No soy jurista, ni fiscal ni abogado defensor. Así que leo y releo las 85 páginas del auto firmado por el juez José Luis Calama Teixeira como periodista y como ciudadano, haciendo el esfuerzo (obligado) de no dejarme llevar por una previa consideración positiva hacia el afectado. No es fácil. Se trata de que el único presidente del Gobierno en democracia bajo cuyos mandatos no se produjo un solo caso de corrupción política es ahora el primer expresidente citado como investigado, y nada menos que por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. De modo que expongo simplemente mis impresiones sobre un auto judicial muy detallado y a la vez repleto de lagunas. ¿Serán rellenadas a lo largo de la investigación pendiente después de los registros efectuados este martes? Puede ser, pero ya anticipo que me sorprende la contundencia y reiteración con la que el instructor ya condena a Zapatero, y lo hace sin aportar los indicios concretos que sostengan la acusación.

Me explico (o al menos lo intento).

1.- A lo largo del escrito se repite con una frecuencia impropia la afirmación de que José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado como “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias. Es decir, se va reiterando constantemente la conclusión de una investigación en marcha. El carro antes que los bueyes.

2.- Toda la trama parece girar en torno al préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra para sacarla del borde de la ruina en plena pandemia. Ese rescate pasó ya por un juzgado y también superó la auditoría de Bruselas y del Tribunal de Cuentas. Es posible, por supuesto, que esos tres filtros no contaran con la suficiente información sobre el estado de la compañía, pero el caso es que nadie encontró irregularidades, y el préstamo está en proceso de devolución, aunque por el momento sólo en la parte de los intereses y aún no del capital. Conviene vigilar –y esto sí es responsabilidad del Gobierno– que se devuelva hasta el último euro, como con cualquier otra operación de ayudas públicas. No vaya a ser que ocurra como, por ejemplo, con el caso Avalmadrid y los préstamos a la familia Ayuso (ver aquí).

3.- El auto recoge la acusación –también reiterada con sorprendente frecuencia– de que Zapatero era quien daba “las órdenes” o “instrucciones” en la actividad de la trama. Pero lo cierto es que en ninguna de las 85 páginas aparece una “orden” o una “instrucción” concreta dictada por el investigado. Ni tampoco un testimonio o un mensaje de ninguno de los implicados que diga “Zapatero ha ordenado” o “Zapatero ha enviado la instrucción de…” o al menos “Zapatero quiere que…”. 

4.- El propio juez parece asumir esa ausencia de elementos indiciarios directos contra el imputado al escribir en la página 56: “José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”. Es decir, que Bambi resulta ser tan listo y habilidoso que es capaz de “ejercer un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas (…) y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios…” (pág. 59) sin mancharse las manos, o sin mover una ceja (si me permiten una gracieta en este turbio asunto).

5.- Lo escribo como lo pienso: el cúmulo de “evidencias analizadas” creo que justificaría citar a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar su vinculación o relación con esa supuesta trama de tráfico de influencias. Pero el auto no busca ese objetivo, sino que ya da por demostrado el “liderazgo” del imputado en la organización criminal sin aportar –insisto– indicio alguno, sino deducciones o suposiciones sin respaldo documental.

6.- Una de las acusaciones más graves es la de que Zapatero “ordenó” crear una sociedad off shore en Dubái denominada Landside a la que sería desviado el importe de la supuesta comisión cobrada por las gestiones para el “rescate” de Plus Ultra. La sociedad existe. Lo que hasta el momento no existe es la comprobación de que esa entidad es de Zapatero o su familia. El expresidente ha negado con absoluta rotundidad que tenga ninguna sociedad “ni en España ni fuera de España”. Sostiene que todos sus ingresos los declara a Hacienda como autónomo y pagando el IRPF correspondiente. Entiendo que en algún momento se aclarará si miente Zapatero o se equivoca el juez, y la cuenta es de un tercero (o cuarto).

7.- La causa investigada por la Fiscalía Anticorrupción, a raíz también de investigaciones en Francia y en Suiza sobre blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela, procura como es lógico seguir “el rastro del dinero”. Es la forma habitual de llegar a localizar a los beneficiarios de una trama de este tipo. Sobre Zapatero, el auto mezcla en la coctelera de sus ingresos los que presuntamente procederían de “vender” su capacidad de influencia en altos responsables políticos “españoles y extranjeros” y también los que percibe por sus conferencias y participaciones en distintos foros de ámbito internacional. Esos ingresos son tan lícitos como los que vienen cobrando otros expresidentes como Felipe González o Aznar, que por cierto han compartido la misma empresa de representación, Thinking Heads. (Fuentes fiables han comentado a infoLibre que las tarifas de González y Aznar oscilan entre los 35.000 y los 50.000 euros por conferencia). No se entiende bien qué pintan en el auto esos ingresos, sobre los que la única comprobación que interesa es si cumplen sus obligaciones con Hacienda. 

8.- Aparece como una especie de guinda de este podrido pastel la presunta actuación de Zapatero como intermediario incluso en operaciones de venta de petróleo de Venezuela a terceros. No se dan muchos más datos, y se cita a China como “cliente” de esa intermediación. No tengo ni puñetera idea de cómo funciona el mercado del petróleo, pero dada la dependencia que Venezuela y el régimen de Maduro han tenido respecto a China, cuesta mucho imaginar que el Gobierno chino necesite pagar a ningún Zapatero por el petróleo venezolano.

9.- Yo no me atrevo, al menos por el momento, a incluir esta causa judicial entre los ejemplos (a mi juicio meridianos) de lawfare que se han producido en la justicia española, y que venimos denunciando en infoLibre desde hace años (García Castellón contra Podemos o Peinado contra Begoña Gómez, entre otros). Pero sí me provoca una legítima preocupación leer en el auto expresiones como “Zapatero o su entorno…” o “Zapatero o personas próximas…”. Porque esta bomba judicial (y política) estalla después de una condena a quien era fiscal general del Estado por la filtración de un correo sobre la que la sentencia llega a expresar que solo pudo ejecutarla “el acusado o alguien de su entorno”. O sea, una barbaridad jurídica se mire como se mire, un atropello mayúsculo a la presunción de inocencia. (Claro, que hay quien interpreta este tipo de quiebros en la senda de “creatividad jurídica” iniciada por el juez Manuel Marchena cuando descubrió que podía condenarse a alguien por malversación de fondos públicos aunque ese alguien no percibiera un euro de los mismos).

y 10.- A lo que sí me atrevo es a denunciar la capacidad adivinatoria que dirigentes del Partido Popular, empezando por el propio Núñez Feijóo, siguen demostrando acerca de los procesos judiciales que afectan al PSOE. Es clamorosa la precisión con la que desde hace ya años, la derecha anticipa los pasos que algunos tribunales van a dar contra miembros del partido de Gobierno. Feijóo se refirió en un mitin el pasado 12 de mayo a lo que ha ocurrido este martes con Zapatero. Le faltó dar la hora de comunicación del auto y práctica de registros. No he visto una sola denuncia por parte de las asociaciones judiciales tan preocupadas por filtraciones con intencionalidad política y por supuestas injerencias del Gobierno en la independencia judicial. Estamos a la espera de que alguna vez el Consejo General del Poder Judicial investigue las vías por las que el PP parece tener hilo directo con la UCO, con la UDEF, con la Fiscalía Anticorrupción y con determinados juzgados. 

El terremoto causado por la imputación a Zapatero es tremendo. Su efecto político inmediato es obvio: queda enterrado el golpe que para el PP supuso el resultado de las elecciones andaluzas del domingo: otra vez en manos de Vox y del discurso de la “prioridad nacional”. Feijóo ya no tiene que afrontar la pregunta de cuál es exactamente su proyecto de país más allá del antisanchismo. Esta causa judicial, llegue hasta donde llegue, logra quemar uno de los resortes que más contribuyeron en julio de 2023 a frenar una victoria de las derechas que se daba ya por descontada. Y en las filas de unas izquierdas ya sumidas en sus tradicionales vicios del derrotismo y la melancolía es sin duda un golpe muy duro. Zapatero representa los mayores avances sociales logrados en España en las últimas décadas e imitados en otras democracias occidentales. Y algo que las derechas también se niegan aún a reconocer: acertó en la vía dialogada para derrotar a ETA mientras el PP ponía palos en las ruedas. 

La hoja de servicios de Zapatero a este país y la lealtad a su partido y a dirigentes como Pedro Sánchez (a quien no apoyó para liderar el PSOE) son indiscutibles. Pero no impiden que ahora haya que exigirle explicaciones detalladas de cada imputación que se le hace en esta causa. Transparencia absoluta sobre su patrimonio y el de su familia. Pero también conviene reclamar un poquito de calma a quienes ya le dan por culpable y condenado. Y esto incluye al juez instructor, que no puede ni debe ejercer como tribunal sentenciador.

Kitchen gana por 13 a dos a Ábalos-Koldo-Aldama (encarcelados preventivamente los dos primeros y contratado como showman y colaborador de la Justicia el tercero). Me refiero a los años que han tardado en juzgarse uno y otro caso. Desconozco a qué puede deberse tanta diferencia temporal o con qué criterios se aplican las vías rápida y lenta, pero no parece casual, ni tampoco que el origen solo esté en la complejidad o gravedad de cada uno de los asuntos. Mientras los discos duros de Génova 13 se suicidaban, el tiempo pasaba y a la Gürtel le siguió la Kitchen, que lleva largo tiempo en la cocina, la cual consiste en que la cúpula de Interior y de la Policía Patriótica se dedicaron a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del PP gobernante. El caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, de lo que se deduce el escaso acierto de Pedro Sánchez al elegir a sus colaboradores más allegados. Gravísimo también, cuidado. Pero conviene no olvidar las diferencias. En este caso, Aldama, como ya anunció, ha culpado a Sánchez de todo —eso sí, sin pruebas, porque lo dice él y punto—.

La Justicia, y con ella la justicia, también quedó atada y bien atada en el antañazo, como advirtió el dictador asesino. Entre esta y la frase "el que pueda hacer que haga" de Aznar ha sucedido una transición que a veces no parece haber acabado su trayecto o, incluso, aparenta retroceder. He llegado a soñar, en un ataque de pesadillas judiciales, que ciertos jueces, con García Castellón a la cabeza, están intentando demostrar que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas es Pedro Sánchez. Peinado, en cambio, está empeñado en que tal arcano se refiere a Begoña Gómez. Todo el entramado al que me refiero, con el que me atacaron los sueños, fue puesto para su solución en manos de la "inteligencia" que no supo descubrir quién era la X del caso GAL ni, por su mayor dificultad, descifrar el enigma M. Rajoy. La presidenta del tribunal de la Kitchen, Teresa Palacios, se ha instalado de forma sólida en ese apócrifo puesto de jueza defensora (del PP).

Cospedal continúa protegida en diferido por los jueces y el exministro patriótico Fernández Díaz por Marcelo, el ángel de la guarda cuyo papel fundamental no era aparcarle el coche, como quiso hacernos creer el cínico chupacirios.

Peinado, desmelenado en su obsesión con Begoña Gómez por su pecado conyugal, propone juzgarla por cuatro delitos tras una instrucción repleta de polémicas y errores, apoyado en las querellas de la ultraderecha de Vox (a gritos), Manos Limpias (que hieden) y Hazte Oir (mejor no escucharlos). El ministro Bolaños asegura que la actuación del juez ha avergonzado a ciudadanos y jueces y cree que ha hecho un daño irreparable. En respuesta, 23 jueces de Badajoz, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente las consideran un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes.

Sin embargo, los jueces, de piel tan fina para lo suyo, critican las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o a una aplicación restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; como ya pasó con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes.

Pero son las izquierdas y el Gobierno quienes dañan la imagen de los jueces, según el discurso de derechas. Nada que decir de los excesos de los jueces como los posicionamientos políticos de algunos de ellos con determinados partidos y en determinados medios, las intervenciones en actos de colectivos ultras, las descalificaciones gruesas e incluso insultos contra cargos públicos o el desprecio sistemático a otros órganos como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional que no merecen ningún reproche ni de esos colectivos ni del CGPJ.

En unos casos los jueces aplican la presunción de inocencia; en otros, la de indecencia. La inaceptable tortedad de la justicia, o sea.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

¿Hasta dónde se puede recompensar a un corrupto sin convertirlo en un agravio? ¿Cuántos beneficios se le pueden conceder sin que el mensaje contra la corrupción acabe siendo que delinquir sale gratis? La corrupción tiene un coste altísimo. El primer responsable es el corrupto, y también su entorno por no detectarlo. Se exigen responsabilidades políticas precisamente por la falta de celo, dejación o incapacidad deliberada para leer las señales —siempre las hay— y dejarles hacer hasta que es tarde. Sabemos que hace falta la prensa y el engranaje de la Justicia para destaparla. Por esa dificultad para destaparla, la reparación también es el mensaje. Se condena a los corruptos para que el siguiente sepa que pagará por lo mismo, para dejar claro que el poder no protege y nadie es impune.

El Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón no es impermeable al debate social. Y es positivo. En su alegato final ha alabado la figura del arrepentido. Pero Aldama no encaja en ese traje. El concejal del PP José Luis Peñas llevó voluntariamente a la Policía las grabaciones que originaron el caso Gürtel. Aquel “yo le he llevado a Génova un millón de euros”, con el piano de fondo. Pudo no hacerlo y le habría cambiado la vida —probablemente para bien—. Sin embargo, lo hizo, entregó las pruebas y fue condenado a 4,9 años de prisión.

A Víctor de Aldama le detuvieron como presunto capo de una red criminal de fraude de hidrocarburos por más de 183 millones de euros, y solo así encendió un ventilador averiado. Ha confesado lo que la UCO ya tenía en la causa y, aun siendo relevante, no ha destapado la trama. Hasta el teniente coronel Antonio Balas lo señaló en su declaración del caso mascarillas. 

Pero además de no destaparla, ha utilizado su declaración para elevar el espectáculo a sabiendas de no tener pruebas ni ser cierto. El jefe de la trama no era Pedro Sánchez, como “con notable desahogo le otorga ese papel Víctor de Aldama”, ha dicho Alejandro Luzón en su informe final. Colaborar con la Justicia no es mentir a la Justicia. Si Aldama lo hace, debería tener consecuencias. El comisionista acumula una buena ristra de acusaciones falsas. Que se sepa, las que afectan a ministros y presidencia. Ángel Víctor Torres nunca estuvo en el piso con Koldo García y varias mujeres. Félix Bolaños no intentó sobornarle. Sus acusaciones a María Jesús Montero, Teresa Ribera o Reyes Maroto han servido al ruido político y mediático, no al judicial. Están pensadas para eso. Un extorsionador que sirve comida basura a la derecha y la oposición lo utiliza sin importarle lo más mínimo cuánto se puede reparar de esta corrupción mediante el castigo al trío del ministro, el asesor y el corruptor.

En la lógica de hacer oposición entra todo. Un partido como el PP, que salió del Gobierno con una moción de censura por la Gürtel y tiene el caso Kitchen en la otra pantalla, no puede permitirse pedir menos pena para un corrupto. La dirección letrada del PP en el caso Ábalos debería centrarse en exigir una pena ejemplarizante para toda la trama, no en facilitar beneficios a quien corrompió un Gobierno. No es ejemplarizante, ni debería salir gratis. Porque mientras clama contra Delcy Rodríguez, ensalza al corruptor que la trajo a España y tenía negocios con su entorno mucho antes de que Ábalos fuera ministro, según la UCO y el propio comisionista. El papel del PP no es salvar a Aldama por más que le resulte útil para desgastar a Sánchez. La causa ya es suficientemente grave para exigir responsabilidades y presionar en el juicio, antes que premiarlo con libertad y halagos. 

Si Aldama sigue paseándose por los platós y es capaz de mentir en el Tribunal Supremo es porque, desde la instrucción, se lo permiten. Desde que salió de prisión, Víctor de Aldama no se ha arrepentido. Su estrategia ha sido declararle la guerra a Pedro Sánchez desde el momento en que fue detenido. Le iba a meter en la cárcel, amenazaba, escoltado por el extorsionador de Desokupa. 

La corrupción política —la de los contratos públicos y sus mordidas— es líquida. Deja poca prueba, cuesta seguir el rastro del dinero y ni siquiera la UCO logra siempre reconstruirlo. Ha ocurrido en Lezo, en Púnica y también en el caso mascarillas. De este último sabemos que Aldama se embolsó 5,5 millones en lo peor de la pandemia, repartió sobres en efectivo para engrasar a la pareja Ábalos-Koldo y lo intentó en decenas de ocasiones con otras administraciones que le dieron portazo. ¿Qué mensaje se lanza si su condena acaba siendo similar a la del concejal Peñas, quien denunció pudiendo callar?

Se puede —y se debe— rebajar la pena a quien admite los delitos. El límite está en la proporcionalidad y medir el mensaje. Porque la lucha contra la corrupción también pasa por la amenaza del Código Penal. En eso consiste la Justicia, en temerla. Aldama, el corruptor protegido, encarna la peor mutación de los corruptores. Convertido en el protagonista de un Sálvame ultra, violento y agresivo, que puede mentir sin consecuencias y amedrentar con impunidad. Arropado en los platós, cuidado en la causa por una confesión que no ha sido tal y ensalzado por la derecha como el héroe contra el villano Sánchez. La mutación corrupta alentada por el partido para quien Aldama pide en público el voto. Solo por eso deberían de apartarse y no premiarle. 

La abogada del exasesor ministerial Koldo García ha vuelto a pedir en el Tribunal Supremo la absolución de su defendido y ha asegurado que no hay indicio ni prueba alguna de que el comisionista Víctor de Aldama pagara 10.000 euros al mes a su defendido.

Leticia de la Hoz está exponiendo esta tarde en el alto tribunal su informe final de conclusiones en el juicio que hoy termina contra su defendido, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Aldama por una trama de cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ha querido rebatir la abogada las acusaciones de que los tres formaban una organización criminal, que "hoy nos han dicho que comenzó en 2015", cuando Koldo García no conocía aún ni a Ábalos ni a Aldama.

Para ella, sí se deduce de la "simple lectura" de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha liderado la investigación, que Aldama tenía una organización criminal, "solo o con actores que han pasado por el juicio y no han abierto la boca".

"Si Aldama lo ha confesado, por algo lo dirá", ha recalcado la abogada al insinuar que con ello no se ha investigado el supuesto blanqueo de capitales del comisionista y sus socios.

Es el "elefante rosa en la habitación del que nadie habla, el blanqueo de capitales y nadie ha dicho ni mu", ha zanjado la letrada.

"Quien acusa tiene la obligación de probar", ha reiterado la abogada al reprochar a las acusaciones que no hayan investigado posibles alternativas a su tesis acusatoria.

Al tiempo, ha planteado la posibilidad de que quien obtuviese esos 10.000 euros al mes sea quien ayudó a Aldama a crear la estructura empresarial en Portugal con la que la Fiscalía cree que intentó sacar de España las comisiones millonarias que obtuvo de los contratos de mascarillas.

También ha querido rebatir la fecha en la que la UCO dice que Koldo y Aldama se conocieron, una fecha en la que el exasesor estaba en Londres, por lo que es "imposible que se conocieran".

Tras subrayar que Aldama, que ha colaborado con la justicia en esta causa para intentar rebajar la pena, "se ha adaptado al relato de la UCO", la abogada ha insistido en que, pese a lo que declaró el comisionista, no hay datos objetivos, ni jurídicos ni rastro del pago de los 10.000 euros al mes. "No hay ninguna prueba".

El problema de las arenas movedizas es que cuanto más te mueves, más te hundes. Esa es más o menos la experiencia que vivió Nicolas Sarkozy este lunes 4 de mayo, durante la última jornada de la vista que el Tribunal de Apelación de París dedicó al fondo del juicio por la financiación libia, antes de los alegatos de las acusaciones particulares previstos para este martes y miércoles; del informe de la Fiscalía General la semana que viene; y de los alegatos de la defensa, que se prolongarán hasta finales de mayo.

La vista de este lunes tenía como tema lo que el expresidente francés calificó, el 29 de abril, de “escándalo dentro del escándalo”, es decir, el descubrimiento por parte de su defensa de un supuesto sistema libio de comisiones ilegales que cambiaría por completo la perspectiva del caso y desarmaría a la acusación.

En el centro del debate, como es sabido, se encuentra una sociedad offshore llamada Rossfield, propiedad del intermediario Ziad Takieddine, el hombre encargado de las relaciones secretas del gabinete de Sarkozy con la dictadura de Muamar el Gadafi entre 2005 y 2007. La acusación ha señalado a Rossfield como una de las presuntas cajas negras de la corrupción franco-libia. De hecho, esta sociedad recibió en 2006 fondos del régimen libio —6 millones de euros en total—, abonados en particular para financiar la campaña presidencial de 2007, según testimonios coincidentes y los famosos cuadernos de Choukri Ghanem.

Los primeros pagos se produjeron apenas unas semanas después de las reuniones clandestinas de Brice Hortefeux y Claude Guéant, los dos colaboradores más cercanos de Sarkozy, con el número dos del régimen libio, Abdallah Senoussi, condenado además por terrorismo en Francia. Ahora bien, la promesa de revisar su situación penal es, según la acusación, una de las posibles contrapartidas a las sospechas de corrupción que ocupan al tribunal, algo que niega la defensa.

Desde los supuestos descubrimientos “impactantes” de sus abogados, el expresidente insiste con vehemencia ante el tribunal: no, nada que ver. Rossfield sería en realidad el eje motor de un sistema de comisiones ilegales, y la mitad de los fondos percibidos por la empresa (3 de los 6 millones de euros) habría sido destinada en beneficio del hijo de Senoussi, llamado Mohamed. La defensa de Sarkozy necesita, evidentemente, demostrar que la hipótesis de la acusación sobre Rossfield es errónea, necesariamente errónea: cuanto más dinero se haya destinado a otros fines, menos habría podido servir para financiar una eventual corrupción franco-libia. Elemental.

Pero resulta que, a raíz de las revelaciones de Mediapart publicadas el pasado 1 de mayo, que señalaban (con documentos que lo respaldaban) un razonamiento general engañoso y manifiestos errores de cálculo en la argumentación de la defensa del expresidente, sus abogados enviaron al tribunal, poco antes de la apertura de la vista del lunes, nuevas tablas (que corrigen al menos un error de bulto), con nuevos cálculos (ahora serían 3,7 millones de euros para el hijo de Senoussi de los 10 millones de dinero libio de Takieddine). Pero con nuevas fantasías contables.

“No creo que pueda haber la más mínima discusión al respecto. Hemos contado y vuelto a contar”, aseguró este lunes Sarkozy. Los elementos son, según se mire, “clarísimos”, “milagrosos” o de una “evidencia total”. Jura que “el pendrive TAK [que contiene parte de los archivos de Ziad Takieddine] aporta elementos que dan un matiz diferente al caso”. “¡Es alucinante que Takieddine pague las vacaciones del hijo [Mohamed Senoussi] de quien lo contrata [Abdallah Senoussi]!”, declaró ante el tribunal, cuando en realidad no es ningún descubrimiento: Mediapart ya había informado de esa relación financiera en 2011.

Pero lo que publicado por Mediapart el 1 de mayo va más allá. El examen detallado de las cuentas bancarias de Ziad Takieddine, y más concretamente de una cuenta abierta en un banco libanés (el Ahli International Bank), demuestra, al comparar los movimientos con los datos del “pendrive TAK”, que Ziad Takieddine recibía fondos precisamente para cubrir los gastos en beneficio del hijo de Senoussi, sin relación alguna con Rossfield. Es decir, todo lo contrario de una retrocomisión, cuyo principio consiste en desviar una comisión de un contrato específico para devolverla, total o parcialmente, al remitente.

El fiscal, Damien Brunet, que representa a la acusación, continuó explicando que el dinero ingresado en la cuenta del Ahli International Bank “absorbe los gastos mencionados” en beneficio del hijo de Senoussi. “Admitámoslo. Puede que haya otras aportaciones que sirvan para remunerar al hijo de Senoussi. Quizás. No se lo niego. Pero si que hay dinero que remunera a Senoussi. ¿Qué cambia?”, preguntó Sarkozy, seguro de sí mismo. Eso lo cambia todo, potencialmente, ya que Rossfield ya no tiene mucho peso, o incluso ninguno, en el esquema.

El presidente del tribunal, Olivier Géron, aprovechó la ocasión y sacó la calculadora, manejando grandes cifras contables: Takieddine percibió, según recordó, 13 millones de euros durante el periodo en cuestión y habría transferido 3 millones a Mohamed Senoussi, si se confirma la cifra avanzada por Sarkozy. “De hecho, no hace falta Rossfield para explicar los pagos a Mohamed Senoussi”, dedujo lógicamente el magistrado. Sarkozy pareció no entender la observación y respondió desviándose hacia otro asunto. Incluso terminó soltando: “Esto no es un concurso de contabilidad”.

“¿A qué contrato se refieren las comisiones?”, insistió, no obstante, el presidente Géron. Sarkozy no lo sabía, pero aseguró que eso no era lo importante. “En los 19.000 documentos [del pendrive TAK], no hay la más mínima alusión a la financiación de mi campaña, cuando Takieddine es un fanático de los detalles”, afirmó, partidario desde el inicio de las vistas de las pruebas por omisión.

La abogada de la asociación anticorrupción Anticor, Claire Josserand-Schmidt, señaló por su parte que en el “pendrive TAK” figuraba un correo enviado por Takieddine al propietario de una vivienda en Londres habitada por el hijo de Senoussi. En ese mensaje, fechado en 2007, el intermediario indicaba claramente que se haría cargo de los alquileres con el dinero enviado por el padre, Abdallah Senoussi. Ciertamente, ha habido sistemas de retrocomisiones más opacos. "No hay nada secreto", observó el presidente Géron, siguiendo el hilo de su razonamiento, siguiendo su argumento.

Al examinar en las últimas horas los nuevos elementos presentados por Nicolas Sarkozy ante el tribunal, Mediapart ha detectado un nuevo error de envergadura, no exento de ironía. Los abogados del expresidente señalaron, a partir del “pendrive TAK”, que una parte de los fondos supuestamente transferidos por Takieddine al hijo de Senoussi —150.000 euros— acabó en manos del diseñador Elie Saab, conocido por su cercanía a los Senoussi. Según la defensa, la prueba bancaria apareció después en la cuenta de Ziad Takieddine en el Ahli International Bank (por lo tanto, sin relación alguna con Rossfield), con el rastro de una transferencia correspondiente de enero de 2008.

El problema es doble: no solo el pago no está en la moneda correcta (en dólares y no en euros), sino que, además, el destinatario no es Elie Saab, sino Elias Bou Saab, un político libanés, que no es la misma persona que el diseñador.

Por su parte, uno de los abogados de la acusación particular, Vincent Ollivier, ha puesto de relieve la retórica, cuando menos sesgada, de Sarkozy, quien se había indignado porque el tribunal de primera instancia le había denegado la comunicación del “pendrive TAK”, cuando en realidad no se había formulado ninguna solicitud oficial en las vistas del año pasado. Algo que los abogados de Sarkozy tuvieron que admitir finalmente este lunes.

La vista concluyó con el examen de la personalidad de los acusados, centrada en examinar en detalle su situación financiera y sus posibles antecedentes penales. En el caso de Sarkozy, declaró ganar varios millones de euros al año gracias a sus ingresos como abogado y asesor de grandes grupos, sus dietas por asistir a consejos de administración, los derechos de autor de sus éxitos editoriales y una jugosa inversión en un fondo español.

Al ser preguntado por sus proyectos de futuro, se mostró categórico respecto a la vida política. “Para mí, se acabó, no hay vuelta atrás. He querido empezar una nueva vida, tras 40 años de vida política, algo que ninguno de mis predecesores ha hecho”.

En cuanto a sus antecedentes penales, el presidente Géron le recordó que había sido condenado en firme en dos ocasiones: una en el caso Bismuth, por corrupción, y otra en el caso Bygmalion, por financiación ilegal de campaña. Dos presuntos delitos por los que también está siendo juzgado en el caso libio y que él niega.

Uno de los abogados de Sarkozy, Tristan Gautier, le interrogó el 28 de abril sobre las confidencias que Ziad Takieddine hizo en 2005 a un detective privado, Pierre Sellier, quien las había consignado en “actas literales” incorporadas al expediente.

En una de ellas, fechada el 1 de abril de 2005, podía leerse, en relación con posibles contratos libios: “El juego consiste en obtener el mejor precio del empresario para obtener un margen de A. Z [Takieddine] quiere crear una sociedad que redistribuya A, de la cual una parte irá al hijo K”. La defensa del expresidente veía en este pasaje el anuncio del futuro sistema de retrocomisiones de Rossfield en beneficio del hijo de Senoussi.

Pero, como señaló el fiscal Damien Brunet, Takieddine se refería al “hijo K”, es decir, a Saif al-Islam Gadafi, y no a Mohamed Senoussi. Por otra parte, la empresa de la que hablaba Takieddine no tenía, evidentemente, ninguna relación con Rossfield. Podría tratarse más bien de una oficina estatal franco-libia para la venta de armas, un proyecto con el que fantaseaba abiertamente y del que hay rastros en sus propios archivos. Esa estructura debía estar “bajo el control total de CG” (es decir, Claude Guéant), y dirigida por la mano derecha de Saif al-Islam Gadafi. Ese proyecto nunca vio la luz.

En esa misma acta, Ziad Takieddine afirmaba que nunca redistribuía dinero a los políticos en Francia. El redactor de la nota lo comentaba entre paréntesis con un elocuente: “Hum…”. La defensa de Sarkozy no había leído ese pasaje.

El abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, por su parte, interrogó el 4 de mayo al expresidente sobre otro fragmento de las transcripciones, en el que Ziad Takieddine afirmaba haber cenado con Nicolas Sarkozy y Claude Guéant el 30 de junio de 2005, pese a que el acusado jura que cortó sus relaciones con el intermediario en 2003. Nicolas Sarkozy, que la semana anterior había dado mucho crédito a esas transcripciones, esta vez cambió de postura. Esa cena nunca existió, respondió.

Traducción de Miguel López

La fase de testificales de Kitchen encara ya su recta final. Después de tres frenéticas semanas navegando entre números de carné profesional y políticos que no recuerdan nada –un clásico en este tipo de procedimientos–, la vista oral se adentra ahora en un momento clave para las defensas. Una parte importante de las testificales previstas para las próximas sesiones han sido propuestas, precisamente, por los abogados de la decena de acusados. Tras el terremoto provocado por la comparecencia del investigador principal de la Gürtel, el juicio se retomará el próximo lunes con todas las miradas puestas sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un foco que ha colocado sobre ambos organismos, fundamentalmente, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pieza central de todas las tramas policiales.

Frente al tribunal que juzga la supuesta operación parapolicial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno está previsto que se sienten, por el lado de la unidad de élite del Instituto Armado, Manuel Sánchez Corbí, ex coronel jefe de la misma y fichaje estrella de Acciona, y Francisco de Borja, quien fuera agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO. Y, en la esfera del servicio de inteligencia, quien fuera durante una década su director, Félix Sanz Roldán, y el exagente David Rodríguez Vidal, que está en el origen de la caída de Villarejo. La sombra de sospecha en torno al CNI ha planeado desde el principio en la investigación de la Kitchen, si bien nunca se llegó a explotar esa línea de investigación.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, quien durante años tuvo a los espías bajo su control, dijo esta semana que no le constaba que el CNI hubiese vigilado al entorno de Bárcenas. Pero la testifical propuesta por el abogado del comisario jubilado, quien siempre ha tenido a Sanz Roldán como su némesis, va por otros derroteros. En su escrito de defensa, relata que la UCO recibió en su día una información de Vidal que derivó en una reunión con el fiscal jefe Anticorrupción y el fiscal que acabó haciéndose cargo del caso Tándem. Y que, pese a participar en un momento inicial de las pesquisas, "no informó en ningún momento" de que había tenido a su "disposición" los "documentos" que luego se aportaron de "forma anónima" e, incluso, que "conocía la identidad del denunciante".

El comisario jubilado, en resumen, va directamente a la raíz de todo. Así, sostiene que los movimientos relatados contaminan Tándem. Y, por ende, también Kitchen. Algo parecido a lo que apunta también el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En su escrito de defensa, el ex número dos del Ministerio del Interior sostiene que "existen poderosos indicios que permiten suponer" que la "causa real de entrada" en los inmuebles de Villarejo de la que deriva la macrocausa "pudo ser el interés de determinados organismos del Estado en acceder a información" que pudiera custodiar el comisario jubilado en los mismos.

"El Juez Central de Instrucción autorizante de la primera causa fue engañado por la Fiscalía Anticorrupción, al presentarse como notitia criminis una supuesta denuncia anónima que no era tal, privando a las defensas de la primera causa de impugnar la legalidad de las diligencias y de la entrada en los inmuebles y, por contagio, para las siguientes piezas separadas", completa el escrito de Martínez. Una causa de nulidad que, sin embargo, no apreció la Audiencia Nacional cuando impuso la primera sentencia contra Villarejo, donde quedó avalada la génesis del procedimiento judicial.

La última versión del calendario remitido por el tribunal también incluye en la lista de testigos del próximo lunes al empresario Javier Pérez Dolset o a Agustín Linares. Este último, ex director general operativo de la Policía Nacional, aparece en una de las múltiples grabaciones filtradas en los últimos años. La cinta versa sobre una reunión en la que participa el policía jubilado por invitación de Eugenio Pino, director adjunto operativo y uno de los acusados en Kitchen, quien le llama porque le considera "padre putativo" de Villarejo, que está que trina porque le investiga Asuntos Internos, dirigido entonces por Marcelino Martín-Blas, a quien sugieren puentear. Es precisamente este comisario retirado, también sentado en el banquillo de los acusados, quien pide la testifical de Linares.

También está previsto que a lo largo de la semana presten declaración en el juicio, en este caso a petición de la defensa del exchófer de Bárcenas, varios miembros del tribunal calificador de las oposiciones que le dieron acceso al Cuerpo Nacional de Policía. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, además de los pagos con cargo a los fondos reservados –más de 50.000 euros–, Sergio Ríos obtuvo como contraprestación por su labor como informante en la Kitchen una plaza de policía.

Las sesiones celebradas hasta el momento han permitido a las acusaciones martillear la coartada de las defensas y apuntalar su tesis en torno a la existencia de una operación parapolicial de carácter ilegal que buscaba hacerse con información comprometedora para el PP que su extesorero pudiera introducir en la investigación del caso Gürtel. También han servido para dibujar, a través del testimonio del principal investigador de esa trama corrupta, una suerte de cúpula policial al servicio de la formación conservadora, con trabas a la investigación y continuas filtraciones. Y para comprobar que, aunque piense que no están en el banquillo todos los que fueron, Anticorrupción no está dispuesta a abordar en el juicio la posible rama política de la Kitchen. Esa parte quedó fuera del perímetro marcado por el tribunal. Y el fiscal no piensa salirse un milímetro de esos límites.

Después de ver lo que ocurre en el juicio de Kitchen, mi mente se llena de dudas sobre el peligro que corre un país en manos de ignorantes y corruptos. Porque nadie podrá pensar que estoy polarizado. Simplemente he escuchado videos y veo el juicio y da vergüenza a españoles honrados. Por mucho que gente de la derecha que elijan quieran defender un imposible.

Sé que hoy y después los medios de comunicación que todos conocemos llenarán sus páginas de simplezas por no contar el deterioro a que ha llegado la política, o mejor dicho, la judicatura y el periodismo, por llamar a esas profesiones de alguna manera, pero donde no vemos representado lo que vemos en el juicio. Por mucho que se quiera defender a M.Rajoy y a Cospedal, da vergüenza ajena ver el comportamiento de jueces que acallan cualquier palabra que pueda herirles con el silencio absoluto del CGPJ y de los muchos jueces que sabemos de su integridad profesional. 

Es muy grave que en este país la justicia ya no se pueda escribir con mayúscula porque no se lo ganan. Empezando por el juicio al FGE y siguiendo hasta hoy se ve la lucha por echar del país a Sánchez sin explicar nada que haya hecho con datos. Porque una cosa es negarle hasta la salud y otra convencer con datos de lo que sea criticable. Incluso negando cualquier opción que nos haga saber qué harían en un gobierno, aunque ya lo sabemos, Extremadura y Aragón ya lo han explicado. Y ese hombre es el único que ve el mundo con claridad. Qué podemos esperar de Aznar, Abascal, Ayuso, Feijóo...

Cuando miro y estudio este país creo que sería una maravilla si no estuviera lleno de españoles. Porque pensando así sobre la España donde nací me encuentro con el rechazo de esos españoles que cito antes y que generan un cierto asco de que ellos definan lo que es ser buen español. Yo no lo soy, porque no soy patriota, pago todas mis obligaciones fiscales y sociales, trabajé mucho, muchísimo hasta mi jubilación, tanto como sentir que robé demasiado espacio a mi familia, y ahora me encuentro con que aquí existen varias clases de españoles pero yo no estoy incluido...

En plena era de la IA y la computación cuántica, me avergüenza lo que sucede en el país donde nací y del que cada día me siento más distante, si el futuro es el que parece. ¿No hay nadie que lo impida? ¿No hay nadie capaz de distinguir el fascismo de una derecha sensata? Ellos mismos lo niegan…

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

El juicio tecnológico del momento y, tal vez, el que marque el devenir de la inteligencia artificial comenzó esta semana en Oakland, con jurado popular y con el morbo, para muchos, de ver a los que fueron amigos —Elon Musk y Sam Altman— enfrentarse por una ingente cantidad de dinero. 

El fundador de Tesla reclama a OpenAI 130.000 millones de dólares por fraude y daños después de haber donado “como un idiota” —así se ha definido— 38 millones de dólares a la organización que, por aquel momento, se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro. “Un laboratorio abierto, transparente y orientado al bien común”, decían de la matriz de ChatGPT a la que Musk acusa de traición y a la cúpula de la compañía de haber “saqueado una obra caritativa” y transformado ese proyecto altruista en una empresa que vale más de 800.000 millones de dólares.

El juicio, pese a ser tan mediático, ha sido asignado de manera aleatoria a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien tiene su sede en el tribunal federal Ronald V. Dellums en Oakland. 

La ciudad, con mucho menos glamour, que su vecina San Francisco, será, durante un mes, el centro de las miradas, por allí pasarán Elon Musk, Sam Altman y otros expertos en IA como Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, o varios ex OpenAI como Shivon Zilis que, además, es madre de cuatro de los hijos de Elon Musk. 

Corría el año 2015 cuando un joven Sam Altman se reunía con Elon Musk convencidos de que podrían crear una inteligencia artificial generativa que podía cambiar el mundo, una especie de ‘Proyecto Manhattan’ de la IA. La idea que ambos tenían era “crear un laboratorio abierto, sin ánimo de lucro”, que sirviera de contrapeso a los gigantes de Silicon Valley como Google.

A Musk le interesó el proyecto y puso el dinero —esos 38 millones, según su defensa— y Altman asumió el liderazgo operativo y la imagen pública del proyecto. La promesa, tal como lo ha resumido Musk ante el jurado, era sencilla: nada de accionistas, nada de enriquecerse, todo “por el bien de la humanidad”. 

Pero la realidad ha sido muy distinta. A medida que OpenAI fue creciendo y ganando fama con su ya ‘archiconocido’ ChatGPT, ha ido incorporando una estructura comercial con la entrada de inversores privados hasta el desembarco de Microsoft como parte del accionariado. Ahí todo cambió. 

La intención de salir a Bolsa por parte de OpenAI ha desatado la ira de Musk que ha visto cómo el proyecto que él abandonó en 2018 ha ido creciendo. Para el magnate y amigo de Donald Trump, su papel en la compañía durante esos años, hace ya una década, era financiar una especie de “hospital público” de la IA y sus antiguos socios lo han convertido en una clínica privada de lujo.

Musk, convertido en el adalid de la beneficencia, reclama a los fundadores de OpenAI los 130.000 millones de dólares por “enriquecimiento injusto” y asegura que ese dinero lo reinvertirá en la rama no lucrativa de la compañía. 

Además, el fundador de Tesla y exconsejero del Gobierno estadounidense pide que Sam Altman y Greg Brockman abandonen la dirección de OpenAI y se revierta el giro empresarial de la compañía para volver a los orígenes de su fundación: un laboratorio tecnológico abierto. Musk intenta que su queja vaya más allá del ‘me traicionaron a mí’ hasta el ‘han traicionado a la humanidad’.

La pregunta de fondo es si un donante puede obligar a una organización a retroceder una década en su historia. Y ahí es donde los juristas empiezan a enfriar esa posibilidad y el origen de toda esta batalla entre quienes un día fueron amigos. 

Especialistas en Derecho de fundaciones consultados por Politico recuerdan que, en general, cuando alguien dona dinero a una entidad sin ánimo de lucro deja de tener control sobre ese dinero: si años después no le gusta el rumbo que ha tomado, su opción suele ser dejar de donar, no exigir en los tribunales que cambie de rumbo. 

Musk alega que OpenAI le engañó y lo que entregó fue un cheque firmado bajo promesas concretas que se han incumplido. Una de las pruebas que ha aportado el también dueño de X es el diario de Greg Brockman en el que ya en 2017 se valoraba “librarnos de Elon” y conseguir “1.000 millones de dólares”.  

La parte acusada, OpenAI, alega que todo esto que presenta Musk es una “lectura interesada” y que la compañía sigue teniendo una parte sin ánimo de lucro dentro de la estructura empresarial. Además, los abogados de la defensa aseguran que nunca prometieron a Musk, ni a ningún otro donante, que no habría una estructura con ánimo de lucro y que él mismo, en correos internos, alentó la idea de atraer capital externo.

Además, la compañía que preside Altman insiste en la demanda de Musk responde a una venganza porque quiso controlar OpenAI, se marchó cuando vio que no pudo, montó otra empresa competidora, xAI, y, ahora, quiere deshacer lo conseguido por su rival para intentar comprar una parte de la empresa a la que en su día financió.

Los abogados de Musk intentan dibujarle como un donante ingenuo pero con buenas intenciones, preocupado por la seguridad de la IA y sorprendido al descubrir que la gran obra benéfica que sufragó se convertía en una máquina de hacer dinero. 

La defensa insiste en que Musk es un hombre dolido, pero sus declaraciones mostraron su megalomanía. Pese a autodenominarse “idiota” por la donación, insistió en que “sin mí, OpenAI no existiría” y que la fama y reputación de la compañía fueron en parte gracias a él.

En el otro lado, OpenAI que intenta demostrar ante las nueves personas del jurado que Musk no es de fiar, que creó su propia compañía de IA, xAI, y que la desaparición o regresión de la de Altman provocaría un vacío de mercado que llenaría la compañía del exconsejero de Trump y que su ego ha provocado más de una crisis en sus empresas.

Fuera de la sala de la jueza Gonzalez, organizaciones y analistas señalan que, en un país donde el Congreso se mueve con mucha lentitud ante los avances en IA, estos juicios civiles se han convertido, de facto, en una de las pocas vías para obligar a estas empresas a abrir sus correos, sus informes internos y sus decisiones estratégicas al escrutinio público.

En cualquier caso, el jurado tendrá que decidir si la historia que mejor encaja con las pruebas es la de un donante engañado por una élite codiciosa o la de un empresario que no acepta haber perdido la carrera por dominar la inteligencia artificial, como defiende OpenAI.

El empresario Víctor de Aldama ha acusado este miércoles en el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Y a este último le ha dado especial importancia al aseverar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo García le dijo que, como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó "a instancias de Santos Cerdán" en el Ministerio de Transportes.

Víctor de Aldama está protagonizando una extensa declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a Ábalos y Koldo por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas, y en la que ha afirmado que pagó regularmente comisiones a ambos.

Durante un momento de la declaración centrado en otro tema -una licencia de hidrocarburos a una empresa-, Aldama ha sacado a colación las "jerarquías" de las que se "ha hablado mucho" en el juicio, en alusión a la tesis de los investigadores de la Guardia Civil que situaron al comisionista como quien "manda" en la presunta organización criminal. "El que paga manda", dijo uno de ellos.

Aldama, que ha reconocido estar en esa supuesta "banda organizada" o "criminal" de la que hablaron los agentes, ha querido dejar "una cosa clara".

"El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba", ha señalado, y ha ubicado a Koldo García en el puesto número tres y ya a él en el cuarto.

El comisionista, que se avino a colaborar con la Fiscalía mientras estaba en prisión provisional por un fraude millonario en hidrocarburos por el que está investigado en la Audiencia Nacional, ha reiterado que a él se le dijo que "todo lo sabía el presidente", y que el propio Sánchez también se lo transmitió en un mitín del PSOE en Madrid en 2019, cuando le dio las gracias por lo que estaba haciendo.

Y ha vuelto a destacar una vez más la fluidez en el trato de Koldo García hacia el presidente del Gobierno, a quien llamaba "Pedro y no presidente".

Aldama, que busca apuntalar su colaboración para rebajar la petición de 7 años de cárcel del fiscal y no entrar en prisión, también ha hablado de los pagos que se le atribuyen al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -investigado en la parte del caso que se sigue en la Audiencia Nacional-.

Eran pagos de 2.000 euros mensuales, pero ha precisado que eran para paliar la deficiencias que tenía la unidad en la que el agente trabajaba, la UCE 2 dedicada a la lucha contra el terrorismo yihadista.

A cambio, la UCE 2 les facilitó teléfonos desechables -que no encriptados, ha dicho- tanto para él como para Koldo García y otras personas y a los que aludían en clave en términos de "café". De todo ello tenían conocimiento tanto el teniente coronel de esa unidad y el general, que también sabían que Aldama les regaló un dron.

Aldama está declarando en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el exasesor de este Koldo García y ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama.

Hasta 250.000 o 350.000 llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: "Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", pero lo que ellos siempre le decían es que "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

Según su versión, preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían (las mordidas) lo "tenía claro y lo sabía".

En estos días las acusaciones y las defensas han presentado los escritos de conclusiones ante la Audiencia Provincial por la investigación e instrucción que ha llevado a cabo el juez Peinado contra Begoña Gómez para la que propone que sea juzgada por un jurado por cuatro delitos. Los escritos de unas y otras están tan alejados como la petición de condena de 24 años que pide HazteOir con el archivo de la causa que solicitan el Fiscal y la defensa. La causa, pues, se encuentra en la recta final después de dos años de una tormentosa investigación e instrucción del juez Peinado. La rapidez con la que se suceden la actualidad política española, europea e internacional y ahora la judicial española, que sin duda influyen en esta causa, hace arriesgado escribir sobre este asunto sin que deje las palabras inmediatamente obsoletas. 

He leído que la premio Nobel de Literatura 2024, la surcoreana Han Kang, escribe primero el título de sus novelas en un folio en blanco y el final ya lo tiene pensado. Yo opté por el mismo método, aunque dudé después si poner una interrogación. Al final, lo he mantenido. Es la filósofa Victoria Camps quien ha escrito un libro que tituló Elogio de la duda como la mejor actitud ante los extremismos, los antagonismos y todos los “ismos” que puedan aducirse, como quijotismo, sanchismo, trumpismo y corporativismo. ¿Y por qué la contundencia del título? Porque impera la polarización, a pesar de que muchos la detestan. Yo, en cambio, me atrevo a hacer un encendido elogio del concepto si es razonado y no visceral. Si la polarización, bien entendida, ayuda a paliar la desigualdad, cada vez más creciente en todos los niveles y a la que está sometida gran parte de la humanidad y el futuro de  nuestro planeta.

La investigación e instrucción seguidas a Begoña Gómez tienen dos vertientes, la judicial y la política, tan relacionadas entre sí que es imposible disociarlas. En el caso de Begoña Gómez, la investigación e instrucción han seguido el mismo plan y han caminado por los mismos derroteros de irregularidades (denunciadas constantemente por las defensas) que siguieron en el caso del exfiscal general, García Ortiz. Y, por tanto, tendrán el mismo final.

El poder, amparado en la independencia judicial y la separación de poderes, está en manos de los jueces en este caso. A Begoña Gómez se la sentará en el banquillo, frente a tantas opiniones y razonamientos externos, jurídicos, y a la impugnación de los hechos por el fiscal y la defensa. Por mi parte, añado un motivo específico en favor de su inocencia. A Begoña Gómez se le ha lesionado un derecho fundamental que tenemos todos: el derecho al trabajo, el derecho a ejercer una profesión con dignidad y competencia, con los medios a su alcance, sin que con la utilización de los mismos haya malversado recursos públicos ni se haya enriquecido. Se le ha degradado su dignidad y su libertad.

Los jueces de la Audiencia Provincial decidirán su enjuiciamiento, porque son muchos los delitos que le atribuye Peinado como para que se los borren de un plumazo. El precedente es decisivo. La Audiencia Provincial es un órgano jerarquizado jurisdiccionalmente por debajo del Tribunal Supremo y los jueces del Supremo les han marcado el camino. Si al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hirieron políticamente con la condena a García Ortiz, ahora, además, pretenderán herirle emocionalmente. Las relaciones entre la política y la jurisdicción muy a menudo no se rigen por las leyes sustantivas y los procedimientos sino por las dinámicas discrecionales de poder, como observamos internacionalmente. Me referiré posteriormente a este asunto.

En el caso de Begoña Gómez, los jueces de la Audiencia Provincial han resuelto recursos contra las decisiones del juez Peinado en los que se han movido haciendo pinitos. Dando una de cal y otra de arena. Por una parte, han decidido recursos de las defensas sin olvidar su corporativismo —que tienen muy arraigado—, y por otra, con el pensamiento puesto en sus expectativas como funcionarios públicos, que no son menores, pensando en su futuro y sus ascensos. En la actualidad, la política judicial es eminentemente conservadora y los méritos se premian más en este servicio. El runrún mediático y de opinión que oyen los jueces, así como las actitudes y declaraciones de algunos, influyen en sus decisiones, que oponen a un Gobierno que creen muy progresista. 

Dice Carlos Pérez Vaquero en su blog que, entre las numerosas acepciones de “ley” que incluye el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (como puede fácilmente comprobarse), figura esta expresión coloquial: “la ley del encaje”, definiéndola como “dictamen o juicio que discrecionalmente forma el juez, sin atender a lo que las leyes disponen”. Ya antes, Miguel de Unamuno publicó en 1921 un artículo muy crítico titulado precisamente “La ley del encaje”, en el que se refería a esta arbitrariedad. Pero mucho antes, hemos de recordar la fuente de la literatura universal de la que hemos bebido: El Quijote. Cuando don Quijote nombra gobernador de la ínsula a su escudero Sancho, entre otros muchos, le dice: “nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida en los ignorantes que presumen de agudos”. No es aventurado pensar, pues, que los jueces, en el caso de Begoña, dicten sus resoluciones no por lo que las leyes y los procedimientos establecen o disponen, sino por lo que ellos piensan discrecionalmente.

Para no hacer de mis palabras un imperativo categórico e incondicional, dudo que los jueces de la Audiencia Provincial decidan que Begoña sea juzgada por un jurado, como Peinado ha establecido como indiscutible. Peinado busca el espectáculo mundial. Nada satisfaría más su ego que se viera a Begoña ante nueve miembros del pueblo pendientes de los delitos de los que le acusa. Y más aún, si decidieran sin piedad. Veremos.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

La Audiencia Nacional ha resuelto eximir al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol de la causa por la fortuna oculta en Andorra al comprobar que está "imposibilitado" para afrontar el juicio, tras una breve entrevista que ha mantenido con él.

Pujol, que afrontaba una petición de 9 años de cárcel, ha sido examinado de nuevo este lunes en la Audiencia Nacional por un médico forense y, posteriormente, el tribunal, en presencia de sus abogados, le ha planteado unas breves preguntas con las que ha constatado que su deterioro cognitivo le impide defenderse.

En consecuencia, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha decretado que Jordi Pujol, de 95 años, quede "fuera del juicio" por demencia sobrevenida.

Con esta decisión, la justicia da carpetazo a la causa judicial que hace doce años abrió a Jordi Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, a raíz de la carta de confesión en la que en julio de 2014 hizo público que su familia había ocultado fondos millonarios en Andorra, según su versión procedentes de un legado de su padre Florenci.

La Fiscalía acusaba al expresident de formar una asociación ilícita junto a su esposa -fallecida en 2024, dos años después de haber sido eximida por su Alzhimer- y sus siete hijos para amasar una fortuna con comisiones ilegales pagadas por empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública.

La defensa de Pujol ya planteó su incapacitación para ser juzgado al inicio del juicio, el pasado mes de noviembre, pero el tribunal decidió seguir adelante con el proceso contra él, pese a que los médicos forenses habían concluido que su deterioro cognitivo -agravado por dos ictus- le impedía defenderse.

Con motivo del inicio de la ronda de declaraciones, que comienza este lunes, el tribunal citó al expresident de forma presencial en la Audiencia Nacional para que fuera examinado de nuevo por un médico forense y poder comprobar su situación con sus propios ojos antes de decidir si lo eximía del proceso penal.

La decisión del tribunal desató la indignación entre el independentismo -tanto Junts como ERC lo han calificado de "escarnio"- y motivó una insólita intervención del presidente catalán, Salvador Illa, que pidió "cordura" a la Audiencia Nacional, y hasta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que apuntó que había otras formas de comprobar el estado de salud de Pujol.

De hecho, al anunciar la exculpación del expresident, De Prada ha argumentado que era "imprescindible" que el tribunal conociera "de primera mano" la situación personal de Pujol Soley, por lo que tenía un "especialísimo interés en tener una entrevista con él" antes de tomar una decisión.

"La conclusión que ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio", ha afirmado De Prada, que ha anunciado: "No quiero utilizar la palabra expulsado, pero sí efectivamente queda fuera del procedimiento".

Según De Prada, el tribunal ha basado su decisión en los informes médicos previos -que acreditaban su deterioro cognitivo tras haber sufrido dos ictus-, en el dictamen de los forenses -incluido el de esta mañana- y en el "contacto personal imprescindible" mantenido con él.

"Es el tribunal el que tiene que tomar la decisión", ha recalcado el magistrado, que cree que la sala no puede "diferir en nadie más" la resolución sobre "la presencia o no o la capacidad para estar activamente en el procedimiento con la capacidad de defenderse".

Pujol, que viajó ayer desde Barcelona en coche acompañado de una enfermera, ha entrado a la Audiencia Nacional en vehículo, junto a su hijo Pere, quien ha estado con él hasta el momento en que ha se ha iniciado el reconocimiento forense.

De esa forma, se ha evitado que los numerosos medios agolpados a las puertas del tribunal pudieran captar su imagen accediendo a la sede de la Audiencia Nacional, con ayuda para andar o con el caminador que últimamente utiliza para desplazarse.

Instantes antes del examen forense, el expresident ha expresado verbalmente a su hijo su voluntad de prestar declaración, como ya manifestara a la sala cuando lo entrevistó al inicio de juicio. Esta ocasión, sin embargo, no ha llegado a verbalizarlo ante el tribunal, según fuentes jurídicas.

El secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de prisión para el agitador ultra Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, según informa EFE.

Esta petición ha sido formulada por el representante de Rubén Sánchez, como acusación particular, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, cuya jueza procesó a Quiles por presuntas injurias y calumnias.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, el abogado del secretario general de Facua plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuáles pide 12.000 euros de multa. Además, solicita que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Junto a las citadas penas, reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como a EDA TV como responsable civil subsidiario. Asimismo, pide que se condene a Quiles a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de X, su canal de Telegram y el canal principal de EDA TV en YouTube.

El abogado del secretario general de Facua identifica en su escrito de conclusiones provisionales la comisión de tres delitos continuados de calumnias durante los periodos del 15 al 28 de febrero, del 23 al 25 de abril y del 26 de junio al 21 de julio de 2022.

El letrado expone cómo Quiles fabricó una larga lista de bulos "de extrema gravedad" que constituyeron injurias y, sobre todo, calumnias publicadas "de forma dolosa, mendaz, tendenciosas y cargadas de odio". En todos los casos, señala el abogado de Sánchez, "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad".

El abogado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría. Sin embargo, ya han vencido todos los plazos para hacerlo. El mismo también anunció que intentaría llegar a un acuerdo para que no llegaran a juicio. A la vez acusaba a Sánchez de "subir el tono y la confrontación" y el agitador ultra seguía atacando al secretario de Facua en X, llamándolo "extorsionador", "sinvergüenza" y "delincuente".

En la resolución en la que la juez procesó a Quiles señalaba que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y videos que publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, resultaban "claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar" al representante de Facua.

"Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legitima, no amparadas por la libertad de expresión", indicaba el auto, al que tuvo acceso EFE y que explicaba que esta no otorga el derecho a la ofensa.

"Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin mas sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados", añadía dicha resolución judicial.

Quiles se refirió, durante un programa de EDA TV, a Facua como "sicarios" y "auténticos criminales". “Lo que hacen Rubén Sánchez y su banda en Twitter es pura actividad criminal (…), son mafiosos y extorsionadores de personas", publicó también en su canal de Telegram el 25 de abril de 2022.

En su declaración judicial, según informaron en su momento a EFE fuentes cercanas al caso, Quiles enmarcó, por su parte, todo lo que dijo sobre Sánchez en el contexto de posibles diferencias ideológicas entre ambos dentro de su derecho como periodista.

Vito Quiles, que fue de número 57 en la lista de los comicios europeos de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que colaboró durante la campaña electoral en labores de comunicación, aseguró también en su momento a EFE que la denuncia presentada contra él por Rubén Sánchez era "falsa".

La expresión "vete a hacer puñetas" es de principios del siglo XIX y en su origen equivalía a "vete a la cárcel" aludiendo a las labores de bordado complejas y lentas ("puñetas") llevadas a cabo por las presas de la antigua cárcel de mujeres de Alcalá de Henares, conocida como La Galera. Las "puñetas" eran los adornos de encaje que lucían en las mangas de las togas jueces y magistrados, extravagante tradición mantenida hasta hoy. Este trabajo forzado, minucioso y largo hizo que enviar a alguien a "hacer puñetas" adquiriera el sentido de mandarle a realizar tareas tediosas para mantenerle lejos de la persona que lo decía.

En otro sentido, coloquialmente, “hacer la puñeta” viene a significar fastidiar, molestar o perjudicar a alguien, lo que encaja con el desempeño torticero de las tareas profesionales por parte de muchos, demasiados, jueces y magistrados. La literatura y la historia están plagadas de ejemplos que refrendan la opinión que de la justicia tiene una gran parte de la ciudadanía, sobre todo en lo que afecta a la ceguera como símbolo de la objetividad, a menudo reducida a una tortedad que ubica ideológica y/o crematísticamente a usía.

La exquisitez de los encajes de las bocamangas corre paralela a la que sus señorías tratan de trasladar a sus sentencias y actuaciones con lenguaje y modos barrocos y trasnochados. Pretende esta casta sentencias incuestionables y conductas más allá del bien y del mal, a medio camino entre una ilustre cátedra y la infalibilidad papal, a pesar de que por la puñeta asoman no sólo ases, sino barajas completas. Tahúres de audiencia, trileros de estrado, ilusionistas de vara y fulleros con maza, hacen piña corporativa cada vez que se les pilla en un renuncio, y no son pocas ni disimuladas estas indignas conductas cuasi delictivas.

Ahí están las togas, haciendo la puñeta al Derecho y la Justicia cada vez que sus señorías sacrifican la imparcialidad en el altar de la militancia ideológica o partidista (tanto monta), equiparan delito y pecado o utilizan la vara de medir y el calendario en función del delito evaluado y del delincuente mensurado. Bajo las togas, sus señorías visten muy a menudo, demasiado, camisas de once varas por un afán desmedido de exhibir chulería muy distante de su cometido social y próximo a tóxicas vanidades contrarias a la Democracia.

Negando evidencias, del CGPJ abajo, la judicatura se indigna, se revuelve, amenaza y lloriquea si alguien osa cuestionar la decisión de un juez, excepción hecha de Miguel Ángel Rodríguez y todo el facherío patrio. Intocables. Se sienten intocables. Intocables y depositarios de las esencias de una pútrida patria, amén de reserva espiritual de occidente. Ridiculizada en Europa, cuestionada en España, su credibilidad naufraga por la desfachatez de los Peinado, Hurtado, García Castellón, Espejel, Marchena y toda la extensa nómina que bailan al son marcado por PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír o cualquier otro clan mafioso.

Más antigua que las puñetas es la tradición inquisitorial del Santo Oficio, creado en 1478 por los Reyes Católicos bajo el control directo de la Corona y que perdura aún hoy, a pesar de su pretendida abolición en 1834. Son cinco siglos y medio con la Justicia haciendo de la toga un sayo y haciendo la puñeta al pueblo y al Estado de Derecho. Cinco siglos y medio es la involución en derechos y libertades previsible en un horizonte próximo con Vox y el Partido Popular instalados en el poder gracias al voto de fascistas y tontos de capirote (*).

(*) En su origen, el capirote fue un gorro de cartón utilizado por la Inquisición como símbolo para señalar a los acusados de delitos religiosos o conductas heréticas que debían desfilar por plazas y calles con él sobre la cabeza para que fuesen humillados públicamente por el resto del pueblo. Con el tiempo, la expresión 'tonto de capirote' ha quedado para señalar a personas a las que se considera muy necias, bobas o incapaces. 

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha descartado nuevamente dimitir y ha denunciado que hay una "cacería política" contra él, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, según informa EFE.

"Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día", ha insistido el regidor en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento, donde únicamente ha admitido una pregunta.

Esta reacción llega después de que este domingo trascendiera que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

Tras conocer el auto, el alcalde ha asegurado que todavía está "esperando" a que el juzgado le haga llegar esta querella, por lo que no sabe aún de qué defenderse. "Lo bueno que tiene que se haya admitido la causa es que por lo menos voy a tener la querella", ha añadido Bautista.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista y del PP" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

En el auto de admisión a trámite, fechado el 15 de abril y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ordena que la querellante sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que anule la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE.

Como también hizo la Fiscalía, este lunes la representación legal de García Ortiz, que ostenta la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, el ex fiscal general denuncia la vulneración de una serie de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva, así como la "desproporción de las medidas y falta de motivación" del registro que se hizo por orden del juez Ángel Hurtado a su despacho en la Fiscalía General del Estado. 

García Ortiz subraya que el recurso plantea "una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales".

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según informa EFE.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros. 

Ahora, da un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -con un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones.

Peinado encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense en un auto en el que afirma que no encuentra un supuesto similar en democracia.

"Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal", afirma.

Sostiene que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a la cátedra y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

Es decir, que su sola condición de "esposa de" pudo servir para influir, apunta el magistrado.

En cuanto al delito de corrupción, considera que fue "la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal", para lo cual ofrecería como "contraprestación" la ventaja competitiva de las empresas, todas ellas partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública.

Así, el patrocinio o la financiación de la cátedra "pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada".

También propone Peinado juzgar a Gómez y a Cristina Álvarez por malversación por los servicios prestados por la segunda a la primera como asistente personal siendo funcionaria retribuida con fondos públicos asociados a Presidencia del Gobierno.

Considera que Gómez fue "inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío" de dinero, pues "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto".

El magistrado cree asimismo que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio el software desarrollado en la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Archiva por el contrario el procedimiento en relación con el quinto delito, el de intrusismo, por la firma de Gómez de un pliego de condiciones, aunque cuestiona que la Complutense -"tan rigurosa para algunas cuestiones administrativas-" en este caso se limita a afirmar que puede firmar cualquier responsable de la cátedra".

"Para lo que, como se ha comprobado solo hay que tener determinada relación (sirviendo la conyugal) con un tercero que ostente en un determinado momento una parcela de poder que puede llegar a ser utilizada de manera poco ortodoxa, no pudiéndose descartar que podemos encontrarnos ante la denominada 'Corruptio optimi pessima'" ('La corrupción de lo mejor es la peor'), afirma en alusión al proverbio latino que subraya la mayor gravedad de la corrupción de los altos representantes.

La primera semana del juicio al exministro José Luis Ábalos ha girado poco o nada en torno al presunto amaño de contratos de mascarillas, y ha servido para conocer los tejemanejes en la contratación de dos mujeres vinculadas a él en empresas públicas y volver a hablar de la entrega o recogida de dinero en la sede del PSOE.

La imagen que han proyectado los testimonios de algunos de los más de veinte testigos que han pasado por el Tribunal Supremo es la de la España de los enchufes, en la que la expareja de un exministro ha reconocido cobrar de dos empresas públicas sin ir trabajar y una "amiga" y compañera de partido, aunque aseguró que trabajó, y mucho, admitió que al principio se dedicó a leer libros de trenes en horario laboral. 

Su "arbitraria" contratación forma parte de la acusación que dirige la Fiscalía contra Ábalos y su asesor, Koldo García, que también están siendo juzgados por el supuesto concierto con el tercer acusado en discordia, el empresario Víctor de Aldama, para beneficiarle en sus negocios con la administración -como varios contratos millonarios de mascarillas- a cambio de presuntas mordidas.

Así ha transcurrido la primera semana de juicio: 

Tras varios meses en prisión preventiva, el exministro de Transportes y en su día hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García han aparecido sentados tras sus abogados y separados por un policía de Víctor de Aldama, el único en libertad. 

Frente al hieratismo de Aldama, a veces interrumpido por alguna ligera mueca, el transcurso del juicio pronto mostró a un enérgico Koldo tomando constantes notas y trasladando cada discrepancia a sus abogados, y a un Ábalos más tranquilo, con alguna sonrisa irónica, que también departía con su defensa.

El de Jéssica Rodríguez era uno de los testimonios más esperados. Admitió que cobró de Ineco y Tragsatec (43.978 euros en dos años y medio) sin trabajar y que Ábalos "estaba al tanto de todo". No sabía que eran empresas públicas y le dijeron que estaba a las órdenes del hermano de Koldo, que lo negó y rechazó haber trabajado en Tragsatec.

En Ineco, "fue una sorpresa su declaración" pues, según una directiva, "a todos los ojos" de la empresa, ella trabajaba. 

Después llegó Claudia Montes, una "amiga" a quien el ministro ayudó a "culturizarse en la política". Koldo García envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas, que lo remitió a recursos humanos, el "trámite habitual". 

Hizo entrevistas y entró en LogiRail, pero al principio no trabajaba porque no tenía un lugar de trabajo adecuado, así que iba a la Biblioteca de Oviedo a coger libros de trenes. Después hizo muchas horas extras.

Un socio de Aldama reconoció que pagó el alquiler de un piso para Jéssica Rodríguez -unos 2.900 euros mensuales- porque se lo pidió su socio; ella dijo que no sabía quién lo pagaba, pero que "daba igual quién pagara las cosas porque era Ábalos quien sufragaba todos los gastos". 

Después, la empresaria Carmen Pano vinculó la compra de un chalé para alquilárselo al ministro por su presunta mediación para que otro socio de Aldama, Claudio Rivas, tuviese una licencia de hidrocarburos. Aldama indicó que "el señor ministro quiere una casa". Su hija Leonor, con un rosario en la mano, dijo que la compró por orden de Rivas, ella "no preguntaba". Los cuatro están investigados por un fraude millonario en hidrocarburos.

"¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?", preguntó el abogado de Ábalos a Jéssica Rodríguez para sorpresa de todos. Y reformuló la pregunta por orden del tribunal: "Usted, su profesión, ¿tiene que ver con la contraprestación económica del sexo? Es que no se cómo explicarlo". "No, soy dentista y estoy colegiada", respondió ella, "y antes, azafata de imagen".

En una nueva estrategia de defensa, el abogado quiso saber si Rodríguez fue "una captación de Aldama" para Ábalos.

La primera alusión a dinero en la sede socialista la hizo Joseba García, hermano de Koldo, cuando naturalizó haber ido dos veces a recoger dos sobres, petición de su hermano mediante, que gestionaba dinero para Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE.

Después, Carmen Pano se reafirmó en que llevó, a petición de Aldama, dos bolsas con 45.000 euros cada una, que entregó a "un señor" que no reconoció que la esperaba en la segunda planta. "Yo no sé para quién era ni a qué correspondía", dijo.

Si en algo coincidieron las empresarias Pano fue en las "muy buenas" relaciones con el Gobierno, especialmente con el ministro, de las que presumía Aldama, a quien Claudio Rivas dio mucho dinero por sus "gestiones" sobre la licencia de hidrocarburos.

Carmen Pano ratificó la reunión que mantuvo con Claudio Rivas, en presencia de Koldo García, con el jefe de gabinete de Industria; y un asesor confirmó que otro jefe de gabinete, el del Ministerio de Hacienda, le ordenó trasladar a la Agencia Tributaria una petición de una empresa de Aldama de aplazar su deuda, aunque con la orden de que no hubiese "trato de favor". No se aplazó.

También las Pano refirieron que, según contó el propio Aldama, el comisionista recibió junto a Koldo 500.000 euros en casa del dueño de Air Europa.

La familia estuvo muy presente en la primera jornada del juicio. El hijo de Ábalos y el hermano de Koldo intentaron disipar las dudas sobre su patrimonio y el de sus familiares.

Con naturalidad, Joseba afirmó hacer favores: viajó a República Dominicana, pero no a recoger mordidas de Aldama como cree el fiscal, sino por otras razones y aprovechó para llevar documentación del comisionista, con quien solo le unió la "peor compra" de su vida, un Volkswagen Passat que le "encantaba", pero que dio muchos fallos.

El juicio arrancó con los informes remitidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, eximidos de declarar presencialmente por razón de su cargo, en los que negaron haber dado o recibido órdenes para comprar mascarillas a una empresa promovida por Aldama.

Estos días se celebran dos juicios de los que tenemos información constante gracias al “carrusel judicial” que ofrecen los medios con minuto, resultado y si era puta o no.

El caso Mascarillas juzga una trama de corrupción vinculada a contratos públicos de mascarillas, con presuntas comisiones y colocaciones irregulares en empresas públicas. Implica al exministro socialista Ábalos, a su escudero Koldo y al fantasma de Aldama, para quienes la Fiscalía —“cuándo serás mía”, que diría Héctor de Miguel— pide 24, 29 y 7 años de cárcel por presuntas mordidas en contratos millonarios.

El caso Kitchen juzga una operación parapolicial para espiar a Bárcenas y robarle información comprometedora usando policías, fondos reservados y recursos del Ministerio del Interior al margen del control judicial. La Fiscalía pide 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y otros 15 para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del PP. Un exministro que estos días se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional y ante el escritorio de su casa escribiendo artículos para el diario ABC. “Huevos gordos”, que diría Emilio Delgado.

A la vista de estas peticiones de sentencia, puede afirmarse que la “gravedad penal” del caso Mascarillas es mayor que la del caso Kitchen.

Pero miremos la cuestión desde otro ángulo. El caso Mascarillas afecta a la opacidad en la contratación pública y al desvío de dinero público para pegarse la vida padre en un momento especialmente dramático, como fue la pandemia.

El caso Kitchen afecta a la integridad del Estado de derecho: presunto uso ilegal de dinero público contra un ciudadano nada ejemplar –y padre de un figurante de la última de Torrente– para blindar a un tal M. Rajoy.

Puede decirse que la “gravedad judicial” del caso Kitchen es mucho más alta. Se acusa a la cúpula del ministerio que garantiza la seguridad a los españoles y españolas de emplear un dispositivo ilegal —con intento de secuestro incluido— utilizando policías nacionales y fondos reservados. Demoledor, pero en línea con el modus operandi del PP.

Así que, queridos tertulianos de la nueva Brunete mediática, lo siento, pero no. No hay empate. El argumentista de Génova no solo ha vuelto a hiperventilar, sino que ha vuelto a consumir bebidas energéticas en horario de trabajo que le han dado alas. Parecidas a las que tenía Marcelo, el ángel de la guarda que ayudaba al exministro Fernández Díaz a buscar aparcamiento. Pero que no guardó bien el pendrive de Villarejo. Mecachis.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.

Seis horas dan para mucho. Sobre todo, cuando se trata de un juicio mediático. Y el primer asalto en el Tribunal Supremo del llamado caso Mascarillas, centrado en la compraventa de material sanitario por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, da buena cuenta de ello. La sesión ha servido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alejarse todo lo posible de la trama que se está enjuiciando. Y al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para reforzar una defensa que, sin embargo, se ha visto resquebrajada por momentos por el flanco de Jéssica Rodríguez, examante del que fuera hombre fuerte del PSOE.

El juicio arrancó con algunos minutos de retraso. En la agenda, alrededor de una decena de testigos previstos. Pero la sesión no se inició con ninguno de ellos. Comenzó con los testimonios de Armengol y Torres. Hasta el último momento se intentó que ambos tuvieran que sentarse frente a magistrados, Ministerio Público y abogados. Sin embargo, el tribunal permitió que ambos compareciesen por escrito. Ha sido la lectura de esas testificales la que han marcado el inicio de una vista oral que se prolongará durante todo el mes de abril. Y la que ha provocado la primera protesta de las defensas, que se han quejado por no haber podido interrogarles.

El interés de ambos testimonios radicaba en la entrada de la trama en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, cuando Armengol y Torres eran presidentes autonómicos. Ambos se han esforzado por marcar distancias con los tres acusados –Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama– y con Soluciones de Gestión. "Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna", ha dicho Armengol. Del mismo modo, han insistido en que ni dieron orden ni presionaron para adjudicar contratos a la compañía de la trama. Sí ha reconocido Torres que se interesó por uno de eso expedientes tras un mensaje del exasesor de Ábalos avisando de unos "incumplimientos contractuales". Eso sí, cuando el mismo ya estaba adjudicado y como hizo con otros expedientes.

Una vez completado el trámite de la lectura de los escritos, comenzaron a desfilar por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los diferentes testigos. Dos de estas declaraciones sirvieron a exministro y exasesor para reforzar sus defensas. Víctor Ábalos, hijo del primero, rechazó tajantemente en diferentes ocasiones haber actuado como una suerte de testaferro de su padre. Y Joseba García, hermano del segundo, ha negado que acudiera a República Dominicana a recoger dinero en efectivo de la trama, tal y como sostienen los investigadores en sus informes. El primero de ellos no está siendo investigado en ningún procedimiento. El segundo, sin embargo, sí que se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la parte del caso Mascarillas que no ha estudiado el Alto Tribunal.

"Yo no soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos", ha aseverado Ábalos. En relación con las transferencias de dinero que hizo a su padre, en concreto los 23.379,10 euros que la Guardia Civil ha acreditado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, ha explicado que 20.000 euros son un préstamo que le hizo. "Con un contrato elevado a público, nada opaco", ha afirmado. Del mismo modo, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. Y cuando le han preguntado por el uso de la palabra "café" en algún mensaje recibido de Koldo García, se ha limitado a decir que era una petición del exasesor para que le trajera café de Colombia, donde el hijo de Ábalos desarrollaba trayectoria profesional.

Joseba García, por su parte, se ha esforzado en justificar sus viajes a República Dominicana, los ingresos recibidos en su cuenta y el efectivo que localizaron en los registros de su casa. Y lo ha hecho con la ayuda de la abogada de su hermano –que también es la suya en la Audiencia Nacional–, que es la única a la que ha respondido ampliamente. García se ha negado, por su condición de investigado en otro procedimiento, a responder a las preguntas del resto de partes. "No le voy a contestar por consejo de mi letrada, lo siento", ha repetido una y otra vez. Una negativa a declarar que minutos antes protagonizó otro de los investigados en la Audiencia Nacional: Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.

Algunas partes intentaron, una y otra vez, tirarle de la lengua. Sobre todo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "No voy a contribuir a este espectáculo", se ha terminado resignando el abogado del PP, que dirige la acción popular. En el largo interrogatorio dirigido por la letrada Leticia de la Hoz, el hermano del exasesor ha explicado que viajó a República Dominicana en dos ocasiones por amor y por negocios, pero nunca para recoger dinero de la trama. También ha rebatido al fiscal en relación a los "224.000 euros sin justificar" en sus cuentas señalando que ningún ingreso recibido tiene que ver con Aldama o con los contratos bajo la lupa. Y ha asegurado que la mayor parte del dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio era, en realidad, del club de motos al que pertenece.

García también habló de Jéssica Rodríguez, quien ha protagonizado la primera tarde del juicio. Ha sido con la examante de Ábalos con quien el tribunal ha retomado esta primera sesión tras el parón para comer. Durante más de dos largas horas se le ha preguntado, fundamentalmente, por su relación con Ábalos, por el pago del alquiler del lujoso apartamento en el que estuvo viviendo en el centro de Madrid –que, según la investigación, habría abonado principalmente Aldama a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano– o por su contratación en las empresas públicas Ineco o Tragsatec.

Sobre el piso, ha señalado que no sabía quien lo estaba abonando, aunque tampoco le importaba demasiado. "Nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque no hay necesidad de hacerlas", ha señalado. Durante su declaración, Escolano ha confirmado que él se hizo cargo de este gasto a petición de Aldama, su "socio, amigo y hermano". Y que dejó de abonar cuando se le indicó. "Si se me decía que no pagara ese piso, pues yo encantado", aseveró el empresario, quien ha resaltado el carácter "inconformista" de Rodríguez.

Durante su declaración ha confirmado que, incluso cuando la relación entre ambos había acabado, el exministro le hacía algunos regalos. Ha hablado de un móvil. También del pago de la matrícula de la universidad. O de una transferencia de 600 euros: "Mi gato se rompió la pierna, era un gasto muy elevado y él quería ayudarme". Y, del mismo modo, ha sentenciado que Ábalos nunca pagaba. "Yo al señor Ábalos no le he visto pagar nunca”, ha afirmado. Y ha ejemplificado: "Si quería un paquete de tabaco era el señor Koldo quien hacía esa compra".

Sobre su contratación en Ineco y Tragsatec, donde cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, ha confirmado que nunca llegó a trabajar. "Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", ha resaltado. Algo que, ha deslizado, el exministro sabía: "El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo". Cuando acabó su contrato en la primera empresa, actualizó su contrato para dar el salto a la segunda, una etapa de la que, dijo, no recuerda prácticamente nada. "Si cambiaba de empresa era porque el señor Ábalos así lo habría gestionado". Un paso de trabajadores de Ineco a Tragsatec que, ha explicado luego el que fuera máximo responsable legal de Tragsa, no era "habitual".

Contrataciones sobre las que también han declarado responsables de ambas empresas. Araceli Arigita, responsable de personal de Ineco, ha dicho que el fichaje de Rodríguez no siguió el procedimiento habitual. Y la responsable del proyecto al que se incorporó luego en Tragsatec ha relatado las presiones sufridas para que dejara "en paz" a la expareja de Ábalos, a la que no paraba de perseguir para que fichara en el trabajo, algo que no hacía.