En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí mostró este jueves un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero contra la República Islámica.

Mojtaba Jameneí es hijo del anterior líder supremo, Alí Jameneí, que fue asesinado en el primer día de los ataques de EEUU e Israel. El nuevo dirigente, que no ha sido visto en público desde su elección el domingo pasado, amenazó a las bases de Estados Unidos en la región, de las que aseguró que serán "inevitablemente" atacadas.

Por ello, advirtió a los países vecinos que acogen esas instalaciones militares que deben tomar una decisión acerca de ello: "Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible".

En su opinión, la afirmación de que Estados Unidos quiere garantizar la seguridad y la paz en Oriente Medio "no ha sido más que una mentira".

Jameneí aseguró que busca relaciones cálidas y constructivas con sus 15 países vecinos y mantuvo que los ataques que han sufrido varios de ellos en la guerra estaban dirigidos a las bases de Estados Unidos y no contra sus territorios.

"Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo", sostuvo.

Mojtaba Jameneí aseguró que se enteró por la televisión estatal de su elección como nuevo líder supremo de la República Islámica por la Asamblea de Expertos el domingo, en el que supone el tercer líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní.

"Para mí, ocupar el lugar de dos grandes líderes, el gran Jomeiní y el mártir Jameneí, es una tarea difícil", reconoció.

Mojtaba Jameneí fue elegido líder supremo el domingo tras la muerte de su padre Alí Jameneí en ataques israelíes y estadounidenses tras gobernar el país con puño de hierro durante 36 años.

Además de su padre, murieron su madre, su mujer y un hijo en los ataques que comenzaron el sábado 28 de febrero y que continúan hasta ahora.

El nuevo líder resultó herido en las piernas en esos ataques, informó el miércoles el diario The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes, un extremo que fue negado desde Teherán.

Mojtaba Jameneí aseguró que "no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires", incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio en el sur de Irán, que causó la muerte de 168 personas, y según la investigación preliminar estadounidense fue responsabilidad de Estados Unidos.

"La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución", dijo respecto a su padre.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI investigan como un acto de "terrorismo relacionado con el Estado Islámico (EI)" el lanzamiento fallido de un artefacto explosivo improvisado frente a la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, durante las protestas del pasado fin de semana.

La comisionada de policía, Jessica S. Tisch, confirmó la investigación y dijo: "Los resultados de las pruebas preliminares determinaron que estos no eran artefactos de broma ni bombas de humo. Eran artefactos explosivos improvisados que podrían haber causado lesiones graves o la muerte". Tisch explicó, en una rueda de prensa celebrada frente a la propia residencia, que uno de los artefactos contenía la sustancia "triperóxido de triacetona, conocida como TATP", un explosivo casero "peligroso y altamente volátil".

La comisionada dijo que darán más información de los resultados de la investigación a lo largo de la jornada y que en este momento no tienen "ninguna información que conecte esta investigación con lo que está sucediendo en el extranjero en Irán". Dos personas están detenidas por su presunta participación en los hechos, pero no han sido acusadas formalmente, declaró Tisch.

El lanzamiento del explosivo se produjo el pasado sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta "antimusulmana" liderada por el agitador de extrema derecha Jake Lang y una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

Mamdani dijo este lunes que ni él ni su esposa, Rama Duwaji, estaban en la residencia cuando ocurrió el ataque. "Dos hombres, Amir Balat e Ibrahim Kayyumi, viajaron desde Pensilvania e intentaron traer violencia a la ciudad de Nueva York. Se sospecha que vinieron aquí para cometer un acto de terrorismo", anotó el alcalde de la Gran Manzana, quien dijo que hay vídeos en los que se ve cómo estos dos individuos lanzaban los artefactos hacia la protesta.

Mamdani resaltó este martes el trabajo de la Policía por enfrentar "una situación caótica que muy rápidamente podría haberse vuelto mucho más peligrosa". "El jefe del NYPD, Aaron Edwards, y el sargento Luis Navarro corrieron hacia el peligro para que otros pudieran correr hacia la seguridad", relató Mamdani en una conferencia de prensa en la que dichos oficiales también estaban presentes.

En lo referente a la marcha antimusulmana, Mamdani la describió como una "vil protesta arraigada en la supremacía blanca titulada". "Soy el primer alcalde musulmán de nuestra ciudad. La intolerancia antimusulmana no es nada nuevo para mí, ni lo es para el millón o más de neoyorquinos musulmanes que conocen esta ciudad como su hogar. Si bien encontré esta protesta atroz, no vacilaré en mi creencia de que se debe permitir que ocurra. La nuestra es una sociedad libre donde el derecho a la protesta pacífica es sagrado", anotó.

Frente a la entrada de Gracie Mansion, la residencia oficial de Mamdani, este lunes volvió a protestar Lang, pero en esta ocasión acompañado solo de dos personas. "No nos van a silenciar con falsas narrativas. Estamos aquí para proteger nuestra ciudad de lo que consideramos una ocupación ideológica, y lo que ocurrió es el resultado de una ciudad que ha perdido el control", declaró Lang entre gritos a la prensa.

Para los residentes de la zona de Upper East Side, la jornada de protesta se transformó en una pesadilla cuando uno de los dispositivos comenzó a soltar humo. "Fue un caos absoluto. De repente vimos el humo y la policía empezó a gritar que retrocediéramos. No sabíamos si era una bomba real o qué iba a pasar. Vivo a dos manzanas y nunca había sentido este nivel de miedo en mi propio barrio", relató una vecina este lunes a la prensa de la zona que presenció el despliegue policial.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que su país lanzó un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista Estados Islámico (EI) en Nigeria que han estado atacando "cristianos inocentes".

"Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su red Truth Social.

En la comunicación, Trump expresa: "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".

Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron "numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer", describió Trump.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su apoyo a los ataques de este viernes, que requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea.

Según el Comando de África de Estados Unidos (Africom) los ataque contra campamentos de supuestas milicias afiliadas al Estados Islámico (EI) provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

"El Comando de África de Estados Unidos trabaja con los socios regionales y nigerianos para aumentar la cooperación en contraterrorismo y en los esfuerzos contra las amenazas a vidas inocentes", indicó en un comunicado el general Dagvin Anderson, comandante del Africom.

"El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!", publicó Hegseth en X.

En los últimos meses, el Gobierno del mandatario estadounidense ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria, el país más poblado de África, y ordenó al Pentágono preparar planes para llevar a cabo ataques si Trump lo ordena.

Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), revela que en los primeros 220 días de 2025, los terroristas islámicos han asesinado a unos 7.087 cristianos y secuestrado a otros 7.800.

"Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos", finalizó el mandatario norteamericano en su mensaje de Truth Social.

El Gobierno austríaco ha calificado este domingo como "atentado islamista" el ataque en el que un sirio de 23 años acuchilló ayer mortalmente a un niño de catorce años e hirió a otras cinco personas, según informa EFE.

El ministro del Interior, el conservador Gerhard Karner, afirmó en rueda de prensa que el "atacante islamista", que tenía permiso de residencia en Austria, se había radicalizado rápidamente a través de internet.

También adelantó que las primeras investigaciones señalan que el atacante tenía vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico.

El supuesto agresor, que fue detenido, no contaba con antecedentes policiales.

Poco antes de las 16.00, comenzó a atacar a paseantes en el centro de Villach, una localidad de unos 58.000 habitantes a 350 kilómetros al sur de Viena.

La Policía afirmó que en el momento del arresto el atacante lanzó un juramento de lealtad al EI y que por su actitud no se descarta que intentará forzar que las agentes que le detuvieron le dispararan.

Karner dijo que junto al duelo y la solidaridad con la familia del fallecido también es "comprensible" la ira y la rabia contra "un atacante islamista que apuñaló indiscriminadamente a personas inocentes en esta ciudad".

Así, anunció que se aplicarán controles masivos sin motivo previo entre "grupos concretos", entre los que citó a los solicitantes de asilo de Siria y Afganistán.

En ese sentido, opinó que hay que aplicar cambios legales para permitir a las autoridades aplicar esas medidas para cumplir la responsabilidad de, dijo, garantizar la seguridad de los habitantes de Austria.

Entre las consecuencias que hay que sacar de este ataque, el ministro se refirió también a la necesidad de "encerrar y deportar" y, en general, actuar con "determinación".

El ministro agradeció a las fuerzas de seguridad y los equipos sanitarios su rápida intervención, y también al repartidor de comida que fue testigo del ataque y atropelló con su coche al agresor, evitando así que acuchillará a más personas y facilitando su detención.

Karner no mencionó que esa persona es también de origen sirio.

La comunidad islámica de Austria (IGGÖ) condenó el ataque y aseguró que "está en total contradicción con los valores de la fe musulmana".

"La instrumentalización del Islam con fines extremistas distorsiona nuestra religión y se utiliza deliberadamente para difundir el odio y la violencia", afirmó en un comunicado esa organización.

El obispado católico de Carintia, la región donde se produjo el ataque, advirtió por su parte del peligro de "juicios indiscriminados que no ayudan a nadie ni solucionan los problemas".

La migración y los refugiados lleva tiempo estando en el centro del debate político de Austria, donde el partido de extrema derecha y ultranacionalista FPÖ ganó las elecciones con casi el 29% de los votos el pasado septiembre.

Herbert Kickl, líder del partido y que fue ministro del Interior entre diciembre de 2017 y mayo de 2019, responsabilizó de este ataque a la política de asilo y migración de lo que llamo "sistema de partidos", y reclamó transformar Austria es una "fortaleza" con una estricta política de migración.

El conservador Partido Popular (ÖVP) austríaco está negociando con el socialdemócrata SPÖ un acuerdo de Gobierno, después de que la pasada semana fracasaran los contactos que mantenía con el FPÖ.

La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

El Gobierno español está investigando el secuestro de una mujer en el sur de Argelia por parte de miembros del Estado Islámico por si pudiera ser española, han informado a EFE fuentes gubernamentales. Al parecer, la secuestrada habla español pero de momento no se ha podido confirmar su nacionalidad, han añadido las fuentes.

Las alarmas saltaron a última hora de la tarde de este miércoles cuando informaciones consistentes y fiables procedentes de Argelia aseguraban que una turista española había sido secuestrada por integrantes del Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS).

Según esas informaciones, los secuestradores liberaron a las personas que se encontraban con la española en la frontera con Argelia antes de entrar en territorio de Malí y ésta se quedó como rehén.

El Tribunal Federal de Justicia de la ciudad alemana de Karlsruhe ha ordenado el arresto del principal sospechoso del ataque con cuchillo del viernes en la localidad de Solingen que dejó al menos tres muertos y cinco heridos.

El individuo, a quien los medios alemanes identifican como un ciudadano sirio de 26 años, llegó al tribunal en helicóptero y entre fuertes medidas de seguridad para responder por los cargos de asesinato, intento de asesinato y pertenencia a Estado Islámico, la organización yihadista que ha reivindicado el ataque. Con esta decisión, el caso entra ya en una fase de investigación por delito de terrorismo.

El detenido residía desde finales de 2022 en Alemania, donde solicitó asilo, y no era conocido previamente por las autoridades de seguridad como extremista islamista. Lo que sí pesaba sobre él, según fuentes de la agencia DPA, era una orden de deportación, con destino a Bulgaria, que debería haber sido ejecutada el año pasado.

Según la agencia, el sospechoso había entrado precisamente en la Unión Europea a través de ese país, pero la orden quedó aplazada porque el individuo fue declarado como temporalmente ilocalizable en junio de 2023 (en ese momento estaba en un albergue de Paderborn). Reapareció pocas semanas después, sin que las autoridades declararan una orden de arresto contra él por su falta de antecedentes.

Dado que el plazo de traslado expiró en agosto de ese año, Alemania acabó haciéndose cargo de su caso. A finales de ese año, la República Federal concedió la protección subsidiaria siria, que suelen recibir los refugiados del país, devastado por la guerra civil. Fue trasladado a Solingen, donde, según la información del Der Spiegel', vivía desde septiembre de 2023.

Esta orden llega después de que la Policía alemana haya detenido a última hora de este pasado sábado al presunto responsable del ataque, según ha confirmado este sábado el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul.

De acuerdo con fuentes policiales al diario Der Spiegel', el detenido se trata de un hombre de 26 años, identificado como "Issa al H.", de nacionalidad siria, que se entregó a las fuerzas de seguridad poco antes de las 23.00 del sábado, con la ropa manchada de sangre, y que confesó su responsabilidad en el momento de la detención.

En una intervención en la cadena alemana ARD, el ministro ha confirmado la detención e indicado que "hay pruebas suficientes" y que la autoría "es algo más que una suposición" dado que las fuerzas de seguridad "han encontrado pruebas" al respecto. El detenido procedía de un alojamiento para refugiados, donde este sábado se había llevado a cabo la operación policial que concluyó con el segundo de los tres arrestos realizados hasta el momento.

Reul ha aprovechado la ocasión para valorar la "muy intensa" labor que ha realizado la Policía alemana durante toda la jornada. "Somos increíblemente rápidos. Estoy muy agradecido. Puede que hayamos tenido éxito, hay que esperar y ver", ha declarado.

El ministro ha reconocido sentirse "al menos un poco aliviado" con esta última detención. "Que nosotros, en estas 24 horas, hayamos conseguido, con suerte, atrapar al autor, es quizá la mejor prueba de que el Estado funciona", ha defendido.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha pedido que se traslade a España a una periodista afgana solicitante de asilo que denuncia estar perseguida por ser mujer y defensora de los derechos humanos.

Por ellos, la Fiscalía considera que hay riesgo grave para su integridad física y moral, como consecuencia de pertenecer en su país de origen a un colectivo especialmente vulnerable y perseguido alegando que sea por haberse significado profesionalmente como periodista defensora de los derechos humanos y de la igualdad de las mujeres.

La periodista se encuentra huida en Pakistán, con riesgo inminente de ser deportada, expone el Ministerio Fiscal en un comunicado. Trabajó como periodista radiofónica, reportera y como activista en defensa del papel de las mujeres en la economía y lucha contra la pobreza y la violencia de género. También recibió una orden del Gobierno afgano para presentarse y ser juzgada por sus acciones anteriores a la implantación del Estado Islámico.

Estado Islámico ha reivindicado el ataque en el que murieron seis personas, tres de ellos turistas españoles, en un mercado de la ciudad de Bamiyán, en Afganistán, según ha informado Europa Press.

"Combatientes de Estado Islámico atacaron un autobús turístico para ciudadanos de la coalición que recorría la ciudad. Los combatientes tenían como como objetivo a los turistas cristianos y a sus acompañantes", ha indicado la agencia de noticias Amaq, afín a la organización yihadista.

Los atacantes emplearon ametralladoras con las que alcanzaron "a siete cristianos y a unos cinco chiíes hazaras", ha explicado la agencia de noticias, que asegura que entre los heridos hay ciudadanos de España, Noruega, Australia y Lituania. El comunicado destaca que Bamiyán es un "importante destino para turistas cristianos e infieles" por sus estatuas de Buda.

Un grupo de seis españoles, acompañados por varios afganos y turistas de otras nacionalidades, fue atacado el viernes mientras realizaban algunas compras en un bazar de Bamiyán.

Tres de ellos murieron en el tiroteo, mientras que una más resultó herida y tuvo que ser trasladada de urgencia a Kabul. Otras tres personas habrían muerto en el ataque, todas ellas de nacionalidad afgana.

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó hoy el doble atentado "suicida" que el miércoles dejó al menos 84 muertos en la localidad de Kerman, en el sur de Irán, durante la celebración del cuarto aniversario del asesinato del comandante iraní Qasem Soleimaní a manos de Estados Unidos, según informa Efe.

El grupo terrorista dijo en un comunicado difundido a través de sus canales de Telegram que dos de sus miembros "se dirigieron hacia una gran concentración" cerca de la tumba de Soleimaní en Kerman e "hicieron detonar sus cinturones explosivos", lo que provocó la muerte de 84 personas y heridas a más de 200, según las autoridades iraníes.

“Espionaje en relación con una potencia extranjera.” Esos fueron los términos de la acusación, a principios de agosto, que usó un tribunal revolucionario de Teherán contra las periodistas Niloufar Hamedi y Elaheh Mohammadi, que el pasado mes de septiembre dieron a conocer la historia de Mahsa Amini, la joven kurda iraní de 22 años asesinada a base de palizas en Teherán por una unidad de las gasht-e ershad (literalmente, patrullas de orientación islámica), es decir, la policía de la moral, por llevar incorrectamente un pañuelo en la cabeza.

Al término de las dos primeras vistas de un juicio celebrado a puerta cerrada, que comenzó a finales de mayo sin que estuvieran presentes ni siquiera sus familiares, los jueces cambiaron los cargos contra las dos jóvenes periodistas. Según los jueces, su inculpación no tenía nada que ver con sus investigaciones sobre el asesinato, que revolucionó Irán durante varios meses y condujo a su detención pocos días después del inicio de la revuelta. Esta vez, según sus abogados, la razón por la que se les procesa es simplemente sorprendente: asistir a un seminario sobre periodismo en Escocia dirigido por "un judío" hace aproximadamente un año y medio. Si se apreciaran circunstancias agravantes, los cargos podrían conllevar la pena de muerte.

Niloufar Hamedi, de 30 años, reportera del diario Shargh (El Oriente), está especializada en todo lo relacionado con los derechos de la mujer en su país. Fue ella quien reveló la paliza a Mahsa Amini, buscó y encontró el hospital donde estaba en coma, se entrevistó con testigos y con la familia y publicó fotos de la víctima en twitter el mismo día de su muerte. Una semana después, la segunda periodista procesada, especialista en temas sociales del diario Ham-Mihan, viajó en taxi a la pequeña ciudad de Saqqez, en el Kurdistán iraní, para informar sobre el funeral de la joven kurda, punto de partida de las manifestaciones que siguieron.

No es la primera vez que se acusa a periodistas iraníes de espiar para una potencia extranjera, generalmente Israel, Estados Unidos o Reino Unido. Desde la creación de la República Islámica, en 1979, la justicia iraní ha investigado unos ciento veinte casos de este tipo, con expedientes vacíos y confesiones arrancadas bajo tortura. Esta vez, el régimen pretende castigar a quienes revelaron la escandalosa muerte de la joven Mahsa, sin querer mostrarlo abiertamente, temiendo que una condena en relación con su asesinato pueda avivar las llamas de la protesta en el primer aniversario de su muerte, el 16 de septiembre. La libertad de informar e investigar en Irán también está en juego.

En los últimos meses se ha producido una intensa represión contra periodistas, en particular mujeres, tres de las cuales han sido condenadas a cuatro años de cárcel.

Por otra parte, la abogada Narges Mohammadi, figura emblemática de la lucha feminista y portavoz de Defenders of Human Rights Center (DHRC), fue condenada el 4 de agosto a un año de cárcel y 154 latigazos por enviar clandestinamente desde la cárcel una carta en la que denunciaba el acoso sexual a las presas y hacía campaña contra la "tortura blanca", práctica que consiste en un aislamiento total de las presas y que ella misma sufrió durante más de dos meses en el pabellón 2A de la prisión de Evin, una de las más duras por estar dirigida por los Pasdaran (Guardias Revolucionarios). Con esta nueva sentencia, su condena asciende ahora a diez años y seis meses de cárcel y más de 200 latigazos.

Desde el levantamiento, el castigo también se ha convertido en una de las principales armas de represión. Según la web Iran Prison Atlas, desde el último septiembre han sido condenados 117 activistas y opositores políticos, entre ellos 13 mujeres, a un total de 7.404 latigazos.

Otras noticia abrumadora para la sociedad civil iraní es que la abogada Nasrin Sotoudeh, otra figura destacada en la lucha por los derechos de la mujer –fue la primera en defender a las mujeres que se negaban a llevar velo, lo que la llevó a su vez a la cárcel–, está enferma, lo que explicaría por qué fue puesta en libertad bajo fianza hace unos meses tras ser condenada a 38 años y medio de cárcel y 148 latigazos.

En la cuestión del velo, el poder judicial, el presidente Ebrahim Raissi y su gobierno, así como el líder supremo Alí Jamenei, están adoptando una línea decididamente dura, convirtiendo el asunto en una línea roja total. Siguen practicándose a diario cierres de aquellos comercios que no prohíban la entrada a mujeres sin velo. Tres de los mayores minoristas en línea de Irán también están amenazados tras la difusión de imágenes de empleadas sin velo. Se han impuesto nuevos castigos a las mujeres detenidas, tales como lavar cadáveres o tener que someterse a exámenes en clínicas psiquiátricas. Además de penas de cárcel, esto les ha ocurrido a dos actrices muy conocidas en Irán, Afsaneh Bayegan y Azadeh Samadi.

Pero están apareciendo las primeras grietas en el seno del régimen y cada vez hay signos más evidentes de titubeos. Aunque la policía de la moral ha reanudado su caza de mujeres bi-hijab (sin velo) por las calles de las grandes ciudades, incluso con policías en moto, nadie dentro del régimen se ha atrevido a asumir la responsabilidad de esta decisión. Por tanto, no está claro a qué nivel se ha tomado. La agencia de prensa Tasnim, vinculada al Cuerpo de Guardias Revolucionarios, atribuyó la decisión al presidente Raissi y al jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, pero luego dio marcha atrás suprimiendo esa parte del artículo tras ser contactados, según dijo, por "personas del gobierno".

En el Majlis (la Asamblea Islámica) están pendientes de votar una ley de 70 artículos sobre el hiyab, destinada a castigar a las mujeres iraníes que no lo lleven. Pero aunque esta institución es un bastión de radicales –el 6 de noviembre del año pasado, 227 de sus 290 miembros pidieron a la justicia la ejecución de los manifestantes detenidos–, varios diputados la consideran inaplicable. El presidente del Majlis, Mohammad Bagher Qalibaf, cercano al Guía Supremo, ha llegado a decir que sería inútil. Curiosamente, Alí Jamenei, conocido por su feroz determinación a no ceder, guarda silencio sobre el tema.

Para los reformistas, cuyo silencio sobre la represión de las manifestaciones ha sido abrumador, desacreditándoles aún más a los ojos de los iraníes, es una oportunidad para distanciarse de las facciones conservadoras en vísperas de las elecciones legislativas de marzo. De ahí la vuelta a la escena de su líder, el ex presidente (1997-2005) Mohammad Jatamí, que el 30 de julio reconoció abiertamente que la campaña para imponer el velo obligatorio "no tuvo éxito" y que la mayoría de la sociedad no lo quería.

La reacción de los círculos conservadores ha sido violenta. El diario Kayhan, cuyo director es nombrado por el Guía Supremo, le acusó de "actuar en coordinación con el enemigo en su plan para expulsar la castidad" de la sociedad iraní.

“El uso obligatorio del hiyab por todas las mujeres era un logro absoluto de este régimen, y hay que decir que se ha perdido", señala el politólogo y especialista en derechos humanos Reza Moini. “Está claro que a la policía le cuesta imponerlo, y sobre todo no quiere enfrentamientos. Se retiran cuando oyen gritar a la gente, como hemos visto recientemente en Racht (noroeste de Irán) y en el norte de Teherán. Nunca habíamos visto nada parecido".

Se ha abierto el debate incluso entre los clérigos . Algunos han adoptado posturas extremas. "El castigo para las mujeres sin velo debe ser disuasorio, y una multa no resuelve el problema. El mejor castigo es darles latigazos", declaró a principios de agosto Ali Moalemi, un dignatario religioso cercano al Guía. Pero para otros clérigos, el uso del hiyab, al no estar expresamente prescrito por el Corán, no puede ser obligatorio.

“No sé si podemos hablar de revolución cultural, pero está claro que ha habido un cambio cultural, cuyo alcance no podemos medir debido a la represión", añade Reza Moini. “Este logro cultural se mantendrá, aunque la represión siga ganando terreno. Esto va más allá de la cuestión del velo: si tomo el caso del barrio de Ekhbatan (un famoso distrito de grandes edificios en las afueras de Teherán, construidos para personas del régimen pero que luego los vendieron a la clase media, donde las protestas fueron especialmente intensas, nde), se puede ver a simple vista que las relaciones entre los residentes han cambiado".

A pesar de la represión, los iraníes, a los que no hay nada que les guste más que reírse de los defectos de la República Islámica, tienen un nuevo tema de mofa: una historia sobre vídeos sexuales que golpea tan fuerte al régimen que lo ha hecho llegar a las más altas esferas del Estado, incluido el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que se ha referido a ello. Los vídeos, colgados en Internet los días 18 y 21 de julio por GilanNews, un canal del servicio de mensajería de Telegram conocido por ofrecer noticias sensacionalistas y administrado desde Alemania por un periodista iraní, muestran escenas explícitas entre varios mulás y uno de ellos con hombres jóvenes.

El escándalo ha golpeado sobre todo a las autoridades porque uno de los clérigos, Reza Seghati, es director general de la oficina provincial de Gilan (noroeste de Irán) del Ministerio de Orientación Islámica, y recientemente dirigió una campaña de vigilancia denominada "hiyab de barrio y castidad virtuosa", destinada a hacer cumplir las leyes sobre el velo.

Otro clérigo implicado, Mahdi Haghshenas, fue director de la Oficina para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, organización estatal muy activa en la represión de los círculos LGTBI+ y de las mujeres sin velo, y partidaria de la aplicación más radical posible de la sharia, que prevé la pena de muerte para las relaciones homosexuales.

En noviembre de 2005, según la web Iran International, dos jóvenes de 24 y 25 años fueron ahorcados en público por mantener relaciones homosexuales en Gorgan, también en el norte de Irán, lo que provocó una oleada de terror entre las personas LGTBI+.

La Hawzeh, institución que supervisa los poderosos seminarios de la ciudad santa de Qom, reaccionó afirmando que no había habido penetración durante las relaciones sexuales. “De repente", dice Reza Moini, "todo Irán está hablando de este asunto en las colas, en las carnicerías por ejemplo, y menciona esta historia de penetración. Lo chocante no son tanto las relaciones sexuales entre mulás, que los iraníes saben que existen, incluso se toleran hasta cierto punto, y el gran poeta Saadi escribió sobre ello, sino la hipocresía del nizem (sistema). Dicho esto, este tipo de escenas sólo pueden haber sido filmadas por agentes del régimen, en el marco de una guerra por el poder, sin duda mafiosa".

Las autoridades están investigando quién pudo filmar las relaciones amorosas de los clérigos, que no deben ser detenidos por ello. Según Mojtaba Zolnouri, uno de los vicepresidentes del Majlis, "el delito de quienes hayan sifundido estos vídeos es más grave que el de los fornicadores".

La directora de una institución cultural privada de Teherán, que pidió el anonimato, declaró: "Este régimen ha hecho todo lo posible para alejar a la gente de la religión. Las mezquitas están vacías, la gente ya no reza, ya no observa el ayuno del Ramadán. En mi empresa, de unas diez personas, sólo una lo siguió este año. Y tiene más de 70 años. “

Traducción de Miguel López

El diluvio de 220.000 millones de dólares –211.000 millones de euros– que Catar ha destinado durante la última década a hacer del tórrido y desértico emirato un lugar adecuado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 atrajo como un gigantesco imán a empresas de todo el mundo. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que los riquísimos jeques cataríes pusieron en juego: equivale al PIB de Grecia según las previsiones del FMI para este año, e incluso supera al PIB del mismo Catar, que se calcula en 180.833 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 10.000 millones han ido a parar a los siete nuevos estadios de fútbol con que se ha dotado el país.

Que la concesión del Mundial en diciembre de 2010 estuviera rodeada de sospechas de corrupción, que 6.500 trabajadores migrantes murieran levantando los estadios, según publicó The Guardian, y que la vulneración de los derechos de mujeres y homosexuales formen parte de las leyes del emirato no han sido obstáculo para que las empresas españolas pujaran por los suculentos contratos ofrecidos por las autoridades públicas cataríes. Todas las grandes constructoras, pero también medianas consultoras de ingeniería figuran entre quienes han ayudado a preparar al país para la llegada de los 1,3 millones de visitantes que se esperan a partir de este domingo –el emirato sólo tiene 2,9 millones de habitantes, de los cuales el 80% son emigrantes–. Han construido redes de alcantarillado y plantas desalinizadoras, también carreteras y hoteles de lujo. Hasta el chef Dani García abrió un restaurante BIBO en la capital, Doha, en 2020 y otro, Lobito de Mar, el pasado mes de marzo. Y la institución educativa SEK abrió un colegio también en la capital catarí en 2013.

Las principales constructoras españolas ya estaban en Catar antes de que lloviera el maná del Mundial de Fútbol. ACS desde 2005, Técnicas Reunidas desde 2006 y la constructora alicantina Ecisa desde 2008, por ejemplo. Pero con las milmillonarias inversiones del Mundial otras se sumaron: Ferrovial en 2010, FCC en 2012, Sacyr en 2013, la empresa gestora del agua Global Omnium en 2015…

De todas ellas, es ACS, la compañía de Florentino Pérez, la que más contratos y por mayor importe ha conseguido. En una suma no exhaustiva, son unos 4.324 millones de euros si se incluyen los 1.300 millones en que se adjudicó la construcción del centro comercial Barwa Comercial Avenida en 2009. ACS funciona en el Golfo Pérsico a través de su filial Hochtief, que a su vez concursaba con otra filial, australiana, primero llamada Habtoor Leighton Group y después Cimic.

Entre su cartera de contratos en Catar se cuenta la autopista New Orbital, por importe de 1.233 millones de euros, concedida en 2014 en alianza con Al Jaber Engineering, y el tranvía de Doha, en 2012, por otros 328 millones, también conjuntamente con la alemana Siemens. Además, Leighton se hizo con hasta siete contratos licitados por Kahramaa, la compañía pública de electricidad y agua, el último de los cuales, de 2015, incluía la construcción de cinco embalses por 560 millones de euros. Ya antes había conseguido los embalses de Duhail y Umm Qarn en 2009 –162 millones–, otros dos en Al Shahaniya en 2010, un tercero en Al Kaaban en 2012, así como un contrato adicional de 52,3 millones para los dos primeros pantanos y otro para instalar 120 kilómetros de tuberías por 220 millones más.

La filial de ACS también construyó, entre 2015 y 2019, un túnel de 14,7 kilómetros que forma parte del sistema de alcantarillado del país por 265 millones. En 2016 obtuvo el encargo de levantar dos torres de viviendas, las Al Mutahidah Towers, situadas en la una de las islas artificiales del emirato. Costaron 151 millones de euros. Finalmente, fue la encargada de la construcción y mejora de las carreteras de Azizya East, un contrato de 53 millones.

Pero la trayectoria de Cimic en el Golfo Pérsico tuvo un final abrupto. El pasado mes de abril, el periódico Australian Financial Review informaba de que la filial de Hochtief y ACS, que también es la mayor constructora australiana, abandonaba la bolsa del país, Australian Securities Exchange (ASX), tras haberse hecho público el conflicto que mantenía con 150 empleados por el impago de siete meses de salarios. En marzo ya había anunciado su retirada del Golfo.

Un año antes, las pérdidas de Cimic se llevaron por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Entonces se le consideró responsable de los 1.100 millones de euros en que se calculaban las pérdidas ocasionadas por la venta de BIC Constructing, la marca con la que operaba en Oriente Próximo.

El segundo gran jugador español en Catar es menos conocido. La constructora alicantina Ecisa, que levantó más de 30 rascacielos en Benidorm, salió rumbo a Catar cuando estalló la crisis del ladrillo en España y constituyó allí una filial, Harinsa Qatar, cuyo 51% pertenecía a Al Alfia, un holding propiedad de la familia real. Desde entonces, ha firmado al menos 13 contratos. De 2012 data el que le brindó la construcción de la Torre Bin Samikh, un hotel de 45 plantas para el grupo Meliá que costó 57 millones de euros. También llevan su firma el Hotel Waldorf Astoria de Doha –85 millones—y el Marriott, 53 pisos y 200 millones de presupuesto. Además, obtuvieron un contrato de 135 millones para levantar seis torres con viviendas de lujo en La Perla, una de las islas artificiales del emirato.

En 2015 se le encargó construir el hotel de cinco estrellas –y 90 metros de altura— Gran Mercure, por 62 millones. En 2012 ya había comenzado la Buzwair Tower, de 45 plantas y con un coste de 86 millones. El edificio residencial Bilal Plaza fue uno de sus primeros proyectos, por 4,7 millones más, al igual que la academia militar de Qatar, dos contratos por un total de 41 millones. Además de las torres, Ecisa construyó dos centros de datos para la Qatar Foundation por 90 millones de euros e incluso un centro logístico por otros 40 millones. En total, una cartera de más de 800 millones de euros.

Tan importante ha sido Catar para Ecisa que la familia Al Thani empezó por ampliar su participación en el capital de la empresa alicantina, inicialmente sólo un 25%, hasta el 76% en 2017, para terminar haciéndose con el 100% en 2020. En julio de 2021, Urbas adquirió Ecisa, al tiempo que el holding Al Alfia entraba en el capital del grupo financiero español.

Una de las obras de mayor volumen licitadas por Catar han sido las del Metro de Doha. Tres líneas –Roja, Verde y Dorada—, 211 kilómetros de vías, con contratos distribuidos en 12 lotes. Una inversión total de 20.000 millones de euros. El doble de la destinada a construir los estadios de fútbol. Dos constructoras españolas participaron en los concursos: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OHL. Así como otras dos firmas de ingeniería: Typsa y Sener, que han diseñado tramos de algunas de las líneas, además de sus talleres y cocheras. Sener también ha sido la responsable en los últimos 13 años del servicio de supervisión de obra del metro ligero de Lusail, otra ciudad del emirato.

En 2014, FCC consiguió una adjudicación de 506 millones de euros para construir un tramo de la Línea Roja junto con la empresa griega Archirodon, la turca Yüksel y la pública catarí Petroserv Limited. Un año antes, OHL obtuvo el contrato para diseñar y construir dos estaciones, en realidad intercambiadores con otros modos de transporte como el tren: Msheireb y Education City. El importe total del contrato ascendía a 1.100 millones de euros, y se lo repartía con Samsung C&T y Qatar Building Company, una empresa del emirato. Pero la historia terminó mal. En 2016 Qatar Railways Company rescindió el contrato, cuando la obra no se había terminado, alegando que el consorcio había incumplido “ciertas obligaciones contractuales”. Según explicó entonces la empresa de Luis Amodio, la decisión de los cataríes era la respuesta a las “notificaciones de disputa” que las adjudicatarias habían presentado a Qatar Railways Company mostrando su desacuerdo con algunos aspectos del contrato. Su intención, decía OHL, era resolverlo “entre las dos partes o mediante la mediación de un experto independiente”.

El fiasco de este contrato no fue sino el segundo capítulo de un conflicto anterior mucho más crudo que aún sigue en los tribunales. Catar también le había rescindido a OHL un proyecto aún mayor, el diseño, construcción y mantenimiento durante dos años de un gran centro hospitalario –seis edificios– en Sidra. El contrato, de 1.645 millones de euros, fue en su momento, 2008, el mayor conseguido por la constructora española hasta entonces. Lo compartía con Contrakt International, filial del grupo egipcio Orascom. La Qatar Foundation acusaba al grupo español de “falta de diligencia, particularmente en el ritmo de los trabajos y en los plazos de entrega”. En el momento de su rescisión, el contrato estaba ejecutado en un 95%, según alegaba OHL, que presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en Londres y que arbitra en disputas entre empresas. Pedía 783 millones de euros a los cataríes, que luego rebajó a 376. Catar, por su parte, exigía al consorcio hispano-egipcio 1.134 millones. Desde entonces, la ICC ha emitido una decena de laudos parciales, pero aún no ha dictado el laudo final, que establecerá las responsabilidades de cada parte. El importe total de los dos contratos fallidos de OHL en Qatar suma 1.235 millones de euros. Los de FCC ascienden a 845 millones de euros si, al del Metro de Doha, se añaden los 300 millones de la gestión del saneamiento de Al Dhakhira, un servicio de 10 años que la filial FCC Aqualia comparte con la coreana Hyundai, y los 39 millones de la urbanización de la zona de Barzán en Al Wajba.

Otra española que tuvo problemas en Catar fue Ferrovial, a la que el Gobierno de Doha anuló un contrato de 750 millones de euros en 2017. También asociada con la turca Yüksel, iba a construir una sección de la carretera de Al-Bustan. En este caso, la responsabilidad cayó del lado de la empresa turca, que no consiguió los avales y garantías exigidas. Además, la compañía de Rafael del Pino consiguió, a través de su filial británica Amey, un contrato para asesorar durante cinco años a la Autoridad de Obras Públicas de Catar en el mantenimiento y mejora de las carreteras del país. Con otra filial, FMM, que Ferrovial ha creado con Qatar Airways, la empresa española se encarga de la gestión del aeropuerto de Hamad y del mantenimiento de cinco instalaciones de la petrolera Schlumberger Qatar. FMM también se hizo con el mantenimiento del Museo de las Artes Islámicas de Catar, situado en una de las famosas islas artificiales del emirato.

Los museos han sido precisamente una de las bazas que ha jugado Acciona para hacer negocio en la península catarí. A través de Acciona Cultura –antes Acciona Producciones y Diseño— es la responsable del diseño, desarrollo y gestión del Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, que se publicita como el mayor del mundo dedicado al deporte, y está situado dentro del estadio internacional Khalifa de Doha. También llevan su firma un buen número de exposiciones temporales en el Museo de las Artes Islámicas y el Museo Nacional de Catar, así como el proyecto Msheireb, cuatro museos temáticos situados en otras tantas casas tradicionales cataríes, con una superficie total de 3.000 metros cuadrados.

Pero los mayores contratos de la compañía de José Manuel Entrecanales en el emirato son dos desaladoras, conseguidas en consorcio con Mitsubishi y Toyo Thai Corporation. Las de Ras Abu Fontas y Umm Al Houl, en el sur de Doha, costaron 462 millones de euros y son, según Acciona, las de mayor tamaño de Catar, que depende de este tipo de instalaciones para proveerse de agua potable, debido a la escasez de lluvia y al alto contenido de sal de sus corrientes subterráneas.

Para proporcionar servicios de limpieza y gestión de residuos, Acciona utiliza Acciona & GSSG, otra empresa conjunta, que por 35 millones de euros se encarga de los hospitales de Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, dos centros pediátricos de urgencias, cinco centros de salud, 50 centros de servicios médicos de emergencias y el almacén central de la Hamad Medical Corporation, la principal entidad de salud pública del emirato.

Sacyr también ha dispuesto de una abultada cartera de contratos en Catar, que superan los 800 millones de euros. Llegó en 2013, con una adjudicación para construir carreteras en Al Rayyan a cambio de 70 millones de euros, junto a un socio local, Combined Group Company. Otros 65 millones corresponden ese mismo año a los trabajos de urbanización del municipio de Al Khessa. En 2015 se alió con Urbacon Trading & Contracting (UCC) para realizar las mismas tareas en Ras Bufontas, en un contrato de 415 millones de euros. El alcantarillado en esa misma zona también fue responsabilidad suya, por 19 millones más. La urbanización de Bani Hajer le supuso otros 125 millones de euros y la de Al Meshaf, 114 millones.

La empresa Global Omium, propietaria de Aguas de Valencia, ha hecho igualmente su viaje al Golfo Pérsico con al menos cinco contratos. De los estudios sobre diseños y modelos hidráulicos para el aeropuerto de Hamad y de redes de agua potable para el Gobierno, por importe superior a los cinco millones de euros, pasó a conseguir un contrato para operar y mantener las estaciones depuradoras y estaciones de bombeo de una parte del área metropolitana de Doha que dan servicio a un millón de personas. Para ello creó una empresa conjunta con Mace, una firma catarí de ingeniería. Recibirán a cambio 50 millones de euros al año durante cinco años prorrogables a otros cinco. Es decir, 250 millones que pueden ampliarse a 500.

Técnicas Reunidas ha sumado en sólo dos proyectos recientes contratos por valor de 1.052 millones de euros. El año pasado le fue adjudicada –482 millones de euros– por Qatar Petroleum la ampliación de las instalaciones de North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no vinculado a un pozo de petróleo. Catar es el mayor exportador mundial de gas natural. Y el pasado abril obtuvo un contrato de Qatar Energy por importe de 570 millones de euros para construir una planta de tratamiento de azufre en el mismo North Field. Técnicas Reunidas tiene el 70% del consorcio que ha creado con la china Wison Engineering.

Mención aparte merece Iberdrola, que creó en 2016 un centro de innovación en Doha, el Iberdrola Innovaction Middle East, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión de Catar (IPA Qatar). Es un caso especial porque el fondo soberano del emirato es desde 2011 el mayor accionista de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, con un 8,69% del capital. En 2010 Iberdrola puso en marcha la que por entonces era la mayor central de ciclo combinado de Oriente Próximo, una planta de gas situada en Mesaieed que fue inaugurada por el mismo emir de Catar y le fue adjudicada a la empresa española por 1.593 millones de dólares. Ella sola aporta el 40% de la electricidad del país.

En abril de 2015, el entonces embajador de España en Catar, Ignacio Escobar Guerrero, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores las peculiaridades políticas, económicas y sociales del emirato. Además de describir sus estructuras de gobierno, el seguimiento del respeto a los derechos humanos que hacía la UE y la política exterior de Catar, enumeró algunas de las empresas españolas que habían obtenido contratos del plan de infraestructuras del Mundial. Junto a las grandes constructoras –Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC— citó a la constructora asturiana Coprosa, con un contrato de 15 millones de euros en acuartelamientos militares, así como a Indra –suministró sistemas de ayuda de navegación a la Autoridad de Aviación Civil— y la vallisoletana Construcciones y Obras Llorente (Collosa), que construyó el intercambiador de Ain Khalid y la estación de autobuses CNG Bus en Doha, dos contratos que superaron los 60 millones de euros.

La aventura catarí de Coprosa, sin embargo, estuvo lejos de ser un caso de éxito. La asturiana, especialista en obra ferroviaria, emprendió en 2012 su expansión internacional y lo hizo dando el salto hasta el emirato. Creó una sociedad, BC Group, con Qatar Bin Laden Group, propiedad de uno de los hijos de Osama Bin Laden, Omar. Y consiguió contratos para construir dos cuarteles militares en Doha, así como carreteras, obras ferroviarias, e hídricas. Pero los impagos de algunas de estas obras abocaron a Coprosa al concurso de acreedores en 2018 y a la liquidación este mismo año.

Pero no sólo las constructoras se han interesado en los millones de Catar. También los bancos españoles han financiado la presencia de las empresas en el emirato. Según un informe de Fair Finance International, la banca española ha financiado con un total de 1.843 millones de euros proyectos en Catar entre 2019 y 2022. Se trata de préstamos y suscripción de acciones y bonos, así como inversiones en acciones y bonos de un grupo seleccionado de grandes empresas, tanto en los sectores de la construcción –946 millones– como en hostelería –898 millones–. Para obtener la cifra han utilizado como fuente los datos de Bloomberg, Thomson Eikon e IJGlobal, además de los informes anuales de las compañías e informes de bolsa. Los números españoles quedan muy por debajo de los 17.163 millones de los bancos alemanes o los 9.556 millones de los británicos. A la cabeza de los españoles figura el BBVA, con un total de 840 millones en financiación, de los cuales 704 millones fueron a parar a constructoras y 136 millones a proyectos hoteleros. Le sigue el Santander, con 645 millones de euros –241 para la construcción y 403 para hoteles– y Caixabank, con 136 millones. Banco Sabadell financió proyectos por valor de 81 millones, los mismo que Bankinter. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sumó 61 millones de euros en financiación.

Hasta mediados de este año, la banca española había dedicado 350 millones de euros a proyectos en Catar. A la cabeza, Caixabank, con 71 millones, seguida de BBVA, con 58. Pero en la lista figuran unos cuantos más: Santander, Kutxabank, Banca Marcha, Sabadell, Ibercaja, y las gestoras de fondos GVC Gaesco y EDM Group, además de las aseguradoras Mapfre, Santalucía y Mutua Madrileña.

Independientemente de cómo discurra el Mundial de Fútbol, de si resulta un éxito organizativo o se hacen patentes las discordancias que el régimen del emir intenta blanquear con el evento, Qatar seguirá siendo un potente polo de atracción para las empresas del resto del mundo una vez haya concluido el último partido. Y no sólo porque la guerra en Ucrania ha elevado la demanda de gas natural licuado, del que el emirato es el primer exportador mundial, garantizando una inagotable fuente de ingresos para el ya de por sí rico país del Golfo. Cuando se haya dado el pitido final, Catar empezará ya a preparar los Juegos Asiáticos de 2030, otra oportunidad para continuar con su apuesta por convertirse en una potencia turística. Pero cuenta, además, con un proyecto estratégico, y seguro que de nuevo milmillonario, Qatar National Vision 2030, con el que pretende llevar a cabo la transición energética, diversificar su economía y, por supuesto, seguir atrayendo inversiones. 

Al menos 19 personas han muerto y otras 27 han resultado heridas, la mayoría estudiantes, como resultado de una explosión atribuida a un ataque con bomba contra un centro educativo en la ciudad afgana de Kabul, según han informado fuentes policiales y Europa Press.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 07.30 de la mañana, hora local, en la zona Dasht e Barchi, en el oeste de la capital afgana, donde residen buena parte de las comunidades minoritarias hazara y chií de la ciudad, según ha informado el Ministerio del Interior afgano y ha recogido la cadena Tolo News.

"Un centro educativo llamado Kaj en el distrito 13 de la ciudad de Kabul, que estaba realizando el examen de ingreso este viernes, ha sido atacado. Lamentablemente, la información preliminar muestra que 19 personas perdieron la vida y otras 27 resultaron heridas", ha detallado el portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, en Twitter.

"Se condenan enérgicamente los ataques contra objetivos civiles que demuestren la brutalidad del enemigo", ha añadido el portavoz de la Policía, poco antes de que el gobierno talibán concretara que la explosión había sido provocada por un artefacto explosivo, sin dar de momento más información sobre la naturaleza exacta del ataque.

De momento, tanto los talibán como la comunidad internacional han repudiado el "enorme horror" de este nuevo atentado contra las minorías que residen en el oeste de la capital, según ha descrito el viceministro de Información talibán afgano, Zabibulá Muyahid. "Comparto con las familias de las víctimas su profundo sentimiento de dolor y tomaremos las medidas necesarias para sancionar a los autores de este hecho", ha manifestado en su cuenta de Twitter.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha declarado su "consternación" ante un atentado "atroz". "La violencia dentro o en torno a los centros educativos nunca es aceptable. Dichos lugares deben ser remansos de paz donde los niños y niñas puedan aprender, estar con sus amigos y sentirse seguros mientras desarrollan habilidades para su futuro", según la agencia.

"Los niños, niñas y adolescentes no son, y nunca deben ser, objetivos de la violencia. Una vez más, UNICEF recuerda a todas las partes en Afganistán que se adhieran y respeten los Derechos Humanos, y garanticen la seguridad y protección de todos los niños, niñas y jóvenes", añade el fondo.

También la Misión de la ONU en Afganistán, la UNAMA, ha repudiado este "ataque despiadado", como lo ha hecho igualmente la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país centroasiátco, Karen Dicker. "Marcar como objetivo un aula repleta de estudiantes que están realizando un examen es un acto vergonzoso y todos los alumnos deberían estudiar en una atmósfera tranquila, sin miedo ni ansiedad", ha asegurado en un comunicado recogido por Khaama Press.

Hasta ahora ningún grupo ha asumido la responsabilidad del ataque, pero la explosión encaja con el modus operandi de la organización yihadista Estado Islámico, que tiene al oeste de Kabul y a su población chií y hazara como objetivos habituales de sus atentados en la capital afgana.

En el capítulo de ONG, Amnistía Internacional ha caracterizado el ataque como un atentado suicida y ha pedido a las autoridades talibán que efectúen una "investigación independiente" de lo ocurrido. El director para Afganistán del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), Neil Turner, recuerda que este ataque tiene lugar solo unos pocos meses después del que se cometió contra el instituto masculino de Abdul Rahim Shahid, en el mismo vecindario.

"Hacemos un llamamiento a las autoridades de Afganistán para garantizar que las instalaciones educativas están protegidas contra amenazas y ataques, y para que las niñas y los niños puedan disfrutar plenamente de sus derechos a la educación", ha pedido Turner.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que este nuevo suceso muestra "una vez más" que los talibán no son capaces de proteger a las minorías en Afganistán, pues el ataque se ha producido en que habita población de la comunidad hazara.

"Los líderes de grupos armados deberían un día enfrentarse a la Justicia por sus atrocidades contra los hazara y otras comunidades", ha trasladado el investigador de HRW para Asia, Fereshta Abbasi, según recoge la ONG en su perfil de Twitter.

"Los funcionarios talibán que no toman medidas para proteger a las minorías religiosas de los ataques pueden ser cómplices de estos graves crímenes", ha zanjado Abbasi.

El Mando Central de Estados Unidos ha informado este martes de que el líder del grupo terrorista Estado Islámico en Siria, Maher al Agal, ha muerto en el marco de una operación contra la organización llevada a cabo en el noroeste del país según informa Europa Press.

Al Agal era también uno de los cinco líderes principales del grupo yihadista y su fallecimiento ha tenido lugar tras una misión llevada a cabo en las afueras de Jindairis, tal y como ha indicado el CENTCOM en un comunicado. Asimismo, uno de los principales aliados del líder ha resultado gravemente herido durante el ataque, que se ha saldado sin víctimas civiles. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han señalado que Al Agal había llevado a cabo actividades para fortalecer las redes de Estado Islámico fuera de Irak y Siria.

"Este ataque reafirma el fuerte compromiso del CENTCOM con la región y con la lucha para acabar con Estado Islámico", ha indicado Joel Buccino, portavoz del comando unificado de seguridad. En este sentido, ha afirmado que "la retirada de este líder mermará la habilidad de la organización para llevar a acabo ataques a escala global".

"Estado Islámico sigue representando una grave amenaza para Estados Unidos y sus socios en la región. El CENTCOM mantiene una presencia significativa en la zona y seguirá haciendo frente las amenazas contra la seguridad regional", ha dicho Buccino.

Los once años de guerra en Siria han dejado hasta la fecha más de 610.000 muertos, entre ellos 160.000 civiles, según ha informado este martes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, recogida por Europa Press, que ha asegurado que ha logrado verificar los nombres de cerca de medio millón de víctimas mortales por el conflicto.

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha indicado que hasta la fecha han muerto 160.681 civiles, entre ellos 25.286 niños, al tiempo que ha achacado cerca de 100.000 muertos a las fuerzas de seguridad sirias.

Así, ha detallado que 52.508 civiles han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad, mientras que 26.403 lo han hecho en bombardeos de la Fuerza Aérea y 49.359 bajo torturas en centros de detención de las autoridades.

A ello hay que sumar 8.683 civiles muertos en bombardeos rusos y 2.504 muertos en otros bombardeos en los que no se ha podido aclarar si fueron ejecutados por los ejércitos de Siria o Rusia. Asimismo, 2.320 personas han muerto a manos de grupos rebeldes, mientras que 4.563 han muerto a manos de Estado Islámico y otros 900 lo han hecho a manos de otros grupos yihadistas.

El Observatorio ha resaltado que 1.063 civiles han muerto en circunstancias desconocidas, mientras que 453 han sido ejecutados y 1.692 han sido asesinados en ataques con armas de fuego o armas blancas. Por su parte, 1.028 han muerto por el uso de "armas prohibidas", mientras que 919 lo han hecho por "las malas condiciones de vida".

Asimismo, 4.113 civiles han muerto a causa de ataques con bomba, mientras que 2.676 lo han hecho en bombardeos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos y 17 en ataques aéreos por parte de Israel. Por su parte, las fuerzas de seguridad turcas han matado a 866 civiles, mientras que 418 han muerto a manos de las fuerzas kurdas. Por último, 196 han muerto en circunstancias no esclarecidas.

En cuanto a las muertes de personas en combate, el Observatorio ha manifestado que hasta la fecha han fallecido 91.267 miembros de las fuerzas de seguridad, 67.242 milicianos sirios integrados en milicias progubernamentales y 8.628 milicianos extranjeros en grupos progubernamentales, incluidas algunas apoyadas por Irán. A ellos se suman 1.712 miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Por otra parte, 80.017 miembros de milicias islamistas han muerto en combate, así como 3.588 disidentes de las fuerzas de seguridad, 41.101 miembros de Estado Islámico y 27.971 miembros de otros grupos yihadistas. A estas cifras hay que sumar 10.886 miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), 2.338 milicianos de otros grupos kurdos, 238 soldados turcos, 266 mercenarios rusos y 2.832 milicianos no identificados.

El organismo ha recalcado además que a esta cifra total de 499,657 personas identificadas hay que sumar 47.000 civiles muertos bajo tortura en prisiones del Gobierno de Bashar al Assad, 3.200 miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), 4.100 presos y desaparecidos entre las fuerzas gubernamentales y 1.800 secuestrados por facciones rebeldes e islamistas, entre ellas Estado Islámico.

Por último, ha incidido en que la cifra real de muertos sería de "cerca de 53.000 más" y ha agregado que se trata de fallecimientos "documentados" por el organismo, si bien el "secretismo" en torno a la guerra ha impedido que trasciendan sus identidades. El Observatorio ha indicado además que 2,1 millones de personas han resultado heridas por la guerra, mientras que trece millones se han visto desplazadas en el país o son refugiados en el extranjero.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves la muerte del líder de Estado Islámico, Abú Ibrahim al Hashimi al Quraishi, durante una operación llevada a cabo por las fuerzas especiales estadounidenses en la provincia siria de Idlib (noroeste), ha recogido Europa Press. "La pasada noche y bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos en el noroeste de Siria llevaron a cabo de forma exitosa una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados y hacer del mundo un lugar más seguro", ha manifestado. "Gracias a las capacidades y la valentía de nuestras Fuerzas Armadas, hemos sacado del campo de batalla a Abú Ibrahim al Hashimi al Quraishi, el líder de Estado Islámico", ha indicado Biden en un breve comunicado publicado por la Casa Blanca tras la operación.

Así, ha hecho hincapié en que las fuerzas estadounidenses implicadas en la redada han vuelto a sus bases sin sufrir bajas, antes de agregar que próximamente realizará declaraciones públicas para dar detalles sobre la operación. "Que Dios proteja a nuestras tropas", ha remachado.

En una comparecencia posterior ante los medios, el mandatario ha reconocido que fue una intervención "complicada", en la que se optó por desplegar fuerzas especiales en lugar de por un ataque aéreo para "minimizar" los daños colaterales. Sin embargo, y aunque se tomaron "todas las precauciones", varios civiles habrían perdido la vida.

Biden ha asegurado que fue Al Quraishi quien decidió estar "rodeado" de civiles, niños incluidos, y ha confirmado que se inmoló antes de ser capturado y "enfrentarse a la justicia por los crímenes cometidos", como también hizo en su día su predecesor, Abu Bakr al Baghdadi. "No le importaron la vida de sus propios familiares ni de otras personas en el edificio", ha afirmado el mandatario norteamericano, que aún está a la espera de conocer todos los detalles de una operación que Washington ha catalogado de éxito, bajas al margen.

Biden ha advertido de que Estados Unidos seguirá "vigilante" frente al terrorismo. "La operación de anoche (...) envía un mensaje contundente a los terroristas de todo el mundo: iremos tras vosotros y os encontraremos", ha sentenciado en una breve alocución sin preguntas.

Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha señalado que trece personas, incluidos cuatro niños, han muerto en el marco de la operación en la provincia de Idlib y ha agregado que fue llevada a cabo entre la medianoche y las 3.30 horas (hora local).

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha destacado que Estados Unidos envió a sus fuerzas especiales al área de Atmé, cerca de la frontera con Turquía, y ha agregado que "la muerte de trece personas, entre ellas cuatro niños y tres mujeres, ha sido verificada y confirmada".

La operación ha sido lanzada días después de que las fuerzas de seguridad kurdas recuperaran el control de la prisión de Ghueiran, en la provincia de Hasaka (noreste), tras cerca de una semana de enfrentamientos con Estado Islámico, que lanzó un asalto para intentar liberar a cientos de miembros del grupo detenidos en las instalaciones.

Cuando Abú Ibrahim al Hashimi al Quraishi tomó las riendas de Estado Islámico en octubre de 2019 el grupo que en su día llegó a eclipsar a Al Qaeda estaba en horas bajas y acababa de perder su 'califato'. Algo más de dos años después tanto la matriz terrorista en Siria e Irak como sus filiales en otras zonas del mundo parecen estar recobrando fuerzas.

El anterior relevo en la cúpula de Estado Islámico tras la muerte de Abú Bakr al Baghdadi, inmolado al verse acorralado en una misión de las fuerzas especiales estadounidenses en el noroeste de Siria --en un modus operandi que parece haberse repetido ahora con Al Quraishi--, fue prácticamente inmediato y en menos una semana ya se conocía su reemplazo.

La rapidez con la que se produzca ahora primero la confirmación de la muerte de Al Quraishi, cuyo verdadero nombre sería Amir Muhamad Said Abdelrahman al Mawla, y se conozca el nombre de su sucesor puede ser clave para entender el impacto que lo ocurrido pueda tener en el grupo terrorista, máxime cuando en estos más de dos años el 'califa' no ha hecho ninguna aparición pública ni tampoco hay ningún mensaje suyo conocido.

Como ya ocurrió primero con la muerte de Usama bin Laden, fundador y líder de Al Qaeda, y luego con Al Baghdadi, los expertos insisten en recalcar que la 'decapitación' de este tipo de organizaciones no trae consigo su extinción, sino más bien una mutación en las mismas, íntimamente relacionada entre otras cosas al carácter y el carisma del nuevo líder.

En el caso de Al Quraishi faltan elementos para poder determinar hasta qué punto el creciente auge que ha venido experimentando en los últimos tiempos Estado Islámico, más en unos escenarios que en otros, tiene que ver con su liderazgo o es más bien el resultado de los líderes de las distintas franquicias y el contexto en el que operan.

El ataque lanzado la semana pasada por Estado Islámico contra una prisión en el noreste de Siria con miles de presuntos miembros del grupo yihadista, que se ha saldado con más de 200 muertos, supone una muestra de sus crecientes capacidades tras su derrota militar en 2019 y ha desatado las alarmas a nivel internacional, informa Europa Press.

El asalto contra la prisión de Ghueiran, situada en la provincia de Hasaka y bajo control de las autoridades kurdas, supone el ataque a mayor escala de los yihadistas desde que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) tomaran en 2019 Baghuz, su último bastión en el país árabe.

La derrota de Estado Islámico en Baghuz dio carpetazo al "califato" territorial declarado en 2014 por el entonces líder del grupo, Abú Bakr al Baghdadi, después de que el Ejército de Irak lograra derrotar al grupo en diciembre de 2017 con apoyo de una coalición liderada por Estados Unidos y grupos paramilitares respaldados por Irán.

A pesar de que estos varapalos y los posteriores éxitos de las fuerzas de seguridad y de la coalición -incluida la muerte de Al Baghdadi en octubre de 2019 en una operación en Idlib- llevaron al grupo a reducir sus actividades en estos países, numerosas células se mantuvieron activas.

El grupo ha aprovechado los últimos años para expandir sus redes hacia África, especialmente en el Sahel, la cuenca del lago Chad, el norte de Mozambique y el este de República Democrática del Congo (RDC), si bien ha mantenido esfuerzos para reposicionar sus fuerzas en su cuna, Irak y Siria.

Durante los últimos meses, Estado Islámico ha incrementado sus ataques contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad en ambos países, aprovechando la situación de fragilidad en ambos y el proceso de retirada de fuerzas de la coalición en Irak.

Así, el grupo ha usado las montañas de Hamrin, en Irak, y zonas del desierto central de Siria como sus lugares seguros para reagruparse, entrenar y planificar ataques, según The Soufan Center, el centro de estudios que dirige Ali Soufan, un antiguo agente del FBI y que fue de los primeros en investigar a Al Qaeda y a su histórico líder, Osama bin Laden.

Este refuerzo de las capacidades ha sido especialmente visible recientemente en el repunte de ataques en las provincias iraquíes de Kirkuk, Diyala y Anbar, así como por el aumento de las operaciones en la provincia siria de Deir Ezzor y en el triángulo que componen entre las provincias de Alepo, Hama y Raqqa.

The Soufan Center subraya que "los combatientes de Estado Islámico en Irak (...) han recurrido a los secuestros para pedir rescates con el objetivo de mantener flujos de ingresos", mientras que el grupo "ha dependido de conexiones en Turquía para facilitar el blanqueo de dinero y mantener compañías pantalla que ayudaron al grupo a seguir siendo viable desde el punto de vista financiero".

El grupo, que ha aprovechado además las tensiones sectarias para reclutar a miembros de la comunidad suní -como ya hizo en 2014-, ha mantenido una importante actividad en redes sociales para engrosar sus filas y mantener una imagen de contar con el poderío como para reconstituir el "califato".

De hecho, a raíz del ataque contra la prisión en Hasaka ha reforzado su actividad en canales de propaganda para pedir motines y fugas en otros centros, entre ellos el campamento de refugiados de Al Hol, situado en el noreste de Siria y escenario de una campaña de asesinatos y secuestros desde hace meses.

El ataque contra la cárcel de Ghueiran ha traído además a la memoria la estrategia inicial de Estado Islámico con la operación Rompiendo los Muros entre 2012 y 2013, que permitió liberar a muchos de sus líderes a través de una serie de fugas que reforzaron sus filas y permitieron una ofensiva relámpago en 2014 en Irak que posteriormente se expandió a Siria.

El tamaño de la ofensiva, que contó con la participación de 200 terroristas suicidas, según las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), revela que el grupo se ha preparado durante tiempo para lograr armas, milicianos y capacidades.

The Soufan Center indica que incluso "podría sugerir el inicio de una ofensiva a mayor escala del grupo, destinada no a retomar partes de territorio, sino a ganar impulso y fomentar la inestabilidad en el Levante". "Los ataques son un claro intento de reclutar a nuevos miembros y reactivar redes casi dormidas en la región", explica.

Las prisiones gestionadas por las FDS en Siria han sido motivo de preocupación durante los dos últimos años debido al inadecuado estado de las instalaciones y su vulnerabilidad ante posibles ataques y revueltas por parte de los yihadistas.

Así, las FDS, cuyo componente principal es la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG) y que cuentan con el apoyo de la coalición internacional, han protestado en numerosas ocasiones por la falta de apoyo y han pedido a los países extranjeros que repatrien a sus detenidos.

En este sentido, han criticado además las múltiples ofensivas rebeldes -con apoyo de Turquía- en el norte de Siria y han advertido que esta situación provocaba el desvío de efectivos hacia las líneas de frente y debilitaba la seguridad en estos centros de detención.

Las FDS destacaron recientemente en un comunicado que las autoridades kurdas "asumieron la responsabilidad (de mantener a los presos) de forma competente y eficiente" y denunciaron "conspiraciones" por parte de "países vecinos" que trabajaron para "usar Estado Islámico para difundir nuevamente el caos".

Los centros y campamentos de desplazados acogen a miles de personas, principalmente evacuadas de Baghuz tras la derrota de Estado Islámico, incluidos familiares de yihadistas o sospechosos de pertenecer al grupo, en unas condiciones que han provocado críticas de organismos y organizaciones humanitarias internacionales.

De hecho, la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, indicó el martes que los reos "están en condiciones de sobrepoblación, no tienen acceso a atención médica adecuada y no pueden ver a sus familias" y destacó la importancia de que "los países de origen repatrien a sus nacionales, especialmente mujeres y niños".

Así, tras seis días de combates los enfrentamientos siguen activos en la cárcel y sus alrededores a pesar de las operaciones de las fuerzas kurdas y los bombardeos de la coalición, en una muestra del despliegue de fuerza de los yihadistas.

Ante esta situación, el comandante del la misión Resolución Inherente, John Brennan Jr., publicó el domingo un comunicado para negar que Estado Islámico haya logrado un éxito. "En su desesperado intento de mostrar relevancia, Estado Islámico ha dictado una sentencia de muerte para muchos de los suyos que participaron en este ataque", dijo, antes de expresar su confianza en que esto no suponga una "amenaza significativa" para Irak o los países de la región.

Sin embargo, Colin Clarke, investigador de The Soufan Center, ya había indicado a principios de enero en declaraciones a Voice of America que el aumento de los ataques podría estar mostrando "un lento crecimiento" del grupo yihadista.

"Es un grupo altamente oportunista. Van a mirar cómo explotar los fallos y errores de otros gobiernos en la región", dijo, antes de agregar que Estado Islámico "tiene muchos enemigos". "Todo el mundo está contra Estado Islámico, lo que el grupo usa en su propaganda para reclutar tropas y mantener la moral", arguyó.

Por su parte, el presidente del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, Rami Abdulrahman, hizo hincapié en que durante el año pasado hubo "un rápido aumento de los ataques del grupo". En este sentido, sostuvo que "naturalmente" lo esperable eran "ataques mucho más sofisticados" en 2022.

El balance de víctimas a causa del atentado suicida perpetrado este domingo en una mezquita chií en la localidad de Jan Abad, en la provincia afgana de Kunduz (norte), ha ascendido a más de 40 muertos y cerca de 140 heridos, según han confirmado las autoridades locales, informa Europa Press. El director del Departamento de Cultura e Información provincial ha destacado que el balance oficial asciende a 43 muertos, si bien fuentes locales citadas por la cadena de televisión afgana Ariana han elevado a 50 el total de víctimas mortales.

Fuentes de los servicios de seguridad de Kunduz han señalado en declaraciones a la cadena afgana Tolo TV que el atentado ha sido perpetrado por un suicida en la mezquita Sayudabad durante los rezos del viernes, mientras que otras fuentes citadas por la estadounidense CBS han detallado que la bomba la portaba en una mochila un niño que entró en la mezquita haciéndose pasar por limpiabotas.

El portavoz de los talibanes y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, ha confirmado el suceso en su cuenta oficial en la red social Twitter y ha manifestado que "varios compatriotas han caído mártires o han resultado heridos". Asimismo, ha recalcado que "las fuerzas especiales han llegado al lugar y están investigando", sin dar una cifra de muertos. Vídeos que circulan en redes sociales muestran varios cuerpos en el interior de la mezquita, que ha sufrido graves daños materiales.

Por su parte, la misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha mostrado su "profunda preocupación" por las informaciones sobre un "muy elevado número de víctimas" y ha resaltado que "las informaciones iniciales indican que más de cien personas han muerto o han resultado heridas en un atentado suicida".

"El incidente de hoy es parte de un preocupante patrón de violencia. Es el tercer ataque mortal de esta semana aparentemente con una institución religiosa", ha manifestado, tras el atentado del domingo en una mezquita de Kabul y el ataque del miércoles contra una madrasa en la provincia de Jost (este).

Por ahora ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque, si bien el Estado Islámico ha asegurado estar detrás de varios atentados durante las últimas semanas, incluido el perpetrado en una mezquita de Kabul durante el funeral de la madre de Muyahid.

El propio Muyahid ha negado este viernes que el grupo yihadista suponga "una amenaza" y ha resaltado que es más bien "un dolor de cabeza". "Genera dolores de cabeza en algunos lugares pero es inmediatamente eliminado tras cada incidente", ha valorado. Las autoridades talibanas han anunciado durante las últimas semanas la muerte y el arresto de varios supuestos miembros del grupo yihadista, que considera a los talibanes unos traidores a la ortodoxia de la 'sharia' o ley islámica y defienden una interpretación mucho más dura.

Estado Islámico reclama la autoría del atentado suicida

El grupo yihadista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP) ha reclamado la autoría del atentado suicida perpetrado este domingo en la mezquita chií de Jan Abad, en la provincia afgana de Kunduz. En un comunicado recogido por SITE Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas, la filial de Estado Islámico en Afganistán ha precisado que el perpetrador del ataque era de la minoría étnica uigur.

ISKP ha reivindicado el atentado a través de su canal de la aplicación de mensajería Telegram, donde ha afirmado que unas 300 personas han muerto o han resultado heridas como consecuencia del ataque, según recoge la agencia de noticias DPA.

Mientras escribo esto escucho a mis compañeros de redacción recordar dónde estaban ellos cuando el primer avión impactó contra la Torre Norte del World Trade Center de Nueva York. Era martes, 11 de septiembre de 2001. Y, como me suele ocurrir muchas veces en esta redacción, sus comentarios me hacen sentir mayor. La gran mayoría no había ni terminado la carrera, otros ni la habían empezado. Pero recuerdan perfectamente dónde estaban y qué hacían ese día. Es lógico, ¡nadie lo puede olvidar!.

Aquel 11 de septiembre yo ya estaba presentando informativos, por aquel entonces en el Canal 24 Horas de TVE. Tenía descanso y me había bajado a comer al comedor de Torrespaña con varios compañeros. En el comedor había varios monitores con la señal del informativo y cuando vimos el humo saliendo de la Torre nos sorprendió: todos teníamos acceso a la escaleta del Informativo de La 1 y ésa no era la apertura prevista. La señal con Nueva York iba y venía y cuando el segundo avión impactó contra la segunda Torre todos salimos corriendo: la comida se quedó, cómo no, en el plato. Nos subimos corriendo a la redacción, a echar una mano en lo que pudiésemos. La redacción de informativos echaba humo, pero realmente eran Ana Blanco y los corresponsales en Nueva York y Washington los que llevaban el peso del directo. Los demás sólo podíamos mirar e intentar mantener la calma. Mi turno aquel día terminaba a las 16:30, pero no llegué a casa hasta las 20:00. Hice el viaje en el coche con la radio puesta y cuando entré en casa me senté en el sofá y seguí pegada al televisor hasta pasada la medianoche. Estaba sola, no tenía hijos y mi marido, aquel día, estaba volando. Sí: estaba renovando su licencia de piloto privado en Valencia, haciendo aproximaciones en la pista una y otra vez. No pude hablar con él hasta las 7 de la tarde. Y creo que a esa hora era de las pocas personas en el mundo que no tenía ni idea de lo que había pasado. Contárselo por teléfono fue verbalizar el horror. Cientos de personas habían muerto sepultadas en la Torres Gemelas. Los terroristas habían atacado también el Pentágono y un cuarto avión se había estrellado en Pensilvania: al parecer los pasajeros habían evitado que los terroristas lo estrellaran contra otro edificio oficial.

Sabíamos que el mundo, aquel día, había cambiado para siempre, se había derrumbado junto a las Torres Gemelas. Nada iba a volver a ser igual y el miedo, ese que toda una generación no había sentido nunca, ese que los terroristas querían que sintiéramos en nuestro propio país, se instaló para siempre.

Entramos en una espiral que ha durado 20 años. Londres, Madrid, París… Estos días se juzga la masacre de la discoteca Bataclán, el peor atentado que ha sufrido Francia en su historia. Y que llevó, otra vez, el miedo a las calles de París. Dos días después de aquellos atentados, el chispazo de una lámpara de gas en la plaza de la República provocó una avalancha. La gente salió corriendo, gritando: muchos se refugiaron en comercios que cerraron la persiana. La imagen de esa plaza cuando llegamos los periodistas era la del miedo en estado puro: bolsos tirados en el suelo, zapatos perdidos y las velas, ésas con las que se quería homenajear a las víctimas de los atentados, encendidas en medio de un silencio sepulcral. El miedo, otra vez, dominando nuestras vidas.

El único terrorista que sobrevivió a esos atentados se sienta ahora en el banquillo. Y en el primer día del macrojuicio que se está celebrando en París tomó la palabra para decir que no se arrepentía de nada, que él pertenecía al Estado Islámico. Su aspecto y su discurso demostraban que los 6 años que ha pasado en la cárcel sólo han servido para que se radicalice aún más.

Hoy, mañana y pasado hablaremos mucho de aquel 11 de septiembre, de los 20 años que nos separan de aquellas imágenes que nos dejaron pegados al televisor. Recordaremos la angustia y el miedo. El silencio y la oscuridad que sepultaron a la ciudad que nunca duerme y al mundo entero. Intentaremos explicarles a nuestros hijos qué pasó entonces y cómo cambió el mundo. Y, ¿después?... Después intentaremos seguir empujando para que todo aquello no vuelva a repetirse. Intentaremos seguir aprendiendo a vivir sin miedo.

El único terrorista superviviente del comando que atentó el 13 de noviembre de 2015 en París, Salah Abdeslam, se ha reivindicado como "combatiente de Estado Islámico" en el arranque del histórico juicio contra él y otros 19 acusados, en el que Francia revivirá los ataques más mortíferos de su historia, con un total de 130 fallecidos.

Un tribunal específico habilitado en el antiguo Palacio de Justicia de París sirve como escenario de un juicio que se prolongará en principio unos nueve meses. Cerca de 1.800 personas se han constituido como parte civil y unos 300 abogados tratarán de demostrar la culpabilidad de los 20 acusados, cuatro de los cuales serán juzgados in absentia, según recoge Europa Press.

Al poco de comenzar la vista, el presidente del tribunal ha llamado a todos y cada uno de los acusados, empezando por Abdeslam, que inmediatamente después de ser invocado ha declarado que "no hay más dios que Alá", según Franceinfo. Se ha negado a dar los nombres de sus padres e, interrogado por su trabajo, ha apuntado: "Dejé toda profesión para convertirme en un combatiente de Estado Islámico".

Abdeslam, que de esta forma ha repetido mensajes similares a los que ya expuso durante un juicio previo en Bélgica, país en el que fue detenido, ya era quien más expectación había generado, en la medida en que es el único que participó de forma directa en la cadena de atentados perpetrados en lugares como el Estadio de Francia o la sala Bataclan, donde fueron masacradas 90 personas.

Francés de origen marroquí, ha reaparecido con barba y, salvo sorpresas, no mostrará remordimiento alguno por los crímenes cometidos, tal como ha demostrado en esta primera y esperada vista.

La sentencia no se espera hasta mayo de 2022 y antes están llamadas a declarar algunas de las principales autoridades de Francia cuando se produjeron los atentados. En la lista de testigos figuran los nombres del expresidente François Hollande, el exministro del Interior Bernard Cazenevue o el exfiscal de París François Molins.