La Policía Nacional ha detenido al presidente de la Comisión Islámica en España, Ayman Adlbi, en el marco de una operación antiterrorista con varios arrestos más, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que señalan que el representante del islam español ya ha quedado en libertad.

La operación la ha desarrollado la Comisaría General de Información y continúa abierta. Según ha adelantado El Confidencial, la actuación policial está relacionada con la operación Wamor, que en junio de 2019 desarticuló una red que se dedicaba al envío de fondos a Siria y otras zonas de conflicto para sufragar presuntamente acciones armadas de grupos supuestamente radicales.

Ayman Adlbi se convirtió el pasado verano en presidente de la Comisión Islámica de España. A los investigados se les atribuye colaboración con organización terrorista y financiación del terrorismo, entre otros delitos.

La Policía Nacional ha detenido a un miembro de la organización terrorista Daesh que almacenaba documentación que le habilitaba para perpetrar acciones violentas con explosivos, vehículos o armas blancas. Según informó la Policía en un comunicado recogido Europa Press, en el desarrollo de la operación, que ha contado con la colaboración de un analista de Europol, se ha practicado el registro de su domicilio.

El detenido, N.E.A de 51 años y que ha ingresado en prisión provisional sin fianza, mostraba una "intensa" actividad en redes sociales y grupos de mensajería con el fin de descargar y acumular contenidos en favor de la organización terrorista Daesh.

Entre el material que almacenaba y visionaba se hallaban vídeos y manuales destinados a la autocapacitación para cometer atentados, como tutoriales que facilitaban información detallada para elaborar explosivos con medios caseros o cómo atentar empleando armas blancas o vehículos.

N.E.A llegó a estar integrado en más de una veintena de grupos de mensajería de distintas plataformas. Dentro de estos tenía acceso a algunos "extremadamente exclusivos" y solo aptos para personas consideradas integrantes de la organización. Entre ellos destacaban chats donde conversaba con otros miembros de Daesh que se encontraban en zona de conflicto.

En el registro practicado en el domicilio del detenido, los agentes han intervenido diverso material informático para su análisis, así como pruebas de la publicación por su parte del juramento de obediencia al califa Al Baghdadi y por consiguiente a Daesh. La investigación se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número tres y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

“Nos trajeron a una chica, no tenía más de 14 o 16 años. A Maniac [criminal de guerra] no le gustó que saliera al pasillo sin permiso. La castigó enviándosela como regalo a los soldados en la primera línea del frente para satisfacer sus necesidades sexuales. Abusaron de ella varias veces”. El pasado 29 de agosto, activistas y víctimas de la guerra, que esperan que se haga Justicia, leían en voz alta relatos de violaciones y torturas ante el consejo de ministros de Kiev. Olexandra Matviychuk es la cabeza visible del Center for Civil Liberties y de Euromaidan SOS, una asociación que documenta los abusos cometidos desde 2014. Se mantiene de pie, flanqueada por otros seis activistas. Con carteles en las manos, se sitúan frente los periodistas y de espaldas al imponente edificio blanco en el que lleva más de un año estancada su propuesta de reforma del Código Penal. Olexandra se impacienta. “El conflicto dura ya cinco años y los crímenes de guerra aún no pueden ser condenados. Miles de víctimas esperan esta ley ¡para que se haga Justicia!”.

El texto, redactado por expertos en derecho internacional, puede proporcionar herramientas y un marco jurídico eficaz para condenar estos crímenes de guerra. Porque el problema, según explica Nataliya Pylypiv, coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), es que “hay demasiadas lagunas legales en el actual código penal ucraniano (CPU). Sigue siendo el mismo que en la época soviética, aunque ha sido enmendado varias veces, nunca lo ha sido tanto como para adaptarse a la realidad de un conflicto armado”. Lagunas jurídicas que han hecho que, desde 2014, año del inicio del conflicto entre los prorrusos y los proucranianos, Ucrania no haya podido condenar el creciente número de crímenes de guerra. En esta nueva versión del código penal ucraniano, inspirada en el Código Penal Internacional, los crímenes de guerra se definen claramente, incluyen la violencia sexual y se reconocen los crímenes de lesa humanidad.

“El 25 de agosto, una fuente interna del Ministerio de Justicia nos dijo que nuestro proyecto de ley finalmente llegaría al consejo de ministros al día siguiente para su evaluación”, dice Olexandra. “Pero después, ese mismo día, la misma fuente nos dijo que iba a ser pospuesto nuevamente”. Cansada de esperar toda la noche, Oleksandra reúne a las víctimas, familiares de las víctimas y activistas para que se hagan oír en el consejo de ministros. Esta manifestación se producía un año después de la presentación del proyecto de ley, una reforma del código penal que permitirá que los crímenes de guerra sean condenados adecuadamente. Es consecuencia de la publicación de los artículos de Zero Impunity, que sacaron a la luz los crímenes sexuales en el conflicto ucraniano de 2017. En colaboración con Olexandra, el equipo de Zero Impunity promovió una petición en línea, firmada por 38.307 personas, para la reforma del código penal ucraniano. Los realizadores Stéphane Hueber-Blies y Nicolas Blies, promotores y creadores del proyecto Zero Impunity, acompañados por el videoartista Olivier Crouzel y Oleksandra Matvietchuk y su equipo, también proyectaron vídeos, de testimonios de víctimas de violencia sexual, en varios edificios de Kiev y otras ciudades de Ucrania para atraer la atención de los políticos. La manifestación también es fruto de años de reescritura del código penal ucraniano por parte de abogados con experiencia en derecho internacional, y de años de negociaciones con los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, para hacer avanzar las cosas y establecer un marco jurídico funcional. Pero los cambios siguen haciéndose esperar.

Crímenes de guerra impunes

Cinco años después del inicio del conflicto armado, Nataliya todavía se entrevista con víctimas que le dicen que no se ha hecho Justicia, a pesar de haber denunciado ante la Policía lo ocurrido. Y sin embargo, “desde 2014, la situación no ha cambiado. Los civiles siguen siendo encarcelados y torturados. Son menos, pero el porcentaje de personas que sufren violencia sexual sigue siendo el mismo”, explica Anna Mokrousova. Trabaja para la asociación Blue Bird, que proporciona asistencia psicológica a las víctimas del conflicto ucraniano. Desde 2014, la guerra entre las fuerzas ucranianas y las repúblicas separatistas prorrusas ha dejado más de 10.300 muertos. Entre 2014 y 2016, cuando el conflicto era más violento, la asociación recibía hasta 15 víctimas al día. Ahora que las repúblicas separatistas son más estables y las fuerzas armadas están mejor organizadas, “llegan entre una y dos personas a la semana”, dice Anna, pero los hechos siguen siendo los mismos. Amenazas de violación, violaciones, descargas en los genitales, violencia sexual como arma de guerra, contra civiles o disidentes, siguen siendo sistemas empleados en los lugares de detención a ambos lados del frente. Según el informe War without rules: Gender-Based Violence in the Context of the Armed Conflict in Eastern Ukraine, elaborado por la Coalition for Peace and Justice in Donbas en 2017, una de cada cuatro personas liberadas ha sufrido violencia sexual. El ACNUDH también dedicó un informe al respecto ese mismo año y llega a la misma conclusión. “La mayoría de los casos documentados por el ACNUDH muestran que la violencia sexual se ha utilizado como método de tortura y malos tratos en el contexto de la detención relacionada con el conflicto armado en Ucrania oriental, así como en la República Autónoma de Crimea”, puede leerse en el informe. Nataliya Pylypiv, que lo coordinó, agrega que además de estos actos de violencia durante la detención, los abusos también se producen en otros contextos, más difíciles de documentar: en los puestos de control y en la línea de frente, en zonas donde los civiles y los militares conviven.

En cuestión, según los activistas, las lagunas legales del código penal ucraniano, que no incluye la violencia sexual ni los crímenes de guerra, e impide las investigaciones y los enjuiciamientos. La definición actual de crímenes de guerra en los artículos 437 y 438 del CCU es extremadamente vaga y no incluye la violencia sexual. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes cometidos por encargo y “como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil” [artículo 7 del Tratado de Roma], son simplemente inexistentes. Así pues, “los pocos casos que llegan a los tribunales se tratan como violaciones o torturas ordinarias, no como crímenes de guerra”, explica la activista Olexandra Matviychuk. Sin embargo, investigar la violencia sexual en Ucrania no es una tarea fácil ni en tiempos de paz. En efecto, el artículo 152 del CPU, que define la violación, sólo se considera este delito si ocurre entre personas de sexos diferentes, si un cuerpo extraño (no un objeto) se introduce de manera forzada en la vagina. Entre personas del mismo sexo, o si la violación se comete es por vía anal, ya no se considera violación, el delito está tipificado en el artículo 153, “satisfacción forzada de un deseo sexual de manera antinatural”. Estos dos artículos fueron modificados en 2016 y está previsto que entren en vigor este mes de enero. El artículo 152 considerará violación todo tipo de penetraciones, también entre personas del mismo sexo y con objetos. Y en lo que respecta a la violencia sexual en el sentido más amplio, como las amenazas de carácter sexual o el acoso sexual, no existen”, explica Nataliya. 

Maxim Komarnitsky es fiscal del Departamento de Crímenes de Guerra de la Fiscalía General Militar. La mayoría de los casos que trata son abusos cometidos por delincuentes separatistas en las Repúblicas de Donetsk (DNR) y Lugansk (LNR). Si ya es complicado investigar la tortura debido a la falta de acceso a estos territorios, dice, “resulta al menos diez veces más difícil enjuiciar por violencia sexual. Si no hay desgarro genital, es casi imposible”. En caso de tortura física, las marcas permanecen más tiempo en el cuerpo, lo que permite un examen médico cuando regresan los exdetenidos al territorio controlado por el Gobierno. Pero en el caso de juicio por violación, se requieren dos pruebas: demostrar, por medio de una prueba física, que existió penetración –mediante la realización de un examen médico en un máxico de 36 horas–, algo que “en caso de detención, es imposible: la víctima no tiene acceso a un médico y, cuando regresa a territorio progubernamental, suele ser demasiado tarde para hallar rastros”, continúa Komarnitsky. Y el segundo elemento requerido es la evidencia física de la falta de consentimiento de la víctima y de su “impotencia”. En la práctica, esto significa que “sólo los moratones o los rastros físicos podrán probar que la víctima se resistió”, dice Nataliya Pylypiv. Pero en tiempos de guerra no es adecuado. Si se apunta con un arma a la víctima, o si está rodeado de varios agresores, no va a haber resistencia necesariamente porque es consciente de que esto podría empeorar su situación”. Para poder condenar mejor, el ACNUDH recomienda que se sustituya la noción de “situación de impotencia de la víctima” por la de “situación de vulnerabilidad”, lo que dispensaría de la necesidad de estas pruebas materiales. Una técnica que funciona en el derecho internacional y que permite abrir un expediente de investigación a partir de testimonios. “Pero cuando hablas con un ucraniano sobre esto, no lo entiende. Responde que no es posible sin estas dos pruebas materiales”, lamenta Nataliya.

Los resultados se traducen en cifras. Según los datos facilitados por la Fiscalía General de Ucrania, el número de criminales juzgados en virtud de los artículos 152 y 153 sólo ha cambiado ligeramente en los últimos años. En 2017 se juzgaron 174 y 156 casos, respectivamente; 65 y 335 entre enero y julio de 2018, frente a 155 y 120 en 2015. En cuanto a los crímenes de guerra, artículos 437 y 438 del CCU, la Fiscalía General responde que “no existen estadísticas sobre personas que hayan cometido un delito en virtud de dichos artículos [...]. Por lo tanto, es imposible proporcionar esta información”. Pese a la situación de guerra que se vive desde hace cinco años, la Fiscalía ha mantenido sus hábitos de trabajo de tiempo de paz. Tanto es así que “sólo he oído hablar de un caso en el que un juez ha emitido una sentencia condenatoria por un crimen de guerra”, dice Anton Korynevych, jurista experto en derecho internacional que colaboró en la redacción de un proyecto de reforma de la CCU. Se trata de un caso juzgado en el Tribunal de Slaviansk en junio de 2017, relativo a la participación de un ciudadano ucraniano en la DNR. Dado que la noción de crimen de guerra no está clara en el actual CPU, “la sentencia no está clara. El fiscal lo intenta, pero no sabe cómo aplicarlo, es nuevo para ellos”.

“En el proyecto de ley que hemos presentado, inspirado en el artículo 8 del Tratado de Roma, detallamos los diversos crímenes de guerra, que incluyen la violación. Esto hará que sea más fácil procesar y condenar”, advierte el jurista Korynevytch. De hecho, en esta nueva versión del CPU, la violación y la violencia sexual se contemplan en el artículo 438, que define y detalla los crímenes de guerra. También se eludirían los problemas relacionados con la falta de pruebas materiales de la falta de consentimiento. De hecho, el artículo añadiría a la violencia física presente en la definición de violación: “la amenaza de su uso o coacción, [...] la presión psicológica o el abuso de poder con respecto a la víctima o a otra persona, o cometidos en un entorno en el que la persona es incapaz de expresar su verdadera voluntad”.

Bloqueo de la reforma

Para Olexandra, “simplemente no hay voluntad política”. Anton Korynevych coincide: “Este texto no es un negocio, no es atractivo, puede que no sea una prioridad”. Sobre todo con la preparación de las campañas para las elecciones presidenciales de marzo de 2019 y las elecciones parlamentarias del mismo año. En torno a la imagen de los soldados ucranianos hay un verdadero desafío político. “El proceso de Tornado supone un ejemplo perfecto”, continúa Anton Korynevych. El batallón Tornado es uno de los pocos encargados de la violencia sexual en los conflictos bélicos. Formado en 2014 y enviado al frente, el grupo de combatientes fue desmantelado en junio de 2015. 12 de sus miembros están acusados, entre otros delitos, de crímenes en banda organizada, de secuestro, tortura y satisfacción forzada de los deseos sexuales de manera antinatural. Fueron juzgados por abusar de más de 10 civiles, entre ellos al menos dos víctimas de violación. Vladimir Yakimov, uno de los abogados de la defensa, se divierte: “¡Hasta Yuri Karmazin se ha unido a la defensa!”. Yuri Karmazin, abogado y líder del Partido de los Defensores de la Patria, excandidato a la presidencia en 1999 y diputado en 2002 y 2006.

Porque aquí, el espíritu nacionalista y el deseo de proteger la imagen del combatiente es una cuestión política. Juzgados a puerta cerrada, muchas de las audiencias tuvieron que posponerse debido a las manifestaciones que reclamaban la liberación de los miembros del batallón. Maxim recuerda que “algunos manifestantes habían visto los vídeos de la violación, son horribles, el crimen es innegable. Y aún así ¡nos dijeron que los miembros del batallón eran inocentes! Es absurdo”. El año pasado se dictó sentencia: ocho veteranos fueron condenados a penas de entre 8 y 11 años de prisión y cuatro miembros a 5 años con suspensión de condena. “Fueron juzgados como criminales tradicionales, no como criminales de guerra. Por lo tanto, las condenas son inferiores”, dice Anton Korynevych. En el caso de 11 de ellos, la sentencia fue recurrida.

Un artículo publicado en la prensa ucraniana en julio de 2017 denuncia el uso recurrente de la participación en el ámbito de las operaciones antiterroristas (ATO) como circunstancia atenuante, para reducir las penas de los combatientes. “Algo que no existe en la ley, pero que emplean los jueces”. Es lo que le pasó a Diana. En 2015, a la edad de 16 años, fue violada por vía anal por un soldado en la región de Kiev, lo que podría confirmarse mediante un examen médico. Su agresor, Nikolay Vasyanovich, fue procesado en aplicación del artículo 153 por “satisfacción forzada del deseo sexual de forma antinatural” y se enfrentaba a una pena de tres a siete años de prisión. Fue condenado a dos años de libertad condicional y al pago de unaindemnización por daños morales de 3.000 hrivnas, 90 euros. Una de las razones aducidas como circunstancia atenuante fue su participación en la Zona de Operaciones Antiterroristas (ATO). En febrero de 2017, se revisó la sentencia y fue condenado finalmente a cuatro años de cárcel con suspensión y al pago de una indemnización de 100.000 hrivnas, unos 3.000 euros. “Y nunca hemos visto el dinero”. Decepcionada, la madre de Diana, que quería ver al soldado entre rejas, finalmente se rindió. “Mi hija no quiere pensar más en ello, quiere dejarlo atrás. Yo tampoco quiero hablar más del asunto”.

De modo que “hoy en Ucrania, sólo las ONG documentan la violencia sexual como crimen de guerra”, según Mykola Gnatovsky, jurista ucraniano y presidente del Comité europeo para la prevención de la tortura. Con respecto a estos dos tipos de abusos, “hay una falta de comprensión. La Fiscalía no está formada y no entiende de qué se trata”. Sin embargo, es consciente de que cada vez más jueces y fiscales le preguntan cómo llevar a los criminales de guerra ante la Justicia. Recientemente, la vicepresidenta de la Escuela Nacional de Jueces escribió a Kateryna Levchenko, comisionada del Gobierno para la Igualdad de Género, pidiéndole ayuda para organizar cursos de capacitación sobre violencia sexual en zonas de conflicto. “En mi opinión”, concluye Mykola, “no es la voluntad de la Fiscalía lo que debe cuestionarse. Pero para formarlos, necesitamos ayuda internacional”.

Desde 2015, Dinamarca financia un plan de formación a fiscales y jueces sobre crímenes de guerra, impulsado por el Consejo de la Unión Europea. Pero las medidas adoptadas por otros miembros de la UE para condenar los crímenes de guerra son escasas. En Francia, “estamos preparados y queremos ayudar, pero no estamos obligados a hacerlo y no resolveremos los problemas ucranianos en lugar de Ucrania”, respondía en una entrevista Valéria Faure-Muntian, nacida en Ucrania, diputada de En Marcha! y presidenta del grupo de amistad franco-ucraniano. Preguntada al respecto, añadió: “Ucrania debe decidir primero lo que quiere para sí misma, antes de pedir ayuda internacional. Porque creo que existe algo de esquizofrenia”. Por un lado, encontramos el papel de estudiante aplicada, que firma la mayoría de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y de la mujer y está comprometida con la lucha contra la corrupción. Por otro lado, hallamos los viejos hábitos que son difíciles de olvidar y que frenan el cambio. “Kiev está atrapada entre su cultura soviética y sus aspiraciones europeas”. En cuanto a la condena de los crímenes de guerra y la ratificación del Estatuto de Roma, según Valéria Faure-Muntian, “Ucrania se está reformando después de 27 años de inmovilismo, sus líderes tienen la obligación de fijar prioridades. Mientras no se encuentre entre los primeros objetivos fijados internacionalmente, Ucrania no podrá convertirlo en una prioridad”.

La secretaría de la diputada, contactada por el equipo de Zero Impunity en junio, había rechazado una entrevista con Olexandra. El gabinete justificó que “estábamos atravesando un período complicado en lo que a la disponibilidad de la diputada respecta. Por supuesto que nos pondremos en contacto con Olexandra Matviichuk para conocerla porque su lucha es muy importante para nosotros”. Stephane Hueber Blies, Nicolas Blies y Oleksandra finalmente se reunieron finalmente con la diputada el 14 de noviembre.

Luz al final del túnel

Entre las reformas en curso, se ve “luz al final del túnel”, dice Nataliya Pylypiv, que pronto podría resolver algunos problemas de impunidad. La Oficina Estatal de Investigación (State Bureau of Investigation, SBI), una unidad de investigación independiente que entró en funcionamiento a finales de noviembre, especializada en la investigación de delitos graves como la corrupción de alto nivel o los crímenes de guerra. Sin embargo, meses antes de que comenzase a operar, Maxim Komarnitsky mostraba su preocupación: “Cuando la SBI comience a funcionar, los militares podrán salir airosos todavía con mayor facilidad”. Los exinvestigadores de la Fiscalía General Militar tenían derecho a acceder a las bases militares y a los documentos. Los investigadores del SBI, con estatus de civiles, “no tendrán acceso, no podrán investigarlos”. Desde marzo, cuando se retiró la competencia a la Fiscalía General Militar, “ya no tenemos agentes capaces de investigar”. “En esos meses y hasta la entrada en funcionamiento del SBI, en noviembre, los servicio de seguridad (SBU) y la Policía Nacional trabajaban en las 7.000 investigaciones en curso”. “Pero no están preparados para ello. No se han abierto nuevas investigaciones mientras los crímenes continúan”, continúa Maxim. Así que, durante los últimos meses, cuando terminaba su día de trabajo como fiscal, ayudaba a los agentes de policía cuando no tenían acceso a documentos o lugares. “Voy sobre el terreno, dirijo los interrogatorios. Es muy difícil, creo que puedo seguir así un año más. Pero en mi departamento, temo que la gente diga basta, por el volumen de trabajo que supone”. A nivel legislativo, Maxim apunta otro problema, que surge en el momento en que la SBU empieza a funcionar: "Ya no se podrá juzgar a los criminales separatistas que no se encuentran en el territorio controlado por el Gobierno". Desde 2016, Ucrania puede juzgar in absentia, si los criminales se encuentran en zona separatista, en dos casos: si sobre el criminal pesa una orden de detención de Interpol o si se oculta desde hace más de seis meses en territorio ocupado. Con la salvedad de que, con la entrada en funcionamiento de la SBI, esta última condición desaparece. Y, dado que Interpol rechaza perseguir a los separatistas, a los que considera criminales político, "en ese caso no se podrá hacer nada", se lamenta Maxim.  

Pese a todo, se perciben ciertos avances. Los artículos 152 y 153, relativos a la violación y la violencia sexual, fueron enmendados en 2016 y los cambios entrarán en vigor este mes de enero de 2019. En 2016, la Constitución ucraniana fue enmendada para hacerla compatible con el Tratado de Roma, de modo que eventualmente pudiera ser ratificado, pero el cambio en la Constitución no se aplicará hasta 2019. En cuanto a la ratificación del Tratado de Roma, la cuestión aún no se ha planteado, pero la lucha será difícil, explica Olexandra. “Los parlamentarios tienen miedo, piensan que Rusia recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) para encarcelar a los ucranianos. Pero la CPI no es un medio de comunicación, ¡comprueban todos los archivos!”.

En cuanto al proyecto de ley apoyado por Olexandra, por fin se percibe alguna evolución. Después de años de negociaciones, de manifestaciones y de presiones de los activistas, el consejo de ministros por fin aprobaba el texto legislativo el pasado 20 de diciembre. Fue remitido entonces a la Rada, el Parlamento ucraniano, donde fue debatido y votado. Los activistas prevén ya las dificultades ligadas al desconocimiento del derecho internacional entre los miembros del Parlamento. Anton añade: “Algunos confunden esta ley con la ratificación del Tratado de Roma, pese a que no tiene nada que ver”. Olexandra es consciente de estas dificultades, pero no se desanima. Tiene la intención de sacar partido de las campañas electorales previstas para este año, aprovechándolas para pedir públicamente a los futuros candidatos que incluyan en su agenda la ratificación del Estatuto de Roma y la reforma del código penal. Porque sabe que “sin acción pública, nada avanza. Se trata de una batalla larga, vamos poco a poco. El consejo de ministros hizo primero objeciones, pero después de años de negociaciones, ya no las ven. Ahora, en el Parlamento, se abre empieza otra batalla. No va a ser fácil”. Sobre todo porque está determinada a que se apruebe la ley antes de octubre de este año. Porque Ucrania no sólo tendrá un nuevo gobierno y presidente en marzo, sino que también se renovará el Parlamento en otoño. Si la Rada no vota esta ley antes de esa fecha, el texto deberá volver al consejo de ministros, ser validada por el nuevo ejecutivo, para volver a ser sometida a votación por el nuevo Parlamento. Cuando se le pregunta a Olexandra si tiene la esperanza de que el texto se vote antes del otoño, responde decidida: "Va a ser muy difícil, pero estamos trabajando para hacerlo posible". A pesar de las ojeras presentes en su rostro, multiplica los esfuerzos por evitar que el proyecto de ley retroceda a la casilla de salida. 

  infoLibre se suma al proyecto internacional Zero Impunity (zeroimpunity.com), que combina un documental con impacto social, investigación y activismo. Este proyecto transmedia documenta y denuncia la impunidad que protege a los autores de violencia sexual en los conflictos armados. Se trata de una iniciativa de Nicolas Blies y Stéphane Hueber-Blies, “documentalistas activistas”. La entrevista de una víctima y de la productora del proyecto Marion Guth (a_BAHN) está en el origen del proyecto, un testimonio conmovedor. “Si me permito hablarles hoy, y por tanto descubrirme, es preciso que tenga la certeza de que mis palabras serán escuchadas”, escucha entonces. La frase resonó en ellos como un detonador. Las agresiones sexuales en zonas de conflictos armados están detrás de las condiciones de su propia impunidad. Zero Impunity destapa los juegos del poder, las relaciones de fuerzas y las deficiencias judiciales existentes el seno de las grandes instituciones y de los Estados. Zero Impunity aspira a replantearse la noción de activismo on line movilizando a los lectores gracias a testimonios firmes y a investigaciones concluyentes.

Como proyecto de acción ciudadana, proyecto activista que reagrupa a 400.000 ciudadanos firmantes de diferentes peticiones, ejerce una presión sobre los Estados e instituciones internacionales para obtener cambios concretos y así dejar oír las voces de las víctimas para conseguir más Justicia.

En colaboración con un consorcio de medios de comunicación internacionales, infoLibre publica las investigaciones exclusivas del proyecto que desentrañan las mecánicas de la impunidad en el seno de las instituciones públicas, de las organizaciones internacionales e, incluso, de los Ejércitos.

Traducción: Mariola Moreno

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que, de haber acercamientos, serán individuales y de acuerdo a la ley penitenciaria. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha defendido, afeando al PP su estrategia de "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.

Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Traslados que el Gobierno de Rajoy defendía "con ahínco"

"Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación con su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. "No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", ha continuado, citando declaraciones de dirigentes del PP en el pasado, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.

En su intervención inicial ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha defendido que los traslados penitenciarios no cuentan como beneficios en lo referente a la progresión de grados.

El PP, sin embargo, ha mantenido la petición de explicaciones al entender que sí ha habido un cambio en la política penitenciaria como "pago por los votos" del PNV y otros partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".

El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. "Está clarísimo", ha dicho el diputado Mikel Legarda, "el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver".

Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas −"presos vascos", para ella− deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación con la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo grado "en tiempo récord".

"No vamos a permitir la inmigración violenta"

El ministro del Interior también ha justificado la devolución a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto, afirmando que esta acción "mandó un mensaje claro" a las "organizaciones criminales que trafican con personas".

"El mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta", ha destacado, para después reivindicar la "seguridad y protección" de las fronteras de España con el país alauí desde el respeto a los derechos humanos. "Seguridad, sí, pero sobre todo humanidad. Pero humanidad no es igual a permisividad", ha precisado el responsable del Ministerio del Interior, que ha comparecido este miércoles en el Congreso.

Grande-Marlaska ha acudido a la Cámara baja a petición propia tras la "reactivación" del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos, en virtud del cual los 116 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla fronteriza de Ceuta fueron devueltos al país magrebí apenas 24 horas más tarde. El convenio permite a España entregar al país vecino a quienes han accedido de manera irregular a territorio español desde allí, independientemente de su país de origen.

La aplicación de este acuerdo, según ha explicado el ministro, se debe a que tanto España como Marruecos "han querido mandar un mensaje claro" a las mafias dedicadas a la trata de seres humanos. "No vamos a permitir la inmigración violenta que atente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resaltado.

Marruecos solo acepta el convenio en casos concretos

Grande-Marlaska ha destacado que la reactivación del acuerdo por parte de Marruecos "por lo general, no ha sido aceptada": solamente ha aceptado hacerlo "en casos específicos". Durante su intervención, ha hecho hincapié en el impulso de la cooperación y las relaciones entre Maruecos y España desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

En este sentido, ha asegurado que España va a reforzar el control fronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, matizando que se impulsará el uso de "medios más modernos, no lesivos", en clara referencia a las concertinas con cuchillas cortantes.

Sabía muy bien Rajoy de lo que hablaba cuando se lo calzó a Rivera por azuzar aún más el fuego catalán, puesto que el PP practicó sin el menor pudor esa táctica aprovechategui de modo permanente desde la oposición a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo respecto a Cataluña y la reforma de su Estatut, lo hizo con la inmigración y lo hizo con la lucha antiterrorista. Y cuando Pablo Casado proclamó que “el PP ha vuelto” tras lograr la presidencia del partido debía referirse a todo esto.

El éxito por sorpresa de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa tuvo el doble efecto inmediato de sacar a Rajoy de la política y de dejar a Rivera completamente noqueado, musitando todo el rato “hay que convocar elecciones, elecciones, elecciones…”, aferrado a unas encuestas que le pronosticaban una amplia victoria y a unos editoriales de El País que jaleaban cada uno de sus gestos. Los augurios demoscópicos han ido rápidamente difuminándose y los editoriales y portadas anaranjadas de El País han pasado a mejor vida.

Pero sobre todo ha aparecido en escena un competidor durísimo en el oficio de aprovechategui. Pablo Casado ha demostrado ya que es capaz de acusar al nuevo Gobierno de regalar “papeles” a todos los migrantes que se juegan la vida para pasar del tercer mundo al primero (como si España tuviera la exclusiva de ser el segundo mundo del que nadie habla); también es capaz de adelantar por la derecha a Ciudadanos en todo lo que se refiera al conflicto catalán (olvidando por completo que se trata de un conflicto también español y constitucional); incluso es capaz de achacar a Pedro Sánchez un serial de concesiones a ETA y a sus presos (a pesar de que las propias víctimas del terrorismo aclaren que las medidas penitenciarias tomadas son legales y estaban ya previstas por el Gobierno anterior).

No debería sorprender que Casado recupere esa estrategia de oposición, por completo alejada de cualquier sentido de Estado. Nació y creció políticamente entre Aznar, Aguirre, Granados, Ignacio González, Rajoy y otros referentes de una concepción de la política no como servicio público sino como herramienta para utilizar lo público al servicio de intereses privados, mayormente de los sectores más privilegiados y reaccionarios. Se empieza privatizando hasta el aire que respiramos y se termina con sobres de dinero negro ocultos en un altillo del chalé de tus suegros.

¿Acaso Soraya Sáenz de Santamaría habría liderado un discurso más moderado, menos falsario para intentar recuperar el voto fugado a Ciudadanos? No hay garantía alguna de ello, y conviene no olvidar que tanto el PP como Ciudadanos siguen manteniendo que la llegada de Sánchez al gobierno ha sido antidemocrática, “por la puerta de atrás”. Lo cierto es que se avecina de nuevo un galopante proceso de crispación, en el que el unilateralismo independentista arreciará la presión antes de concluir agosto y durante todo el otoño, y en el que tanto Casado como Rivera necesitan dibujar un gobierno débil, marioneta de “los populistas y de los que quieren romper España”, capaz de ceder hasta la llave del búnker de la Moncloa con tal de mantener el poder.

Se ve que Pablo Casado no contaba con la complicación judicial de su mini-máster, o quizás aspiraba a que, una vez en el sillón de la presidencia del PP, ningún juez se atreviera a exigirle las pruebas de haber realizado (al menos) esos trabajos que dijo que guardaba en su ordenador. Si no ha mentido, lo tiene bastante fácil para solucionar el problema. Si ha mentido, está ya en tiempo de descuento para dar por finiquitada su carrera política.

En términos de calidad democrática, el espectáculo es lamentable. La cacareada regeneración política no puede hacerse por vía judicial, y menos aún cuando la propia institución de la Justicia está a su vez necesitada de un chute de regeneración y despolitización. La ciudadanía, más allá de sus convicciones ideológicas, no se merece líderes que mienten de forma compulsiva ni políticos capaces de utilizar y manipular la lucha antiterrorista, la tensión catalana o la complejísima realidad de las migraciones para arañar un puñado de votos.

Se dirá: es la ciudadanía precisamente quien tiene en su mano no votar a los aprovechateguis. Es cierto, pero cualquier estudio postelectoral mínimamente riguroso refleja que las razones de cada cual para ejercer su derecho al voto son poco menos que inextricables. Eso sí, sabemos que un porcentaje alto de electores toma su decisión no tanto a favor de uno como en contra de otro. Por eso donde se juega su futuro el actual gobierno es en negociaciones como la que busca la aprobación del nuevo techo de gasto, pero también en la prioridad de no cometer errores graves ni regalar munición gratuita a los aprovechateguis. (Por ejemplo: ¿Era oportuno, necesario y conveniente que la mujer del presidente del Gobierno aceptara ese trabajo en el Instituto de Empresa? Creo que no).

La operación se ha lanzado por parte de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

Se trata tanto de autores de atentados terroristas como de acciones de violencia callejera de la conocida como kale borroka, según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. 

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal.

La Tigresa abandonó el 13 de junio de 2017 la cárcel de Álava tras cumplir todas sus condenadas por integrar uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el comando Madrid de mediados de los 80, en el que figuraban otros conocidos terroristas como Iñaki de Juana Chaos, Juan Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño o Inés del Río.

Otra histórica etarra es Mercedes Galdós, que salió en libertad de la prisión de Topas (Salamanca) en 2005 tras haber cumplido 19 de los 700 años a los que fue condenada por 21 atentados. La integrante del comando Nafarroa logró redimir 11 años por buen comportamiento.

En el caso de Enrique Letona Viteri, salió de prisión en 2003 y también se acogió a beneficios penitenciarios tras cumplir algo más de 15 años. En todos estos casos la Guardia Civil ha detectado que tienen ingresos y bienes, alertando de ello a la Audiencia Nacional.

Más de 45 cuentas bloqueadas

Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación Zerga, que se puede traducir como tributo en vasco, permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado catorce propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según Interior, esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, "seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas". Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes.

Después de 14 años, Facebook ha hecho pública por primera vez su definición de "terrorismo" tras su fundación en 2004. La red social define terrorismo como "cualquier organización no gubernamental que participe en actos de violencia premeditados contra personas o propiedades para intimidar a una población civil, gobierno u organización internacional con el fin de lograr un objetivo político, religioso o ideológico". "En Facebook, reconocemos la importancia de mantener a las personas a salvo, y usamos la tecnología y nuestro equipo de contraterrorismo para hacerlo", aseguran desde la empresa para explicar por qué la tecnología es importante para mantener a los terroristas fuera de la plataforma.

La compañía californiana creada por Mark Zuckerberg explica que esta definición de "terrorismo" es "independiente" de la ideología o los objetivos políticos de un grupo. Por tanto, Facebook incluye como terroristas a extremistas religiosos, separatistas violentos, supremacistas blancos y activistas medioambientales. "Se trata de si usan la violencia para alcanzar esos objetivos", apostillan los encargados de firmar este comunicado: la vicepresidenta de gestión de política global, Monika Bickert, y el director de política global antiterrorista, Brian Fishman. 

La red social también explica en el comunicado que esta política antiterrorista no se aplica a los gobiernos: "Esto refleja un consenso general académico y legal de que los estados-nación pueden usar legítimamente la violencia en ciertas circunstancias". Eso sí, Facebook asegura que "cierto contenido sobre la violencia patrocinada por el estado" podría ser eliminado en función de otras de sus políticas como su "política de violencia gráfica". 

Facebook recuerda que su política "prohíbe a los terroristas usar nuestro servicio" pero que "no es suficiente con solo tener una política". Asimismo, también admite que, ahora mismo, están centrados en detectar contenido de Estado Islámico, Al Qaeda y sus afiliados: "los grupos que actualmente representan la amenaza global más amplia".

La plataforma también recuerda que, en junio de 2017, ya anunció que estaba comenzando a implementar un algoritmo de Inteligencia Artificial para combatir el terrorismo. Según explicó Facebook, en aquel momento, además de contar con un equipo de expertos, el algoritmo analiza imágenes y textos antes de que se publiquen. "Hemos logrado grandes avances al encontrar y eliminar su propaganda de manera rápida. La tecnología de detección ha sido fundamental para nuestro progreso, al igual que nuestro equipo de contraterrorismo de 200 personas, en comparación con 150 en junio pasado. Ese equipo continuará creciendo", asegura ahora la empresa. 

Retira más de un millón de contenidos relacionados con Al Qaeda y Estado Islámico

Facebook también aprovecha el mismo comunicado para anunciar la retirada de más de un millón de contenidos relacionados con los grupos terroristas Estado Islámico y Al Qaeda durante los primeros tres meses de 2018, el doble que en el mismo periodo del año anterior, según recoge Europa Press. "No nos hacemos ilusiones de que el trabajo está hecho o que el progreso que hemos logrado es suficiente. Los grupos terroristas siempre intentan eludir nuestros sistemas, por lo que debemos mejorar constantemente. Los investigadores y nuestros propios equipos de revisores encuentran regularmente material en los que nuestra tecnología falla. Pero aprendemos de cada paso en falso, experimentamos con nuevos métodos de detección y trabajamos para expandir los grupos terroristas a los que apuntamos", explica la plataforma que también ha hecho hincapié asimismo en su intención de adquirir una postura más abierta a la hora de hacer frente a las operaciones de la red social a nivel interno.

La mayoría del contenido extremista ha sido retirado, mientras que otros materiales presentan ahora información de advertencia sobre su contenido, según ha explicado Facebook. La medida responde a la presión ejercida por las autoridades europeas contra la red social en un intento por lograr retirar todo el contenido extremista.

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José Mari Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica asesinado por ETA, ha destacado que se ha logrado la derrota de ETA pero ha apelado a seguir el "combate" para acabar con su "legado de odio" y también contra la impunidad para que "los criminales sigan en prisión", informa Europa Press.

Estas manifestaciones han sido realizadas en el homenaje que se ha realizado en el cementerio de Polloe en San Sebastián al dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA hace 22 años. El acto ha contado, entre otros, con la presencia del ex primer ministro francés Manuel Valls, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, o Adolfo Suarez Illana.

En el acto de homenaje, Múgica ha afirmado que no todas las ideas son "respetables" y quien "expresa a través del crimen un proyecto de odio, de destrucción, de exclusión, de arrasamiento del otro, del distinto no tiene derecho a expresar esas ideas legítimamente". Por ello, ha apelado a combatir ese "legado del odio" y también la impunidad para que "los criminales sigan en prisión". Por su parte, el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha asegurado que el separatismo es "lo peor para un estado democrático".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en el marco del pacto antiterrorista convocado este miércoles que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para crear un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan o alquilan vehículos de motor, así como para mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, según informó Europa Press.

La intención de Zoido es que "a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría" de estas reformas legislativas que están ya "preparadas o en fase de conclusión", lo que implica transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas".

Al pacto antiterrorista se convocó a los partidos firmantes y a los observadores, que analizaron un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, y del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, coronel Diego Pérez de los Cobos.

El primero informó de unas conclusiones centralizadas por el CITCO en base a la documentación remitida por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los atentados de agosto en Cataluña. Zoido se refirió a informaciones que ya se contaron en "noticias escritas", sin entrar en detalles por tratarse de una cuestión que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

Sobre el cerebro del atentado, el imán de Ripoll al que contactó el CNI, Zoido dijo que no se habló "nada en absoluto". "El director del CITCO puso en conexión todo lo que había pasado esos días y que no está sujeto al secreto de las diligencias", matizó el ministro.

Zoido anunció que se conformará un grupo de trabajo para las reformas legales basadas en una "muy novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto de Pérez de los Cobos, con recomendaciones "pormenorizadas" para hacer frente a la amenaza yihadista por parte de cuerpos policiales, corporaciones locales o miembros de la seguridad privada.

Ley de seguridad e imanes

El Gobierno también contempla un "reforzamiento" de las medidas de protección contra el terrorismo incluidas en la Ley de Protección Ciudadana, así como distintas medidas relativas a los llamados ministros de culto de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

Aunque sin citarlo explícitamente, Zoido se refirió a diferentes cuestiones estudiadas por el CITCO para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista tras el atentado en Cataluña, donde se alquilaron varios furgonetas y se utilizó la casa de Alcanar como laboratorio para fabricar el TATP (o madre de Satán), usando bombonas de butano. Otro de los aspectos más polémicos es si el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, era confidente policial y cómo pudo captar a los jóvenes que perpetraron la acción criminal.

El ministro presentó una propuesta para modificar el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo para mejorar el control de bombas de butano, así como la necesidad de abordar la nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas para dotar de mayor eficacia a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Zoido evitó polémicas sobre la invitación de partidos observadores, reclamando el apoyo "sin fisuras" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el proceso de mejora de sus condiciones laborales "para solucionar desequilibrios históricos" porque, según él, "lo merecen por su trabajo diario para anticiparse al terrorismo y evitar atentados".

El ministro aseguró que se ha inspirado en lo que ha llamado "las cuatro P": prevención, protección, persecución y preparación. "Solo debe haber un mensaje claro, único y sin fisuras de que la sociedad española y nuestro Estado de Derecho van a conseguir derrotar al terrorismo", afirmó.

Los partidos aplauden que el pacto sea más "proactivo"

Todos los partidos políticos que participaron este miércoles en la reunión clebraron que el foro sea más "proactivo" a la hora de estudiar las reformas legislativas para mejorar la lucha contra el terrorismo, incluyendo Podemos, la única formación que participó en calidad de observador y que aprovechó para pedir que se eviten vetos para aquellas formaciones que no son firmantes del acuerdo.

El portavoz de Interior de Podemos, el diputado Rafael Mayoral, aseguró que la polémica de la previa sobre la participación de los partidos no firmantes está "completamente zanjada". "Nos parece interesante ver cómo generar espacios de trabajo que transcienden el pacto y van más a los contenidos", dijo el dirigente, que mantuvo su rechazo a firmar el acuerdo de 2015 por discrepancias sobre su contenido, sobre todo en material penal.

El objetivo principal de Podemos es "generar dinámicas para que otras fuerzas participen", en alusión al PNV, ERC y PDeCAT, que sí asistieron a la reunión del 21 de diciembre, cuatro días después de los atentados en Cataluña. Como ya hicieron este martes, Ciudadanos y Podemos fueron los partidos que mantuvieron mayor discrepancia hacia la figura de los observadores.

"No me parece muy leal, está muy bien y me gusta la foto de la unidad, pero a esa foto hay que acompañarla del compromiso", insistió el portavoz del PP, Rafael Hernando, que no entiende que se mantenga el 'no' a firmar un pacto que permite que se crean, como ha dicho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, grupos de trabajo para ser más "proactivos" a la hora de plantear reformas legislativas e instrucciones concretas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

El Ayuntamiento de Barcelona está instalando esta semana bolardos en varios puntos de La Rambla como una de las medidas de seguridad acordadas en materia antiterrorista por la Junta Local de Seguridad. La Rambla fue uno de los escenarios de los atentados de este mes de agosto, en el que Younes Abouyaaqoub atropelló mortalmente a 13 personas con una furgoneta.

Según ha podido comprobar Europa Press, la mañana de este miércoles los operarios estaban colocando bolardos en la parte superior del paseo, la más cercana a la plaza Catalunya, por la que entró el vehículo que conducía Abouyaaqoub. Se trata de unos pilares cilíndricos oscuros más gruesos que los que habitualmente se colocan en la vía para impedir el paso de tráfico rodado.

La Junta Local de Seguridad de Barcelona acordó en noviembre adoptar nuevas medidas en materia antiterrorista como peatonalizar las calles del entorno del templo de la Sagrada Familia y la instalación de bolardos flexibles y otros obstáculos provisionales en zonas céntricas. En la Junta se acordó instalar en varias zonas céntricas obstáculos provisionales, además de los bolardos flexibles provisionales: arbolado, jardineras y cubos de hormigón.

Estas medidas fueron aprobadas por la Junta en el marco del grupo específico creado tras los atentados del 17 de agosto en La Rambla con el objetivo de analizar riesgos y valorar la adopción de medidas adicionales de seguridad.

Este grupo específico está integrado por el Ayuntamiento de Barcelona —áreas de seguridad y prevención, Guardia Urbana, Bomberos, Urbanismo, Movilidad, Distritos y Turismo—, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han detenido este martes a cuatro personas, tres de ellas en España, por su pertenencia a la organización terrorista Estado IslámicoEstado Islámico. El dispositivo se ha desarrollado de forma simultánea en Tánger (Marruecos) y en las localidades de Figueres (Girona) y Parla (Madrid), donde se han practicado varios registros domiciliarios.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, los arrestados eran objetivos claves de la lucha antiterrorista por difundir material yihadista de corte radical en Internet e incitar de manera directa a la comisión de atentados en España. Todos instrumentalizaban sus perfiles en redes sociales para desarrollar la labor del aparato propagandístico de la organización terrorista en España.

El detenido en Tánger estaba buscado por las autoridades de varios países ya que es un peligroso integrante del grupo terrorista. Formaba parte de la dirección del aparato propagandístico y recopilaba de manera diaria y en tiempo real información proporcionada directamente por las distribuidoras oficiales de la organización terrorista.

Además, elaboraba diariamente dossiers actualizados y dirigidos a radicalizar al mayor número de usuarios en Internet y era muy conocido en la web. De hecho, presumía de haber abierto hasta 300 perfiles en la red a través de los que los futuros radicales se descargaban material muy violento desde un único enlace.

Aunque adoptaba amplias medidas de seguridad que impedían conocer su verdadera identidad, utilizaba palabras clave y logos que permitían a sus miles de adeptos seguirle aun cuando sus perfiles eran cerrados por sus contenidos inadecuados.

Dos detenidos en Figueres

Por su parte, los dos detenidos en Figueres (Girona) eran dos hermanos de 30 y 31 años y de origen marroquí que se dedicaban a administrar una compleja red de comunicación para potenciar la estrategia global de Estado Islámico para realizar una propaganda de carácter viral empleando la difusión masiva en Internet por cualquier medio.

Desde marzo de 2016, los agentes verificaron más de 400 publicaciones realizadas por ambos en Internet. En este caso, y como medida de seguridad, mantenían sus muros privados, restringiendo el acceso para controlar a quiénes iban dirigidos sus contenidos.

En el material que difundían hay constatados manuales didácticos sobre la confección de artefactos explosivos de elaboración casera, sobre el apuñalamiento de civiles o ejercicios de entrenamiento de muyahidines, por lo que existía una incitación directa a sus adeptos para cometer atentados.

Asimismo, los dos detenidos habían aprendido por los conocimientos suministrados por Estado Islámico a hackear los perfiles sociales de usuarios ajenos a la causa terrorista, accediendo a sus cuentas privadas sin su consentimiento y publicando de manera ilegal contenidos proselitistas. Entre otras cosas, mostraban campamentos de entrenamiento para niños, ejecuciones y fusilamientos, conductas humillantes para las víctimas de atentados o acciones bélicas con el objetivo de crear un estado de terror permanente en la sociedad.

Un detenido en Parla

Entre los amigos virtuales de los arrestados en Figueres, los agentes detectaron al cuarto objetivo, un marroquí de 44 años nacionalizado español que ha sido arrestado en la localidad madrileña de Parla, que junto a los otros tres desarrollaba labores de adoctrinamiento y captación a través de redes sociales. Tenía un perfil delictivo diferente ya que no adoptaba apenas medidas de seguridad y efectuaba publicaciones en abierto.

Además, realizaba tareas de adoctrinamiento sobre algunas personas de su entorno y presentaba un avanzado proceso de radicalización que le provocaba ensalzar de manera reiterada y continúa los atentados kamikazes y las acciones de martirio. Esta conducta le había llevado a buscar cómplices entre sus seguidores al objeto de planificar un posible atentado terrorista en España.

Un operativo ha sido desarrollado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en colaboración con la Dirección General de Vigilancia del Territorio del Reino de Marruecos (DGST). Asimismo, se ha desarrollado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Guipúzcoa y Barcelona y ha contado con la presencia sobre el terreno de efectivos de la agencia de cooperación policial Europol.

La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción número 2 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Lo ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de su cuenta de Twitter, en la que ha enmarcado el dispositivo en la lucha contra el enaltecimiento de Estado Islámico.

La policía catalana ha llevado a cabo desde la madrugada entradas en dos domicilios de la localidad, uno de ellos en la calle Jaume Balmes, y ya había anunciado que preveía realizar detenciones.

La operación, liderada por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, culmina un trabajo de investigación de hace meses.

Los agentes detectaron a administradores de perfiles en Internet, que, de forma coordinada, enaltecían y justificaban las acciones de Dáesh y utilizaban estos perfiles para incitar a cometer acciones terroristas.

La unión de tribus del Sinaí ha prometido este domingo "eliminar" a los miembros del grupo yihadista Estado Islámico presentes en la península del Sinaí, después de la muerte de más de 300 personas en el atentado del viernes contra una mezquita sufí de la localidad de Bir al Abd.

En su comunicado, recogido por el diario local Al Masry al Youm, la organización ha dicho que "no habrá consuelo hasta que todos los milicianos del Sinaí sean eliminados", recalcando que "no habrá piedad".

"La masacre llevada a cabo contra residentes (...) se convertirá en un fuego que os eliminará", ha manifestado, en un mensaje dirigido a los responsables del ataque, cuya autoría no ha sido reclamada por el momento.

"Nosotros (las tribus del Sinaí) no celebramos juicios ni tenemos prisiones", ha advertido la unión de tribus del Sinaí, pidiendo a los jóvenes de las tribus que se unan a las operaciones del Ejército en la zona.

Asimismo, ha apuntado que los residentes de Bir al Abd fueron objetivo del ataque en venganza a su negativa de seguir las órdenes de los yihadistas presentes en el área.

La Fiscalía egipcia afirmó el sábado que hasta 30 milicianos perpetraron el atentado, el más sangriento en la historia reciente de Egipto, y que podría estar relacionado con Estado Islámico dado que varios testigos han asegurado que los asesinos llegaron al lugar enarbolando la bandera negra de la organización yihadista.

La mezquita de Al Rauda está situada en Bir al Abd, a unos 40 kilómetros de la capital de la provincia, El Arish. Según testigos, varios hombres armados abrieron fuego indiscriminado en pleno sermón tras bajarse de cuatro vehículos todoterreno y detonar un potente explosivo.

En respuesta al atentado, el Ejército ha bombardeado posiciones de Península del Sinaí -rama de Estado Islámico en la región-, matando a decenas de presuntos yihadistas.

El Ejército de Egipto anunció el 16 de octubre de 2016 el inicio de una nueva ofensiva a gran escala contra "elementos terroristas" en el norte y el centro de la península del Sinaí.

Se trata de la segunda campaña lanzada por el Ejército desde la Operación Derecho del MártirOperación Derecho del Mártir, que arrancó en septiembre de 2015 con el objetivo declarado de acabar con la insurgencia en la península.

Cientos de policías, militares y milicianos han muerto en los dos últimos años de insurgencia islamista en Egipto, principalmente en la región del Sinaí, donde opera Provincia del Sinaí. Hasta noviembre de 2014 el grupo era conocido como Ansar Bait al Maqdis, Seguidores de la Casa Sagrada.

La Policía Nacional ha detenido este martes en Melilla a un joven de 21 años de nacionalidad española por su plena adscripción y compromiso con la organización terrorista Dáesh y que realizaba labores de captación utilizando internet y las redes sociales. Además, llevaba a cabo actividades de adoctrinamiento que realizaba en su entorno más próximo.

Según ha informado la Policía, el arrestado era muy discreto en Internet, mostraba siempre un perfil privado en redes sociales sólo accesible para sus amigos, se auto adiestraba mediante el acceso constante a sitios web con imágenes, vídeos y textos de Dáesh que descargaba y visualizaba de manera compulsiva para después adoctrinar a terceras personas.

En el marco de esta operación policial se va a tomar declaración a dos personas más —dos hombres de 21 y 28 años de origen español— sobre los que el principal detenido ejercía un papel adoctrinador. Les había llevado a interiorizar las doctrinas de Dáesh, a apoyar y enaltecer sus acciones terroristas, a valorar la posibilidad de cometer atentados, e incluso a defender el ataque terrorista ocurrido en Barcelona el pasado mes de agosto.

Evolución de la actividad delictiva

El arrestado había sufrido un intenso proceso de radicalización en el que su actividad delictiva había ido evolucionando hacia un auto adoctrinamiento continuo y progresivo que le había llevado a navegar en Internet de manera exclusiva sobre contenidos referentes a la organización terrorista.

Los vídeos a los que accedía eran de gran calidad y de contenido muy violento y explícito. Además demostraban un importante dominio de la red, ya que este material propagandístico e incitador a la comisión de atentados se distribuye a través de una red de comunicaciones de difícil acceso para impedir su localización.

Según los investigadores, el detenido adoptaba medidas de seguridad extraordinarias al mostrarse muy reservado y cauto para evitar ser detectado por los agentes policiales. Entre otras cosas, evitaba hacer comentarios en público que le posicionasen a favor de Dáesh, y se guardaba el discurso para las reuniones que mantenía con aquellas personas de su círculo más íntimo a los que pretendía adoctrinar y adherir a la causa terrorista yihadista.

Contacto directo con condenados vinculados a Dáesh

Además, el arrestado había mantenido contacto directo con individuos condenados actualmente por su pertenencia e integración en la organización terrorista Dáesh, procesados que captaban, adoctrinaban y enviaban combatientes desde Melilla y Marruecos a zonas de conflicto.

Entre ellos, destaca la figura de un melillense que se marchó en 2012 y que se convirtió en dirigente de una katiba yihadista en Mali y que supuestamente falleció en combate en 2016 en Tombuctú. Las continuas detenciones en su entorno no sólo no provocaron el cese de su actividad sino que se vio incrementada y reforzada.

La Policía destaca que, con esta nueva operación se neutraliza una potencial amenaza ya que el detenido se encontraba en un punto de plena disposición con la organización terrorista que podría haberle llevado a cometer atentados —tal como reclama Dáesh y siguiendo el ejemplo de otros terroristas que han cometido atentados en Europa y en EEUU—.

La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción número 2 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Las detenciones se han producido en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Melilla.

Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 209 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 254 desde principios de 2015.

El número de muertos por terrorismo en el mundo disminuyeron en 2016 en todo el mundo por segundo año consecutivo pese a que el grupo terrorista Estado Islámico mató a un 50% de personas más que el año anterior, según se desprende del Índice Global de Terrorismo 2017 publicado este martes.

En total, 25.673 personas perdieron la vida en atentados terroristas, 6.827 menos que el año anterior y un 22% menos que en 2014, cuando las víctimas de terrorismo alcanzaron su cifra récord, según el informe.

El retroceso se ha producido pese a que 2016 fue el año más mortífero de Estado Islámico, que mató a más de 9.000 Estado Islámicopersonas en todo el mundo, principalmente en Irak, donde estaba en curso una operación militar para expulsar a sus milicianos de Mosul.

El grupo que lidera Abu Bakr al Baghdadi ha sido el artífice además de que el número de ataques en países desarrollados se haya incrementado del 67% en el número de ataques y casi un 600% en el de muertos desde 2014. No obstante, aclara el informe, solo tres atentados sumaron el 44% de las muertes entre 2014 y junio de 2017: los atentados de París de noviembre de 2015 (con 137 muertos), el de Niza de julio de 2016 (87) y el del club de Orlando (50).

Irak es el país que más víctimas de atentados terroristas registró el año pasado, con 9.765 muertos, seguido de Afganistán, con 4.574; Nigeria, con 1.832; Siria, con 2.102; y Pakistán, con 956. Estas cifras suponen en el caso de los cuatro últimos países un 33% menos de víctimas mortales.

Según el Índice, la mayor reducción se produjo en Nigeria, donde opera el grupo terrorista Boko Haram, que juró lealtad a Estado Islámico. Aquí, los muertos por sus ataques cayeron un 80 por ciento en 2016, un dato que, de acuerdo con el documento, es resultado de la creciente presión militar a la que se enfrentra el grupo por parte de los países de la región y que también ha tenido efectos positivos en Camerún, Chad y Níger. En estos tres países, los muertos por terrorismo han caído un 75 por ciento.

Menos muertos por Al Qaeda y los talibán

Por otra parte, los muertos en atentados atribuidos a Al Qaeda y a los talibán también disminuyeron en 2016, algo que "refleja el cambio en las tácticas de ambos grupos".

En el caso de los talibán, parecen haberse centrado más en hacerse con territorio en Afganistán, lo que ha provocado que haya un conflicto armado más al uso en lugar de una actividad terrorista. En concreto, los atentados atribuidos al grupo se han reducido un 23%, sin embargo han incrementado los ataques contra la población civil, que ahora representan el 30 por ciento de su actividad.

En cuanto a Al Qaeda y sus filiales en todo el mundo, sus tácticas también han cambiado, según el informe, lo que ha supuesto que sus acciones dejaran un 35% menos de muertos en 2016.

La disminución habría venido motivada principalmente porque su filial en Siria, el antiguo Frente al Nusra, cometió menos atentados el año pasado, en su estrategia por acercarse a los grupos rebeldes sirios.

Motivos de preocupación

Aunque los datos de 2016 son "alentadores", el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que elabora el índice en base a la Base de Datos Global sobre Terrorismo del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START), ha advertido de que "sigue habiendo motivos de preocupación".

En este sentido, ha subrayado que "la estabilidad futura de Siria e Irak jugará un papel crítico a la hora de determinar el impacto del terrorismo en los próximos años". Además, no hay que ignorar que Estado Islámico seguirá siendo una amenaza "en evolución", ya que existe el riesgo de que sus milicianos se instalen en "otras zonas de conflicto".

En el caso de los países desarrollados, añade el informe, existe el riesgo de los combatientes retornados de Siria e Irak. El número de atentados cometidos por ellos pasó de once en 2015 a 15 en 2016.

Sin embargo, según resalta el Índice, pese a que los medios presten mayor atención a los atentados en los países de la OCDE, el 99% de las muertes por actividad terrorista se produjeron en países en conflicto o con altos niveles de terrorismo político durante los últimos 17 años.

En otro orden de cosas, el informe resalta la efectividad que parecen estar demostrando las actividades antiterroristas ya que si en 2014 y 2015 se consiguieron evitar dos de cada 10 ataques, en 2016 fueron tres de cada 10.

Casi la mitad de los ataques que implicaban el uso de bombas y explosivos fueron desbaratados, mientras que los actos considerados low cost, en los que, por ejemplo, se usa un vehículo, como fue el caso de Niza, parecen más difíciles de evitar.low cost

Sin querer realizar un resumen del coloquio, si quisiera señalar algunos de los planteamientos que se expusieron principalmente por parte del profesor Jackson, que es además director adjunto del National Centre for Peace and Conflict Studies de la Universidad de Otago y cofundador de la revista académica Critical Studies on Terrorism. A grandes rasgos, sus análisis y planteamientos sobre el fenómeno del terrorismo (así como el de otros teóricos) se clasifican en la corriente conocida como “estudios críticos de terrorismo” que aportan un enfoque distinto a la perspectiva que, si se me permite la expresión, podríamos llamar tradicional u oficial sobre este fenómeno.

Algunas de las ideas que se plantearon en este acto giraron en torno al debate entre libertad vs. seguridad (en el que actualmente se están vulnerando derechos de los ciudadanos en nombre de la seguridad), en si el terrorismo es la mayor amenaza (no lo es, aunque interesa sobredimensionarla y en este punto las empresas de armamento y de seguridad obtendrían grandes beneficios) o se cuestionaron algunas de las medidas antiterroristas, como es la colocación de bolardos en las calles (si el terrorista no puede atentar con un vehículo, buscará otras vías). Para hacer frente al fenómeno del terrorismo, el profesor Jackson afirmó que hay que plantearse el por qué nos quieren atacar.

Estos planteamientos irían en línea opuesta a las visiones y medidas que están aplicando los gobiernos occidentales en relación al terrorismo yihadista. Sirva de ejemplo el caso francés, en el que se ha llegado a normalizar el estado de excepción después de los atentados terroristas de noviembre de 2015, tal y como expuso brillantemente el profesor Fernando Flores en este medio. O el caso británico, en relación a como gestionar la posible vuelta de ciudadanos británicos que viajaron a países como Siria para unirse al Dáesh (las autoridades británicas calculan que serían alrededor de 850 personas).

Recientemente, el ministro de Estado del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Rory Stewart, afirmaba en una entrevista radiofónica en la BBC que “la única manera de solucionarlo [la cuestión de los posibles retornados] será, en casi todos los casos, matarlos”. Eso sí, lejos de territorio británico y a pesar de las cuestiones morales que se puedan plantear. Estas palabras están en la misma línea que las señaladas por el enviado especial de EEUU para la coalición contra Dáesh, Brett McGurk, en las que señalaba que su misión consiste en “asegurarse que cada luchador extranjero que se une a la organización en Irak y Siria muera en Irak y Siria”.

Ambas declaraciones, que a penas han tenido alguna repercusión en los medios de comunicación españoles tan ocupados con la cuestión catalana (que ha servido para tapar cuestiones incómodas como este tipo de declaraciones o el caso Gürtel), pueden generar una serie de interrogantes legales y éticos que pueden ser difíciles de justificar en sociedades democráticas (¿o no?).

Una sociedad democrática basada en un Estado de derecho consolidado no puede permitirse este tipo de “soluciones”. El desafío al que nos enfrentamos como sociedad es que estas aterradoras medidas encontrarán defensores entre políticos, medios de comunicación y ciudadanos. Y no nos asombremos o pensemos que eso no va con nosotros, porque eso ya lo hemos visto aquí, en la España que estos meses lleva por bandera el Estado de derecho y la ley en cuestiones territoriales y, en cambio, justifica ante su población que los presuntos yihadistas de Barcelona y Cambrils fueron “abatidos” (o lo que es lo mismo, muertos por disparos de los Mossos d’Esquadra, como prefiera).

Salvo contadas excepciones, poco se ha cuestionado desde los medios de comunicación y partidos políticos que durante días y semanas los supuestos terroristas fuesen “abatidos” (hagan la prueba y busquen como en muchas de las noticias no indican que fueron muertos por disparos sino que fueron “abatidos”). Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, en un excelente artículo reflexionaba sobre este hecho y exponía como había quienes defendían que, debido a la excepcionalidad del terrorismo yihadista, había que “recurrir a medidas excepcionales, también por lo que se refiere a los derechos y garantías de los terroristas, y aun de los sospechosos de serlo”. Pero no lo olvidemos, cuando fueron “abatidos” eran eso, presuntos terroristas.

Por otro lado, la ciudadanía española no sólo no ha cuestionado el procedimiento, sino que lo ha aplaudido. “¿Qué quieres que nos maten ellos primero?”, se preguntan. “Es la única manera de solucionarlo”, concluyen compungidos.

Por lo tanto, aunque en España también hemos matado-abatido a los terroristas, estos hechos no pueden ni deben normalizarse en una sociedad democrática. El principal objetivo debe ser detener al presunto terrorista (no hay que parar de repetirlo), interrogarlo y llevarlo ante la justicia (salvo excepciones en las que matar sea el último recurso).

Por ser un tema tan complejo, nuestros políticos deberían aportar a sus ciudadanos explicaciones coherentes y sinceras sobre las medidas para hacer frente al terrorismo en lugar de aprovecharse de nuestros temores. Debemos, como mínimo, replantearnos muy seriamente las políticas nacionales e internacionales frente al terrorismo que, no sólo no han sido efectivas (y continúan sin serlo), sino que además retroalimentan al monstruo.

Tal y como se expuso en el coloquio sobre terrorismo al que me he referido al inicio, queremos solucionar los problemas con violencia y después nos sorprende que ellos la utilicen. Pero para hacer frente al terrorismo de forma más eficaz hay que aportar una visión más amplia, abarcando todas las causas de esta barbarie, en la que la vía armada no puede ser la soluciónla solución. Hay que atacar las vías de financiación de estos grupos, ejercer un control real sobre el comercio de armas, aumentar la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados, y apostar por una mayor educación política de la ciudadanía, todo ello sobre la base irrenunciable del respeto a los derechos humanos.

Estos (y otros) deben ser los mecanismos sobre los cuales articular otras políticas para ser más eficaces y extender la idea de que sí son posibles otras formas de entender y afrontar el terrorismo.

El hijo del fallecido líder de Al Qaeda Usama bin Laden, Hamza, ha hecho este martes un llamamiento a la "rebelión" contra "Estados Unidos y sus agentes", reclamando venganza por la muerte de su padre en una operación en Pakistán en 2011.

En un mensaje de audio publicado por la organización terrorista titulado "Osama, el combatiente contra los invasores e incitador de la rebelión contra los tiranos", Hamza bin Laden pide "incitar a las masas hasta que se completen los preparativos y estén preparadas para un levantamiento". levantamiento".

En el mismo, el hijo del fundador de Al Qaeda dice rechazar la democracia, argumentando que "la libertad no puede lograrse con inservibles trozos de papel metidos en una urna", según ha informado la emisora estadounidense Voice of America.

"Invito a los musulmanes en general a vengarse de los estadounidenses, los asesinos del jeque (Usama bin Laden)", afirma en la grabación, de unos 25 minutos de duración.

"Levantaos en rebelión contra la opresión y la tiranía, revolveos contra los agentes de los estadounidenses, iniciad levantamientos armados para derrocarlos y establecer la shariasharia", agrega, tal y como ha recogido la revista estadounidense Newsweek.

Asimismo, recalca que "un hierro sólo es doblado con otro hierro", pidiendo ataques contra objetivos occidentales y resaltando que el fallecido líder de Al Qaeda "abandonó el mundo animándoos a continuar el camino de las revoluciones".

Hamza bin Laden está incluido en la lista de terroristas internacionales de Estados Unidos y, si bien su papel exacto en el organigrama no está claro, ejerce funciones de propaganda a través de mensajes como este último.

El 14 de agosto de 2015 el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, anunció oficialmente que Hamza bin Laden formaba parte de la organización que fundó su padre. Ya en este mensaje de audio, Hamza llamó a atentar en capitales occidentales.

Posteriormente, Al Qaeda publicó en julio de 2016 otra grabación de Hamza en la que amenazaba con vengarse de Estados Unidos y advertía de posibles atentados tanto en su territorio como fuera de él.

En este mismo audio, el hijo de Bin Laden también instaba a las tribus saudíes a unirse a la filial de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) para combatir con el reino saudí.

El arrestado este lunes en Sagunto (Valencia) presuntamente integrado en el aparato de captación de Estado Islámico (EI o Dáesh) "vivía en su casa, bastante aislado socialmente, solo se relacionaba con gente musulmana y a través de las redes sociales intentaba captar, reclutar y adoctrinar al mayor número de personas posible y enviarlas a zona de conflicto a una lucha en defensa del Dáesh".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, tras recibir al nuevo General Jefe de la Sexta Zona de la Guardia Civil, José Hermida.

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Sagunto a un marroquí integrado en el aparato de captación de Estado Islámico que actuaba de catalizador de la organización terrorista para el adoctrinamiento y traslado de yihadistas a zona de conflicto.

El delegado ha explicado que el detenido, un marroquí de 47 años que se encontraba en situación irregular en España, ha pasado a disposición judicial y la operación sigue abierta bajo la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción.

Para Moragues, este arresto es "otra prueba más de la eficacia policial". Desde que se decretó el nivel 4 de riesgo de atentado terrorista en España el 26 de junio de 2015, hay 206 detenidos, ha precisado. "Eso demuestra que los cuerpos policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil están siempre atentos, ojo avizor a cualquier circunstancia", ha incidido.

Según ha explicado el delegado, el detenido presuntamente "se movía por internet, reclutaba, incluso en su propia casa los recibía, hacía enaltecimiento del terrorismo, adoctrinamiento" y "visionaban vídeos de gran violencia y radicalidad". Un ejemplo, ha apuntado, es el de un joven de 26 años, a quien se encargó de reclutar y enviar a Irak en noviembre de 2014, donde cometió un atentado terrorista suicida que costó la vida a 33 soldados iraquíes y causó decenas de heridos con un camión lleno de explosivos.

El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció este miércoles el fin del estado de emergencia, declarado hace dos años por los atentados de París, y la entrada en vigor de la nueva ley antiterrorista, que amplía los poderes de la Policía y permite cerrar mezquitas, informa Europa Press.

"Algunos temen que ahora que estamos fuera del estado de emergencia pueda reducirse la vigilancia, pero es justo lo contrario", dijo el jefe de Gobierno a la prensa durante una breve visita a la comisaría de Policía que hay en la Torre Eiffel.

Philippe indicó que en el actual contexto internacional "el nivel de seguridad es alto en todo el mundo" y, por eso, la nueva ley antiterrorista de Francia incluye medidas que hasta ahora solo se podían aplicar durante el estado de emergencia.

La Policía tendrá mayores poderes para llevar a cabo registros e interceptar comunicaciones, mientras que el Ministerio de Interior podrá establecer perímetros de seguridad y restringir el tráfico de personas y vehículos, si detecta una amenaza, sin necesidad de autorización judicial.

Además, las fuerzas de seguridad podrán cerrar mezquitas y otros lugares del culto en los que se difundan mensajes de odio para evitar el reclutamiento yihadista.

El Gobierno aseguró que la nueva ley respeta el equilibrio entre la seguridad y los derechos y libertades y recordó que el estado de emergencia sirvió para frustrar más de 30 atentados.

Sin embargo, algunas voces ya han manifestado su oposición. "Francia se ha hecho adicta al estado de emergencia que ahora está inyectando muchas de estas medidas abusivas en el ordenamiento jurídico", dijo Human Rights Watch (HRW) tras la aprobación de la ley antiterrorista, el mes pasado.

Por su parte, el observatorio de Derechos Humanos de Francia, un órgano independiente, expresó su preocupación por el respeto a la libertad de culto. El Consejo Francés de la Fe Musulmana, en la misma línea, subrayó que se mantendrá vigilante.

Pese a ello, la mayoría de la población parece apoyar la ley antiterrorista. Según una encuesta realizada a principio del mes de octubre, el 80% de los franceses está a favor.

El Ministerio del Interior ha informado este miércoles a primera hora de la detención en Madrid de Yusuf Galán, de 52 años, por su presunta pertenencia a Daesh, grupo terrorista al que se habría adscrito en los últimos años tras su paso por prisión. La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción Número 2 en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Yusuf Galán, alias de Luis José Galán González, es un español reconvertido al islamismo que fue detenido en noviembre de 2001 a instancias del juez Baltasar Garzón en la denominada operación Dátil contra la red de Al Qaeda en España. Fue condenado a nueve años y medio por delitos de pertenencia o integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas.

En el juicio contra la red española de Al Qaeda, celebrado en 2005, se dio por sentado que Galán viajó a Indonesia para recibir entrenamiento militar poco después de que Abu Dahdah, considerado el hombre de Al Qaeda en España, hubiera estado allí.

La sentencia sostiene que realizó tareas de propaganda y proselitismo al servicio de los combatientes muyahidines.

En 2006, el Tribunal Supremo consideró que no había pruebas suficientes de que Abu Dahdah conspiró desde España para atentar contra los Torres Gemelas en 2001, desbaratando la conexión con el 11S establecida por la Audiencia Nacional del grupo en el que también se integraba Yusuf Galán.

La Policía le hizo un seguimiento durante todo este tiempo en libertad, acreditando que continuaba el adoctrinamiento intelectual para la captación de terroristas a los que adiestraba en técnicas operativas de combate. Entre otras pruebas, se han hallado vídeos en los que Yusuf Galán, de origen español, aparecía manejando armas blancas con gran destreza, acompañados de mensajes altamente explícitos dirigidos a la comisión de acciones terroristas.

Acondicionamiento psicológico de los reclutas

Los investigadores consideran que Galán González había adoptado la posición de "cibersoldado" con el fin de consolidar y potenciar la estrategia de Desh a través de la yihad virtual. Lejos de reconducir su conducta tras pasar por la cárcel, ha explicado Interior, el detenido había implementado sus acciones como parte de su compromiso con los postulados ideológicos y terroristas del grupo.

Antes de convertirse al Islam se afilió al PSOE de Madrid en 1977 y ejerció como interventor de Herri Batasuna en las elecciones al Parlamento Europeo en 1989, según informa El Confidencial.

Detenido por Garzón

En junio de 2011, el único español juzgado por los atentados del 11-S aseguró que estaba "comprometido con la justicia y la paz". Tras fijar su residencia en Murcia, concedió una entrevista al medio Islam en Murcia en la que se refería al atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, "un punto de inflexión, un atentado tremendo, indiscriminado".

Dicho esto, puntualizó que eso mismo estaba pasando "a diario en otros muchos países y en otros sitios". "Creo que estamos condenados a vivir juntos todos los pueblos del mundo y pacíficamente, y no hay otra salida, es necesario", señaló en esa entrevista.

Yussuf Galán recordaba entonces que, estando en la cárcel, tuvo oportunidad de hacer una "reflexión personal", y reconocía que sabía que estaba haciendo "una actividad que en cierta manera podía ser molesta para el Estado", que lo que defendía era los derechos humanos.

"He visto humanidad por parte de los internos, la he visto por parte de los funcionarios, y me ha devuelto mi confianza en el ser humano y saber que podemos convivir juntos", señaló en esa entrevista, en la que insistió en que "no hay otra salida que vivir bajo el imperio de la ley, de la declaración de los derechos del hombre, que no es ajena al Islam para nada".

A pesar de haber afirmado que "buscaba vivir en paz" y haber negado ser un terrorista, el arrestado continuó siendo objeto de seguimiento por parte de los agentes de la Policía Nacional, que detectaron que había renovado su compromiso desarrollando actividades para cumplir con los requerimientos de la Yihad Virtual o Electrónica y actividades de adiestramiento operativo de terceros dentro de la Yihad Violenta.

Labor de difusión masiva

Es más, el hombre arrestado había desarrollado un sofisticado modus operandimodus operandi virtual para llevar a cabo una activa labor de difusión masiva en Internet al objeto de no ser detectado.

Asimismo, Interior ha señalado que el arrestado hacía acopio de una importante cantidad de material que alojaba de manera simultánea en varios de sus perfiles, o a través de hilos de mensajería instantánea para alcanzar al mayor número de personas. Para ello empleaba el lenguaje virtual habitual en estos foros, comentando, linkeando o compartiendo contenidos como parte de la estrategia global del grupo terrorista de emplear la red mundial como medio para transmitir los valores ideológicos terroristas.

Junto a este adoctrinamiento intelectual, otro pilar en su estrategia delictiva era realizar el adiestramiento operativo en técnicas de combate de otras personas. Para ello, publicaba vídeos en los que él mismo aparecía manejando armas blancas con gran destreza, acompañados de mensajes altamente explícitos, dirigidos a la comisión de acciones terroristas.

El arrestado incidía especialmente en el acondicionamiento psicológico de los nuevos reclutas, a los que preparaba mentalmente para que finalmente mostraran su disposición a cometer atentados terroristas, amparados en mandatos divinos sobre el martirio.

La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción Número dos y coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Con esta detención, ascienden a 207 los presuntos yihadistas detenidos en operaciones realizadas en España y el exterior desde el 26 de junio de 2015, fecha en la que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA).