La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

Estados Unidos continúa con las amenazas a España. Si hace unos días era con "represalias comerciales" por ser un "aliado terrible" como dijo Donald Trump, ahora es el turno del senador Lindsey Graham, que ha pedido la retirada de las bases de Rota y Morón, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo". "Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", ha lamentado el mandatario norteamericano.

Graham ha insistido en que la posición de España de negarse a que se usen sus bases para la guerra es "un insulto y una afrenta" a la alianza. "Señor Presidente, considero que redundaría en beneficio de los intereses de Estados Unidos trasladar dichas aeronaves de España a un país en el que realmente podamos confiar en momentos de gran necesidad. Confío en su criterio", ha escrito en X.

Así, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han llamado a la calma en nombre del Gobierno al asegurar que la retirada de las bases "es un escenario que no se contempla", ha dicho Robles en el Canal 24 horas de TVE.

Robles ha mantenido la posición "clara, honesta y comprometida" del Ejecutivo español al asegurar "claramente que esta guerra no es nuestra guerra. Entendemos que no puede haber guerras al margen del derecho internacional". De la misma manera, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha mandado “un mensaje de absoluta tranquilidad” para defender la postura del Gobierno ante “una guerra ilegal, que tiene un trasfondo político muy profundo y muy preocupante".

Montero ha insistido en que "las bases militares se tienen que utilizar en el marco del convenio" y se ha reafirmado que no serán usadas “para una guerra ilegal”, las bases llevan en España desde 1988 y realizan "una labor importante", ha recordado Robles que ha pedido que se respete la posición española.

No obstante, la ministra Robles cree que las palabras de Trump son una reflexión al hilo de una pregunta porque "no hay ningún pronunciamiento expreso" sobre una retirada.

"Me parece importante mantener y decir que España va a estar siempre en contra de las guerras, a favor de la paz, pero firmemente comprometida también con las misiones de paz y con nuestros aliados", ha subrayado la ministra que ha recibido esta madrugada en la base aérea de Torrejón a 205 militares españoles evacuados de Irak debido a la guerra en Irán

Montero pide cautela “a la hora de valorar y de interpretar cualquier afirmación”, ya que “un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria”, ha dicho en declaraciones a los periodistas durante la visita los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla).

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía debido a la situación de guerra en Oriente Próximo y los 200 restantes serán sacados del país previsiblemente "en las próximas horas", ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En declaraciones a los medios tras entregar el premio 'Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas' 2026, Robles ha señalado que "la situación es muy compleja" y ha añadido que la idea es que todos los militares regresen a España y para ello hay tres aviones "preposicionados" para llevar a cabo el traslado cuando "haya una ventana de oportunidad".

Del total de militares que se encuentran ya en Turquía, 57 son de la coalición internacional Inherent Resolve para derrotar al estado islámico, liderada por Estados Unidos, y 42 estaban integrados en la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI).

La ministra ha explicado que la evacuación esta madrugada de los 42 militares del NMI ha sido "muy complicada" porque estaban en los búnkeres y se han tenido incluso que "abortar" algunos vuelos antes de que pudieran embarcar debido al "cruce de misiles".

Estos militares junto con los 57 de operaciones especiales de la coalición internacional que fueron evacuados hace unos días ya están en Turquía, donde España tiene desplegados otros 150 efectivos y una batería Patriot en la base de Incirlik, en la localidad de Adana.

Faltan por abandonar Irak 350 militares de la misión de la OTAN, de los cuales 200 son españoles, en una situación "muy compleja", ha insistido Robles.

En la evacuación han participado aviones americanos y alemanes, pero España tiene tres "preposicionados en la zona y esperamos que en las próximas horas o esta madrugada se encuentre la ventana de oportunidad para salir, porque no es fácil, hay fuego cruzado".

La ministra ha recordado que la decisión de adaptar la misión en Irak debido al deterioro de la situación fue de la OTAN y ha señalado que todos los países que participan en la operación están "perfectamente coordinados".

Robles no ha aclarado cuál va a ser el destino final de la misión, pues depende de cómo vayan evolucionando los acontecimientos y ha dicho que España "se siente muy unida y muy próxima" al pueblo iraquí, aunque ha confiado en que "las cosas puedan volver a la normalidad".

En lo que hace referencia a Líbano, donde España tiene desplegados casi 670 militares en la misión de paz de la ONU (FINUL), Robles ha reconocido que la situación es "muy dura y difícil", con una noche de "intensos bombardeos", que han obligado a los 'cascos azules' a permanecer en los búnkeres desde las 12 del mediodía de ayer hasta la una de esta madrugada.

Esta mañana los ataques se han intensificado y, aunque los militares están protegidos con cascos y chalecos, "la preocupación es absolutamente enorme porque son disparos cruzados desde todos los puntos", ha recalcado.

Robles también ha apuntado la posibilidad de que pueda llevarse a cabo la evacuación de ciudadanos europeos que están viviendo en Líbano sin ofrecer más detalles al respecto. 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha anunciado que suspende su misión en Irak por la escalada de la tensión en Oriente Medio derivada de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. De los casi 600 soldados desplegados, prácticamente un tercio son españoles, que ya estaban siendo preparados para ser evacuados, según informó este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Estos militares ya han sido reubicados de forma temporal durante el fin de semana ante el deterioro de la situación de seguridad a causa de la guerra en Irán, que ha bombardeado en varias ocasiones la llamada Zona Verde en Bagdad y otras zonas del país.

La presencia española en Irak, que comenzó en octubre de 2014, comenzó con esta coalición internacional para derrotar al ISIS mediante la operación Inherent Resolve y luego en 2018 se extendió a la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI), centrada en el asesoramiento a las autoridades iraquíes para el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa.

Ambas misiones se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, y a partir de mayo está previsto que un militar español asuma el mando de la NMI.

La OTAN informó este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

El "deterioro de la situación de la seguridad" y "la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados" han obligado al Ministerio de Defensa a "reubicar" al Grupo de Operaciones Especiales encuadrado en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh (SOTG) en Irak.

"España ha determinado la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak" ante el deterioro de la situación a causa de la guerra en Irán, señala una nota del Ministerio.

"Todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh ya se encuentran en lugares seguros" a la espera "de la evolución de la situación", añade.

"Este re-despliegue se ha realizado en estrecha coordinación y colaboración con las autoridades iraquíes, contando con el apoyo de la Coalición y manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.

"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye.

El envío de una fragata a aguas chipriotas decidido por el Gobierno tras un ataque iraní retoma un debate jurídico con más de veinte años de solera, desde que una ley obligó a que el Congreso autorice las misiones en el exterior y al mismo tiempo exceptuó las directamente relacionadas con el interés nacional, según recoge EFE.

Fue la Ley Orgánica de Defensa Nacional la que impuso las autorizaciones en 2005 para los envíos de tropas, pues hasta entonces las Cortes solo tenían que ser consultadas en caso de declaración de guerra, sí regulada en la Constitución.

En las demás ocasiones, se entendía que era una decisión que formaba parte de las funciones constitucionales del Ejecutivo.

"Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso", reza el artículo 17.1, y en una sola frase dicta tanto la exigencia como el ambiguo abanico de excepciones.

Desde entonces, el Congreso ha aprobado 26 autorizaciones de ese tipo, según diversas fuentes recabadas por EFE, y ninguna vez denegó el permiso, siempre dieron luz verde amplias mayorías de diputados.

Afganistán, Congo, Líbano, Chad, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak figuran entre los destinos de tropas españolas con autorización del Congreso al Gobierno para los despliegues.

A veces fue el pleno y otras veces la Comisión de Defensa el órgano que lo autorizó, ya que, a falta de disposición reglamentaria, es la Mesa del Congreso la que decide a cuál se lo deriva; e incluso en una ocasión fue la Diputación Permanente la que dio el visto bueno.

Varios juristas han criticado la falta de precisión normativa sobre cuándo y cómo debe el envío de tropas someterse a una votación del Congreso, y también a que se dejara al Senado al margen, algo que no ocurría en el precepto constitucional sobre la guerra, que cita a las Cortes, ambas cámaras.

Desde que el jueves el Ministerio de Defensa anunció que la fragata Cristóbal Colón se encamina hacia Chipre en compañía de navíos griegos y de un portaaviones francés, junto al que ya estaba en el Báltico, el Gobierno y el PP han enfrentado las dos interpretaciones jurídicas acerca del artículo 17 de la LODN.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preguntado por la prensa el viernes en Huelva, subrayó que "echar una mano a Chipre" es para "una misión evidentemente defensiva, nada ofensiva", y que la decisión del Gobierno "se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional".

En cambio, el PP ha exigido que someta la decisión al Congreso, porque, según ha resaltado el viernes en un comunicado, los soldados españoles en ese desplazamiento "se exponen a ser atacados".

Además, el PP ha reprochado a Sánchez que nunca haya sometido los envíos de tropas al exterior al visado del Congreso, ya que las 26 autorizaciones se aprobaron entre 2005 y 2018, a los gobiernos que presidieron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, sin ninguna en los últimos ocho años.

Un posible motivo es la variación del concepto de interés nacional, con cambios semánticos según lo define la Directiva de Defensa Nacional de 2020 respecto a las de 2008 y 2012, ya que, salvo disposición legal superior, es el documento máximo que rige en la materia.

Hace dos años el PP registró una proposición para modificar la LODN y concretar cuándo se requerirán las autorizaciones.

Sin una reforma legal, el debate jurídico seguirá abierto cada vez.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán, ha informado el Ministerio de Defensa y ha recogido EFE.

La fragata se incorporó el pasado martes, día 3, al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

Con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea, ha subrayado Defensa.

La Cristóbal Colón es la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada y su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, ha señalado Defensa.

También estará preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto de Irán.

El grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el martes 10 de marzo. En breve, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá a la mar para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito de los barcos por el golfo de Cádiz.

La Cristobal Colón es con 146 metros de eslora, 18,6 metros de manga, 7,2 metros de calado y una velocidad máxima de 28,5 nudos la fragata más moderna de la clase F-100 con la que cuenta la Armada y dispone del mayor porcentaje de participación de la industria española en su construcción, que se ejecutó en los astilleros de Navantia en Ferrol (A Coruña).

Puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: disuasión y defensa; gestión de crisis; seguridad marítima y proyección exterior.

El navío está preparado para enfrentarse a blancos complejos y participar en ejercicios de defensa antiaérea y antimisil. Su dotación actual gira en torno a los 200 hombres y mujeres.

A nivel internacional, destaca su participación en las siguientes operaciones:

• Desde marzo de 2014 la fragata se integra en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en ocasiones como buque de mando.

• Desde noviembre de 2016, en la operación Sea Guardian (operación de la OTAN) que presta apoyo al conocimiento de la situación marítima y a la lucha contra el terrorismo.

• En 2017 participa en un Despliegue de Larga Duración en Australia, junto a unidades de la marina de ese país.

• Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 completa 150 días desplegada en la SNMG-2 como buque de mando, actuando en beneficio de la seguridad de España y la OTAN.

• En mayo de 2021 lideró las maniobras de la OTAN At Sea Demonstration/Formidable Shield 2021, en las que efectuó con éxito un lanzamiento de misil Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) contra un blanco supersónico a casi tres veces la velocidad del sonido.

• En 2022 desplegó en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), contribuyendo a la disuasión, a la seguridad marítima y a los intereses nacionales de los países de la Alianza navegando en el Mediterráneo.

• Entre agosto y diciembre de 2024 vuelve a integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, participando en la operación Noble Shield, bajo mando de Canadá.

La desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F prometía respuestas a las múltiples preguntas sobre el papel del rey Juan Carlos I en la noche más larga de la democracia española. ¿Sabía de antemano el monarca lo que iba a ocurrir? ¿Hubo conversaciones con Armada y el resto de golpistas? ¿Se echó atrás en el último momento para presentarse como garante de la incipiente democracia? ¿O fue realmente, como sostiene la versión oficial, el hombre que desde Zarzuela paró con el teléfono lo que otros habían puesto en marcha con las armas? 

Los papeles no responden. O más exactamente: responden en los dos sentidos a la vez, con un equilibrio que deja la incógnita exactamente donde estaba.

Entre los documentos más reveladores figura una carta fechada el 14 de diciembre de 1981, enviada por el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CESID—el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, Emilio Alonso Manglano. Fernández Campo adjunta el guión que sirvió de base para una reunión del rey con el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La mayoría del guión es impecablemente constitucional: el papel del rey como árbitro, la reivindicación de su papel del 23-F, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil… Pero hay pasajes que chirrían. Entrada la reunión, el rey describe a las Fuerzas Armadas como las "vencedoras en una triste guerra civil" que “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y “durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio" y que se ven ahora sacudidas por la libertad de prensa y el "revanchismo de opiniones". 

También alude a "situaciones tal vez provocadas deliberada y organizadamente" en torno al Consejo de Guerra, en las que la prensa habría “irritado inadvertidamente" a las Fuerzas Armadas. Además, según el rey, en los ámbitos militares cunde la impresión de que sufren más castigos que otros sectores de la sociedad: “Nunca puede estar justificada la exclusividad o la preferencia de la sanción sobre los militares.”, denunció el monarca haciendo suyas las reivindicaciones. 

El contexto de esta intervención importa: el rey no hablaba ante el Parlamento, sino con los máximos jefes militares diez meses después del golpe. La empatía táctica hacia los mandos a los que debía retener dentro del orden constitucional es políticamente comprensible. Pero incluso en este contexto, muchos de los pasajes del documento bordean peligrosamente la justificación hacia quienes habían intentado subvertir ese mismo orden constitucional.

Otro bloque de material comprometedor para la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso. 

"A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el Rey detrás", asegura Díez en una llamada con su madre. “Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás” le dice a su suegra una de las hijas del teniente coronel.

El valor probatorio de estas conversaciones es, en rigor, casi nulo: son las percepciones de una familia moldeadas por lo que Tejero contaba o creía. Pero contienen un elemento llamativo: la convicción de que el nombre del rey había sido utilizado para arrastrar participantes al golpe. Que eso sea cierto o una instrumentalización de su figura sin su conocimiento es una pregunta que los documentos no resuelven.

Sobre el peso que el supuesto apoyo del rey al golpe tuvo en sus participantes se pronuncia también Gil Sánchez-Valiente en comentarios recogidos en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil fechado el 9 de junio de 1981. El capitán, que había huido a Roma dos días después del golpe, declara que el rey habría “comentado errores políticos con Armada”, y este habría convertido esas conversaciones en una "orden", transmitiendo a los participantes "la supuesta aprobación del rey", sin la cual Sánchez-Valiente afirma que no habría participado en el golpe.

El testimonio tiene limitaciones obvias: son comentarios de un fugitivo huido en el extranjero y con interés en explicar su participación. Pero Sánchez-Valiente era un protagonista directo, presente en el Congreso esa noche, aunque a su vuelta a España afirmó que había acudido “con fines represivos” y a petición del Director de la Guardia Civil, pese a que su simpatía estaba con los golpistas. 

El documento más incómodo para la Corona es una nota interior del CESID fechada el 5 de febrero de 1982, en plena fase previa al juicio oral de los participantes en el golpe. Recoge que en círculos castrenses se daba por cierto que alguien "muy importante de la Casa Real" se había entrevistado con Armada para tratar sobre "comportamientos relativos a la vista oral del proceso", y que cuando se intentó hacer lo mismo con Milans del Bosch, este exigió reunirse con "la propia persona real". 

Según la nota, el rey atendió la petición y habló de forma confidencial con el golpista, con el objetivo de que "la Corona no salga lesionada” del proceso judicial. Por lo que se desprende del documento, el CESID no afirma que la información sea cierta, sino que la recibe de una de sus antenas. Sin embargo, la nota da credibilidad a los hechos que relata y a las fuentes de las que provienen, a las que se refiere como “núcleos cualificados”.

Frente a ese bloque hay otro igualmente sólido, aunque de naturaleza diferente. Una nota del Ministerio del Interior cataloga como campaña de intoxicación los rumores que implicaban al rey, y atribuye esa campaña a los abogados defensores de los procesados y a sectores de la derecha radical, con un doble objetivo: reducir las responsabilidades penales de sus clientes y mantener "munición" contra la Corona para un eventual golpe futuro.

Más llamativo resulta, por su origen, un documento de la Dirección General de Policía sobre las reflexiones internas en el seno PCE. La nota recoge que teóricos del partido comunista —recién legalizado y con escaso entusiasmo monárquico— concluían en sus análisis internos que implicar al rey era un juego de la extrema derecha para destruir la institución democrática: "La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática." El valor de este documento reside precisamente en su origen: una fuente ideológicamente poco sospechosa de hacer favores a la Corona que descarta internamente las acusaciones. Que el PCE considerara un error táctico apoyarlas no significa obligatoriamente que pensara que el rey fuera inocente, pero sí refuerza la lectura de que parte del material acusatorio fue instrumentalizado políticamente.

Uno de los elementos más complejos de cuantos recoge la desclasificación es una serie de documentos manuscritos anónimos sobre las conspiraciones golpistas del período 1980-1982. La portada lleva fecha de noviembre de 1980, pero el conjunto incluye material posterior al 23-F —algunos fragmentos hacen referencia expresa a "errores cometidos" en esa operación— y contiene planificación detallada orientada al golpe frustrado que tuvo lugar en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

En esos documentos, el monarca ha dejado de ser una variable a ganar o cooptar para convertirse en un objetivo a neutralizar. Le llaman "el borbón" y señalan como primer fallo del 23-F "dejar al borbón libre y tratarle como si fuese un caballero". El Palacio de la Zarzuela figura en las listas de objetivos físicos de al menos uno de los planes detallados —la llamada "Operación Halcón"— junto a las sedes de los Cuarteles Generales, los ministerios y los medios de comunicación. El mismo rey al que algunos acusan de haber respaldado el 23-F es aquel a quien los conspiradores del siguiente golpe querían neutralizar físicamente. La autoría anónima del material y la imposibilidad de verificar su origen obligan a manejarlo con cautela.

Otro bloque relevante es el que la Casa Real querría que cualquier periodista citara primero: la versión oficial y mito fundacional de la España democrática que presenta al rey como salvador del orden constitucional. Un informe del CESID presenta un relato minucioso con horas exactas y nombres concretos de los sucesos del 23 de febrero según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela. Según este documento, el rey negó a Armada la entrada en Zarzuela el día del golpe y su secretario Sabino Fernández Campo, le arrancó a Armada "su palabra de honor" de que no se dirigirá a los diputados en nombre del rey. Y a la 1:20 del 24 de febrero, el monarca llama a Milans del Bosch y le dicta seis órdenes que incluyen la frase que quedó para la historia: "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey."

Lo que el relato de Zarzuela no cubre es el período anterior a las cinco de la tarde del día 23 —primera entrada cronológica del documento— Lo que describe a partir de ese momento es impecablemente constitucional. Lo que sucedió antes, en las semanas y meses previos, en las conversaciones entre el rey y Armada cuyo contenido exacto nadie ha podido acreditar ni desmentir del todo, sigue siendo una incógnita.

Las empresas de la industria de defensa española valoran con "optimismo" un contexto "único" que permitió al sector vender en 2024 un 17% más que el año anterior, con una facturación cercana a los 10.000 millones de euros, y representar el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional, según informa EFE.

Este lunes se ha presentado en Madrid el Anuario Spain Defence and Security Industry correspondiente a 2024 con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha abogado por potenciar la producción militar nacional, que a día de hoy supone un 2% del PIB (34.000 millones de euros) y crea alrededor de 89.000 empleos en nuestro país. "La seguridad no se delega", ha subrayado.

El anuario revela que en 2024 el volumen de facturación de la industria alcanzó los 9.997 millones, 1.459 más que el ejercicio precedente. De esas ventas, 3.031 millones fueron directas al Ministerio de Defensa, un 35,2% más que el año anterior. También experimentaron un aumento notable las ventas al exterior, hasta los 6.966 millones, un 10,6%.

El grupo Airbus acapara el 45,3% del volumen de ventas en el sector con sus dos filiales Airbus Defence and Space (31,4%) y Airbus Military (13,9%) que facturaron en 2024 un total de 5.712 millones de euros.

Al sector aeronáutico le siguen el de armamento, con 1.096 millones de euros en ventas; el naval, con 1.075 millones de los que Navantia representa el 75%; el de materiales auxiliares, con 656 millones y en el que más pymes trabajan; y el electrónico, con 612 millones y liderado por Indra.

El teniente general Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), ha subrayado que la capacidad industrial militar "es clave para la seguridad nacional y para el posicionamiento internacional de las empresas españolas".

"España es una referencia en la industria de defensa europea", ha declarado para concluir: "Nos mantenemos firmes en nuestra vocación de servicio al país". En su turno, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo Alcaide, ha sostenido que el Gobierno "responde cuando se le pone delante un reto" con un importante apoyo al sector, que atesora el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional.

El anuario revela que la gran mayoría del sector ve el futuro con optimismo, en un momento en el que el gasto en defensa se ha disparado en todo el mundo y en el que existe incertidumbre por la posible fusión entre Indra y Escribano y una batalla judicial emprendida por Santa Bárbara Systems por los créditos concedidos por el Gobierno a esas empresas para inversión en desarrollar armamento. 

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha llamado a las empresas del sector a trabajar "juntas y sin ambiciones", puesto que hay trabajo para todas y el objetivo es conseguir que los recursos se queden en España y volver al 6º puesto como exportador mundial.

"Estamos ante una oportunidad única para nuestro sector", ha señalado con respecto un contexto geopolítico en el que España debe fortalecer su "soberanía industrial" tanto para las grandes empresas como para las pymes.

Cuando un 84% de los ciudadanos de un país se declara “muy preocupado” por los conflictos armados en el entorno europeo —la cifra más alta de toda la Unión—, lo lógico sería esperar que ese mismo país reclamara inversión en defensa, blindaje militar, presupuestos para seguridad. Pero España, una vez más, desafía la lógica convencional. Mientras lidera el ranking del miedo a la guerra junto a Italia, relega la defensa al vagón de cola de sus prioridades políticas: solo un 15% de los españoles considera que el Parlamento Europeo debería centrarse en este asunto, frente al 34% de la media comunitaria. ¿Contradicción? No exactamente. Más bien, una forma distinta de entender la protección en tiempos turbulentos.

El Eurobarómetro del Parlamento Europeo de otoño de 2025 recién publicado, dibuja el retrato de una ciudadanía europea atrapada en lo que ya se denomina con naturalidad "policrisis": tensiones geopolíticas, cambio climático acelerado, desinformación galopante y una sensación generalizada de que el mundo se ha vuelto un lugar más hostil. Pero dentro de ese retrato colectivo, España emerge con rasgos propios, casi únicos. Es el país que más teme la información falsa (85%, frente al 69% europeo), que más se alarma ante las amenazas a la libertad de expresión (85% versus 67%), que más desconfía del entorno digital. Y, sin embargo, cuando llega el momento de establecer prioridades, lo que reclama no son batallones ni escudos antimisiles, sino médicos y empleo.

La explicación de esta aparente paradoja atraviesa el documento de cabo a rabo: los españoles no entienden la seguridad como una cuestión exclusivamente militar, sino como un concepto más amplio que incluye —y prioriza— el bienestar cotidiano. Para el ciudadano medio español, la mayor amenaza a su estabilidad no es una invasión física, sino el deterioro de la sanidad pública o la precariedad laboral. Por eso, aunque el 84% se declara muy preocupado por las guerras cercanas y el 80% por el terrorismo, el 56% exige que el Parlamento Europeo se centre en la salud pública como asunto prioritario (y no en los dos anteriores). Solo Portugal, con un 68%, supera esa cifra. En el conjunto de la UE, la salud ocupa un discreto cuarto lugar, con apenas un 32%.

Esta jerarquía de miedos y prioridades no es estática. Entre mayo y noviembre de 2025, el interés de los españoles por que el Parlamento Europeo priorice la defensa y seguridad cayó siete puntos (del 22% al 15%). En ese mismo periodo, la preocupación por la sanidad pública creció trece puntos (del 43% al 56%) y la referida a economía y empleo subió doce (del 38% al 50%). Es decir: cuanto más hostil se percibe el mundo exterior, más se refugia el ciudadano español en la reclamación de servicios públicos sólidos y empleo estable.

Pero esta aparente contradicción esconde algo más profundo: una confianza inusualmente alta en la Unión Europea como escudo protector. El 79% de los españoles —frente al 66% de la media comunitaria— desea que la UE juegue un papel más importante en la protección frente a crisis mundiales. Solo Chipre (90%), Luxemburgo (83%) y Malta (81%) —tres países minúsculos— superan esa cifra. Y un apabullante 93% de los españoles considera que los Estados miembros deben estar más unidos para afrontar los retos globales, cuatro puntos por encima de la media europea (89%).

La interpretación es clara: los españoles delegan la seguridad en la arquitectura colectiva de la Unión, no en el músculo militar de cada Estado. Prefieren una Europa cohesionada, solidaria y fuerte institucionalmente antes que una carrera armamentística fragmentada. Cuando se les pregunta en qué áreas debe centrarse la UE para ser más fuerte globalmente, los españoles optan por "Educación e investigación" (43%) como primera opción, relegando la defensa a un modesto 27%, trece puntos por debajo de la media europea (40%).

Este europeísmo pragmático no es nuevo, pero sí se ha intensificado. El 72% de los españoles considera que formar parte de la UE es "algo bueno", superando el 62% de la media europea y creciendo tres puntos desde la primavera de 2024. Y aunque la imagen general de la Unión ha sufrido un ligero retroceso —del 52% al 49% de valoración positiva entre mayo y noviembre de 2025—, en España se mantiene en ese 49%, igualando la media comunitaria. Más significativo aún: el 59% de los españoles afirma que se sentiría "más preocupado" si España no fuera miembro de la UE para afrontar retos globales, frente al 55% de la media europea.

Porque si algo caracteriza a España en este barómetro es la intensidad de su ansiedad. El informe señala explícitamente a Italia, España, Chipre, Portugal, Polonia y Malta como los países con los porcentajes más altos de ciudadanos "muy preocupados" en casi todos los tipos de amenazas analizadas. Y los datos son elocuentes.

Además del ya mencionado 84% de preocupación por conflictos armados y el 80% por terrorismo, España registra un 79% de inquietud extrema ante catástrofes naturales y cambio climático, trece puntos por encima de la media europea (66%). Solo Portugal (91%), Grecia e Italia (ambos con 83%) muestran niveles superiores. En ciberataques, el 75% de los españoles está muy preocupado, frente al 66% de la UE. Y en cuanto a dependencias estratégicas, la inquietud española vuelve a destacar: 75% versus 62% en dependencia energética, y 71% versus 59% en dependencia militar de terceros países.

Pero si hay un campo donde España no solo lidera el ranking europeo de la ansiedad, sino que lo hace con distancia, es en la desconfianza hacia el ecosistema informativo. El 85% de los españoles se declara "muy preocupado" por la información falsa o engañosa, la cifra más alta de toda la Unión Europea, dieciséis puntos por encima de la media comunitaria (69%). 

Ni siquiera Chipre (82%) o Italia (80%), países que comparten con España muchos de los temores registrados en el barómetro, alcanzan ese nivel de alarma. En el extremo opuesto, apenas el 45% de los checos manifiesta esa inquietud. Pero lo relevante no es solo el dato aislado, sino que la desconfianza informativa en España es sistémica: el país también lidera la preocupación por las amenazas a la libertad de expresión (85%, frente al 67% europeo) y comparte con Chipre el primer puesto la alerta por la protección de datos personales en internet (82%, frente al 68% de la UE). 

Mientras que Italia supera a España en temores relacionados con la seguridad física —terrorismo (83% versus 80%)—, es en la dimensión digital y de integridad de la información donde la sociedad española se revela como la más vulnerable y alarmada de toda Europa. Para los españoles, la desinformación no es un riesgo secundario: es la amenaza central a la cohesión social, el espacio público y, en última instancia, a la propia democracia.

Esta desconfianza hacia el espacio informativo no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza directamente con otra de las grandes fracturas que atraviesan la sociedad española: la polarización. El 73% de los españoles se declara “muy preocupado” por el aumento de la división entre los distintos grupos de la sociedad, diez puntos por encima de la media europea (63%) y solo superado por Italia (76%). Si se suman quienes manifiestan una preocupación moderada, el porcentaje total de españoles inquietos por la fractura social alcanza el 93%, frente al 86% de la UE.

Es significativo que los países mediterráneos —Chipre y Grecia, ambos con un 72%— compartan con España e Italia este sentimiento de fragmentación interna, mientras que en el norte de Europa la alarma es notablemente menor: apenas un 44% en Dinamarca, un 46% en Lituania y un 47% en Estonia.

Los datos sugieren que la ciudadanía española establece una conexión causal entre ambos fenómenos: el entorno digital degradado —alimentado por bulos, discursos de odio y manipulación algorítmica— estaría actuando como combustible de la división social.

No es casual que España lidere simultáneamente la preocupación por la desinformación (85%), las amenazas a la libertad de expresión (85%) y la polarización (73%). Son tres caras de una misma crisis: la percepción de que el espacio público compartido se ha roto, y de que esa ruptura tiene origen, en buena medida, en la contaminación informativa que erosiona la posibilidad misma del diálogo democrático.

Sin embargo, esta sensación de vulnerabilidad convive con una curiosa resiliencia personal. El 81% de los españoles se declara optimista sobre su futuro personal y familiar, cinco puntos por encima de la media europea (76%). Pero esa confianza se desploma cuando la mirada se aleja del ámbito privado: solo el 50% es optimista sobre el futuro de España, siete puntos por debajo de la media de la UE (57%). Y respecto al futuro del mundo, la cifra española (44%) se alinea con el pesimismo generalizado en Europa.

Es la brecha entre el “yo” y el “nosotros”, entre la capacidad de agencia individual y la impotencia ante las dinámicas globales. Los europeos —y los españoles en particular— se sienten capaces de construir una vida digna para los suyos, pero desconfían de que el sistema global vaya a acompañarlos en ese empeño. De ahí que el optimismo sobre el futuro de la Unión Europea haya caído del 66% en mayo de 2025 al 57% en noviembre. En España, ese optimismo se sitúa en el 56%, prácticamente en línea con la media comunitaria, pero lejos del entusiasmo estructural que el país suele mostrar hacia el proyecto europeo.

Así pues, la singularidad española no reside en una negación del peligro —los datos demuestran que es uno de los países más alarmados de la Unión—, sino en cómo entiende la respuesta a ese peligro. Mientras los países del norte y del este de Europa (Países Bajos 58%, Dinamarca 57%, Finlandia 56%) sitúan la defensa como prioridad absoluta, España apuesta por un modelo de protección distinto: sanidad universal, empleo de calidad, educación robusta, investigación competitiva. 

No es que los españoles no quieran sentirse seguros. Es que interpretan la seguridad como la capacidad de vivir sin miedo a perder el acceso a un médico, a un trabajo o a una pensión digna. Y confían en que sea la Unión Europea, actuando de forma cohesionada, quien garantice ese blindaje social, mientras gestiona de manera colectiva las amenazas militares externas.

En un mundo que perciben cada vez más peligroso y desinformado, los españoles se aferran con más fuerza a la Unión Europea. Pero no le piden arsenales. Le piden que no olvide que la seguridad también se mide en camas de hospital, contratos indefinidos y salarios dignos. 

Ante las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros, según informa EFE. 

"Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas", ha señalado en una entrevista en La Vanguardia el presidente, que subraya la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria. 

Sánchez considera que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible invasión de Groenlandia, "hay que tomárselas en serio" y ha asegurado que un acto de fuerza de esa naturaleza supondría "la carta de defunción de la OTAN". La presión de los Estados Unidos hacia la isla se ha incrementado en los últimos meses, aunque anexionarla lleva siendo uno de los objetivos del país norteamericano durante años. El presidente Trump expresó que era una cuestión de "seguridad nacional" y que, aquellos que no le apoyen, se las verán con sanciones por parte de su país en forma de aranceles.

Sánchez también ha expresado que la invasión convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en el "hombre más feliz del mundo", dado que "vería legitimado su intento de invasión de Ucrania", ha agregado. "Si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN", ha afirmado. 

El Gobierno está evaluando la posibilidad del envío de tropas españolas a Groenlandia, una opción sobre la que Sánchez hablará con el jefe de la oposición y los grupos parlamentarios y sobre la que "no hay una decisión tomada", ha señalado.

Ha subrayado que el actual contexto geopolítico ha llevado a España a incrementar el presupuesto de defensa "en términos reales" y que el país está participando de los instrumentos de financiación comunes, así como desplegando tropas de disuasión en el este de Europa. 

Al mismo tiempo, recalca que un gasto militar del 5% del PIB como el que exige Trump es "inaceptable" e "inasumible" para España. "No vamos a recortar políticas sociales, sanitarias, educativas y científicas para aumentar más un gasto militar que hoy no está concebido para reforzar la industria europea de la defensa", ha señalado. Considera que "con un gasto de algo más del 2% (España) está cumpliendo de sobra con las capacidades que hoy se nos exigen".

Sobre la relación con China, Sánchez ha indicado que España la concibe "como un rival sistémico, también como un competidor y como un aliado en algunos desafíos globales", como la emergencia climática. Tras la pandemia, el presidente ha visitado el país asiático todos los años y ha avanzado que su intención es hacer un nuevo viaje en 2026, "en interés de España y Europa". 

"El mundo es muy grande y hay regiones del mundo deseando colaborar y cooperar con Europa. Y Europa no puede darles la espalda", ha afirmado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de esa isla, si bien ha pedido "no adelantar acontecimientos".

"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha señalado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso donde comparece en la Comisión de Secretos Oficiales desde las 8:30 horas.

Estas manifestaciones de la ministra de Defensa se producen después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar con el objetivo de incrementar la seguridad en la región.

"Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados. Iremos viendo a lo largo del día de hoy qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones del día de hoy", ha señalado Robles, que ha precisado que, en todo caso, la misión europea sería de "vigilancia".

La ministra se ha mostrado prudente y ha insistido en que hay que esperar para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo del día, en el que "está habiendo reuniones". "Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones", ha afirmado.

A la pregunta de si cree que la apropiación de Estados Unidos de Groenlandia por la fuerza puede suponer el fin de la Alianza Atlántica, ha respondido que no, si bien ha considerado "inaceptable" que se lleve a cabo.

"Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman".

Preguntada sobre si Sumar apoyaría que España participe en una misión europea en Groenlandia, su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho que por el momento hay poca información. "La propia ministra ha pedido prudencia al respecto y vamos a esperar a tener toda la información y conformar una decisión en el ámbito de nuestro espacio", ha declarado a los medios en el Congreso.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que la parece una "contradicción" que se debata sobre enviar tropas a Ucrania, que no forma parte de la de la OTAN, y en cambio no se hable de enviar tropas a Groenlandia, que sí integra la Alianza Atlántica.

Y la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha opinado que enviar tropas a Groenlandia "no va a valer de absolutamente nada" y ha calificado esta medida de "inútil". "¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el Ejército norteamericano? Es que todo lo que están planteando es un sinsentido", ha apuntado.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado, al ser preguntada por los deseos de Trump de anexionar Groenlandia, que habrá que ver en qué se traduce y ha añadido que, más allá de este asunto, ante los grandes cambios en el orden mundial Europa "es absolutamente irrelevante y España todavía más".

"Estamos en una situación muy vulnerable por culpa de la política exterior de este Gobierno", ha asegurado.

Una quincena de militares franceses se encuentran ya en Groenlandia. El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d'Arvor, indicó este jueves en una entrevista a la emisora France Info que "una quincena de soldados" franceses, "especialistas de alta montaña" están en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Van a participar a partir de hoy en las maniobras bautizadas Arctic Endurance que se van a desarrollar allí y responden a una amenaza estadounidense que calificó de "inédita". "Es una señal fuerte -añadió-. Se decía que Europa se tomaba tiempo, no tanto".

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, el que confirmó la pasada noche que había decidido la participación de su país en "maniobras conjuntas organizadas por Dinamarca en Groenlandia" y había precisado que los primeros militares franceses estaban en camino y que "otros seguirán".

Macron ha convocado a primera hora de esta mañana un Consejo de Defensa para estudiar la situación en la isla, pero también para abordar la crisis en Irán. Y a mediodía pronuncia su tradicional discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas, que será la ocasión para hablar públicamente de esa operación en Groenlandia.

El Ministerio de Defensa ha solicitado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la dana, según ha informado EFE.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa señala que "los mensajes intercambiados -entre Feijóo y Mazón- en los primeros momentos de la dana demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes de WhatsApp".

Carlos Mazón se cruzó mensajes con Alberto Núñez Feijóo desde las 20:08 horas hasta las 23:29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Así consta en los mensajes de Mazón, que el propio Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los hechos y al que el líder del PP ha pedido testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero, según los documentos a los que ha tenido acceso EFE.

Tras las inundaciones de la dana, Feijóo criticó la respuesta dada por el Ejecutivo y que este no declarase la emergencia nacional para asumir así el mando de una catástrofe que afectó a varias comunidades, y su partido acusó al Ejecutivo de actuar de "mala fe" al no involucrarse desde el primer momento en la gestión de las riadas.

Mazón denunció que, tras la dana, había tenido que pedir a Defensa "más unidades de la UME, de 500 en 500" y su vicepresidenta, Susana Camarero, afirmó recientemente en la comisión de investigación del Congreso que el día de la catástrofe tuvieron que "esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase". 

La apuesta de Alemania por el rearme prosigue tras la reinstauración del servicio militar. El país germano ha batido un nuevo récord de gasto en defensa en 2025 con una inversión total de 83.000 millones de euros, después de que este miércoles la Comisión Presupuestaria del Bundestag o Cámara Baja diese luz verde a adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de euros, según ha informado EFE.

"Es un nuevo récord. Esto no es un fin en sí mismo, pero señaliza el giro político (que se ha dado)", declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, en una comparecencia en Berlín.

Según explicó, la Comisión Presupuestaria ha aprobado este año un total de 103 proyectos de adquisición con un valor total de 83.000 millones de euros. "Son inversiones enormes, somos conscientes de ello, pero son necesarias", argumentó.

Pistorius reiteró la necesidad de equipar y armar mejor a las Fuerzas Armadas o Bundeswehr, con el objetivo de garantizar la seguridad de Alemania a través del fortalecimiento de las capacidades de defensa y disuasión.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa resaltó que se trata del tercer año consecutivo en el que se baten récords y que la suma de los tres últimos años, 188.400 millones de euros, es más alta que la de todo el periodo de 2015 a 2022, cuando se gastaron 109.000 millones de euros.

En concreto, el paquete por valor de 50.000 millones de euros aprobado este miércoles incluye una treintena de adquisiciones, entre ellas de proyectiles y otros componentes para diferentes tipos de sistemas antiaéreos como los Patriot, Arrow e IRIS-T, de vehículos blindados Puma, y de un sistema de radar satelital SPOCK.

También se adquirirán sistemas de armamento y otros componentes para los cazas Eurofighter, obuses, torpedos para submarinos, así como prendas y equipos personales para el total de 460.000 efectivos a los que está previsto ampliar la Bundeswehr en los próximos años y para 80.000 empleados civiles.

A principios de diciembre, el Bundestag aprobó la vuelta del servicio militar en el país. Esta medida establece que el servicio es de carácter voluntario, pero obliga al alistamiento a todos los varones de 18 años. En caso de que el número de voluntarios no fuera suficiente para cubrir las necesidades de defensa, será imperativo el prestar servicio.

De esta manera, se pretende incrementar las cifras de soldados en activo: de 183.000 a 255.000. En el año 2035, se espera llegar a los 270.000. También está previsto que se añadan hasta 200.000 reservistas.

Todos los jóvenes varones deberán cumplimentar un formulario sobre motivación y aptitud. Sin embargo, la obligatoriedad no se extiende a las mujeres, ya que el deber defensa de la Constitución alemana fue redactado en género masculino, por lo que sería necesaria una reforma constitucional para incluirlas.

El regreso del servicio militar en Alemania lleva fraguándose un tiempo. Ya en verano de 2024, el ministro de Defensa Boris Pistorius anunciaba un plan para establecer el servicio de forma "selectiva". El pasado agosto, el Consejo de Ministros alemán sentó las bases para esta medida a través de un proyecto que tuvo que ser debatido en el Bundestag. Finalmente, este mes de diciembre se aprobó el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania.

El Ministerio de Defensa ha anulado en los últimos días decenas de contratos adjudicados a empresas israelíes como consecuencia del veto al material de defensa de ese país, incluido uno para la adquisición de guías láser para el combate aéreo por importe de 207 millones de euros, según informa EFE.

Son cancelaciones enmcarcadas en el plan de desconexión de Defensa de la tecnología israelí y afectan a contratos en su mayor parte firmados en los dos últimos años, según ha podido comprobar EFE a través de la plataforma de contratación del Estado.

En concreto, la adquisición del 'POD designador láser para sistemas de combate aéreo' recayó en Rafael Advanced Systems en 2024 por 207.414.102 euros por ser la única empresa con capacidad para desarrollarlo.

La anulación se formalizó la pasada semana, antes incluso de la aprobación del Real Decreto que ha dado soporte legal al boicot a las empresas israelíes, al igual que ocurrió con los contratos para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra y valoradas en casi 1.000 millones de euros.

A lo largo de esta semana, se han sucedido las anulaciones de contratos de menor cuantía pero que afectan incluso a material para combatir los incendios destinado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), como unas mochilas ignífugas adjudicadas a Guardian Homeland Security por 59.616 euros.

Con la empresa Netline Communications Technologies se ha dado marcha atrás a un contrato de 1,4 millones para la compra de material complementario a los inhibidores de frecuencia con los que ha equipado a los vehículos de las Fuerzas Armadas y otro de 470.000 euros para la sincronización de esos inhibidores.

También se ha anulado el contrato para la compra a Israel Military Industries (IMI) del programador M339 SETTER espoleta 120 mm, compatible con los carros Leopard, por importe de 2,2 millones de euros.

Quedan sin efecto además varios contratos con Elbit Systems, los más costosos para el mantenimiento y repuesto de los sistemas de radioenlaces (4,5 millones).

Otros contratos anulados son para el sostenimiento de las cámaras térmicas coral, visores nocturnos y designador láser Rattler de las unidades de Infantería de Marina que comercializa la española Blanch International, pero con tecnología israelí, al igual que un designador láser JTAC Rattler XR por 1 millón de euros.

Con Pap Tecnos se han roto contratos para el mantenimiento de estaciones de armas Rwcs Minisamson utilizadas en el vehículo RG-31 por 350.000 euros.

El aumento del presupuesto de defensa en Europa, que en España ya supone el 2% del PIB pero que la OTAN quiere incrementar hasta un 5%, no es el único síntoma de los vientos de guerra que soplan en el continente. El empeño de Rusia en someter por la fuerza a Ucrania, privándola de una parte sustancial de su territorio y condicionando su política exterior, unido a la decisión de Estados Unidos de abandonar el papel de líder de la defensa europea, ha obligado a Bruselas a reordenar sus prioridades. Ahora, contar con armas y con soldados suficientes es una de ellas.

Es en ese contexto en el que el paso que acaba de dar el Gobierno alemán de Friedrich Merz para poner en marcha un modelo de servicio militar basado inicialmente en voluntarios a partir de 2026 impulsa un debate que en España se consideraba resuelto y en el que, al menos hasta ahora, el único discrepante es Vox.

El modelo alemán —a partir del año que viene, los jóvenes germanos de 18 años que respondan “sí” a la pregunta de si desean prestar servicio militar lo harán durante al menos seis meses— es una fórmula más de las muchas que los países de la UE están poniendo en marcha para suministrar efectivos a sus ejércitos: nueve de los 27 cuentan con algún tipo de servicio militar. Finlandia y Estonia, con frontera rusa, lo han impuesto de manera obligatoria para todos los hombres adultos. Dinamarca, Letonia y Lituania seleccionan a los reclutas mediante un sorteo. En Suecia se recluta a una pequeña proporción de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad.

En España, sin embargo, ese debate ni se ha planteado. Todavía. A día de hoy, PSOE y Sumar, que son los partidos que forman el Gobierno, descartan categóricamente esta posibilidad. El Partido Popular nunca ha mostrado interés en un retorno a la obligatoriedad, que ellos mismos abolieron en 2001 durante el segundo mandato de José María Aznar.

Únicamente la extrema derecha, liderada por Santiago Abascal, ha propuesto explícitamente la vuelta a la mili, aunque sus iniciativas parlamentarias se orientan de forma más pragmática hacia la mejora del sistema de reservistas voluntarios y el apoyo al ejército profesional. El líder de Vox defiende en última instancia un servicio militar obligatorio, aunque nunca ha concretado si la duración sería de uno, tres o seis meses.

La discusión en los círculos de defensa no se centra en la conscripción masiva del pasado, sino en la posibilidad de un modelo de reserva selectiva, similar al utilizado en los países nórdicos, que los militares consideran que se ajusta mejor a las necesidades de un ejército moderno y tecnológicamente avanzado.

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 30 que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”, aunque deja en manos de la ley determinar “las obligaciones militares de los españoles” y, en su caso, “el servicio militar obligatorio”.

La transición hacia un ejército profesional fue un proceso gradual y, en gran medida, impulsado por un movimiento social de desobediencia civil que puso en jaque el sistema de reclutamiento. A partir de los años 70, grupos antimilitaristas y de objeción de conciencia, como el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), cobraron fuerza, defendiendo la no violencia y la insumisión. El PSOE de Felipe González intentó solucionar ese dilema aprobando en 1985 una Ley de Objeción de Conciencia que ofrecía un servicio social alternativo. Sin embargo, la movilización continuó, con miles de jóvenes declarándose insumisos e ingresando en prisión.

La crisis del sistema se acentuó a finales de los años 90. Cerca de la mitad de los jóvenes llamados a filas (todos varones, porque las mujeres estaban excluidas) eludían el servicio, ya fuera por objeción, motivos de salud, económicos o simplemente no presentándose, lo que los convertía en prófugos.

Quienes se negaban a prestar el servicio militar iban a la cárcel, pero acabaron siendo tantos que a finales de los 80 solo se detenía al 8,5% y la estancia media en prisión no pasaba de 18 días. El Gobierno del PSOE se vio desbordado. Las cifras de objetores llegaron al 37% del contingente militar en 1994. En 1995, la bolsa de objetores en espera de la prestación social sustitutoria llegó a 200.000.

La decisión final de abolir el servicio militar obligatorio puso fin a más de dos siglos de reclutamiento militar forzoso en España. El propio Aznar defendió la medida como un logro de su partido, argumentando la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas profesionales y modernizadas.

Lo que alimenta el debate sobre el servicio militar no es solamente la creciente inestabilidad geopolítica, sino también los desafíos a los que se enfrenta el ejército profesional y su necesidad de contar con efectivos de reserva suficientes en un contexto de bajo crecimiento demográfico y un acusado envejecimiento de la población.

La percepción social sobre el tema es compleja y contradictoria. Las encuestas de opinión reflejan una sociedad dividida. Mientras un estudio de YouGov indica que el 42% de los españoles apoyaría el servicio militar obligatorio, otra encuesta del mismo organismo reporta que el 53% está en contra. Un estudio de 40dB publicado en abril rebajaba el porcentaje de los que están “muy o bastante de acuerdo” con la reimplantación del servicio militar obligatorio a un 35%. Esta aparente discrepancia puede explicarse por la manera en que se formula la pregunta y el contexto ideológico de los encuestados. El apoyo es significativamente mayor entre las personas de más edad y los votantes de Vox.

La postura del Gobierno español, liderado por el PSOE, es de rotunda negativa a la reinstauración del servicio militar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado explícitamente que su departamento no se plantea esta posibilidad “en absoluto”. Según la ministra, la profesionalización del ejército es la dirección estratégica correcta para España, y la decisión de otros países de recuperar la conscripción responde a sus propias particularidades geográficas y geopolíticas. Robles insiste en mantener el modelo militar español, basado en unas Fuerzas Armadas “profesionales”. “Cada país tiene su modelo. Tenemos fuerzas armadas profesionales, comprometidas. Nosotros apoyamos el sistema que tenemos en este momento”, ha zanjado la ministra ante las preguntas de los periodistas en Berlín.

El Partido Popular se encuentra en una posición singular en este debate, porque defender la vuelta a la mili obligatoria —una posición en línea con sus socios europeos— entraría en contradicción con una decisión de Aznar de la que el partido siempre ha hecho bandera.

Actualmente, las propuestas del PP en materia de defensa se centran en consolidar el modelo de ejército profesional y en fortalecer la posición de España como socio de la OTAN. Las propuestas de Alberto Núñez Feijóo se orientan, al menos de momento, a la mejora de la eficiencia, la planificación y las condiciones laborales dentro del marco del ejército profesional, no a una reforma fundamental de su modelo de reclutamiento.

Eso deja solo a Vox. Abascal ha defendido esta medida en múltiples ocasiones, ligándola a la formación de los jóvenes en “una entrega a la patria” y a valores como la disciplina y la lealtad. Sin embargo, existe una notable discrepancia entre esta retórica y la actividad legislativa del partido. Un análisis de sus proposiciones no de ley revela que sus prioridades en materia de defensa se alinean con un enfoque más pragmático y orientado al modelo profesional actual. Las propuestas de la extrema derecha se han centrado en la creación de un nuevo modelo de reserva voluntaria, en la mejora de la transición profesional para los militares de tropa y marinería que dejan el servicio al cumplir 45 años y en la dignificación de su acceso al mercado laboral civil.

Su propuesta de una mili obligatoria parece operar más como un elemento simbólico y de identidad política para movilizar a su base de votantes que como una política pública concreta. El propio Abascal evitó el servicio militar en su juventud al solicitar tres prórrogas, lo que demoró su cumplimiento hasta que entró en vigor la abolición de 2001.

El debate en España, más allá de la obligatoriedad, se ha centrado en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y en el desarrollo de modelos de apoyo que no impliquen el reclutamiento forzoso. La discusión, en los círculos especializados, se orienta hacia la forma de fortalecer la reserva militar, una necesidad estratégica reconocida por expertos.

En España, la reserva militar es un cuerpo complementario de las Fuerzas Armadas, vigente desde 2007, formado por ciudadanos que, de manera voluntaria, firman un compromiso para incorporarse temporalmente en caso de necesidad. Su función es reforzar a los Ejércitos de Tierra, Aire y Espacio, la Armada y los Cuerpos Comunes en situaciones de crisis, misiones internacionales o refuerzos puntuales. Además de los reservistas voluntarios, existe la figura de los reservistas de especial disponibilidad (RED), que son antiguos militares de tropa y marinería que, al finalizar su compromiso activo, pasan a una situación de reserva hasta los 65 años con posibilidad de ser movilizados.

Actualmente, España cuenta con una cifra reducida de reservistas si se compara con el tamaño de sus Fuerzas Armadas. Los datos más recientes sitúan en torno a 3.000–4.000 los reservistas voluntarios y unos 9.500 los de especial disponibilidad, lo que supone un total de aproximadamente 12.500 reservistas operativos. Aunque cumplen un papel de refuerzo, el número es considerado bajo por muchos analistas de defensa, que señalan que esta fuerza tendría que multiplicarse varias veces para responder adecuadamente a un escenario de crisis de gran envergadura. Algunos se atreven a hablar de cifras y sostienen que para España sería adecuado contar con 80.000 españoles preparados para una movilización.

La comparación con otros países europeos es reveladora. Francia dispone de unos 44.500 reservistas y Alemania alrededor de 34.600, mientras que incluso países más pequeños como Finlandia cuentan con decenas de miles de ciudadanos integrados en sistemas de defensa territorial. Frente a estas cifras, España aparece en la parte baja de la tabla, con una reserva que es cuatro veces menor que la media europea en proporción a su población.

Para ser reservista se exigen diversos requisitos, como la nacionalidad española, una edad específica (entre 18 y 58 años, según el empleo), aptitud psicofísica y la ausencia de antecedentes penales. Las retribuciones durante los periodos de activación son idénticas a las de los militares profesionales del mismo empleo.

Es aquí donde el PP pone más el énfasis. Ha impulsado la creación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Defensa para desarrollar un nuevo modelo de reserva voluntaria y modernizar el Reglamento de Reservistas Voluntarios. En su programa electoral propone desarrollar un nuevo modelo de reserva voluntaria que mejore las capacidades operativas y refleje el compromiso ciudadano con la defensa. En el Congreso, ha presentado proposiciones no de ley para reformar el reglamento de los reservistas, flexibilizar sus períodos de activación y ofrecer incentivos como becas, ventajas laborales o facilidades en el acceso a la administración pública.

Más allá del servicio militar obligatorio y el modelo voluntario, el modelo nórdico parece ser el preferido por la cúpula militar española. Este sistema, utilizado por países como Suecia y Noruega, no implica un reclutamiento masivo, sino una selección de un pequeño porcentaje (alrededor del 4-7%) de la población para un servicio militar intensivo, en teoría obligatorio pero en la práctica voluntario. El objetivo no es formar a una gran cantidad de soldados no especializados, sino reclutar a jóvenes con las habilidades y capacidades más adecuadas para integrarse en un ejército moderno que demanda un alto grado de especialización y conocimientos tecnológicos.

Quienes lo defienden presentan este modelo como una alternativa viable a la antigua mili, ya que evita la mayoría de los desafíos logísticos y económicos de la obligatoriedad universal, al tiempo que permite al ejército mantener una base de reserva estratégica altamente cualificada.

La principal barrera para un retorno a la obligatoriedad es el coste económico. La formación de un gran contingente de jóvenes requeriría una inversión masiva en infraestructura (cuarteles, equipamiento), personal (instructores) y manutención. Además, los expertos señalan que el corto periodo de servicio que se podría imponer (de pocos meses) sería insuficiente para capacitar a los reclutas en el manejo de sistemas de armas cada vez más complejos y sofisticados.

La previsible resistencia social, además, supone un problema. El movimiento de insumisión de las décadas de 1980 y 1990 puso de manifiesto la profunda impopularidad del sistema, que interfería en la vida académica y laboral de los jóvenes. En el contexto actual, la interrupción de la formación universitaria o profesional de una generación completa para una capacitación militar que podría ser estratégicamente ineficaz se percibe como un coste social inaceptable.

El analista, militar retirado y colaborador de infoLibre Jesús Núñez argumenta el sinsentido de volver a la mili obligatoria. “Desde el punto de vista estrictamente militar, esa medida sería un contrasentido. Hace ya mucho que el poder de un ejército no se mide por el número de efectivos que acumula”.

El análisis de los conflictos bélicos registrados desde el final de la II Guerra Mundial, explica en un artículo reciente, “muestra que raramente la victoria o la derrota se decide por el número de soldados en línea”. Y “nada indica que en el futuro se vayan a necesitar masas de hombres (y de mujeres) en armas; más bien al contrario, el desarrollo tecnológico aplicado a la maquinaria militar apunta a contingentes más reducidos. Más recursos humanos en armas no equivale a más poder militar”, sentencia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha proyectado en el Senado decenas de vídeos e imágenes que su departamento ha difundido a través de la red social X de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otros grupos pertenecientes a las fuerzas armadas en los incendios, según informa EFE.

Lo ha hecho en la Comisión de Defensa, donde ha comparecido a petición del PP para dar cuenta del dispositivo de las fuerzas armadas desplegado con motivo de los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias.

Robles ha comenzado su intervención deseando la recuperación de los militares heridos en los incendios e, inmediatamente después, y durante más de cuarenta minutos, ha proyectado en la sala imágenes y mensajes difundidos en X.

Lo ha hecho por orden cronológico ante la atenta mirada de algunos senadores, mientras que otros atendían a sus notas y papeles. 

Desde el 29 de julio, con la UME ya desplegada en tres incendios en Cuevas del Valle (Ávila), Caminomorisco (Cáceres) y Cañiza (Pontevedra), el Ministerio de Defensa ha informado a través de la red social X de ello, con 161 publicaciones, de las que 148 contienen datos informativos concretos, como ubicación, despliegue y maquinaría empleada.

Las compañías del sector armamentístico continúan pescando en la cúpula militar en pleno proceso de rearme. La Oficina de Conflictos de Intereses acaba de dar el visto bueno al fichaje de un teniente general del Ejército del Aire y del Espacio para ponerse al servicio de la firma Airbus. El suyo es el enésimo salto al sector privado desde lo más alto de las Fuerzas Armadas. Solo en la última década, según datos recopilados por este diario, alrededor de una veintena de altos cargos militares han recibido luz verde por parte del Gobierno para trabajar con empresas de armamento.

El teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez era hasta el pasado mes de agosto, momento en el que se publicó su cese, quien se encargaba de representar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas, ante el Comité Militar de la OTAN y el Comité Militar de la Unión Europea. Entre sus funciones, velar por los intereses españoles ante dichos órganos. Pero ahora comenzará a hacer carrera en el sector privado de la mano de la compañía aeroespacial.

El grupo, que cubre a través de sus diferentes firmas más de la mitad de las ventas del sector y en el que tienen una importante participación el Estado francés, alemán y español, ha decidido incorporarlo, según explican fuentes de la compañía a infoLibre, al Comité de Seguridad de Airbus España. "No es empleado, es miembro de este comité", completan desde la empresa.

La suya es la segunda autorización concedida en lo que va de año para dar el salto a empresas del sector de la defensa, industria que en 2023 tuvo una facturación consolidada de 13.900 millones de euros. A finales de enero, Fernando Ángel García y García de las Hijas, quien fuera jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, obtuvo luz verde de la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar con Indra, el gigante español de la ingeniería tecnológica para defensa que tiene a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como accionista mayoritario.

Indra y Airbus son dos de las compañías más atractivas para aquellos jefes de las Fuerzas Armadas que deciden dar el salto a la empresa privada. Francisco González-Espresati, antiguo jefe del Mando Aéreo de Combate, también tiene activas en estos momentos, según figura en el Portal de Transparencia, autorizaciones para asesorar a la tecnológica en el "ámbito aeroespacial" y en la "defensa", así como permiso para trabajar con la firma Integración Tecnológica Empresarial (ITE) –la que se hiciera con el mantenimiento de carros del Ejército– o con Telespazio, especializada en tecnologías satelitales. Y a Indra dio el salto también uno de sus predecesores al frente del Mando Aéreo de Combate: Eugenio Ferrer Pérez.

La firma aeronáutica, por su parte, fichó el pasado año a Fernando de la Cruz Caravaca, quien fuera segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, al que incorporó como responsable de relaciones públicas. La Oficina de Conflicto de Intereses también ha dado permiso para trabajar en Airbus a lo largo de la última década a Juan Antonio Carrasco, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa; a César Simón, jefe del Mando Aéreo de Combate; y a Ignacio Bengoechea, antiguo segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, al que también fichó la compañía especializada en misiles SMS.

Esta última es una suerte de joint venture de las firmas armamentísticas Sener, Escribano Mechanical & Engineering, GMV e Instalaza. La primera compañía fichó en su día como consultor al que hubiera sido oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas: el exJemad Fernando Alejandre. Y para trabajar con la segunda se concedió permiso a finales de noviembre al exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Fernando García-González Valerio. No es, sin embargo, el único vinculado al Ministerio de Defensa que dio el salto a Escribano. Lo mismo hizo en su día quien fuera secretario de Estado de Defensa en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Agustín Conde.

El Grupo Oesía también da buena cuenta de esa segunda vida en el sector privado de los responsables militares. Para trabajar con ellos recibió autorización el año pasado el general Miguel Ángel Ballesteros, quien fuera director del Departamento de Seguridad Nacional. Y en años anteriores Eduardo Gil, antiguo segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. O su homólogo en la Armada, José Luis Urcelay. Especializado en ingeniería electrónica para los sectores de la defensa y la seguridad, este grupo cuenta entre sus marcas con Tecnobit, para cuyo asesoramiento fue autorizado en 2015 Fernando Sacristán, quien fuera jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

Urcelay también recibió en su día luz verde para desarrollar servicios de consultoría y asesoramiento en Everis, compañía de la que fue presidente el exministro de Defensa Eduardo Serra y a la que también dio el salto como asesor estratégico José Carrasco Gabaldón, que ocupó el cargo de jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. Y fichó por Maxam, del que llegó a presidir su división de defensa –Expal–, que acabaría siendo adquirida por la alemana Rheinmetall.

No es, sin embargo, la única firma española del sector que ha terminado en manos extranjeras. Lo mismo ocurrió con Santa Bárbara Sistemas, vendida a la estadounidense General Dynamics y que fichó de director de estrategia a Miguel Comas, quien fuera jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Un mercado de la defensa en el que, cada vez más, juegan un papel clave las firmas tecnológicas. Es el caso de TRC, focalizada en ciberseguridad, a la que ha asesorado Rafael Comas, antiguo jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. O de Hisdesat, empresa operadora de satélites por la que ha mostrado un interés especial en los últimos meses Indra y para la que pidió autorización el exjefe del Mando de Personal del Ejército del Aire Pablo Castillo.

Y luego están las consultoras tecnológicas especializadas en defensa y seguridad. La Oficina de Conflictos de Intereses autorizó en plena pandemia a Salvador Delgado, jefe de Apoyo Logístico de la Armada, trabajar para Argos. Y unos meses después, a Juan Montenegro, quien fuera representante ante el Comité Militar de la OTAN, para fichar por Inetum.

El Gobierno mueve ficha en lo relativo a la compraventa de armamento a Israel. Dos semanas después de que el Congreso de los Diputados iniciase la tramitación de la ley para el embargo de material de defensa al Estado hebreo, al que desde el Ejecutivo califican abiertamente de "genocida", el Ministerio de Defensa ha decidido dar un giro de ciento ochenta grados para dejar fuera dos de los contratos más jugosos que tiene ahora mismo sobre la mesa con los gigantes armamentísticos israelíes. No son, sin embargo, las únicas adjudicaciones con compañías de este país que estaban a la espera de ser formalizadas. En esa misma situación se encuentran, al menos, otros dos grandes contratos. Defensa ya anunció la intención de paralizar uno de ellos en noviembre. Sin embargo, no aclara cuál será el futuro del otro, valorado en 1,3 millones.

La decisión de la cartera que dirige Margarita Robles, que supone un volantazo respecto a la posición mantenida hasta el momento –hasta hace no mucho defendían que la tecnología que aportaban dichas empresas era insustituible–, responde a un intento de desligarse de Israel en esta materia. Un plan de "desconexión tecnológica" sobre el que ya la semana pasada habló la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en un desayuno informativo en Madrid. El objetivo es poner fin a la dependencia de las compañías israelíes para que España y Europa tengan un "desarrollo tecnológico propio". Algo en lo que, de hecho, abunda el reciente Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que se encargó de presentar a finales de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De cara a esa "nueva fase de desarrollo industrial y tecnológico", el Ejecutivo ha decidido dejar fuera de dos de sus grandes contratos armamentísticos a compañías del Estado hebreo. Uno de ellos, con un valor estimado de 287 millones de euros, es el relativo a la adquisición de 168 sistemas de misiles antitanque Spike LR2 para las Fuerzas Armadas. En principio, iban a participar en la producción empresas españolas como Escribano, Tecnobit, Expal o Fábrica de Municiones de Granada, si bien el contratista principal que iba a coordinar a todas ellas era Pap Tecnos, filial en nuestro país del gigante armamentístico israelí Rafael Advanced Defense Limited. Ahora, con la cancelación de la compra bajo licencia israelí, Defensa deberá encontrar un sustituto.

Y el mismo camino parecen dispuestos a seguir con el contrato de suministro del sistema lanzacohetes Silam, valorado en 697 millones de euros. Fue el consorcio compuesto por Escribano y Rheinmetal Expal el que se hizo con la adjudicación. Ahora bien, la intención era desarrollarlo en base al sistema PULS (Precise and Universal Launching System), de la firma israelí Elbit Systems. Una transferencia de tecnología que, finalmente, no se llevará a cabo. La idea del Ejecutivo es encontrar ahora un nuevo socio tecnológico que permita continuar con el programa armamentístico pero al margen de los gigantes del sector de la defensa del Estado hebreo.

Ambos fueron adjudicados hace meses. Pero aún no habían sido formalizados –es decir, todavía quedaba la firma final–. En la misma situación se encuentran, en estos momentos, al menos otros dos grandes contratos que el Ministerio de Defensa ya había cerrado con compañías israelíes por un total de 3,5 millones de euros. El más potente, valorado en 2,2 millones, es el relativo a la adquisición del programador M339 Setter, compatible con espoleta 120 milímetros, "para la mejora de disparos" desde los carros de combate Leopard. El mismo fue adjudicado el pasado mes de noviembre a IMI Systems Ltd, que forma parte del conglomerado de Elbit Systems.

Este gigante israelí nunca ha ocultado el papel que juegan sus armas en la Franja de Gaza. "Las municiones de precisión suministradas a los aviones de la Fuerza Aérea dieron superioridad estratégica a las FDI y los aviones pilotados a distancia proporcionaron inteligencia de calidad y realizaron ataques quirúrgicos", señalaba el presidente de la firma en una reciente conferencia con inversores. Armamento que, en ocasiones, ha sido empleado contra personal humanitario. Según publicó en su día el diario Haaretz, el Hermes 450 fue utilizado en el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el convoy de World Central Kitchen, la ONG que lidera el cocinero español José Andrés, en el que murieron siete trabajadores.

El Ejecutivo defiende que este contrato fue paralizado a finales de noviembre tras comprobar cuál era la empresa a la que iba a adjudicarse. Y lo hizo por la vía de la no formalización. Sin embargo, en la Plataforma de Contratación del Sector Público no aparece, por el momento, referencia alguna a la anulación de esta licitación, algo que sí se hace constar en algunas otras publicadas en dicha herramienta.

En modo de espera se encuentra también una adjudicación de 1,3 millones para la adquisición de bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia vehiculares de las Fuerzas Armadas, con la que se hizo la israelí Netline Communications Technologies Ltd al ser "la única capacitada para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico" y tras negociarse "mejoras de interés para la administración". Se trata de una compañía de guerra electrónica creada a finales de los noventa y especializada en sistemas antidrones, neutralización de dispositivos explosivos controlados a distancia o bloqueo de comunicaciones.

En el Gobierno no aclaran, al menos por el momento, si la nueva posición del Ministerio de Defensa prevé una rescisión o anulación de estas adjudicaciones que siguen en una suerte de limbo. "Paso a paso", se limitan a decir. En su comparecencia ante el Congreso, no obstante, Sánchez calificó como "absolutamente razonables" aquellas adquisiciones que no implican "armamento ni munición" o son "componentes absolutamente imprescindibles para el funcionamiento y seguridad de los equipamientos ya existentes" en manos de las Fuerzas Armadas: "Por ejemplo, le pongo un caso: inhibidores de frecuencia antibombas, escáneres de explosivos cuya función, por cierto, no es otra que proteger a los españoles y las Fuerzas Armadas españolas que están desplegadas en misiones de paz".

El Ministerio de Defensa ha ordenado suspender la licencia de una empresa israelí para fabricar en España 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2 destinados a equipar al Ejército de Tierra.

Según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de Defensa, el ministerio ha ordenado revocar este contrato que se anunció el 3 de octubre de 2023 por un valor de alrededor de 285 millones de euros y que fue adjudicado a la empresa Pap-Tecnos, filial española de la empresa israelí Rafael Advanced Defense System.

Entonces, Defensa explicó que la obsolescencia de los sistemas utilizados hasta ahora obligaba a reemplazarlos por otros más modernos, como los que ya se encuentran en servicio en muchos de los ejércitos de los países aliados y que la empresa israelí era la única capacitada técnicamente para el desarrollo de estos misiles de quinta generación.

La adjudicación -que no ha llegado a formalizarse- contemplaba que el Ministerio de Defensa debía pagar unos 285 millones de euros en cinco años para equipar con estos nuevos misiles a las unidades del Ejército de Tierra y a la Infantería de Marina, que ya operaban con la versión anterior, los misiles SPIKE LR. El pasado viernes, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ya apuntó que el Gobierno trabajaba en "planes de desconexión" para no depender de Israel "de ninguna de las maneras".

Aunque dejó claro que España no tiene "absolutamente" ningún proyecto de compraventa de armamento con Israel, admitió que "algunos programas tienen dependencias tecnológicas de alguna empresa de Israel" y, por eso, Defensa estaba "trazando planes de desconexión".