Probablemente todo empezó con Jordi Pujol. Probablemente todo empezó con el asunto de la Banca Catalana y saltó por los aires cuando al antiguo hombre noble convertido en apestado se le negó la impunidad que reclamaba a cambio de hacer saltar por los aires el Estado.

También es verdad que el problema catalán y las obligaciones a las que someten a sus ciudadanos las cuestiones identitarias vienen de los años veinte, como mínimo. No hay más que leer lo que escribió al respecto Josep Pla, quien decía que si él hubiera sido inglés, alemán o ciudadano de las islas Canarias o Málaga, habría sido violentamente antinacionalista, pero que como era catalán, no tenía más remedio que ser justo lo contrario.

El caso es que la cuestión catalana y su encaje en el resto del país ha seguido teniendo, antes y ahora, un peso a ratos difícilmente soportable en la política española. Y, además, ha ido saltando de personaje en personaje ambiguo, y todos ellos complicados, hasta llegar a Carles Puigdemont, que a día de hoy se ha convertido en dos piedras en los zapatos del Gobierno y de sus propios supuestos compañeros del independentismo, tal vez porque formaba con ellos un matrimonio de conveniencia y porque a unos y otros les separaban profundas diferencias ideológicas.

El partido del que proviene Puigdemont, Convergencia, era la derecha catalana de toda la vida, muy parecida a la del resto de la nación y con problemas similares: quizá la gente ha olvidado que, poco antes de la declaración de independencia, de tres segundos, a Artur Mas había que llevarlo al Parlament en helicóptero para que así esquivase las concentraciones de trabajadores furiosos con él por sus recortes. En un abrir y cerrar de ojos, sin embargo, él y los suyos se volvieron separatistas de toda la vida. Es más, trataron de imponer sus convicciones y aspiraciones ilegítimas, o al menos ilegales, en lugar de defenderlas y razonarlas democráticamente y ateniéndose a las reglas del juego de la convivencia.

Ahora, un indudable constitucionalista como Salvador Illa va a ser presidente, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, y se produce la paradoja, otra más en el Partido Popular, de que para eso en la calle de Génova se les ha olvidado lo de la Constitución y demás. Que el PSOE ha tenido que hacer a sus socios concesiones que a muchos pueden resultarles intolerables -o intolerable que lo hagan otros en lugar de hacerlo ellos-, se entiende perfectamente. Quienes las critican están en su derecho y tienen sus argumentos.

Y en esto, Puigdemont, que aseguró que se retiraría de la política si no ganaba las elecciones, no las ganó y ahí sigue; que después advirtió al presidente Sánchez que rompería sus acuerdos si no era investido, por mucho que no tenga, ni de lejos, los votos necesarios para exigir semejante cosa; ahora asegura que va a volver a España para la sesión de investidura de Illa y que, al fin, está dispuesto a ejercer de mártir y ser detenido por las causas que pesan contra él. Sin duda, es un personaje incómodo para todos y también para su propio partido.

Por su parte, el Partido Popular forcejea para resucitar el proceso por la misma razón que contra Franco vivían mejor algunos: necesitan un enemigo del que salvar a la patria. Y en el fondo, todo sigue igual. Y esa es la mala noticia. La peor es que ahora hay una ultraderecha que también tiene algunas cartas de esa baraja. Un peligro, sin duda.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decretado el archivo de la causa que seguía contra Junts y PDeCAT por los 6,6 millones que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) fue condenada a pagar por el desfalco del Palau de la Música, según consta en una providencia consultada por Europa Press.

El archivo se produce después de que ninguna de las partes haya recurrido el auto del 15 de febrero por el que la Audiencia acordó paralizar la causa por falta de competencia para determinar quiénes son los sucesores de CDC, debido al procedimiento concursal que se sigue contra CDC ante el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona.

La sentencia del caso Palau de la Música condenó a 9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros al que fue máximo responsable del Palau de la Música Catalana, Félix Millet, y a 7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros al también exresponsable de la misma entidad Jordi Montull.

Además, ordenó comisar 6.676.105,58 euros a CDC, que en 2020 presentó un concurso voluntario de acreedores que asumió el Juzgado Mercantil número 9, que ahora tiene preferencia para determinar cómo deben pagarse las deudas del partido.

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona reconoció la competencia preferente del juzgado mercantil después de que el Tribunal Supremo así lo determinara en un conflicto de competencia, y la providencia de archivo ya es firme.

Domingo 3 de marzo de 1996. José María Aznar había ganado las elecciones generales. El líder del Partido Popular se dirigió desde el balcón de Génova a miles de simpatizantes con un discurso en el que los protagonistas eran sus votantes: “El PP ha ganado las elecciones. Habéis triunfado después de muchos años y de un modo limpio, democrático y ejemplar como hay que hacer las cosas”. “¡'Pujol, enano, habla castellano'!”, respondió la multitud en referencia al entonces president de la Generalitat. Aquel estudiante de Derecho que había comenzado su andadura en la política en las filas de Alianza Popular iba camino de convertirse en el cuarto presidente desde el regreso de la democracia a este país, pero sus 156 escaños no eran suficientes para llevarlo a la Moncloa. Necesitaba recabar apoyos. Empezaba así una carrera a contrarreloj para formar Gobierno.

Meses antes, las tensiones entre el PSOE e Izquierda Unida (IU) se habían hecho patentes. Julio Anguita había dejado claro que las posibilidades de un pacto entre su partido y el de Felipe González eran “mínimas”. El coordinador general de IU había repetido en reiteradas ocasiones que la única posibilidad de llegar a un acuerdo entre ambas formaciones sería “regenerando” a los socialistas, pero sentenció: "Es poco probable que el Partido Socialista se regenere si González continúa en el mismo". Nunca llegaron a entenderse a pesar de que podrían completar la mayoría que necesitaban con nacionalistas vascos y catalanes.

La noche electoral, en Barcelona, Jordi Pujol miraba una y otra vez los resultados. Habían sido moderadamente buenos para Convergència i Unió (CiU), con 16 parlamentarios, uno menos que en los anteriores comicios. Pero esos 16 diputados valían ahora mucho. Sabía que iba recibir tarde o temprano la llamada de Aznar. “Estos 16 diputados son importantes y nos van a permitir poder defender eficazmente nuestro proyecto de Cataluña dentro del marco del Estado español (...), pero especialmente en el campo económico y social”, dijo rodeado de periodistas en una rueda de prensa. Y así fue. Los equipos negociadores de ambos partidos se pusieron manos a la obra en la búsqueda de una hoja de ruta común. Y es que Aznar no tenía más remedio que sentarse con los nacionalistas catalanes. El Partido Socialista, evidentemente, ya había anunciado que votaría “no” en su investidura. El recelo mutuo que ambos líderes habían sentido en el pasado auguraba un acuerdo complicado. Mientras tanto, el candidato conservador lanzaba mensajes conciliadores delante de la prensa. Uno de los más destacados fue cuando un periodista de TV3 le preguntó “¿Habla usted catalán?”, a lo que este le respondió: “Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, en la intimidad, lo hablo también”.

El 27 de marzo Federico Trillo-Figueroa (PP) fue elegido presidente del Congreso de los Diputados con 179 votos. Tres días después, conservadores y convergentes pactaron la composición de la mesa de las dos cámaras. El 1 de abril, Pujol autorizaba a su portavoz en Madrid, Joaquim Molins, a negociar con Rodrigo Rato. Pero a diferencia del acuerdo con los socialistas en el año 93, esta vez desde CiU exigían un pacto detallado y por escrito, donde planteaban una serie de reivindicaciones que González había desestimado. Entre ellas, modificar la financiación autonómica (elevar del 15% al 30% la cesión del impuesto sobre la renta [IRPF]), suprimir el servicio militar obligatorio en un plazo de seis años, sustituir los gobernadores civiles por subdelegados provinciales, así como ceder a la Generalitat competencias de Tráfico, Puertos, Costas y ordenación del suelo. Paralelamente, el 4 de abril Coalición Canaria anunciaba que sus cuatro diputados apoyarían la investidura de Aznar después de un pacto de legislatura que le otorgaba más autogobierno a las islas. Mariano Rajoy fue uno de los actores clave en la negociación.

La reunión que duró casi 8 horas

El 24 de abril el presidente catalán y el líder del PP tuvieron una reunión discreta. Al día siguiente, el grupo de intermediarios de ambas formaciones se encerraron durante más de siete horas y media en una suite de la novena planta del hotel Plaza en Barcelona. Un avión de vuelta a Madrid trasladó a los catalanes al día siguiente al hotel Alameda para seguir con las negociaciones. Durante el encuentro las tensiones subieron de tono. La reunión se alargaba y los convergentes tenían que coger el último vuelo en dirección Barcelona. Hombres trajeados subían y bajaban las escaleras para llamar a Aznar e informarle de cómo avanzaban las conversaciones. Había problemas en trasladar al papel lo acordado de palabra. Finalmente, no llegaron a un acuerdo por falta de tiempo y lo pospusieron para el día siguiente.

Era 26 de abril, habían pasado 54 días desde la celebración de las elecciones y el pacto estaba a punto de fraguarse. Desde la sede de Convergencia en el paseo de Gràcia de Barcelona, ambas delegaciones —la del PP formada por Rodrigo Rato y Juan Costa y la de CiU, por Joaquim Molins, Macià Alavedra y Josep Sánchez Llibre— se negaron a explicar el contenido del pacto y se limitaron a hacer una declaración pública sin aceptar preguntas de los periodistas. Según Rato se trataba "de colaboración política y parlamentaria". Para Molins habían alcanzado un acuerdo “de investidura y de gobernabilidad". Los consejos nacionales de Convergència Democrática y de Unió Democrática habían sido convocados de manera urgente al día siguiente, el comité ejecutivo del PP también se reuniría el domingo por la mañana.

Después de siete semanas y medio de negociaciones y tres encuentros secretos, llegó la foto más esperada. Aznar y Pujol se dejaron ver por primera vez en público. Era el 28 de abril. El Hotel Majestic de Barcelona estaba atestado de cámaras, fotógrafos y periodistas con micrófonos. La expectación fue tan grande que tuvieron que hacer tres turnos para captar el momento de los dos políticos dándose la mano. De fondo se escuchan gritos que decían: “¡La mano por favor!”. Sobre el papel de 18 folios había escritos 400.000 millones de pesetas que serían transferidos en los próximos cuatro años a Cataluña. La prensa no tardó en bautizar aquel encuentro como el Pacto del Majestic.

Turno de los nacionalistas vascos

Y si la foto Aznar-Pujol abrió portadas, la frase pronunciada por el presidente del PNV, Xavier Arzalluz, el día que pisó por primera vez la sede madrileña en el marco de las negociaciones para formar gobierno, abrió titulares: “He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”. Su presencia en la calle Génova aquel martes 30 de abril despertó un gran interés entre los periodistas allí presentes. Arzalluz hizo gran parte de su intervención en euskera y uno de ellos le preguntó si sabía dónde estaba. Iñaki Anasagasti, ex portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, explicó en una entrevista en La Vanguardia que la respuesta de su compañero fue: ‘Esto de aquí detrás son las gaviotas del PP, y este edificio, la sede del PP en la calle Génova. ¿No es así? ¿Usted cree que no sé con quién estoy pactando?’.

El acuerdo se cerró a cambio de mayores competencias para el País Vasco, medidas específicas como el surgimiento de la operadora vasca de telefonía Euskaltel, así como la devolución del patrimonio histórico incautado durante la Guerra Civil. El propio Aznar llegó a plantear el traslado del Guernica de Picasso a Bilbao, lugar donde nació su padre. Aunque en el imaginario colectivo quedó el recuerdo que los votos del PNV fueron claves para la investidura de Aznar, lo cierto fue que a estas alturas de las negociaciones el pacto cerrado con CiU y Coalición Canaria le garantizaba a los conservadores los apoyos suficientes para obtener la mayoría absoluta de la Cámara. Pero el intermediario del PP encargado de entablar los encuentros con los jeltzales, Jaime Mayor Oreja, sabía que detrás había más cuestiones de fondo. Contar con el apoyo de los peneuvistas sería clave ante un escenario de negociación con ETA, además les permitió condicionar el acuerdo con CiU sobre todo al principio de las conversaciones, una vez se habían celebrado las elecciones. Para los convergentes tenía valor que sus homólogos en el País Vasco estuvieran también en el pacto.

La votación final

El 4 de mayo, día de la votación de la investidura, Aznar con unos papeles bajo el hombro subía las escaleras de la tribuna para pronunciar su primer discurso. El candidato prometía un gobierno dialogante, austero, transparente y reformista. “Avanzando juntos, reconociendo nuestro pluralismo y diversidad, respetándolo, logrando acuerdos inteligentes, actuando con lealtad a la Constitución España podrá afrontar los problemas que tiene planteados (...) señores y señoras diputados para tales propósitos solicito la confianza de la Cámara”, articuló entre aplausos. El ambiente era relajado. Felipe González prometió su apoyo en cuestiones de Estado, pero su insistencia en conocer el coste de los pactos entre conservadores y nacionalistas provocó un breve rifirrafe. Con 181 votos a favor, 166 en contra y una abstención, José María Aznar consiguió que su apretada victoria electoral se convirtiera en una mayoría absoluta en el hemiciclo.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a los exconsejeros catalanes Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales supuestamente cobradas por dirigentes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en la causa conocida como del 3%.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado abrir pieza separada del caso de la supuesta financiación irregular de CDC para investigar a estos exconsellers y a otras ocho personas, entre las que hay exdirigentes del partido y empresarios.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado este jueves registros en Triacom, una de las principales productoras de la programación de TV3, en relación con la investigación del conocido como caso 3 per cent sobre la presunta financiación irregular de ConvergènciaConvergència, han informado a Europa Press fuentes jurídicas y policiales.

En los registros en Barcelona han participado tanto los Mossos d'Esquadra como la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. La actuación policial ha sido compartida entre la Audiencia Nacional y el juzgado número 1 de Lleida, que ya investigaba la supuesta participación en la trama del que fuera presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé.

De la Mata acordó el pasado mes de agosto la imputación del exgerente de TV3 y administrador de la productora Triacom Oriol Carbò tras escuchar al responsable de Hispart, Joan Manuel Parra, declarar como testigo que el partido catalán utilizó un sistema de facturación falsa a través de una productora de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010, la primera de Artur Mas como aspirante a la presidencia.

En paralelo, la Agencia Tributaria destapó en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a Triacom, la productora estrella de TV3 investigada por supuestamente haber facturado en falso para camuflar gastos electorales de Convergència Democratica de Cataluña.

Este asunto se sigue en la Audiencia Nacional, en la denominada causa del 3%, que investiga si cargos de CDC cobraban mordidas a empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública y, posteriormente, blanqueaban esos ingresos con fórmulas como la prestación de servicios a terceros de los que en realidad se beneficiaba el partido.

Según declaró en su día Juan Manuel Parra adjuntando una grabación, Carbó le dio instrucciones en connivencia con el exconseller de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, para facturar a Triacom por conceptos ficticios el despliegue que había realizado para un acto electoral de CDC. Tal y como afirmó en la Audiencia Nacional, sólo así podía cobrar por sus servicios.

La Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE, por sus siglas en inglés) ha aprobado este sábado expulsar de su familia al partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el PDeCAT, por los casos de corrupción en los que se vio implicada la formación con su marca anterior, Convergència Democrática de Cataluña, según informa Europa Press. "Con una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, el Consejo ha tomado la decisión de expulsar al PDeCAT de la pertenencia al partido ALDE, con efecto inmediato", han anunciado los liberales europeos en un comunicado en el aniversario de la declaración de independencia.

La decisión se ha formalizado en un Consejo extraordinario celebrado en Bruselas para decidir sobre la expulsión del PDeCAT, siguiendo la recomendación que ya adoptó el pasado septiembre por unanimidad la Ejecutiva del partido europeo y que consideraba incompatible con la membresía los casos de corrupción que salpicaron a Convergència. A la reunión han acudido más de una veintena de delegaciones del total de 47 partidos miembro con los que cuenta ALDE, entre ellos dos representantes del PDeCAT.

"Esta decisión no implica posición alguna del partido ALDE sobre asuntos políticos internos en España", añade el comunicado de los liberales europeos, en un intento por desvincular la expulsión del desafío secesionista en Cataluña. Y añaden que el partido europeo deja "sus puertas abiertas" a todo "nuevo movimiento político liberal y democrático de Cataluña" que en el futura pueda querer integrarse en la familia

Esta expulsión supone la salida automática del PDeCAT del partido ALDE, no así del grupo de liberales europeos en el Parlamento Europeo, que comparte siglas con ALDE y del que forma parte el único eurodiputado del PDeCAT, Ramon Tremosa. El partido exconvergente ha estado ligado a la familia de los liberales europeos desde 1986, aunque es miembro pleno del partido ALDE desde 2005, lo que le ha permitido ser el único interlocutor en España con esta familia, hasta la entrada de Ciudadanos en 2016.

El voto se ha basado en la recomendación de la Ejecutiva, que considera que la pertenencia del PDeCAT "ya no es compatible con los principios" de la familia liberal europea, por su implicación en hechos "contrarios a los intereses y valores" de la formación, según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras del debate.

Esta recomendación fue acordada el pasado septiembre con el apoyo "unánime" de la Ejecutiva, presidida por el holandés Hans van Baalen y de la que uno de sus vicepresidentes es Luis Garicano (Cs). El partido de los liberales europeos que, además de con el PDeCAT, cuenta con Cs entre sus miembros, tiene previsto celebrar su Congreso anual del 8 al 10 de noviembre en Madrid.

El PDeCAT atribuye su expulsión a "una campaña de acoso" de Cs

El PDeCAT ha atribuido su expulsión del ALDE a una "campaña de acoso" de Cs iniciada desde que estos últimos ingresaron en la plataforma de los liberales europeos y motivada por su compromiso con el derecho a la autodeterminación de Cataluña. En un comunicado, han explicado que la formación naranja es actualmente "el principal partido del ALDE, en número de cargos electos y aportación económica, y ha abusado de este papel ante de la actitud timorata de los dirigentes del ALDE, que han traicionado así los principios fundacionales del partido".

"Nunca antes los partidos grandes se habían impuesto ni abusado de esta manera de los pequeños, ni un partido del mismo Estado había forzado la expulsión de otro representante, por muy competidores electorales que fuesen", ha criticado el PDeCAT.

Esta formación también ha defendido que ALDE "ha comprado el relato sobre corrupción como excusa porque no se podía permitir que se visibilizase que acepta que se castigue al PDeCAT por su postura política".

Además, ha asegurado que su posición es compatible con los principios liberales, "que en ningún caso niegan el derecho a la autodeterminación" y ha subrayado que el PDeCAT es un partido nuevo, que solo es responsable de sus hechos.

"No es responsable de los hechos de otros, por próximos que hayan estado en el pasado", ha concluido el comunicado, que ha acusado a ALDE de traición y de venderse, y de no ser el partido al que el PDeCAT se incorporó.

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La primera etapa, que era alcanzar un acuerdo que sirva como marco para la alianza entre Podemos e IU para las elecciones autonómicas, locales y europeas de 2019, ya está hecho. Ahora serán las direcciones autonómicas y municipales de ambas formaciones las que tendrán que abordar la parte más difícil, la que consiste en cerrar los detalles de estos pactos y elaborar las listas. Pero antes, la afiliación de IU tendrá que avalar el acuerdo, y lo hará a través de una votación que se celebrará entre los días 12 y 17 de este mes, y en la que podrán votar tanto los militantes como los simpatizantes inscritos en la federación.

Las bases de IU –militantes y simpatizantes, si bien estos últimos tendrán que pedir expresamente participar en el referéndum– tendrán que responder "sí", "no" o "abstención" a la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo con que IU concurra en coalición electoral con Podemos, Equo y otras organizaciones políticas en los procesos electorales de municipales, autonómicas y europeas de 2019?". Se habilitarán dos canales para votar: uno a través de internet, abierto entre el 12 y el 16 de junio, y otro presencial, cuyas urnas sólo se sacarán el 17 de junio entre las 10.00 y las 21.00. El lunes 18 se comunicarán los resultados.

El acuerdo venía negociándose desde enero, y fue el pasado sábado cuando Podemos, IU y Equo lo hicieron público. La federación liderada por Alberto Garzón consiguió incluir en el texto una de sus principales reivindicaciones: que su marca esté presente en el nombre de la coalición, que será Unidas Podemos IU Equo en el caso de las autonómicas y locales y Unidas Podemos cambiar Europa en el caso de las europeas. Los partidos celebrarán primarias por separado para elegir a sus candidatos, aunque en los municipios donde así lo acuerden podrán escoger la lista conjuntamente.

El pacto suscrito otorga a las direcciones locales y autonómicas de Podemos e IU mucha libertad para diseñar los detalles de los acuerdos en cada municipio y comunidad. El acuerdo estipula la creación de la marca Unidas, que funcionará como el paraguas que aglutinará todas las candidaturas que se presenten a nivel autonómico y, especialmente, local. No será necesario que las tres fuerzas se presenten en todas las localidades y comunidades para utilizar esta marca, ya que la idea es extenderla lo más posible. Y es que el hecho de que las candidaturas se presenten incluyendo la marca Unidas permitirá a la coalición que se contabilicen sus votos conjuntamente de cara a conseguir representación en las diputaciones provinciales, que reflejan el reparto de fuerzas a nivel municipal en cada provincia.

Tal y como se anunció hace meses, a nivel local podrán mantenerse las marcas de los partidos participados por IU y Podemos que triunfaron en las elecciones de 2015 (como son Ahora Madrid o Barcelona en Comú), y Podemos e IU buscan que estas formaciones –que jurídicamente son partidos independientes, aunque los compongan miembros de Podemos e IU, entre otros– se sumen a la coalición con el fin de que sus votos se contabilicen en el mismo saco que los de las candidaturas de Unidas. "Asimismo, la denominación podrá ser diferente en las elecciones municipales en Cataluña y Galicia y será fruto del acuerdo con las fuerzas políticas hermanas en esos territorios", se explicita.

En las papeletas, además de las siglas, también estarán presentes los logos de cada una de las tres formaciones. Pero, sin embargo, el acuerdo al que han llegado Podemos e IU es que las primarias se celebrarán, salvo excepciones, por separado, y después los puestos que ocupe cada candidato elegido en la lista final se negociará entre los partidos. "Para facilitar la elaboración de candidaturas en multitud de municipios, si así lo acordasen las diferentes organizaciones participantes, se podrían llevar a cabo primarias conjuntas apostando por sistemas lo más proporcionales posibles", incluye a modo de excepción el pacto.

Las primarias de cada partido se celebrarán como tarde el próximo enero, y en el caso de las conjuntas, la fecha límite es el mes de febrero. Para cerrar los acuerdos de confluencia hay menos plazo: para noviembre o diciembre de este año todos los pactos deberán estar negociados.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el ingreso será inmediato y serán conducidos desde el Palau de Justicia, donde se les ha comunicado la decisión, hasta la prisión de Brians I, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En sendos autos, recogidos por Europa Press, el tribunal señala la fecha límite de esta medida: en el caso de Millet el 3 de diciembre de 2022 y para Jordi Montull el 10 de noviembre de 2021, ya que se trata de medidas cautelares a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación y la sentencia sea firme.

Tras comunicarles la decisión, pasadas las 15.00 horas, los dos condenados han sido trasladados a los calabozos del Palau de Justícia por los Mossos d'Esquadra, y ha podido verse cómo salía el asistente de Millet con su silla de ruedas vacía y se reunía con la mujer de Millet, Marta Vallès.

El tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, ha celebrado una vista este lunes para abordar posibles medidas cautelares para Millet, Montull, su hija Gemma y Daniel Osàcar, previas a que la condena por el saqueo del Palau sea firme, y tras la vista les ha citado para comunicarles la decisión.

La Fiscalía pidió este mismo lunes el ingreso en prisión provisional para Millet y Jordi Montull durante la mitad del tiempo de condena ante el evidente riesgo de fuga; y comparecencias periódicas para los condenados Gemma Montull y Daniel Osàcar.

"No sé cómo va a huir"

Las defensas lo rechazaron, alegando que siempre han respondido ante la justicia, además del estado de salud y edad de los acusados.

La defensa del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, Abraham Castro, por su parte, se opuso a la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción: "Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé cómo va a huir".

Castro negó que haya riesgo de fuga tras la condena, a diferencia de lo que argumenta la fiscal Marta Marquina: "Aquí está el señor Millet, como siempre ha estado en estos nueve años de procedimiento".

Opinó que, con la condena de nueve años y ocho meses de cárcel de Millet, "incluso" se disminuye el riesgo de fuga en comparación con la situación previa, cuando Millet se enfrentaba a los 84 años de prisión que le solicitaba la acusación particular y a los 27 que pedía Fiscalía en su escrito de conclusiones provisional.

Así, ha defendido que Millet tiene arraigo familiar en Catalunya, lleva nueve años casi "sin salir de su casa para nada", y que vive con su esposa y su hijo que padece de una discapacidad mental que requiere de su cuidado. Alegó además que, debido a este caso, Millet no tiene bienes para fugarse y que, según la propia sentencia, "no constan otros bienes distintos que los aportados para sufragar el daño puestos a disposición de la justicia".

Por su parte, la defensa de Jordi Montull, Jorge Navarro, ha rechazado también la petición de la Fiscalía de que su cliente ingrese en prisión provisional, alegando la edad de Montull —75 años—, su estado de salud ya que tiene problemas cardíacos, y que ha cumplido "religiosamente" acudiendo a todas las citas con la justicia.

En el caso del extesorero de CDC Daniel Osàcar, Judit Gené, su abogada se ha opuesto a la petición de que comparezca cada diez días en el juzgado ya que considera que dichas comparecencias "no son justificadas, necesarias y proporcionadas" y que, debido a los 82 años y estado de salud de su cliente —insuficiencia renal y cardíaca—, serían gravosas y difíciles de llevar.

"Alta probabilidad" de fuga

En sendos autos, el tribunal considera que hay una "alta probabilidad de riesgo de fuga" ya que la situación de Millet y Montull no es la misma que antes de ser condenados, teniendo en cuenta las elevadas penas: nueve años y ocho meses para el primero y siete años y medio para el segundo.

El tribunal cree que no puede descartarse en el caso presente la posibilidad que, de no adoptarse la medida solicitada por las acusaciones y pese a que hasta la fecha el penado ha estado a disposición de la Sala, tanto Fèlix Millet como Jordi Montull opten por ponerse fuera del alcance de la Administración de Justicia: "Esta hipótesis no resulta irrazonable, ilógica o arbitraria".

Tanto en el caso de Millet como de Montull, no considera que dispongan de suficiente arraigo en España que pueda conjurar el riesgo de fuga pues, en cuanto a la situación familiar del primero, pese a tener un hijo que presenta una minusvalía psíquica, "no parece que el mismo dependa de los cuidados del penado", y en el segundo, su hija es mayor de edad y también ha sido condenada.

Además, el tribunal no descarta que dispongan de otros bienes o dinero en el extranjero que no hayan podido ser localizados y que facilitarían su huida, pese a haberles embargado todos sus bienes durante el procedimiento, y respecto a su situación de salud y su edad (Millet tiene 82 años y Montull, 75) considera que no son tan graves como para evitar una posible huida.

Osàcar y Gemma Montull

Para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, el tribunal ha aceptado la petición de la Fiscalía de retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y que se persone una vez al mes en el juzgado —el fiscal pedía cada 10 días— ya que entiende que hay riesgo de fuga debido a la condena impuesta de cuatro años y cinco meses de prisión.

Para Gemma Montull también se ha acordado la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencia cada mes, una medida cautelar que ya tenía antes del juicio, también al considerar que existe riesgo de fuga derivado de la pena de cuatro años y medio de cárcel.

Lo ha expresado en un comunicado recogido por Europa Press tras conocerse la sentencia, en la que se ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana y que ha condenado al extesorero de CDC Daniel Osàcar a 4 años y cinco meses de prisión.

El partido ha destacado que "la resolución de la sentencia del caso Palau tiene que ver con CDC, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un asunto que es anterior al año 2010".

En este sentido, ha explicado que el PDeCAT nació en 2016 y "con el ejercicio de la transparencia como uno de sus objetivos más importantes", y con el compromiso de actuar con contundencia ante cualquier caso de corrupción.

También ha asegurado que el PDeCAT respeta las resoluciones judiciales y ha reiterado su "compromiso con la transparencia y de buenas prácticas en la acción política".

El choque entre las direcciones estatal y catalana de Podemos se enquista. Desde hace semanas, las cúpulas lideradas por Pablo Iglesias y Albano-Dante Fachin no ocultan sus diferencias sobre el papel que debe mantener Podemos en el referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre y también acerca de la relación que debe mantener el partido morado con Catalunya en Comú, la formación recién fundada por ICV, EUiA y Barcelona en Comú que lidera Xavier Domènech. Fachin ya ha anunciado que convocará consultas a la militancia para decidir sobre estos dos temas, pero rechaza celebrar un congreso en el que se renueve la Secretaría General, como pide la dirección estatal. Su puesto, no obstante, estará en el alambre durante las próximas semanas, según interpretan las fuentes consultadas.

La tormenta comenzó hace mes y medio, cuando Podemos Cataluña decidió tras una consulta a los círculos del partido llamar a la participación en el referéndum unilateral de independencia como un acto de movilización y manifestación, aunque sin reconocer el resultado como vinculante. Ese posicionamiento es rechazado por Iglesias y el resto de la dirección estatal de Podemos, que insisten en que su propuesta es la de celebrar un referéndum pactado y con garantías jurídicas. La cúpula estatal del partido morado, además, ya chocó hace meses con Fachin por su negativa a integrarse en Catalunya en Comú, una confluencia que sí veía con buenos ojos Iglesias y que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, saludó al asistir al acto fundamental del partido. El "distanciamiento" entre ambas organizaciones, afirmó Echenique hace meses, es "temporal".

En las últimas semanas, el enfrentamiento entre las dos direcciones se ha recrudecido, y esas diferencias quedaron claras en el encuentro que mantuvieron Fachin, Iglesias y Echenique la semana pasada. Tras esta reunión, el líder catalán anunció su decisión de consultar a las bases sobre la posición que debe mantener Podemos con respecto a la participación en el 1-O, una consulta que se llevará a cabo entre el 7 y el 11 de septiembre. Echenique, no obstante, mostró su "sorpresa" por el paso dado por Fachin: "Les recomendamos que convocasen una Asamblea Ciudadana completa para decidirlo todo (incluyendo los órganos de dirección)", señaló el dirigente.

En los últimos días, Juan Carlos Monedero, que no ostenta ningún cargo orgánico pero que es muy próximo a la dirección de Iglesias, ha sido más directo: "La soberanía en Podemos Cataluña la tienen sus bases. Por eso la Secretaría General debe expresar la voluntad de las bases. Toca Asamblea Popular", señaló este lunes en Twitter el exdirigente, haciendo caso omiso al comunicado a través del cuál la dirección de Fachin pidió el sábado que cesen "las injerencias" de la cúpula estatal en los asuntos de Podemos Cataluña.

Así las cosas, dirigentes de varios de los sectores de Podemos interpretan que el futuro de Fachin se presenta incierto, aunque ven muy lejana la posibilidad de que Iglesias intervenga directamente para imponer sus tesis sobre el 1-O y la confluencia frente a las de las dirección catalana. "Hacer eso sería demasiado radical, y de hecho en los últimos días [la dirección estatal] ha rebajado el tono, porque actuar así, especialmente antes del referéndum, se iba a leer inevitablemente en clave de intervencionismo españolista" en los asuntos de Podemos Cataluña, explica un dirigente catalán de la formación. Otro coincide con el argumento y asegura que "el coste en términos de plurinacionalidad es enorme". E incluso el entorno de Echenique lo descarta: "Ahora mismo, no se puede ir más lejos", apunta un dirigente.

Las consultas, un arma de doble filo

Por tanto, lo más probable es que Fachin siga adelante con su plan de consultar a la militancia entre el 7 y el 11 de septiembre sobre el papel de Podemos en el referéndum del 1 de octubre. Tanto esa votación como la que la dirección catalana tiene pensado celebrar entre sus bases acerca de la relación de Podemos con Catalunya en Comú se perfilan como claves para definir el futuro del secretario general autonómico. "Las consultas le van a servir para ganar tiempo", admite un dirigente catalán, aunque otros dos señalan que son un arma de doble filo para el secretario general porque pueden ponerle entre la espada y la pared si sus posicionamientos no son los más votados.

"Si pierde claramente las consultas a los inscritos quedaría muy en entredicho" y tendría que "recapacitar", apunta un dirigente catalán a este respecto, aunque señala que no existe una mayoría opositora clara dentro de la organización catalana contra Fachin y tampoco un único líder que aúne todo el descontento. "Personas como [la diputada autonómica] Jéssica Albiach o [el senador] Óscar Guardingo sí se han pronunciado contra él, pero otros como [el diputado en el Congreso] Raimundo Viejo no", explica este dirigente en referencia a tres de los cuatro rivales que perdieron las primarias internas en las que se impuso Fachin en julio de 2016.

Las fuentes consultadas también coinciden al explicar que Fachin tampoco podría caer, hoy por hoy, a través de un proceso revocatorio iniciado por las bases o los círculos catalanes. "No es sólo que Albano [Dante Fachin] tenga a su favor a una parte de los círculos y que no exista una mayoría clara para ganar un revocatorio, sino que, además, hasta enero no se podría forzar un congreso" a través de este proceso de destitución, ya que los estatutos de Podemos únicamente permiten iniciar este procedimiento 18 meses después de la elección del cargo al que se quiera destituir.

Unas eventuales elecciones en el horizonte

En cualquier caso, si la votación de septiembre es la primera fecha clave para dilucidar el futuro de Fachin, el 1 de octubre es la segunda –"después de que pase el referéndum, cuando el asunto esté más calmado, va a empezar el baile", define gráficamente un dirigente de Podemos–. Tras la consulta, en la segunda quincena de octubre, Podemos Cataluña preguntará a sus bases por la relación que debe tener el partido morado con Catalunya en Comú. Aunque aún no se ha decidido ni la fecha concreta de esta consulta ni la redacción de la pregunta, el resultado será clave para el futuro de Fachin y de Podemos Cataluña, ya que en el horizonte se encuentra la posibilidad de que se convoquen elecciones autonómicas anticipadas.

Las fuentes consultadas coinciden en que es prácticamente imposible que Podemos Cataluña se presente en solitario a esos eventuales comicios, incluso aunque las tesis de Fachin se impusieran en la votación entre las bases. "No podemos ir en solitario porque no tenemos personalidad jurídica propia", señala un dirigente catalán, mientras otro coincide y apunta que, por este mismo motivo, "quien tiene la capacidad de tomar una decisión sobre la participación en las próximas elecciones es Podemos estatal".

"No creo que [Iglesias] dé un golpe de mano como en Galicia y diga que se confluye sí o sí, porque ERC y la CUP se pondrían las botas diciendo que Podemos Cataluña es una sucursal de Madrid", pero "ahora mismo el juego que se está manteniendo es simbólico, porque quien tiene que firmar una candidatura es Pablo Iglesias" y no Fachin, señala este dirigente, que acusa al secretario general autonómico de "representar la existencia de un Podemos catalán que no existe".

La cúpula estatal del partido, por su parte, se limita a insistir en que "hay una comunión enorme entre el discurso de Catalunya en Comú y el de Podemos" y en que no tendría sentido competir electoralmente. "Nadie se plantea nada que no sea, como mínimo, ir en coalición", señalan estas fuentes.

Ahora que los Presupuesto han superado su primer trámite en el Congreso tras el acuerdo del Gobierno con los nacionalistas vascos del PNV, toca debatir las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. Pero el Ejecutivo de Rajoy tiene otra prioridad que no es sumar el apoyo del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo: la reforma del sector de la estiba.

Después de la derrota en el Parlamento del pasado marzo, Rajoy busca ahora el consenso para la convalidación del Real Decreto. Fuentes del Grupo Popular cuentan a Cadena Ser que los ojos están puestos en el PDeCAT –antigua Convergència– y que con ellos, las negociaciones "están ya muy avanzadas". Las mismas fuentes se muestran convencidas de que el tema se abordará en el Consejo de Ministros de este viernes y que "lo más probable" es que vuelva al Parlamento la próxima semana.

Los conservadores podrían contar en esta ocasión con el PDeCAT, el PNV y dan por hecho que Ciudadanos no se abstendrá, como hizo la última vez. De aprobarse el Real Decreto, el Gobierno evitaría las multas de la Unión Europea y contarían con un argumento contra los independentistas.

Además, el Gobierno pretende reivindicar la Operación Cataluña. Según la emisora de radio, en el PDeCAT admiten que están dispuestos "a arremangarse" por el bien de los ciudadanos. 

El candidato socialista, Benoît Hamon, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de lograr un acuerdo con el líder de los Verdes, Yannick Jadot, esta misma semana para concurrir juntos a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de abril en Francia, informa Europa Press.

"Soy optimista", dijo Hamon en una entrevista concedida este martes a Europe 1, después de mantener el lunes una reunión de dos horas con Jadot para convencerle de que se retire de la carrera por el Elíseo y apoye su candidatura presidencial.

Hamon reconoció que "no será fácil" persuadir a Jadot pero subrayó que "el veneno de la izquierda es la división", alertando de que "podría ser un veneno mortal si dejamos que la derecha y la extrema derecha se enfrenten" en la segunda vuelta de mayo.

El ex ministro de Educación se mostró dispuesto a adoptar algunas medidas del programa de gobierno de Jadot "para complacer a los Verdes", pero ha dejado claro que su objetivo es presentar "un nuevo paradigma" a los franceses.

Hamon sostuvo que el acuerdo podría llegar al término de esta semana. Jadot, en declaraciones realizadas este martes en France 2, matizó: "o hay acuerdo esta semana o no habrá".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, garantizó este viernes que el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, mantendrá su cargo, y limitó las tensiones internas en la comunidad a "un proceso de reestructuración interna de la dirección". En los últimos días, informaciones aparecidas en periódicos como El Confidencial apuntaron que el desencuentro entre los partidarios de Pablo Iglesias y los de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid podrían acabar con la sustitución de López como portavoz.

Echenique presidió este viernes en la Asamblea de Madrid la quinta reunión interparlamentaria de Podemos, encargada de coordinar el trabajo de sus 143 diputados autonómicos, y, junto a López, negó que éste pueda ser relevado de su cargo. "No conozco a ningún ser humano que esté pensando en eso", garantizó. Echenique aseguró "lo bueno de tener información de calidad" es que se puede "distinguir lo que es cierto de lo que no", y declaró que las informaciones sobre el relevo de López son "falsas" igual que "muchas otras cosas que se dicen sobre Podemos".

El secretario de Organización de la formación morada sostuvo que los movimientos que están teniendo lugar en la comunidad son algo "totalmente natural" y se limitan a "un proceso de reestructuración de la dirección" igual a los que tienen todos los grupos parlamentarios o el que llevó a cabo el propio Podemos en Aragón "hace unos meses". Por su parte, Tania Sánchez, diputada en el Congreso por Madrid, aseguró que el debate de la formación morada en la comunidad es "normal" y que "no hay persecución a nadie". Para Sánchez, las informaciones publicadas responden a un "cierto interés en magnificar cualquier movimiento" que pueda haber en la organización.

Iglesias rechaza intervenir en Galicia

Con respecto al otro gran problema interno que Podemos tiene entre manos ahora mismo, la división de su dirección en Galicia a raíz de las diferencias sobre cómo confluir en la coalición En Marea para las elecciones autonómicas, Echenique también quiso quitar hierro a las discrepancias, que atribuyó a "un debate político rico". En este sentido, el dirigente aseguró que está "en contacto permanente" tanto con la secretaria general del partido en la comunidad, Carmen Santos, como con líder del sector crítico, Antón Gómez-Reino, y defendió que los resultados de las próximas elecciones autonómicas en Galicia "serán buenos independientemente del candidato".

"En estos momentos en Galicia se está hablando de política, de la relación entre Podemos y las mareas y los diferentes actores que hay allí y estoy seguro de que tras un proceso de primarias habrá un candidato apropiado para la Xunta de Galicia y tendremos unos buenos resultados", insistió. Sus declaraciones llegan un día después de que el Consejo Ciudadano autonómico de Podemos Galicia aprobase una resolución posicionándose a favor de la confluencia en una votación en la que Santos y la mayor parte de los dirigentes oficialistas no quisieron participar.

Por su parte el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que desde la dirección estatal no tienen intención de "intervenir" en un "debate" que deben tener los gallegos. "Es una cosa normal que en el marco de los órganos de dirección de los territorios pueda haber diferencias de criterios, pero no nos toca valorarlo a nosotros", sostuvo en declaraciones en el Congreso. Tampoco quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que la dirección gallega fuerce la salida de Santos, elegida hace apenas unos meses tras la destitución de su antecesor "Los inscritos de Podemos ya votaron a sus representantes" y  a la dirección estatal no le "corresponde intervenir", repitió.

La propia secretaria general gallega aseguró este jueves que "no entra" en su "predicciones" que el Consejo Ciudadano autonómico fuerce su salida con dimisiones que dejen sin quórum este órgano de decisión, como le ocurrió a su predecesor en el cargo, Breogán Riobóo. Santos, que ha perdido la mayoría con la que contaba en el Consejo Ciudadano, defendió en esta línea que "en principio no se contempla ese giro, cuando en lo que hay estar pensando es en esa ciudadanía que está ahí fuera, y en sus problemas y no en procesos internos".

Alberto Garzón se encuentra a pocas horas de coger oficialmente el timón de IU. Este domingo, el dirigente será nombrado oficialmente coordinador federal de una organización que afronta un momento de incertidumbre sobre su futuro y que, además, se encuentra inmersa en una campaña de la mano de Podemos. Frente a las voces internas que alertaban de lo contrario, Garzón ha asegurado durante meses que no pretende liquidar IU, pero la nueva federación que plantea el dirigente caminará a medio plazo a una unión más estrecha con otras fuerzas a la izquierda del PSOE, como Podemos.

Los estatutos que aprobó este sábado la Asamblea Federal de IU –su máximo órgano, que se reúne este fin de semana– incluyen una serie de cambios organizativos de calado, como la obligación de realizar primarias para escoger a los candidatos o la inclusión de cupos para las minorías en unos órganos que modificarán su funcionamiento y reducirán su tamaño. Pero, más allá de las transformaciones estatutarias, Garzón impondrá un nuevo rumbo a IU en su dirección política, con la celebración de un "proceso constituyente" como objetivo prioritario de la organización y un cambio en el lenguaje utilizado para dirigirse a los ciudadanos.

1. Acercamiento a Podemos

Tras meses de desencuentros, la colaboración directa con el partido liderado por Pablo Iglesias ya ha comenzado, y su primer hito relevante ha sido la firma de un acuerdo para concurrir en coalición a las próximas elecciones generales. No obstante, Iglesias afirmó hace unos días que, a su juicio, no hay "vuelta atrás" en esta simbiosis, ya que Podemos e IU están "llamados por la historia a caminar juntos" después de haber conseguido "crear un espacio político que representa sectores e identidades muy diferentes".

Pese a que Iglesias no dio detalles de cómo debería articularse esta confluencia duradera en el tiempo, Garzón coincide con él en la intención de mantener la alianza tras las elecciones. La hoja de ruta con la que se ha impuesto en la Asamblea de IU –tanto él como el documento obtuvieron en torno a tres cuartas partes de los votos emitidos por las bases– establece que la federación debe buscar "una unidad estable" con otras fuerzas que redunde en "un frente que agrupe las fuerzas transformadoras".

"El objetivo es configurar un bloque social y político de carácter alternativo para sustentar la estrategia de ruptura democrática y social para un proceso constituyente", mientras que "la estrategia es avanzar en la más amplia unidad popular, en un sentido completo y no sólo electoral", explica el documento, en el que no se concreta qué estructura tendría este bloque, aunque Garzón siempre ha rechazado que IU vaya a diluirse en Podemos. La idea, sugiere la hoja de ruta, es colaborar en las movilizaciones sociales para crear lazos que faciliten la colaboración institucional y orgánica.

"Sabemos que esa colosal tarea no se consigue por pactos cupulares, sino que será el producto de la lucha cotidiana, de la unidad de acción en luchas concretas", señala a este respecto Garzón en el escrito, en el que sostiene que "la unidad popular es un concepto que va mucho más allá de la mera colaboración electoral y sus distintas modalidades". "Se trata, pues, de participar en un llamamiento público, abierto, dirigido a todos los movimientos sociales, fuerzas políticas y personas de los ámbitos de las izquierdas para crear un nuevo movimiento político y social que, contando con la militancia, experiencias y recursos de IU, se articule como un movimiento para la transformación social", concluye el nuevo líder de IU.

2. La Movilización como clave del crecimiento de IU

La intención de Garzón de "construir con otros y con otras" la confluencia se vertebra, precisamente, en la movilización social. "La expresión electoral es también la última de todas", asegura el borrador de llamamiento que planteó el nuevo líder a la Asamblea Federal este sábado para su debate, un documento que señala que IU debe, previamente, "trabajar conjuntamente en las calles y en las luchas, esto es, en las manifestaciones, concentraciones, huelgas..." porque "es allí, en esas causas concretas", donde la izquierda obtiene sus "victorias".

Y es que la presencia de IU en las movilizaciones sociales como participante y también como fuerza que las estructure –lo que Garzón define como convertir IU en un verdadero "movimiento político y social"– es una de las líneas maestras de la propuesta política de Garzón, y así lo manifiesta en la hoja de ruta que se ha impuesto en la Asamblea Federal. "El papel de IU en su marcha hacia ser un verdadero movimiento debe estar centrado en la construcción de redes y tejido social concienciado y movilizado en torno al conflicto" con el fin de "extender la conciencia de clase", señala el dirigente, que afirma que "el foco ha de estar situado en la calle y en los conflictos sociales" y plantea que "el aspecto electoral" debe ser, únicamente, el "validador a posteriori" de estas actividades.

3. Un lenguaje "inteligible"

"Si nuestra clase social no entiende nuestro discurso, el problema es nuestro y no de otros". Así de claro se despacha Garzón en la hoja de ruta con la que ha vencido la Asamblea Federal. Y es que la comunicación de IU ha sido uno de los aspectos tradicionalmente más criticados de la formación, un problema que el nuevo líder quiere abordar desde el primer día transformando la forma de comunicar de IU en un "lenguaje inteligible y pedagógico".

"Debemos ser capaces de adecuar a la realidad española del siglo XXI nuestras ideas, nuestras palabras, los conceptos con los que la izquierda ha explicado su mensaje y se ha dirigido a la clase trabajadora", plantea a este respecto el documento político de Garzón. Para ello, el dirigente propone intensificar "la formación en comunicación" de la militancia, con el fin de proyectar "una imagen plural, feminizada y renovada" de IU, así como "la planificación estratégica de campañas de movilización".

Otro de los puntos a mejorar en torno a la comunicación, para Garzón, es la "vinculación entre análisis sociológico y comunicación política", es decir, la adecuación de los mensajes que emite IU a los diferentes públicos que los reciben (diferentes en edad, formación o clase social). Un buen ejemplo de esta adaptación es el trabajo en redes sociales que IU lleva desarrollando desde la campaña electoral del pasado 20 de diciembre, con un tono claramente desenfadado e informal destinado a conectar con el público joven, usuario habitual de estas plataformas.

Garzón, por otra parte, "es en sí mismo un valor para la comunicación de IU", según su círculo de colaboradores. Un dirigente muy cercano al nuevo líder destaca que una de las ventajas de la forma de comunicar de Garzón es que la federación puede tener un discurso "mucho más radical que hace unos años", ya que el coordinador entrante es capaz, a su juicio, "de expresar ideas relativas a cambios estructurales sin causar rechazo entre el público menos ideologizado".

4. El "proceso constituyente" como máximo objetivo

El borrador de llamamiento que ha planteado Garzón a la Asamblea Federal plantea "construir un nuevo sistema político y económico, poner en marcha un proceso constituyente". "No queremos reformas de chapa y pintura, ni cambios aparentes que solo servirán para consolidar un sistema que expande masivamente la explotación sobre los seres humanos y el planeta", afirma el llamamiento, que asegura que IU busca "un nuevo sistema".

Esta idea, que Garzón ya defendió en la pasada campaña electoral del 20-D, subyace en todas las ideas contenidas en la hoja de ruta política del coordinador entrante, que dibuja el escenario actual como un "momento político crucial para la historia de los pueblos de Europa" en el que se decidirá el futuro de las próximas generaciones. "Se trata de escoger entre la consolidación del neoliberalismo o entre la constitución de una alternativa económica y social construida desde la ruptura democrática y desde abajo", resume Garzón.

5. Unos órganos más compactos y con las minorías

A nivel organizativo, una de las principales obsesiones de Garzón pasa por "agilizar" una IU que, a su juicio, ha padecido de "reunionismo". Para ello, los estatutos aprobados este sábado recogen una serie de modificaciones en los órganos de dirección, que cambian tanto de nombre como de funcionamiento y reducen su cantidad de miembros.

Así, la Asamblea Político y Social –el antiguo Consejo Político Federal, el máximo órgano entre asambleas de IU– cuenta con 90 miembros elegidos por la militancia y otros 60 escogidos por las federaciones territoriales. Se reservarán dos asientos para cada uno de los partidos y corrientes que integran IU –el PCE, Izquierda Abierta o la CUT, entre otros–, y otros veinte que sólo ocuparán los partidos: dos serán para cada formación integrada en IU y el resto se repartirán proporcionalmente. Este órgano se encargará, entre otras cosas, de dar los pasos necesarios para construir un eventual espacio común con Podemos y otras fuerzas, ya que gozará de la competencia de "desarrollar el Movimiento Político y Social tomando cuantas iniciativas y acuerdos sean necesarios para su consecución".

La antigua Presidencia Federal se sustituye por la Coordinadora Federal, que asume varias de las competencias relativas a la línea política a seguir por IU. Lo compondrán los 90 miembros elegidos por la militancia para la Asamblea Político y Social, cada partido de los que componen IU tendrá dos representantes y las corrientes y organizaciones de menor rango contarán con un asiento cada una. Este órgano se reunirá cada 45 días –ocho veces al año– y en él tendrán presencia, además, los coordinadores territoriales de IU y Garzón.

La intención de Garzón, tal y como adelantó infoLibre, es además integrar a los dos sectores minoritarios con más peso –el liderado por la eurodiputada Paloma López y el encabezado por el llamazarista Tasio Oliver– en su nueva ejecutiva. Estos últimos ven con buenos ojos la oferta, pero la corriente de López considera contrarios a la normativa los estatutos aprobados este sábado y, por ello, no tiene decidido todavía si participará en una ejecutiva presidida por Garzón de acuerdo con estas nuevas normas.

6. Primarias y revocatorios

Junto a las modificaciones en los órganos, el cambio más relevante que traen los nuevos estatutos en la forma de funcionar de IU gira en torno a la forma de escoger a sus candidatos electorales, así como sobre cómo destituir a los cargos si la organización está descontenta con ellos. IU incluye en su nueva normativa los procesos de primarias entre militantes y simpatizantes como obligatorios para la elección de sus listas para los procesos electorales, así como para ratificar sus programas. 

De igual manera, los estatutos contemplan la figura del revocatorio para cargos orgánicos y también para cargos públicos. Para iniciar el proceso de destitución de los cargos internos a nivel local o federal, será necesario reunir el 40% de las firmas de la militancia o de los miembros del órgano inmediatamente superior al de aquel cargo al que se quiera cesar; posteriormente, se realizará un referéndum para decidir al respecto.

El coordinador federal saliente de IU, Cayo Lara, quiso hacer un discurso emotivo en su despedida como líder de la organización en la Asamblea Federal que celebra IU este fin de semana. Su intervención, que abrió la primera de las dos jornadas del congreso, estuvo plagada de saludos y reconocimientos. Pero el todavía líder también tuvo tiempo para deslizar una crítica contra Podemos, el partido que junto a IU integra la coalición Unidos Podemos, ya que, según afirmó, le va a "costar votar" el próximo 26-J porque preferiría que Alberto Garzón fuera el candidato en lugar de Pablo Iglesias, el líder del partido morado.

Pese a que su intervención estaba prevista como la segunda, Lara se encargó de abrir la Asamblea Federal de IU a causa del retraso que sufrió Josep María Álvarez, el secretario general de la UGT. El coordinador saliente, que tras este fin de semana pasará el testigo a Garzón, encadenó una larga lista de agradecimientos, saludos y recuerdos a dirigentes de su organización –entre ellos el secretario general del PCE, José Luis Centella, o el número dos de IU, Adolfo Barrena–, así como a líderes de la UGT y CCOO como Marcelino Camacho o Nicolás Redondo, al recientemente fallecido secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, e incluso a su esposa.

No obstante, Lara también quiso entrar en cuestiones políticas en su último discurso como coordinador federal y se refirió a la coalición que IU ha suscrito con Podemos para las próximas elecciones, cuyo logotipo con forma de corazón presidió el estrado junto a la marca clásica de IU. El coordinador saliente aseguró estar satisfecho por haber conseguido una alianza que "ha costado" pero que, confió, podría ser primera fuerza de la izquierda el 26 de junio. "Es una realidad que es buena para nuestro país y mala para los que consideran España su cortijo", planteó.

Sin embargo, Lara también admitió que IU ha "aparcado algunos puntos programáticos" en el acuerdo de 50 medidas al que han llegado ambas fuerzas porque no creaban "consenso". "Pero para nuestra organización, el no a la OTAN y el sí a la república son inseparables de nuestro ADN", reclamó el coordinador saliente, que afirmó que IU seguirá defendiendo estas políticas.

"No derramar una crítica externa sobre nuestra organización ha sido una norma de oro de este coordinador, porque críticas ya tenemos suficientes de los adversarios de clase y de los que no quieren que levantemos la cabeza la clase trabajadora de este ni ningún país", señaló igualmente Lara, que justificó su escasa actividad pública en el último año afirmando que quiso facilitar "la renovación" porque interpretó que era "el deseo mayoritario" de las bases. "Os mando un sincero deseo de aciertos a quienes asumis la dirección", planteó Lara, que posteriormente se dirigió directamente a Garzón: "Alberto, has sido, eres y serás mi candidato a la Presidencia del Gobierno. Me va a costar votar estas elecciones, y votaré como si fueras tú quien encabeza la lista por Madrid, aunque vayas como número cinco".

En relación a la confluencia, Lara reclamó que IU viene "de la cultura de la unidad", pero pidió "tanto respeto" para la "identidad" de la federación como ésta tiene por el resto de organizaciones. No fuero los únicos guiños identitarios del coordinador saliente, que afirmó que "nuestra identidad es la que une al hilo rojo, verde, feminista y republicano de la historia". "La brújula siempre señala al norte, y nuestro norte es el socialismo", aseguró el dirigente. Y tuvo tiempo para citar al escritor Gabriel García Márquez: "Todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la Tierra".

Aprobados los estatutos

Tras el discurso de Lara y el saludo de Josep María Álvarez, la Asamblea debatió sobre la propuesta de Garzón en relación a los estatutos de IU, que incluyen notables cambios en los órganos de la federación. Tal y como adelantó infoLibre, la corriente crítica encabezada por Paloma López presentó una enmienda a la totalidad de los mismos, al entender que su reforma era contraria a las normas porque el proyecto concreto no ha sido debatido por las bases. Su enmienda, sin embargo, no salió adelante, ya que obtuvo 90 votos a favor y 237 en contra. Los estatutos fueron finalmente aprobados por 278 votos favorables, 11 contrarios y 33 abstenciones.

Durante la tarde de este sábado tendrá lugar el debate sobre el documento político que saldrá de la Asamblea, en base al borrador presentado por Garzón. Este documento reclama "construir un nuevo sistema político y económico" y llama a "poner en marcha un proceso constituyente" que se aleje de "reformas de chapa y pintura", así como a trascender la confluencia del ámbito meramente electoral. "Necesitamos trabajar conjuntamente en las calles y en las luchas", sostiene el escrito.

Este borrador fue presentador por Antonio Maíllo, coordinador de IU Andalucía, y tras él intervinieron Paloma López y el llamazarista Tasio Oliver, líderes de las dos principales corrientes críticas. Ambos coincidieron en alabar el papel de Lara durante sus casi ocho años de mandato al frente de IU, y se hicieron fuertes en sus posturas. López planteó que IU "tiene un largo camino recorrido, pero le queda mucho por recorrer" poniendo en el centro del debate el "conflicto capital-trabajo" –"se nos llena la boca de orgullo" al hablar de la defensa de la clase obrera, proclamó la eurodiputada–, mientras que Oliver lamentó que "la izquierda alternativa y federal ha perdido una oportunidad" y pidió que IU no se conforme con ser "el aditivo rojo" de la confluencia e intente vertebrar las "ideas hegemónicas". 

Las bases de Podemos dan luz verde al acuerdo con IU. Tal y como anunció este jueves el secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, un 98% de los 144.540 simpatizantes que votaron en la consulta que organizó el partido para refrendar su pacto de coalición lo han apoyado, por apenas un 1,93% que ha votado no y un 0,07% que se ha abstenido. La participación supone casi un 35% de los 413.585 inscritos en Podemos, y asciende al 61,04% si se toma como referencia el número total de "inscritos activos", aquellos que han accedido a la plataforma de votación de Podemos en el último año.

La aprobación del pacto entre Podemos e IU también fue refrendada por las bases de la federación en la consulta que llevó a cabo durante el martes y el miércoles, cuando el 87,8% de los militantes y simpatizantes que votaron lo hicieron a favor del acuerdo. La participación en la consulta de IU ascendió al 32%, algo inferior al referéndum que celebró Podemos entre sus bases, que congregó al 35% de sus inscritos y que, en términos absolutos, se quedó cerca de la participación en la consulta sobre el apoyo de Podemos al pacto entre PSOE y Ciudadanos: entonces votaron 149.444 afiliados, apenas 5.000 más.

La pregunta concreta que hizo el partido morado a sus bases fue la siguiente: "¿Estás de acuerdo con que Podemos concurra a esta segunda vuelta de las elecciones que se celebrará el 26J en alianza electoral con Izquierda Unida, Equo y otras fuerzas que apuestan por un cambio real en este momento histórico y que repita en los mismos términos que el pasado 20D las confluencias En Comú Podem en Cataluña, En Marea en Galicia y Compromís-Podemos-#ÉsElMoment en Valencia?".

Una vez aprobada la alianza por parte de las dos organizaciones, únicamente queda por decidir la marca que aparecerá en las papeletas. La fecha límite para registrar las coaliciones es este viernes, si bien las listas –en las que estos días se estan negociando cambios– pueden inscribirse hasta el próximo día 23 de mayo.

Los militantes y simpatizantes de IU que votan en su segunda consulta ratifican por amplia mayoría el pacto suscrito entre la federación y Podemos para acudir juntos a las elecciones. En la segunda consulta que celebra IU en apenas unos días sobre la confluencia acudieron a votar 23.109 de los más de 70.000 militantes y simpatizantes llamados a las urnas, de los que un 87,8% aprobaron la coalición con Podemos –que da a IU ocho puestos de salida en las listas de las generales– y un 10,5% la rechazaron. El 1,6% de quienes votaron se abstuvieron.

A diferencia de la primera consulta, que IU celebró los días 2, 3 y 4 de mayo y que únicamente preguntaba a las bases si estaban de acuerdo en acudir con Podemos a las elecciones, en este segundo referéndum –celebrado este martes y miércoles– los militantes y simpatizantes aprobaron el pacto concreto, a falta de conocer la marca que la coalición incluirá en las papeletas electorales. La participación fue mayor que en el primer proceso –un 32% frente al 28,5% de entonces–, y también el porcentaje de personas que dieron su aprobación al pacto –el 87,8% por el 84,3%–, aunque IU avisó de que los resultados son provisionales "a falta de que lleguen los datos del voto presencial de algunas provincias".

En cifras absolutas, fueron 20.302 los militantes y simpatizantes que se mostraron favorables al acuerdo entre Podemos e IU, lo que implica que un 28,1% de las bases de IU han mostrado su apoyo expreso al pacto. Por el contrario, únicamente 2.433 personas votaron no a la confluencia, lo que supone un 3,3% del total de la afiliación de militantes y simpatizantes.

La pregunta concreta que IU realizó a sus militantes y simpatizantes fue "¿estás de acuerdo con que Izquierda Unida concurra a esta segunda vuelta de las elecciones que se celebrará el 26-J en alianza electoral con Podemos, Equo, los partidos de Unidad Popular, las confluencias En Comú Podem en Cataluña, En Marea en Galicia y Compromís-Podemos-#ÉsElMoment en Valencia y otras fuerzas que apuestan por un cambio real en este momento histórico y que lo haga en las condiciones que se adjuntan?".

Dado el resultado, las bases también dan luz verde a la distribución de puestos en las listas electorales. Según se conoció el martes a través de un documento que el secretario de Organización de IU, Adolfo Barrena, dirigió a la dirección de la federación, serán ocho los candidatos de IU con serias opciones de acceder a un escaño en el Congreso, e IU, además, liderará tres listas: las de Teruel, Palencia y Ciudad Real.

IU y Podemos hicieron público este martes un documento programático conjunto de mínimos con 50 medidas, un escrito que será la base de las medidas de la coalición para la próxima legislatura. No obstante, y a pesar de que las dos formaciones han anunciado que también conservarán los programas con los que se presentaron a las anteriores elecciones, las medidas incluidas en este documento conjunto suponen algunas cesiones –fundamentalmente por parte de IU– con respecto a asuntos como las quitas en la deuda pública, la salida de la OTAN o el referéndum sobre la república.

El documento se divide en cinco bloques de medidas –económicas, sociales, políticas, medioambientales y relativas a política internacional– y, básicamente, es un compendio de las iniciativas comunes de los programas electorales de IU y Podemos, que comparten la inmensa mayoría de sus planteamientos en política económica y social. Pero el partido morado ha hecho valer su mayor peso en las negociaciones para imponer su punto de vista en algunas cuestiones del programa conjunto.

Proceso constituyente

En este sentido, Podemos planteó en su programa electoral para el 20 de diciembre reformar varios artículos de la Constitución con el fin de incluir los derechos sociales al mismo nivel de protección que los derechos civiles y políticos, reformar la ley electoral, establecer el derecho de autodeterminación o fomentar la independencia del poder judicial. IU, por su parte, proponía un proceso constituyente que alumbrase una nueva Carta Magna de índole republicana y federal, que igualmente igualaría en nivel de protección los derechos sociales y los fundamentales.

El redactado del documento programático conjunto a este respecto no es precisamente concreto y se limita a plantear la necesidad de abrir "un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978". Dentro de la ambigua redacción de este proceso, que estaría precedido de un referéndum para aprobar su inicio, cabría tanto la elaboración de una nueva Constitución como la reforma de la actual.

República

Precisamente es la Carta Magna la que establece que el rey es el jefe del Estado. Y el disenso entre Podemos e IU sobre la necesidad de cambiar este extremo ha generado una cesión, en este caso de la federación de izquierdas, para alcanzar un acuerdo para el programa conjunto, ya que el documento hecho público por ambos partidos no hace referencia a la necesidad de celebrar un referéndum sobre el modelo de Estado ni tampoco plantea la defensa de un régimen republicano para España. El programa de IU, por el contrario, planteaba expresamente que su modelo es la república federal, algo que no incluía el documento de Podemos, que no hacía mención a este tema.

OTAN

Tampoco hay rastro en el programa conjunto de una de las reivindicaciones más clásicas de IU: la salida de España de la OTAN y el fin de las bases militares estadounidenses en territorio español, exigencias ambas expresadas en el lema OTAN no, bases fuera. De hecho, en cuanto a defensa, la única propuesta recogida por ambas organizaciones entre sus 50 iniciativas es la reducción del presupuesto paulatinamente hasta 2019, con el fin de gastar un 0,8% del PIB en lugar del 1% que se invierte ahora mismo.

Por el contrario, los programas de Podemos e IU sí que incluyen medidas más concretas sobre la Alianza Atlántica. IU-Unidad Popular planteó en su programa en las anteriores elecciones la "salida de España de la OTAN" y, además, exige revisar el tratado de alianza con EEUU en relación a sus bases militares; Podemos, por su parte, se limita a promover una "mayor autonomía de España y Europa en la OTAN", lo que conlleva medidas como "neutralizar" su "papel desestabilizador" en Europa del Este, "congelar las fronteras actuales de la alianza y detener la instalación del escudo antimisiles en el este de Europa y el mar Báltico".

Quita de la deuda

El programa conjunto también se mantiene neutral con respecto a las diferencias que tienen IU y Podemos en las propuestas relativas a la deuda pública. El partido morado señala en su programa que "la reestructuración de esta deuda se centrará no tanto en una reducción de los plazos de amortización o de los tipos de interés acordados, sino en una redefinición de los pagadores últimos de la factura", que a juicio de Podemos deberían ser los bancos que han sido recapitalizadas en base al rescate bancario que pidió España en 2012. Por su parte, IU pedía una "quita negociada" –algo que Podemos ya no se plantea y que tampoco está incluido en el programa común– tras auditar la deuda para ver "qué parte puede considerarse 'odiosa' o ilegítima".

A este respecto, Podemos e IU sí que están de acuerdo –y así lo refleja su programa común– en "impulsar una Conferencia Europea de Deuda que ponga en la agenda política de la UE la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro". "Proponemos una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad", explica el documento, que señala que sería el BCE quien "debería adquirir, al valor nominal, los viejos títulos y canjearlos por otros nuevos, a tipo de interés del 0%" y "reestructurar las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan el 60% del PIB". Igualmente, el programa de Podemos e IU pide implantar los eurobonos.

Nacionalizaciones en el sector de la energía

El programa de IU en las pasadas elecciones dejaba claro que la intención de la federación era "nacionalizar las redes básicas de suministro energético tanto de electricidad como de hidrocarburos" para iniciar la "explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos": de hecho, se establecía directamente la necesidad de "revertir la privatización de empresas como Endesa, Repsol y otras". Podemos, por su parte, abogaba por el "establecimiento de controles efectivos que impidan prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico", pero no planteaba nacionalizaciones.

Los planteamientos incluidos en el programa conjunto son bastante más parecidos a los de Podemos que a los de IU a este respecto. De hecho, copia el enunciado del programa de la formación morada al proponer "el establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la integración vertical", pero no habla en ningún momento de la posibilidad de nacionalizar la generación de energía. No obstante, el documento compartido por IU y Podemos sí que plantea la intención de que el Estado recupere "las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen".

Tal y como anunciaron en la tarde del lunes Podemos e IU, su acuerdo de coalición para las próximas elecciones generales establece que cada formación acuda a las próximas elecciones manteniendo el mismo programa que presentaron a los comicios del 20 de diciembre. No obstante, ambas fuerzas se han puesto de acuerdo para elaborar un documento conjunto con 50 medidas, que será la base mínima de propuestas de la alianza para la próxima legislatura.

El documento se divide en cinco bloques de medidas: económicas, sociales, políticas, medioambientales y relativas a política internacional. Fundamentalmente, el escrito es un compendio de las medidas compartidas por los programas electorales de IU y Podemos, si bien el partido morado ha impuesto su punto de vista en iniciativas como el salario mínimo interprofesional: mientras el programa de IU-UP proponía una subida "progresiva" hasta los 1.100 euros, el nuevo programa de la coalición plantea establecer un calendario que "permita alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, y que en 2019" el salario mínimo "sea de al menos 900 euros al mes".

En este sentido, el programa conjunto de IU y Podemos propone la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, lo que implica, entre otras cosas, revertir "el abaratamiento del despido de la reforma laboral de 2012". Asimismo, ambas fuerzas comparten la intención de llevar a cabo una reforma fiscal que incluya "reforzar" el IRPF, instaurar la tasa Tobin o implantar "un impuesto de solidaridad a las entidades financieras privadas" para recuperar las ayudas públicas inyectadas en la banca. Además, esta reforma incluirá una medida que el PSOE planteaba en su programa electoral: un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas.

Por el contrario, el pacto no incluye la propuesta de organizar un referéndum sobre el modelo de Estado, como ha planteado históricamente IU. En lugar de ello, únicamente se plantea la "apertura de un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978", a través de la convocatoria de un "referéndum consultivo" para iniciar ese proceso.

El líder de C's, Albert Rivera, ha considerado que Podemos se ha "quitado la careta" al llegar a un acuerdo con IU de cara a las elecciones del 26 de junio, lo que a su juicio facilita la campaña a C's y al resto de partidos.

En una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press, criticó que Podemos abrace el comunismo, una ideología que calificó de obsoleta "y que ya no es preponderante en Europa ni en el mundo".

Lamentó que aunque Podemos se presentaba como la renovación política, ahora se ha aliado con el partido "más endeudado con los bancos de España" y que tiene a dirigentes en consejos de administración de las cajas de ahorro.

Aun así, celebró que es "más fácil tener un rival que dice lo que piensa" y se muestra como el nuevo partido comunista de España.

Sobre las elecciones, auguró que no habrá mayorías, pero dijo que si C's resulta un partido decisivo, "es evidente que habrá un Gobierno estable y de cambio".

Pactos

Indicó que el futuro Gobierno será con más de un partido, aunque volvió a señalar que no pactarán con el PP si sigue liderado por Mariano Rajoy, a quien pide renovación: "Quien quiera contar con nuestros escaños, tendrá que tener una visión parecida a nosotros".

"Rajoy solo no es el problema, pero es parte del problema. El problema es lo que representa una etapa política de la que muchos españoles quieren pasar página. Rajoy, Rita Barberá, Bárcenas y el alcalde de Granada no están capacitados para volver a ilusionar al país", sostuvo.

Sobre la campaña electoral, resaltó que debe haber una reducción sustancial del gasto: "La gente se aprieta el cinturón y que mínimo que la política y los partidos, que no han sido capaces de poner en marcha una legislatura, ahorren y sean humildes".