Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre los peligros de sus plataformas.

También la culpaban de ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes y de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

El acuerdo hecho público hoy evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba las reclamaciones de 29 estados.

Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad.

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de 13 a 17 años) y menores de 13 años.

Entre estas medidas está: la verificación de edad y eliminar cuentas de menores de 13 años; el bloqueo por defecto las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche; un límite de uso diario por defecto de 2 horas; y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

El anuncio del acuerdo se produjo tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California.

Se esperaba que el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, también prestara declaración en este proceso judicial.

Tras el anuncio del acuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez, las acciones de Meta subieron más de un 3 % en Wall Street.

Que el juicio que acabó con la condena e inhabilitación del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, supuso un retroceso en la transparencia con la que los medios cubren los procesos de mayor trascendencia es un hecho indiscutible. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sacado pecho ante la Comisión Europea del restrictivo dispositivo para la cobertura periodística del proceso más importante de 2025, del que el tribunal impidió emitir la señal en directo o por internet. Lo sostiene en su contribución al Informe sobre el Estado de Derecho de la UE de 2026, publicado el pasado julio. En su aportación, el órgano que dirige Isabel Perelló se queja, además, de las críticas que recibió la sentencia, ampliamente cuestionada en medios judiciales y académicos, con dos votos particulares que denunciaron la violación de garantías constitucionales básicas del condenado.

En su escrito enviado a Bruselas, el Alto Tribunal subraya cómo la causa penal contra el anterior responsable del Ministerio Público, "provocó una atención pública significativa". "El juicio tuvo lugar ante el Supremo el pasado noviembre y recibió una gran cobertura mediática", explica en su contribución. "Las sesiones de la vista, que se produjeron sin incidentes notables, fueron íntegramente emitidas por un canal interno a más de 200 periodistas acreditados de medios nacionales e internacionales localizados en las dependencias del Tribunal", sostiene el Supremo ante la Comisión. Su posición contrasta con la que expuso ante el Ejecutivo comunitario la Fiscalía General del Estado, en la que se quejó de las restricciones a los medios como una de las irregularidades del proceso contra García Ortiz.

Diez días antes del inicio del juicio, la oficina de comunicación del Supremo envió un correo a los periodistas que quisieran acreditarse para seguir la vista con las condiciones en las que tendrían acceso a las imágenes y cómo podrían utilizarlas. El email señalaba que, según había dispuesto el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, la señal institucional del juicio podría captarse en los espacios habilitados del tribunal a través de distribuidores de audio analógicos y vídeo. Después advertía de que la señal solo podría usarse "para la elaboración de piezas informativas, de modo que solo podrán difundirse aquellos extractos que consideren precisos para las mismas". Y añadía: "No está permitida la restransmisión íntegra o parcial de la señal ni en directo ni en diferido". "El incumplimiento de estas normas podrá suponer la retirada de la acreditación al medio".

La nueva política de comunicación impuesta por Arrieta fue generalmente interpretada como un retroceso en la transparencia con la que, no solo el Supremo, sino la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales venían actuando. España ha visto en directo y a través de internet cómo la hermana del rey Felipe VI, Cristina de Borbón, se sentó en el banquillo en Palma junto a su exesposo, Iñaki Urdangarín. También asistió en tiempo real a la declaración como testigo de un expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la mayor causa de corrupción que ha afectado al PP, el caso Gürtel, cuando aún estaba en el ejercicio de su cargo. En el Supremo, la misma sala que impidió la difusión íntegra del juicio a García Ortiz, la reclamó y autorizó (incluso por internet) en la vista en que condenó a los dirigentes del proceso independentista catalán. La Audiencia Nacional sigue retransmitiendo a través de YouTube sus juicios más mediáticos. Así lo ha hecho en las últimas semanas con el caso Kitchen o el que afecta al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia.

La decisión de Arrieta, que fuentes del Supremo justificaron como un favor a García Ortiz para garantizar su derecho a la intimidad, fue muy contestada entre los periodistas, porque, además de hurtar al ciudadano la posibilidad de asistir sin intermediarios a las sesiones de la vista para poder hacerse su propia idea de lo enjuiciado, provocó una enorme desigualdad entre los diferentes medios. Hacer las "piezas informativas" de las que hablaba el Supremo en el correo enviado a los redactores exigía contar con medios tecnológicos propios para poder digitalizar la señal facilitada por el tribunal y emitir las informaciones elaboradas con ellas. La mayoría de periódicos digitales tuvo que conformarse con escuchar las sesiones en las dependencias judiciales y transmitir sus noticias por escrito y sin poder ilustrarlas con imágenes de la vista. Medios como infoLibre o 'Público' enviaron sus quejas por escrito a la oficina de comunicación.

Pese a los recortes a la publicidad ordenados por el Alto Tribunal ante el juicio del año, el anuncio del fallo condenatorio y la muy posterior publicación de su justificación en la sentencia causaron una enorme polémica que partió en dos a la judicatura y la Fiscalía. Los dos votos particulares –de las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo– mostraron una fractura sin precedentes en la Sala de lo Penal que reflejó dos visiones alternativas de la realidad: de un lado, la condena mayoritaria de la parte conservadora de la Sala y, de otro, las acusaciones de las dos disidentes de que esa condena se había producido vulnerando el derecho de defensa y la presunción de inocencia de García Ortiz y con una valoración errónea de las pruebas. Otro magistrado conservador, Andrés Palomo, redactó durante la instrucción otro voto particular que se oponía al procesamiento del acusado.

La única asociación judicial progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenecen Polo y Ferrer, y que es la tercera en número de asociados dentro de la carrera, emitió un comunicado en contra del criterio mantenido en la sentencia por el Supremo en el que afirmaba que lo más adecuado hubiera sido la absolución del fiscal general. También fue muy beligerante la Unión Progresista de Fiscales, el segundo colectivo profesional del Ministerio Público, del que fue máximo responsable García Ortiz antes de convertirse en fiscal general. La sentencia, además, fue recurrida al Tribunal Constitucional en amparo no solo por el propio condenado, sino también por la teniente fiscal del Tribunal Supremo (número dos del cuerpo) con el apoyo implícito de la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato. Las críticas a la resolución por la vulneración de derechos fundamentales también vinieron de exmagistrados del Alto Tribunal como Perfecto Andrés o José Antonio Martín Pallín. Y de voces muy respetadas de diversas facultades de Derecho.

Pese a esta enorme controversia que generó el juicio y la condena, el Tribunal Supremo ha utilizado también su contribución al último Informe del Estado de Derecho de la UE, el de este año, para protestar por las críticas recibidas. Entre ellas, sin citarlo por su nombre, la del ministro para la Transformación Digital, Óscar López que, al valorar la sentencia ante los medios, aseguró que "muchos guiones de Hollywood" tenían "menos creatividad", que la resolución. Los magistrados acusan también las declaraciones del eurodiputado y dirigente de Sumar Jaume Asens, que calificó la resolución de "auto de fe puramente inquisitorial" (en referencia a los procesos medievales contra supuestos herejes) por considerar, como otros jueces, fiscales y profesores, que la condena se dictó sin pruebas. El propio defensor de García Ortiz, abogado del Estado, utilizó el término "inquisitorial" para referirse a la instrucción de la causa durante el juicio, pero el informe del Supremo no se refiere a los servicios jurídicos del Estado.

El Alto Tribunal también se detiene en las acusaciones de lawfare, "que retratan al acusado como la víctima de un procedimiento motivado políticamente". "Algunos representantes políticos han utilizado expresiones como 'golpe de Estado judicial' [lo hizo Sumar] y han reiterado que la condena forma parte de una operación 'organizada y coordinada' para desestabilizar al Ejecutivo a través de mecanismos judiciales, o 'el uso de la justicia para objetivos políticos'", sostiene el tribunal en su informe a Bruselas. "Muchas de estas declaraciones se hicieron incluso antes de que el texto de la sentencia se hubiera hecho público", añade sin especificar que el fallo condenatorio se hizo público 19 días antes de la notificación de la condena, dando lugar a todo tipo de especulaciones. "El Tribunal Supremo no ha dado respuesta a ninguna de estas manifestaciones", sostiene el documento enviado a la Comisión.

La enorme división que generó la condena en medios judiciales y fiscales también se desprende de la visión que envió a la Comisión, también para el Informe sobre el Estado de Derecho, la fiscala general, Teresa Peramato, con una visión radicalmente opuesta a la del Supremo. En su escrito denunció "irregularidades" en la instrucción y criticó el contenido de la sentencia. Todo ello, según Peramato, "incrementó la percepción de falta de independencia del Tribunal Supremo".

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que ha dejado la defensa del que hasta ahora ha sido su abogado, Antonio Camacho, y que será el letrado Jaime Campaner quien le asistirá en la causa en la que está acusada de tráfico de influencias y malversación.

El nuevo abogado ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid en el que comunica que ahora representará a la mujer del presidente del Gobierno en la causa en la que está pendiente de apertura de juicio con jurado, según informan a EFE fuentes próximas a Begoña Gómez.

Antonio Camacho, exfiscal y exministro del Interior, ha defendido a Begoña Gómez desde que arrancó la investigación por una denuncia de la organización Manos Limpias, el 16 de abril de 2024, y ha suscrito decenas de recursos contra las decisiones del magistrado Juan Carlos Peinado.

A las puertas del auto de apertura de juicio oral, que desembocará en el señalamiento de un futuro juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Gómez, de común acuerdo con Camacho, han trasladado al juzgado que a partir de ahora su defensa jurídica será asumida por Jaime Campaner. La mujer del jefe del Ejecutivo ha trasladado su gratitud hacia Camacho y todo el trabajo realizado estos años, según las fuentes consultadas, que destacan su rigor y entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil, en el que su buen trabajo ha sido fundamental.

Jaime Campaner, socio director del despacho Campaner Law, está especializado en derecho penal y procesal penal, y tiene un doctorado en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid. Entre las causas judiciales en las que ha participado destaca el juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos, siendo Campaner la defensa de Josep Pujol Ferrusola. Un proceso que está pendiente de sentencia. También participó en el juicio del caso Nóos, donde defendía al asesor fiscal Salvador Trinxet; y representó al FC Barcelona, con la presidencia de Joan Laporta, en la auditoría sobre la gestión de la anterior junta directiva.

Ha representado asimismo al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en su acusación en el procedimiento contra el excomisario José Manuel Villarejo por los encargos de Repsol y Caixabank para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex. Hace unos meses, el comisario fue absuelto de esta causa.

La causa judicial de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, se encuentra ahora mismo a la espera de los escritos de defensa, después de que la acusación popular, que coordina Hazte Oír, pidiese 13 años para la primera y 6 para la segunda; y la Fiscalía anunciase que solicitaría la absolución.

La Universidad Complutense de Madrid, por su parte, reclama a Begoña Gómez más de 113.000 euros de responsabilidad civil en relación al software creado para la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno en el centro universitario.

*En memoria de mi madre.

"Noticias falsas, calumnias, que calientan al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así, lo llevan al juez, para que el juez le dé forma legal, pero en realidad ya ha sido juzgado. El juez debe ser muy valiente para ir contra un juicio hecho así, popular, hecho a propósito, preparado… es un modo de hacer jurisprudencia" (Papa Francisco. Homilía de Santa María, 28/4/20).

Hay condenas que dictan los tribunales y otras que emite la opinión pública mucho antes de que un juez pronuncie una sola palabra. Las primeras pertenecen al Derecho; las segundas responden a la política, la comunicación y la necesidad de transformar la sospecha en certeza. En esa tensión se mueve hoy buena parte del debate sobre la presunción de inocencia en España, un derecho que la Constitución reconoce de forma expresa y que se ve cada vez más expuesto a una erosión práctica, difícil de corregir.

La garantía del artículo 24.2 de la Constitución nunca tuvo un respaldo jurídico tan sólido ni una fragilidad social tan visible. No porque los tribunales hayan renunciado a protegerla, sino porque el proceso penal ya no transcurre solo en los juzgados: convive con un proceso paralelo, inmediato y emocional —filtraciones, declaraciones políticas, titulares, redes sociales— que no conoce reglas de prueba ni respeta la contradicción, y que, sin embargo, influye de manera creciente en la percepción pública de cualquier procedimiento.

No se trata de cuestionar la libertad de información ni la crítica política, esenciales en democracia. El problema aparece cuando esas lógicas invaden el proceso penal, cuya única finalidad legítima es determinar, con pruebas valoradas con todas las garantías, si una persona ha cometido o no un delito. Confundir esos planos desnaturaliza el único que puede restringir legítimamente la libertad de un ciudadano.

La investigación seguida contra el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ilustra esa tensión. No porque permita anticipar ninguna conclusión sobre el fondo —algo incompatible con el respeto a la función jurisdiccional—, sino porque muestra cómo una causa penal puede convertirse desde sus primeras fases en un espacio de confrontación política y mediática que termina proyectándose sobre las propias garantías procesales. Lo significativo no ha sido solo la intensidad del debate, sino la reacción ante una decisión perfectamente legítima: que el investigado decidiera declarar primero ante el juez y reservar allí sus explicaciones, opción que forma parte del núcleo del derecho de defensa y que algunos han leído como opacidad o indicio de culpabilidad. Ahí está una de las claves del problema.

En un Estado de derecho, la primera obligación de quien debe defenderse en un proceso penal no es satisfacer la curiosidad pública ni el debate político, sino defenderse eficazmente dentro del proceso. Guardar silencio, no autoincriminarse, no revelar anticipadamente la estrategia de defensa y comparecer solo ante el órgano jurisdiccional no son concesiones graciosas ni privilegios: son garantías estructurales del modelo acusatorio, conquistadas durante siglos para impedir que el poder sustituya la prueba por la sospecha.

El problema es que el ejercicio de esos derechos ha comenzado a interpretarse como motivo de desconfianza: comparecer ante los medios se lee como intento de construir un relato; guardar silencio, como ocultamiento; declarar solo ante el juez, como falta de transparencia. Casi ninguna conducta queda a salvo, porque cualquier decisión procesal termina absorbida por una narrativa previa de culpabilidad. La consecuencia es seria: la presunción de inocencia no se vacía únicamente con una sentencia condenatoria, sino que puede erosionarse mucho antes, cuando el ejercicio del derecho de defensa se interpreta como indicio incriminatorio. Jurídicamente sigue existiendo la garantía; socialmente empieza a imponerse la presunción de culpabilidad.

Se ha escrito mucho sobre juicios paralelos y filtraciones, pero menos sobre algo más profundo: la contaminación estructural del proceso penal. No se trata solo de que existan opiniones externas sobre una investigación, sino de que el ecosistema político y mediático altere las condiciones en las que las garantías procesales deben desplegar su eficacia. Esas garantías se concibieron para controlar el poder estatal dentro del proceso —cómo debe practicarse una prueba, cómo incorporar datos o documentos, cuándo autorizar una intervención telefónica, cómo practicar un registro—, no para neutralizar una filtración interesada o una campaña sostenida durante meses. Ningún recurso judicial repara por completo una reputación dañada por una acusación convertida en espectáculo antes de llegar a juicio.

Cuando la lógica del enfrentamiento político sustituye a la lógica probatoria del Derecho, la verdad deja de construirse mediante pruebas y se edifica sobre percepciones y mayorías coyunturales. El proceso penal se transforma en un instrumento narrativo: cada diligencia se presenta como confirmación, cada filtración como prueba. Deja de ser un mecanismo para descubrir la verdad y pasa a ser una maquinaria para consolidar un relato previo.

De ahí uno de los efectos más inquietantes: la inversión silenciosa de la carga de la prueba. El proceso penal exige que sea la acusación quien destruya la presunción de inocencia con prueba de cargo suficiente; sin embargo, el debate público termina imponiendo al investigado la obligación de demostrar públicamente que no cometió los hechos. El uso del lenguaje, aquí, como en otras ocasiones, no es inocente.

Ningún tribunal modifica formalmente las reglas, pero en el plano de la percepción social el investigado pasa a ser tratado como culpable mientras no convenza a la opinión pública. Esa exigencia es especialmente injusta porque obliga a probar un hecho negativo: la probatio diabolica que el Derecho romano ya reconocía como pretensión imposible. Ningún sistema serio puede imponer a una persona la carga de acreditar que un hecho nunca ocurrió; por eso el proceso penal moderno descansa sobre un principio básico: quien afirma la existencia del delito debe probarlo.

Esto es especialmente claro en delitos como el tráfico de influencias, donde el tipo penal exige acreditar una influencia concreta, ejercida sobre una autoridad determinada, con finalidad y relación causal suficientes con el acto adoptado. Lo que no alcance ese nivel pertenece a la sospecha, no a la prueba, aunque el debate público suela exigir al investigado que demuestre precisamente lo contrario, invirtiendo una carga que corresponde a quien acusa.

La diferencia entre sospecha y prueba también se aprecia en el uso de indicios y declaraciones incriminatorias. La prueba indiciaria solo destruye la presunción de inocencia cuando parte de hechos plenamente acreditados que, en conjunto, conducen mediante un razonamiento lógico a una única conclusión incriminatoria; no basta acumular sospechas ni unir piezas inconexas. En fase de instrucción esos requisitos rara vez están completos, porque los hechos siguen investigándose y las diligencias buscan precisamente confirmar o descartar posibilidades, pero nunca convertir aquella en una prospección a la "caza" de delitos a los que acomodar los hechos. Anticipar un valor incriminatorio pleno a elementos todavía provisionales equivale a sustituir la función investigadora por una conclusión que corresponde al tribunal tras el juicio oral.

Algo semejante ocurre con las declaraciones de coimputados o los denominados “pentiti”: pueden orientar una investigación, pero no sustituir la prueba. Su credibilidad no depende de su impacto mediático, sino de que existan elementos externos que la verifiquen objetivamente. La jurisprudencia constitucional es constante en este punto: la declaración incriminatoria de un coimputado solo tiene eficacia probatoria si aparece corroborada por datos objetivos independientes, no por la repetición de otro relato semejante. Y cuando la obtención de ciertos elementos probatorios suscita dudas sobre su licitud inicial, reforzarlos mediante declaraciones derivadas de aquellos no elimina la objeción, sino que puede extenderla. Las garantías no son formalidades vacías: son las condiciones para que la verdad judicial sea también una verdad constitucionalmente legítima.

El proceso penal y el debate público funcionan con reglas profundamente distintas. El primero exige contradicción, corroboración y prueba válida; el segundo suele conformarse con la coherencia aparente de un relato. Por eso la acumulación de titulares puede crear una certeza social aparente contraria a la solidez jurídica de la acusación precisa. La novedad no es que existan críticas políticas o cobertura informativa intensa —algo que siempre ha acompañado a las democracias—, sino la velocidad con la que una investigación penal puede convertirse en una verdad social definitivamente cerrada.

Ahí emerge uno de los conceptos más inquietantes de la cultura jurídica contemporánea: la muerte civil. Antes describía la pérdida de capacidad jurídica asociada a ciertas condenas; hoy adquiere otro sentido, porque la exposición mediática de un procedimiento puede convertir al investigado en objeto de una condena social irreversible. Incluso una absolución posterior rara vez restituye del todo el daño reputacional, profesional y personal sufrido durante años.

No se trata de pedir impunidad ni de apartar a la justicia del escrutinio público: todo poder democrático debe ser criticado. Tampoco de ofrecer trato especial a quienes ejercieron responsabilidades políticas; la igualdad ante la ley implica que respondan ante los tribunales como cualquier otro ciudadano. Pero esa misma igualdad exige que disfruten exactamente de las mismas garantías procesales. Por eso la cuestión de fondo no es solo el caso concreto, sino la reacción que provoca el ejercicio de derechos procesales legítimos: cuando esa reacción se generaliza, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional.

La presunción de inocencia no pertenece al investigado; pertenece al Estado de derecho. El derecho a guardar silencio o a no declararse culpable protege no solo a quien finalmente resulte inocente, sino también a quien pueda ser culpable, porque los derechos fundamentales existen no para premiar conductas ejemplares, sino para impedir que el poder castigue sin haber demostrado antes la responsabilidad conforme a las reglas del proceso. Cesare Beccaria escribió que es preferible absolver a un culpable antes que condenar a un inocente, porque el error del primer caso es excepcional y el del segundo destruye la confianza en la justicia. Hoy esa advertencia adquiere una dimensión nueva: el riesgo no reside solo en una condena judicial errónea, sino también en aceptar que la sospecha sustituya gradualmente a la prueba y que el proceso penal sirva para confirmar una culpabilidad ya construida en el espacio público.

Quizá haya llegado el momento de ampliar el debate sobre la presunción de inocencia. Durante años nos hemos preguntado cómo protegerla frente a decisiones arbitrarias del poder público; hoy la pregunta es distinta: cómo preservarla cuando el proceso penal sigue siendo formalmente correcto, pero el entorno político y mediático vacía de contenido sus efectos prácticos. La Constitución protege al ciudadano frente al poder del Estado, pero hoy el mayor poder para destruir la presunción de inocencia no siempre procede del Estado, sino de la capacidad de construir una verdad pública antes de que exista una verdad judicial. Ninguna garantía procesal fue diseñada para neutralizar por sí sola ese fenómeno. Por eso el problema decisivo ya no es si un procedimiento acabará en condena o absolución, sino si aceptamos que un ciudadano deba defender primero su reputación ante los medios para conservar después sus derechos ante los jueces. Si se invierte ese orden, se invierte también el sentido del proceso penal: cuando la sospecha sustituye definitivamente a la prueba, la víctima deja de ser un investigado concreto y pasa a ser el propio Estado de derecho.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

El empresario Julio Martínez Martínez ha vuelto a señalar ante el juez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, aunque ha indicado que no sabe si realizó alguna gestión o con quién para que el Gobierno concediese a la aerolínea el préstamo público de 53 millones de euros en 2021.

Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir dicho préstamo, Martínez ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas tras prometer en un escrito "colaborar" en la causa.

Un escrito que Martínez, con quien Zapatero reconoció tener una relación de amistad, ha ratificado ante el juez José Luis Calama, a quien ha confirmado el cobro del 1% del préstamo público (unos 530.000 euros), abonado por la aerolínea en diferentes plazos a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Y aunque no ha precisado el reparto de esa ganancia, calificada como "comisión de éxito" y no mordida -un término que él identifica como venezolano-, ha dicho que el exlíder socialista le pidió que se cobrase a través de diferentes empresas y en diferido debido a la presión mediática sobre el préstamo, de acuerdo a las fuentes.

El juez sospecha que Zapatero habría dado instrucciones para crear una sociedad en Dubai que podría haber servido de vehículo para el cobro de esa cantidad, pero Martínez ha explicado que dicha empresa no se llegó a constituir, y que fue un asunto que se abordó en una comida en la que el expresidente estaba presente. Un encuentro que Zapatero dijo no recordar.

Tras afirmar en su escrito que era Zapatero quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante —administrada por Martínez—, este empresario ha vuelto a señalar al expresidente como la persona que captaba los clientes: primero Plus Ultra y luego otras tres empresas.

Fue el expresidente del Gobierno quien, según Martínez, le puso en contacto con la aerolínea y le transmitió sus necesidades de financiación, aunque ha negado saber si llegó a hacer alguna gestión concreta para que consiguiese la ayuda pública en 2021, como también ha negado conocer a nadie de la SEPI.

De acuerdo a su relato, él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, momento en el que el juez ha limitado su papel al de "correveidile", apuntan las fuentes.

Martínez ha confirmado de nuevo que fue Zapatero quien le adelantó que Plus Ultra recibiría dicho préstamo unos diez días antes de aprobarlo el Consejo de Ministros, según las fuentes.

Según Martínez, Zapatero era el único consultor de su empresa y, como expresidente, tenía muy buena agenda y muchos estaban interesados en conocer su opinión, especialmente apreciada en asuntos de Latinoamérica. Los informes de asesoría que elaboraban eran reales, si bien buscaban más bien atraer clientes, sin aportar valor añadido, ha reconocido, según las fuentes.

Sobre la contratación de la empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, ha señalado que comenzó a pagarles por maquetar informes de su consultora, si bien a partir de 2022 siguió haciéndolo por no hacer nada, dado que el sistema de contratación era una iguala (un acuerdo de prestación de servicios profesionales donde el cliente paga una cuota fija periódica (generalmente mensual) a cambio de asistencia continua.

Las hijas de Zapatero, Alba y Laura, están también imputadas, pero el juez aún no las ha citado, lo que podría producirse ya en septiembre, según las fuentes.

El empresario ha admitido cobros de la aerolínea Plus Ultra por otros trabajos que él realizó a título personal en Venezuela en relación a gestiones con la administración pública de ese país.

Ha explicado que viajó en varias ocasiones a Venezuela con el expresidente, quien le proporcionó una serie de contactos, entre ellos el de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien Martínez ha identificado como su interlocutora en el país, con quien tenía muy buena relación.

Al ser detenido en diciembre, la Policía intervino a Martínez 286.070 euros en metálico repartidos en bolsas, cajas y cajones y hasta en un neceser y un radiador, además de nueve relojes y catorce móviles.

El empresario vincula este dinero a operaciones inmobiliarias ajenas a la causa, si bien, ante el juez no ha sabido detallar qué tipo de operaciones, aunque sí ha admitido que se trataba de dinero negro.

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, ha presentado un escrito ante el juez en el que implica al expresidente en el préstamo público obtenido por la aerolínea Plus Ultra en 2021 y confirma el cobro del 1%.

Un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, Martínez muestra su voluntad de colaborar en un escrito en el que afirma que Zapatero estaba "puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" con relación a la consecución del préstamo de 53 millones de euros y que fue él quien le informó de que el Gobierno lo aprobaría unos diez días antes de que se hiciese efectivo.

Martínez señala que él "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", y que "en su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", según el escrito adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso EFE.

Según este empresario, Zapatero era quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante —administrada por Martínez y clave en la trama—, pese a que no figurase en el accionariado, y fue quien, "por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales", captó a cuatro empresas, entre ellas Plus Ultra.

La idea era que Zapatero emitiera informes sobre estrategia y relaciones internacionales. Estos informes los "finalizaría" Sergio Sánchez y los maquetaría la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, "con quien se estableció una iguala" de 3.000 euros mensuales, "que se pagó" hasta 2025.

Martínez, quien dice que únicamente intermediaba entre "cliente y consultor (Zapatero)", explica que el expresidente le adelantó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los directivos de Plus Ultra, y le puso al corriente de la necesidad de financiación de la aerolínea.

En esa búsqueda de financiación, según el empresario, Zapatero les "sugirió" ponerse en contacto con el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para conseguir un crédito ICO, o con La Caixa, si bien "esas vías" no dieron resultado.

Al conocer Plus Ultra la posibilidad de obtener una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las gestiones "se dirigieron" en ese camino y el 30 de julio de 2020 la aerolínea acordó pagar 5.000 euros mensuales a Análisis Relevante.

Según Martínez, con independencia de la redacción del contrato, "los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero".

Además, en enero de 2021, la aerolínea firmó un contrato con la empresa Idella —representada por Martínez—, por la que "se comprometía a abonar el 1%" de esa ayuda si se conseguía dicho préstamo.

Martínez reduce su labor en aquel momento a acompañar a Plus Ultra "para la obtención de la financiación solicitada" y asegura que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".

Es más, dice que fue el expresidente quien el 26 de febrero de 2021 le "comunicó" que "la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra". El Consejo de Ministros lo aprobó finalmente el 9 de marzo.

"En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado", añade Martínez, si bien "se decidió diferir el pago" hasta 2026 debido a la "presión mediática" que existía sobre el préstamo público.

Según el juez del caso, no hay "constancia" del pago en España de ese 1% (unos 530.000 euros), lo que, en su opinión, "refuerza la hipótesis" de que se hubiese "canalizado" a través de una sociedad en Dubai, presuntamente creada por "instrucciones" de Zapatero.

Martínez indica además en su escrito que "tras el éxito" de esa primera operación con Plus Ultra, se mantuvo la relación profesional con Análisis Relevante sobre "cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa".

En paralelo, según el empresario, Análisis Relevante suscribió otros contratos "tipo" con las empresas Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa para recibir asesoramiento de Zapatero en cuestiones relacionadas con Venezuela, entre otros asuntos.

Martínez, a quien la Policía incautó 286.000 euros en su domicilio, asegura que se trata de dinero procedente de la venta de activos inmobiliarios sin relación con la causa.

Por su parte la representación legal de Plus Ultra ha remitido un escrito al juzgado en el que también muestra su "intención de prestar la máxima colaboración" y para "la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control" en la empresa.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha asegurado que José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar" por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para "salvar" la aerolínea.

En un escrito remitido a José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, Martínez Sola revela que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Martínez Martínez en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1%)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero.

Aun así, el presidente de la aerolínea dice que ni él ni el director financiero de la compañía, Roberto Roselli, tuvieron "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)".

Ambos "tuvieron plena conciencia de que el Sr. Martínez Martínez y el Sr. Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, (así que por [ahí] vendrá la mordida)" dice el escrito refiriéndose a una frase incluida en una de las conversaciones que mantuvieron el exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes y el financiero Roberto Roselli.

Y añade que eso "fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener" Julio Martínez y Rodríguez Zapatero.

Martínez Sola asegura, asimismo, que Plus Ultra pagó el 1% del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros, a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe, vinculadas todas ellas a Martínez Martínez.

La firma de este contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, agrega el presidente de Plus Ultra, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", y estipulaba este 1% del total más IVA.

La cifra pagada a las tres sociedades, "junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados a Julio Martínez Martínez por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros, es decir, un 1% de los 53 millones", apunta en el escrito.

"El citado 1% por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL, 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL", desgrana en el escrito.

El presidente de la aerolínea explica que el primer contacto con Zapatero se produjo mediante una llamada tras contactar por teléfono con el empresario venezolano Manuel Fajardo.

Fue esta persona, dice en el escrito, quien le dijo que Zapatero "podría ayudarle" a acceder "a un crédito o ayuda pública" que mitigase la mala situación financiera de la compañía fruto del Covid-19.

El 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada de José Luís Rodríguez Zapatero a través de un número oculto, que duró diez minutos y en la que el empresario trasladó al expresidente "la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO", ya que "en ese momento todavía no existía ni se conocía el –más tarde denominado– Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas".

Zapatero "manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas", precisando que "de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

"En dicha conversación con D. José Luis Rodríguez Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones", añade el escrito, que relata cómo fueron las gestiones siguientes, centradas luego en la obtención de las ayudas de la SEPI.

Afirma Martínez Sola que no conoció presencialmente a Zapatero hasta 2024, en el Hotel Santo Mauro de Madrid, "aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios".

«Negras tormentas agitan los aires», que dice la cancioncita. En una semana, dos tantos para la ultraderecha allende la mar océana. En Colombia, Espriella —esa calcomanía de Bukele— le ha ganado la segunda vuelta a Iván Cepeda, el candidato apoyado por Gustavo Petro. La receta, calcada: macrocárceles, megaliberalizaciones, una escasa melenilla embetunada y la barba perfilada con escuadra y cartabón. Y viendo que los parces le robaban el protagonismo en la prensa internacional, los peruanos han hecho la de «sujétame el pisco»: Keiko Fujimori, presidenta. Como papá, el de las matanzas, los secuestros y las esterilizaciones forzadas. Viéndolo por el costado optimista, peor no lo puede hacer.

Uno se pregunta qué lleva a los pueblos, una y otra vez, a escoger al líder más malvado. No a uno que te sale rana, sino al que hace campaña vestido de malo de James Bond. Ding, ding, ding: en una esquina del cuadrilátero, el etéreo temor a que vengan los rojos; en el otro, la orgullosa primogénita de un fulano encarcelado por crímenes de lesa humanidad. ¡Habla, pueblo, habla! Mecachis: nunca el susto, siempre la muerte.

En nuestro vecindario, los laboristas defenestran a su premier, a ver si los dioses les aceptan el sacrificio y contienen a los bárbaros desdentados que encabeza Farage. Vuelve la burra al trigo: una década de catástrofe a causa del Brexit —el PIB les ha menguado seis puntos— y los esforzados hijos de la Gran Bretaña deciden hacerle ojitos al prócer que orquestó aquella campaña tramposa y necia. Tampoco es que esperara mucho de la buena gente que reeligió dos veces a Thatcher, pero se ve que conservo la capacidad de asombro.

En el condominio de las Españas, ríete tú de la cochambre internacional. Extra, extra, han condenado a Ábalos, ¡y eso que siempre saludaba! También a Koldo (esbirro y compinche), pero no a Aldama, célebre mangante («corruptor», quiero decir), al que sus señorías han premiado el desembuche con cuatro añitos homeopáticos y servicios a la comunidad. No habrán querido truncarle la carrera de tertuliano, qué se yo.

Será el calor, pero esta olla de duelos y quebrantos me tiene empachado. Para los unos, que un ministro compre en el economato es peccata minuta. «¿Acaso no ves cómo la judicatura anda hostigando a la novia y al hermano del presidente?». Para los otros, como a Ábalos lo han cogido con el carrito del helado, todo lo que se le impute al PSOE se da por comprobado. El argumento, fíjense, lo compran hasta los fantasmones del partido. Dijo González —el de Filesa, el de Roldán— que Zapatero debería devolver las joyas y Sánchez convocar elecciones. Lo dice el tío que no tuvo reparos en salir de vacaciones a bordo del Azor, el barco de Paquito. Poco ha dicho, sin embargo, sobre las intolerables filtraciones de la investigación sobre Zapatero. Calama tendrá el pelo blanco, pero todavía no se ha enterado de lo que ocurre cuando le ofreces datos confidenciales a las acusaciones populares. «Ups, ¡perdoncito!».

Así las cosas, el parlamento ha aprobado una moción de confianza de mentirijilla. «Señor presidente, pregúntenos usted qué opinamos de usted». Por la banda del hemiciclo se ha visto calentar a un delantero miope. Con medio equipo tullido y el portero con lipotimia, ha enfilado el punto de penalti. Parando el balón, y tras girarse hacia su afición, ha vociferado: «Sigo sin ser presidente… ¡porque no quiero!».

La corrupción es el desagüe por el que se pierde el sistema, una cloaca oscura y subterránea que nos aleja de poder nombrarnos un Estado decente. O una democracia madura. A más corrupción, más tercer mundo político. Lo dijeron hace unos meses, se escribió palabra por palabra: la corrupción cero no existe. Parece que ya no es ni una aspiración primera. El margen de error del oficio: un caso aislado. Dos. Tres. Cuántos no lo convierten en una epidemia. 

Una se imagina a alguien que, súbitamente, tiene su poder y está en un despacho. Y, un día, no consigue evitarlo, una luz verde parpadea y le indica el camino de la tentación. El político, que algo trae dentro que no lo da solo el cargo, decide pasar por encima de todos los códigos éticos, la moral duerme o se apaga, hace unas llamadas, mete las manos en el cajón de lo común, se lucra y se dice a sí mismo: pero qué fácil ha sido. Y también, y aquí está la enajenación segunda: a mí no me van a coger. Porque yo soy más listo que otros. 

¿Más perspicaz que el sistema? ¿Que la justicia? ¿Que el resto de ciudadanos? 

A mayor poder, más grande la corrupción. Intenta una no creer que sea la prueba del Dictum de Acton: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Según la Real Academia Española, la palabra corrupción es sinónimo de putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, fermentación. Significa deterioro de valores, usos y costumbres. En las organizaciones públicas significa utilización indebida o ilícita de las funciones en provecho de sus gestores. Significa diarrea y descomposición. A la corrupción política todo le encaja: hay algo que huele fatal. 

Dónde comienza la purga que devuelva la confianza. Dónde los obstáculos para lo que parece inevitable. ¿Más transparencia? ¿Mejores salarios para los cargos? ¿Qué más quieren? ¿Más control? ¿Un test ético o científico previo para el que va a manejar lo público?

Decía Rafael Chirbes en Crematorio: “La economía, que tan visible nos parece, tan escandalosa, es solo el decorado, el telón de boca que tapa el escenario por el que se mueve un animal sigiloso, invisible, tan inaprensible que ni siquiera tiene nombre, porque no es poder, aunque participe de él; no es el dinero, aunque se nutra de él; ni es el prestigio, aunque tenga su incorporeidad. Es el eje en torno al cual gira la gran rueda”.

Hay un párrafo en la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado contra el ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama donde los jueces advierten: “Su efecto más grave (de la corrupción) es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”. Y termina avisando de que la corrupción compromete la estabilidad del propio sistema. 

Pocas cosas duelen más que la irrecuperable pérdida de confianza. Solo se rompe una primera vez. Tira gobiernos, destruye la relación más sólida como una carcoma. Una intenta volver hacia atrás, a la era de la ingenuidad, de la fe, y ya no es posible nunca más. En la política y en el amor, hay traiciones que devastan relaciones. La revelación de la corrupción es ese día en el que eres consciente del desenamoramiento, es el clic que te impulsa y te saca una casa, es lo que te impide volverles a votar. 

Al otro lado, alguien todavía no lo entiende: pero por qué te vas.

El juicio por la contratación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado este martes visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas que piden de forma unánime la absolución para los once acusados.

En el derecho a la última palabra, que David Sánchez ha declinado ejercerla, el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que "la única culpabilidad" de los once acusados es "no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares", entre las que figuran las del PP, Vox y HazteOir.

A juicio de Gallardo, para quien se piden hasta seis años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, las acusaciones populares no tenían interés en lo que pasaba en el plenario, pues solo han buscado "el juicio mediático paralelo".

"Han ganado el juicio socialmente", ha agregado. 

En ampliación

No hace falta ser jurista para leer tres autos del mismo juez y notar que uno de ellos está construido de otra manera. Hace falta, eso sí, tomarse el trabajo de leerlos. He leído íntegramente el auto del 18 de mayo de 2026 por el que el magistrado José Luis Calama imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra,[1] y lo he comparado con otros dos autos suyos: el del caso Banco Popular, de 2024, y el de una trama de fraude de hidrocarburos, de 2021.[2][3] Los tres investigan delitos económicos complejos. Los tres son obra del mismo instructor. Pero solo uno de ellos hace tres cosas que los otros dos evitan cuidadosamente. Este artículo trata de esas tres diferencias, y de la única pregunta que importa: por qué.

Conviene decir desde el principio qué no sostengo. No sostengo que Zapatero sea inocente ni culpable: eso corresponde a los tribunales, y la causa tiene recorrido. No sostengo que el documento sea falso: tiene Código Seguro de Verificación válido en la sede de la Administración de Justicia y está firmado electrónicamente por el juez y la letrada. Tampoco afirmaré que lo redactó una máquina, porque no puedo probarlo. Sostengo algo más limitado y, creo, más difícil de rebatir: que este auto se aparta del método que el propio Calama aplica cuando construye una imputación sólida, y que esa diferencia merece una explicación que el expediente público no ofrece.

Un auto de instrucción razona hacia adelante: expone los indicios y, a partir de ellos, concluye. El auto de 2021 lo hace de manera de manual. Antes de afirmar nada sobre nadie, enumera su base probatoria: los informes periciales de la Agencia Tributaria con sus fechas exactas y veinte atestados de la Guardia Civil identificados uno por uno con su número.[4] Solo después, sobre ese cimiento, construye las conclusiones.

El auto del Banco Popular, de 2024, es aún más escrupuloso. Es un documento de 83 páginas sobre una de las materias más técnicas que existen: la contabilidad de una entidad financiera bajo supervisión del Banco Central Europeo; y dedica sus primeras páginas íntegramente a explicar la normativa aplicable antes de entrar en un solo hecho. Su primer fundamento se titula, literalmente, «breve exordio», y habla con prudencia de «una certeza provisional».[5] Es la voz de un juez que sabe que las conclusiones se ganan, no se anuncian.

El auto de Zapatero hace lo contrario. Su primer párrafo de fundamentos jurídicos (la primera frase, antes de cualquier indicio) ya contiene la conclusión:

«Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha [...] permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias.»[6]

Lo que sigue durante las siguientes cincuenta páginas no son los indicios de los que se deduce esa conclusión: son la ilustración de una conclusión ya tomada. La diferencia parece sutil y no lo es. Un instructor que concluye primero y busca después no está investigando: está sosteniendo una tesis. Y un juez que en 2021 y en 2024 colocó las pruebas antes que el veredicto sabe perfectamente cuál de las dos cosas está haciendo.

Hay en el auto una frase que, a mi juicio, es la más reveladora de todas. Al llegar al punto en que debe explicar en qué consiste exactamente el liderazgo de Zapatero sobre la supuesta trama, el instructor escribe:

«José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas.»[7]

Léase despacio, porque el mecanismo es notable. El auto reconoce que no hay prueba formal ni pública del liderazgo, y a continuación convierte esa misma ausencia de prueba en confirmación de la astucia del investigado: no aparece porque es lo bastante hábil para no aparecer. Es un razonamiento que se blinda contra cualquier refutación posible. Si no hay rastro, es porque el líder sabía borrarlo. Cuanto menos se encuentra, más se confirma la hipótesis.

Eso no es un indicio. Es lo que en lógica se llama una petición de principio: dar por probado lo que había que probar. Y no es el modo en que Calama trabaja en sus otros autos. En el de 2021, cuando describe al segundo de la organización, no deduce su papel de la ausencia de pruebas: lo ancla en sus cargos societarios concretos, en las órdenes que transmitió y en los atestados que las documentan. La ley penal exige precisamente eso, indicios plurales, concluyentes y razonados,[8] no la deducción de que alguien es culpable porque es demasiado listo para parecerlo. No soy el único que lo ha advertido: la misma observación la hizo, desde la lectura periodística, el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.[9]

La tercera diferencia es la más fácil de medir, porque se cuenta. El caso Plus Ultra investiga si hubo tráfico de influencias en el rescate de una aerolínea. El caso Koldo es un procedimiento distinto, instruido por un tribunal distinto, el Tribunal Supremo. Son dos causas separadas.

En el auto de Zapatero, sin embargo, el caso Koldo aparece por todas partes. El nombre de Ábalos figura quince veces; el de Koldo, siete; hay referencias al «Delcygate» y una sección dedicada a un comisario cuya tarjeta de visita se encontró en las oficinas de Plus Ultra. Nada de esto se conecta causalmente con Zapatero ni con el rescate. Simplemente está ahí, mezclado con el objeto de la causa.

Para que se vea la magnitud de la anomalía, basta contar lo mismo en los otros dos autos:

En 2021, una trama con más de veinte investigados y siete sociedades: ninguna mención a causas ajenas. En 2024, la contabilidad del Banco Popular con todo el aparato del Banco Central Europeo: ninguna.[10] En 2026, un auto saturado de material de otro procedimiento. El mismo juez que durante años mantuvo herméticamente separados los objetos de sus causas, en esta los mezcla.

A las tres diferencias de método se añade un problema que no es de estilo sino de aritmética. El indicio económico más concreto del auto, el que conectaría el dinero con la influencia, es un presunto pago al director del fondo público que gestionó el rescate. El rescate de Plus Ultra se aprobó el 9 de marzo de 2021. El director de ese fondo fue nombrado el 17 de agosto de 2021, cinco meses después.[11] No se puede influir sobre quien decide un rescate a través de alguien que aún no ocupaba el cargo cuando el rescate se decidió. La secuencia temporal, comprobable en registros públicos, invalida el indicio. El auto no la aborda.

Conviene recordar, además, que ese rescate ya había pasado por dos filtros que no encontraron irregularidad: el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.[12] No es terreno virgen: es una decisión administrativa examinada y avalada, sobre la que ahora se construye una hipótesis de organización criminal liderada por un expresidente.

Llegamos a lo esencial. Las tres diferencias no son interpretables: están en los documentos y se pueden verificar. Lo que sí admite interpretación es su causa. Caben, razonablemente, tres explicaciones, y conviene examinarlas sin descartar ninguna de antemano.

Podría pensarse que Plus Ultra es sencillamente más complicado y que eso explica las costuras. No se sostiene. El auto del Banco Popular es, técnicamente, mucho más complejo (contabilidad bancaria, normativa europea, estructuras en Luxemburgo) y es justamente el más cuidadoso de los tres. Si la complejidad produjera anomalías, el Banco Popular debería ser el peor, no el mejor. Es al revés.

Calama recibió el caso por inhibición en marzo de 2026 y dictó el auto en mayo.[13] Dos meses para un asunto que llevaba años en otro juzgado. La prisa explicaría bien algunas cosas: tomar el informe policial y volcarlo sin depurarlo, lo que arrastraría el material del caso Koldo, anteponer la conclusión, no detectar la contradicción de fechas. Es la explicación más benévola y probablemente recoge una parte de verdad. Pero deja intacta una pregunta incómoda: ¿por qué un juez que en 2021 dedicó tres años a levantar un auto sólido sobre una trama equivalente se conformó esta vez con dos meses y un resultado mucho más débil, tratándose nada menos que de la primera imputación a un expresidente del Gobierno en democracia? La prisa, cuando es elegida, también es una decisión.

La tercera explicación no la afirmo; la dejo formulada, porque los hechos la hacen pertinente y ocultarla sería deshonesto. El auto se dicta en una semana muy concreta: la misma en que un informe de la Guardia Civil vacía de contenido el caso contra Begoña Gómez, la misma en que arranca en Badajoz un juicio donde la propia Fiscalía pide la absolución del hermano del presidente, los mismos días de un resultado electoral incómodo para la oposición. Que el auto más débil metodológicamente de los tres aparezca con ese encaje de calendario es un hecho. Que ese hecho pruebe una intención es algo que no afirmo y que, con la información pública disponible, nadie puede afirmar. Pero la coincidencia existe, y un análisis honesto la nombra en lugar de esconderla.

La firma electrónica del juez convierte estas tres anomalías en responsabilidad suya, con independencia de cómo se redactara el documento o de qué herramientas se emplearan en su confección. Quien firma, responde. Y lo que ha firmado se aparta de su propio método en las tres dimensiones que distinguen una imputación fundada de una afirmación de culpabilidad anticipada.

No pido que se crea mi conclusión. Pido algo más modesto y más exigente: que cualquiera coja los tres autos (los dos de CENDOJ son públicos y el tercero ha circulado en la prensa) y los lea en paralelo. La diferencia salta a la vista en la primera página de los fundamentos de cada uno. A partir de ahí, la pregunta de por qué este auto no se parece a los suyos deja de ser una opinión y se convierte en lo que de verdad es: una cuestión que el instructor, o el tribunal que revise su decisión, tendrá que responder. Mientras tanto, la presunción de inocencia no es un tecnicismo que proteja a un expresidente: es lo que nos protege a todos de que la ausencia de pruebas pueda presentarse, algún día, como la prueba más concluyente.

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Daniel Valverde Ríos es ingeniero técnico por la Universidad de La Laguna (ULL) y Project Manager por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

[1]Auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional (mag. José Luis Calama Teixeira), Diligencias Previas 0000077/2024, 18 de mayo de 2026, 85 páginas. Firmado electrónicamente por el magistrado (17:46) y la letrada de la Administración de Justicia, Ana Isabel Meras Santiago (17:54). Dos copias contrastadas para este análisis: la difundida por The Objective y la difundida por El País (esta última precedida de la cédula de citación, que por su naturaleza administrativa firma solo la letrada). El contenido y las firmas del auto coinciden en ambas. El documento tiene Código Seguro de Verificación válido en administraciondejusticia.gob.es.

[2]Auto AAN 3685/2021 (ECLI:ES:AN:2021:3685A), Juzgado Central de Instrucción n.º 4, Diligencias Previas 0000051/2018, 7 de junio de 2021. Ponente: José Luis Calama Teixeira. Causa por organización criminal, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo (trama de hidrocarburos). Fuente: CENDOJ. 36 páginas.

[3]Auto AAN 2395/2024 (ECLI:ES:AN:2024:2395A), Juzgado Central de Instrucción n.º 4, Diligencias Previas 000042/2017, 4 de marzo de 2024. Ponente: José Luis Calama Teixeira. Causa por falsedades societarias y administración desleal (caso Banco Popular). Fuente: CENDOJ. 83 páginas.

[4]Auto AAN 3685/2021, Antecedente de Hecho SEGUNDO: la base probatoria se enumera antes de cualquier conclusión, citando los informes periciales de la AEAT (de fechas 10.10.2020 y 6.11.2020) y veinte atestados de la UCO identificados por número (142/2018, 56/2019, 59/2019, 63/2019, 67/2019, 72/2019, 95/2019, 139/2019, 153/2019, 192/2019, 223/2019, 14/2020, 43/2020, 29/2020, 63/2020, 97/2020, 103/2020, 104/2020, 105/2020 y 112/2020).

[5]Auto AAN 2395/2024 (Banco Popular), Fundamento de Derecho PRIMERO: «Breve exordio sobre el contenido de esta resolución. Tras una laboriosa y compleja instrucción, hemos alcanzado una certeza provisional sobre cómo ocurrieron los hechos sujetos a nuestra investigación». El Fundamento SEGUNDO dedica siete páginas a la normativa contable aplicable (Circulares 4/2004, 2/2012 y 6/2012 del Banco de España) antes de analizar hecho alguno.

[6]Auto de 18 de mayo de 2026, p. 7, primer párrafo de los Fundamentos de Derecho. La cita es literal.

[7]Ibíd., p. 56, sección de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La cita es literal.

[8]Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 779.1.4.ª: la transformación en procedimiento abreviado exige que existan «indicios racionales de criminalidad». La jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, STS 234/2017) exige que los indicios sean «plurales, concluyentes y debidamente razonados».

[9]Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, llegó a una conclusión equivalente desde la lectura periodística del auto el 20 de mayo de 2026: el instructor «ya da por demostrado el liderazgo del imputado en la organización criminal sin aportar indicio alguno», y reitera la conclusión «con una frecuencia impropia».

[10]Recuento de menciones a elementos del caso Koldo (procedimiento independiente instruido por el Tribunal Supremo) en cada auto: auto de 2021, cero; auto de 2024, cero (la única coincidencia textual, «Informe Aldama», se refiere al informe británico de gobierno corporativo de 1998, sin relación con Víctor de Aldama); auto Zapatero de 2026: «Koldo» 7 veces, «Ábalos» 15 veces, «Delcygate» 2 veces, además de una sección entera dedicada a un comisario cuya tarjeta se halló en Plus Ultra.

[11]El Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra (53 millones de euros, fondo FASEE de la SEPI) el 9 de marzo de 2021. Julián Mateos-Aparicio fue nombrado director del FASEE el 17 de agosto de 2021 (Europa Press). El indicio que el informe policial vincula a un presunto pago a ese director se refiere a una decisión —el rescate— adoptada cinco meses antes de que el cargo existiera.

[12]El rescate de Plus Ultra superó el control del Tribunal de Cuentas (archivo de la denuncia de Ciudadanos en 2021, sin apreciar responsabilidad contable) y el aval del TJUE sobre el fondo FASEE (sentencia de junio de 2024).

[13]Calama asumió la instrucción del caso Plus Ultra en marzo de 2026, tras la inhibición del Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid. El secreto de las actuaciones se levantó el 19 de mayo de 2026, un día después de la fecha del auto. La declaración de Zapatero, inicialmente fijada para el 2 de junio, se pospuso al 17 y 18 de junio de 2026.

Las acusaciones populares de Vox, PP y HazteOir han elevado su petición hasta seis años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por los delitos de prevaricación administrativa en concurso medial y tráfico de influencias.

En el turno de exposición de sus respectivos escritos de conclusiones, las acusaciones han elevado significativamente sus peticiones iniciales, que eran de tres años para cada uno de esos dos acusados.

Manos Limpias no ha introducido algunos cambios sobre su escrito inicial de calificación, por lo que mantiene su petición de tres años para David Sánchez, pero la rebaja a año y medio para Gallardo ya que el delito de aceptación de nombramiento ilegal —que supone multa, no prisión— dirigido a David Sánchez quedó prescrito, tal como al inicio del juicio aceptó el tribunal.

A la petición del PP, seis años para David Sánchez y cuatro para Gallardo, se ha sumado Vox y Liberum, mientras que la solicitud de pena expuesta por HazteOir, en los mismos términos que la anterior, ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Los seis años de prisión tanto para el hermano del presiente del Gobierno como para el extitular de la Diputación vienen dados por los dos años por cada uno de los tres supuestos penales objeto del juicio.

En concreto, la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez, la modificación de nomenclatura del citado puesto (de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) y por el contrato de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente.

Para Luis Carrero, al que considera autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor, se piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre 9 y 10 años.

En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige HazteOir.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

Tras conocer esas nuevas peticiones, las defensas han alegado que las conclusiones de las acusaciones —a excepción de la de Manos Limpias— suponen una modificación de la calificación jurídica de los hechos que atenta contra el derecho a la tutela efectiva y supone una indefensión para sus representados.

Tras un receso para abordar esta cuestión, el tribunal ha rechazado la alegación de la defensa al considerar que no hay modificaciones de los hechos, aunque sí podrían darse valoraciones distintas en cuanto a los delitos.

No obstante, ha indicado que las defensas pueden elevar sus consideraciones durante la presentación de las conclusiones definitivas, prevista para los días 8 y 9 de este mes.

La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone "una investigación prospectiva"

"La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.

En su intervención, ha subrayado "la inspiración de signo político" de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía "el abultado patrimonio" de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa.

De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con "la trama de Aldama", en cuyo proceso, "curiosamente, no aparece David Sánchez".

"Es todo pura invención y mentira; una falacia", ha elevado Emilio Cortés. "No levante el tono de voz", le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.

Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de "una investigación prospectiva", lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial. Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.

Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos —la UCO analizó varios miles de mensajes—, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen "hallazgos casuales" que tampoco sustentan indicio alguno.

Bajo estos mismos parámetros, Juan José Torres, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido que la sala considere la nulidad parcial al considerar que el auto de apertura de vista oral incluye presuntos hechos delictivos de su defendido sobre los que no se le tomó declaración en la fase de instrucción.

En concreto, ha hecho referencia al proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el cual fue adjudicado a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

A Gallardo, ha dicho su letrado, no se le tomó declaración en relación a esta acusación, la cual “no estaba incluida” en el auto de apertura del juicio.

Tras citar distinta jurisprudencia, Torres ha subrayado la obligación del instructor de tomar declaración a la persona investigada por los hechos objeto de acusación.

"Nadie puede ser llevado a juicio oral” sin ser preguntado en fase de instrucción, ha agregado en referencia al citado proceso del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Las acusaciones populares, que sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé", han declinado presentar cuestiones previas.

Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y 11 investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.

Las acusaciones particulares en el juicio a David Sánchez han expresado su rechazo a las cuestiones previas planteadas por las defensas, como la nulidad parcial del auto de apertura del mismo y la falta de tutela judicial, al entender que suponen "un auténtico dislate", pues estas ya fueron rechazadas tanto por la jueza instructora como por la Audiencia de Badajoz.

Tras la intervención de los letrados de los 11 investigados, que han planteado otras cuestiones, como la prescripción de delitos para algunos de ellos y una instrucción "prospectiva" que partió de un delito fiscal y que ha derivado en prevaricación, los letrados de las siete acusaciones populares (HazteOir, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias, PP y Vox) han expuesto este jueves sus opiniones a las mismas.

Respecto a dicha "investigación prospectiva", lo que atenta —según las defensas— al derecho fundamental de tutela judicial, las acusaciones han recordado que también existe el concepto de "cristalización progresiva" de la investigación judicial.

En relación con la petición del letrado del expresidente de la Diputación de Badajoz de nulidad parcial, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha afirmado que "no es un delito aislado".

A Gallardo no se le tomó declaración, según ha dicho el abogado de este, Juan José Torres, sobre el proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, otra de las piezas de acusación de este juicio. "Está relacionado", ya que este puesto recayó en Luis Carrero, también investigado y amigo personal de David Sánchez, ha apuntado Bueno.

Las defensas también habían planteado al inicio de la vista de que no tiene sentido de que algunos de los acusados estén sentados en el banquillo por supuestos indicios, mientras que otras personas que fueron objeto de pesquisas, en referencia al que fuera diputado de Recursos Humanos de la Diputación Antonio Garrote, no figuran como investigados.

Esta reflexión viene enmarcada en el criterio de las defensas de que la jueza instructora Beatriz Biedma ha evitado de que el proceso pasara al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues Garrote estaba aforado durante la fase final de la instrucción.

"La imputación depende de las acusaciones, no de las defensas", ha afirmado el abogado de HazteOir, Javier María Pérez Roldán, quien, además, ha recordado que el Ministerio Fiscal tampoco consideró acusar a Garrote y ha defendido la imparcialidad tanto de la jueza instructora como de la Audiencia pacense.

En un tono muy crítico, Marta Castro, abogada de Vox, ha afeado a las defensas por querer eliminar cualquier relación del proceso de creación de la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación y la adjudicación de la misma a David Sánchez con el PSOE.

"¿Cómo que no tiene nada que ver Pedro Sánchez en todo esto?", se ha preguntado Castro, para quien en estos hechos "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

En su exposición, el Ministerio Público se ha adherido a la cuestión previa planteada por el abogado de Gallardo y ha planteado que "la aceptación de nombramiento ilegal", si así se demuestra y en referencia a David Sánchez y el puesto de coordinador, es un delito leve y que ha prescrito.

La fiscal Begoña García Boró ha considerado que no hay falta de tutela judicial sobre los investigados, ve legítima las bases sobre las que las acusaciones sustentan el delito de prevaricación, pero no el de tráfico de influencias.

Al final de la vista de este jueves, el Tribunal ha remarcado su imparcialidad tras los planteamientos de recusación que ya elevaron las defensas.

Asimismo, ha anunciado que el próximo lunes, 1 de junio, dará a conocer su resolución a las cuestiones previas elevadas, por lo que este viernes no habrá sesión.

Manos Limpias ha afirmado que “no hay ni un solo correo, llamada o injerencia” directa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la contratación de su hermano por parte de la Diputación de Badajoz.

Tras finalizar la primera sesión del juicio por este contrato, el abogado de Manos Limpias ha afirmado que el Tribunal actuó bien al desunificar las siete acusaciones populares personadas en la causa, las cuales actuaron como una sola durante la fase de instrucción.

Sin embargo, y con motivo del inicio del juicio, la Sala decidió la disolución de la acusación popular que hasta ese momento representaba Manos Limpias y que agrupaba también a HazteOir, Vox, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa y PP.

Bueno ha reconocido discrepancias, por ejemplo con Vox, cuya letrada Marta Castro ha apuntado que en los hechos que aquí se juzgan "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

Bueno ha afirmado que nadie va a dar lecciones a Manos Limpias en ser beligerante con Pedro Sánchez, cuyos problemas judiciales "se basan en denuncias” de esta entidad “a las que luego se han sumado otros si la cosa sale bien”.

“Manos Limpias es defensora del principio de legalidad, y en esta causa, y por mucho que Vox quiera plantear lo contrario por intereses electoralistas, el nombre de Pedro Sánchez no aparece en ningún sitio, pues no hay ni un solo correo, ni una sola llamada ni una sola injerencia”, ha dicho.

A juicio de Bueno, David Sánchez, "por supuesto, fue un beneficiado de la Diputación de Badajoz dirigida por el expresidente provincial Miguel Ángel Gallardo". "Probablemente —ha añadido— por ser hermano de quien es, pero no a causa de su hermano... lo que es algo distinto”.

Esta cuestión “no quiere decir que Manos Limpias cambie o sea defensora de Pedro Sánchez, sino que es defensora de la legalidad”.

También a su salida de la sede judicial, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha manifestado que las defensas de los 11 investigados en la causas “tienen miedo a que se celebre el juicio y se vea la verdad", tras conocer que estas han llegado a pedir la nulidad parcial de las actuaciones.

Las defensas de los acusados no han realizado declaraciones.

Casi dos meses después de su arranque en la Audiencia Nacional, el juicio de la operación Kitchen ha entrado este miércoles en su fase final con las declaraciones de los acusados. El primero ha sido el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien solo ha respondido a las preguntas de su abogado. A lo largo de dos horas, el ex número dos del Ministerio del Interior ha calificado como "denominación periodística" la Kitchen, supuesta operación parapolicial para evitar que información comprometedora para el PP pudiera terminar aportada al caso Gürtel. Y ha negado haber encargado localizar los "discos duros" del extesorero Luis Bárcenas. Es más, ha dicho que no había preocupación por ellos. Ni suya ni de su jefe, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien ha evitado poner en la picota.

Al ex secretario de Estado de Seguridad le arrastraron a la causa, fundamentalmente, las declaraciones en fase de instrucción de Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, que es la que realizó el grueso de los seguimientos a la familia Bárcenas. El Gordo, así le llamaban, aseguró al instructor que fue Martínez quien le encargó buscar los discos duros del extesorero con la "contabilidad" del PP, sobre los que existía preocupación. Y que a él le entregó en su despacho un "pendrive" con el contenido de un volcado que se hizo de varios dispositivos del extesorero, un dispositivo que le dio junto con un ordenador.

Martínez ha negado tajantemente haber dado tal orden a García Castaño: "Radicalmente no. Además, creo que eso de los discos duros de Bárcenas es una leyenda mediática. [...] No solo es falso, sino que es una fantasía", ha resaltado frente al tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios. Es más, ha dicho que "jamás" percibió "interés o preocupación" por "discos duros y contabilidades". "Y, por supuesto, jamás del ministro", ha completado. Y lo mismo respecto a las famosas grabaciones que Bárcenas asegura que tenía sobre, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Lo que yo percibía era que eso no se creía e, incluso, hasta se bromeaba con ello. Nadie me transmitió jamás ninguna preocupación por haber sido grabado por Bárcenas. Y, desde luego, nunca me la transmitió el ministro", ha aseverado.

La relación entre Martínez y Fernández Díaz lleva años muerta. Sin embargo, ambos han remado en la misma dirección durante el juicio. Una línea de defensa conjunta que se ha mantenido hasta el final. Durante su comparecencia, el ex secretario de Estado ha evitado en todo momento referirse a las comunicaciones que protocolizó en 2019 ante notario, unos mensajes que él dijo que le mandó su jefe y que evidenciarían que el mismo estaba al tanto de toda la operación policial sobre el entorno de Bárcenas. Aquellas comunicaciones, que en fase de juicio ha decidido guardar en un cajón, son, precisamente, las que más persiguen a Fernández Díaz en la causa. Y las que en fase de instrucción provocaron un tenso careo entre jefe y subordinado.

El ex secretario de Estado, sin salirse un milímetro de la línea de defensa marcada, ha vestido la Kitchen como una suerte de operación de inteligencia legal orientada a "descubrir" si el extesorero conservador disponía de más fondos en el extranjero y de si había "más personas" implicadas "a modo de testaferros". En este sentido, ha dicho que entiende que toda la información recopilada de "interés" era trasladada a la Policía Judicial, que era donde, a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se investigaba Gürtel. Ahora bien, ha dejado claro que no era su cometido saber si ese intercambio de datos se estaba produciendo. No obstante, ha resaltado: "Presumo que todos actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad, y no tenía ninguna razón para cuestionarlo".

Ha dicho que se enteró por su jefe el 13 julio de 2013 de que alguien cercano a Bárcenas estaba colaborando con la Policía Nacional, algo que confirmó a través del ex director adjunto operativo Eugenio Pino y traslado al ministro del Interior. Pero poco más. "Yo no tenía ni la más remota idea de esto", ha lanzado Martínez. Y ha querido dejar claro que él nunca ordenó "investigaciones sobre nada". De esta manera, ha negado que mandara registrar el local de Rosalía Iglesias, sobre el que también existía "una leyenda mediática". O que García Castaño le informara sobre el resultado de esa entrada, que según reconoció en sede judicial realizó él mismo.

También ha rechazado que diera orden de clonar los teléfonos del extesorero, cuyo volcado ha sido confirmado por dos agentes de la UCAO. Y, por supuesto, que recibiera el contenido de los mismos. Efectivamente, ha dicho, García Castaño y sus colaboradores acudieron en su día a la Secretaría de Estado de Seguridad con un ordenador que pusieron a su disposición. Ahora bien, ha señalado que el contenido del mismo no tenía absolutamente nada que ver con la Kitchen. "Tenía información de un asunto secreto del ámbito internacional. Como estaba en varios idiomas, me habilitaron una herramienta", ha resaltado.

Del mismo modo, ha negado que él ordenara que se pagara a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y colaborador policial que facilitó la Kitchen, con cargo a los fondos reservados. Al fin y al cabo, ha explicado, él solo daba luz verde a las cifras globales que luego se repartían entre Policía y Guardia Civil. "La cantidad que se le pagaba era la que el manipulador del confidente consideraba que era la adecuada. En eso no solo ni entraba ni podía entrar, es que lo desconocía absolutamente", ha dicho el ex secretario de Estado, quien ha señalado que "nunca" escuchó ni a El Gordo ni al comisario jubilado José Manuel Villarejo "hablar de nada ilegal".

El juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional encara ya la recta final. Tras mes y medio escuchando testimonios, revisando documentos y repasando declaraciones judiciales y audios, los diez acusados deberán sentarse ahora frente al tribunal para dar su versión del supuesto operativo parapolicial sobre el extesorero Luis Bárcenas articulado con el fin de evitar que información comprometedora para el PP acabara en el caso Gürtel. El primero en hacerlo será el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y luego, quien fuera su jefe, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Ambos llevan enfrentados entre sí desde hace años. Pero durante el juicio han mantenido prietas las filas. Una estrategia defensiva común que las acusaciones dan por hecho que se mantendrá en esta última fase de la vista oral. "Todos de la mano", lanzan.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno de Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias, que se extendieron fundamentalmente entre julio y octubre de 2013, están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes policiales elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado durante el juicio que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para la formación conservadora y sus máximos dirigentes en Gürtel. Según el relato que han ido hilvanando, fue una "operación policial justificada y totalmente legal" para buscar cuentas bancarias en el extranjero que pudiera tener Bárcenas.

Una tesis que, sin embargo, ha sido puesta en entredicho por algunos testimonios recogidos en el juicio. Enrique Barón, quien fuera durante aquella época el mandamás de la Comisaría General de Información –en la que se encuadraba la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que hizo el grueso de seguimientos–, aseguró que nunca recibió ninguna solicitud de apoyo para actuar sobre el entorno de los Bárcenas ni de la Comisaría General de Policía Judicial ni de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que jerárquicamente se ubica bajo la primera y que era la que llevaba la investigación del caso Gürtel.

Un testimonio al que se suma el de Manuel Morocho, inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF e investigador principal de la trama corrupta, quien aseguró que nunca le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" procedente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que entonces lideraba el comisario Eugenio Pino, ni nunca pidió apoyo a la UCAO para sus pesquisas. De hecho, aseguró que él se enteró de esa operación en 2015 –dos años después de llevarse a cabo–, cuando la cúpula policial registró la Kitchen en GATI, el fichero de inteligencia que realiza cruces entre investigaciones. Un movimiento con el que se buscaba, sostiene Anticorrupción, "enmascarar" el espionaje.

Algo de oxígeno dio a los acusados José Santiago Sánchez Aparicio, quien fuera comisario general de Policía Judicial y, por tanto, máximo responsable de la UDEF y de Morocho. En su declaración como testigo, dijo que cuando tomó posesión del cargo, Pino le informó sobre una operación de inteligencia sobre el entorno de Bárcenas. Él preguntó a sus subordinados si tenían constancia de ello, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se reunió con el director adjunto operativo y el jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien le explicó que se había iniciado dicha "línea de investigación" pero que, al final, no se había desarrollado.

Un problema de salud libró García Castaño de sentarse en el banquillo de los acusados. Pero lo que dijo en fase de instrucción ha marcado las últimas sesiones del juicio. Sus declaraciones, reproducidas ante el tribunal de la Kitchen, ponen el foco, fundamentalmente, sobre el ex secretario de Estado de Seguridad. De hecho, fueron las mismas las que acabaron provocando la imputación de Martínez. Y cuentan con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que las utilizaba en su escrito de acusación –en el que, además, tenían en cuenta la "colaboración tardía" del comisario jubilado–.

Según la declaración de El Gordo, a él le hicieron varios encargos. Uno de ellos, que partió de Pino, estaba orientado a conseguir información sobre el patrimonio en el extranjero que pudiera tener Bárcenas. Pero luego Martínez introdujo un "plus" del que, aseguró durante sus comparecencias ante el instructor, también tuvo conocimiento el ex director adjunto operativo. El ex número dos de Interior le dijo que existía "preocupación" por unos "discos duros" que se habría llevado el extesorero con la "contabilidad". "Y todo lo que hacía en el partido: pagos en A, en B, donaciones...", concretó. "Estaba muy interesado", añadió.

García Castaño, quien llegó a decir que el objetivo del operativo era ocultar documentos comprometedores para el PP, también reconoció haber accedido al taller de restauración de la esposa de Bárcenas. Y haber hecho un volcado de varios dispositivos del extesorero que le facilitó su chófer, el topo en la operación. Una información que, afirmó, hizo llegar a Martínez: "El pendrive se lo entregué al secretario de Estado". Se lo dio, dijo, en su despacho, junto con un ordenador comprado con cargo a los fondos reservados para que no utilizara el oficial.

Dos de los agentes con los que García Castaño fue a ver a Martínez ya han declarado durante el juicio. Durante su comparecencia como testigos, confirmaron que acudieron a la Secretaría de Estado con el comisario. Y que manejaron un ordenador. Ahora bien, aseguraron que la visita nada tenía que ver con el volcado de los teléfonos. "Fuimos por un tema que no tiene nada que ver en absoluto con el que estamos hablando", resaltó uno de ellos. "La información que contenía dentro [del equipo] no provenía de los volcados que se realizaron, con toda certeza", aseveraron.

A Martínez también le persiguen los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo reproducidos a lo largo de la pasada semana en Sala. En uno de ellos, el primero habla de unos "recibos", no sabe si firmados por Bárcenas o por Mariano Rajoy, "cosas" que es "interesante tener", como "el ordenador ese que tienen". "Cuando vea mañana o pasado al Gordo le preguntaré si ya ha hecho lo de la entrada", se escucha a Villarejo, algo que puede guardar relación con el registro reconocido del taller de restauración de la mujer del extesorero. En los audios, Martínez también pregunta "quién paga" al "cocinero", que es como se referían al confidente.

Otra de las grabaciones reproducidas en la Sala recogía una reunión del 16 de diciembre de 2012 entre Fernández Díaz, Pino y Villarejo en la que se abordaba la posibilidad de presentar varias denuncias contra dirigentes independentistas y de la que el exministro no quería que se supiera absolutamente nada: "Yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido". "Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado", llega a decir en aquel encuentro, una cita que recuerda mucho a aquel "la fiscalía te lo afina" que pronunció en otro encuentro con quien fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Dos son los elementos que salpican al exdirigente conservador en Kitchen y que lo sitúan como conocedor de la operación. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y, por otro, los mensajes que éste protocolizó ante notario en junio y octubre de 2019, cuando la investigación judicial estaba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y en la segunda, otro del 18 de octubre de ese año en el que se señalaba que la "operación" se había hecho "con éxito": "Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe".

Las fechas son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013. Y el volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas, confirmado por dos agentes durante el juicio, se produjo a mediados de octubre. Los mensajes, según comprobaron los dos notarios que dieron fe de los mismos, fueron enviados desde un número que Martínez tenía guardado en su terminal con el nombre de "Jorge Fernández Díaz". Pero el exministro siempre ha negado su existencia.

Tiene, en este sentido, algunos elementos a su favor. Por ejemplo, el "borrado" de los mensajes que llevó a cabo Martínez tras documentarlos ante notario impidió a la Policía acceder a los mismos, algo que tampoco pudo hacerse a través de los dispositivos del exministro –no disponía del teléfono que usaba por aquellas fechas–. Durante su declaración como testigos, los dos notarios reconocieron que solo dejaron constancia de lo que vieron y de lo que les dijo Martínez, pero no aseguraban que el teléfono desde el que procedían los mensajes fuera el del exministro del Interior. Los investigadores, no obstante, sí comprobaron durante la instrucción que el titular de aquella línea telefónica era en 2013 el Ministerio del Interior y, a partir de julio de 2019, Jorge Fernández Díaz.

Aquellos mensajes provocaron un tenso careo durante la fase de investigación. Un enfrentamiento que, sin embargo, no ha aflorado durante el juicio de Kitchen. Los acusados han mantenido hasta el último minuto prietas las filas. Y buena prueba de ello es el silencio del abogado de Martínez durante el interrogatorio al perito propuesto por la defensa de Fernández Díaz para sembrar dudas sobre dichos mensajes. "Hay elevados indicios de que algo no cuadra y de algún tipo de manipulación", dijo el testigo de parte. El ex secretario de Estado, además, ha renunciado a su propio perito informático durante el juicio, dejando vía libre a la estrategia de defensa de su exjefe.

No soy jurista, ni fiscal ni abogado defensor. Así que leo y releo las 85 páginas del auto firmado por el juez José Luis Calama Teixeira como periodista y como ciudadano, haciendo el esfuerzo (obligado) de no dejarme llevar por una previa consideración positiva hacia el afectado. No es fácil. Se trata de que el único presidente del Gobierno en democracia bajo cuyos mandatos no se produjo un solo caso de corrupción política es ahora el primer expresidente citado como investigado, y nada menos que por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. De modo que expongo simplemente mis impresiones sobre un auto judicial muy detallado y a la vez repleto de lagunas. ¿Serán rellenadas a lo largo de la investigación pendiente después de los registros efectuados este martes? Puede ser, pero ya anticipo que me sorprende la contundencia y reiteración con la que el instructor ya condena a Zapatero, y lo hace sin aportar los indicios concretos que sostengan la acusación.

Me explico (o al menos lo intento).

1.- A lo largo del escrito se repite con una frecuencia impropia la afirmación de que José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado como “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias. Es decir, se va reiterando constantemente la conclusión de una investigación en marcha. El carro antes que los bueyes.

2.- Toda la trama parece girar en torno al préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra para sacarla del borde de la ruina en plena pandemia. Ese rescate pasó ya por un juzgado y también superó la auditoría de Bruselas y del Tribunal de Cuentas. Es posible, por supuesto, que esos tres filtros no contaran con la suficiente información sobre el estado de la compañía, pero el caso es que nadie encontró irregularidades, y el préstamo está en proceso de devolución, aunque por el momento sólo en la parte de los intereses y aún no del capital. Conviene vigilar –y esto sí es responsabilidad del Gobierno– que se devuelva hasta el último euro, como con cualquier otra operación de ayudas públicas. No vaya a ser que ocurra como, por ejemplo, con el caso Avalmadrid y los préstamos a la familia Ayuso (ver aquí).

3.- El auto recoge la acusación –también reiterada con sorprendente frecuencia– de que Zapatero era quien daba “las órdenes” o “instrucciones” en la actividad de la trama. Pero lo cierto es que en ninguna de las 85 páginas aparece una “orden” o una “instrucción” concreta dictada por el investigado. Ni tampoco un testimonio o un mensaje de ninguno de los implicados que diga “Zapatero ha ordenado” o “Zapatero ha enviado la instrucción de…” o al menos “Zapatero quiere que…”. 

4.- El propio juez parece asumir esa ausencia de elementos indiciarios directos contra el imputado al escribir en la página 56: “José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”. Es decir, que Bambi resulta ser tan listo y habilidoso que es capaz de “ejercer un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas (…) y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios…” (pág. 59) sin mancharse las manos, o sin mover una ceja (si me permiten una gracieta en este turbio asunto).

5.- Lo escribo como lo pienso: el cúmulo de “evidencias analizadas” creo que justificaría citar a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar su vinculación o relación con esa supuesta trama de tráfico de influencias. Pero el auto no busca ese objetivo, sino que ya da por demostrado el “liderazgo” del imputado en la organización criminal sin aportar –insisto– indicio alguno, sino deducciones o suposiciones sin respaldo documental.

6.- Una de las acusaciones más graves es la de que Zapatero “ordenó” crear una sociedad off shore en Dubái denominada Landside a la que sería desviado el importe de la supuesta comisión cobrada por las gestiones para el “rescate” de Plus Ultra. La sociedad existe. Lo que hasta el momento no existe es la comprobación de que esa entidad es de Zapatero o su familia. El expresidente ha negado con absoluta rotundidad que tenga ninguna sociedad “ni en España ni fuera de España”. Sostiene que todos sus ingresos los declara a Hacienda como autónomo y pagando el IRPF correspondiente. Entiendo que en algún momento se aclarará si miente Zapatero o se equivoca el juez, y la cuenta es de un tercero (o cuarto).

7.- La causa investigada por la Fiscalía Anticorrupción, a raíz también de investigaciones en Francia y en Suiza sobre blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela, procura como es lógico seguir “el rastro del dinero”. Es la forma habitual de llegar a localizar a los beneficiarios de una trama de este tipo. Sobre Zapatero, el auto mezcla en la coctelera de sus ingresos los que presuntamente procederían de “vender” su capacidad de influencia en altos responsables políticos “españoles y extranjeros” y también los que percibe por sus conferencias y participaciones en distintos foros de ámbito internacional. Esos ingresos son tan lícitos como los que vienen cobrando otros expresidentes como Felipe González o Aznar, que por cierto han compartido la misma empresa de representación, Thinking Heads. (Fuentes fiables han comentado a infoLibre que las tarifas de González y Aznar oscilan entre los 35.000 y los 50.000 euros por conferencia). No se entiende bien qué pintan en el auto esos ingresos, sobre los que la única comprobación que interesa es si cumplen sus obligaciones con Hacienda. 

8.- Aparece como una especie de guinda de este podrido pastel la presunta actuación de Zapatero como intermediario incluso en operaciones de venta de petróleo de Venezuela a terceros. No se dan muchos más datos, y se cita a China como “cliente” de esa intermediación. No tengo ni puñetera idea de cómo funciona el mercado del petróleo, pero dada la dependencia que Venezuela y el régimen de Maduro han tenido respecto a China, cuesta mucho imaginar que el Gobierno chino necesite pagar a ningún Zapatero por el petróleo venezolano.

9.- Yo no me atrevo, al menos por el momento, a incluir esta causa judicial entre los ejemplos (a mi juicio meridianos) de lawfare que se han producido en la justicia española, y que venimos denunciando en infoLibre desde hace años (García Castellón contra Podemos o Peinado contra Begoña Gómez, entre otros). Pero sí me provoca una legítima preocupación leer en el auto expresiones como “Zapatero o su entorno…” o “Zapatero o personas próximas…”. Porque esta bomba judicial (y política) estalla después de una condena a quien era fiscal general del Estado por la filtración de un correo sobre la que la sentencia llega a expresar que solo pudo ejecutarla “el acusado o alguien de su entorno”. O sea, una barbaridad jurídica se mire como se mire, un atropello mayúsculo a la presunción de inocencia. (Claro, que hay quien interpreta este tipo de quiebros en la senda de “creatividad jurídica” iniciada por el juez Manuel Marchena cuando descubrió que podía condenarse a alguien por malversación de fondos públicos aunque ese alguien no percibiera un euro de los mismos).

y 10.- A lo que sí me atrevo es a denunciar la capacidad adivinatoria que dirigentes del Partido Popular, empezando por el propio Núñez Feijóo, siguen demostrando acerca de los procesos judiciales que afectan al PSOE. Es clamorosa la precisión con la que desde hace ya años, la derecha anticipa los pasos que algunos tribunales van a dar contra miembros del partido de Gobierno. Feijóo se refirió en un mitin el pasado 12 de mayo a lo que ha ocurrido este martes con Zapatero. Le faltó dar la hora de comunicación del auto y práctica de registros. No he visto una sola denuncia por parte de las asociaciones judiciales tan preocupadas por filtraciones con intencionalidad política y por supuestas injerencias del Gobierno en la independencia judicial. Estamos a la espera de que alguna vez el Consejo General del Poder Judicial investigue las vías por las que el PP parece tener hilo directo con la UCO, con la UDEF, con la Fiscalía Anticorrupción y con determinados juzgados. 

El terremoto causado por la imputación a Zapatero es tremendo. Su efecto político inmediato es obvio: queda enterrado el golpe que para el PP supuso el resultado de las elecciones andaluzas del domingo: otra vez en manos de Vox y del discurso de la “prioridad nacional”. Feijóo ya no tiene que afrontar la pregunta de cuál es exactamente su proyecto de país más allá del antisanchismo. Esta causa judicial, llegue hasta donde llegue, logra quemar uno de los resortes que más contribuyeron en julio de 2023 a frenar una victoria de las derechas que se daba ya por descontada. Y en las filas de unas izquierdas ya sumidas en sus tradicionales vicios del derrotismo y la melancolía es sin duda un golpe muy duro. Zapatero representa los mayores avances sociales logrados en España en las últimas décadas e imitados en otras democracias occidentales. Y algo que las derechas también se niegan aún a reconocer: acertó en la vía dialogada para derrotar a ETA mientras el PP ponía palos en las ruedas. 

La hoja de servicios de Zapatero a este país y la lealtad a su partido y a dirigentes como Pedro Sánchez (a quien no apoyó para liderar el PSOE) son indiscutibles. Pero no impiden que ahora haya que exigirle explicaciones detalladas de cada imputación que se le hace en esta causa. Transparencia absoluta sobre su patrimonio y el de su familia. Pero también conviene reclamar un poquito de calma a quienes ya le dan por culpable y condenado. Y esto incluye al juez instructor, que no puede ni debe ejercer como tribunal sentenciador.

Kitchen gana por 13 a dos a Ábalos-Koldo-Aldama (encarcelados preventivamente los dos primeros y contratado como showman y colaborador de la Justicia el tercero). Me refiero a los años que han tardado en juzgarse uno y otro caso. Desconozco a qué puede deberse tanta diferencia temporal o con qué criterios se aplican las vías rápida y lenta, pero no parece casual, ni tampoco que el origen solo esté en la complejidad o gravedad de cada uno de los asuntos. Mientras los discos duros de Génova 13 se suicidaban, el tiempo pasaba y a la Gürtel le siguió la Kitchen, que lleva largo tiempo en la cocina, la cual consiste en que la cúpula de Interior y de la Policía Patriótica se dedicaron a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del PP gobernante. El caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, de lo que se deduce el escaso acierto de Pedro Sánchez al elegir a sus colaboradores más allegados. Gravísimo también, cuidado. Pero conviene no olvidar las diferencias. En este caso, Aldama, como ya anunció, ha culpado a Sánchez de todo —eso sí, sin pruebas, porque lo dice él y punto—.

La Justicia, y con ella la justicia, también quedó atada y bien atada en el antañazo, como advirtió el dictador asesino. Entre esta y la frase "el que pueda hacer que haga" de Aznar ha sucedido una transición que a veces no parece haber acabado su trayecto o, incluso, aparenta retroceder. He llegado a soñar, en un ataque de pesadillas judiciales, que ciertos jueces, con García Castellón a la cabeza, están intentando demostrar que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas es Pedro Sánchez. Peinado, en cambio, está empeñado en que tal arcano se refiere a Begoña Gómez. Todo el entramado al que me refiero, con el que me atacaron los sueños, fue puesto para su solución en manos de la "inteligencia" que no supo descubrir quién era la X del caso GAL ni, por su mayor dificultad, descifrar el enigma M. Rajoy. La presidenta del tribunal de la Kitchen, Teresa Palacios, se ha instalado de forma sólida en ese apócrifo puesto de jueza defensora (del PP).

Cospedal continúa protegida en diferido por los jueces y el exministro patriótico Fernández Díaz por Marcelo, el ángel de la guarda cuyo papel fundamental no era aparcarle el coche, como quiso hacernos creer el cínico chupacirios.

Peinado, desmelenado en su obsesión con Begoña Gómez por su pecado conyugal, propone juzgarla por cuatro delitos tras una instrucción repleta de polémicas y errores, apoyado en las querellas de la ultraderecha de Vox (a gritos), Manos Limpias (que hieden) y Hazte Oir (mejor no escucharlos). El ministro Bolaños asegura que la actuación del juez ha avergonzado a ciudadanos y jueces y cree que ha hecho un daño irreparable. En respuesta, 23 jueces de Badajoz, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente las consideran un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes.

Sin embargo, los jueces, de piel tan fina para lo suyo, critican las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o a una aplicación restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; como ya pasó con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes.

Pero son las izquierdas y el Gobierno quienes dañan la imagen de los jueces, según el discurso de derechas. Nada que decir de los excesos de los jueces como los posicionamientos políticos de algunos de ellos con determinados partidos y en determinados medios, las intervenciones en actos de colectivos ultras, las descalificaciones gruesas e incluso insultos contra cargos públicos o el desprecio sistemático a otros órganos como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional que no merecen ningún reproche ni de esos colectivos ni del CGPJ.

En unos casos los jueces aplican la presunción de inocencia; en otros, la de indecencia. La inaceptable tortedad de la justicia, o sea.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

¿Hasta dónde se puede recompensar a un corrupto sin convertirlo en un agravio? ¿Cuántos beneficios se le pueden conceder sin que el mensaje contra la corrupción acabe siendo que delinquir sale gratis? La corrupción tiene un coste altísimo. El primer responsable es el corrupto, y también su entorno por no detectarlo. Se exigen responsabilidades políticas precisamente por la falta de celo, dejación o incapacidad deliberada para leer las señales —siempre las hay— y dejarles hacer hasta que es tarde. Sabemos que hace falta la prensa y el engranaje de la Justicia para destaparla. Por esa dificultad para destaparla, la reparación también es el mensaje. Se condena a los corruptos para que el siguiente sepa que pagará por lo mismo, para dejar claro que el poder no protege y nadie es impune.

El Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón no es impermeable al debate social. Y es positivo. En su alegato final ha alabado la figura del arrepentido. Pero Aldama no encaja en ese traje. El concejal del PP José Luis Peñas llevó voluntariamente a la Policía las grabaciones que originaron el caso Gürtel. Aquel “yo le he llevado a Génova un millón de euros”, con el piano de fondo. Pudo no hacerlo y le habría cambiado la vida —probablemente para bien—. Sin embargo, lo hizo, entregó las pruebas y fue condenado a 4,9 años de prisión.

A Víctor de Aldama le detuvieron como presunto capo de una red criminal de fraude de hidrocarburos por más de 183 millones de euros, y solo así encendió un ventilador averiado. Ha confesado lo que la UCO ya tenía en la causa y, aun siendo relevante, no ha destapado la trama. Hasta el teniente coronel Antonio Balas lo señaló en su declaración del caso mascarillas. 

Pero además de no destaparla, ha utilizado su declaración para elevar el espectáculo a sabiendas de no tener pruebas ni ser cierto. El jefe de la trama no era Pedro Sánchez, como “con notable desahogo le otorga ese papel Víctor de Aldama”, ha dicho Alejandro Luzón en su informe final. Colaborar con la Justicia no es mentir a la Justicia. Si Aldama lo hace, debería tener consecuencias. El comisionista acumula una buena ristra de acusaciones falsas. Que se sepa, las que afectan a ministros y presidencia. Ángel Víctor Torres nunca estuvo en el piso con Koldo García y varias mujeres. Félix Bolaños no intentó sobornarle. Sus acusaciones a María Jesús Montero, Teresa Ribera o Reyes Maroto han servido al ruido político y mediático, no al judicial. Están pensadas para eso. Un extorsionador que sirve comida basura a la derecha y la oposición lo utiliza sin importarle lo más mínimo cuánto se puede reparar de esta corrupción mediante el castigo al trío del ministro, el asesor y el corruptor.

En la lógica de hacer oposición entra todo. Un partido como el PP, que salió del Gobierno con una moción de censura por la Gürtel y tiene el caso Kitchen en la otra pantalla, no puede permitirse pedir menos pena para un corrupto. La dirección letrada del PP en el caso Ábalos debería centrarse en exigir una pena ejemplarizante para toda la trama, no en facilitar beneficios a quien corrompió un Gobierno. No es ejemplarizante, ni debería salir gratis. Porque mientras clama contra Delcy Rodríguez, ensalza al corruptor que la trajo a España y tenía negocios con su entorno mucho antes de que Ábalos fuera ministro, según la UCO y el propio comisionista. El papel del PP no es salvar a Aldama por más que le resulte útil para desgastar a Sánchez. La causa ya es suficientemente grave para exigir responsabilidades y presionar en el juicio, antes que premiarlo con libertad y halagos. 

Si Aldama sigue paseándose por los platós y es capaz de mentir en el Tribunal Supremo es porque, desde la instrucción, se lo permiten. Desde que salió de prisión, Víctor de Aldama no se ha arrepentido. Su estrategia ha sido declararle la guerra a Pedro Sánchez desde el momento en que fue detenido. Le iba a meter en la cárcel, amenazaba, escoltado por el extorsionador de Desokupa. 

La corrupción política —la de los contratos públicos y sus mordidas— es líquida. Deja poca prueba, cuesta seguir el rastro del dinero y ni siquiera la UCO logra siempre reconstruirlo. Ha ocurrido en Lezo, en Púnica y también en el caso mascarillas. De este último sabemos que Aldama se embolsó 5,5 millones en lo peor de la pandemia, repartió sobres en efectivo para engrasar a la pareja Ábalos-Koldo y lo intentó en decenas de ocasiones con otras administraciones que le dieron portazo. ¿Qué mensaje se lanza si su condena acaba siendo similar a la del concejal Peñas, quien denunció pudiendo callar?

Se puede —y se debe— rebajar la pena a quien admite los delitos. El límite está en la proporcionalidad y medir el mensaje. Porque la lucha contra la corrupción también pasa por la amenaza del Código Penal. En eso consiste la Justicia, en temerla. Aldama, el corruptor protegido, encarna la peor mutación de los corruptores. Convertido en el protagonista de un Sálvame ultra, violento y agresivo, que puede mentir sin consecuencias y amedrentar con impunidad. Arropado en los platós, cuidado en la causa por una confesión que no ha sido tal y ensalzado por la derecha como el héroe contra el villano Sánchez. La mutación corrupta alentada por el partido para quien Aldama pide en público el voto. Solo por eso deberían de apartarse y no premiarle. 

La abogada del exasesor ministerial Koldo García ha vuelto a pedir en el Tribunal Supremo la absolución de su defendido y ha asegurado que no hay indicio ni prueba alguna de que el comisionista Víctor de Aldama pagara 10.000 euros al mes a su defendido.

Leticia de la Hoz está exponiendo esta tarde en el alto tribunal su informe final de conclusiones en el juicio que hoy termina contra su defendido, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Aldama por una trama de cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ha querido rebatir la abogada las acusaciones de que los tres formaban una organización criminal, que "hoy nos han dicho que comenzó en 2015", cuando Koldo García no conocía aún ni a Ábalos ni a Aldama.

Para ella, sí se deduce de la "simple lectura" de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha liderado la investigación, que Aldama tenía una organización criminal, "solo o con actores que han pasado por el juicio y no han abierto la boca".

"Si Aldama lo ha confesado, por algo lo dirá", ha recalcado la abogada al insinuar que con ello no se ha investigado el supuesto blanqueo de capitales del comisionista y sus socios.

Es el "elefante rosa en la habitación del que nadie habla, el blanqueo de capitales y nadie ha dicho ni mu", ha zanjado la letrada.

"Quien acusa tiene la obligación de probar", ha reiterado la abogada al reprochar a las acusaciones que no hayan investigado posibles alternativas a su tesis acusatoria.

Al tiempo, ha planteado la posibilidad de que quien obtuviese esos 10.000 euros al mes sea quien ayudó a Aldama a crear la estructura empresarial en Portugal con la que la Fiscalía cree que intentó sacar de España las comisiones millonarias que obtuvo de los contratos de mascarillas.

También ha querido rebatir la fecha en la que la UCO dice que Koldo y Aldama se conocieron, una fecha en la que el exasesor estaba en Londres, por lo que es "imposible que se conocieran".

Tras subrayar que Aldama, que ha colaborado con la justicia en esta causa para intentar rebajar la pena, "se ha adaptado al relato de la UCO", la abogada ha insistido en que, pese a lo que declaró el comisionista, no hay datos objetivos, ni jurídicos ni rastro del pago de los 10.000 euros al mes. "No hay ninguna prueba".

El problema de las arenas movedizas es que cuanto más te mueves, más te hundes. Esa es más o menos la experiencia que vivió Nicolas Sarkozy este lunes 4 de mayo, durante la última jornada de la vista que el Tribunal de Apelación de París dedicó al fondo del juicio por la financiación libia, antes de los alegatos de las acusaciones particulares previstos para este martes y miércoles; del informe de la Fiscalía General la semana que viene; y de los alegatos de la defensa, que se prolongarán hasta finales de mayo.

La vista de este lunes tenía como tema lo que el expresidente francés calificó, el 29 de abril, de “escándalo dentro del escándalo”, es decir, el descubrimiento por parte de su defensa de un supuesto sistema libio de comisiones ilegales que cambiaría por completo la perspectiva del caso y desarmaría a la acusación.

En el centro del debate, como es sabido, se encuentra una sociedad offshore llamada Rossfield, propiedad del intermediario Ziad Takieddine, el hombre encargado de las relaciones secretas del gabinete de Sarkozy con la dictadura de Muamar el Gadafi entre 2005 y 2007. La acusación ha señalado a Rossfield como una de las presuntas cajas negras de la corrupción franco-libia. De hecho, esta sociedad recibió en 2006 fondos del régimen libio —6 millones de euros en total—, abonados en particular para financiar la campaña presidencial de 2007, según testimonios coincidentes y los famosos cuadernos de Choukri Ghanem.

Los primeros pagos se produjeron apenas unas semanas después de las reuniones clandestinas de Brice Hortefeux y Claude Guéant, los dos colaboradores más cercanos de Sarkozy, con el número dos del régimen libio, Abdallah Senoussi, condenado además por terrorismo en Francia. Ahora bien, la promesa de revisar su situación penal es, según la acusación, una de las posibles contrapartidas a las sospechas de corrupción que ocupan al tribunal, algo que niega la defensa.

Desde los supuestos descubrimientos “impactantes” de sus abogados, el expresidente insiste con vehemencia ante el tribunal: no, nada que ver. Rossfield sería en realidad el eje motor de un sistema de comisiones ilegales, y la mitad de los fondos percibidos por la empresa (3 de los 6 millones de euros) habría sido destinada en beneficio del hijo de Senoussi, llamado Mohamed. La defensa de Sarkozy necesita, evidentemente, demostrar que la hipótesis de la acusación sobre Rossfield es errónea, necesariamente errónea: cuanto más dinero se haya destinado a otros fines, menos habría podido servir para financiar una eventual corrupción franco-libia. Elemental.

Pero resulta que, a raíz de las revelaciones de Mediapart publicadas el pasado 1 de mayo, que señalaban (con documentos que lo respaldaban) un razonamiento general engañoso y manifiestos errores de cálculo en la argumentación de la defensa del expresidente, sus abogados enviaron al tribunal, poco antes de la apertura de la vista del lunes, nuevas tablas (que corrigen al menos un error de bulto), con nuevos cálculos (ahora serían 3,7 millones de euros para el hijo de Senoussi de los 10 millones de dinero libio de Takieddine). Pero con nuevas fantasías contables.

“No creo que pueda haber la más mínima discusión al respecto. Hemos contado y vuelto a contar”, aseguró este lunes Sarkozy. Los elementos son, según se mire, “clarísimos”, “milagrosos” o de una “evidencia total”. Jura que “el pendrive TAK [que contiene parte de los archivos de Ziad Takieddine] aporta elementos que dan un matiz diferente al caso”. “¡Es alucinante que Takieddine pague las vacaciones del hijo [Mohamed Senoussi] de quien lo contrata [Abdallah Senoussi]!”, declaró ante el tribunal, cuando en realidad no es ningún descubrimiento: Mediapart ya había informado de esa relación financiera en 2011.

Pero lo que publicado por Mediapart el 1 de mayo va más allá. El examen detallado de las cuentas bancarias de Ziad Takieddine, y más concretamente de una cuenta abierta en un banco libanés (el Ahli International Bank), demuestra, al comparar los movimientos con los datos del “pendrive TAK”, que Ziad Takieddine recibía fondos precisamente para cubrir los gastos en beneficio del hijo de Senoussi, sin relación alguna con Rossfield. Es decir, todo lo contrario de una retrocomisión, cuyo principio consiste en desviar una comisión de un contrato específico para devolverla, total o parcialmente, al remitente.

El fiscal, Damien Brunet, que representa a la acusación, continuó explicando que el dinero ingresado en la cuenta del Ahli International Bank “absorbe los gastos mencionados” en beneficio del hijo de Senoussi. “Admitámoslo. Puede que haya otras aportaciones que sirvan para remunerar al hijo de Senoussi. Quizás. No se lo niego. Pero si que hay dinero que remunera a Senoussi. ¿Qué cambia?”, preguntó Sarkozy, seguro de sí mismo. Eso lo cambia todo, potencialmente, ya que Rossfield ya no tiene mucho peso, o incluso ninguno, en el esquema.

El presidente del tribunal, Olivier Géron, aprovechó la ocasión y sacó la calculadora, manejando grandes cifras contables: Takieddine percibió, según recordó, 13 millones de euros durante el periodo en cuestión y habría transferido 3 millones a Mohamed Senoussi, si se confirma la cifra avanzada por Sarkozy. “De hecho, no hace falta Rossfield para explicar los pagos a Mohamed Senoussi”, dedujo lógicamente el magistrado. Sarkozy pareció no entender la observación y respondió desviándose hacia otro asunto. Incluso terminó soltando: “Esto no es un concurso de contabilidad”.

“¿A qué contrato se refieren las comisiones?”, insistió, no obstante, el presidente Géron. Sarkozy no lo sabía, pero aseguró que eso no era lo importante. “En los 19.000 documentos [del pendrive TAK], no hay la más mínima alusión a la financiación de mi campaña, cuando Takieddine es un fanático de los detalles”, afirmó, partidario desde el inicio de las vistas de las pruebas por omisión.

La abogada de la asociación anticorrupción Anticor, Claire Josserand-Schmidt, señaló por su parte que en el “pendrive TAK” figuraba un correo enviado por Takieddine al propietario de una vivienda en Londres habitada por el hijo de Senoussi. En ese mensaje, fechado en 2007, el intermediario indicaba claramente que se haría cargo de los alquileres con el dinero enviado por el padre, Abdallah Senoussi. Ciertamente, ha habido sistemas de retrocomisiones más opacos. "No hay nada secreto", observó el presidente Géron, siguiendo el hilo de su razonamiento, siguiendo su argumento.

Al examinar en las últimas horas los nuevos elementos presentados por Nicolas Sarkozy ante el tribunal, Mediapart ha detectado un nuevo error de envergadura, no exento de ironía. Los abogados del expresidente señalaron, a partir del “pendrive TAK”, que una parte de los fondos supuestamente transferidos por Takieddine al hijo de Senoussi —150.000 euros— acabó en manos del diseñador Elie Saab, conocido por su cercanía a los Senoussi. Según la defensa, la prueba bancaria apareció después en la cuenta de Ziad Takieddine en el Ahli International Bank (por lo tanto, sin relación alguna con Rossfield), con el rastro de una transferencia correspondiente de enero de 2008.

El problema es doble: no solo el pago no está en la moneda correcta (en dólares y no en euros), sino que, además, el destinatario no es Elie Saab, sino Elias Bou Saab, un político libanés, que no es la misma persona que el diseñador.

Por su parte, uno de los abogados de la acusación particular, Vincent Ollivier, ha puesto de relieve la retórica, cuando menos sesgada, de Sarkozy, quien se había indignado porque el tribunal de primera instancia le había denegado la comunicación del “pendrive TAK”, cuando en realidad no se había formulado ninguna solicitud oficial en las vistas del año pasado. Algo que los abogados de Sarkozy tuvieron que admitir finalmente este lunes.

La vista concluyó con el examen de la personalidad de los acusados, centrada en examinar en detalle su situación financiera y sus posibles antecedentes penales. En el caso de Sarkozy, declaró ganar varios millones de euros al año gracias a sus ingresos como abogado y asesor de grandes grupos, sus dietas por asistir a consejos de administración, los derechos de autor de sus éxitos editoriales y una jugosa inversión en un fondo español.

Al ser preguntado por sus proyectos de futuro, se mostró categórico respecto a la vida política. “Para mí, se acabó, no hay vuelta atrás. He querido empezar una nueva vida, tras 40 años de vida política, algo que ninguno de mis predecesores ha hecho”.

En cuanto a sus antecedentes penales, el presidente Géron le recordó que había sido condenado en firme en dos ocasiones: una en el caso Bismuth, por corrupción, y otra en el caso Bygmalion, por financiación ilegal de campaña. Dos presuntos delitos por los que también está siendo juzgado en el caso libio y que él niega.

Uno de los abogados de Sarkozy, Tristan Gautier, le interrogó el 28 de abril sobre las confidencias que Ziad Takieddine hizo en 2005 a un detective privado, Pierre Sellier, quien las había consignado en “actas literales” incorporadas al expediente.

En una de ellas, fechada el 1 de abril de 2005, podía leerse, en relación con posibles contratos libios: “El juego consiste en obtener el mejor precio del empresario para obtener un margen de A. Z [Takieddine] quiere crear una sociedad que redistribuya A, de la cual una parte irá al hijo K”. La defensa del expresidente veía en este pasaje el anuncio del futuro sistema de retrocomisiones de Rossfield en beneficio del hijo de Senoussi.

Pero, como señaló el fiscal Damien Brunet, Takieddine se refería al “hijo K”, es decir, a Saif al-Islam Gadafi, y no a Mohamed Senoussi. Por otra parte, la empresa de la que hablaba Takieddine no tenía, evidentemente, ninguna relación con Rossfield. Podría tratarse más bien de una oficina estatal franco-libia para la venta de armas, un proyecto con el que fantaseaba abiertamente y del que hay rastros en sus propios archivos. Esa estructura debía estar “bajo el control total de CG” (es decir, Claude Guéant), y dirigida por la mano derecha de Saif al-Islam Gadafi. Ese proyecto nunca vio la luz.

En esa misma acta, Ziad Takieddine afirmaba que nunca redistribuía dinero a los políticos en Francia. El redactor de la nota lo comentaba entre paréntesis con un elocuente: “Hum…”. La defensa de Sarkozy no había leído ese pasaje.

El abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, por su parte, interrogó el 4 de mayo al expresidente sobre otro fragmento de las transcripciones, en el que Ziad Takieddine afirmaba haber cenado con Nicolas Sarkozy y Claude Guéant el 30 de junio de 2005, pese a que el acusado jura que cortó sus relaciones con el intermediario en 2003. Nicolas Sarkozy, que la semana anterior había dado mucho crédito a esas transcripciones, esta vez cambió de postura. Esa cena nunca existió, respondió.

Traducción de Miguel López

La fase de testificales de Kitchen encara ya su recta final. Después de tres frenéticas semanas navegando entre números de carné profesional y políticos que no recuerdan nada –un clásico en este tipo de procedimientos–, la vista oral se adentra ahora en un momento clave para las defensas. Una parte importante de las testificales previstas para las próximas sesiones han sido propuestas, precisamente, por los abogados de la decena de acusados. Tras el terremoto provocado por la comparecencia del investigador principal de la Gürtel, el juicio se retomará el próximo lunes con todas las miradas puestas sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un foco que ha colocado sobre ambos organismos, fundamentalmente, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pieza central de todas las tramas policiales.

Frente al tribunal que juzga la supuesta operación parapolicial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno está previsto que se sienten, por el lado de la unidad de élite del Instituto Armado, Manuel Sánchez Corbí, ex coronel jefe de la misma y fichaje estrella de Acciona, y Francisco de Borja, quien fuera agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO. Y, en la esfera del servicio de inteligencia, quien fuera durante una década su director, Félix Sanz Roldán, y el exagente David Rodríguez Vidal, que está en el origen de la caída de Villarejo. La sombra de sospecha en torno al CNI ha planeado desde el principio en la investigación de la Kitchen, si bien nunca se llegó a explotar esa línea de investigación.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, quien durante años tuvo a los espías bajo su control, dijo esta semana que no le constaba que el CNI hubiese vigilado al entorno de Bárcenas. Pero la testifical propuesta por el abogado del comisario jubilado, quien siempre ha tenido a Sanz Roldán como su némesis, va por otros derroteros. En su escrito de defensa, relata que la UCO recibió en su día una información de Vidal que derivó en una reunión con el fiscal jefe Anticorrupción y el fiscal que acabó haciéndose cargo del caso Tándem. Y que, pese a participar en un momento inicial de las pesquisas, "no informó en ningún momento" de que había tenido a su "disposición" los "documentos" que luego se aportaron de "forma anónima" e, incluso, que "conocía la identidad del denunciante".

El comisario jubilado, en resumen, va directamente a la raíz de todo. Así, sostiene que los movimientos relatados contaminan Tándem. Y, por ende, también Kitchen. Algo parecido a lo que apunta también el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En su escrito de defensa, el ex número dos del Ministerio del Interior sostiene que "existen poderosos indicios que permiten suponer" que la "causa real de entrada" en los inmuebles de Villarejo de la que deriva la macrocausa "pudo ser el interés de determinados organismos del Estado en acceder a información" que pudiera custodiar el comisario jubilado en los mismos.

"El Juez Central de Instrucción autorizante de la primera causa fue engañado por la Fiscalía Anticorrupción, al presentarse como notitia criminis una supuesta denuncia anónima que no era tal, privando a las defensas de la primera causa de impugnar la legalidad de las diligencias y de la entrada en los inmuebles y, por contagio, para las siguientes piezas separadas", completa el escrito de Martínez. Una causa de nulidad que, sin embargo, no apreció la Audiencia Nacional cuando impuso la primera sentencia contra Villarejo, donde quedó avalada la génesis del procedimiento judicial.

La última versión del calendario remitido por el tribunal también incluye en la lista de testigos del próximo lunes al empresario Javier Pérez Dolset o a Agustín Linares. Este último, ex director general operativo de la Policía Nacional, aparece en una de las múltiples grabaciones filtradas en los últimos años. La cinta versa sobre una reunión en la que participa el policía jubilado por invitación de Eugenio Pino, director adjunto operativo y uno de los acusados en Kitchen, quien le llama porque le considera "padre putativo" de Villarejo, que está que trina porque le investiga Asuntos Internos, dirigido entonces por Marcelino Martín-Blas, a quien sugieren puentear. Es precisamente este comisario retirado, también sentado en el banquillo de los acusados, quien pide la testifical de Linares.

También está previsto que a lo largo de la semana presten declaración en el juicio, en este caso a petición de la defensa del exchófer de Bárcenas, varios miembros del tribunal calificador de las oposiciones que le dieron acceso al Cuerpo Nacional de Policía. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, además de los pagos con cargo a los fondos reservados –más de 50.000 euros–, Sergio Ríos obtuvo como contraprestación por su labor como informante en la Kitchen una plaza de policía.

Las sesiones celebradas hasta el momento han permitido a las acusaciones martillear la coartada de las defensas y apuntalar su tesis en torno a la existencia de una operación parapolicial de carácter ilegal que buscaba hacerse con información comprometedora para el PP que su extesorero pudiera introducir en la investigación del caso Gürtel. También han servido para dibujar, a través del testimonio del principal investigador de esa trama corrupta, una suerte de cúpula policial al servicio de la formación conservadora, con trabas a la investigación y continuas filtraciones. Y para comprobar que, aunque piense que no están en el banquillo todos los que fueron, Anticorrupción no está dispuesta a abordar en el juicio la posible rama política de la Kitchen. Esa parte quedó fuera del perímetro marcado por el tribunal. Y el fiscal no piensa salirse un milímetro de esos límites.