableciendo al mismo tiempo “mecanismos de cooperación y de participación institucional propios de los Estados federales. Una reforma, eso sí, “con un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”, precisaba el documento de 2013.

Sí fue Sánchez quien —con la complicidad de Miquel Iceta— dio el siguiente paso a través de la Declaración de Barcelona, firmada a pocos meses del anunciado referéndum del 1 de octubre que sirvió de apoyo a la proclamación unilateral de independencia de Cataluña.

La Declaración de Barcelona buscaba evitar el choque de trenes que finalmente se produjo abriendo “un nuevo escenario de diálogo” con el que “superar el enfrentamiento entre el inmovilismo del gobierno central y la deriva independentista unilateral”. Para abrirlo, Sánchez promovió la puesta en marcha en el Congreso de una comisión de evaluación del Estado de las Autonomías que sirviese de embrión a una reforma territorial de la Constitución. La iniciativa, sin embargo, acabó languideciendo en la Cámara alta, sometida al boicot activo de todos los grupos, excepción de los socialistas: la derecha del PP y de Cs, los nacionalistas, los independentistas y hasta de Unidos Podemos.

El documento impulsado por Sánchez e Iceta hacía referencia a la reforma constitucional de corte federal comprometida en Granada y aludía expresamente a la legitimidad que la nueva Carta Magna conseguiría, también en Cataluña, si resultaba aprobada en referéndum. Esta era una de las ideas centrales que el PSOE contraponía a la propuesta independentista de un referéndum de autodeterminación —una solución pactada que actualizase el encaje de Cataluña en España y que fuese aprobada también en una consulta por los catalanes— mientras Sánchez mantuvo viva la llama del diálogo con la Generalitat, una estrategia que acabó enterrada en el mes de febrero cuando los partidos independentistas —Junts y Esquerra— contribuyeron a tumbar el proyecto de presupuestos y forzaron la convocatoria de elecciones anticipadas.

Aquella reforma que entonces proponían Sánchez e Iceta debería incluir “el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat, un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas y el establecimiento de un Senado federal”, muy en línea con la Declaración de Granada.

En tanto esa reforma no se llevase a cabo, la Declaración de Barcelona proponía la puesta en marcha de medidas concretas: la reforma de la Ley del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial; el reconocimiento de la institución de las veguerías como entidad local distinta de la provincia ajustando a ellas la delimitación provincial tal y como recoge el Estatuto de Cataluña o la regulación por ley de la obligatoriedad de pactar con los gobiernos autonómicos las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales.

“Identidad nacional”

También reivindicaba la reforma del modelo de financiación, el cumplimiento de la previsión estatutaria que vincula la inversión del Estado al PIB catalán y, sobre todo, un amplio paquete de medidas destinadas al “reconocimiento de elementos simbólicos” referidos a la “identidad nacional” y la “historia” de Cataluña.

PSOE y PSC se comprometieron entonces a promover una ley de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España, a culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado, a asegurar la presencia de Cataluña en la Unesco y a resolver “cuestiones relativas a la memoria histórica como la anulación radical y expresa del juicio al president Lluís Companys”.

A pocos días de la sentencia del procés, y con las relaciones entre Pedro Sánchez y el independentismo en su punto más bajo, ya no quedan ni los ecos de la propuesta que Iceta trasladó al Govern en noviembre de 2018 —en coordinación con Sánchez— para reabrir el diálogo político sobre el autogobierno. Fue en la mesa creada por el president Quim Torra a instancias del Parlament y en el contexto del diálogo abierto entre la Generalitat y el Gobierno. En ese foro Iceta presentó un documento que proponía reconstruir puentes entre independentistas y no independentistas sobre la base, entre otras cosas, del “respeto a la legalidad y al actual marco institucional hasta que no haya el necesario consenso para reformarlo a través de los mecanismos y las mayorías establecidas”. Y “abrir el debate sobre la mejor manera de fortalecer el autogobierno y mejorar la financiación y sobre los procedimientos para acreditar un apoyo ciudadano mayoritario al acuerdo al cual se llegue”.

La estrategia del PSOE de Pedro Sánchez para abordar el problema catalán está en ese documento: “Buscar soluciones factibles, aunque sean temporales o transitorias, porque ahora no hay una solución definitiva”.

Y reconociendo que “Cataluña es una nación plural y diversa y España una nación de naciones”, algo que “no rompe la unión política de España ni da a los catalanes derechos diferentes de los del resto de españoles. Es en el federalismo donde se encuentran las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España sin disminuir la cohesión social y la igualdad entre españoles”.

La solución, proclamaron en noviembre los socialistas, “sólo puede llegar a través de un proceso de diálogo. Una vez alcanzado un amplio consenso, de como mínimo dos terceras partes del Parlament, será el voto del ciudadano el que, en última instancia, ratificará o no la propuesta que se someta a referéndum”.

Casi un año después, no queda casi nada de aquel intento de diálogo. Sánchez repite a diario su intención de responder con “firmeza” y “proporcionalidad” a cualquier nuevo intento de romper la legalidad. La advertencia a la Mesa del Parlament, vía TC, que el Gobierno aprobó este viernes va en esa dirección. Del discurso del líder socialista se ha caído la doble fórmula para avanzar en una solución negociada que había defendido hasta abril. La primera, una negociación entre las fuerzas políticas catalanas, independentistas y no independentistas. La segunda, una exploración en el Congreso —o en el Senado, al que los socialistas querían dar protagonismo en materia territorial— de las reformas constitucionales necesarias para reforzar el autogobierno de Cataluña.

El programa con el que Pedro Sánchez se presentó a las últimas elecciones, en un contexto muy diferente al de hoy —con el PSOE en la oposición, obligado a pelear por el liderazgo de la izquierda frente a Unidos Podemos, al que algunas encuestas situaban en situación de superar a los socialistas, y sin que los partidos independentistas hubiesen llevado a cabo la declaración unilateral de independencia de Cataluña— incluía un amplio apartado sobre la reforma federal de la Constitución.

Los socialistas promovían entonces “un nuevo pacto territorial para una sociedad plural” a partir de una reforma de “la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo”. Entre otras medidas, el PSOE defendía “incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre” e “incorporar la referencia a la autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla”; mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de “establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas comunidades”, así como reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial. Esta última medida se ha modulado y ahora se limita a proponer que la Cámara alta se convierta “en un lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí, para que contribuya de manera más eficaz al funcionamiento integrado del modelo territorial”.

Del programa de 2016 en materia territorial apenas sobreviven dos propuestas: racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado, y el reconocimiento en los Estatutos de autonomía de las “singularidades”.

Aunque donde el programa de 2016 hablaba de “las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; ultraperificidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil”, el de 2019 se limita a proponer “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”.

En el programa de estas elecciones sí se mantiene la idea de que las reglas fundamentales de la financiación autonómica pasen a formar parte de la Constitución. La principal diferencia es que ahora los socialistas hacen una referencia poco precisa: proponen incluir en la Carta Magna “las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos”, establecer “la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial” y “garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

Hace tres años el PSOE enumeraba los principios que debían regir la regulación estable de la financiación autonómica en la Constitución: de “certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial”. La nivelación financiera debía reconocer “niveles similares de servicios públicos” y “el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales”, de manera que “la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el principio de igualdad”.

Sin propuestas sobre la Iglesia Católica

Los socialistas proponían, hace sólo tres años, “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede” —el Concordato que rige las relaciones con el Vaticano— y “reclamar la titularidad del dominio de derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento”. Ninguna de las dos medidas está ya en el programa del PSOE para las generales.

También se ha caído del nuevo programa electoral del PSOE la idea de transformar los lugares de culto situados en centros públicos en sitios “de oración multiconfesionales”, así como “establecer un nuevo y renovado marco legislativo que vele por el buen uso y correcto funcionamiento de aquellos bienes inmuebles de interés cultural pertenecientes a la iglesia católica o a otras instituciones, y que establezca mecanismos que eviten que los inmuebles lleguen a encontrarse en situación de abandono”.

La propuesta con la que el PSOE de Pedro Sánchez se presentó a las elecciones en junio de 2016 promovía, en sintonía con el artículo 16 de la Constitución, evitar “cualquier tipo de confusión entre funciones públicas y religiosas en todo lo referente a actos institucionales, símbolos y espacios públicos”. Apostaba por la “autofinanciación de las confesiones religiosas” mediante “la contribución activa y voluntaria de las personas afines a sus iglesias” y consideraba que “el sistema de asignación tributaria actual” no era “aceptable, debiendo de ser suprimido en aplicación del principio de laicidad”.

Los socialistas también defendían “una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas” y una escuela pública en la que no cupiese “la integración, ni en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales”. Sólo admitía “la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural y para evitar, por ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos”. Ambas propuestas ya no forman parte de la oferta electoral del PSOE.

Del programa también ha desaparecido la propuesta de suprimir de la Constitución la actual referencia a la Iglesia Católica y establecer “el sometimiento de los representantes de los poderes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones”.

La promesa de aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, que estableciese un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas, ha sido sustituida por una simple Ley de Libertad de Conciencia sobre la que el PSOE no ha ofrecido ningún detalle.

Las tensiones territoriales desatadas por el intento de declaración unilateral de independencia protagonizado hace un año por las formaciones independentistas catalanas han provocado un ligero repunte de las cifras de ciudadanos españoles que se declaran partidarios de una reducción de competencias de las Comunidades Autónomas o de su completa desaparición. El porcentaje, sin embargo, sigue todavía muy por debajo del que registró en 2012 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuando comenzó a preguntar a los encuestados su opinión acerca del modelo territorial español. En aquellas fechas, los partidarios de la involución autonómica eran la opción mayoritaria y rozaban el 40%, nueve puntos y medio por encima de los registros actuales.

Cuando el CIS decidió introducir en su barómetro mensual una pregunta sobre el modelo territorial, en julio de 2012, Mariano Rajoy llevaba seis meses al frente del Gobierno, la crisis y los recortes estaban en su peor momento y las tensiones con Cataluña estaba a punto de comenzar. Fue en otoño cuando Rajoy se negó a negociar el pacto fiscal que le proponía el president Artur Mas, lo que llevó a la convocatoria electoral de noviembre que dio inicio al procés soberanista.

En aquel momento, los españoles partidarios de suprimir las autonomías o, por lo menos, de reducir sus competencias, sumaban el 39%, según los datos del CIS, 8,2 puntos porcentuales más que los defensores del sistema puesto en marcha por la Constitución y casi el doble que los ciudadanos que apostaban por federalizar el país y reconocer el derecho a la autodeterminación.

Desde entonces, el porcentaje de españoles más jacobinos, según el CIS, ha ido cayendo paulatinamente. En 2012 y 2913 se mantuvo en valores cercanos al 40% , pero los dos años siguientes cayó hasta situarse en el entorno del 30%. Los valores más bajos de esta categoría corresponden al mes de junio de 2017 (25,4%).

Ha sido en 2018 cuando, siempre según los datos recogidos por los encuestadores del CIS, por primera vez en seis años ha vuelto a subir el peso de los partidarios de una recentralización. El cambio de tendencia es visible a lo largo del año, a pesar de que es muy ligero. Ahora mismo, este grupo de ciudadanos se sitúa en valores próximos al 30%. El último dato publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (31,5%) es el mayor registrado desde mayo de 2015.

El grupo de encuestados partidarios de que todo siga igual, tal y como establece la Constitución Española de 1978, que dentro de un mes cumplirá 40 años, comenzó a superar por primera vez a los involucionistas a finales de 2013 y se situó claramente por encima de ellos desde mediados de 2015 en una tendencia claramente al alza.

Su mejor registro (40,6%) es de abril de 2017, cuando los planes del soberanismo catalán de celebrar un referéndum el 1 de octubre ya empezaban a tomar forma. Este porcentaje está diez puntos porcentuales por encima de los registros de junio de 2012. Con algún altibajo, los valores se mantuvieron después en ese entorno, entre el 35 y el 40%. Con todo, el último registro publicado, correspondiente al pasado mes de septiembre (36,2%), es el más bajo desde marzo de 2017.

Autonomistas

Por su parte, los partidarios de otorgar más autonomía a las comunidades autónomas o de reconocer el derecho a la autodeterminación siempre ha sido el grupo más reducido. Primero se han movido, con ligeras variaciones y hasta mediados de 2014, en el entorno del 20%, según la serie mensual de barómetros del CIS. Es a partir de ese momento cuando los valores empiezan a situarse más cerca del 25% que del 20%, aunque con constantes oscilaciones.

El máximo registro de los ciudadanos partidarios de más descentralización (26,4%) lleva fecha de enero de 2018, justo después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre que volvieron a otorgar mayoría absoluta a los independentistas en el Parlament de Cataluña, a pesar de la destitución del Govern y de la aplicación del artículo 155.

El último dato ofrecido por el CIS sobre este grupo sitúa a sus partidarios en el 24,4% del total, el valor más alto desde que comenzó el año.

El análisis de las cifras de estos años revela que, cuando el CIS empezó a medir la opinión de los españoles sobre el modelo territorial, los partidarios de una recentralización eran el grupo mayoritario, duplicaban a los federalistas y les sacaban casi 20 puntos porcentuales. Hoy las cosas son distintas: la diferencia entre ambos grupos se llegó a acortar a unos poco puntos (sólo dos en diciembre de 2018) y ahora, gracias al ligero repunte de los ciudadanos contrarios al Estado Autonómico, oscila entre cinco y siete puntos porcentuales.

¿Qué tienen en común las aportaciones al vuelo de Thomàs, Rodríguez Almodóvar, Cruz Artacho y Moreso? Que están vertidas en la misma web: la de Diálogos Andalucía-Cataluña. Una iniciativa curiosa, que persigue lo que en democracia debería ser lo más normal del mundo: dialogar desde lugares y experiencias –quizás desde identidades– diferentes. Dialogar: un verbo que constituye casi una excentricidad en el espacio político-institucional que rodea al procés.

Andalucía, con 8,4 millones de habitantes, y Cataluña, con 7,5, son las dos comunidades más pobladas de España. Suman casi 16 millones de habitantes, más de un tercio del total. Están unidas además por lazos históricos. "La novena provincia", se le llama a Cataluña en Andalucía, tal fue la emigración durante el franquismo. Más de un millón de andaluces se instalaron en Cataluña. El vínculo familiar es estrecho. Y la huella demográfica y cultural, indeleble. Sin embargo, una nube empaña la relación entre ambas tierras. El afecto mutuo convive con un escepticismo observable en declaraciones políticas, en comentarios de la gente de a pie plasmados en las redes sociales o recogidos por los medios. El telón de fondo del malestar es el procés.

Ahora un grupo de intelectuales, profesionales de la cultura, políticos alejados del primer plano, sindicalistas, profesores, investigadores, editores y periodistas de las dos comunidades se han dado cita en un mismo espacio, bautizado como Diálogos Andalucía-Cataluña, que pretende alcanzar un punto de encuentro que ayude a resolver –o a paliar– la crisis política derivada de la tentativa secesionista. El primer encuentro tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en Sevilla.

Unas setenta personas se han subido al barco, timoneado por el andaluz Javier Aristu y el catalán Javier Tébar . El listado de participantes incluye escritores (Jordi Amat, Antonio Soler), sociólogos y politólogos (Ramón Alós, Astrid Barrio, Teresa Torns, Manuel Pérez Yruela), juristas (Laia Bonet, Antonio Madrid, Bartolomé Clavero), historiadores (Ángel Duarte)... Hay economistas. También periodistas, caso de Enric Juliana. Y hay políticos, aunque el requisito ha sido que no estén en primera línea. Ahí entra Joan Coscubiela, exportavoz de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlamento, cuya intervención contra la unilateralidad del procés alcanzó gran notoriedad. Y también el independentista David Fernández, que fue líder de la CUP y hoy sigue ejerciendo de referente político en la constelación independentista de izquierdas.

Los perfiles no han sido seleccionados en función de adscripciones ideológicas, pero sí con un requisito: la defensa del diálogo. Pese a la diversidad reinante, predominan los valedores del reformismo, sobre todo los partidarios de cambios en la Constitución en sentido federal, coinciden varios participantes al repasar el listado.

Prejuicios, clichés, clases sociales y 'endofobia'

La preparación del encuentro ha incluido la apertura de un espacio en el que los participantes pueden publicar "ideas y sugerencias" para el debate. De ahí salen los extractos del primer párrafo de este artículo. Hay más ideas, que empiezan a delimitar el terreno de juego. Enfoques, propuestas, críticas y réplicas que, antes de que se celebre el encuentro, ya demuestran cuánto se pierde por el camino de la política cuando se renuncia de entrada a escuchar.

El economista Joan Carles Gallego propone hablar de "corresponsabilidad fiscal, igualdad y solidaridad". El periodista José Luis Atienza reivindica la construcción de un "horizonte compartido", un "nosotros" de cuerpo federal que supere las identidades basadas en la "victimización". El economista Carlos Arenas quiere poner la lupa a la historia de los distintos modelos de capitalismo en Cataluña y Andalucía para encontrar las respuestas. "¿Es alcanzable la soberanía? ¿En qué escala es más o menos posible? ¿qué obstáculos la frenan, qué condiciones la hacen viable y de qué modo?”, se pregunta el también economista Juan Torres.

El ingeniero agrónomo Joan Corominas, "catalán y andaluz desde hace 46 años", expone: "He vivido las dos caras del prejuicio, la desconfianza y en casos extremos el desprecio, entre los clichés de las identidades catalana y del resto de España (charnegos y catalinos). Por suerte, la convivencia rompe, generalmente, esta distancia y nos muestra iguales". A juicio de Corominas, "el procés ha cabalgado sobre las diferencias culturales e identitarias (y, no olvidemos, de clase social) y ha despertado la simétrica intolerancia de una parte significativa del resto de la sociedad española".

En las aportaciones a las puertas del encuentro se adivina ya algún pique. El economista barcelonés Jaume Lanaspa llama "la paradoja española" al hecho de que se gestione mejor en España "la diversidad cultural externa, la derivada de la inmigración reciente, hipotéticamente más difícil, que la diversidad cultural interna, con siglos de existencia". "A este respecto, cabría preguntarse hasta qué punto hemos sustituido la 'xenofobia' por la 'endofobia' y en qué forma podríamos aplicar, a la diversidad interna, el modelo intercultural que tan buenos resultados está dando en la gestión de la diversidad cultural externa". Manuel Peña, catedrático de historia moderna de la Universidad de Córdoba, con trayectoria docente en Cataluña, acepta el envite en estos términos: "Comparto plenamente el planteamiento de Jaume Lanaspa para la mesa 3, pero con un matiz. Además de debatir sobre la paradoja española, hacerlo por las mismas razones sobre la paradoja catalana".

Un filón para el diálogo

La idea de Diálogos Andalucía-Cataluña es evitar dos adjetivos: académico y político. En ambas esferas hay ya suficiente. Se trata de que el protagonismo recaiga en ese magma que suele llamarse "sociedad civil". Javier Aristu, coordinador de la revista digital Pasos a la Izquierda, impulsor desde Andalucía, ubica el origen de la idea en la preocupación por el recrudecimiento del conflicto a raíz del referéndum del 1 de octubre del año pasado. A raíz del mismo hizo caso a intelectuales como Jordi Amat, que venían defendiendo la necesidad de un sincero diálogo intercultural en España, y empezó a moverlo. "Hay un vínculo muy fuerte entre Andalucía y Cataluña. Hubo un millón y medio de andaluces que se fueron a currar a Cataluña, que participaron en la organización de Comisiones Obreras, un sindicato sin el que no se entiende nada de lo que ha pasado en en Cataluña. Hay un filón para que los andaluces y los catalanes nos digamos muchas cosas", explica.

Con los altibajos propios de la tarea, el empeño acabó fructificando. En Cataluña contribuyó el historiador Javier Tébar, que lamenta la escasez de diálogo en el espacio político-institucional. "Esta propuesta tiene la virtud de proponer un diálogo cultural, no partidista, con gente preocupada. El diálogo es, cómo decirlo, una herramienta, no un escenario. Queremos que sea un instrumento útil, no servir sólo a una retórica de confrontación, que es lo que estamos viendo", señala Tébar, que coincide con Aristu en el potencial de los lazos Andalucía-Cataluña.

El encuentro, que cuenta con el apoyo de Caixabank, la Fundación Cajasol y las universidades Oberta de Catalunya, de Sevilla, Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía, se articula en torno a tres grandes mesas: historia, sociedad y salidas jurídicas a la actual situación de bloqueo. Este último es el punto más delicado, porque el diálogo es más sencillo conforme se aleja de las respuestas sobre el qué hacer. La mesa de las soluciones jurídicas la modera la profesora de derecho administrativo Laia Bonet, exportavoz del PSC en el Parlament, que participó en la redacción original del Estatut, y la constitucionalista Ana Carmona, coautora junto a otros catedráticos como Santiago Muñoz Machado, Eliseo Aja y Francesc de Carreras del informe Ideas para una reforma de la Constitución.

Diálogos se presenta como un espacio para "debatir y discutir" sobre "perspectivas futuras" y "desbloquear situaciones herméticas". "En un tiempo difícil, donde el diálogo político y de los grupos dirigentes casi ha desaparecido, el encuentro de voces de la cultura y de la reflexión teórica e intelectual puede abrir vías de encuentro y de clarificación a fin de promover un eje catalán-andaluz que contribuya a la construcción de un modelo de Estado más adecuado en un contexto europeo y globalizado", señala en su web. La plataforma se remite a los llamados "diálogos de las culturas" organizados por la revista Cuadernos para el diálogo en el monasterio de Montserrat en 1968. "Hoy no se trata obviamente de partir de las mismas bases ni de conquistar los mismos objetivos: lo que se busca es dialogar para hallar un punto de encuentro o acercamiento que haga posible una renovada convivencia en un marco jurídico y político integrador de las diferentes opciones territoriales", añade Diálogos. Sea cual sea la fórmula que finalmente se pueda alcanzar (Estado federal, Estado confederado, Estado autonómico renovado, independencia de Cataluña…), el diálogo y el encuentro seguirán siendo necesarios".

La iniciativa Diálogos tiene el interés –o el peligro– añadido de celebrarse en plena precampaña de las autonómicas andaluzas, cuyo debate está teñido, como toda la conversación política española, por el procés. Ahí han tenido puntería sus promotores.  

Sesenta personalidades del mundo de la cultura y la universidad suscriben un manifiesto [consultar, aquí] en el que abogan por "reformar la Constitución de 1978 en un sentido federal" con el objetivo de "acomodar mejor" las "legítimas" aspiraciones nacionales catalanas, vascas, gallegas y de otros territorios con demandas de carácter identitario como la Comunitat Valenciana o Illes Balears. 

Los firmantes sostienen que esas demandas "no deben entenderse como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática". Y resaltan que, como tales, han de ser atendidas "procurando acomodos que no violenten la convivencia en común". A su juicio, bien entendidas y gestionadas, estas reivindicaciones "han de conducir a una España más cohesionada, más tolerante y más estable". "Nada hay de antidemocrático en todo ello", subrayan. 

El manifiesto lo firman, entre otros, los politólogos Ignacio Sánchez Cuenca, Máriam Martínez Bascuñán, Eva Anduiza, Antón Losada y Fernando Vallespín; los constitucionalistas Javier Pérez Royo y Joaquín Urías; los filósofos Antón Baamonde y Antonio García-Santesmases; el historiador Julián Casanova; o la catedrática Victoria Camps. 

En el escrito, titulado Renovar el pacto constitucional, sitúan el origen del "conflicto" actual en la sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2010, tras un recurso promovido por el PP, anuló artículos sustanciales del Estatut. "El TC impuso una visión unilateral del pacto constitucional, que dejó a Cataluña sin un texto aprobado por las Cortes Generales y por su propio cuerpo electoral", subrayan. 

Ese fallo, aseguran los promotores del documento, acabó con el "acuerdo de equilibrio" fijado en la Constitución por el que las comunidades históricas aceptaron carecer de poder constituyente a cambio de que los Estatutos de Autonomía aprobados por la mayoría absoluta de las Cortes Generales no pudieran aplicarse si no eran previamente refrendados por el pueblo de la comunidad autónoma destinataria de cada uno de ellos. "El recurso de inconstitucionalidad, al recurrir un estatuto aprobado por la mayoría absoluta del parlamento que representa al pueblo español y votado favorablemente por la ciudadanía de Cataluña, dinamitó ese acuerdo esencial", sostienen. 

A partir de esa sentencia, subrayan, el Título VIII de la Constitución, el relativo a la organización territorial del Estado, "quedó herido de muerte". Y mantienen que la posterior jurisprudencia constitucional "solo ha venido a reafirmar aquella desafortunada decisión y sus efectos más involucionistas". Según su parecer, las autonomías, salvo en aspectos simbólicos y organizativos puntuales, carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias porque el Estado "se ha apoderado de las competencias compartidas" y "los títulos horizontales se han multiplicado exponencialmente". 

Frente a esta realidad, abogan por "renovar el pacto constitucional dentro de un espíritu de concordia, sin humillaciones, sin vencedores ni vencidos" y por avanzar hacia una "unión" mediante un proyecto político federal, "en el que el respeto a la diferencia sea una fortaleza que a todos nos iguale". En este sentido, ponen el ejemplo de la sentencia que dictó en 1998 el Tribunal Supremo sobre el conflicto del Quebec y en la que determinó que "el pueblo soberano ejerce su derecho al autogobierno a través de la democracia".

"La confrontación, el desencuentro, la herida, se amplían ante nuestros ojos. Sin embargo, antes o después, esa sucesión de infortunios tiene que dejar paso a un momento de calma en que se pueda hablar de todo, de modo inclusivo, en el mutuo reconocimiento y la solidaridad interterritorial, con una solución constitucional válida para todos", sentencian.

El programa electoral del PSC para el 21D señala entre sus objetivos la necesidad de “superar la anomalía que supuso la sentencia del TC sobre el Estatuto del año 2010”,sentencia del TC un fallo judicial que muchos coinciden en situar como el origen del creciente divorcio entre Cataluña y España. La forma de reparar esa quiebra, proponen los socialistas catalanes, es llevar a cabo “una reforma constitucional federal inclusiva, un acuerdo para conseguir que Cataluña se sienta tratada con justicia y resolver problemas concretos a partir de fórmulas federales de relación y colaboración”.

La sentencia del Constitucional que anuló parcialmente el Estatuto, cuatro años después de que fuera refrendado en las urnas por el 74% de los votantes catalanes el 18 de junio de 2006, “generó profundas heridas” en la sociedad catalana, sostiene el programa del PSC. La “falta de respeto a la decisión que había tomado la ciudadanía” fue “interpretada como la negativa al desarrollo del autogobierno de Cataluña” y “se convirtió en el punto de inflexión de un conflicto territorial y social que, casi diez años después, sigue sin resolverse”.

La “insatisfacción” de muchos catalanes, razona el documento que contiene la oferta electoral de los socialistas, “se ha visto agravada por los efectos de la crisis económica” pero también “por una escalada de despropósitos entre partidarios y detractores de la independencia”.

Entre ellos el PSC tiene reproches para rodas las partes: la “acumulación de incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos españoles”, la “ofensiva recentralizadora” del Gobierno de Mariano Rajoy, los “continuados desafíos a la legalidad del Gobierno catalán y la llamada a la desobediencia”.

Para impulsar el desarrollo normativo del Estatuto de Autonomía, propone el programa, hay que partir de la resolución de los conflictos competenciales pendientes y de “la recuperación de los artículos que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”. Para llevar a cabo este objetivo, enumera el documento, hay que derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), reconocer legalmente las veguerías (las comarcas tradicionales catalanas), descentralizar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, crear el Consejo de Justicia de Cataluña (un Consejo del Poder Judicial a escala catalana) y reanudar los trabajos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y de la Comisión Mixta de traspasos Estado-Generalitat para culminar los traspasos pendientes y la transferencia de los recursos necesarios.

El programa del PSC reproduce el contenido de la Declaración de BarcelonaDeclaración de Barcelona firmada por Miquel Iceta y Pedro Sánchez, en la que también apuestan por defender la lista de reivindicaciones que Carles Puigdemont entregó a Mariano Rajoy en abril de 2016 —con la única excepción del la exigencia de un referéndum de secesión—, defienden la revisión del sistema de financiación autonómica y de la inversión estatal en infraestructuras estratégicas o el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña.

La reforma constitucional que el PSC se compromete a defender si Iceta se convierte en presidente pretende “la transformación del Estado de las Autonomías en un Estado federal” de “carácter plurinacional” que reconozca a “Cataluña como nación”.

La nueva Carta Magna, en opinión de los socialistas catalanes, debería delimitar claramente las competencia del Estado federal y de los “entes federados” reconociendo un “asimetría competencial”. En todo caso,“los temas lingüísticos, educativos y culturales” deben ser reconocidos “como competencia estricta de las comunidades con lengua propia” y la financiación debe incluir los principios de solidaridad, ordinalidad (que el reparto del dinero no altere el orden de riqueza per cápita de los territorios), corresponsabilidad y suficiencia.

Senado federal

El programa de PSC dibuja también, entre otras cosas, un Senado Federal con representantes de los ciudadanos pero también del Gobiernos de los “entes federados” y la territorialización del sistema de gobierno del poder judicial.

Los socialistas aseguran que ese nuevo pacto constitucional, una vez acordado por los partidos, en España y en Cataluña, obtendrá la legitimidad democrática que necesita de los ciudadanos: “No habría solución estable ni legítima que no esté sometida al voto de toda la ciudadanía. La reforma constitucional acordada habrá de ser votada por todos los ciudadanos de España y, después, los catalanes habrán de votar un nuevo Estatuto derivado de este nuevo marco constitucional”.

El programa detalla también las demandas del PSC en materia de financiación. En este capítulo, los socialistas reclaman una Hacienda Federal para “compartir de forma justa y equitativa los ingresos tributarios que se generan en el conjunto de España, manteniendo un elevado nivel de autonomía y responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno”.

“Impulsaremos la negociación de un Pacto Fiscal Federal”, propone el documento, que aumente “la participación actual en el IRPF, IVA e impuestos especiales”, de manera que con ellos “se cubran las necesidades" de los servicios del Estado del Bienestar competencia de las comunidades autónomas.

El vigente modelo de financiación, critica el PSC, “asigna los recursos finales de manera desequilibrada y no responde a ningún criterio razonable concreto”. Para corregir esa situación, debe garantizarse la aplicación del controvertido “criterio de ordinalidad” tal y como lo validó el Constitucional: que la solidaridad entre comunidades autónomas no puede redundar en un perjuicio para las más ricas.

Esto implica también, en opinión de los socialistas, una “equiparación de resultados” porque sea régimen común o régimen foral (el cupo vasco y navarro), “los recursos finales deben ir convergiendo”.

Para avanzar en la corresponsabilidad fiscal, el PSC apoya también la creación del Consorcio Tributario de Cataluña entre la Agencia Tributaria del Gobierno central y la Generalitat para compartir la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que pagamos”. Debe ser, aseguran los socialistas, “una manifestación clara del autogobierno y la corresponsabilidad fiscal".

La crisis política catalana, la defensa del artículo 155 del brazo del Partido Popular y de Ciudadanos, así como el deseo de no incomodar en estos momentos a las voces más críticas del partido están hipotecando el discurso de Pedro Sánchez en materia territorial. Esa es, al menos, la preocupación que ha empezado a anidar en el ánimo de algunos miembros de la dirección del PSOE consultados por infoLibre, todos ellos de reconocida lealtad al sanchismo, que creen que el secretario general no está aprovechando como debería la capacidad que le dieron los militantes para desarrollar su propio discurso y defender el Estado plurinacional sin temor a molestar a sus adversarios internos, especialmente la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y los dirigentes más afines con la vieja guardia del felipismo.

Un buen ejemplo de este cambio de discurso lo protagonizó este jueves la vicesecretaria general, Adriana Lastra, que no dudó en exigir al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que “deje de hablar de plurinacionalidad y de asuntos que no están en la agenda política y se ponga del lado de los que defendemos el Estado de derecho”, en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Al sector que vive con intranquilidad cómo se va imponiendo este mensaje le preocupa también que la comisión del Congreso impulsada por el PSOE para encauzar en la Cámara alta el conflicto catalán se haya descaifenado por culpa de la situación política excepcional que vive Cataluña, que ha determinado la ausencia de formaciones nacionalistas indispensables para resolver el conflicto, además de Unidos Podemos. Sólo PP y Ciudadanos han decidido participar, pero lo están haciendo a medio camino entre el escepticismo y el desdén.

Tampoco ha sentado bien la decisión de situar al frente de la comisión a José Enrique Serrano, al que consideran una figura indisolublemente ligada a la vieja guardia del felipismo, lo que tampoco contribuye a dar nitidez a las propuestas territoriales con las que Pedro Sánchez ganó el 39º Congreso del PSOE y que defienden la reforma federal del Estado y el reconocimiento de su plurinacionalidad.

De hecho, algunas fuentes del partido reconocen que la elección de Serrano ha gustado más en el PP que en una parte de las filas del PSOE. Algunos le atribuyen un papel muy relevante en la anterior legislatura en el fracaso de la tentativa de acuerdo con Podemos para la investidura de Pedro Sánchez y eso tampoco contribuye a alientar simpatías. Fuentes de la cúpula del PP indicaron a infoLibre que el nombre de Serrano fue "bien visto por los dos partidos".

El resultado de esta combinación de factores, el alineamiento con el PP en la intervención de Cataluña y el desangelado arranque de la comisión del Congreso, está poniendo al partido en dificultades a la hora de de construir un discurso propio en materia territorial en plenas elecciones catalanas. La estrategia se arriesga además a quedar en evidencia si, como teme una parte del sanchismo, el PSC y su candidato, Miquel Iceta, fracasan en las elecciones y no consiguen el objetivo que se han marcado de volver a ser una fuerza decisiva en el escenario político de Cataluña.

El día después

Durante la crisis independentista, la estrategia de Iceta ha quedado muy unida a la de Pedro Sánchez e inevitablemente su éxito y su fracaso también lo estarán. Y el PSOE, temen las mismas fuentes, no tiene una hoja de ruta para el día después de los comicios catalanes.

En el Consejo Territorial del sábado fueron varios los barones críticos, encabezados por la andaluza Susana Díaz, que evitaron expresamente hablar de este asunto a la espera de ver qué pasa en las elecciones del 21 de diciembre. Y nadie en el partido espera un discurso comprensivo si el resultado de las urnas es negativo.

A todo ello hay que sumar el fracaso de la agenda social que el PSOE quería construir en empleo y política económica aprovechando el fallido debate presupuestario, así como la paralización de los puentes que los socialistas estaban construyendo con Podemos y de los que dependen las opciones de construir un gobierno de izquierdas en la próxima legislatura.

El conflicto catalán apenas ha influido en las preferencias de los ciudadanos sobre el modelo de organización territorial. Así lo refleja el barómetro de octubre [consultar, aquí] publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestra un apoyo mayoritario al Estado de las autonomías. La mayoría de los ciudadanos sigue siendo partidaria de dejar las cosas como están. Esta es la preferencia del 39,2% de los encuestados y, de hecho, esta opción ha experimentado un ligero aumento de 0,9 puntos respecto al mismo sondeo de hace dos años (del 38,3% al citado 39,2%). 

Por otro lado, los partidarios de un Gobierno central sin autonomías se han reducido de manera leve. Si en octubre de 2015 –justo después de las últimas elecciones catalanas a las que las fuerzas soberanistas intentaron dar un aire plebiscitario– un 18,5% de los encuestados apostaba por esa opción, ahora lo hace un 17,5%, apenas un punto menos. Sí ha aumentado, aunque también de forma poco significativa, el porcentaje de ciudadanos que abogan por un modelo en el que las comunidades tengan menor autonomía que ahora. Lo hace en 0,8 puntos porcentuales, desde el 9,9% de hace dos años hasta el 10,7% actual.

En contraposición, un 13,4% responde que prefiere un Estado en el que las autonomías tengan más capacidad de autogobierno que en la actualidad. Este porcentaje sí se ha reducido en tres puntos respecto a hace dos años, cuando estaba en el 16,4%. En conclusión, la opción de mantener el actual marco o incluso con unas comunidades con más autonomía suma un 52,6%, frente al 28,2% de las alternativas más centralistas. Además, un 10,2% de los encuestados apuesta por la opción de un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de ser independientes.

El debate sobre la modificación de la organización del Estado empezó a intensificarse en 2012, cuando el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, planteó la necesidad de que Cataluña tuviera estructuras de Estado y puso sobre la mesa la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación. No obstante, el llamado procés soberanista ha llegado a su momento álgido en los últimos meses con la culminación de esa estrategia independentista. 

El citado estudio del CIS se realizó entre los días 2 y 11 de octubre, de modo que no recoge el efecto de los últimos acontecimientos políticos. Es decir, la proclamación de independencia del Parlament de Cataluña y la tramitación y aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y tampoco el encarcelamiento de ocho miembros destituidos del Govern y de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como la huida a Bélgica de Puigdemont y cuatro cosellers cesados.

Variables sociodemográficas

De acuerdo con los datos del CIS, las fórmulas recentralizadoras extremas tienen más apoyos entre sectores rurales, de mayor edad y menos formación. De hecho, la opción de un Estado sin autonomías sólo tiene un respaldo superior al 20% (la media está en el 17,5%) entre los mayores de 65 años, las personas que viven en municipios de hasta 2.000 habitantes, los que no tienen estudios o sólo han completado la educación primaria, así como los agricultores, los trabajadores del sector servicios, los obreros cualificados y los jubilados.

Por ejemplo, entre las personas de mayor edad, casi una de cada cuatro (24,2%) querría un Estado con un único Gobierno central sin comunidades autónomas. Entre los que tienen entre 18 y 24 años esta opción sólo la respalda el 9,7% y entre los que tienen entre 25 y 34 años, el 10,6%. También más del 25% de las personas sin estudios o los trabajadores del campo consideran que sería mejor liquidar el actual modelo autonómico. 

En contraposición, la opción de una organización menos centralista en la que se aumenten las competencias regionales también cuenta con mayor respaldo entre los sectores más dinámicos de la sociedad: los jóvenes de entre 18 y 24 años, las personas que han completado estudios de secundaria, los cuadros medios y las clases altas. Por ejemplo, entre los profesionales y técnicos por cuenta ajena uno de cada cinco defiende esta opción. 

Estas mismas clases altas también son las que admiten en mayor grado que se reconozca la posibilidad de independencia de las comunidades autónomas. Respalda esta opción de 17,4% de los encuestados de esta clase social, por el 10,2% del total. La posición proclive al derecho de autodeterminación también tiene predicamento entre las personas de entre 25 y 34 años, los habitantes de grandes ciudades y los que tienen estudios superiores. 

Por otro lado, la mayoría de los consultados (53,7%) declara sentirse tan español como de su comunidad autónoma; el 16,1%, únicamente español, y el 6,2%, solo de su comunidad. Tampoco estos porcentajes han variado de forma considerable en los últimos dos años.