“No hay ningún tipo de contaminación”, ha vuelto a afirmar Christophe Michaud, uno de los cuatro abogados de Nestlé ante el tribunal correccional de Nancy (Meurthe-et-Moselle), denunciando “un ambiente extraño, en el que se respira un veneno de sospecha por todas partes” hacia su cliente.

La multinacional comparece ante la justicia desde el 23 de marzo por haber abandonado y almacenado entre 2016 y 2024, y “de manera oculta y encubierta”, toneladas de residuos, es decir, 470.000 metros cúbicos, compuestos principalmente por botellas de plástico y vidrio, pero también por placas de amianto. El mismo día de la apertura del juicio, Nestlé difundió un comunicado en el que insistía en la ausencia de contaminación por microplásticos en sus aguas.

Pero eso no es lo que revela una nota confidencial de junio de 2022, que Nestlé se ha cuidado muy bien de no entregar a la justicia, pero que Mediapart ha podido conseguir. En ella, bajo el título “Vertido de PVC en las zonas de Vittel”, Nestlé precisa que, debido a la presencia de estas toneladas de residuos en sus instalaciones desde la década de 1960, existen varios riesgos. El primero es judicial, ya que la nota reconoce una “infracción de la legislación francesa”. El segundo es el de su reputación, que podría verse empañada. Y el tercero se refiere “a la calidad de las aguas subterráneas”.

Un peligro que, sin embargo, la multinacional refuta ante la justicia. A ello añade las consecuencias financieras de la limpieza de las instalaciones, estimadas en más de 60 millones de euros. Una solución cuyo importe parece insignificante en comparación con sus beneficios, pero a la que se opone con una alternativa de menor coste: el “confinamiento de las instalaciones”.

En 2022, cuando Nestlé redactó esa nota, la Fiscalía de Nancy llevaba seis meses con una investigación preliminar abierta sobre sus vertidos ilegales. Se encargaban de ella los agentes de la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) y los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Delitos contra el Medio Ambiente y la Salud Pública (Oclaesp).

Durante sus tres años de investigaciones, Nestlé no les informó en ningún momento de esa nota, ni de las constataciones que en ella se recogen. Por el contrario, la multinacional ha negado cualquier riesgo de contaminación ambiental que pudieran provocar esos vertidos de plásticos, en particular sobre la calidad de las aguas.

Así, en septiembre de 2024, Luc Desbrun, entonces director de operaciones de las fábricas de Nestlé en Los Vosgos y destinatario de la nota, es interrogado por la gendarmería en el marco de las investigaciones. Sobre los residuos, considera que “la naturaleza ha recuperado sus derechos. Caminamos sobre la última capa de botellas”. Recuerda que Nestlé “heredó” esos vertederos cuando la empresa compró las fábricas en 1992, y considera que no tiene ninguna “responsabilidad por los vertidos históricos”. Afirma “no reconocer la infracción”, aunque sí se haya admitido internamente.

El responsable del laboratorio central de Nestlé, Nizar Benismail, también interrogado por los investigadores, no muestra mayor transparencia. Al ser preguntado sobre la presencia de microplásticos en el interior de las botellas de Contrex, Hépar y Vittel comercializadas en Los Vosgos, asegura que los “resultados son, en general, muy buenos”.

Debido a la propia composición del envase, las aguas embotelladas pueden estar contaminadas con partículas de microplásticos. En el caso de Nestlé, teniendo en cuenta los vertidos, los investigadores trataron de averiguar si estos habían contaminado las aguas subterráneas incluso antes de que fueran embotelladas con la etiqueta de “minerales naturales”.

Como ya revelamos, el laboratorio encargado por la Fiscalía de Nancy había detectado elevadas concentraciones de microplásticos, especialmente a la salida de los pozos de agua de las marcas Contrex y Hépar. Esos informes fueron luego anulados por el tribunal.

Durante su interrogatorio por parte de la gendarmería, en julio de 2024, el director del laboratorio central de Nestlé se muestra categórico. La contaminación detectada en el marco de la investigación es el resultado de errores cometidos durante la toma de muestras. Por el contrario, los análisis de su laboratorio, el “primero acreditado en Francia” en este ámbito, no habrían revelado la más mínima contaminación. Los niveles de microplásticos encontrados en las aguas comercializadas por Nestlé están, según él, cerca del límite de cuantificación, un límite decidido internamente y fijado en 8 microplásticos por litro (mp/L). Es decir, insignificantes.

Por debajo de ese umbral, Nestlé considera que la contaminación es “procedente del laboratorio” que realiza las muestras. Y, ligeramente por encima, las concentraciones de microplásticos pueden entonces “proceder del tapón o del cuerpo de la botella, y no del agua que contiene”, explica el director del laboratorio de Nestlé Waters a los gendarmes.

Con toda seguridad, afirma que Nestlé no tiene microplásticos en sus aguas. Como mucho, los niveles pueden “en ocasiones, ser superiores a 8, [rozando los] 10-15 microplásticos por litro”. Nada que ver, pues, según él, con los niveles de 515 y 2.096 mp/L encontrados en el marco de la investigación.

Pero, aun así, las declaraciones del representante legal de Nestlé son incompletas. Al contrario de lo que afirma, las concentraciones de microplásticos que se han constatado en las botellas no son de 10 o 15, como él sostiene, sino de 70, e incluso 106 mp/L. Son, por tanto, entre 8 y 13 veces superiores al umbral límite.

Así lo atestiguan los informes de análisis de su propio laboratorio de febrero y diciembre de 2020, correspondientes a las aguas de marca Vittel, resultados a los que Mediapart ha podido acceder. Nestlé se negó a responder a nuestras preguntas cuando les contactamos. A estas alturas, el origen de esos microplásticos sigue siendo incierto. No obstante, los documentos que hemos obtenido, algunos de los cuales no han sido entregados a la justicia por Nestlé, sugieren nuevos encubrimientos por parte de la multinacional.

Esa falta de transparencia por parte de Nestlé resulta bastante problemática ya que el juicio que se celebra en Nancy hasta el 27 de marzo se basa esencialmente en los elementos y declaraciones proporcionados por la propia empresa. Como señaló el fiscal durante la segunda jornada de la vista, la ausencia de peritajes independientes sobre la contaminación por microplásticos crea “un profundo desequilibrio” en este juicio.

También se mostró sorprendido “de que los vertederos de plástico abandonados desde hace décadas no hayan provocado contaminación”.  Le parece indispensable “recurrir a un perito independiente”, tanto “para el esclarecimiento de la verdad” como para “la sociedad y los habitantes que viven cerca de estos vertederos”.

El abogado de las asociaciones de defensa del medio ambiente, François Zind, recordó las prácticas fraudulentas imputadas a la empresa, en particular el uso de tratamientos prohibidos para la desinfección de sus aguas minerales naturales, frecuentemente sujetas a contaminación bacteriana o química.

Sin embargo, estas solicitudes de información complementaria fueron rechazadas de nuevo por el juez el 24 de marzo, que decidió continuar con el juicio. El miércoles 25 de marzo declararán los representantes legales de Nestlé, entre los que se encuentran el exdirector de operaciones Luc Desbrun y el responsable de laboratorio, Nizar Benismail.

Traducción de Miguel López

Las polémicas zonas de bajas emisiones (ZBE) han sido hasta ahora la principal medida para frenar los elevados niveles de contaminación del aire en las ciudades españolas, pero parece que por sí solas no van a ser suficientes para proteger la salud de los habitantes. Un estudio ha demostrado por primera vez en España que la restricción de la entrada de los coches más contaminantes solo reduce la presencia de uno de los tres principales contaminantes derivados del tráfico urbano, el dióxido de nitrógeno (NO2), pero no afecta a la presencia de las micropartículas PM2,5 y PM10. Estas requieren acabar con todo tipo de tráfico, incluso con el de vehículos eléctricos.

El Instituto de Salud Global de Barcelona ha calculado el impacto que ha tenido la zona de bajas emisiones en el aire de la capital catalana, donde precisamente está implantada desde 2020 la mayor ZBE de todo el país. La conclusión principal es que durante los dos primeros años esas restricciones redujeron hasta en 7,6 µg/m³ (una bajada del 16%) la concentración de NO2, un gas irritante que puede causar inflamación pulmonar. Sin embargo, la concentración de micropartículas apenas se redujo en alrededor de 1 µg/m³, prácticamente nada.

Los resultados coinciden con otros análisis en zonas de bajas emisiones europeas, donde la concentración media de NO2 suele caer entre un 5% y un 25%, mientras que en la mayoría de los casos estudiados en otros países no hay cambios en las PM2,5, otro contaminante muy dañino para la salud. Xavier Basagaña, investigador en ISGlobal y coordinador del estudio, explica a infoLibre que las conclusiones son las esperadas. "Los resultados encontrados están en los rangos que había predicho la agencia Barcelona Regional para el Ayuntamiento de Barcelona en 2019. Aunque había muchas incertidumbres [sobre el resultado], no sorprende", valora el experto.

Las micropartículas que flotan en el aire de las ciudades se diferencian en dos tipos: inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5) e inferiores a 10 micras (PM10). Ambas entran en el organismo por la nariz, pero las primeras son especialmente peligrosas porque son tan pequeñas que pueden filtrarse por los tejidos y llegar al torrente sanguíneo, provocando inflamación y daños en diferentes órganos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 murieron de manera prematura en España 18.500 personas por la contaminación del aire.

A diferencia de otros contaminantes –como el NO2 o el ozono–, las partículas PM son una referencia genérica que se da a todo tipo de elementos que flotan en el aire. Pueden estar formadas por carboncillo, metales, restos vegetales, rocas… y llegan al aire de la ciudad desde múltiples orígenes. Uno de ellos es el tubo de escape de los vehículos de combustión antiguos, principalmente los diésel sin filtros modernos, pero también proceden de las obras urbanas, del rozamiento de los coches contra el asfalto, de las estufas antiguas o del polvo africano que arrastra el viento.

Es por ello que prohibir en Barcelona la entrada de coches muy contaminantes –no se permite el acceso a vehículos sin etiqueta durante los días laborables, de 7:00 a 20:00 horas– solo ataja uno de los muchos orígenes de estas emisiones. Incluso si se fomenta la entrada de coches eléctricos, estos siguen emitiendo virutas microscópicas a través del rozamiento de las ruedas con el asfalto y el que ocurre en los discos de los frenos.

Miguel Ángel Ceballos, experto de Ecologistas en Acción, subraya que la única manera de alcanzar realmente una buena salud atmosférica es reduciendo drásticamente el tránsito de vehículos. "El factor esencial es el número total de vehículos y los kilómetros recorridos. Hay que recortar la circulación, ya sea de eléctricos, híbridos o de motor de explosión, y fomentar el transporte público eléctrico y el peatón", resume el experto.

Ceballos también añade que las partículas PM se forman en las ciudades en grandes cantidades mediante reacciones químicas complejas que derivan del tráfico. Según explica, los filtros de urea que llevan los vehículos modernos para reducir las emisiones de NO2 del tubo de escape, conocidos como AdBlue, emiten amoniaco al aire, y este forma micropartículas PM2,5 al unirse con otras partículas que flotan en el aire.

"Se puede dar la contradicción de que para reducir el NO2 se utilizan sistemas que incrementan la aparición de partículas finas. Seguramente, ahora el amoniaco es el elemento principal en la formación de PM en ambientes urbanos", opina Ceballos.

El experto de Ecologistas subraya también que para cumplir con los nuevos requisitos de calidad del aire europeos que entran en vigor en 2030, hay que repensar el sistema, porque los registros de las grandes ciudades están en las antípodas de las exigencias de la próxima década. "No va a ser suficiente con las zonas de bajas emisiones tal y como las tenemos ahora diseñadas", valora Ceballos.

De hecho, España está tan atrasada en este aspecto que ni siquiera los ayuntamientos cumplen a la hora de establecer esas restricciones. La Ley de Cambio Climático obliga desde hace tres años a que las 153 ciudades que superan los 50.000 habitantes tengan una ZBE, pero solo están aprobadas en 59 urbes, según el portal del Ministerio de Transición Ecológica, y muchas de las que están implementadas ni siquiera son efectivas.

Los peces migratorios de agua dulce son una de las poblaciones de vertebrados más amenazadas debido a la construcción de presas, la pesca furtiva, la sobrepesca, el cambio climático y la degradación de los hábitats. En un informe publicado este martes, Naciones Unidas estima que su población se ha desplomado en un 81% desde la década de 1970 y docenas de especies están en peligro de extinción, entre ellas medio centenar de especies europeas y 13 que habitan en España.

La conclusión principal del análisis es que estos peces migratorios de río, que a lo largo de su vida atraviesan cuencas fluviales de dos o más países, son extremadamente vulnerables a los cambios en el ecosistema porque necesitan recorrer largas distancias para completar su ciclo de vida. Construir una presa, modificar el cauce de un río, un vertido contaminante o atravesar una zona de pesca intensiva es suficiente para reducir drásticamente su población, y recorrer distancias tan grandes, bajo diferentes jurisdicciones, multiplica las posibilidades de que se enfrenten a estos fenómenos y dificulta su protección.

"Muchas de las grandes migraciones de fauna silvestre del mundo tienen lugar bajo el agua. Este estudio pone de manifiesto que los peces migratorios de agua dulce se encuentran en grave peligro, y que para protegerlos será necesario que los países colaboren con el fin de mantener los ríos conectados, productivos y llenos de vida", opina en un comunicado Zeb Hogan, el investigador líder del informe.

El estudio ha sido realizado por el comité de Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS, en inglés) para evaluar si hace falta añadir a su lista de especies en peligro nuevos integrantes, e identifica en total 325 especies, de las que 24 ya estaban hasta ahora incluidas. 50 de ellas habitan en Europa, 205 en Asia, 55 en Sudamérica, 42 en África y 32 en Norteamérica. Para llegar a esta conclusión, han analizado el estado de más de 15.000 especies de peces.

El convenio CMS es vinculante y obliga a los más de 150 países adscritos, entre ellos España, a adoptar medidas de conservación. De las 325 especies que proponen incluir en la lista de protección, 13 viven en ríos y lagos españoles: el sábalo, la lamprea de arroyo, el salmón del Atlántico, el jarabugo, el pejerrey, la lisa dorada, el corcón, el morragute, la lubina, el barbo de Graells, el múgil y la madrilla. La anguila europea también se encuentra en la lista desde la versión anterior de 2011.

La mayoría de las especies en riesgo en España habitan en el Guadiana, el Miño y el Bidasoa, y los tres primeros peces citados –el sábalo, la lamprea y el salmón– figuran además entre 30 especies prioritarias que requieren "una inclusión inmediata" dentro de la lista difundida este martes por la ONU.

Graciela Gómez, profesora en el departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, opina que la migración de estas especies es esencial para que puedan alimentarse o desovar, y que estas barreras rompen su ciclo y ponen en peligro la alimentación humana, la pesca y la salud de los ecosistemas. "Es una crisis de biodiversidad silenciosa, mucho más grave de lo que la sociedad percibe. Su desaparición amenaza seriamente la salud de nuestros ecosistemas locales y la seguridad alimentaria de muchas comunidades, que dependen históricamente de estas migraciones", escribe Gómez en Science Media Centre.

En función de la situación de urgencia de cada especie, la lista CMS tiene dos rangos de protección. El Apéndice I incluye especies migratorias en peligro de extinción en la totalidad o en una parte significativa de su área de distribución y obliga a los Estados a prohibir su captura –o reducirla al mínimo imprescindible– y a tratar de rehabilitar su hábitat. El Apéndice II supone que una especie necesita de cooperación política entre dos o más países a la hora de protegerla porque las amenazas se suceden a lo largo de toda la cuenca. Algunos animales pueden formar parte de los dos apéndices, si es necesario.

Los autores concluyen también que en el último medio siglo la población de peces migratorios de agua dulce ha caído un 81% en todo el mundo, "lo que los convierte en uno de los grupos de especies silvestres más amenazados del planeta". Los que más han sufrido han sido las variedades de mayor tamaño, conocidas como megapeces, cuya población se ha desplomado en un 94%. Esta última cifra incluye tanto a los migratorios de agua dulce como de agua salada.

Entre los problemas que afectan a estos animales, destacan las barreras fluviales en forma de presas o azudes, que impiden el paso de los peces que remontan el río, o hieren o matan a los ejemplares que se cuelan en las turbinas. La anguila europea es un ejemplo: necesita remontar los ríos para alimentarse antes de regresar al Mar de los Sargazos para desovar. En el caso de las presas hidroeléctricas, alteran drásticamente el caudal de los ríos en función de si descargan o recargan agua, afectando también al movimiento de los peces.

Los análisis realizados por la Región de Murcia sobre la calidad de sus cultivos alejan las sospechas sobre el riesgo de contaminación por metales pesados de su agricultura. Los datos recopilados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, recogen que entre 2021 y 2024 no se detectaron niveles de plomo o cadmio por encima del límite legal en esta comunidad autónoma.

La información se basa en el análisis de 41 muestras tomadas en alimentos frescos a lo largo de estos cuatro años, el equivalente a diez exámenes por temporada. Estas frutas y verduras se recogen aleatoriamente en tiendas o naves industriales de la región. Sin embargo, no hay garantía de que los vegetales estudiados sean cultivados en Murcia, puesto que "no se dispone de información sobre el origen de producción" a la hora de analizar, explica a infoLibre una portavoz de la Aesan. Simplemente, son alimentos que en ese momento se distribuyen en establecimientos de esa comunidad autónoma. Los encargados de hacer esos estudios son los servicios de sanidad vegetal de cada región. Después, la Aesan se encarga de coordinar los muestreos de todas las autonomías.

infoLibre ha realizado esta consulta tras conocerse que en los últimos cinco años el Gobierno de Murcia ha efectuado al menos dos análisis –que mantiene ocultos– sobre los suelos agrícolas de la Región que han dado positivo en metales pesados. Concretamente en el Campo de Cartagena, una zona que se sabe que está profundamente contaminada por los residuos de las balsas de las minas que funcionaron el siglo pasado. Numerosos estudios han demostrado que esos metales pesados se transfieren a las plantas y cultivos, especialmente a las lechugas –el vegetal más exportado de Murcia–, y evaluaciones independientes han encontrado plomo y cadmio en lechugas cultivadas en esa zona.

Sin embargo, hasta ahora no se ha declarado ninguna alerta de consumo ni hay evidencias oficiales de esta transmisión a los cultivos. Según los datos recopilados por la Aesan, entre 2021 y 2024 se realizaron 485 análisis (41 en Murcia) en busca de plomo para frutas y verduras comercializadas en España y ninguno superó el máximo permitido. En este periodo también se analizaron 701 muestras para cadmio (41 en Murcia), que asimismo dieron un resultado negativo. Todavía no hay datos disponibles para 2025.

Tanto el cadmio como el plomo son dos metales considerados como contaminantes alimentarios. Ninguno tiene un umbral de consumo seguro porque siempre dañan la salud –el primero es cancerígeno y el segundo potencialmente cancerígeno–, pero la ley europea sí establece una concentración máxima legal en frutas y verduras. En cadmio es de entre 0,020 y 0,5 mg/kg (en función del cultivo) y en plomo de entre 0,1 y 0,3 mg/kg.

De las muestras estudiadas para plomo en España, el 91% resultó estar por debajo del límite mínimo de cuantificación, y el 9% dio entre 0,0065 mg/kg y 0,3 mg/kg. En plomo, el 80% de los test se encontró por debajo del límite de cuantificación, y 141 muestras (de 701) presentaron valores cuantificados que oscilaron entre 0,001 mg/kg y 0,21 mg/kg.

El sistema de avisos de riesgo alimentario se rige según el programa 11 de control de contaminantes del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que establece el número de muestras que tiene que llevar a cabo cada región, y son los Gobiernos autonómicos quienes deciden dónde hacer estos controles: en fábricas, envasadoras, almacenes o minoristas. Aun así, bajo alerta, denuncia o sospecha, se pueden realizar análisis no programados.

Según el informe de la Aesan de 2024, el último publicado, ese año Murcia contó con dos trabajadores para realizar controles de calidad en alimentos y seis más para hacer inspecciones, en una Comunidad que produce cada año más de 3.500 toneladas de verduras y frutas. Las regiones que más especialistas en control tienen son Andalucía (71 personas en total) y Galicia (80), aunque la mayoría cuenta con muchos menos. Madrid tiene seis, Cataluña tiene diez, Aragón tiene dos y Baleares tiene 16, por ejemplo.

Ecologistas en Acción Murcia, que lleva años luchando contra la contaminación minera y agrícola en el Campo de Cartagena y el Mar Menor, reclama desde hace un mes –cuando se destapó el caso– que se proteja a los vecinos de la contaminación por plomo, así como a los consumidores.

"Han negado la existencia de un estudio que advierte de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si eso fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales a partes comestibles de lechugas”, recogió Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción Murcia, en un comunicado.

La publicación en las últimas semanas de evidencias sobre los altísimos niveles de plomo y cadmio en el Campo de Cartagena ha creado una calma tensa en el sector agrícola de la Región de Murcia. El Gobierno autonómico todavía no ha explicado por qué continúa sin publicar el informe que encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre la composición del suelo en la región. El PP de Fernando López Miras se ha limitado a decir que los partidos de la oposición están provocando "un gran daño" a los profesionales cada vez que comentan el asunto en la Asamblea murciana y que algunos agricultores están siendo escrutados por sus clientes sobre esta polémica.

Desde el campo, por ahora, prefieren no comentar el asunto. infoLibre ha contactado con las organizaciones agrarias más importantes en la región, con grandes compañías y con las asociaciones de exportadores de verduras y fruta, pero no ha obtenido respuesta. El sector primario, que no es el causante de la contaminación –procede de las balsas mineras que llevan tres décadas abandonadas–, se mantiene al margen de este debate, aunque le afecta de lleno. Los mapas de contaminación del suelo por plomo y otros metaloides abarcan toda la huerta de Cartagena, la segunda región agrícola más importante de Murcia.

"Es un tema espinoso del que nadie quiere hablar, da muy mala imagen. Y te lo digo yo, que llevo más de veinte años en la agricultura murciana", es lo que se limita a señalar un alto cargo del sector. "Nadie gana con esto, solo se pierde", añade.

La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, es la cara visible del escándalo en la Comunidad, puesto que ella encargó el estudio de 2025 que ahora se ha destapado de manera parcial. Ese documento confirma –una vez más, porque se sabe desde hace años– la presencia de metales pesados en el suelo agrícola que rodea la sierra minera Cartagena-La Unión. Sin embargo, en su comparecencia de la semana pasada en el Parlamento regional, rehusó responder a qué es lo que contiene ese análisis completo que continúa en un cajón. 

A preguntas del PSOE en el Pleno de la Asamblea murciana, solo contestó que "no es conveniente alarmar, confundir y hacer tanto ruido" sobre la contaminación del suelo porque solo trae problemas, y acusó a la oposición de airear la crisis. "Esto produce un gran daño a los agricultores. Ya hay clientes que les están pidiendo certificados actualizados para poder seguir trabajando. Solo rezo para que sus declaraciones no sean las causantes de un daño que va a ser muy difícil de reparar", declaró la consejera del PP.

Aunque ninguna organización ni empresa agrícola ha querido participar en el artículo, alguna de ellas sí ha trasladado que no tienen constancia de que los profesionales estén siendo escrutados por sus clientes. Es habitual que los intermediarios que compran frutas y verduras para revenderlas realicen sus propios análisis al producto, pero no hay constancia de que se hayan encontrado por ahora resultados preocupantes. "Las propias comercializadoras son las principales interesadas en que no haya contaminación del producto. Estoy convencidísimo de que harán análisis de las partidas para ver si tienen algún rastro de metales pesados. Y cuando llegan a Alemania, lo mismo", opina Miguel Ángel Domene, especialista en fisiología de plantas y suelos en la Fundación Tierra-Cajamar.

Domene reconoce que es "evidente" que hay restos de metales pesados en la zona de Cartagena debido a la minería histórica, aunque no cree que lleguen a las frutas y verduras. "Los suelos del arco Mediterráneo son muy alcalinos, y eso dificulta que las plantas lo puedan absorber. Yo creo que aunque haya una concentración alta de elementos, no llegan a absorberse y acumularse", afirma. "No obstante, depende del tipo de planta", añade, y explica que mientras las verduras tienen una baja absorción de metales, la lechuga tiene mucha más facilidad, y ese es precisamente el producto más exportado de Murcia.

De hecho, hay diferentes estudios que confirman que lechugas y otras plantas de hoja que crecen en esta zona que rodea al Mar Menor contienen restos de plomo por encima de los niveles permitidos. Así lo afirmaba un análisis de la propia UPCT, publicado en 2022. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Aunque la consejera Rubira culpó del escándalo a la oposición, en realidad, el caso fue destapado por error gracias a un académico de la UPCT que citó el informe que sigue bajo llave –y que él mismo había elaborado– en un proceso judicial sobre la contaminación de una balsa minera en Cartagena. Lo que hizo la diputada socialista María del Carmen Fernández fue llevar el asunto a la Asamblea regional para pedir la dimisión de la consejera por esconder ese informe y después mentir, puesto que la primera reacción de la dirigente fue asegurar que el trabajo no existía.

"Usted tiene que dar la cara, publicar el informe, verificar los datos y, si hay algo preocupante, proteger a la población", le dijo Fernández a la consejera en el pleno del jueves de la semana pasada. "Consejera, dimita. No le queda otra que dimitir por decir mentiras", exigió también.

El caso está en la actualidad congelado. La Consejería contestó primero que el estudio no existía y reclamó a la universidad la devolución de los 293.000 euros de la subvención que recibió para realizar el trabajo. Cuando la UPCT contestó que se había entregado en tiempo y forma, el Gobierno regional cambió de versión hace tres semanas, declaró que el trabajo "no reunía los requisitos" del contrato, y dio 15 días a los autores para subsanar el problema, un periodo que ya ha finalizado. El caso está también en la Fiscalía, denunciado por Podemos Murcia y Ecologistas en Acción.

Un equipo de científicos de tres universidades andaluzas ha dado este martes la voz de alarma sobre la reapertura de las minas de Aznalcóllar y Las Cruces, en Sevilla, que llevarían al Guadalquivir al colapso por la acumulación de metales pesados. La Junta de Andalucía ha dado luz verde a su puesta en marcha y da por buenos los exámenes ambientales de las compañías, pero el grupo de expertos califica esa decisión de "inaudita" y avisa de que los vertidos de estas instalaciones pondrán en riesgo a los vecinos, al ecosistema, a la ganadería y a la pesca andaluza.

Para estos expertos, los exámenes ambientales aportados por las mineras (Resource Capital Funds y Grupo México) son "demasiado simplistas" y "no tienen una base científica y técnica" porque minimizan o ignoran los impactos que las nuevas minas tendrán sobre el Guadalquivir.

Este grupo de nueve investigadores, liderados por Jesús M. Castillo, catedrático de Biología de la Universidad de Sevilla, ha realizado sus propias estimaciones de vertidos y calcula que Aznalcóllar verterá en 17 años un máximo de 35 toneladas de aluminio, 27 de hierro y de manganeso, 5,6 de cobre, 2,7 de arsénico, 797 kg de plomo, 67 kg de cadmio y 24 kg de mercurio al estuario del río. Las Cruces, por su parte, volcará en el Guadalquivir 1,6 toneladas de zinc, 421 kg de plomo, 211 kg de arsénico, cobre y níquel y 33 kg de mercurio.

La minería histórica en esa región ya ha contaminado la cuenca, asegura Castillo, pero si finalmente se ponen en marcha estas dos, se abriría la puerta al colapso del ecosistema, que afectaría además al Parque Nacional de Doñana, reserva de la biosfera. "El fondo del estuario del Guadalquivir ya está contaminado y hay un efecto ecotóxico ya demostrado. Si se abren las dos minas, el impacto actual se multiplicaría por diez, o más", advierte el investigador.

Aunque Aznalcóllar lleva sin funcionar desde 1998 –después de que colapsara y causara uno de los mayores desastres ambientales de la historia reciente–, y pese a que Las Cruces cesó la extracción de minerales en 2021, la región sigue sufriendo la contaminación de forma continua. Las Cruces lleva desde 2009 vertiendo aguas con metales pesados al Guadalquivir, mientras que las escombreras de la antigua Aznalcóllar se inundan cuando llueve y arrastran aguas ácidas con metales al río.

Las conclusiones de los investigadores han sido publicadas en una de las revistas científicas de Oxford Academic y en el artículo han participado nueve expertos de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada de diferentes especialidades. Su principal crítica es que las declaraciones de impacto ambiental "no son científicas" porque asumen que los metales pesados llegarán al río, se disolverán y acabarán en el mar.

"No sabemos si es por ignorancia o por mala intención, pero entender así el comportamiento del estuario del Guadalquivir no tiene ni pies ni cabeza", opina Castillo. Explica que este río tiene muchísima turbidez y los metales se adhieren a la arcilla y a otras partículas, se depositan en el fondo y terminan contaminando el suelo, las plantas y los animales. "Es inaudito que no haya un técnico de la Consejería de Medio Ambiente [de la Junta de Andalucía] que no sepa que los metales se unen a estas partículas, es difícil de creer".

Para frenar este daño, los nueve investigadores piden en el estudio una moratoria sobre la apertura de las dos minas hasta que se realicen los análisis necesarios. "Dada la ausencia de estudios de campo exhaustivos sobre las posibles consecuencias de los vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir, sumada a la evidencia existente de contaminación por metales en su interior, y de acuerdo con el principio de precaución, recomendamos encarecidamente evitar cualquier vertido minero en el estuario del Guadalquivir", se lee en la publicación científica.

La mina de Aznalcóllar, de hecho, está todavía a tiempo de ser paralizada por el Ministerio de Transición Ecológica. Según Jesús M. Castillo, la mina ya tiene toda la documentación para empezar a funcionar, pero depende de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, para vaciar las cortas de la antigua mina y para disponer de agua para su operación durante los próximos 17 años.

Ante la evidencia de que esos metales pesados también acaban en los peces que luego se pescan –y en las plantas que luego se come el ganado–, los autores piden incluso paralizar la venta de la liza ramada en ese estuario, un pescado muy común en la zona en el que se han encontrado altas concentraciones de cadmio, zinc y magnesio.

"La salud humana podría verse amenazada por el consumo de carne y mariscos contaminados. Se han registrado concentraciones relativamente altas de varios metales (cromo, magnesio, plomo y zinc) en el tejido muscular de la liza ramada en el estuario interior. Esta especie de pescado se consume comúnmente en la zona de estudio, y su consumo debe suspenderse hasta que se analice a fondo esta contaminación", se lee en la publicación.

Remedios Cabrera, una de las autoras del estudio y profesora de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, advirtió en el encuentro con la prensa este martes del riesgo de acabar con toda la pesca en la Bahía de Cádiz. "Todo lo que pasa aguas arriba del Guadalquivir afecta al estuario y afecta a la pesca. Los pescadores de Cádiz ya tienen bastantes restricciones como para que sufran otro castigo, necesitamos una moratoria sobre las dos minas", apuntó la experta. Añadió que esa crisis ecológica ha llegado ya, en realidad, hasta el Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán, puesto que esos contaminantes atraviesan la cuenca, llegan hasta el Atlántico y las corrientes los arrastran por toda la costa andaluza.

Los investigadores proponen también que la Junta de Andalucía constituya un comité de expertos independientes que asesore al Gobierno regional sobre el problema de los metales pesados en el Guadalquivir. El estudio ha sido presentado este martes en Sevilla junto a los alcaldes de Chipiona, Coria del Río, Trebujena y la concejala de Medio Ambiente de Sanlúcar de Barrameda. El de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Andalucía. La organización de consumidores Facua también se prepara para poner una denuncia similar.

El Gobierno de Murcia, liderado por el barón del PP Fernando López Miras, oculta desde noviembre de 2020 un informe que recoge niveles extremadamente altos de metales pesados en el Campo de Cartagena. El estudio, al que ha accedido infoLibre, destaca que en los suelos agrícolas que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión hay concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, diez veces por encima del máximo legal.

Este informe coincide con otro estudio que se destapó hace unos días de la Universidad Politécnica de Cartagena, que advierte de una contaminación de esa misma envergadura. Ambos trabajos ponen de manifiesto el riesgo constante de intoxicación al que están expuestos agricultores, vecinos y consumidores. Algunos de estos metales pesados, como el plomo o el cadmio, son altamente tóxicos e incluso carcinógenos, y hay numerosas evidencias de que acaban en las verduras cultivadas sobre estos terrenos.

Tanto el estudio publicado ahora por infoLibre como el que salió a la luz a mediados de febrero fueron encargados por la Consejería de Agricultura de la Región. En los dos casos el Gobierno autonómico ha optado por mantenerlos en un cajón, pese a que fueron financiados con fondos públicos y la ley obliga a su publicación, y pese a que políticos y activistas de la región han pedido formalmente una copia en numerosas ocasiones. El trabajo de 2020 fue además financiado en un 80% con dinero de fondos europeos FEDER, lo que abre la puerta a que la Justicia europea intervenga en el caso.

Aquel estudio, encargado a una consultora vasca, ha salido ahora a la luz e incluye un mapa de toda la Comunidad con los niveles de concentración de distintos metaloides en el suelo. Una mancha sobre el Campo de Cartagena muestra que allí hay niveles de riesgo, con el mensaje: "Valores habituales [detectados] entre 100 y 200 mg/kg con una anomalía en la zona de La Unión-Cartagena con valores que pueden exceder los 1.000 mg/kg". Para poner en contexto esos números, el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas establece que en terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg si se quiere cultivar sobre esas tierras.

La conclusión principal de los autores es que la zona de Cartagena supera en más de diez veces ese límite, pero es que además en ese estudio se dice que los niveles "habituales" de plomo en toda la Comunidad son de entre 100 y 200 mg/kg, también por encima de ese límite. Esta segunda conclusión es una novedad, puesto que el análisis que salió a la luz en febrero solo analizaba el Campo de Cartagena.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

No obstante, es imposible saber con precisión cuál es la situación real del suelo, porque no hay información más allá de esos comentarios escuetos y de los mapas a gran escala. Debería haber tablas más precisas, pero el informe está recortado y no tiene los anexos II y III, donde están las Actas de Laboratorio y los Resultados Analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

De hecho, a simple vista parece que el encargo está incompleto. El título completo de ese trabajo es: "Determinación de niveles de fondos y niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos de traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web para la gestión de la información de la calidad de los suelos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

Pero en ningún sitio del documento figura ese "inventario de suelos contaminados", más allá de unos mapas en baja resolución, y se desconoce si la aplicación web fue entregada, pero desde luego no se hace referencia a ella. infoLibre ha trasladado una serie de preguntas a la Consejería de Agricultura, pero no ha obtenido respuesta.

El coste del estudio fue de 251.165,75 euros, se adjudicó a la empresa vasca IDOM Consulting y el 80% se financió con fondos FEDER europeos, destinados al desarrollo regional. La adjudicación se formalizó en junio de 2020 y el trabajo fue finalizado en noviembre de ese año. Como la consejería no publicó los resultados, la diputada del PSOE María del Carmen Fernández pidió en julio de 2024 a la Mesa de la Asamblea regional la desclasificación del trabajo. Lo recibió incompleto –sin los dos anexos– en febrero de 2025, aunque hasta ahora no había accedido a su contenido, según explica a infoLibre. 

"El oscurantismo y la falta de información están perjudicando a la región", valora Fernández. "El Gobierno regional sabe que la sierra está contaminada desde hace 30 años y la competencia de solucionarla es regional. Hay que establecer medidas para garantizar la seguridad de los agricultores, los vecinos y los consumidores de los productos", añade la socialista. 

Otro de los que lleva años detrás de leer este trabajo es José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena y colaborador de Ecologistas en Acción de Murcia. Ha realizado numerosas peticiones oficiales que han sido ignoradas, y acaba de recibir una resolución de la Comisión de Transparencia que le da la razón y obliga a su publicación, aunque no confía en que vayan a facilitarle el documento íntegro. Matías también ha denunciado la situación ante la Fiscalía Europea por un posible caso de fraude.

Estos informes sobre contaminación se han desenterrado precisamente en un momento dorado de la agricultura murciana, que registró en 2025 un récord histórico de exportaciones hortofrutícolas en valor, con 3.800 millones de euros, según anunció esta semana López Miras, con destino principal a Alemania, Francia y Reino Unido. "Se vuelve a demostrar que cuando hablamos de agricultura, en la Región de Murcia se hacen las cosas mejor que nadie", dijo el barón del PP.

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Murcia tiene en sus manos un informe que solo ha salido parcialmente a la luz, y en él se desvela un secreto a voces, que el Campo de Cartagena estaría contaminado por elevados niveles de metales pesados que superan con creces los límites permitidos para cultivar. Además de exponer peligrosamente a los agricultores y vecinos de la zona, está demostrado que estos elementos se transfieren a los vegetales, como las lechugas cultivadas en esa zona, según numerosos estudios elaborados en la última década en esa región.

Uno de ellos, firmado por investigadores del Garsa, el grupo Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), encontró en lechugas cantidades de plomo hasta varias veces por encima del límite legal en la Unión Europea, que es de 0,3 mg/kg de vegetal. De las nueve muestras analizadas, solo dos estaban en el rango permitido, mientras que la mayoría dieron cantidades entre dos y siete veces por encima, e incluso una, 18 veces más. Dos muestras también superaron ligeramente los límites de cadmio.

El cadmio es considerado carcinógeno y tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Para medir el trasvase de metales a las lechugas, el autor cultivó en 2018 tres variedades en tierras que sacó de un campo agrícola ubicado junto al municipio de La Unión y de otros dos de la zona noreste de la Sierra Minera de Cartagena. "Se puede concluir que se están superando los límites recomendados en los tejidos foliares, por lo que podría existir un riesgo por ingesta continuada de las lechugas cultivadas con estos suelos", escribió el investigador Jacinto Martínez, autor de esta tesis doctoral, coordinada por Ángel Faz, director del Garsa.

Preguntado ahora por sus resultados de aquel estudio, publicado en 2022, Jacinto Martínez contesta que aquellos resultados "no son extrapolables" a lo que ocurre realmente en el campo, puesto que fue un análisis realizado en invernadero. Argumenta que en ese entorno las variables como la temperatura y la humedad "son más constantes y favorables, lo que facilita y magnifica la absorción" de los metales del suelo. "El objeto del estudio era, en condiciones extremas, ver la transferencia de estos elementos a las partes comestibles de las distintas variedades de lechugas, no hacer un diagnóstico de los suelos agrícolas de la zona, por lo que no son representativos", valora el investigador, a preguntas de este diario.

Por mucho que aquel estudio se desarrollase en un entorno controlado, otros análisis arrojan resultados similares. José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la UPCT y perito de Ecologistas en Acción en casos de contaminación de suelos, ha elaborado numerosos exámenes sobre transferencia de metales pesados a cultivos en el Campo de Cartagena, y ha encontrado lo mismo.

Entre 2019 y 2020 estudió un campo de lechugas ubicado junto a Los Belones (Cartagena), pegado a las antiguas minas de la sierra de Cartagena, y de las diez lechugas estudiadas, solo dos estaban en el límite legal de la Unión Europea para plomo. El resto lo superaba en varias veces, con una concentración máxima de 1,7 mg/kg, casi seis veces más de lo permitido.

Matías puntualiza que la culpa no es de los agricultores, sino de que el Gobierno de Murcia lleva medio siglo ignorando las consecuencias de tener centenares de depósitos mineros que no se han sellado correctamente. "Hoy quedan todavía en Murcia 1.994 concesiones mineras activas, pero la minería terminó a comienzos de 1990. La obligación de la Comunidad es dar caducidad a un yacimiento cuando lleva un año sin explotarse, y la propietaria tiene la obligación de devolver la zona a sus condiciones seguras para la salud y el medioambiente, pero ahí siguen, soltando lixiviados y polvo diariamente", valora el experto.

Tanto el estudio de Matías como el de Martínez se centran en las lechugas porque sus hojas son especialmente sensibles a la toxicidad de los metales pesados (plomo, zinc, cadmio y cobre), pero el resto de verduras, hierbajos y plantas que crecen en la región también sufren contaminación en mayor o menor medida, según el lugar y la especie vegetal.

La propia Guardia Civil tiene evidencias de que la vegetación de la zona está contaminada con metaloides. Un informe pericial del Seprona, al que ha accedido infoLibre, recoge unos análisis que realizó el instituto armado en abril de 2025 en una rambla de Llano del Beal (Cartagena). Por esa escorrentía pasan lixiviados –líquidos tóxicos que contienen metales pesados– que parten de una corta minera cercana (Los Blancos) y que se van esparciendo por fincas agrícolas hasta terminar cinco kilómetros después en el Mar Menor, un espacio protegido de la Red Natura 2000.

La Guardia Civil analizó hace un año la tierra y las plantas de esa rambla, expuestas al paso de esos lodos, y encontró valores estratosféricos de metales pesados. En este caso, no estudiaron verduras cultivadas allí, sino cuatro muestras de plantas silvestres (trébol, olivarda y alcaparra), con concentraciones de plomo entre 20 y 4.900 veces superiores a las permitidas para consumo humano. Esos análisis se realizaron en tierras pegadas a una finca agrícola, e incluso una de las muestras fue tomada dentro del terreno de cultivo. 

En ese informe, el instituto armado advierte de que los "metales pueden transferirse a los cultivos" y esto es especialmente preocupante porque "posteriormente son ingeridos por el ser humano, y lo que supone, por tanto, una exposición directa, con el consiguiente riesgo significativo para la salud humana".

La tesis doctoral que abordó en 2022 la transferencia de metaloides a lechugas fue coordinada por Ángel Faz, director del Garsa. Se trata precisamente del grupo especialista en suelos de la UPCT que ha elaborado los mapas de contaminación de suelos que la Consejería de Agricultura de Murcia, en manos del PP, mantiene en un cajón. infoLibre se hizo eco este fin de semana del contenido de esas cartografías, que forman parte de un estudio más profundo que el Gobierno autonómico primero dijo que no existía, y que después dijo que estaba incompleto. La Universidad insiste en que fue presentado ante la consejería en mayo de 2025, y el Gobierno autonómico tiene la obligación de publicarlo por haber sido financiado con dinero público.

Esta situación de incertidumbre ha provocado una ola de indignación entre las organizaciones ecologistas y vecinales. Como desconocen el riesgo que implica para la salud de los trabajadores del campo y de los consumidores, reclaman que "se establezca una moratoria al cultivo de tales tierras y sobre todo a la comercialización de sus productos" mientras no se sepa el alcance del problema. Al mismo tiempo, piden a la Consejería de Salud "un estudio analítico riguroso y con transparencia de los contenidos en metales de los productos agrícolas cultivados en la zona Arco Sur del Mar Menor".

Un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena ha destapado sin querer la existencia de un estudio que demuestra que la agricultura del Campo de Cartagena se asienta sobre terrenos altamente contaminados por metales pesados, entre ellos por plomo, un probable carcinógeno. El área abarca miles de campos de cultivo y además a decenas de miles de habitantes en Cartagena, La Unión y docenas de poblaciones de la zona.

El informe que certifica la presencia de estos contaminantes no ha salido todavía a la luz –el Gobierno de Murcia dijo primero que no existía, y ahora que está incompleto–, pero sí unos mapas que formarían parte de ese documento y que acreditan la presencia de cantidades peligrosas de plomo, zinc, cadmio y cobre en la tierra. infoLibre ha solicitado información a la Consejería de Agricultura de esta Comunidad, pero no ha recibido respuesta.

Esas cartografías que muestran el área contaminada, publicadas primero por RR Noticias y a las que ha tenido acceso infoLibre, son de escasa calidad, pero permiten ver el problema que sufre la región. Buena parte del suelo tiene, por cada kilo de tierra, concentraciones de más de 1.000 miligramos de plomo, más de 500 miligramos de zinc, más de 50 miligramos de cobre y más de 5 miligramos de cadmio. Estos metales han salido de los depósitos de antiguas minas de la sierra de Cartagena, y el aire y el agua los han dispersado por la cuenca durante décadas.

Todas estas cantidades superan por mucho los límites legales, fijados en el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Para terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg, diez veces menos que el mínimo registrado en la zona pintada de rojo. También se supera en varias veces el máximo permitido de zinc (200 mg/kg), de cobre (100 mg/kg) y de cadmio (1,5 mg/kg). El cadmio es considerado carcinógeno y es tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Grupos de vecinos y ecologistas están muy preocupados por lo que esta revelación supone para la salud de toda la región, debido a que la tierra contaminada se respira, se toca y se ingiere. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Los mapas ahora descubiertos también destapan una posible crisis agrícola en la región –considerada una de las huertas de Europa– porque está demostrado que cuando se cultiva sobre una tierra con metales pesados, una parte del residuo acaba en las frutas y verduras. Estas organizaciones reclaman que el Gobierno regional, en manos del PP de Fernando López Miras, libere el estudio completo para valorar cuál es el nivel de riesgo real al que está expuesta la población. 

"Que se esconda el informe y no se aclare desde el minuto uno las analíticas que se hayan podido hacer antes y después de recibir el informe, no da tranquilidad. Más bien alimenta las sospechas de que el problema es más gordo de lo que se quiere admitir", afirma Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de Murcia. Si una concentración de plomo de 1.000 miligramos por kilo ya es extremadamente grave, las organizaciones temen que en algunos puntos la contaminación pueda ser incluso varias veces superior a esa cifra, puesto que el mapa no ofrece una paleta de color superior a 1.000 mg/kg.

Activistas y vecinos denuncian también que la Región ha tapado el informe porque confabula con la industria agrícola murciana, que se juega cientos de millones de euros ante una eventual paralización del sector por metales pesados. La agricultura en esta Comunidad tiene un peso directo e indirecto sobre el 11% del PIB regional y sobre el 14% de todo el empleo, según la consultora PwC.

El experto en suelos José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena, colabora en el caso con Ecologistas, y reclama que se tomen medidas ya para evitar un daño aún mayor. "Desde el punto de vista científico, los niveles encontrados son alarmantes y exigen actuaciones inmediatas", opina Matías. "La ley 7/2022 obliga a que en esas tierras no se puede cultivar, pero es que además todos los trabajadores de esa zona, muchos inmigrantes indocumentados, están en permanente riesgo de toxicidad", añade el experto.

El escándalo salió a la luz hace una semana, cuando se publicó en la prensa la existencia de esos mapas de metales pesados, pero la historia viene de lejos. La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, dio en noviembre de 2023 una subvención de 293.035 euros a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para elaborar un Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación, un estudio que pretendía conocer el estado de la tierra de una zona que se sabe de sobra que está contaminada.

El Gobierno autonómico justificó el trabajo porque era importante para "ayudar a la posterior toma de decisiones en el avance de la protección del entorno y de la prevención de la contaminación debida a las actividades agrarias". Sin embargo, la consejería no volvió a dar cuenta de ese estudio.

El coordinador de aquel informe, Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT, fue contratado junto a su equipo por Tragsa para elaborar en 2025 un análisis del depósito minero El Lirio (Cartagena), que se demostró que había sido sellado por esta compañía pública con tierras contaminadas. En ese segundo informe, el grupo de investigadores de la UPCT se citó a sí mismo incorporando los mapas de contaminación de la región que había elaborado previamente para la Consejería de Agricultura, argumentando que toda la cuenca minera sufría un grave problema de metales pesados, no solo la zona trabajada por Tragsa.

Como el caso de El Lirio estaba siendo investigado por el Juzgado nº1 de Cartagena, diferentes personas tuvieron acceso a esas cartografías, levantando la liebre sobre el informe tapado por el Gobierno de Murcia. Ecologistas en Acción, denunciante del caso de El Lirio, pidió el pasado octubre a la Consejería de Agricultura su desclasificación, pero esta contestó que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros a la UPCT. Sin embargo, la semana pasada la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico, y la Consejería ha cambiado ahora su versión y dice que "no se ajusta, por ahora, a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", dando 15 días a los investigadores de la UPCT para resolver el supuesto problema.

Las versiones contradictorias de la consejera Rubira han aumentado todavía más sospechas sobre lo que habría en ese informe, y Podemos y Ecologistas en Acción han presentado dos denuncias por la ocultación del documento. "Aquí hay un grave problema que puede afectar a nuestra seguridad alimentaria, a la seguridad de los trabajadores del campo y a la salud pública", dijo la semana pasada la diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín.

Además de que este estudio es relevante para la ciudadanía y los agricultores que trabajan en la zona, su publicación es obligatoria según el artículo 37 de la Ley de Ciencia Abierta. Según esa norma, todas las investigaciones financiadas con dinero público que se traduzcan en una publicación científica tienen que ser accesibles para todo el mundo "de forma simultánea a la fecha de publicación".

No es la primera vez que la Consejería de Agricultura oculta la existencia de un informe de caracterización de suelos que puede comprometer a la agroindustria murciana. En 2020, la misma consejería contrató a IDOM Consulting un análisis de suelos contaminados por metales pesados y la elaboración de un mapa de riesgo, pero no solo para el Campo de Cartagena, sino de toda la Región de Murcia. El presupuesto de ese proyecto fue de 251.165,75 euros.

En teoría se dieron diez meses para su elaboración, pero nada más se ha vuelto a saber de él. Ecologistas en Acción también presentó múltiples solicitudes formales de acceso a esa documentación, que han sido ignoradas. En este caso, el informe fue además financiado con fondos europeos Feder en un 80%, lo que ha permitido al grupo ecologista denunciar el caso ante la Fiscalía Europea.

Por ahora no está claro qué podría suponer jurídicamente la publicación de este estudio para la agricultura murciana porque no se conoce el informe completo, pero lo que se deduce con los mapas conocidos es que se superan por mucho los límites máximos de metales pesados del real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Cuando esto ocurre, la normativa recoge que se debe prohibir el empleo de fertilizantes con alto contenido en metales pesados y que el agricultor –en este caso cientos de ellos– debe implantar un protocolo de vigilancia, aunque no hay constancia de que haya ocurrido.

Un paso más allá es la declaración del suelo como contaminado, lo que prohibiría toda actividad agraria. La Ley de declaración de suelos contaminados de 2005 solo contempla la declaración inmediata de un suelo como contaminado cuando se supera en cien veces los niveles genéricos de referencia establecidos para una sustancia, pero en este caso no se llega a esas cantidades. La alternativa, según esa ley, es que la comunidad autónoma realice en la zona un análisis de valoración de riesgos para la salud y el medioambiente, pero solo si se superan los niveles genéricos de referencia para una sustancia de riesgo.

El problema es que la normativa estatal de 2005 no incluye valores de referencia para los cuatro metales analizados en este caso, sino que se emplaza a las comunidades autónomas a que establezcan sus propios niveles máximos a partir de las particularidades geológicas de cada región.

El Gobierno de Murcia inició hace un año la tramitación para aprobar los niveles genéricos de referencia para estos metales, pero todavía no están aprobados en sede parlamentaria. En todo caso, el borrador de ese proyecto demuestra que los valores se superarían en todos los casos: plomo (115 mg/kg), cobre (225 mg/kg), zinc (705 mg/kg) y cadmio (4 mg/kg).

Una vez que entren en vigor esos valores máximos, se deberían comparar con los resultados del informe de la UPCT e iniciar por tanto un estudio de valoración de riesgos en el Campo de Cartagena. A continuación, según la ley de 2005, si se demuestra que hay riesgo para la salud humana, el suelo se debe declarar "contaminado". Otro real decreto, el 9/2005, subraya que un suelo contaminado no es apto para producción agrícola.

Los fabricantes de automóviles consiguieron en diciembre enfriar la principal normativa ambiental de su sector para la próxima década, salvando así el motor de combustión a partir de 2035. Ahora es el resto de la industria europea la que busca desmontar la regulación verde que más perjudica su negocio, el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a pagar por cada tonelada de CO₂ que emiten. La coyuntura política actual, marcada por un giro a la derecha en el continente, da vía libre a las compañías para cambiar lo que estaba hasta ahora tallado en piedra.

El sistema ETS lleva dos décadas funcionando en la UE y hasta este momento ha logrado reducir un 50% la contaminación de los sectores adscritos a él, demostrando su eficacia. Sin embargo, el mecanismo tiene que someterse este año a una revisión y en los últimos días ha quedado patente que la gran industria quiere aprovechar la ocasión para descafeinar la normativa con apoyo de gobiernos como el alemán, el francés y el holandés.

El objetivo del ETS es limitar cada año la contaminación de la industria europea y fomentar la producción limpia. En ese mecanismo participan las fábricas, centrales de generación eléctrica, aerolíneas y navieras. La Comisión Europea pone un tope cada año al número de toneladas de CO₂ que pueden emitir estas compañías –solo las más grandes, más de 12.000 empresas– y para poder contaminar deben adquirir en subastas permisos de emisión, que cuestan de media entre 70 y 80 euros por tonelada. Quien contamine al margen del sistema se enfrenta a grandes multas. 

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles en una cumbre en Amberes, donde estuvo presente toda la industria del continente, que Europa "debería estar muy abierta a revisar o al menos posponer" el endurecimiento del sistema de comercio de emisiones. "Debemos evitar todo aquello que ponga en peligro la competitividad de nuestra industria", añadió. La líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contestó que hasta ahora el ETS ha funcionado y que revertirlo incentivaría el consumo de gas natural importado de terceros países.

Realmente no está claro hasta qué punto pretenden las potencias industriales desmontar el mercado de emisiones, pero el debate sobre el motor de combustión demostró el año pasado que lo que pretendían ser unos pequeños cambios superficiales se convirtieron en un giro histórico que reducirá hasta un tercio la venta de eléctricos en 2035.

Riccardo Nigro, experto en industria de la Oficina Europea de Medioambiente (EEB, en inglés), una red de organizaciones ambientales, opina que lo que hoy se vende como una revisión temporal del ETS puede terminar siendo un desmantelamiento. "Desde el punto de vista jurídico, una revisión puede dar lugar a cualquier cosa que acuerden los colegisladores. Una vez que la Comisión presenta una propuesta, el Consejo y el Parlamento Europeo pueden modificarla; y si existe suficiente impulso político, los cambios pueden ir mucho más allá de los ajustes técnicos", valora Nigro.

El argumento de Alemania y de otros países altamente industrializados es que el mercado de emisiones ha encarecido enormemente la fabricación dentro de Europa y no es posible competir con la producción en China o Estados Unidos. No solo porque las fábricas contaminantes son más caras de mantener, sino porque el ETS también aumenta el precio de la electricidad –las centrales de gas son grandes emisores de CO₂–, y una parte de la industria es muy intensiva en energía. "Los pagos por carbono son exclusivos de Europa y el sistema está diseñado para aumentar los costes año tras año", advirtió este miércoles la industria europea tras reunirse en Amberes con Von der Leyen.

Hay que tener en cuenta también que el dinero que se recauda con la subasta de esos permisos de emisión también ayuda a los ciudadanos europeos, y que rebajar la ambición del sistema reducirá esas contribuciones. Según la Agencia Europea de Medioambiente, los Estados miembros ingresaron 24.000 millones de euros en 2024 a través de este mecanismo, y se recaudaron 13.000 millones que fueron a parar a diferentes programas de apoyo industrial y energético. España ingresó 1.121 millones ese año a través de este sistema.

Más allá del giro de 180 grados que proponen algunas naciones para el sistema de permisos de emisiones, la Comisión Europea debe lanzar en primavera su propuesta para revisar los llamados permisos gratuitos de emisiones para el periodo 2026-2030, una de las patas de la regulación ETS.

En 2025, casi el 40% de estos permisos se entregó de manera gratuita para que quien invierta en descarbonizar su fábrica pueda venderlos y reciba un incentivo por hacer las cosas bien. Asimismo, cada año el número total de bonos en el mercado se recorta para forzar a las empresas a reducir su contaminación.

En los próximos meses se decide si los permisos gratuitos se reducen a mayor o menor velocidad hasta el final de la década, y la industria europea realiza estos días una intensa campaña de presión para que se mantengan como están. Su argumento es que retirar bonos de CO₂ gratuitos encarecerá la energía y también los costes de producción de algunas industrias. 

Juan Antonio Labat, director general de Feique, la patronal química española, propone "parar el reloj" durante unos años y dejar los permisos como están hasta 2030. "No pedimos reducir la ambición ambiental, pero con estos costes no somos competitivos. Y perder industria significa que se mude a China, donde emiten el doble, y luego importar desde allí los productos", opina el portavoz del sector. Según sus cálculos, añade, reducir cada año los bonos gratuitos costará 1.400 millones de euros a la industria española en los próximos cinco años.

Desde Unesid, la patronal española de la siderurgia, piden que antes de recortar los derechos gratuitos se implemente de manera eficaz el conocido como Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), una normativa que lleva años puliéndose en Bruselas que pretende cobrar a las importaciones industriales de terceros por lo que emiten en sus países de origen. Una manera de equiparar los costes de la producción interna y externa para que el ETS no reste competitividad a las compañías europeas.

Aunque la reforma del ETS sea parcial y solo suponga un parón temporal, como proponen algunos, los expertos valoran que esa decisión no solo frenaría la descontaminación industrial, sino que lanzaría el mensaje de que no merece la pena continuar invirtiendo en modernizar las fábricas porque se abre la puerta a que en 2030 se vuelva a posponer su endurecimiento. 

"El ETS funciona no solo porque fija un precio al carbono hoy, sino porque las empresas creen que el límite de emisiones del ETS seguirá estrechándose. Una gestión cuidadosa de las expectativas es esencial para preservar la credibilidad del sistema", publicaron en enero los expertos de Bruegel, un importante centro de estudios europeos.

Riccardo Nigro, del EEB, apunta en la misma línea. "La fortaleza del ETS reside en su previsibilidad. Los inversores, los innovadores y los pioneros confían en una trayectoria clara y estable del precio del carbono para justificar las inversiones en tecnologías bajas en carbono. Reabrir elementos fundamentales del sistema pone en peligro esa certeza, penaliza a las empresas que ya han invertido en la descarbonización y ralentiza la transición en general", opina el analista industrial.

La Comisión Europea inició en 2025 un proceso desregulatorio masivo en todas las áreas sobre las que tiene competencia, desde la banca a la seguridad en internet, pasando por el medioambiente o la defensa. Uno de los objetivos de Bruselas fueron los pesticidas, un sector con importantes intereses tanto de la industria química como de la agricultura. Un grupo especializado en salud y fitosanitarios ha estudiado la propuesta de la Comisión y ha revelado que, si sale adelante, medio centenar de pesticidas van a quedar exentos de controles rutinarios, y muchos de ellos son tóxicos o incluso cancerígenos, según denuncian.

Générations Futures, un grupo activista francés especializado en químicos y agricultura, ha analizado el plan de desregulación para este sector, presentado a mediados de diciembre por los funcionarios europeos, y los expertos estiman que 49 sustancias quedarían fuera del estricto sistema actual que vigila los impactos de los pesticidas en la salud. Algunos de ellos son muy conocidos en el mundo agrícola por su mala reputación, como el glifosato o el acetamiprid.

Hasta ahora, todas las sustancias activas (421) aprobadas por la Unión Europea y que son la base para la fabricación de pesticidas, deben someterse a un examen nuevo cada 10 o 15 años para garantizar que siguen siendo seguras, con estudios que incorporan la literatura más moderna para que sean cada vez más estrictos. Pero con el argumento de ahorrar costes y eliminar burocracia, se pretende suavizar los controles para que decenas de ellas solo tengan que ser analizadas una vez, y puedan usarse durante décadas, denuncia Pauline Cervan, toxicóloga de Générations Futures.

"Lo que necesitamos son más recursos humanos y financieros para evaluar los expedientes y reducir los retrasos en las evaluaciones. De las 49 sustancias, casi todas son consideradas dañinas para la salud o el medioambiente", asegura Cervan a infoLibre. Según añade, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la encargada de regular los fertilizantes, también ha pedido incrementar los medios para mejorar y acelerar los controles, pero la Comisión ha optado por reducirlos.

Según la documentación revisada por este grupo, la Comisión Europea justifica la propuesta en que ahorrará costes, aunque las cifras son irrisorias según Générations Futures. La estimación de Bruselas es que la desregulación ahorrará 16,84 millones de euros de un presupuesto milmillonario. Liberar de controles al glifosato ahorraría 605.500 euros y hacerlo con el acetamiprid, 176.100 euros.

El texto de la Comisión forma parte de un paquete ómnibus agrícola más grande que modifica también los niveles máximos de residuos en los alimentos o los organismos genéticamente modificados. Ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo y con el Consejo Europeo, un proceso que puede demorarse meses.

Los activistas denuncian que las sustancias que estarán libres de reanálisis suponen un peligro para la salud y la naturaleza. Algunas de ellas son un riesgo para los agricultores o jardineros que las manipulan, o incluso para los consumidores porque se conservan en el alimento hasta que llega a la mesa. Otras pueden matar a las abejas –polinizadoras imprescindibles– o a peces y otros animales que viven en el ecosistema, o afectar a su reproducción o comportamiento. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) considera el glifosato –el herbicida más utilizado en Europa– como probable carcinógeno, mientras que el acetamiprid es muy tóxico para las abejas y neurotóxico en humanos.

En la lista elaborada por la organización francesa también hay sustancias etiquetadas como CMR (carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción), como el captan, el folpet, el forclorfenurón, la abamectina y la flumioxacina. Algunos de estos fitosanitarios además contienen PFAS –aditivos químicos que incluyen enlaces de carbono y flúor– que los convierten en sustancias extremadamente persistentes en la naturaleza, multiplicando su daño.

"Este análisis revela las consecuencias reales de los planes de la Comisión", opina también Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network, otra organización que lucha contra el abuso de los pesticidas en Europa. "Los plaguicidas sospechosos de causar cáncer, relacionados con la neurotoxicidad o que contienen PFAS, obtendrían una autorización ilimitada. Esto es inaceptable y socava la protección de la salud humana y el medioambiente", subraya.

La regulación que ahora se pretende desmantelar ha servido durante más de una década para retirar del mercado químicos que en un comienzo se creían inofensivos, pero que se terminaron descubriendo tóxicos con los avances en investigación. Según Pauline Cervan, desde 2013 y gracias al proceso de renovación obligatorio, se han prohibido 31 sustancias tóxicas que servían de base para fitosanitarios, entre ellas el clorpirifos (neurotóxico) y el clorotalonil (carcinógeno).

La regulación actual, añaden los críticos, tampoco es perfecta, ya que muchas sustancias sospechosas de ser peligrosas siguen en el mercado porque no hay un sustituto para la sustancia o porque la industria química financia estudios de parte para presionar a la Comisión a prorrogar su uso, como se ha denunciado en el caso del glifosato.

El estudio de los activistas franceses estima que 49 sustancias se blindarán frente a las renovaciones, pero la cifra es una aproximación realizada por los toxicólogos. La Comisión no ha dado por ahora detalles sobre cómo funcionará el nuevo proceso ni sobre qué sustancias se librarán de él. Bruselas solo ha proporcionado una lista inicial de 17 que podrán eximirse, entre ellas el glifosato y el acetamiprid.

Esta falta de transparencia es precisamente otra de las quejas de los activistas. La propuesta de desregulación es ambigua y deja la puerta abierta a que los fabricantes de pesticidas presionen para que más sustancias activas queden blindadas frente a estos controles porque se puede hacer una interpretación laxa de la normativa. En concreto, una de las condiciones que obligará a reevaluar sustancias ahora permitidas será que durante su último estudio tengan "incertidumbres relevantes durante el proceso de análisis de riesgos".

"El concepto de incertidumbre es especialmente impreciso y susceptible de todo tipo de interpretaciones, sobre todo porque no utiliza la nomenclatura con la que la EFSA clasifica la información contenida en sus evaluaciones de riesgo", se quejan los expertos. "Esto abre la puerta a evaluaciones arbitrarias influenciadas por factores políticos, muy alejadas de cualquier lógica científica".

El sistema de reciclaje basado en devolver los envases vacíos al supermercado gana adeptos en el continente a toda velocidad y ya está implantado en 16 países de la Unión Europea. Mientras tanto, en España el proceso de implantación sigue estancado, pese a que debería ponerse en marcha antes del mes de diciembre y el sector no espera que vea la luz hasta 2029, saltándose así el reglamento español y europeo de residuos.

Portugal se sumará el 10 de abril a esta extensa lista poniendo en marcha el conocido como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más –10 céntimos en el caso portugués– que se recuperan al devolver el envase vacío y en buen estado a unas máquinas específicas o en mano en miles de establecimientos del país.

En los últimos dos años también han introducido el SDDR Austria, Hungría, Irlanda, Rumanía y Polonia, hasta el punto de que ya son mayoría el número de países de la UE que lo tienen. La razón, explican los expertos, es que el sistema funciona y da muy buenos resultados en tiempo récord porque el consumidor se beneficia económicamente de reciclar, o sufre las consecuencias de no hacerlo. También es más transparente que el sistema actual, en el que todos los envases tienen un pequeño sobrecoste que es invisible para los ciudadanos, de alrededor de 1 céntimo por lata o botella, que además no se recupera.

"Es evidente que si queremos un modelo de economía circular hay que pasarse al SDDR en España", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje. "En todos los países que se ha puesto en marcha es eficiente para la sociedad y la industria, con unos índices de recuperación de envases del 90%".

Austria, que cumplió un año con el sistema de recuperación de envases el pasado 1 de enero, demuestra que el modelo logra un cambio de mentalidad y de comportamiento inmediato en la población. En doce meses han conseguido que el 81,5% de los envases que compran los hogares se devuelva a las máquinas, reintroduciendo en el circuito de reciclaje 1.400 millones de latas y botellas.

El caso austriaco es solo una prueba más de la eficacia del SDDR. En los países que lo han adoptado en Europa se recuperan de media el 88% de los envases adheridos a este sistema, con algunos ejemplos donde se roza la circularidad plena. Finlandia (99%), Alemania (98%), Dinamarca (93%) y Noruega (92%) son los países con los sistemas más eficientes de recuperación, mientras que el único que rompe la estadística es Países Bajos (68%).

Lo interesante del sistema SDDR es que garantiza que las latas y botellas se recogen en máquinas que facilitan enormemente su reciclaje porque se clasifican automáticamente y se conservan relativamente limpias. La alternativa actual son los contenedores amarillos, donde se mezclan todo tipo de residuos: bidones de aceite, latas de conservas, briks de zumo, papel de aluminio, basura que termina ahí por error... encareciendo el tratamiento de los envases e incentivando que se acaben incinerándose o llevándose a vertederos.

El funcionamiento del sistema depende de cada país. En Portugal, según publica Expresso, para que el reembolso sea válido los recipientes deben estar intactos, con sus tapones y etiquetas. El incentivo para devolver el envase va a ser importante porque a 10 céntimos por envase, detalla el diario portugués, supone que un paquete de seis botellas de agua que costaba hasta ahora un euro, pasará a costar 1,60 euros, un 60% más.

Por supuesto, implantar este sistema cuesta mucho dinero porque supone instalar miles de máquinas de recuperación de envases en lugares públicos, pero en todos los países donde funciona se ha demostrado económicamente viable, según César Sánchez. Al incrementar el porcentaje de reciclaje de plástico y aluminio, las empresas pueden vender estos materiales y recuperar la inversión, y también se generan ingresos de los céntimos no reclamados por los usuarios que no devuelven los envases. En última instancia, si todo eso no es suficiente para costear el mecanismo, son las empresas que ponen esos envases en circulación las responsables de pagar la diferencia.

En Portugal, por ejemplo, el Gobierno calcula que el SDDR costará de entrada 150 millones de euros, además de 90 millones de euros anuales para costear la operativa, y contará con 2.500 máquinas de recogida.

En teoría, el Gobierno debe implementar en España el sistema de devolución de botellas al supermercado este año, pero nadie en el sector cree que se llegará a tiempo. En noviembre de 2024 el Gobierno confirmó que España había incumplido los objetivos de recogida separada de botellas de plástico y eso obligaba, según la Ley de Residuos, a instaurar el SDDR en un plazo de dos años, que vence antes del 22 de noviembre de 2026.

Sin embargo, diferentes fuentes del sector coinciden en que esto no ocurrirá hasta al menos 2029 porque ni siquiera se ha dado autorización a las empresas productoras y comercializadoras de plástico, agrupadas en organizaciones llamadas SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor) para que empiecen a organizar el sistema. En España se han postulado a esa tarea tres SCRAP (SDDR España, Ecoembes, Procircular), que necesitan la homologación de la Comunidad de Madrid para poder empezar a trabajar.

El problema es que el Gobierno regional inició en mayo del año pasado el proceso de concesión de autorizaciones para gestionar el sistema, un papeleo que en principio debía resolverse en seis meses, pero se prorrogó otros seis, hasta mayo de 2026, y todo apunta a que se volverá a extender el proceso una vez más.

Arancha Bengoechea, experta de Derecho Público del despacho Andersen, descarta que este primer paso se cierre antes de mayo porque la Ley de Residuos choca en algunos puntos con el reglamento de la Unión Europea sobre este asunto, que entra en vigor el próximo mes de agosto. Por ejemplo, la ley española no contempla que el canal de distribución forme parte del SDDR y el reglamento europeo sí.

"Si ahora ponemos en marcha el sistema con la normativa en vigor, en agosto va a ser incompatible con el reglamento europeo", opina la experta. Como ese proceso de autorizaciones finaliza en mayo y no se puede volver a posponer, Bengoechea cree que se cerrará en esa fecha y se volverá a iniciar después en el punto en que quedó, por lo que no hay una fecha clara para que el sistema eche a andar.

Una vez que la Comunidad de Madrid aclare qué SCRAP tienen permiso para operar, deberán sentarse con la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica a organizar el sistema de devolución de botellas: aclarar cómo funcionará, dónde estarán los puntos de recogida, comprar la maquinaria, contratar al personal y adaptar los centros de tratamiento de residuos al SDDR, de ahí que se vaya a retrasar probablemente a 2029.

Eso supondrá, por un lado, que España incumplirá la Ley de Residuos porque no llegará a la fecha tope de noviembre de 2026 o la adaptará a la nueva realidad. Por otro lado, España incumplirá probablemente también el Reglamento europeo de Residuos, que obliga a la recogida separada del 90% de las botellas y latas en cada país antes del 1 de enero de 2029. España apenas recogió por separado en 2023 el 41,3% de las botellas de plástico.

Hace seis años que Ecoembes, la organización que tiene el monopolio de la recogida de envases domésticos en España, implantó un sistema que según ellos "evolucionaría" la manera de reciclar en el país. Crearon una app de móvil llamada Reciclos que daba boletos para sorteos a quienes demostrasen que tiraban al contenedor amarillo las botellas o las latas, pero una investigación de infoLibre demostró que el sistema era un despropósito porque se podía canjear una y otra vez el mismo envase. Lo que entonces se anunció con stands publicitarios por toda España, fue discretamente cancelado el pasado 31 de diciembre.

Ecoembes –que aglutina a gigantes de los envases como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona– presentó Reciclos en 2020, un momento clave del sector, cuando el Gobierno estaba elaborando la nueva Ley de Residuos y la nueva Ley de Envases, que entraron en vigor a lo largo de 2022. En los años anteriores se discutía cómo reconvertir el sistema de reciclaje de España, que algunas organizaciones civiles ya calificaban de desastroso –como se confirmó oficialmente en 2024–. Ecoembes, que tiene desde los años 90 el monopolio del reciclaje de las botellas y las latas, anunció entonces Reciclos para corregir la situación, pero seis años después solo ha servido para incentivar el reciclaje de una fracción ínfima de los envases, aunque Ecoembes no da cifras oficiales de la campaña.

Una investigación de infoLibre de 2023 demostró que estaba en las antípodas de solucionar los pésimos datos de reciclaje de España, donde solo se tiran al contenedor amarillo el 43% de las botellas de plásticos. El sistema consistía en fotografiar con el móvil el código de barras de un envase y depositarlo en un contenedor amarillo que también tuviese un código QR. A cambio, el usuario recibía dos puntos "R" por botella y uno por lata, que podía canjear en la app para entrar en sorteos de tecnología, comida y viajes o donarlos a causas solidarias.

El problema era que un solo envase podía escanearse infinitas veces y simplemente había que repetir el proceso una y otra vez para conseguir más puntos. La solución para evitar el trampeo pasaba porque una persona solo podía canjear un máximo de seis envases del mismo tipo (botella o lata) al día y 25 a la semana, pero eso derivaba en el segundo absurdo: un mecanismo pensado para incentivar el reciclaje limitaba el reciclaje. 

Más allá de los problemas técnicos, los expertos en residuos advirtieron desde el primer momento que el programa era "una huida hacia adelante" de Ecoembes, como lo calificó Greenpeace, porque era la propuesta de la industria para evitar implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase vacío al supermercado.

El SDDR es la fórmula más popular en el mundo para incentivar la recogida selectiva de botellas y permite, en cuestión de meses, lograr una recogida de estos envases por separado del 90%, facilitando enormemente su reciclaje. Sin embargo, Ecoembes se creó en 1997 precisamente para evitar implantar en España un sistema SDDR, más costoso para las grandes empresas. No obstante, como los datos de reciclaje de botellas continúan hoy siendo pésimos, la Ley de Residuos de 2022 finalmente obligó a imponer el mecanismo SDDR, aunque parece que no llegará hasta 2029.

Desde que Reciclos empezó a funcionar en 2020, Ecoembes lo ha utilizado como el gran expositor de su compromiso con el reciclaje, con numerosos influencers haciéndose eco del proyecto en redes sociales, campañas de publicidad en medios de comunicación y stands en diferentes ciudades para atraer al público. Sin embargo, la organización no anunció públicamente el fin del programa, solo a los usuarios suscritos.

En su mensaje de despedida, Ecoembes hablaba de Reciclos como un "proyecto piloto". "Cada participación, cada reciclaje y cada interacción nos ha ayudado a avanzar con paso firme por un futuro sin residuos", decían a los usuarios. Fuentes de la organización confirman que Reciclos ya está dado de baja porque "ha cumplido el cometido con el que nació, que no fue otro que ensayar en un terreno real el uso del incentivo para empujar aún más el reciclaje en España". "A partir de ahora ese terreno corresponderá al SDDR", añaden desde Ecoembes. Sin embargo, aunque ahora hablen de Reciclos como un experimento para la transformación del sistema en el futuro, Ecoembes nunca promovió el cambio a un modelo SDDR.

César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende desde hace 20 años la implantación de un sistema SDDR en España, opina que Reciclos se puso en marcha "para tapar lo que luego se confirmó, que solo se recuperaban el 40% de los envases de bebidas" en los cubos amarillos. "Fue una operación de marketing que llegó cuando se empezó a discutir en el Congreso la nueva ley de residuos. Su cierre ahora demuestra que nunca tuvo recorrido y que no estaba controlado", añade.

Fuentes de Ecoembes explican que Reciclos tuvo en esos seis años 900.000 usuarios en España, aunque no trasladan cifras de cuántos envases se reciclaron con esta plataforma. Un comunicado de la organización a cierre de 2024 decía que se habían repartido hasta ese momento 2,5 millones de puntos, que en el mejor de los casos –si solo se devuelven latas, que daban un punto– equivaldrían a 2,5 millones de envases. Sin embargo, en España se consumen cada día 50 millones de ellos. Y esto sin contar con que el sistema permitía fácilmente el fraude, permitiendo canjear una sola botella o lata repetidas veces.

Los contaminantes eternos, conocidos como PFAS, siguen empleándose cada día en millones de productos de consumo, aumentando su concentración en la naturaleza y engordando la factura de su futura limpieza. La Comisión Europea ha calculado por primera vez el coste de retirar estos elementos de la naturaleza en la Unión Europea y la horquilla va de los 330.000 millones de euros a los 1,7 billones de euros de aquí a 2050, en función de si se legisla a corto plazo para prohibirlos o si se continúan utilizando masivamente. La cifra más alta equivaldría al 9,4% del PIB anual del bloque.

Los PFAS son sustancias químicas sintéticas que contienen enlaces de carbono y flúor que se añaden a todo tipo de materiales para darles características especiales como resistencia al calor, impermeabilidad o dureza. El problema es que cuando estos químicos acaban en ríos, cultivos y acuíferos –o en el polvo de casa–, pueden permanecer allí durante décadas o siglos, contaminando durante generaciones el entorno.

La preocupación por estas sustancias ha crecido drásticamente en la última década y Bruselas valora prohibir de golpe la producción y el consumo de las casi 10.000 variantes de PFAS existentes. En su afán por abordar el problema, la Comisión acaba de calcular el coste de limpiar la naturaleza de estos residuos. El documento estima que en 2024 había en Europa 11.500 lugares contaminados por PFAS y que en 2020 se emitieron 11.600 toneladas de estos químicos al medio ambiente.

El análisis tiene en cuenta cuatro escenarios de aquí a 2050. El más pesimista –la contaminación por PFAS sigue creciendo al ritmo actual– estima que entre 2020 y 2050 su concentración en la naturaleza europea crecerá entre un 150% y un 175%, pasando de afectar del 8% del territorio al 10,5%. Diversos análisis confirman que en la actualidad el 100% de la población europea tiene PFAS en la sangre, pero diez millones de personas pasarían de tener concentraciones medias a elevadas en 2050 si la legislación no se endurece.

El daño económico que supondría ese contexto ascendería a 440.000 millones de euros durante las próximas tres décadas, principalmente por los costes sanitarios de la mortalidad y los tratamientos médicos que acarrearía entre la población, pero no sería el escenario más caro porque se asume que nadie se molestaría en limpiar las aguas continentales de esos tóxicos.

De peor a mejor, el análisis contempla además otros tres escenarios. Uno en el que se cumple actual Directiva de calidad de aguas de consumo humano, otro más optimista en el que se cumple la normativa de Estándares de Calidad Ambiental, y mejor de todos, en el que se prohíbe la producción y consumo de PFAS en la Unión Europea, una medida que se negocia ahora en Bruselas.

El escenario que costaría 1,7 billones de euros de aquí a 2050 es el intermedio, en el que se cumplen los Estándares de Calidad Ambiental, debido a que además de los costes sanitarios derivados de la toxicidad de los químicos, habría que depurar las reservas de agua de boca y las aguas residuales del continente, una operación que dispararía la factura.

La simulación más económica, paradójicamente, sería prohibir en los próximos años el uso total de PFAS en la Unión Europea. El coste de limpiar la naturaleza y el recibo sanitario sería durante las próximas tres décadas sería de apenas 330.000 millones de euros porque habría menos que limpiar y la concentración de ese cóctel en la sangre caería poco a poco hasta cero porque se expulsan por la orina y las heces.

Todos los escenarios calculados por Bruselas solo incluyen el coste sanitario de los cuatro PFAS más comunes en la naturaleza (PFOA, PFOS, PFHxS y PFNA), pero la industria emplea cientos más todos los días en menores cantidades. El PFOA y el PFOS ya están prohibidos por la Convención de Estocolmo —a la que está suscrita la Unión Europea—pero continúan presentes en el medioambiente porque tardan siglos en descomponerse, de manera que los europeos siguen expuestos a ellos. En 2023, la Unión Europea también prohibió el uso de PFHxS y el PFNA.

Aunque el coste de limpiar la naturaleza de contaminantes eternos no está desagregado por países, está demostrado que los del sur, entre ellos España, tienen una concentración menor de químicos eternos que los del norte de Europa (Noruega y Suecia) y Europa occidental (Francia y Alemania) por la menor concentración de fábricas que los utilizan. Un estudio de 2023 en adolescentes mostró que en los países del sur tenían de media 0,7 microgramos por litro (µg/L) de sangre de PFOA, frente a 1,12 y 1,13 µg/L en el norte de Europa y Europa occidental, respectivamente. Diferencias similares se encontraron en otros PFAS estudiados.

El principal motivo de la difusión de estas sustancias al medioambiente son los vertidos de aguas residuales industriales, el humo que sale de sus chimeneas y el uso de pesticidas en la agricultura. No obstante, aunque en España no haya concentraciones tan altas de PFAS, están en todas partes. Forman parte de objetos cotidianos como ropa técnica a pesticidas, cosméticos, pinturas, juguetes, extintores o muebles. Pueden encontrarse también en todas las cocinas: en sartenes antiadherentes, en envases de comida rápida o en el papel de horno.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, ha participado en numerosos análisis de PFAS en España, y afirma que se han detectado en diferentes análisis, tanto de agua como de cultivos y peces. Este mismo jueves,  la organización Pesticides Action Network (PAN Europe) ha publicado un análisis de manzanas cultivadas en Europa, entre ellas cinco muestras de España, y tres de ellas contenían PFAS. "No nos consta que haya depósitos de PFAS en España, pero haber tiene que haberlos porque los hemos encontrado en el agua de grifo", señala el experto.

Un factor común a todos los PFAS es que son persistentes o muy persistentes en la naturaleza y no se degradan en siglos, y muchos de ellos son también "tóxicos, bioacumulativos, carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción y, por lo tanto, presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente a través de la exposición", según se lee en el informe la Comisión Europea. Los humanos se exponen a ellos a través del agua de grifo y embotellada, los alimentos, el aire, el contacto con productos diarios que los tienen o en el trabajo, en profesiones como la construcción.

El estudio, que revisa toda la literatura científica reciente sobre los PFAS, recoge todas las evidencias de su impacto en la salud. Se relacionan con infecciones respiratorias, enfermedades autoinmunes de la tiroides, problemas hepáticos, bajo recuento de espermatozoides, riesgos maternos/neonatales (hipertensión, disminución del crecimiento fetal, bajo peso al nacer). De manera menos fiable, también se relaciona con la diabetes.

Además, los PFAS tienen un altísimo coste para la naturaleza. Se ha demostrado que afectan a la reproducción, el comportamiento y la salud de todos los seres vivos, incluidos mamíferos, peces y plantas. El problema es que su estudio es extremadamente complejo. Los PFAS están poco explorados y su estudio habitual se basa en análisis de seres vivos individuales en entornos controlados, de manera que es difícil conocer realmente su impacto en ecosistemas reales.

El coste económico de estas sustancias ya había sido aproximado en otros análisis, como un estudio de 2025 de The Forever Pollution Project, un proyecto europeo de monitorización de PFAS, que estimó una factura incluso superior: 95.000 millones de euros al año durante dos décadas, casi dos billones de euros. Otra investigación, publicada en 2024 en la prestigiosa revista Science of The Total Environment calculó que eliminar cada año la misma cantidad de PFAS que se emiten al medioambiente en todo el planeta superaría en coste al PIB global (más de 100 billones de dólares).

El informe de la Comisión, publicado este jueves, también contiene una buena noticia. Las prohibiciones de los últimos 20 años de los PFAS más comunes (PFOA y PFOS) provocaron que entre 2001 y 2007 disminuyera su concertación en sangre en Europa un 23% y un 22%, aunque aumentó la de otros contaminantes ternos que los sustituyeron.

“Parece plastilina y huele a alquitrán”. Luis Díaz, líder de los pescadores de la playa de Aucayama, a 77 kilómetros al norte de Lima, amasa entre sus manos una plasta de arena oscura y compacta. 

El pasado 6 de enero, este pescador iza sus redes y, nuevamente, aparecen vacías. “Antes del derrame la biomasa era muy buena, sostenible, siempre había peces”, recuerda. La marea alta trae frecuentemente restos de crudo a las 28 playas golpeadas por el derrame de Repsol de enero de 2022. 

Cuatro años después del mayor desastre ambiental sufrido por Perú, los pescadores artesanales siguen sufriendo las consecuencias de la falta de rehabilitación de las playas. 

El 15 de enero de 2022, un ducto submarino de la refinería La Pampilla, de Repsol, en Lima, se rompió durante la descarga de un buque y vertió 12 mil barriles de petróleo al mar. El vertido se extendió a lo largo de 64 kilómetros de costa, afectando una extensión equivalente a 3.400 campos de fútbol. 

Tras el derrame, las autoridades peruanas impusieron a la petrolera multas y sanciones administrativas por 60 millones de dólares por brindar información “inexacta”, no delimitar correctamente las zonas afectadas y no realizar de forma adecuada la contención, recuperación y limpieza. 

Tres meses después del vertido, Repsol declaró las playas “limpias y listas para el monitoreo”. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) revisó la limpieza, concluyendo que 71 de 97 sitios analizados seguían contaminados y exigiendo a Repsol planes para rehabilitar los ecosistemas dañados.

En octubre de 2023, Repsol presentó 18 planes de rehabilitación a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Pero 2 años y 3 meses después, según ha corroborado esta investigación, el Estado peruano no ha aprobado ninguno de ellos al considerarlos insuficientes.

Para dar luz verde a estos planes, la ley obliga al ministerio a solicitar la opinión técnica de seis entidades públicas: el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Dirección General de Salud Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. Todas, sin excepción, han hecho observaciones. En total, hasta 606 alegaciones que Repsol no termina de subsanar. 

“Si tú haces un mal plan, usas información incompleta y elaboras un mal diagnóstico, vas a tener que subsanar observaciones y esto hace que todo el procedimiento demore”, explica Ana Leyva, abogada de la ONG CooperAcción, que ha analizado los planes de rehabilitación presentados Repsol y todas las observaciones de las autoridades peruanas. “En resumen, lo que planteaban hacer es seguir recogiendo bolitas de alquitrán y hacer un monitoreo”, explica Leyva como conclusión.

Diana Papoulias, bióloga marina y experta en toxicología acuática, ha analizado 12 de estos planes. En declaraciones para esta investigación, considera que presentan deficiencias técnicas. El informe de esta bióloga para la ONG CooperAcción cuestiona que Repsol proponga la “atenuación natural” como técnica de recuperación, es decir, “que el mar se limpie solo”. 

También afirma que la evaluación del daño ambiental está incompleta y tiene vacíos de información que excluyen zonas que Repsol consideró “inaccesibles”, pero a las que sí lograron ingresar para tomar muestras los técnicos de la autoridad fiscalizadora peruana. 

Según la información obtenida por esta investigación, cuatro de los seis organismos que evalúan los planes de rehabilitación aún mantienen observaciones vigentes. Dos –la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección General de Salud Ambiental– ya tendrían opiniones favorables. Cuando ya no haya observaciones, Repsol iniciará el proceso de recuperación de los ecosistemas afectados. 

Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a Repsol Perú y Repsol España una entrevista sobre las consecuencias del derrame y, al no obtener respuesta, se enviaron preguntas por escrito. Solo la Refinería La Pampilla, de Repsol Perú, remitió sus respuestas. 

Asegura que han proporcionado a las autoridades peruanas toda la información solicitada y que están a la espera del resultado final de la evaluación de los planes de rehabilitación por parte del Ministerio de Energía y Minas peruano, “confiando en la transparencia y rigor del proceso”. 

Repsol Perú afirma que la zona afectada se encuentra apta para actividades recreativas y económicas sin riesgo para la salud ni el medio ambiente, ya que cumple con estándares ambientales nacionales e internacionales. También informa que ha destinado 1.300 millones de soles (casi 382 millones de euros) a tareas de limpieza, recuperación y compensaciones a los afectados. 

En España, Repsol se ciñe a la información presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ella, la compañía reitera que el vertido se produjo “por el movimiento incontrolado durante la descarga del buque”. La compañía y la aseguradora han demandado por 265 millones de dólares a Fratelli D’Amico Armattori, la armadora italiana del buque Mare Doricum, que efectuó la descarga de crudo. 

El Estado peruano ha emprendido un proceso administrativo contra Repsol y demanda 4.500 millones de dólares por daños materiales y morales. 

Para evitar un juicio penal, la petrolera llegó a un acuerdo con la Fiscalía peruana para pagar, junto con la compañía italiana, 1.156 millones de soles (294 millones de euros). Esta cantidad incluye lo gastado por Repsol en limpieza, contención del derrame y pago de indemnizaciones a los afectados. 

El reportaje audiovisual Derrame Negro, fondos verdes, que forma parte de esta investigación transfronteriza, aborda la paradoja que rodea el caso Repsol: mientras el derrame de petróleo en Perú sigue sin una rehabilitación aprobada, la petrolera española ha recibido hasta diciembre de 2024 más de 4.778 millones de euros del Plan de Recuperación de la Unión Europea, centrado en la transición ecológica y digital. 

El Gobierno hizo pública esta cifra en respuesta a una pregunta registrada por Ione Belarra, secretaria general de Podemos. 

En España, estas ayudas las gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Solicitamos, sin resultado, una entrevista a este organismo para abordarlos compromisos ambientales adquiridos por Repsol en terceros países al beneficiarse de estos fondos verdes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

También tocamos las puertas de las direcciones generales de Justicia, Medioambiente y Energía de la Comisión Europea. Pero ni el Gobierno español ni la Comisión Europea respondieron a las preguntas planteadas para este reportaje. 

El caso Repsol es un ejemplo de un problema mayor: una empresa europea puede beneficiarse de fondos verdes, ser protagonista de un daño ambiental grave fuera de la Unión Europea y no rendir cuentas bajo estándares europeos. 

“A día de hoy, salvo que haya un impacto flagrante en el proyecto que se presente, no hay condicionalidad con la diligencia debida en terceros países para la obtención de fondos europeos”, explica Luis Rodríguez de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. 

Debido a este vacío legal, la Unión Europea empezó a diseñar hace más de una década una norma inédita: la directiva de diligencia debida. En abril de 2023, la comisión de Justicia del Parlamento Europeo aprobó una directiva que obliga a las empresas europeas a identificar y prevenir daños ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor, dentro y fuera de Europa.

Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a la dirección general de Justicia de la Comisión Europea una entrevista sobre esta directiva, pero este organismo se amparó en que estaba en manos del Parlamento y el Consejo Europeo para no pronunciarse. 

Con la aprobación en diciembre de 2025 del Paquete Omnibus 1 en el Parlamento Europeo, la directiva fue debilitada.

“Con la nueva situación geopolítica, ha habido una presión de empresas europeas, que combinada con la presión de Estados Unidos, ha llevado a las instituciones comunitarias a replantearse la normativa de diligencia debida”, explica Fernando Carbajo, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca. 

La directiva de diligencia debida sólo se exigirá a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros en facturación, y no empezará a aplicarse hasta 2029. Aun así, abre la puerta a que, en el futuro, empresas como Repsol puedan afrontar procesos de responsabilidad civil en España si no cumplen con la diligencia debida en materia de medioambiente. 

Mientras la Unión Europea debate durante años una norma para exigir responsabilidades a las empresas por los daños que causan fuera de sus fronteras, en Perú las consecuencias del derrame siguen sin resolverse.

Sin planes de rehabilitación aprobados, los pescadores encuentran pedazos de alquitrán en las playas que son cubiertos una y otra vez por la arena, formando capas de restos de crudo bajo la superficie. Para ellos, la remediación del mar es lenta. 

“Nosotros queremos saber cuánto tiempo van a estar nuestras playas contaminadas”, exige Luis Díaz, dirigente de los pescadores artesanales de Chancay. “Ni siquiera la limpieza se ha terminado al cien por cien y no sabemos cuándo se van a aprobar los planes de rehabilitación. Vivimos en la incertidumbre”.

Cuatro años después del derrame, Repsol parece querer dar el episodio por cerrado.

* Daniel Yovera (para Epicentro TV, Lima) y Beatriz Jiménez (para infoLibre) han llevado a cabo esta investigación con el apoyo de Journalismfund Europe

Pocas veces las investigaciones sobre medioambiente y contaminación arrojan conclusiones positivas, pero esta es una de ellas. Un reanálisis de decenas de estudios sobre la presencia de microplásticos en la atmósfera concluye que hasta ahora se había exagerado enormemente la concentración de polímeros en el aire, desde donde entran en el organismo a través de la respiración. En concreto, su presencia es entre 100 y 10.000 veces inferior de lo que se creía hasta ahora.

Un grupo de investigadores ha publicado este miércoles en Nature que, de media, la atmósfera concentra 0,08 partículas plásticas por metro cúbico de aire en zonas terrestres, mientras que sobre los océanos su presencia cae hasta las 0,003 partículas, de manera que los datos que había hasta ahora tenían "una sobreestimación de entre dos y cuatro órdenes de magnitud", según los tres autores del documento.

En concreto, se estima que cada año se emiten a la atmósfera terrestre 610 cuatrillones de trozos de microplásticos y otros 26 cuatrillones sobre la superficie oceánica. Estos pedazos miden entre 5 y 100 micras. Un pelo humano tiene un diámetro de unas 80 micras.

Los autores no han realizado ninguna medición nueva de partículas, sino que han recopilado 76 estudios internacionales –que suman 2.768 mediciones de microplásticos en el aire y en depósitos terrestres– y los han estudiado en conjunto para sacar una única conclusión. Elaborar este reanálisis permite arrojar luz sobre un área de investigación realmente caótica, en la que los estudios en diferentes zonas del planeta alcanzan conclusiones opuestas porque la presencia de plásticos está muy ligada a la concentración local de la industria o del tráfico.

"Las mediciones de la abundancia atmosférica [de microplásticos] y de su depósito son difíciles debido al pequeño tamaño de las partículas implicadas. Los niveles de concentración atmosférica comunicados son extremadamente variables", advierten los autores. Por ejemplo, un estudio en una gran urbe de China estimó que cada día se depositaban en el suelo 50 trozos de microplástico por metro cuadrado, mientras que otro análisis en Reino Unido estimaba 3.100 pedazos por metro cuadrado.

Contar con cifras fiables en esta área es indispensable para estimar el impacto en la salud de la exposición a los microplásticos, que ha atraído un gran interés en los últimos años ante las cada vez mayores evidencias de que el organismo acumula polímeros en sus tejidos debido a la exposición diaria en la ropa, el agua, los alimentos o el aire de las ciudades.

Roberto Rosal, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá, opina que se ha trasladado un cierto alarmismo alrededor de los microplásticos, y que el nuevo estudio de Nature demuestra que algunos titulares son exagerados, "fomentando el negacionismo" y la pérdida de credibilidad de la ciencia. Lo compara, por ejemplo, con una popular publicación de 2022 que afirmaba que cada persona ingiere cinco gramos de plástico a la semana, el equivalente a una tarjeta de crédito, pero una revisión posterior estimó que no sería cada semana, sino cada 23.000 años. También critica otro estudio popular de 2025 que afirmaba que la acumulación de polímeros en el cerebro ha crecido rápidamente en la última década.

El análisis publicado este miércoles también confirma que los grandes responsables de llenar el aire y el suelo de plásticos son el desgaste de los neumáticos y frenos en las carreteras, el uso industrial y personal de los plásticos, y los trozos microscópicos que el aire arrastra del mar y de los campos agrícolas. Solo la abrasión de las ruedas produce cada año 4,4 millones de toneladas de microplásticos, siendo el emisor individual número uno. 

Las piezas más peligrosas son las de menor tamaño (de 5 a 10 micras), que pueden penetrar más en el organismo, y estas provienen fundamentalmente del tráfico, de la agricultura y del polvo que se levanta en las llanuras áridas. Mientras que las partículas más gruesas (de 25 a 100 micras) llegan a la atmósfera principalmente desde los océanos –el plástico acumulado en el mar se degrada hasta ser arrastrado por la brisa– y desde los productos de uso diario –principalmente las fibras sintéticas de la ropa–. 

Aunque las cifras que rodean la contaminación por microplásticos sean astronómicas, Roberto Rosal matiza que en realidad la exposición diaria es mínima. Un estudio en el que él participó analizó la concentración de piezas de plástico en diez ciudades españolas, siendo Madrid la que más tiene. "Si digo que en la Puerta del Sol se almacenan cada día un millón de fragmentos al día puede sonar muchísimo, pero equivalen a 200 miligramos diarios, el envoltorio de un caramelo", explica.

Sobre el impacto en la salud de los microplásticos, Rosal también cree que está en parte exagerado. "Estamos expuestos a los microplásticos por la inhalación y la ingesta, pero lo que entra por un sitio sale por otro. El epitelio intestinal solo filtra lo inferior a 200 nanómetros, es muy difícil que lo internalicemos", subraya. Por el estómago entraría una cantidad ínfima, mientras que a través de la respiración, la mayor parte de lo que se introduce por la nariz quedaría atrapado por la mucosa, afirma. El investigador también trabajó en un estudio de pulmones extirpados, en los que encontró cantidades tan pequeñas de plástico que no eran relevantes.

La Agencia Europea de Medioambiente también recoge que "no hay suficiente evidencia" sobre el daño de los microplásticos, aunque sí advierte que pueden contener agentes químicos asociados "tóxicos, contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados", que sí son dañinos. No obstante, está ampliamente demostrado que los microplásticos se almacenan en la sangre, el tracto gastrointestinal, los pulmones y en los órganos reproductivos, y se relacionan con respuestas inflamatorias.

Rosal señala que es extremadamente complicado por ahora "relacionar la causa-efecto" de los microplásticos en determinados problemas de salud, porque es fácil confundir los materiales plásticos con la materia orgánica en los análisis. Sí advierte de que algunos de los aditivos que lleva el plástico son tóxicos y se utilizan para dar al polímero propiedades como color, dureza o resistencia al calor. Él y su equipo estudiaron uno de ellos, el Irgafos, un antioxidante imprescindible para que el plástico se pueda fabricar, y concluyeron que tenía "un nivel bastante alto de toxicidad".

La justicia ha archivado la causa abierta por el vertido de pellets del carguero Toconao, ocurrido en diciembre de 2023, al concluir que "no se puede inferir la existencia de ilícito penal alguno" sin que se haya rebasado el ámbito de una posible infracción administrativa. La magistrada instructora, en la resolución facilitada este martes a la prensa, acuerda por tanto el sobreseimiento definitivo de la causa en la que se investigaron potenciales responsabilidades penales.

Ecologistas en Acción presentó una demanda ante los Juzgados de Noia contra la empresa holandesa propietaria del barco que provocó el vertido por un delito contra el medioambiente y los recursos naturales. Los pellets, pequeñas bolas de plástico, seguían apareciendo en las playas de Galicia el pasado octubre, cuando estaban a punto de cumplirse dos años desde el vertido.

Tras la práctica de las diligencias de instrucción y teniendo en cuenta el contenido de toda la prueba documental, la instructora concluye que “no se puede inferir la existencia de ilícito penal alguno, sin que se haya rebasado, en su caso, el ámbito de una posible infracción administrativa”. El auto no es firme, pues cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

En la resolución, explica que el informe presentado por la Dirección General de la Guardia Civil concluye que, dadas las condiciones meteorológicas en el momento de producirse la pérdida, junto con los indicios relativos a la navegabilidad del buque y el modo de proceder del capitán, así como del resto de la tripulación, “la caída por la borda de los seis contenedores fue consecuencia de un golpe al buque por el oleaje a su lado de babor, habiéndose cumplido los protocolos de carga por parte de la empresa operadora”. Todo ello, remarca, “sin que se haya producido irregularidad alguna que hubiese ocasionado la caída de los contenedores”.

Dicho informe incluye, entre otra documentación de relevancia, el informe aportado por el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, información aportada por el armador y la empresa fletadora, informes del Instituto Tecnológico para Control do Medio Mariño de Galicia y el informe pericial de la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la Unidad Técnica del Seprona.

Pese a que según algunos expertos señalan que los pellets son muy dañinos para los peces si se ingieren en grandes cantidades, y que algunos de ellos incluso tienen aditivos tóxicos para los animales, la instructora subraya que, de acuerdo con el informe pericial, “del análisis de los pellets recogidos en las costas afectadas no se revela toxicidad o concentración de sustancias tóxicas en su composición, de modo que no se prevé un impacto significativo a medio o largo plazo ocasionado por vertido de pellets en relación con el impacto del resto de microplásticos presentes en el entorno marítimo”. A su vez, recalca que, del análisis realizado por el CETIM Technologicas Centre de las muestras del material recogido por el personal de la Xunta para conocer con detalle la composición de los materiales vertidos, se determina “que no es una sustancia o mezcla peligrosa”.

En enero de 2024, un informe encargado por la Xunta a CETIM, un centro tecnológico privado con sede en Culleredo (A Coruña), señalaba que en caso de "vertido accidental" de los pellets es preciso "no inhalar el polvo" y "evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa cuando se proceda a la limpieza del vertido". Además, indica que para manejar este material plástico se recomienda "el uso de gafas de protección y guantes". Unas recomendaciones que el Gobierno gallego no ha hecho públicas y a las que tuvo acceso Praza.gal.

En cuanto a la afección de los espacios protegidos, la jueza destaca que, de los informes remitidos por la Xunta y la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, se concluye “que los escasos restos de pellets encontrados en las zonas protegidas no han producido daño en el ecosistema dunar de las lagunas de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán, así como que tampoco se han producido daños que puedan haber perjudicado a la biodiversidad ni al ecosistema del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia”.

Por todo ello, determina que “no se ha producido una infracción de las leyes y otras disposiciones de carácter general protectoras del medioambiente, suficientes para justificar la intervención de la vía penal”.

Finalmente, subraya que, de acuerdo con el resultado del análisis de los pellets recogidos en las costas gallegas, tampoco hay indicios de que “la conducta típica hubiera podido perjudicar gravemente la calidad del aire, del suelo o de las aguas, animales o plantas, el equilibrio de los sistemas naturales, o que se hubiese causado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas”.

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, la principal guía de trabajo del Ministerio de Transición Ecológica, va camino de fallar en casi todos los grandes objetivos que se había marcado para finales de esta década. La reducción de emisiones de CO₂ o la menor dependencia de combustibles importados son algunas de las metas que están muy lejos de lograrse cuando se cumple el ecuador de esta hoja de ruta. Es la conclusión de un análisis publicado por el Basque Centre for Climate Change (BC3), uno de los órganos independientes que asesora de forma recurrente a este ministerio y que precisamente ayudó a elaborar el PNIEC.

Los técnicos del BC3 solo prevén que se cumpla la promesa de alcanzar un 81% de producción de electricidad con fuentes renovables en 2030. En 2024 ese indicador alcanzó el 56,8%, y en 2019 era el 37,8%. Sin embargo, ninguno de los otros indicadores van por buen camino. Por ejemplo, hay un compromiso de reducir las emisiones de CO₂ un 32% frente a 1990, y en 2024 solo se llevaba un -6,3%. Al ritmo actual, añaden los expertos, se recortarán un 22% las emisiones a finales de la década, diez puntos menos de lo necesario.

Además de ser una guía para el trabajo diario del Gobierno, el PNIEC es un compromiso que España contrajo con la Comisión Europea en 2021, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, y es de obligado cumplimiento según el reglamento europeo de gobernanza energética y acción climática de 2018. El plan fue actualizado en 2024 para aumentar todavía más su ambición: principalmente, lograr una producción eléctrica renovable del 81% (frente al 73% del PNIEC anterior).

Tanto la primera como la segunda versión fueron redactadas con Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica, aunque su elaboración fue encomendada precisamente a Sara Aagesen, actual titular de la cartera, primero cuando era asesora del gabinete de Ribera, y después como secretaria de Estado de Energía.

Mikel González, investigador de Clima y Energía en el BC3, aclara que las previsiones del análisis no significan que las promesas se vayan a incumplir, pero sí que hace falta nuevas propuestas políticas para encauzar la situación. Explica que el Gobierno tiene un problema grave de emisiones en el transporte –por carretera y por aire–, y que hasta que no se resuelva será imposible cumplir con el plan de 2030. "Es el punto más importante. En transporte, el plan recoge que España tiene que reducir 45 millones de toneladas de CO₂ al año, y hasta ahora se ha reducido un millón. De hecho, el consumo de carburantes bruto incluso ha aumentado", señala.

Fuentes del ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, afirman que el Gobierno espera "una aceleración de la electrificación de la economía, gracias a los bajos precios que proporcionan las renovables" que aumentará el consumo de electricidad, especialmente en la industria, y reducirá las emisiones.

El estudio que ahora publica el BC3 analiza además otras cuatro metas del PNIEC, y también apuntan al suspenso. La dependencia energética del exterior –básicamente, la importación de petróleo y gas– tiene que rebajarse al 50% sobre la energía total disponible en 2030, y el país va camino de quedarse en el 63%. La electrificación –el consumo eléctrico sobre el consumo final de energía– tiene que crecer hasta el 35%, y al ritmo actual se llegará al 25%.

Además, el porcentaje de las renovables sobre el total de la energía consumida por España debe alcanzar el 48%, y la trayectoria actual marca que se llegará apenas al 35%. Por último, el consumo total de energía de la nación debe caer hasta las 71,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2030 (frente a las 86,2 toneladas de 2019), y BC3 estima que a este ritmo España se quedará en las 80,3, menos de la mitad del compromiso adquirido.

El investigador del centro vasco también traslada un problema añadido que está lastrando la reducción de la contaminación y del consumo de energía: el crecimiento económico y de población. "En 2019 calculamos que la subida del PIB per cápita sumaría 14 millones de toneladas de CO₂ cada año en 2030, y el aumento de la población, 13 millones. Pero en 2025 ya hemos alcanzado esas dos magnitudes", añade González.

Este es otro argumento que esgrimen desde el Ministerio de Transición Ecológica. Señalan que "una mayor población y el auge del turismo condicionan unos indicadores [de emisiones de CO2] que evolucionan positivamente".

Las estimaciones del BC3 se han realizado con datos de 2024, porque aún faltan cifras clave de 2025 para actualizar sus cálculos, pero con los primeros datos que se van conociendo del año que acaba de terminar no hay cambios sustanciales. Las emisiones de CO2 de la economía española en 2025 solo se habrían reducido un 0,2% con respecto a los niveles de 2024, según previsiones también del BC3, pese a que tendrían que caer un 6,1% cada año para cumplir en 2030. Mientras que la participación de las renovables en la generación eléctrica prácticamente no varió: del 56,8% al 57%.

Ismael Morales, portavoz de la Fundación Renovables, también señala el agujero negro que supone el transporte, y advierte de la oportunidad perdida que ha sido no incluir en la nueva Ley de Movilidad Sostenible un objetivo concreto de reducción de emisiones en las carreteras y aeropuertos.

La primera central de carbón de España comenzó a funcionar en Barcelona en 1881, en unos antiguos telares junto al puerto de la ciudad, y la última en hacerlo podría ser la térmica de Soto de Ribera, en Asturias, aunque no está claro cuándo se apagará del todo. El Gobierno estimaba que 2025 sería el último año con producción eléctrica de carbón, pero en 2026 todavía permanecerán activas dos instalaciones para evitar problemas puntuales de suministro. Una será la asturiana, que produjo energía hasta mediados de diciembre, y la segunda será la mallorquina Es Murterar, que lleva casi un año sin encenderse.

De esta manera, en 2026 se producirá probablemente el culmen de un proceso que comenzó en 2018, y que llevó en 2025 al cierre de dos importantes centrales, la asturiana Aboño (al grupo I y II) y la gaditana de Los Barrios, ambas de la compañía EDP. En realidad, la clausura de Aboño II y de Los Barrios no ha sido aún formalizada porque están a la espera de recibir el permiso del operador del sistema, Red Eléctrica, pero ninguna produce electricidad desde julio.

Quienes llevan años luchando por el fin del carbón, la tecnología más contaminante de producción de energía, aguardan ahora a conocer el futuro de Soto de Ribera, la central más activa de las que quedan en pie en el país. Según explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, "todavía no se puede cerrar por seguridad de suministro esa zona", de manera que la instalación lleva varios meses operando de forma intermitente porque tiene la orden de generar energía por restricciones técnicas, un mecanismo que activa el operador de la red cuando calcula que puede haber picos locales de consumo.

El Gobierno recogió en su Plan Nacional de Energía y Clima 2023-2030 que "en torno a 2025 tendrá lugar el cierre completo" del parque de carbón, pero añadió que ese hito "estará sujeto a la evaluación por parte del Operador del Sistema del cumplimiento de criterios de seguridad de suministro del sistema", como finalmente ha ocurrido.

Paco Ramos, experto en energía de Ecologistas en Acción, lleva décadas estudiando la industria asturiana y asume que 2026 será el primer año sin carbón para la economía española. "Entiendo que Soto de Ribera tiene la garantía para funcionar, pero que no lo hará, salvo que haya una necesidad puntual. Aunque todavía no nos dejen hacer una fiesta de cierre definitiva, creo que es una medida razonable", opina el activista.

Ramos explica que la red de transporte y distribución asturiana está colapsada en los polos industriales, y llevan desde 2020 esperando unas inversiones que Red Eléctrica prometió en el plan de infraestructuras 2020-2025 y que ahora ha ampliado en su propuesta 2026-2030. Mientras llegan las nuevas líneas de alta y media tensión, los transformadores y las subestaciones para eliminar los cuellos de botella, Soto de Ribera seguirá funcionando de manera indefinida.

La duda que tiene el experto es de qué manera será retribuida la central asturiana, que tendrá que seguir pagando salarios y cubriendo el mantenimiento de la planta sin generar electricidad o produciendo una cantidad mínima. La manera habitual de subvencionar la operación de estas instalaciones imprescindibles son los pagos por capacidad, un pequeño porcentaje de la factura de la luz que se destina a costear instalaciones que no son rentables. "El problema es que ahora la Unión Europea no permite pagos por capacidad a centrales que emiten más de 550 gCO2/kWh, y eso deja fuera al carbón. Habrá que ver qué acuerdan", opina el experto de Ecologistas.

La central de Es Murterar, por su parte, también continuará en hibernación de manera indefinida para garantizar la seguridad de suministro en el archipiélago balear, aunque solo tiene autorización para operar 500 horas al año, que en 2025 consumió en los primeros cuatro meses. Además, de los cuatro grupos de generación que tenía originalmente la planta, solo restan abiertos los 3 y 4, de 120 MW cada uno. 

En teoría, la planta de Alcúdia seguirá latente hasta que se finalice la construcción de una segunda interconexión eléctrica con la península –un proyecto que se puede alargar hasta 2030–, pero según publicó el mes pasado Diario de Mallorca la compañía dueña, Endesa, ha iniciado un proceso de prejubilaciones y reposicionamiento de trabajadores para una posible clausura.

A diferencia de Es Murterar, Soto de Ribera puede trabajar sin límite de horas porque en 2017 instaló una planta de desnitrificación para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), el principal escollo legal que sufren las centrales de carbón europeas, pero se limita a trabajar a las horas que le obliga REE porque no es rentable en el resto. Además de ser menos eficiente que una central moderna de gas, debe pagar mucho más en permisos de emisiones de CO₂ que cualquier otra tecnología.

En una entrevista con infoLibre, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó en diciembre que esta diferencia de costes era precisamente la condena de muerte inminente de las plantas de carbón españolas. "En cuanto existan alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías", afirmó.

El apagón definitivo de esta tecnología comenzó en 2018, cuando la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmó dos protocolos con sindicatos y empresas para poner fin a la minería y a la quema energética de carbón. En enero de 2019 se cerraron los últimos yacimientos del país y de las 15 centrales térmicas que había en el país en 2018 ya solo quedan dos en hibernación, hasta el punto de que menos del 1% de la electricidad generada en el país procede hoy de este combustible.

A finales de 2024 cerró la térmica de La Pereda, en Asturias, propiedad de Hunosa, que quemaba residuos mineros, para transformarla en una térmica de biomasa. En julio de 2025 reabrió el grupo II de Aboño (556 MW) tras una renovación para pasar a quemar gas natural. Desde entonces no ha vuelto a encenderse Aboño I (336 MW), que solo tenía permiso para operar mientras su gemela se encontraba en conversión. Por último, la planta de Los Barrios (570 MW) solicitó a REE el permiso de cierre y está a la espera de recibirlo, pero no se espera que vuelva a encenderse porque lleva seis meses sin hacerlo.

Donald Trump lleva desde el sábado repitiendo que su intervención en Venezuela gira en torno al petróleo pero, bajo tierra, este país tiene muchas otras riquezas infraexplotadas. Las grandes mineras estadounidenses podrían aterrizar en los próximos meses en busca de minerales imprescindibles. Venezuela tiene la cuarta mayor reserva de carbón de Sudamérica, posee en el subsuelo grandes cantidades de coltán y otras tierras y metales críticos, y tiene uno de los mayores depósitos de oro del planeta, que lleva una década intentando explotar sin éxito.

El Plan Minero 2019-2025 de Venezuela se ha centrado en 13 minerales: oro, diamante, hierro, carbón, coltán, níquel, sílice, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito y caliza. Algunos sirven simplemente para la construcción, pero otros son clave para fabricar baterías, placas solares y todo tipo de aparatos electrónicos.

Ester Boixereu, experta en Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), afirma que la riqueza subterránea de Venezuela es inmensa, aunque no es comparable a la petrolífera, ya que cuenta con las mayores reservas mundiales de crudo. "No creo que nadie invada Venezuela por su bauxita o por el oro, es por el petróleo. Pero sí es cierto que tiene unas reservas inmensas y poco aprovechadas, con una oportunidad de explotación tremenda", subraya. De hecho, la experta compara el país a grandes polos extractivos del mundo como Brasil o Sudáfrica.

Hasta ahora el oro había sido el principal exponente de la minería venezolana, aunque con poco éxito. El país nacionalizó en 2011 sus exploraciones de oro bajo el Gobierno de Hugo Chávez y la única compañía que podía explotarlo era Minervén. Sin embargo, la mala gestión de la empresa y los bajísimos precios del petróleo llevaron a Nicolás Maduro a expandir radicalmente la minería en 2016 mediante el plan estratégico Arco Minero del Orinoco. Esta zona de extracción, con una superficie superior a Suiza, facilitaba la entrada de empresas extranjeras mediante bonificaciones fiscales para obtener oro, hierro, coltán, bauxita, cobre y otras tierras raras y minerales estratégicos claves para la economía global.

Sin embargo, la corrupción administrativa, la inestabilidad política y la presencia de grupos armados en las selvas impidieron que el plan se desarrollase según lo imaginado, y todavía hoy no hay siquiera una imagen clara de cuáles son las reservas minerales de Venezuela y cuál es el potencial de explotación. El último catálogo minero del Gobierno afirma que la nación tiene 1.400 toneladas de oro en el subsuelo, situándose en el top 20 países con mayores depósitos, con algo más del 2% de las reservas mundiales.

No obstante, la capacidad de Venezuela para exprimir esas minas es extremadamente limitada. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) calcula que en 2019, como en años anteriores, solo se extrajeron 450 kilos de oro, mientras que países con reservas similares como Tanzania, Colombia o México, sacan cada año entre 70 y 130 toneladas. También es cierto que el tamaño real de la minería de oro en Venezuela es desconocido porque una cantidad ingente de este metal sale de manera ilegal.

La ONG Global Initiative publicó en 2016 un informe que estimaba que entre el 80% y el 90% del oro venezolano se produce ilegalmente, aunque en países vecinos como Ecuador o Colombia la cifra también ronda el 80%. Un reportaje reciente de The Guardian explica que el río Orinoco es la vía proferida de salida para estas materias primas y que las minas han sido tomadas por guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y tienen a indígenas trabajando en ellas bajo coacción. 

La agencia estadounidense USGS también publicó en 2019 un informe sobre el estado general de la industria minera venezolana, advirtiendo de que se encontraba en la ruina: en cinco años la producción de acero, hierro, carbón y oro se había desplomado alrededor del 90% "debido a la tensión financiera causada por la inestabilidad política de Venezuela y la debilidad de su economía, agravadas por el embargo económico" estadounidense.

El único sector que sobrevivió mal que bien a esos años fue la extracción de gas, donde Estados Unidos también podría poner sus ojos en los próximos meses. La nación cuenta con el 73% de las reservas de gas de Sudamérica, aunque continúan ampliamente "infrautilizadas", según la Agencia de la Energía de Estados Unidos, debido a que no tiene la infraestructura para licuefacerlo y exportarlo en barcos.

El petróleo, por su parte, es la joya de la corona venezolana, aunque también es un sector enormemente infrautilizado. En sus mejores años –la década de los 70 y de los 2000–, el país llegó a extraer entre tres y cuatro millones de barriles diarios de crudo, una cifra que permitiría al país entrar hoy en el top 10 productores del mundo. Sin embargo, la falta total de inversiones en la compañía ha llevado al país a producir un millón de barriles diarios, y solo mediante el trabajo de compañías extranjeras como Chevron, Eni o Repsol.

Melissa García, exingeniera de PDVSA y actual investigadora del IGME en España, confirma que la industria petrolera venezolana ha sido abandonada a su suerte: no tiene las inversiones necesarias para modernizarse ni los gastos de mantenimiento básicos para conservar lo que ya hay. "Cuando dejas de hacer esos mantenimientos, la infraestructura se deteriora, y ya habrá activos que son incluso irrecuperables. También hemos sufrido una importante fuga de cerebros que ha perjudicado al país", añade.

La consultora energética Rystad calcula que solo para mantener la producción actual de crudo en 1,1 millones de barriles diarios, haría falta invertir unos 53.000 millones de dólares en el país. Y en el mejor de los casos, solo se podría lograr incrementar la extracción en 300.000 bariles diarios en los próximos dos o tres años, por lo que el cambio de régimen del país no garantiza en ningún caso que la nación vaya a convertirse en una potencia petrolera. Para llegar a los tres millones diarios, como en sus mejores años, habría que esperar a 2040, según Rystad.