La reforma laboral que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros se queda en un mero retoque cosmético de la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 o supone un auténtico cambio de paradigma. Los análisis no pueden ser más encontrados: van del “humo” (Gabriel Rufián) a la apelación de lo histórico (Yolanda Díaz).

Desde el mismo momento de la firma, el mensaje de la CEOE ha intentado subrayar que casi nada ha cambiado, porque el acuerdo con los sindicatos y el Gobierno mantiene intactos los aspectos fundamentales de la reforma de 2012. “El esqueleto principal”, lo ha llamado su presidente, Antonio Garamendi. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, dice que el nuevo texto conserva el 95% de la reforma que el PP aprobó sin negociación previa con los agentes sociales.

Pero por el mismo motivo, que todo sigue demasiado igual, los socios del Gobierno en el Congreso y otros sindicatos ajenos al pacto han dejado clara su decepción. El compromiso que esperaban ver cumplido era la derogación de la ley de 2012, o al menos ese encabezamiento abría el capítulo correspondiente del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Después, tanto el Ejecutivo como los sindicatos comenzaron a repetir el latiguillo reduccionista sobre “los aspectos más lesivos” de la reforma. Así fue como se situaron fuera de la agenda de la negociación buena parte de los cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajadores por aquella ley del PP. Para ERC, Bildu, BNG o Más País, el acuerdo tripartito se ha quedado manifiestamente “corto”, mientras que el sindicato CGT cree que no sólo “olvida muchos aspectos dañinos para los trabajadores”, sino que además “consolida” parte de la “terrible” reforma de 2012.

“Aún quedan cosas por hacer”, admite por su parte el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mientras el de CCOO, Unai Sordo, advierte de que “no renuncia” a sus reivindicaciones. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, niega que la reforma pactada sea “menos ambiciosa” de lo que pretendía y precisa que ejecuta una “derogación política, no técnica” de la ley del PP. También asegura que ha cumplido el acuerdo de gobierno.

Pero lo cierto es que el pacto tripartito ha excluido dos de las promesas del texto suscrito por el PSOE y Unidas Podemos: limitar la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar los descuelgues de los convenios.

Es más, ya en ese acuerdo de gobierno quedaban de hecho fuera de la derogación algunos de los puntos más significativos de la reforma de 2012. El primero, el despido. Que se eliminó del “perímetro” de la negociación por el rechazo frontal de la patronal a renunciar a unos cambios que facilitaron y abarataron la medida laboral más extrema justo en el peor momento de la crisis económica. Entonces las empresas recortaron costes reduciendo sus plantillas. Si en el primer momento, en 2009, habían prescindido de los contratados temporales, a partir de 2012 recurrieron a las extinciones de contratos indefinidos. Miles de despidos individuales y despidos colectivos. Las siglas ERE se convirtieron en noticia diaria.

La reforma del PP abarató el despido generalizando la indemnización de 33 días por año trabajado –con un tope de 24 mensualidades– para las rescisiones improcedentes, por lo que desapareció la de 45 días que había sido la más utilizada desde que otro gobierno del PP, con José María Aznar, instaurara el llamado “despido exprés” con esa cuantía compensatoria. Además, desde 2012 es la empresa, y no el trabajador, la que decide si éste vuelve a su puesto o es despedido e indemnizado cuando un tribunal determina que la medida ha sido improcedente. Y, sólo si el empleado es readmitido, el empresario está obligado ahora a pagar los llamados salarios de tramitación, los dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre la extinción del contrato y la sentencia.

También lo facilitó: cuando los despidos son colectivos, deben tener una causa, económica, organizativa, técnica o de producción. Entonces, la indemnización para lo que se considera un despido “objetivo” se mantuvo en 20 días por año trabajado, con un tope de 12 meses, la misma cantidad que ya existía antes. Pero se redefinieron las causas económicas, las más invocadas por las empresas. Desde 2012 basta con que la empresa prevea que va a tener pérdidas en el futuro o que durante tres trimestres consecutivos disminuyan sus ingresos respecto al año anterior, para despedir.

Aún más, la reforma del PP suprimió la autorización administrativa para ejecutar lo que hasta entonces se denominaban Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y que incluían tanto los de extinción –despidos– como los de suspensión del contrato y reducción de jornada, los ahora famosos ERTE. Desde 2012, los empresarios sólo tienen que comunicar a la autoridad laboral competente que van a ejecutar un despido colectivo, suspender contratos o reducir la jornada. Y abrir un periodo de consultas con los representantes sindicales. Da igual si hay acuerdo o no con ellos, la empresa lo ejecutará. Antes sólo podía hacerlo si la Consejería o el Ministerio de Trabajo determinaban que el ERE cumplía las causas legalmente establecidas.

Todas estas medidas convirtieron el despido en la herramienta preferida de las empresas para recortar costes laborales durante la anterior crisis. Sindicatos, patronal y Gobierno no las han tratado en la mesa de diálogo; no se han modificado, por tanto.

Tampoco se han tocado los descuelgues de los convenios, otro de los cambios fundamentales de la reforma de 2012. Desde ese año, las empresas pueden acogerse a las citadas causas económicas, organizativas, técnicas y de producción para no aplicar el convenio colectivo a sus plantillas en materias tan determinantes como el salario, la jornada, el horario, el sistema de trabajo y las mejoras voluntarias como pólizas de seguros o planes de pensiones. Para que una empresa presente una propuesta de descuelgue por causas económicas basta con que la disminución de los ingresos se produzca durante dos trimestres, no tres como en los despidos colectivos. En todo caso, las inaplicaciones de convenios no han sido muy utilizadas durante estos años. Si en 2013 fueron 2.179 las empresas que recurrieron a esta herramienta, en 2019 se quedaron en sólo 825. En estos dos últimos años anómalos de pandemia, la cifra no ha alcanzado las 500 empresas.

Limitar la modificación unilateral de las condiciones de trabajo ha quedado también para la siguiente negociación. Para bajar el salario, aumentar la jornada o cambiar el horario y el sistema de trabajo, el empresario puede de nuevo invocar las mismas causas económicas, organizativas, técnicas o de producción que para despedir o dejar de aplicar el convenio. Si el trabajador no acepta el cambio, todo lo que puede hacer es dejar su puesto a cambio de la indemnización mínima de 20 días por año. La medida puede igualmente ser colectiva, pero en ese caso la empresa debe abrir un periodo de consultas con los representantes sindicales de 15 días. Después, la aplica. A la misma indemnización tiene derecho el trabajador que no acepta un traslado –movilidad geográfica– o un cambio de función o puesto –movilidad funcional–. Todo este conjunto de mecanismos integran la “flexibilidad interna” que debería prevalecer sobre los despidos –“el último recurso”– y que, para la CEOE, “garantizan la adaptabilidad de las empresas y aseguran la libertad de empresa”.

Otros aspectos de la reforma de 2012 que permanecen inalterados son, por ejemplo, las horas complementarias que pueden trabajar los asalariados a tiempo parcial. La ley del PP permitió incluso que estos trabajadores hicieran horas extraordinarias. Pero la medida duró poco. En diciembre de 2013 se volvieron a prohibir, pero a cambio se autorizaron las “horas complementarias”: previamente pactadas entre empresa y trabajador –en teoría no impuestas–, pero pagadas como ordinarias.

Tampoco se ha tocado el nuevo papel que la ley de 2012 otorgó a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), a las que se permite desde entonces trabajar también como agencias de colocación. El Gobierno del PP intentó convertirlas en colaboradoras del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), mediante acuerdos que, además de polémicos, no resultaron muy eficaces. Ahora el proyecto del Ministerio de Trabajo es transformar el SEPE en una Agencia Española del Empleo, que realizará perfiles individualizados a los parados y les ofrecerá tutores. También quiere disponer de 7.000 orientadores profesionales para atender a un millón de personas en 2024.

Antes de firmar el acuerdo tripartito, ya habían sido eliminados algunos puntos de la reforma de 2012. El contrato de apoyo a los emprendedores, una de las creaciones estrella de la ley del PP, fue derogado en diciembre de 2018 cuando era ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Ese contrato indefinido fue polémico desde su nacimiento porque incluía un periodo de prueba de un año que casi lo convertía en temporal: el 40% de los trabajadores eran despedidos antes de ese plazo.

También ha quedado sin efecto el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, una de las promesas cumplidas del acuerdo de gobierno. Fue derogado en febrero de 2020. La reforma de 2012 había desligado este tipo de despido de los índices de absentismo de la empresa, haciéndolo depender únicamente de las faltas de asistencia individuales, por lo que eliminaba un criterio de proporcionalidad.

Si alguno de los asuntos pendientes de la reforma de 2012 reaparece durante la convalidación parlamentaria del acuerdo tripartito dependerá de la capacidad de presión de los socios del Gobierno, que se reafirman en su deseo de conseguir la derogación total. Pero, tirando desde el otro lado de la cuerda, Antonio Garamendi ha amenazado con abandonar el pacto recién alcanzado si el Congreso cambia siquiera “una coma” del texto que ha estado negociando con los sindicatos y el Ejecutivo durante nueve meses.

Las políticas de austeridad impuestas durante la última crisis, que obligaron a fuertes restricciones en los presupuestos públicos, se convirtieron en el abono ideal para el éxito de las llamadas fórmulas de colaboración público-privadas: concesiones –como las de autopistas–, empresas mixtas –las de servicios municipales, como aparcamientos– y contratos –del SEPE con agencias privadas para buscar empleo a los parados–. Hospitales, colegios, autopistas, suministro de agua, seguridad… casi cualquier infraestructura o servicio es susceptible de ser construida o gestionado por empresas privadas con el respaldo de una garantía pública.

La colaboración público-privada se presenta como un sistema más ágil que el meramente público que, además, ahorra costes y dinamiza la iniciativa privada. Pero tampoco está exenta de polémica. Según un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), estas fórmulas son en realidad más caras, desvían riesgos hacia la parte pública y carecen de transparenciacarecen de transparencia. También propician el deterioro de las condiciones de trabajo e incluso medioambientales.

Para empezar, las concesiones y subcontrataciones se financian con tipos de interés de mercado, más elevados que si se financiaran con endeudamiento público. Además, las empresas privadas deben obtener un beneficio, lo que aumenta el coste de la inversión, como también lo hace si se le añaden los costes de renegociación de los contratos, una práctica que suele ser habitual, explica el informe. Y hay que añadir los costes ocultos, destaca el observatorio, por ejemplo los que la Administración pública debe sufragar si la demanda del servicio gestionado por la empresa privada cae por debajo de un nivel predeterminado. De esta forma, aunque los contratos y concesiones permiten a las administraciones sacar el servicio o infraestructura de sus cuentas, el coste real fuera de balance no es “ni transparente ni auditable”, asegura el informe.

El servicio o infraestructura sigue siendo de titularidad pública, pero su carga figura diluida en el balance de la Administración: una inversión pública de 10 millones de euros debe consignarse de una sola vez en las cuentas de un ejercicio, mientras que, trasladada a la esfera privada, se convierte en un millón de euros anual durante 10 ejercicios, por ejemplo.

A cambio, no se conoce, insiste el documento, el importe de los avales públicos que garantizan esos contratos de colaboración público-privada; por tanto, tampoco se puede calcular con exactitud cuánta deuda pública generaría el posible rescate de esas inversiones. En algunos casos, no obstante, la cifra sí ha sido pública y resultó cuantiosa: 1.350 millones de euros ha tenido que pagar el Estado a EscalUGS, filial de ACS, por el proyecto Castorel proyecto Castor, el controvertido almacén de gas en la costa de Tarragona que provocaba seísmos y hubo de ser abandonado antes de entrar en funcionamiento.  El rescate de las nueve autopistas radiales tras quebrar las sociedades concesionarias supondrá un gasto para el Estado –para el contribuyente– de 4.000 millones de euros, según los cálculos de la patronal Seopan.

Sin control ni supervisión adecuados

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicó en 2018 un informe donde revelaba las “deficiencias generalizadas y beneficios limitados” de las colaboraciones público-privadas. Tras examinar 12 de ellas cofinanciadas por la Unión Europea en Francia, Grecia, Irlanda y España, concluyó que estos proyectos “tienden a gestionarse de forma poco eficaz y no proporcionan una rentabilidad adecuada”. Los contratos analizados se referían únicamente a los sectores del transporte por carretera y las tecnologías de la información. En conjunto, recuerda el Observatorio de la Deuda, estos cuatro países suman el 70% de los 29.200 millones de euros que reciben estas fórmulas de contratación con el respaldo de la UE. Según resalta el Tribunal de Cuentas Europeo, las administraciones eligen los contratos público-privados sin haber realizado antes ningún tipo de análisis comparativo para demostrar que mejoran la relación calidad-precio. España, además, carece de un reglamento específico, así como de un departamento o unidad que se encargue de regular y vigilar estos contratos, denunciaba el TCE.

Aunque en 2015 el Gobierno del PP creó una Oficina Nacional de Evaluación y en 2018 el Ejecutivo socialista la transformó en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReSCon), no han tenido una gran actividad. Hasta ahora, esta última sólo ha publicado una instrucción, el pasado mes de marzo, donde instaba a las administraciones a reducir el número de contratos menores –por debajo de 15.000 euros para servicios y suministros; por debajo de 40.000 euros para obras– y les obligaba a solicitar al menos tres ofertas a otras tantas empresas antes de adjudicarlos. Los directivos al cargo de la OIReScon, además, fueron elegidos por libre designación, a dedo, critica el Observatorio: “No parece el mecanismo más democrático para garantizar su independencia”. Tampoco ha elaborado la oficina, dependiente del Ministerio de Hacienda, un calendario de informes de supervisión de contratos ni se ha concretado si sus resoluciones serán vinculantes o podrá imponer sanciones. Una ambigüedad preocupante teniendo en cuenta que España posee una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos, insiste el informe del ODG, al tiempo que el número de concursos negociados y sin publicidad –los más opacos– es “relativamente elevado”.

Dos ejemplos: la AP7 y el Hospital General de Villalba

El Observatorio de la Deuda pone como ejemplos de los peligros y costes de la colaboración público-privada la autopista AP7, que transcurre desde La Jonquera hasta Alicante, y el Hospital General de Villalba, en Madrid. Construida y explotada en régimen de concesión por Abertis, el primer operador de autopistas de España y del mundo, su tráfico cayó un 30% a partir de 2008 por culpa de la crisis económica. Abertis pedía 3.000 millones de euros al Estado como compensación por esa bajada del negocio. Ante la negativa del Gobierno, la empresa llevó el caso a los tribunales. El pasado mes de mayo, el Supremo rechazó que el Estado deba pagarle 785 millones de euros por la pérdida de tráfico en el tramo Tarragona-Alicante, que revertirá al Estado el próximo 31 de diciembre. Y aplazó hasta el 31 de agosto de 2021 la compensación de 2.061 millones que Abertis exige por el descenso de sus ingresos en los tramos de la AP7 en Cataluña.

El Hospital General de Villalba es uno de los siete centros sanitarios que el Gobierno de Esperanza Aguirre construyó en la Comunidad de Madrid a partir de 2004 utilizando diferentes modelos de colaboración público-privada. El de Villalba es gestionado por IDC Salud, rebautizado como Quirónsalud en 2014 tras una fusión y desde 2017 propiedad del grupo alemán Fresenius, un gigante de la sanidad privada europea que recibe de la Comunidad Madrid el 8% de su presupuesto para sanidad, de acuerdo con las cifras del ODG.

Según el informe, el Hospital General de Villalba ha tenido un sobrecoste para el erario madrileño de 114,21 millones de euros: 93 millones proceden de su construcción, inicialmente presupuestada en 108 millones; otros 21 millones tienen su origen en los dos años que estuvo cerrado tras acabar las obras en 2012, y 212.718 euros más son el coste de los accesos al hospital que fueron sufragados por el Ayuntamiento de Collado Villalba pese a que el contrato obligaba a la adjudicataria a pagarlos.

Hasta que abrió sus puertas en octubre de 2014, la Consejería de Sanidad pagó a IDC Salud 938.465 euros al mes. Para justificar el cierre, la Comunidad de Madrid adujo los recortes presupuestarios. El ODG precisa que ese gasto, en concepto de “seguridad, desinfección, desratización, limpieza, mantenimiento, seguros y costes financieros”, no ha sido “auditado adecuadamente”. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en 2016 el acuerdo municipal que había modificado la calificación urbanística del suelo no urbanizable de especial protección sobre el que se construyó el hospital. “Está construido ilegalmente”, resume el estudio.

De ahí que los autores del informe reclamen una regulación y supervisión estrictas de este tipo de contratos, sin ocultar sus costes reales, pero también sin renunciar a su limitación o incluso prohibición en sectores “clave” como la sanidad, la educación, el transporte o las infraestructuras.

La CEOE se incorporó este miércoles al acuerdo que ya habían cerrado los sindicatos y el Gobierno sobre el Plan de Choque por el Empleo Joven de modo que han cerrado el primer pacto del Diálogo Social abierto en julio en cinco mesas sobre políticas laborales. Con un presupuesto de 2.000 millones de euros que se repartirán hasta 2021, el plan tiene como objetivo reducir la tasa de paro juvenil en 10 puntos desde el 33% actual, una cifra que convierte a España en el segundo país de la UE con el mayor porcentaje de menores de 25 años sin trabajo después de Grecia. También deberá aumentar los contratos indefinidos de los jóvenes en un 15% y recortar la brecha de género en otro 20% en un plazo de tres años.

Para conseguirlo, los agentes sociales y el Gobierno han diseñado 50 medidas destinadas a conseguir un empleo a los 528.000 menores de 25 años que se encuentran en paro en España. Si se les suman los 405.700 de entre 25 y 30 años que también carecen de trabajo, son casi un millón de personas –934.5000– según la última Encuesta de Población Activa (EPA) los potenciales beneficiarios del plan.

“Consideramos que era más importante enviar un mensaje a la sociedad en una materia tan importante como el paro de los jóvenes que estar de acuerdo en todo lo que incluye el documento”, explica el responsable de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, sobre el cambio de postura de la patronal. La aceptación del Plan de Choque, no obstante, se produce dos semanas después del relevo en la presidencia de la patronal, que ha pasado de Juan Rosell a Antonio Garamendi.

A juicio de García Viña, el documento sólo dibuja las líneas generales de una política que tendrá que ser desarrollada por las comunidades autónomas. “Ése va a ser el elemento fundamental, que haya una buena coordinación con el Estado y que las comunidades se pongan las pilas”, resume. También Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, califica de “muy generales” las medidas incluidas en el plan e incluso critica una excesiva “dispersión” entre administraciones e instituciones que, resalta, puede obstaculizar su eficacia. “Es mejorable”, asegura, “y no nos gusta del todo, pero creemos que los jóvenes no pueden esperar más y que el plan no podía alargarse más en el tiempo; cuanto antes se ponga en marcha, mejor”.

Cotizarán los aprendices de las escuelas taller

El documento incluye la contratación por parte de los gobiernos autonómicos de 3.000 orientadores laborales, el mismo número de los que fueron despedidos nada más llegar el PP al Ejecutivo en 2012. De todos modos, estos profesionales se dedicarán a asesorar a desempleados de todas las edades, no sólo a los jóvenes. También se redactará un estatuto de las prácticas no laborables, para atajar el abuso de la figura del becario en las empresas, y se reconoce el derecho a cotizar a la Seguridad Social a quienes firman contratos de formación como parte de un programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, que hasta ahora no tenían derecho a prestaciones por desempleo.

Además, el plan recurre a la colaboración público-privada para formar, orientar y emplear a los jóvenes. Pese a la desconfianza de los sindicatos hacia las agencias de colocación privadas y a las dudas sobre la eficacia del modelo puesto en marcha por el anterior Gobierno, la apuesta de la CEOE por este mecanismo ha terminado por consagrarlo en el acuerdo. Las comunidades autónomas continuarán utilizando a estas agencias, empresas de formación y a las ETT para sus políticas de empleo. “Necesitamos mecanismos que sean eficaces y las agencias y ETT conocen el terreno y las necesidades de las empresas e incluso tienen más presencia que los servicios públicos de empleo”, elogia Jordi García Viña. “Se habla de empresas privadas en relación con las lanzaderas de empleo [experiencias piloto para buscar trabajo y emprender]”, aclara Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO.

Un Plan de Retorno, para recuperar a los jóvenes que emigraron durante la crisis por falta de oportunidades laborales en España, está igualmente esbozado en el acuerdo alcanzado este miércoles: abarca incentivos para que las empresas contraten a los jóvenes retornados, “pero sin discriminar a los que están aquí”, precisa Santillana, y ayudas al alquiler y a los gastos del traslado. Las medidas para garantizar la igualdad ante el empleo de ambos sexos incluyen la implicación de agentes de igualdad, a través del Instituto de la Mujer. Otras iniciativas tienen como objetivo los jóvenes inmigrantes y, en general, “los más vulnerables”, apunta Antoñanzas. Pero todas ellas están a la espera de ser concretadas más adelante en una Mesa de Contratación, avanza la dirigente de CCOO, que deberá abrirse inmediatamente, al tiempo que deberán ser desarrolladas por las comunidades autónomas, al poseer todas las competencias en la materia. Los gobiernos territoriales ya cerraron un acuerdo con el Gobierno sobre un borrador inicial del plan, indica la responsable de UGT, por lo que éste no debería encontrar ahora mucha oposición. De ahí, coinciden sindicatos y patronal, la importancia de la coordinación que recaerá en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), encargado de gestionar los recursos.

Hasta los 30 años

Esos 2.000 millones del plan proceden de los Presupuestos Generales del Estado, no de los fondos europeos con que se ha financiado los últimos años el Sistema de Garantía Juvenil. Por tanto, las medidas del plan podrán beneficiar también a los parados de entre 25 y 30 años, indica Cristina Antoñanzas. Desde julio de 2015, el acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil se extendió a los desempleados menores de 30 años con carácter extraordinario y sólo hasta que la tasa de paro de los jóvenes cayera por debajo del 20%. En un principio, los programas de la UE estaban destinados únicamente a los menores de 25 años. El Plan de Choque, que aprobará mañana el Consejo de Ministros, ni siquiera menciona el Sistema de Garantía Juvenil, cuya eficacia ha sido puesta en duda por la misma Unión Europea. “No ha tenido ningún éxito, no funciona, los jóvenes ni siquiera lo conocen”, critica el dirigente de la CEOE. 

García Viña destaca la ausencia de en el plan de incentivos a las empresas para que contraten. “No somos demasiado partidarios de la subvenciones: si alguien no necesita contratar, no lo hará aunque le subvencionen”, sostiene. “Ese tema se decidirá más adelante”, avanza Cristina Antoñanzas, quien se muestra partidaria de restringir las bonificaciones de cuotasbonificaciones de cuotas a colectivos muy concretos, para aumentar su eficacia y evitar dañar los ingresos de la Seguridad Social.

La misma indefinición sufren las medidas para aumentar los contratos indefinidos de los jóvenes. UGT hace hincapié en el contrato de relevo para empujar a favor de la calidad en el empleo de los más jóvenes –“pero aún no hemos ido más allá de intercambiar documentos”, precisa Antoñanzas–, mientras Lola Santillana apuesta por la conversión en indefinidos de los contratos temporales como mecanismo más adecuado. “En noviembre el 37% del aumento de los indefinidos puede atribuirse a la transformación de contratos temporales gracias al plan especial de la Inspección de Trabajo”, subraya, que se puso en marcha en agosto.

El Ministerio de Trabajo no renovará el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación que firmó y prorrogó el anterior Gobierno para encontrar trabajo a los parados, en competencia con los servicios públicos de empleo. Así lo han avanzado a infoLibre fuentes oficiales del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El acuerdo, que empezó a funcionar en 2014, llegó a su fin el pasado 16 de junio.

En estos cuatro años, el Gobierno ha pagado a las agencias privadas de colocación un total de 681,7 millones de euros. El triple de lo que ha destinado en ese mismo plazo a mejorar y modernizar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 215 millones, según se desprende de las partidas que cada ejercicio han destinado a las agencias privadas los Presupuestos Generales del Estado.

La puesta en marcha de este modelo de colaboración público-privada fue accidentada. Aunque el decreto que regula la actividad de las agencias de colocación se remonta a diciembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo marco que sustentaba el modelo no se aprobó hasta agosto de 2013. En las comunidades autónomas empezaron a trabajar con los desempleados en 2014, pero las del concurso nacional no se pusieron a ello hasta enero de 2016. La razón fueron los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos, que paralizaron el concurso una y otra vez.

Después, el SEPE ha prorrogado el acuerdo marco dos veces, hasta hoy. Mientras, algunas comunidades autónomas han terminado descolgándose del modelo: Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares. Cataluña, País Vasco y Andalucía se desentendieron desde el primer momento.

Ya en septiembre de 2017, la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne a las comunidades autónomas, acordó eliminar el desempeño de las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores que deciden el reparto de los fondos para las políticas de empleo. Se lo habían pedido a la ministra Báñez 10 comunidades autónomas, a cambio de darle su apoyo a la aprobación del Plan Prepara, que había sido anulado por el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.

Según explica el ministerio, el planteamiento ahora es “dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que contraten con las agencias que ellas elijan el servicio de colocación de sus desempleados. “En la Conferencia Sectorial se distribuirán fondos para políticas activas de empleo, pero no habrá partidas específicas para agencias privadas de colocación como hasta ahora”, precisan fuentes del departamento.

Este nuevo modelo es del agrado de las pequeñas agencias de colocación. La asociación que las agrupa, ANAC, siempre se ha quejado de que el acuerdo marco estableció un “filtro-embudo” al seleccionar sólo a 80 agencias de las 1.728 autorizadas por el ministerio. Y de ellas, sólo podían operar en una comunidad las que estaban radicadas en ese territorio. De forma que el número de las que han estado funcionando estos años al amparo del acuerdo marco no superan las 40, asegura ANAC. “Nos parece adecuado que se descentralice el sistema y que cada comunidad autónoma elija con qué agencia quiere trabajar, en concurrencia competitiva, como ya está haciendo Castilla-La Mancha, y que no se prime el volumen de facturación, sino el de inserción de trabajadores o con qué experiencia en determinados colectivos cuenta una agencia”, explica su presidenta, Yojana Pavón. De esta forma, añade, las pequeñas agencias tienen alguna posibilidad de competir frente a los gigantes de la gestión de recursos humanos, como Manpower, Adecco, Randstad y Eulen.

Al secretario general de Adecco, Santiago Soler, tampoco le disgusta que se descentralice la colaboración público-privada en materia de inserción laboral. Es más, se queja de las “muchas deficiencias” que poseía el acuerdo marco, “una experiencia muy mejorable”. Soler es muy crítico con los resultados de estos cuatro años: “Tengo una biblia de incidencias”, asegura, en alusión a cómo tuvieron que desarrollar su trabajo. De manera que el resultado, subraya, “ha sido peor del deseado por nosotros, dista mucho de la intermediación que podría haberse realizado aunque, en términos objetivos, ha sido mejor para el ciudadano”. En cualquier caso, dice que no se puede dudar de que sus tasas de intermediación son “superiores” a las conseguidas por los servicios públicos de empleo.

Adecco se hizo cargo de uno de los lotes del segundo contrato, el que incluía a parados con entre tres y seis meses sin empleo. Pero ha desistido de participar en buena parte de los concursos convocados por las comunidades autónomas. “No compartíamos el modelo”, revela Soler. Eso sí, teme que cada comunidad autónoma implante un sistema distinto y terminen reproduciéndose los problemas sufridos hasta ahora. El acuerdo marco, no obstante, “es lo de menos”. “Queremos participar en el diseño del modelo de colaboración público-privada, con acuerdo marco o sin él”, se ofrece, “y compartir nuestro diagnóstico con todos los implicados para corregir el modelo anterior y sentar una bases nuevas”.

El programa electoral del PSOE prometía crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación “para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual SEPE, y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”. A este nuevo organismo le debería corresponder “una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras”. El argumento que esgrimía el anterior Gobierno para recurrir a las agencias privadas de colocación era el bajo nivel de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo.

A juicio de Santiago Soler, “no es incompatible” que se apueste por reforzar el servicio público y se mantenga la colaboración con las agencias privadas. “Aunque parezca paradójico, estamos de acuerdo en que el SEPE necesita refuerzos en muchas cosas, y una parte de ese refuerzo pueden ser las agencias privadas de colocación”, apunta.

La breve y complicada historia de las agencias privadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suscribió dos contratos con las agencias privadas de colocación. El primero, prorrogado por dos años el 13 de mayo de 2016, fue adjudicado a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla. El segundo se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar.

Pero hasta ese momento, el camino estuvo jalonado de tropiezos. Primero fue la lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias. Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, como consecuencia de los recursos presentados por las empresas que habían sido excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la ONCE, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados.

En vista de los problemas acumulados con la primera convocatoria, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para adjudicar el segundo contrato. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estaban inscritos en el paro: Adecco se encargaba de quienes sólo llevaban de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hubieran pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superaran los dos años.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Prórroga con una evolución incompleta

También fue controvertida la evaluación a la que están obligadas a someterse las agencias privadas de colocación. Pese a que legalmente debería haberse elaborado un informe sobre su desempeño y sometido a una comisión de seguimiento, la prórroga del primer contrato se suscribió antes de que esa comisión llegara a constituirse y con un informe que sólo era provisional. El segundo se prolongó cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se había reunido aún por segunda vez. El SEPE debería este verano presentar la segunda evaluación del trabajo de las agencias privadas.

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. Según constaba en el primer informe, hasta 2016 el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España aún hay 3,79 millones, según la última EPA–, de los que sólo atendieron a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que disponía sobre muchos de esos desempleados eran erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. En un buen número de casos, el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

De esas 81.635 personas atendidas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirvieron al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también eran dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia fue la que mejores resultados obtuvo, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León fueron el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no dio más detalles ni desagregó los datos por perfiles de parados, ni dijo qué tipo de empleos se ofertaron.

Sí precisó que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, realizaron 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consistieron; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Incidencias

Las agencias privadas tenían la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surgiera con los desempleados a los que atendían. Así, decían que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el Plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permitía a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubrieran percibiendo indebidamente la prestación y fuera sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hacía mención alguna a este tipo de incidencia.

Las empresas de trabajo temporal (ETT) viven un momento dulce. Los contratos de puesta a disposición de trabajadores que ellas gestionan casi se han duplicado desde 2012. Según las estadísticas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), en 2017 las ETT firmaron 3,85 millones de contratos, un 90,45% más que cinco años antes. En 2012 la crisis económica hundió el empleo en general y, con él, también el negocio de estas empresas, suministradoras de trabajadores para otras. Con la recuperación económica, las ETT no sólo han superado el bache sino que incluso han disparado sus contratos un 74,5% por encima de los que gestionaban en 2008.

Es decir, los contratos gestionados por las ETT han crecido el doble que el volumen total de contratos temporales, tanto desde antes de la crisis –cuando se disparó un 33,1%– como desde 2012 –un 54,3%–.

Así, su cuota de negocio también ha crecido considerablemente: del 13,3% en 2008 al 18% nueve años después. En España se firmaron en 2017 un total de 21,5 millones de contratos. El 91% de ellos fueron temporales. Como se sabe, España es el segundo país de la UE con mayor tasa de empleo temporal, un 26,1%, sólo superada por Polonia.

Este auge de las ETT se produce pese a que se ha recortado el número de estas empresas, que para operar necesitan una autorización administrativa y están inscritas en el registro correspondiente. En 2017 funcionaban 259, un 12,5% menos de las que había en 2012 y un 28,6% menos de las que existían cuatro años antes. Desde 2008 han desaparecido del sector un total de 104 ETT.

En cambio, no ha dejado de crecer la cifra de trabajadores que pasan por estas empresas. El año pasado fueron 708.613, un 72,5% más que en 2012 y un 7,5% más que antes de la crisis. La mayor parte de ellos son cedidos por las ETT a la industria, un 28,7%. A la hostelería, el comercio y el transporte, un 14% en cada sector. Las empresas suelen recurrir a las ETT para cubrir picos de producción o ventas. De ahí que el 55% de los contratos que gestionan sean temporales por circunstancias de la producción. Los de obra y servicio les siguen por su cuantía, el 43%. De interinidad sólo firmaron un 1,8% y de formación y prácticas, un exiguo 0,09%. También registraron contratos indefinidos, pero sólo un 0,05%.

Además, la mayoría de los trabajadores que emplean son varones, el 60,7%, según los datos de 2017. Y con estudios primarios y secundarios: el 73,5%. Casi dos de cada tres de los puestos que cubren son de peones, tanto en el sector primario como en la industria y los transportes, o de trabajadores no cualificados del sector servicios.

“Somos un sector termómetro de la economía”

“Somos un sector termómetro de la economía”, resume José Costanzo, jefe del gabinete técnico de Asempleo, la patronal que agrupa a las mayores ETT. Si crece la actividad económica, las ETT también aumentan el número de los servicios que prestan a unas empresas con cada vez mayor producción. Lo que no evita que incluso el propio sector se muestre “sorprendido” por la buena marcha del negocio. “En 2015 ya pensamos que estábamos en nuestro mejor momento, pero lo cierto es que no hemos dejado de crecer y, según las cifras de este mismo año, la tendencia al alza va a continuar”, asegura Costanzo. Los contratos gestionados por ETT entre enero y marzo, las últimas cifras que publica el SEPE, muestran un crecimiento del 6,4% respecto al mismo trimestre de 2017. El número de trabajadores, un alza del 8,7%.

Los contratos de menos de siete días deben pagar un recargo del 36% en las cotizaciones a la Seguridad Social. Con la medida se intenta desincentivar este tipo de empleos hiperbreves. “Pero está claro que no funciona”, lamenta Carlos Martín, responsable del gabinete económico de CCOO. A su juicio, a los empresarios les compensa abonar esa penalización, a la que deben añadir la comisión que les cobra la ETT por cederles el trabajador. Costanzo explica que, cuando las empresas necesitan con urgencia un empleado para hacer frente un pico de demanda, acudir a una ETT les supone un “ahorro” si ésta lleva a cabo en su lugar el proceso de selección y le suministra “el candidato idóneo en el menor tiempo posible”.

A su juicio, los cambios en la regulación han tenido menos que ver con el aumento de negocio. Con la llegada del PP al Gobierno, a las ETT se les permitió gestionar contratos de formación y prácticas, también de primer empleo para jóvenes, así como añadir agencias de colocación, actividades de formación y de consultoría de recursos humanos a su actividad. Además, desaparecieron las limitaciones territoriales a su negocio. Desde 2011, las ETT pueden contratar también con las administraciones públicas, un campo que tenían vedado desde que comenzaron a operar, en 1994.

Las ETT deben pagar a ese trabajador el mismo sueldo que para un empleado indefinidoestablece el convenio colectivo de la empresa receptora o de su sector. Sin embargo, al abrigo de la reforma laboral de 2012, que determinó la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, han nacido multitud decompañías multiservicios, que también ceden trabajadores a otras, pero con un convenio propio de salarios muy inferiores a los de éstas. Algunas de ellas han sido creadas incluso por ETT: Adecco, Eulen, Randstad, Ilunion, Grupo Norte y Constant, por ejemplo, tienen sus propias divisiones o filiales multiservicios. El papel de las ETT, argumenta el economista de CCOO, es “razonable”, pues proporcionan trabajadores para picos de producción, por ejemplo, y lo hacen “de una forma que está perfectamente regulada sin aumentar la temporalidad estructural”. En cambio, las empresas multiservicios son “competencia desleal”, apunta. Pese a que al menos una cincuentena de convenios de estas firmas han sido impugnados en los tribunales, se trata de un sector en apogeo. Y polémico: las camareras de piso, las kellys, lo han puesto en el centro de atención de los medios de comunicación y de los políticos por las condiciones abusivas en que las obligan a trabajar.

Contratos ultrabreves al alza

“No somos un buen medidor de los efectos de la reforma laboral”, replica el responsable de Asempleo, quien también desliga a su sector del abuso endémico de los contratos temporales en España. “Nuestra temporalidad siempre está justificada, nuestros contratos siempre tienen una causa”, recalca. De hecho, las ETT españolas sólo gestionan el 18% de los contratos temporales, muy por debajo del 90% que pasa por las manos de las ETT francesas, apunta Costanzo. En Francia la tasa de temporalidad es del 16,7%, casi 10 puntos porcentuales menos que en España.

Además, las ETT presumen de que uno de cada tres de sus trabajadores terminan con un contrato indefinido en la empresa a la que han sido cedidos. Carlos Martín, por su parte, culpa a las empresas multiservicios de la proliferación de los contratos ultrabreves de menos de siete días, antes que a las ETT. Aun así, el 37% de los que firman éstas duran menos de una semana, de acuerdo con los datos del SEPE relativos a 2016, los últimos publicados. De los llamados de obra y servicio –cuya duración es indeterminada, se alarga tanto como esa obra o servicio–, gestionan otro 39%. “El 90% dura menos de un año”, reconoce José Costanzo.

Las empresas españolas no han dejado de abusar del empleo temporal desde 1986, pero en los últimos años, además, han crecido aún más los contratos de menor duración. En 2017, se registraron 5,57 millones de contratos de menos de siete días, el 26%, y un 37,8% los que duraron menos de un mes. En 2012, los de menos de una semana eran el 22,2% y los de menos de un mes, el 36,4%. En 2008, con la actividad económica aún en expansión, los contratos por debajo de siete días eran sólo 16,6 millones, un 16,3%, y los que no llegaban a un mes, el 14%. Es decir, en la última década los de menos de un mes se han duplicado y los de menos de una semana se han disparado un 59%.

Los tres años de recuperación tras la crisis económica más larga desde la posguerra han mejorado el panorama social gracias al crecimiento del empleo –1,2 millones de ocupados más desde 2014– y a un “incipiente aumento de las rentas de las familias”, según concluye el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria de 2016. No obstante, la institución, que reúne a la patronal y los sindicatos más representativos, también revela las “secuelas” que esa prolongada y dura crisis ha dejado en la sociedad española y su mercado de trabajo.

  1. Pérdida de población activa

La reactivación de la economía ha reducido el número de parados en 1,6 millones entre 2013 y 2016. Pero no todos los que han dejado las listas del desempleo han encontrado un trabajo. En estos tres años muchos de ellos han abandonado el mercado laboral. De ahí que la población activa –las personas entre 16 y 65 años dispuestas a trabajar– se haya recortado en 367.000 personas durante ese trienio. Sólo en 2016 se perdieron 100.000 activos. Y no sólo se debe a un fenómeno demográfico, apunta el CES, por la menor natalidad y la salida del país de los inmigrantes, sino también a una menor participación laboral. La bajada, de hecho, se concentra en los menores de 40 años, sobre todo entre los más jóvenes, porque prolongan sus estudios ante la falta de expectativas laborales. Sin olvidar que las mujeres siguen 10 puntos por debajo de los hombres en lo que a integración en el mercado de trabajo se refiere.

  2. Más desanimados

El descenso de la población activa también es culpa del aumento en el número de desanimados, quienes no buscan empleo porque no creen que vayan a encontrarlo. En España eran el 7,4% de la población activa en 2013 y el 5,4% en 2016, casi dos puntos por encima de la media de la UE. Son 336.400 personas. Además, su número ha aumentado entre los mayores de 50 años en el último año, el único grupo de edad que crece entre los desanimados. Otro dato preocupante: en 2007 en España había casi medio millón de personas que, según la definición de Eurostat, la Oficina Estadística de la UE, se consideran activos potenciales –pueden trabajar pero no buscan empleo por motivos no objetivos pero ajenos a su voluntad–, de los cuales 188.800 eran desanimados. Pues bien, en 2016, los activos potenciales son casi los mismos que antes de la crisis, 514.200, pero la cifra de desanimados es casi el doble que entonces.

  3. Paro de larga duración

Casi la mitad de los parados españoles –el 47,8%– son de larga duración, llevan más de un año sin trabajar. Y sólo se reduce su número entre los que están desempleados menos de dos años. Por el contrario, los que llevan cuatro años o más en el paro han crecido 7,1 puntos porcentuales entre 2013 y 2016: son el 18% de los desempleados, 760.000 personas. Además, el paro crónico entre los trabajadores de más edad se ha triplicado desde el comienzo de la crisis y ya son el 31,8% de los desempleados.

  4. Pérdida de empleo en la industria

Desde 2007 la industria ha perdido en España a 720.000 ocupados, un 24%. Según los sectores, la industria del mueble ha recortado un 50% su empleo y la textil, un 46%. A juicio del CES, esta pérdida de trabajadores “probablemente no es reversible”. La construcción ha empezado a recuperarse, pero aun así, ocupa ahora a 1,7 millones de personas menos que en 2007. La protagonista de la recuperación es la hostelería, que desde 2013 ha ganado el doble del empleo que perdió con la crisis y tiene 150.000 trabajadores más que en 2007. Sólo las plantillas de los servicios de alojamiento han crecido un 15% en 2016.

Por el contrario, han sufrido “descensos marcados” la I+D – un 6,4% en 2016– y las actividades profesionales, científicas y técnicas –un 17,2% desde 2008–. También el empleo público: las administraciones públicas han reducido sus plantillas desde 2011 en 186.000 personas.

El CES advierte igualmente de la “polarización” que está sufriendo el empleo, puesto que crecen más los empleos en los extremos: los más cualificados, los técnicos y profesionales, un 5,3% en 2016, y los menos cualificados, los peones, un 10,9%. En cualquier caso, esta disparidad no consigue revertir la “preminencia de las ocupaciones relacionadas con la hostelería y el comercio”.

Tampoco el empleo autónomo ha despegado con la reactivación económica, pese al impulso que el Gobierno le ha dado estos años con todo tipo de incentivos, ayudas y campañas mediáticas. Mientras que desde 2013 se ha recuperado cerca de una tercera parte del empleo asalariado perdido durante la crisis, el empleo por cuenta propia no ha recobrado ni el 20%.

  5. El contrato temporal es el rey

La tasa de temporalidad española –26,1%– es la segunda más alta de la UE, después de la polaca. En 2016, los contratos temporales crecieron un 6,8%, cuatro veces más que los indefinidos. Entonces se registraron en total 19,98 millones de contratos, un 7,6% más que el año anterior e incluso un 1,7% más que en 2007, antes de la crisis. Pero respecto a esa fecha se firmaron 1,9 millones de contratos temporales más y medio millón de contratos indefinidos menos. De hecho, el peso de los indefinidos en la contratación total ha caído 3,3 puntos respecto a 2007. Es decir, tras ocho años de crisis y recuperación, se mantiene la estructura de los contratos, pero más extremada aún.

Es más, la Memoria del CES revela que, pese al descenso que ha experimentado en el último año el empleo a tiempo parcial, el número de los contratos por horas, tanto temporales como indefinidos, es muy superior al que había en 2007, mientras que el de los de jornada completa de ambos tipos es muy inferior. “La contratación indefinida y a tiempo completo se ha convertido, a la salida de la crisis, en el caso menos frecuente”, concluye.

  6. Bucle empleo/paro

Otro fenómeno achacable a la reactivación económica tal y como se está desarrollando es la cada vez menor duración de los contratos, que el CES atribuye no sólo a cambios en la composición sectorial del empleo, sino también a un aumento del encadenamiento de los contratos y de la rotación laboral.

La duración media de un contrato en España no llegaba en 2016 a 51 días. Ha caído 28,1 días desde 2007. Pero es que, además, los contratos ultrabreves, de hasta una semana, son cada día más numerosos –el 28,1% de los que se firmaron en 2016–.

En consecuencia, también aumenta la rotación de los trabajadores, el número de personas que combinan periodos de empleo y de paro en un mismo año. La tendencia se confirma acudiendo a los datos sobre altas en las prestaciones por desempleo que publica el Ministerio de Empleo. Éstas pueden ser iniciales o reanudaciones. Las últimas, cuando se trata de contratos temporales, fueron en 2016 1,44 millones, casi el doble de las 791.200 iniciales. En el caso de altas en el subsidio de desempleo por falta de cotización para cobrar la prestación contributiva, las reanudaciones ascendieron a 926.000, triplicando las 288.000 iniciales. La elevada cifra de reanudaciones de las prestaciones es una buena muestra del gran número de episodios de empleo y paro, pero también revela que esa rotación se está concentrando, además, en una parte de la población laboral, destaca el CES. De otro modo, el 66% de todas las altas en prestaciones y subsidios de desempleo son reanudaciones, lo que demuestra lo difícil que resulta en España encontrar un trabajo estable. Es más, el 53% de quienes cobran una prestación tienen derecho a una durante seis meses o menos, consecuencia de haber trabajado antes con un contrato temporal o encadenando los más breves.

  7. Intermediación laboral a medio gas

Con un 18% de paro, la intermediación laboral –los servicios destinados a encontrar trabajo a los desempleados– es fundamental, recuerda el CES. Los servicios públicos de empleo autonómicos tuvieron un índice de colocación del 10% en 2016, más de tres puntos por encima del año anterior, pese a que enviaron un 32,4% menos de ofertas a demandantes de empleo. El 70,5% de esas colocaciones corresponden a trabajadores que no cobraban prestaciones. Sólo un 1% de las ofertas fueron rechazadas.

Las agencias privadas de colocación, por su parte, colocaron al 3,8% de los desempleados que les envió el ministerio, 12.333 personas. En 2016 recibieron del Gobierno un total de 175 millones de euros para cumplir con este cometido. La Memoria del CES se queja de la “falta de transparencia y la ausencia de datos completos y detallados” sobre la actividad de estas agencias.

  8. debilitamiento de la protección social

El Consejo Económico y Social alerta de los “síntomas de debilitamiento” que, a su juicio, presenta el sistema de protección social español. Los motivos, “el descenso continuado de la cobertura y la creciente asistencialización”. El primero se refiere a que el sistema de prestaciones por desempleo sólo protege a la mitad de los parados: en 2016, al 55,1% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En 2010, la cobertura alcanzaba al 78,4%. Según la memoria, el recorte se debe no sólo a la reducción del paro, sino también a la pérdida de prestaciones que supone la prolongación del desempleo. Un desamparo que no parecen subsanar los sucesivos planes para parados de larga duración que agotan las prestaciones: Renta Activa de Inserción, Plan Prepara y Programa de Activación para el Empleo (PAE).

La segunda causa de debilitamiento del sistema es el cada vez mayor peso de los subsidios asistenciales –426 euros– respecto de la prestación contributiva –la cuantía depende del salario, la media en 2016 fue de 800 euros–. El aumento de las ayudas asistenciales se debe, otra vez, a la cronificación del paro. Y la consecuencia es un mayor riesgo de pobreza entre los desempleados: en 2016 el 46,5% de ellos se encontraba en situación de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre todo si se tiene en cuenta que los subsidios son mayoritariamente percibidos por los parados de más de 55 años: suman el 42,1% de sus beneficiarios. Además, determinan la pobreza futura. Estas ayudas no cotizan a la Seguridad Social, excepto el subsidio para mayores de 55 años –el SEPE ingresa la cotización, pero por la base mínima–, por lo que se recorta en buena medida la cuantía de la futura pensión.

La Comunidad de Madrid ha concedido un total de 1,54 millones de euros en subvenciones para cursos de formación a Consultora San Román, la empresa cuyas oficinas de agencia de colocación fueron cerradas por el Gobierno de Castilla-La Mancha porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral.

Consultora San Román y Consulta Formación, Soluciones de Aprendizaje, Evaluación y Empleo pertenecen a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector. También preside la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

En la última convocatoria madrileña de ayudas para programas de formación destinados a ocupados y desempleados, ambas empresas consiguieron un total de nueve subvenciones: seis Consultora San Román y tres Consulta Formación. Los importes van desde 70.200 hasta 379.770 euros. La convocatoria, resuelta el pasado 31 de diciembre, repartió 22,29 millones de euros con cargo a los fondos que la Comunidad de Madrid recibe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Así se financian cursos de formación para el empleo de carácter sectorial e intersectorial, para autónomos y para obtener certificados de profesional, tanto presenciales como mediante teleformación. Los subvencionados a estas dos empresas incluyen desde clases de cocina internacional y contabilidad hasta interiorismo o certificación energética de edificios.

Consultora San Román fue creada en 1990 y dice contar con una plantilla de 800 trabajadores e impartir 400.000 horas de formación al año. Consulta Formación nació más tarde, en 2002, y su presidente ejecutivo también es Fernández Ramos. Además de los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid, funciona desde el pasado año como sede de exámenes en la capital de la Universidad Isabel I, una universidad privada on line con domicilio en Burgos.

Agencia de colocación con problemas

Al igual que muchas otras empresas del sector de la formación para el empleo, San Román también se constituyó como agencia privada de colocación. El SEPE le adjudicó uno de los lotes del concurso para encontrar empleo a los beneficiarios del Plan Prepara. Le correspondieron las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. El pasado 6 de marzo el Gobierno castellano-manchego ordenó el cierre de 13 oficinas de San Román en esa comunidad, que carecían de actividad. Sólo estaban operativos, explicó entonces la Consejería de Empleo, siete locales.

Ese departamento asegura a infoLibre que informó al SEPE de la existencia de los locales “fantasma” el año pasado. Además, según publicó este periódico, la Inspección de Trabajo elaboró un informe sobre la actividad de San Román en la provincia de Albacete. Tras visitar sus oficinas, los inspectores concluyeron que la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación.

De los cuatro locales que poseía San Román en Albacete, sólo uno estaba abierto, pero se trataba de una asesoría donde la consultora había alquilado un despacho, que carecía de personal propio. Allí sólo se recogían currículos. Un empleado de San Román, según explicó a los inspectores el personal de la asesoría, venía de Murcia o de Madrid para llevárselos dos o tres veces a la semana. Después, a preguntas de la Inspección, la consultora reconoció que únicamente había conseguido empleo a seis personas en todo 2016.

Poco después, el sindicato CCOO visitó buena parte de los 24 centros que San Román declaraba tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado de sus indagaciones no difirió mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete: unos centros estaban cerrados y otros sólo recogían currículos, tanto en Ciudad Real como en Toledo, Cuenca y Guadalajara.

El SEPE no sabe, pero cerró las oficinas

En ese momento, el SEPE respondió a infoLibre que desconocía el informe de la Inspección. Y que tampoco le había llegado ninguna otra denuncia sobre la falta de desempeño o alguna negligencia por parte de esta agencia privada.

Sin embargo, ANAC, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas agencias de colocación, envió en 2014 a la mesa de contratación del concurso, antes de ser adjudicado, escritos y pruebas sobre la precariedad de la red que San Román, y otras empresas, habían creado a toda prisa para presentarse a la convocatoria.

El pasado 22 de febrero, CCOO interpeló a los responsables del SEPE en la Comisión Ejecutiva Central de este organismo no sólo sobre el informe de la Inspección, sino también sobre el que había enviado Castilla-La Mancha. Sus responsables respondieron al sindicato que no habían “recibido” ninguno de los dos documentos. Sí pidieron un informe a la propia consultora y hablaron con sus dueños, que dijeron tener un total de 137 locales en Madrid y Castilla-La Mancha, 60 propios y 77 subcontratados con otras entidades. Si habían cerrado alguno, había sido por iniciativa propia, añadieron. El SEPE también dio por buena la afirmación de los responsables de San Román de que el número de personas que había atendido en 2016 era “correcto y similar al de otras agencias de colocación”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo de Castilla-La Mancha, Francisco Rueda, insiste en que mandó a comienzos de 2016 un informe que examinaba a todas las agencias privadas de la comunidad autónoma. De hecho, el SEPE lo pide cada año. La Consejería de Empleo es la encargada de comprobar si éstas cumplen los requisitos que acreditaron en las declaraciones responsables que se les exige para operar. En ese documento, asegura Rueda, se incluían los incumplimientos de San Román: “A algunos demandantes de empleo los atendían en la plaza del pueblo”. Además, destaca el número dos de la consejería, las 13 oficinas señaladas no las ha cerrado, en realidad, el Gobierno manchego, sino el propio SEPE, que fue el que las autorizó. Rueda dice que a San Román sólo le quedan los locales situados en las capitales de provincia y teme por la calidad de la atención que está prestando a los desempleados residentes en los pueblos. “¿Tendrán que desplazarse a su propio coste los parados del Plan Prepara que cobran 426 euros?”, se pregunta.

Castilla-La Mancha renunció al acuerdo marco poco después de enviar ese informe, en junio de 2016. Ha prescindido de las agencias privadas y optado por “reforzar los servicios públicos”, explica Francisco Rueda. De momento, ha aumentado en 122 personas el personal de las oficinas públicas de empleo.

Un problema antiguo

La endeblez con que algunas de estas empresas montaron sus redes de oficinas se reveló nada más tramitarse el primer concurso del SEPE. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las firmas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no necesitaban acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de centros. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esos locales. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hasta una treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Prorrogados hasta 2018

El año pasado el SEPE prorrogó hasta 2018 no sólo este primer contrato para los parados el Plan Prepara sino también el que suscribió más adelante con las cuatro grandes ETT. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

No obstante, el Ministerio de Empleo elogia el trabajo de las agencias de colocación, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Como esas cifras superan el índice de inserción de los servicios públicos de empleo, el ministerio lo considera un éxito. El recurso a las agencias privadas es una de las principales apuestas del departamento de Fátima Báñez. Pero ha tenido que superar múltiples problemas antes de ponerse en marcha, según las propias agencias por culpa de la mala redacción de los pliegos de condiciones de los contratos. Los recursos que suspendieron el primer concurso obligaron a rehacer hasta cuatro veces la lista de adjudicatarios, retrasando dos años la resolución definitiva, y forzaron al SEPE a utilizar el procedimiento negociado y sin publicidad para la siguiente convocatoria.

Después, cuando comenzaron a funcionar, las agencias de colocación se encontraron con que las listas de desempleados que les enviaba el SEPE estaban plagadas de errores. Así, por ejemplo, tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de los parados a los que debían atender. Los listados estaban tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

Pero no es sólo San Román sobre la que se han multiplicado las denuncias. También la Fundación Sócrates, adjudicataria del concurso convocado por la Junta de Castilla y León, fue denunciada por atender a los desempleados en gasolineras, a falta de mejores oficinas. Al tiempo, sus trabajadores en Andalucía, todos ellos profesionales del programa Andalucía Orienta, denunciaban en julio de 2015 que llevaban seis meses sin cobrar.

El Ministerio de Empleo dejó sin gastar el año pasado un total de 578,88 millones de euros de los casi 2.000 millones que tenía presupuestados para formar a trabajadores, tanto desempleados como ocupados. La cifra supera en un 33% el nivel de desaprovechamiento de los fondos de 2015, cuando el ministerio se quedó sin emplear 435 millones de euros. En 2016 sólo se utilizó el 70% del dinero disponible, que procede de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, un 0,7% de su aportación por contingencias comunes. La ejecución, por tanto, ha bajado seis puntos en el último año.

Desde los organismos internacionales hasta los analistas del mercado laboral y todos los partidos políticos, la coincidencia es unánime sobre el papel fundamental que las llamadas políticas activas de empleo, la formación, orientación y recualificación profesionales, desempeñan en la lucha contra el paro. Sin embargo, las cifras aún récord de desempleo en España –3,76 millones de parados registrados y 4,23 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA)– conviven con una reforma del sistema de formación para el empleo que ha paralizado las subvenciones y desatado una dura bronca entre el ministerio y los agentes sociales, patronal y sindicatos aliados en esta ocasión contra un enemigo común.

Si en 2015 no hubo convocatoria de subvenciones para formar a ocupados, en 2016 la Audiencia Nacional suspendió la convocatoria de 2014 a instancias de los empresarios, que también han recurrido la convocatoria de 2016 acompañados de CCOO y UGT. La anulación de las ayudas de 2014 supuso el bloqueo del tercer pago de las subvenciones, unos 35 millones de euros. Las del año pasado aún están pendientes de la decisión de la Audiencia Nacional. En 2014, antes de los cambios en el sistema, el nivel de ejecución del presupuesto de formación era casi total: del 95,12% para los cursos de desempleados y del 88,33% para los cursos de ocupados.

Todas estas cifras proceden del avance de liquidación del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo Inem). El año pasado ascendió a 25.000 millones de euros, seis millones menos que en 2015. De esa cantidad, la parte del león corresponde a las prestaciones de desempleo, que supusieron en 2016 un gasto de 18,6 millones de euros, 2,2 millones menos que el ejercicio anterior.

Este último año, el SEPE ha gastado menos tanto en prestaciones contributivas –un 10,65% menos–, como en el subsidio –un 11,5% menos–. En la Renta Activa de Inserción (RAI), destinada a parados mayores de 45 años que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, el gasto ha sido un 8% menor.

Ni parados de larga duración, ni autónomos ni jóvenes

En 2015 se puso en marcha el Programa de Activación para el Empleo –para quienes hayan agotado la RAI o el Prepara–, una ayuda para parados de larga duración ligada a cursos de formación u orientación profesional. Pero no ha tenido mucho éxito. En 2015 se presupuestaron 850 millones, pero sólo se gastó el 18,9%, 160,6 millones de euros. En 2016 sólo se ha utilizado el 43% de los 350 millones destinados inicialmente al programa. Los sindicatos no han dejado de criticar que los requisitos para acceder a esta ayuda son demasiado restrictivos y que se le ha dado tan poca publicidad que los potenciales beneficiarios no saben de su existencia.

Por lo que se refiere al Plan Prepara, igualmente pensado para desempleados de larga duración sin otras rentas, el SEPE sólo ha desembolsado el 61,66% de la partida prevista, 219 millones de euros. Son 124,2 millones, un 25% menos de lo que se gastó un año antes.

Mucho menos atractivo ha resultado tener la prestación por cese de actividad, el paro de los autónomos. Si en 2015 sólo se emplearon 3,6 millones de los 19,8 millones disponibles, el año pasado fueron aún menos: 3,3 millones. En este caso el problema es que muy pocos autónomos, un 20%, cotizan para esta prestación, pese a que su cuantía es muy pequeña. Además, la mayor parte de las solicitudes de la prestación se desestiman porque el autónomo no acredita correctamente el cese de actividad. Tienen que demostrar unas pérdidas del 10%.

Otro tanto le ocurre al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los caballos de batalla publicitarios del Ministerio de Empleo. En 2016 sólo se gastó el 8,13% del presupuesto asignado, que ascendía a 120 millones de euros. Y eso que este último ejercicio se aumentó esa partida en 40 millones respecto a 2015. Se trata de una iniciativa, cofinanciada con fondos de la UE, por la que Empleo se compromete a conseguir a los menores de 30 años una oferta de trabajo, un curso de formación o unas prácticas en un plazo de cuatro meses.

Según las últimas cifras facilitadas por el ministerio, se han inscrito en el sistema 421.209 jóvenes. En España, con el paro juvenil más elevado de la UE después de Grecia, el 43%, hay 1,12 millones de menores de 30 años sin trabajo. En principio, el programa estaba pensado sólo para menores de 25 años; para aumentar el número de inscritos Empleo lo amplió en 2015 hasta los menores de 30. Bruselas, que asignó a España el mayor volumen de fondos para este plan, advirtió el pasado octubre del mal funcionamiento del sistema, con una ratio de eficacia que no es ni la cuarta parte de la media comunitaria.

Más bonificaciones, menos dinero para el SEPE

En el capítulo de las políticas activas de empleo se incluyen también las subvenciones a la contratación indefinida. Éstas son de dos tipos: las reducciones, que son cotizaciones que deja de ingresar la Seguridad Social cuando un empresario contrata a un trabajador fijo, y las bonificaciones, cuyas cuotas abona el SEPE a la Seguridad Social. En 2016 este organismo público abonó un total de 1.583 millones de euros, un 7,34% más que el año anterior, en bonificaciones.

La intención del Gobierno es aumentar en próximos años la proporción de bonificaciones, sufragadas por el SEPE, y recortar la de reducciones, para intentar taponar así el agujero que estos descuentos de cuotas hacen en las cuentas de la Seguridad Social, en déficit desde 2012.

Finalmente, Empleo también ha ahorrado recortando en la partida que todos los años se reserva para modernizar los servicios públicos de empleo. Al igual que en 2015, se habían destinado 100 millones, pero sólo se han gastado 60. Los 40 millones restantes, asignados a “mejorar las oficinas de empleo” se han quedado en el tintero. El año anterior, el presupuesto fue recortado a mitad de ejercicio en 41,63 millones. Es otra de las críticas recurrentes de los sindicatos y la oposición al ministerio: mientras se retraen recursos a los servicios públicos de empleo, se destinan nuevos fondos a pagar a las agencias privadas de colocación, precisamente 100 millones de euros.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prorrogó el año pasado los tres contratos que suscribió en 2014 y 2015 con las agencias privadas de colocación. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

Aun así, el Ministerio de Empleo elogió el trabajo de las agencias, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Representan el 4,2% del listado de parados que remitió el SEPE a las agencias privadas, y el 9,8% de los que fueron atendidos. Como el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%, el ministerio renovó los contratos.

Sin embargo, este modelo de colaboración público-privada tiene sus sombras. La Inspección de Trabajo ha elaborado un informe sobre una de las agencias de colocación autorizadas por el ministerio, Consultora San Román, a la que el SEPE adjudicó la búsqueda de empleo a los parados del Plan Prepara en Madrid y Castilla-La Mancha. En Albacete, concluye la Inspección, la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación. En resumen, no mantiene las condiciones por las que el SEPE le concedió la acreditación.

Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura a infoLibre que el SEPE no ha recibido notificación alguna de la Inspección sobre Consultora San Román. Los inspectores no comunican incidencias hasta que el procedimiento se cierra y la sanción es firme, puesto que tienen “deber de sigilo”. Tampoco le ha llegado al SEPE ninguna otra denuncia sobre falta de desempeño o negligencia por parte de esta agencia de colocación. Pero si se comprueba que incumple los requisitos legales, San Román puede perder la autorización para operar que se le concedió además de afrontar penalizaciones económicas, aclara el portavoz. La consultora no ha respondido a los reiterados intentos de este periódico de obtener un comentario de sus responsables sobre su actividad como agencia de colocación en Castilla-La Mancha.

Sólo una fregona

El pasado mes de julio los inspectores visitaron los cuatro centros con que San Román cuenta, en teoría, en Albacete. El primero, situado en el polígono industrial Camporroso, de Chinchilla de Monteragón, resultó ser “una nave cerrada y sin signos de actividad, más allá de una fregona que se puede observar desde la puerta exterior”. Nadie contestó a los inspectores cuando llamaron. El local carecía de rótulos de una empresa o de agencia de colocación alguna. En el centro del polígono industrial El Mugrón, de Almansa, el local pertenecía al Centro de Innovación Tecnológica de Aideca. Cuando los inspectores preguntaron por la Consultora San Román, nadie les pudo dar razón de ella “porque resultaba desconocida”. Tampoco había un rótulo –un requisito exigido por la ley–.

En el centro de la calle de Feria, en Albacete capital, los inspectores sólo encontraron una confitería en el bajo y un psicólogo en la entreplanta. Y ningún rótulo de la agencia de colocación.

Sólo en la calle de Zapateros, también en Albacete capital, hallaron los inspectores alguna actividad. La oficina pertenece a una asesoría, Ekosab. En el exterior sólo vieron un cartel que anuncia un centro de formación profesional. En el interior sí que encontraron un panel donde figuraba el nombre de San Román y su número de identificación junto al nombre de una empresa de formación denominada Excelencia. Ekosab alquiló a San Román un despacho y una sala de formación donde Excelencia imparte cursos a desempleados. Los trabajadores que entrevistaron allí los inspectores eran asesores de Ekosab. Un empleado de San Román acude a esa oficina “dos o tres veces a la semana, pero no en días fijos y hace entrevistas”, explica el informe. Si un trabajador pregunta por la agencia de colocación, los asesores de Ekosab “le escanean los documentos” y avisan a un empleado de San Román ubicado en Murcia o a otro de Madrid, el mismo que visita la oficina cada semana.

  La Autoescuela La Mancha, en Miguelturra (Ciudad Real), con el cartel de San Román en la puerta.

A continuación, los inspectores citaron a la empresa para que explicara lo constatado en las visitas. San Román reconoció que no tiene más que un centro en Albacete y que en él está empleada una persona que, según su contrato, tiene su lugar de trabajo en Madrid. También aportó los contratos de otros dos empleados, el primero de seis meses de duración – hasta abril de 2016– y el segundo de uno de los asesores de Ekosab, para la que trabaja como autónomo. Al tiempo había sido contratado a tiempo parcial como “técnico seleccionador orientador” por San Román. Sólo por dos meses en 2015. Ninguno de los dos tiene título alguno para ejercer como mediador u orientador laboral, detalla el informe de la Inspección.

El acuerdo marco exige a las agencias de colocación que dispongan de un mínimo de dos personas por centro, de las cuales el 50% debe poseer un título universitario. Además, el 50% del personal técnico deberá contar con una experiencia mínima de seis meses en programas de empleo o gestión de recursos humanos.

Sólo seis contratos en un año

La consultora informó a los inspectores de que habían conseguido empleo a seis personas en 2016. De ellas, dos ya habían sido contratadas anteriormente por las empresas en las que San Román decía haberles encontrado trabajo. Una de ellas, una ETT con la que el trabajador ya había firmado siete contratos desde septiembre de 2015. La otra ya había sido empleada por la empresa los dos años anteriores. Los contratos conseguidos para dos de las personas atendidas sólo duraron tres meses. Por tanto, concluyen los inspectores, “no existen datos objetivos que permitan determinar la existencia de un margen efectivo de contratación derivado de la mediación en el mercado de trabajo”.

Además, San Román “no aplica los modelos de entrevistas y toma de datos presenciales”, revela el informe, “que efectúan miembros de la asesoría laboral no cualificados”.

Pero no son las únicas deficiencias halladas por la Inspección. San Román tampoco cuenta con una contabilidad separada para sus actividades de colocación y de formación, tal y como le exige la ley. “Más bien todo lo contrario”, apunta el informe. Además, la agencia no garantiza la intimidad y confidencialidad de los datos de los trabajadores a quienes atiende y en las entrevistas no respeta los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo. En concreto, se le preguntó a una de las trabajadoras por su estado civil y número de hijos, detalla el informe.

Lo mismo en Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Cuenca

El sindicato CCOO ha visitado buena parte de los 24 centros que San Román declaró tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado no difiere mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete. En Ciudad Real capital, el local que San Román tenía en el edificio Miró está cerrado y uno de los dos con que cuenta en Miguelturra, en esa misma provincia, también. El otro corresponde a la Autoescuela La Mancha, donde se limitan a recoger currículos pero no hacen entrevistas. En la sede de la misma autoescuela en Ciudad Real también debería haber otro despacho de San Román, pero en ella derivan a los interesados a la oficina de Miguelturra, explica el sindicato.

La oficina de la agencia en Valdepeñas está situada en el centro de formación Innova, pero allí ni siquiera recogen los currículos de los parados. “Te dicen que vayas a su página web”, asegura CCOO. En Tomelloso la oficina corresponde al centro de formación Ceres. Sólo recogen currículos. En Manzanares está en el Centro de Formación Manzanares y funcionan de la misma manera.

En Guadalajara, el local de la plaza de José Luis Sampedro se encuentra cerrado y el de la Plaza Mayor lo ocupa un despacho de abogados donde les dijeron a los miembros de CCOO que los trabajadores de San Román habían “desaparecido de un día para otro”. La agencia tiene una tercera oficina en el centro Galileo. Allí sí figura el cartel de San Román en la puerta, como es preceptivo, pero los empleados de la agencia sólo pasan algunos días a recoger los currículos que dejan los desempleados a la búsqueda de trabajo.

Es la misma operativa con la que funciona la consultora en el centro de formación de la calle de Italia en Toledo –se pasan de vez en cuando, remiten a la página web– y en el del centro de formación Mogrúas de Talavera de la Reina, donde tampoco tienen el cartel preceptivo. Otro tanto ocurre en el Centro de Estudios Laborales de Cuenca.

Red inflada de oficinas

La precariedad con que esta empresa ha montado su red de oficinas como agencia de colocación no es, en realidad, una sorpresa. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos para adjudicarse los contratos del concurso para colocar a los parados del Plan Prepara, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las empresas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional del concurso. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de oficinas. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esas redes. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hastauna treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Divididos por lotes geográficos, los adjudicatarios fueron el Grupo Adalid Inmark –Galicia, Asturias y Cantabria–, UTE T-Talento–Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares–, Master Cum Laude–Aragón y Cataluña–, Consultora San Román –Madrid y Castilla-La Mancha–, Ibecon SL–Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra– y Fundación Grupo Vértice–Andalucía, Ceuta y Melilla–.

Un contrato de 41,66 millones de euros

Entonces se repartieron entre ellas 41,66 millones de euros. Los precios de partida con que el SEPE iba a retribuir a las agencias privadas de colocación por su trabajo variaban desde 300 euros por conseguir empleo a un menor de 29 años hasta 3.000 euros por proporcionar un contrato de seis meses a un parado mayor de 45 años que lleve más de dos sin trabajar. En todo caso, se trata de precios máximos de licitación con el 21% del IVA incluido. El acuerdo marco permite a las agencias ofrecer hasta un 30% de rebaja sobre ese precio.

Además, las agencias privadas perciben un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran cobrando indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo. También se les paga una “cuantía por adscripción”: una cantidad fija por cada desempleado que se le encomiende, “con independencia del resultado que pueda tener finalmente el servicio de inserción”. Es decir, aunque no le consigan un trabajo. A la lista hay que añadir dos incentivos más. Uno “por especial dificultad de inserción”, de hasta 1.000 euros, por encontrar empleo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Y otro por “el mantenimiento continuado en el empleo de la persona insertada”, hasta seis meses adicionales, que equivaldrá al 50% de la cuantía de inserción, la tarifa básica antes citada, de entre 300 y 3.000 euros.

100 millones para las agencias privadas

El año pasado Empleo repartió entre las comunidades autónomas 100 millones de euros con destino a sus propios contratos con agencias privadas de colocación. A Castilla-La Mancha le correspondieron 5,68 millones de euros y a Madrid, 11,86 millones.

Mientras, la Comisión Europea ha reprochado al Gobierno español que no haya elaborado hasta el momento ningún sistema de evaluación de eficiencia de las agencias privadas de colocación, y el Consejo de Europa le echa en cara que haya recortado el número de empleados de los servicios públicos de empleo entre 2011 y 2014. Despidió a 3.000 orientadores laborales y el presupuesto destinado a modernizar el SEPE se quedó en sólo 15 millones de euros en 2014. En 2015, pese a destinarse a este fin una partida inicial de 100 millones, quedó finalmente reducida a 58,3 millones. Los sindicatos repiten que en España un funcionario debe atender a una media de 200 desempleados, mientras que en el resto de Europa no pasa de 50.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha prorrogado los tres contratos que suscribió en 2014 y 2015 con las agencias privadas de colocación. El primero, a resultas de un acuerdo marco por el que se seleccionaron 80 agencias, fue prorrogado por dos años más el pasado 13 de mayo. De ese catálogo han elegido después las comunidades autónomas las agencias con las que a su vez han suscrito sus propios convenios para encontrar empleo a sus parados. El segundo lo adjudicó el SEPE a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Preparaseis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla, y el tercero se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar. Estos dos contratos acaban de ser renovados este mismo mes por un año más.

El caso es que el acuerdo marco establece que antes de que éste venza, una comisión de seguimiento debe elaborar un informe que evalúe el desempeño de las agencias privadas. Pues bien, el primer contrato se renovó antes incluso de que se constituyera la comisión de seguimiento, lo que no ocurrió hasta el 27 de julio pasado. Para ese fecha, el SEPE había elaborado ya un informe de evaluación, aunque sólo provisional, en el que faltaba información procedente de algunas comunidades autónomas. El definitivo aún no existe. Los otros dos contratos restantes acaban de ser renovados este mes, cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se ha reunido aún por segunda vez.

Según las fuentes consultadas, el SEPE dice haber basado su decisión en las reuniones que sus responsables han mantenido con las propias agencias privadas. De las entrevistas concluyeron que éstas serán más eficaces y mejorarán sus resultados “a medida que pase el tiempo”.

Parados jubilados, fallecidos o ilocalizables

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. En total, para los tres contratos suscritos –que incluyen a su vez los firmados por las comunidades autónomas– el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España hay 4,32 millones, según la última EPA–, de los que sólo han atendido a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que dispone sobre muchos de esos desempleados son erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. Yojana Pavón, presidenta de ANAC, la asociación que agrupa a las agencias privadas de menor tamaño, asegura además que en un buen número de casos el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

“Los listados los remite el SEPE a cada servicio autonómico de empleo, que los coteja con los suyos propios –son distintos–, y establece sus prioridades”, indica Pavón, “después el servicio regional manda el nuevo listado a las agencias”.

De esas 81.635 personas atendidas por las agencias privadas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirven al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también son dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia es la que mejores resultados ha obtenido, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León han sido el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no da más detalles ni desagrega los datos por perfiles de parados, ni dice qué tipo de empleos se han ofertado.

Sí precisa que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, han realizado 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consisten; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Las agencias privadas tienen la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surja con los desempleados a los que atienden. Dicen que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran. 

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión.  Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permite a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran percibiendo indebidamente la prestación y sea sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hace mención alguna a este tipo de incidencia.

Cinco comunidades se descuelgan

La prórroga del nuevo acuerdo con las comunidades autónomas para los dos próximos años ha registrado cinco bajas. Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana han preferido desvincularse de este sistema de colaboración público-privada. En el primer acuerdo tampoco quisieron participar Cataluña, País Vasco y Andalucía. Por el contrario, Canarias ha suscrito convenios con 16 agencias y Galicia, con nueve; Aragón y Asturias, con siete.

“Nosotros no queríamos que se prorrogara sin más, sino que se modificara, porque el modelo tiene deficiencias”, advierte Yojana Pavón. La presidenta de ANAC destaca los “problemas de flujo de información” que padece el sistema, el “espacio telemático común” al que están obligadas a enviar datos de su actividad con periodicidad mensual todas las agencias. Por ejemplo, apunta, parte de sus actuaciones no tienen cabida en los campos de texto de la aplicación SISPE, que integra la información de todos los servicios públicos de empleo. “Ni los contratos que gestionamos en el extranjero, ni los de prácticas o interinidad ni las derivaciones de un parado a una actividad de emprendimiento”, enumera.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, el SEPE ha prometido a los interlocutores sociales que redactará el informe definitivo y “pormenorizado” sobre el desempeño de las agencias una vez les haya remitido a éstas un nuevo modelo de formulario y después de que las comunidades autónomas elaboren su propio informe de evaluación basándose en esos datos.

Un proceso que se ha demorado cinco años

La puesta en marcha de este modelo fue lenta y dificultosa. El decreto que regula la actividad de las agencias privadas de colocación se remonta a diciembre de 2010. El acuerdo marco no se aprobó hasta agosto de 2013, pero las agencias no comenzaron a trabajar hasta enero de este año. Los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos paralizaron el concurso una y otra vez. Primero fue la lista de 80 seleccionadas, entre un total de casi 1.600 autorizadas, la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias.

Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, consecuencia de los sucesivos recursos presentados por las empresas excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hinchar supuestamente su red de oficinashasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la Once, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados. Por ese trabajo han cobrado 41,7 millones de euros.

Negociado y sin publicidad

En vista de los problemas acumulados, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para el tercer concurso. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estén inscritos en el paro: Adecco se encarga de quienes sólo llevan de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hayan pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superen los dos años. A cambio, las cuatro adjudicatarias se han repartido otros 41,7 millones de euros. El importe total del acuerdo marco asciende a 200 millones de euros.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Gobierno, sindicatos, empresarios y expertos coinciden en destacar el papel fundamental que desempeñan las políticas activas de empleo, la formación, en la lucha contra el paro. “Suponen la manera de hacer posible que la gente se emplee cuanto antes”, explicaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el pasado septiembre en Jaén, antes de publicitar que el Gobierno iba a aumentar un 10% el presupuesto dedicado a esta partida para 2016.

Pero el desempeño administrativo desmiente las declaraciones de intenciones en la apremiante batalla contra el récord de paro. El Servicio Público de Empleo (SEPE) sólo ha ejecutado hasta el momento el 0,71% de su presupuesto anual para formar a desempleados, 892 millones de euros. La cifra aparece en la ejecución provisional del presupuesto de este organismo, el antiguo Inem, a fecha de mayo.

El motivo por el cual es tan bajo el nivel de ejecución de la partida destinada a dar cursos de formación a los casi cuatro millones de parados inscritos en el SEPE estriba en que el Consejo de Ministros no había aprobado aún una transferencia a las comunidades autónomas de 600,6 millones de euros. Y no lo ha hecho porque el Ministerio de Hacienda tampoco ha elaborado el informe favorable que es “preceptivo y vinculante”, según explica Empleo a infoLibre. El departamento que dirige Fátima Báñez justifica el retraso del de Montoro en el “gran volumen de información” que éste debe recabar de las comunidades autónomas con carácter previo. El informe, añade, “depende del cumplimiento por parte de las comunidades autónomas de los objetivos de déficit asignados”.

Todas las comunidades, excepto Galicia, País Vasco y Canarias, superaron el techo de déficit el año pasado, el 0,7% del PIB, por lo que las incumplidoras recibieron una carta del ministerio a comienzos de abril donde les exigía que aprobaran en el plazo de 15 días medidas de recorte de gasto. Lo hicieron, y el pasado día 9 Montoro anunció el desembolso de 8.816 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica para que las comunidades autónomas, a su vez, paguen a sus proveedores.

Además de la cuantiosa partida que gestionan las comunidades autónomas, el SEPE administra directamente casi 37 millones de euros para ofrecer cursos de formación a los parados. A mitad del ejercicio en curso sólo ha desembolsado el 3,12% de esa cantidad. Al término de 2015, únicamente había utilizado el 45,42% del presupuesto para ese año, y ello después de haber recortado la partida inicial, de 35,8 millones a 25,4 millones de euros.

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Otro de los capítulos incluidos en la formación para desempleados del presupuesto del SEPE es la correspondiente al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Son 120 millones de euros, de los que sólo se ha repartido hasta el momento el 4%, 4,8 millones. El objetivo de este sistema, impulsado desde Bruselas, es que los menores de 30 años reciban una oferta de empleo, formación o prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados. Hasta el pasado mes de febrero, la cifra de inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil era de 215.289, apenas el 16,8% de los 1,27 millones de parados menores de 30 años que hay en España, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

El escaso número de jóvenes registrados ha sido muy criticado por los sindicatos, que reprochan a Empleo la opacidad del sistema. Ni siquiera ampliando de los 25 a los 30 años la edad de los posibles beneficiarios ha conseguido el ministerio que la iniciativa aumente su cobertura.

Aún sin convocatoria de subvenciones para los ocupados

En el apartado de formación a ocupados la ejecución ha sido mayor que en la ofrecida a los desempleados, pero aun así sólo representa la tercera parte del presupuesto anual destinado a este capítulo, 1.027,7 millones de euros. La razón de la parálisis en este caso también lo atribuye Empleo al Ministerio de Hacienda, que no aprobó hasta el pasado día 17 un expediente de ampliación de crédito de 32 millones de euros. Empleo dice que el SEPE no recibió “hasta hace dos semanas” el citado documento, por lo que la convocatoria de subvenciones sigue aún tramitándose pero aún no se ha publicado, casi dos meses después de ser aprobada por el patronato de la Fundación Tripartita, que la gestiona. 

A su vez, la convocatoria acumulaba ya un retraso considerable este año. En 2015 no hubo convocatoria de los planes de formación y este año acumula ya tal demora que los cursos no podrán empezar a impartirse hasta final de año. Es decir, se han quedado sin formación medio millón de ocupados y 270.000 desempleados, según las últimas cifras de participación en cursos publicadas por el SEPE.

En consecuencia, y a pesar de la importancia que se le otorga a la formación, sólo cinco de cada 100 desempleados realizaron un curso en 2013, si hay que creer a la última evaluación de calidad del sistema realizada por el propio SEPE.

Por el contrario, sí que se pagan a buen ritmo las bonificaciones a los contratos: el SEPE abona a la Seguridad Social las cuotas que las empresas deben pagar por contratar a trabajadores, las tarifas planas aprobadas por el Gobierno en estos cuatro años. Hasta mayo, ha desembolsado ya el 40,27% de los 1.635 millones presupuestados para todo el año. El año pasado el SEPE pagó por este mismo concepto un total de 1.475 millones, el 98,33% de la partida asignada.

Las ayudas de 426 euros, a menos

En cambio, continúa con una decepcionante aplicación la última ayuda creada por el Gobierno para los parados que agoten el catálogo de prestaciones públicas, y que también está vinculada a la inscripción en cursos formativos. Del Programa de Activación para el Empleo, 426 euros al mes, destinada a parados de larga duración, sólo se ha pagado hasta mayo un 15,5% de los 350 millones inicialmente consignados. Según las últimas cifras del ministerio, el pasado abril sólo percibían esa ayuda 25.068 personas, un 43% menos que un año antes.

Del programa Prepara, la penúltima ayuda de 426 euros vinculada a la realización de cursos y destinada a parados que hayan agotado el resto de los subsidios, sólo se ha desembolsado el 26,8% del presupuesto inicial  –219 millones de euros–, después de sufrir un recorte de 17,6 millones. Según explica el ministerio, esa cifra ha resultado ser “excesiva” teniendo en cuenta la “tendencia a la baja en el gasto de estas ayudas en los últimos ejercicios”. Así que la cantidad sobrante se ha dedicado a otra partida, los planes de empleo para “insertar parados en el ámbito local”.

41 millones menos para modernizar las oficinas públicas

Este año, el ministerio ha destinado 100 millones de euros a la “modernización” de los servicios públicos de empleo, la misma cantidad que el año anterior. Pero entonces recortó la partida en 41,63 millones. A preguntas de este periódico, el ministerio no explica por qué redujo el presupuesto en un 41,6% el año pasado, sólo que destinó ese dinero a orientación profesional en las comunidades autónomas de los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo.

El recorte de las partidas dedicadas a modernizar el SEPE ha sido una de las críticas constantes de sindicatos y expertos desde que Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, pues ha coincidido con la puesta en marcha de convenios con las agencias de colocación privadas. En 2015 Empleo reservó 140 millones para estas empresas, este año les dedica 175 millones más, el doble de lo que destinó a “modernizar” las oficinas públicas de empleo.

El Gobierno justifica el cambio de orientación del gasto en la ineficacia pública para encontrar trabajo a los parados y en el mayor rendimiento de las agencias privadas. Así, según la última EPA, sólo un 1,7% de los asalariados encontró empleo gracias a las oficinas públicas, ahora en manos de las comunidades autónomas, tres décimas menos que un año antes. Aunque la eficacia de las agencias privadas tampoco fue mucho mayor: sólo un 2,9% de los trabajadores dice haber encontrado trabajo gracias a ellas.

La Comunidad de Madrid pagará 7,5 millones de euros a cuatro agencias de colocación privadas para que busquen trabajo a 8.000 del casi medio millón de desempleados de la región. La Consejería de Economía y Empleo ha utilizado un concurso negociado y sin publicidad para adjudicar la tarea a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), la Fundación Tomillo, Eulen Flexiplan y la Asociación Salesiana. El Gobierno madrileño, cuando aún lo presidía Esperanza Aguirre, suprimió el Servicio Regional de Empleo en julio de 2011.

El Ejecutivo autonómico justificó la medida en la necesidad de “optimizar la eficacia de la Administración autonómica y avanzar en la contención del gasto público y la austeridad”, al tiempo que prometía una atención a los desempleados “más cercana y activa” y “con mejores resultados”. En su lugar creó tres nuevas direcciones generales.

Cinco años después y en el último momento, el pasado 28 de diciembre, el Gobierno de Madrid decidió movilizar su parte de los 80 millones de euros que el Ministerio de Empleo destinó en 2015 a las comunidades autónomas para que pusieran en marcha las agencias privadas de colocación. Al concurso negociado y sin publicidad invitó a 11 agencias de las 80 preseleccionadas por Empleo. En 2013 el ministerio aprobó un Acuerdo Marco que es que ha regido desde entonces un proceso lleno de sobresaltos y polémicas. De hecho, el sistema de colaboración público-privada –como denomina el Gobierno al recurso a las agencias privadas para que compitan con el antiguo Inem, hoy SEPE– sólo se ha puesto en marcha hace dos meses, con la legislatura a punto de acabar.

Esas 11 agencias invitadas fueron, además de las ganadoras ya citadas, las grandes empresas de trabajo temporal (ETT) Manpower, AdeccoAdecco y Randstad, y por partida doble, puesto que la Comunidad de Madrid también llamó a las fundaciones de estas dos últimas multinacionales. También a la Fundación Benéfica San Martín de Porres y la Asociación Cultural La Kalle. La Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), que agrupa a las agencias más pequeñas, se queja no sólo de la “falta de transparencia” del proceso, sino también de la “preferencia” que ha demostrado la Comunidad de Madrid por “las grandes multinacionales”. Y se pregunta cuál ha sido el criterio del Gobierno autonómico para invitar a esas 11 agencias de las 80 posibles.

Criterio geográfico y de especialización

Un portavoz de la Consejería de Economía y Empleo explica a infoLibre que los criterios de selección han sido “el geográfico y el de especialización”. Así, indica, en los dos primeros lotes, para insertar a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social, se invitó a agencias que cuentan al menos con un centro de trabajo autorizado en la Comunidad de Madrid y que tienen experiencia en el trabajo con esos dos segmentos de población.

Pero lo cierto es que de las tres invitadas al lote número 1, dos son las fundaciones de Adecco y Randstad, que están autorizadas por el SEPE sólo como agencias con “medios telemáticos” y tienen ámbito nacional. La ganadora, Cocemfe, sí que posee autorización para trabajar de forma “presencial” y sólo en la Comunidad de Madrid. En el lote número 2, tanto las invitadas –La Kalle y San Martín de Porres– como la adjudicataria, Fundación Tomillo, cumplen los requisitos de prestar atención presencial y ser de ámbito madrileño.

Para las invitaciones a los lotes 3 y 4, se eligió, según la consejería, a agencias que cuentan al menos con cinco centros de trabajo en la Comunidad de Madrid y acrediten experiencia en la inserción de parados de menos de 30 años y desempleados de larga duración –más de un año sin trabajo–, respectivamente. Sin embargo, las cinco invitadas –son las mismas para ambos lotes– están autorizadas por el SEPE sólo para actuar con “medios telemáticos” y su ámbito es nacional.

Es decir, de las 11 agencias invitadas, sólo dos están autorizadas a trabajar de forma presencial con los parados y son de ámbito autonómico. Y cinco son grandes ETT y la Asociación Salesiana, también una de las mayores agencias de colocación españolas.

Por partida doble

A juicio de la asociación ANAC, el criterio utilizado por la Comunidad es “confuso” puesto que la autorización del SEPE sólo permite actuar a estas grandes agencias por medios telemáticos –internet– y desdeña “el valor de centros de formación profesional para el empleo que tradicionalmente gestionan contratos de formación y aprendizaje o programas de formación con compromiso de contratación”. También critican las pequeñas agencias que se haya duplicado la invitación a las multinacionales Adecco y Randstad. Se da la circunstancia de que Randstad declinó las invitaciones a los tres lotes a los que fue llamada. Tampoco mostró interés en los concursos de ámbito nacional convocados por el SEPE.

ANAC expresa además su desconcierto por el hecho de que la Comunidad de Madrid haya otorgado exactamente la misma puntuación a todas las ofertas presentadas en todos los lotes: 20 puntos. Hasta el 60% de la nota final corresponde a la valoración técnica obtenida por cada agencia de colocación en el Acuerdo Marco; es decir, la concedió en su día el SEPE. El resto se reparte entre el precio ofrecido y los puntos que recibe el sistema de evaluación de los resultados de su trabajo que acredite cada agencia. Y éstos han sido 20 para todas. Según la Consejería de Economía, es así porque para obtener esa puntuación a la agencia le basta con acreditar que dispone de un “enlace web con acceso identificado y protocolo seguro” para enviar datos al sistema informático de la Dirección General de Empleo. ANAC recuerda que todas las agencias incluidas en el espacio telemático común del SEPE tienen ese acceso.

El caso es que la Comisión de Contratación de la Asamblea de Madrid estudiará la adjudicación de las agencias privadas en su próxima reunión del día 10. Tanto Podemos como Ciudadanos han solicitado ya el expediente completo de la contratación y la comparecencia de la consejera de Economía y Empleo, Engracia Hidalgo.

Los dos concursos nacionales 

Desde que se firmó el Acuerdo Marco en 2013, el SEPE ha convocado dos concursos para que las agencias privadas de colocación. El primero estuvo empantanado durante más de un año por los sucesivos recursos de las agencias excluidassucesivos recursos de las agencias excluidas. Hasta cuatro veces rehízo la lista de adjudicatarios el SEPE.

Finalmente, seis pequeñas agencias consiguieron el concurso: UTE Adalid Inmark y T de Talento, Ibecón 2003, Master cum Laudem, San Román Escuela de Estudios Superiores y Fundación Vértice. En uno de esos vuelcos de lista fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos: Adecco, Manpower, Eulen y la orden salesiana, además de Telefónica y la Once.

Esa primera convocatoria fue un procedimiento abierto y ordinario; el segundo, negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas: Eulen, Manpower, Adecco, la Asociación Salesiana y la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–. Esta última declinó presentar una oferta. Es decir, se hicieron con el segundo concurso las grandes empresas que habían quedado excluidas del primerosegundo concurso. Prácticamente las mismas que fueron invitadas por la Comunidad de Madrid a su propia convocatoria.

La última decisión de Engracia Hidalgo

El concurso negociado y sin publicidad del SEPE fue una de las últimas decisiones tomadas por Engracia Hidalgo, entonces secretaria de Estado de Empleo, antes de dejar el ministerio. Fue convocado en junio del año pasado y resuelto en poco más de un mes. El 26 de junio Hidalgo abandonó el departamento que dirige Fátima Báñez para regresar a la Comunidad de Madrid, donde ya había sido consejera de Hacienda y de Familia. Desde entonces es la responsable de Economía, Empleo y Hacienda. Aquí ha repetido concurso, procedimiento y empresas.

Según los datos del mes de enero, en Madrid hay 460.330 parados registrados. La Encuesta de Población Activa (EPA) cuenta hasta 563.000 a 31 de diciembre de 2015. El pasado mes, el paro aumentó en 7.978 personas en la Comunidad, la segunda en que más creció sólo detrás de Andalucía. Es casi la misma cifra de desempleados que las agencias privadas tendrán que colocar a lo largo de este año por encargo del Gobierno de Cristina Cifuentes, a cambio de 7,5 millones de euros. Cobrarán un 85% del erario público por cada trabajador al que encuentren empleo –un contrato de al menos seis meses– y el 15% restante por las “labores de intermediación, asesoramiento y orientación” que hayan realizado previamente con ese trabajador. El precio de licitación para cada uno de los tres primeros lotes es de 1,5 millones de euros. El del cuarto, los parados de larga duración, los más difíciles de devolver al mercado de trabajo, se ofertó por el doble: tres millones de euros.

El anuncio del PSOE de que, si llega a gobernar, sólo derogará algunos artículos de la última reforma laboralreforma laboral y remitirá a la negociación entre patronal y sindicatos los aspectos más polémicos, como el despido, ha dejado a CCOO y UGT del todo menos satisfechos. Es más, le exigen que ataque desde el primer momento el que consideran principal perjuicio de la reforma del PP y legisle para endurecer los requisitos del despido. El Gobierno de Rajoy lo ha descausalizado y facilitado, aseguran; el resultado han sido los cinco millones de despidos que ha sufrido España desde el comienzo de la crisis.

La portavoz de Empleo del PSOE, María Luz Rodríguez, se compromete a derogar “con carácter inmediato”, mediante un real decreto-ley, “en el segundo consejo de ministros” que celebre un hipotético Gobierno socialista, los “aspectos” de la reforma laboral que han precarizado el empleo y recortado los salarios. Es decir, suprimirá el contrato de apoyo a los emprendedores, polémico porque incluye un periodo de prueba de un año; reducirá a tres el catálogo actual de contratos –indefinido, temporal y de formación–  ; prohibirá el encadenamiento de contratos temporales más de un año, y anulará la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial.

Pero nada dice el programa sobre el abaratamiento del despido que propició la reforma del PP. “Quien diga en este país, en la UE y en la globalización en la que estamos, que quiere subir la indemnización por despido a 45 días está mintiendo”, admitió el secretario general socialista, Pedro Sánchez, en una entrevista a eldiario.es.

El PSOE propone ahora a empresarios y sindicatos que se sienten a negociar para redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que debería estar listo en un año. Los agentes sociales, explica María Luz Rodríguez, serán quienes cambien, por ejemplo, la regulación del despido o la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación, que la reforma redujo a un año–. Precisamente dos de las cuestiones nucleares de la reforma de 2012.

“Ocurrencias” sin rigor

El paso del “derogaremos la reforma laboral” sin matices al actual enunciado, que excluye el despido de la acción legislativa directa, ha sido recibida con “preocupación y perplejidad” en CCOO. “[Los socialistas] Deberían ser más rigurosos y valientes y dejarse de ocurrencias”, les reprocha su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, quien ha tachado de “sugerencia retórica” la propuesta electoral del PSOE. A su juicio, la bajada de tono socialista “intenta justificar su negativa a derogar en la reforma laboral capítulos tan sensibles como el despido”. Para el número dos de CCOO, es “urgente” legislar la “protección real y efectiva” de los trabajadores ante el despido.

“Nunca fue tan fácil justificar un despido objetivo con 20 días de indemnización como ahora”, explica por su parte Manuel Lago, economista de CCOO. Basta con que sufra tres trimestres de caída de ingresos o con que prevea pérdidas en el futuro para que una empresa pueda ejecutar un despido colectivo, lo que antes se llamaban Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y precisaban de autorización administrativa. “El debate real no son los 20, 33 o 45 días de indemnización del despido”, apunta, “sino volver a una regulación rigurosa de las causas”.

Ahí coincide con María Luz Rodríguez, que fue secretaria de Estado de Empleo con Valeriano Gómez al frente del Ministerio de Trabajo. “En España, el debate se acaba en cuanto llega al despido, ya no se debate nada más”, protesta cuando se le menciona la polémica que ha acompañado a la exclusión de las indemnizaciones del ataque frontal a la reforma. Dice que la “figura mediática” del despido ha dejado fuera del debate la jornada, las horas extraordinarias, la conciliación o los conflictos laborales.

El PSOE hizo dos reformas laborales

UGT no ha sido tan dura en su reacción. De hecho, Cándido Méndez calificó en su momento de “prudente” el planteamiento socialista. Pero su responsable de Acción Sindical, Toni Ferrer, reclama a un futuro Gobierno del PSOE que rectifique la desregulación del despido propiciada por la reforma laboral, en lugar de dejar la tarea en manos de sindicatos y empresarios. “Nunca podremos llegar a un pacto sobre el despido con la patronal”, advierte el número dos de UGT, “por lo que debería ser el Gobierno quien entrara, más allá de los días de indemnización, en las causas y los procedimientos”. Toni Ferrer cree que también deberían quedar abolidas desde el primer momento las cláusulas de descuelgue y la ultraactividad.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de CGT, José Aranda, resume con el adjetivo “patético” la opinión que le merece el plan del PSOE. Aranda exige que se derogue la reforma laboral de 2012, sin tibiezas, para recuperar los derechos perdidos por los trabajadores y la negociación colectiva, desaparecida, según dice, en estos últimos cuatro años.

A Toni Ferrer, en cualquier caso, le satisface la “secuencia temporal” planteada por los socialistas, siempre que “se recupere el equilibrio” perdido en la negociación con los empresarios, se apueste por el Diálogo Social y “que el PSOE se lo crea”. Porque el responsable de UGT recuerda que el Gobierno socialista hizo “dos reformas laborales impuestas, unilaterales, en 2010 y 2011, y ésa es una asignatura que tienen que superar”.

ERE en la administración pública, agencias de colocación

El caso es que, al menos en la intención mostrada en su programa, el PSOE no incluirá ni los descuelgues ni la ultraactividad entre los artículos derogables por decreto. Estos dos aspectos nucleares de la reforma de 2012 deberán pactarlos sindicatos y patronal en esa hipotética negociación. “Los empresarios también están deseando recuperar el consenso básico de nuestro modelo de relaciones laborales”, asegura María Luz Rodríguez. Para fortalecer la negociación colectiva, además, quiere que se ocupen de ella las secciones sindicales, en lugar de los comités de empresa, “a imagen de lo que ocurre en el resto de Europa”.

También quedarán fuera de la derogación exprés prometida por el PSOE los despidos colectivos en las administraciones públicas, que no sólo autorizó la reforma de 2012 sino que, además, son la única fórmula que ésta les permite para reducir sus gastos de personal en caso de insuficiencia presupuestaria.

Para las agencias privadas de colocación, que rechazan los sindicatos, la responsable socialista promete “normalizar su situación”. El primer decreto para regularlas fue, de hecho, iniciativa suya. Pero critica la gestión de sus sucesores en el ministerio, que “no han conseguido ponerlas en marcha en cuatro años”. Por el contrario, “han dinamitado el sector, porque cualquiera puede funcionar como agencia de colocación, y enfadado tanto a las grandes agencias como a las pequeñas”. Al tiempo, el programa socialista propone crear una Agencia Pública de Empleo que sustituya al actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se encargue de la intermediación laboral.

La legislatura está a punto de concluir y el Ministerio de Empleo aún no tiene garantizado que las agencias privadas comiencen a buscar trabajo a los parados. Acaba de enviar los primeros listados de desempleados a las empresas que se encargarán de encontrar empleo a los inscritos en el Plan Prepara, una vez resueltos los múltiples recursos que han bloqueado este primer concurso hasta ahora. Pero el segundo, convocado y resuelto en tiempo récord el pasado mes de junio, ha tropezado de nuevo con el mismo obstáculo que dejó empantanado el anterior durante dos años. El gigante Randstad presentó el pasado jueves un recurso en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, en el que pide que suspenda y anule la adjudicación a sus competidoras Adecco, Manpower y Eulen, así como a la orden salesiana.

Decida el tribunal suspender o no la concesión, como le pide Randstad, en cualquier caso éste no resolverá el recurso antes de un mes. De momento, las adjudicatarias y el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, tienen cinco días para presentar alegaciones.

A diferencia del primer concurso, y para evitar que se repitieran sus múltiples problemas, el segundo fue negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplen ese requisito: Eulen, Manpower y los Salesianos. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitó acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

Randstad carece de oficinas en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, según consta en la relación de centros de trabajo que figura en el Sistema Nacional de Empleo, por lo que quedó fuera del procedimiento. Ahora pide que se anule la adjudicación alegando que el criterio geográfico no es válido.

En su momento, el Ministerio de Empleo justificó la elección de un concurso negociado y sin publicidad en que el Acuerdo Marco con las Agencias de Colocación y la Ley de Contratos del Sector Público se lo permite para “agilizar los procedimientos administrativos”. En efecto, la ley incluso exime a la Administración de convocar a una nueva licitación a los candidatos preseleccionados para participar en el Acuerdo Marco. O bien, “justificándolo debidamente en el expediente”, le permite no extender la consulta “a la totalidad de los empresarios que sean parte del Acuerdo Marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos”.

Según fuentes conocedoras del recurso, la multinacional no duda en presentar el segundo concurso como una “compensación” del SEPE a las grandes ETT por haber sido excluidas de la primera licitación. Tanto Randstad como Adecco, Manpower y Eulen son miembros del patronal Asempleo. El recurso ha generado malestar en estas grandes ETT, que no dudan en hablar de “traición”. Randstad no ha querido hacer declaración alguna sobre el recurso a infoLibre.

Seis pequeñas, cuatro grandes

Hay que recordar que el concurso para los parados del Plan Prepara acaba de resolverse en firme tras sufrir la lista de adjudicatarios provisionales hasta cuatro vuelcoscuatro vuelcos, consecuencia de los recursos que las empresas excluidas fueron presentando desde 2013. En uno de esos giros fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos antes citadas, además de las divisiones de formación de Telefónica y la Once.

Finalmente, tras el accidentado y largo proceso, serán seis pequeñas empresas de formación las encargadas de competir con el antiguo Inem en la búsqueda de empleo a los inscritos en el Plan Prepara –más de un año sin trabajar, prestaciones y subsidios agotados–: Grupo Adalid Inmark lo hará en Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, en Aragón y Cataluña; Consultora San Román, en Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecon SL, en Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Grupo Vértice, en Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, deberán atender a casi 11.000 parados.

A las grandes ETT y los salesianos se les encomendaron 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estén inscritos en el paro: Por ejemplo, Adecco se encargará de quienes sólo llevan de tres a seis meses sin trabajar; Manpower, de quienes superen los dos años. A cambio, las cuatro adjudicatarias se repartirán 41,7 millones de euros. El mismo importe se llevarán las seis empresas de formación ganadoras del primer concurso.

Según el ránking elaborado por la consultora DBK, Randstad es la primera ETT por su facturación e España, 495 millones en 2013, un 21% más que el año anterior. La segunda es Adecco, que ingresó 394 millones, un 2,2% más que en 2012. Le sigue Manpower, con una cifra de negocio de 225 millones, un 2% más que el ejercicio precedente. Y la cuarta es Flexiplan, la ETT del Grupo Eulen, que ingresó 92 millones, un 19% más respecto a 2012.

La Comisión Europea asegura en su última evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil español que este programa “debe demostrar aún su eficacia para estimular el empleo de los jóvenes”, toda vez que sólo un “número limitado” de las personas a las que va dirigido “se han registrado en el sistema”. El pasado miércoles el Ministerio de Empleo publicitó que son 85.000 los inscritos. Es decir, apenas el 6,9% de los 1,21 millones de jóvenes menores de 29 años que llevan al menos un mes sin trabajar, a quienes en teoría va dirigido el plan. España es el país con mayor tasa de paro juvenil de Europa. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), casi 1,4 millones de menores de 25 años carecen de trabajo, el 49,2%.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que el Gobierno aprobó en diciembre de 2013 y cuyo objetivo es proporcionar a los jóvenes, en un plazo de cuatro meses, “una buena oferta de empleo” o bien de educación, aprendizaje o prácticas. En un principio esa garantía estaba destinada a los menores de 25 años, pero desde el pasado julio se ha ampliado en España a los menores de 30. La condición es que no hayan trabajado el mes anterior a su inscripción, ni hayan recibido formación los tres meses anteriores. En resumen, el sistema está pensado para dar empleo a los ni-nis, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan: porque han abandonado prematuramente los estudios, se han quedado en el paro y carecen de formación para volver al mercado, o porque aun teniendo estudios, incluso superiores, no consiguen trabajo.

La página web donde los jóvenes pueden registrarse se puso en marcha hace un año, en julio de 2014. Pero, como reprocha la Comisión Europea y denuncian los sindicatos CCOO y UGT, los parados registrados son muy pocos. Lo reconoce también el Ministerio de Empleo: “Crecen de forma lenta y su número es escaso”, concede un portavoz del departamento, quien al tiempo destaca el alza en 50.000 personas que ha experimentado el sistema desde marzo.

Silvia Sazatornil, responsable de Juventud de UGT, critica que se excluya del sistema a cualquiera que no sea un ni-ni. Y Javier Pueyo, de CCOO, destaca los problemas para registrarse en la página web. Para hacerlo, además de contar con DNI o certificado electrónico, se ofrece la posibilidad de conseguir un nombre de usuario y una contraseña de acceso entregando en persona en cualquier oficina de registro de la Administración central o de las comunidades autónomas un formulario en papel donde hay que consignar el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono… y el correo electrónico. También se puede acceder a través de las cámaras de comercio. Javier Pueyo asegura que el Ministerio de Empleo les ha solicitado su colaboración para dar a conocer la iniciativa entre los jóvenes.

Sin datos sobre cuántos contratos y cuántos cursos

El caso es que no sólo su éxito es parco todavía, sino que, aparte del número de jóvenes inscritos, nada más se sabe sobre la Garantía Juvenil. El Ministerio de Empleo no facilita información sobre cuántos de los registrados han recibido una “buena oferta de empleo” y cuántos un curso de formación. Y de qué tipo son unos y otros. O si, en efecto, se cumple la garantía de hacerlo en menos de cuatro meses –en la página web ni siquiera se menciona ese plazo–. El motivo: son las comunidades autónomas las que deben poner en marcha los programas para activar a los jóvenes.

Los sindicatos, en cualquier caso, aseguran que el ministerio les ha reconocido que los cuatro meses son una mera recomendación “orientativa” de la Unión Europea que en España no se está cumpliendo. Tampoco ha creado el departamento que dirige Fátima Báñez un comité de seguimiento para vigilar cómo funciona el sistema, protestan UGT y CCOO. Y, según un informe del Tribunal de Cuentas de la UE, España es uno de los nueve países comunitarios que no han proporcionado información alguna ni a la Comisión ni al propio tribunal sobre sus sistemas de Garantía Juvenil.

De acuerdo con la letra del plan aprobado por el Gobierno, las ofertas de empleo deben ser de, al menos, seis meses de duración o del 50% de la jornada si el trabajo es a tiempo parcial. Y los cursos de formación deben tener un mínimo de 150 horas. También se pueden ofrecer contratos de prácticas o dar apoyo al autoempleo.

Los resultados de los proyectos piloto

La única pista sobre lo que puede estar ocurriendo son los seis proyectos piloto que España presentó en septiembre de 2014 ante la Comisión Europea. Se desarrollaron en Aragón, Avilés y Gijón (Asturias), Cartagena, Galicia y Valencia. De los 65 participantes en el de Cartagena, 14 recibieron una oferta académica o de formación profesional y cinco, una laboral, según informó en su día la Comisión Europea, que no da más detalles sobre el tipo de curso o de contrato. De los 50 jóvenes del programa gallego, 22 optaron por el autoempleo y 22 hicieron prácticas en empresas. De ellos, sólo tres fueron contratados. En Valencia participaron 35 personas. Cinco recibieron formación, 18 optaron por ser aprendices en empresas y 22 prefirieron el autoempleo. Del resto de los proyectos piloto no se facilita dato numérico alguno.

Javier Pueyo lamenta que la mayor parte de la oferta se reduzca a “prácticas no laborales sin contraprestación económica”. “Son becas”, resume, y recuerda que el informe del Tribunal de Cuentas de la UE también criticaba la ausencia en el plan europeo de un criterio sobre lo que es un empleo de calidad, así como de un sistema de supervisión y evaluación de los resultados.

Retrasos en las comunidades autónomas y en formación

La falta de penetración del sistema entre su público objetivo no es la única falla que la Comisión Europea encuentra en la Garantía Juvenil española. También advierte sobre los “retrasos” en la aplicación de las medidas necesarias por parte de las comunidades autónomas. Otro tanto ocurre con la aún pendiente “modernización” de los servicios públicos de empleo que, además, tienen problemas para ofrecer apoyo individualizado a los jóvenes parados debido a los recortes de plantilla sufridos en los últimos cuatro años, apunta la Comisión. También lleva un retraso considerable la puesta en marcha de las agencias privadas de colocación, que deberían colaborar con los servicios públicos a la hora de encontrar empleo a los jóvenes. Y la misma crítica desliza la Comisión Europea sobre la necesaria “mejora de la cooperación entre los centros de enseñanza superior y las empresas”. O sobre la Formación Profesional dual, que Bruselas considera fundamental para reducir el desajuste entre educación y mercado laboral.

En consecuencia, la Comisión Europea advierte de que “los beneficios de la incipiente recuperación del empleo [en España] sólo han alcanzado de forma marginal a los grupos más desfavorecidos, como los jóvenes y las mujeres”. Según el Ministerio de Empleo, 432.000 menores de 30 años se han beneficiado hasta ahora de los incentivos que ofrece a las empresas para que contraten a jóvenes: tarifas planas de cotizaciones sociales, bonificaciones y reducciones. El Informe del Mercado de Trabajo de los Jóvenes, que elabora el mismo departamento, cifra en 184.800 personas el descenso del paro en 2014 entre los menores de 30 años, después de que la tasa de paro de este grupo de edad se disparara en 25,43 puntos porcentuales en la última década. Así, en 2005, 25 de cada 100 afiliados a la Seguridad Social tenían menos de 30 años; en 2014 eran sólo 14 de cada 100. “Los efectos de la crisis económica han sido más nocivos con los jóvenes que con el resto de los trabajadores”, concluye el documento.

Precariedad joven

El problema es que la mejoría del último año es precaria, como ocurre en el resto de los grupos de edad. El 93% de los contratos que firman los jóvenes son temporales, y de éstos, el 42% duran menos de un mes. No es de extrañar, por tanto, que 2,15 millones de jóvenes firmaran 5,56 millones de contratos en 2014. Lo que se traduce en un índice de rotación de 2,62. En 2009 era de 2,23. El año pasado hubo 36.356 jóvenes que suscribieron más de 15 contratos. Otros 172.650 firmaron entre cinco y 10.

Además, son más los menores de 30 años que trabajan a tiempo parcial que a jornada completa: el 52,33%. Y ese porcentaje ha aumentado un 5% en 2014, mientras cae un 4% el de quienes tienen un empleo de ocho horas. En 2010, el 45,81% de los jóvenes trabajaba a tiempo parcial, seis puntos porcentuales y medio menos. Es más, la proporción de los jóvenes que trabajan por horas supera a la de los mayores de 30 años en casi ocho puntos.

Curiosamente, el trabajo autónomo ha decepcionado a los jóvenes, según se desprende de los datos de 2014. Ese año sólo ha habido un 3,94% de nuevas altas en ese régimen de la Seguridad Social, cinco veces menos que en 2013, cuando creció un 20,70% el número de quienes se subieron al carro del autoempleo. Finalmente, el informe revela que casi el 20% de los parados jóvenes lleva más de un año sin trabajar: 160.000 menores de 29 años son parados de larga duración.

Para revertir este panorama la Unión Europea concederá a España 1.887 millones de euros, la mayor partida económica de todos los países comunitarios. Financiados por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil a partes iguales, España deberá aportar otros 500 millones. Para los dos primeros años, 2014 y 2015, Bruselas ya le ha adelantado a España el 30%, 283 millones de euros. Esas cantidades son las que están sirviendo para subvencionar los contratos que firman los jóvenes en paro –la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven; según el ministerio, “un éxito espectacular”– y el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, donde reina una “confusión monumental”, recalca CCOO.

Tres grandes ETT, Adecco, Eulen y Manpower, y la orden religiosa salesiana buscarán empleo a 30.555 parados por encargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem. Las cuatro son las adjudicatarias del concurso negociado y sin publicidad convocado hace poco más de un mes. Se trata de la segunda licitación del Ministerio de Empleo para poner en marcha el modelo de colaboración público-privada que el Gobierno promociona como más eficaz que los servicios públicos. Pero ha sido resuelta en tiempo récord y antes incluso que la primera, que continúa empantanada por los recursos administrativos casi un año después de su anuncio.

Desde diciembre de 2010, cuando el Gobierno del PSOE dio los primeros pasos para dar carta de naturaleza a las agencias privadas de colocación, hasta ahora, han pasado cuatro años y medio. Al menos con este segundo concurso exprés, el Ejecutivo del PP garantiza que su modelo se pondrá en marcha apenas tres meses de terminar la legislatura.

El concurso inicial, pensado para procurar empleos a los parados del Plan Prepara y a los de Ceuta y Melilla, fue adjudicado provisionalmente a seis empresas de formación, pero sólo después de que la mesa de contratación del SEPE rehiciera la lista de adjudicatarios hasta cuatro veces: las UTE Adalid Inmark y T de Talento, Ibecón 2003, Master cum Laudem, San Román Escuela de Estudios Superiores y Fundación Vértice. En uno de esos vuelcos fueron apeadas de los primeros puestos precisamente las grandes empresas de recursos humanos a las que ahora se ha concedido el segundo concurso: Adecco, Manpower, Eulen y la orden salesiana, además de Telefónica y la Once.

Hasta un 60% de rebaja sobre el precio inicial

Cada contrato tiene un importe total de 41,7 millones de euros. Adecco se ocupará de buscar trabajo a 16.340 personas que lleven entre tres y seis meses en el paro; Eulen, a 7.689 que hayan pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos se encargarán de 3.268 desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros del Inem, y Manpower hará lo propio con otros 3.268 que superen los dos años.

El importe que recibirá cada una de estas empresas por cada parado será idéntico, independientemente del número de los que atienda y de su perfil. Así, Adecco cobrará menos por los desempleados que se le desvíen –los que menos tiempo llevan sin trabajar y son más fáciles de colocar– y Manpower será la que más ingrese por cada parado de larga duración a quien recupere para el mercado laboral.

Según las fuentes consultadas, las empresas ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco que regula todo el procedimiento y se aprobó en agosto de 2013 y ya permitía un descuento del 30%. Los precios en ese acuerdo comprendían entre los 300 y los 3.000 euros, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Cambio de criterio

En este segundo concurso, el SEPE se ha curado en salud. A diferencia del primero, los criterios de adjudicación primaban la oferta técnica, el número de inserciones laborales efectuadas por los candidatos en 2013 y 2014 y, en tercer lugar, la oferta económica. En la licitación bloqueada por los recursos, en cambio, el número de oficinas que aportaba cada empresa era el elemento decisivo de la nota final.

Ese criterio permitió que un buen número de pequeñas empresas de formación captaran por teléfono o correo electrónico decenas de locales cuya disponibilidad acreditaban con una mera declaración responsable. De esta forma desbancaron de la clasificación a las grandes ETT. El SEPE tuvo entonces que comprobar la existencia real de esas oficinas y cambiar, otra vez, la lista del concurso.

Así que en la licitación exprés optó por un procedimiento negociado y sin publicidad al que sólo invitó a empresas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Resulta que sólo tres cumplen ese requisito: Eulen, Manpower y Salesianos. El SEPE abrió entonces el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades. La invitación se amplió a Adecco y la Fundación Laboral de la Construcción, que integran la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO, y que finalmente declinó presentarse.

Si no se interponen recursos contra la segunda adjudicación y el SEPE consigue resolver los dos que aún quedan pendientes de la primera, el nuevo modelo de colaboración público-privada echará a andar después del verano. En algunas comunidades autónomas, tras convocar sus propios concursos, ya lleva meses funcionando. Sumando a los 30.555 parados que el SEPE enviará a las grandes ETT y el mínimo de 10.927 del Plan Prepara que mandará a las seis empresas de formación, sólo 41.482 desempleados serán atendidos por la competencia privada del antiguo Inem. Apenas el 1% de los 4,12 millones de parados registrados el pasado mes de junio.

Las políticas de empleo son imprescindibles para recortar las cifras récord de paro en España. Y la escasa eficacia de los servicios públicos para orientar, recualificar y, finalmente, encontrar trabajo a los desempleados hace obligatorio el recurso a las agencias de colocación privadas. Ése ha sido el argumento del Gobierno para poner en marcha la “colaboración público-privada” en este campo: ya ha convocado –también lo están haciendo las comunidades autónomas– dos concursos para repartir los parados entre una lista de 80 agencias de colocación autorizadas. Al tiempo, el Ministerio de Empleo ha reducido a la mitad las partidas destinadas a la modernización del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y despedido a 3.000 orientadores laborales. Lo hizo en 2012, el año en que España superó el 25% de paro por primera vez en su historia.

Pero el nuevo sistema empieza con fallos. Una de esas agencias de colocación autorizadas por el ministerio, adjudicataria también de cuatro lotes de los concursos convocados por Castilla y León y Canarias, lleva seis meses sin pagar a sus orientadores laborales. Se trata de 14 profesionales contratados por la Fundación Sócrates para atender las Unidades de Orientación del Servicio Andaluz de Empleo en Chiclana y Jerez (Cádiz) y Huelva. La Junta de Andalucía también ha dejado este servicio a los desempleados en manos de empresas privadas, a las que subvenciona a través del programa Andalucía Orienta.

Los orientadores han presentado ya una demanda por impago de salarios, que se verá en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación andaluz el próximo 6 de agosto. Es el paso previo a la demanda judicial si no hay acuerdo. Fundación Sócrates fue una de las empresas a las que el Servicio Andaluz de Empleo concedió subvenciones para gestionar el programa de orientación profesional en 2015. En concreto, 226.805,95 euros para encargarse de las tres unidades de orientación durante seis meses: de enero a julio de este año. La fundación firmó contratos de obra y servicio con 14 orientadores, todos con experiencia de hasta 20 años. El sueldo, poco más de 900 euros al mes, “uno de los más bajos de Andalucía”, donde estos profesionales pueden cobrar hasta 1.300 euros, según explican los propios trabajadores, organizados en un grupo de Facebook para denunciar su situación.

En estos seis meses, y pese a que no han cobrado siquiera la primera nómina, no han dejado de trabajar ni un solo día. Por el contrario, han atendido a un millar de demandantes de empleo, lo que equivale a “más de 7.000 horas de atención directa, sin contabilizar las sesiones grupales de orientación”, apuntan.

Los plafones de luz del local de Jerez de la Fundación Sócrates, con cucarachas.

El motivo para no haber abonado los sueldos que Justo del Río, el gerente de la fundación, esgrime antes sus trabajadores y ha corroborado luego a infoLibre es el impago de la subvención por la Junta de Andalucía. “Fundación Sócrates no justificó la subvención que se le concedió del programa Andalucía Orienta para 2014, lo que nos impide liberar ninguna ayuda posterior”, explica por su parte un portavoz de la Consejería de Empleo. La empresa, añade, tiene pendiente de justificar el 25% de los 169.154 euros otorgados para atender a parados en Chiclana y en Jerez de la Frontera el año pasado.

Del Río responde que ha “justificado todo” y que, en cualquier caso, Empleo no debería haber aprobado la subvención para este ejercicio si tenía algo pendiente del anterior. “Nos sentimos engañados y estafados por la Junta”, protesta. También se siente en manos de una institución que es “juez y parte” en el conflicto.

Un entorno de trabajo desolador

Entretanto, el gerente de la Fundación Sócrates dice haber pedido un crédito a dos entidades bancarias, que de momento ninguna le ha concedido, para pagar las nóminas. Los trabajadores, sin embargo, no le creen. “No tiene un plan B”, lamentan fuentes de los orientadores. También describen un entorno de trabajo desolador. Según denuncian, la fundación no paga desde diciembre de 2014 el alquiler de los locales donde se atiende a los parados. “El propietario del local de Jerez están enseñándolo, tanto para alquilarlo como para venderlo, a posibles interesados”, indican. También adeuda la fundación los recibos de dos meses de luz y teléfono. Así que se les cortó el servicio de internet durante 15 días, en los que no pudieron atender al público “ni abrir la sala de autorientación”. El empresario ni siquiera aportó material: “Lo hemos tenido que comprar todo nosotros, desde los bolígrafos hasta los folios”.

Incluso de la limpieza de las instalaciones –locales de 300 metros cuadrados, con dos salas grandes para grupos y otras dependencias– tuvieron que hacerse cargo los orientadores laborales. Hasta los aseos, “que son públicos”, desinfectaron. Lo que no acabó con las cucarachas, “permanentemente” instaladas en el local de Jerez, “sito en los bajos de un edificio antiguo”. “Hemos tenido que matar cucarachas todos los días”, denuncian. De modo que el hecho de carecer de personal administrativo y, por tanto, de haber tenido que atender el teléfono, recibir a los parados o comunicarse con el Servicio Andaluz de Empleo, les resulta un mal menor. También se han encargado de poner en marcha y mantener los ordenadores, “desfasados, de hasta 10 años de antigüedad”.

Justo del Río reconoce que tiene “dificultades”,  pero asegura que no ha “engañado” ni “obligado” a nadie a hacer nada que no entrara en sus competencias. “Tengo contratada una empresa para la limpieza”, señala. Y responde que la falta de material ha sido sólo “puntual”.

Venta de cursos para pagarse el sueldo

Por el contrario, los orientadores le acusan de haberles propuesto vender por las tardes cursos de formación a empresas, “visitándolas y concertando acuerdos”, para así “pagarse la parte final del programa Andalucía Orienta”. Es decir, les ofreció trabajar como comerciales “sin ningún tipo de cobertura contractual”. Se negaron todos. Del Río lo desmiente. “Fue una opción que se barajó, pero como era incompatible con su trabajo, se desechó”, precisa, “y se planteó sólo a los administrativos, no a los orientadores”. Igualmente niega que haya pretendido incluir una mutua de enfermedades profesionales con cargo a los trabajadores. “No es cierto, y en todo caso la mutua la pagaría la empresa, no ellos”, contrapone.

La Consejería de Empleo andaluza, finalmente, dice que está revisando la documentación que le ha remitido la Fundación Sócrates sobre la ayuda pendiente de justificar. Pero se desentiende de la suerte de los 14 orientadores laborales. “La relación contractual de la empresa con sus trabajadores no es responsabilidad de la Junta de Andalucía”, resume el portavoz de Empleo. Pese a que su logo figura en la puerta de las tres unidades de orientación y éstas llevan seis meses atendiendo, sin cobrar, a los parados que la consejería les envía en busca de nuevas oportunidades laborales.

El Consejo de Ministros acaba de autorizar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que firme un segundo contrato con las agencias privadas de colocación pese a que ha sido incapaz de resolver el primero, licitado hace casi un añolicitado hace casi un año. Son otros 41,7 millones de euros, la misma cantidad que el anterior. Pero en esta ocasión se tratará de un procedimiento negociado y sin publicidad. Envuelta en la polémica y tras cuatro vuelcos en la lista de adjudicatarios provisionales, la primera convocatoria sigue a la espera de resolución y pendiente de dos nuevos recursos. Así que, para este nuevo contrato, el SEPE ha decidido curarse en salud: sólo serán invitadas a participar cinco agencias, de las 80 seleccionadas en 2013, para hacerse con los cuatro lotes en que se divide el concurso.

Además, sólo podrán presentarse agencias con titularidad en el mayor número de comunidades autónomas. Es decir, aquellas que tengan una delegación propia con licencia a su nombre en todos los territorios. El SEPE pretende así enmendar los errores del primer concurso, que hizo del número de oficinas el factor clave para la concesión, al representar el 70% de la nota final. Pero no exigía que esos locales fueran propiedad de la agencias. Así que un buen número de empresas de formación captaron por teléfono o correo electrónico decenas de locales cuya “disponibilidad” acreditaban con una mera “declaración responsable”. De esa forma desbancaron de la clasificación a las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT), con menos oficinas pero todas en propiedad.

En este segundo concurso, por el contrario, sólo van a tener opción las mayores ETT. “Prevemos que será un nuevo convenio que favorecerá a las grandes ETT y dejará a las pequeñas agencias sin oportunidades de concursar”, protesta un portavoz de ANAC, la asociación que agrupa a las agencias de menor tamaño. Fuentes de las grandes ETT, por el contrario, más que como una “compensación” por el fiasco del primer concurso, ven el segundo contrato como una manera de “centrar el tiro” en las empresas con más experiencia en intermediación laboral y más medios.

Las pequeñas piden ofertas de empleo a las grandes

Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, la patronal de las grandes ETT, asegura que algunas de las empresas de formación que han conseguido la adjudicación provisional del primer contrato se han dirigido a sus asociadas “por escrito” para pedirles ofertas de empleo. Una solicitud que desecha como “muy extraña”. “El modelo”, advierte, “no está hecho para funcionar así”. “Tenemos la confianza no sólo de los candidatos sino también de las empresas; por tanto, también la capacidad para captar ofertas de trabajo”, explica. Cruañas cifra en un 15% las contrataciones que gestionan sus asociadas –Adecco, Eulen, Manpower, Randstad y hasta un total de 36 grandes ETT–. “Intermediamos en 2,2 millones de contratos en las 800 oficinas que tenemos repartidas en toda España”, presume.

Un portavoz del Ministerio de Empleo explica que el Acuerdo Marco con las Agencias de Colocación y la Ley de Contratos del Sector Público permiten al SEPE optar por un concurso negociado y sin publicidad para “agilizar los procedimientos administrativos”.

En efecto, la ley exime a la Administración incluso de convocar a una nueva licitación a los candidatos preseleccionados para participar en el Acuerdo Marco. O bien, “justificándolo debidamente en el expediente”, le permite no extender la consulta “a la totalidad de los empresarios que sean parte del Acuerdo Marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos”. En este segundo concurso, sólo se invitará a cinco de las 80 agencias preseleccionadas. En el primero, licitado como procedimiento abierto y ordinario, se presentaron 39.

Resolución antes del verano

Según las fuentes consultadas por infoLibre, el SEPE ahora tiene prisa por sacar adelante el nuevo concurso, por lo que su intención es que esté resuelto a mediados de julio. Es decir, puede ocurrir que el segundo sea adjudicado antes de que quede cerrado el primero. Porque la última lista provisional de ganadores ha sido recurrida de nuevo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, lo que implica un nuevo parón en el proceso. Y ya van cuatro.

El nuevo contrato se ha dividido en cuatro lotes, según el perfil de los desempleados a quienes deberán encontrar trabajo las agencias privadas. Ese perfil se ha dibujado ateniéndose al tiempo que los parados lleven buscando empleo: de tres a seis meses, de seis meses a un año, entre uno y dos años, y más de dos. El primer contrato se circunscribía a los parados del Plan Prepara –los de más difícil recolocación: más de un año sin trabajar, con las prestaciones y subsidios agotados– y a todos los desempleados de Ceuta y Melilla, que son territorios competencia del SEPE.

Para este primer concurso la mesa de contratación del SEPE ha elaborado cuatro listas sucesivas de adjudicatarios, tras ser obligada a modificarlas por los recursos que las agencias privadas llevan presentando incansables en el último año. Cada nueva lista ha provocado la indignación de los primero aupados y luego excluidos. Es la expresión de la guerra que libran las grandes ETT y compañías –Telefónica, Once– con las pequeñas agencias privadas y las empresas de formación.

Pero todas ellas coinciden en culpar a la pésima redacción de los pliegos del concurso y al mismo SEPE del retraso y de los sucesivos vuelcos. Aunque parecía que el Tribunal de Recursos Contractuales había fijado los criterios definitivos tras los últimos recursos, las impugnaciones que acaban de presentar dos de las candidatas indican justamente lo contrario.

Cuatro vuelcos

Tras la primera valoración de las ofertas, en septiembre de 2014, el concurso lo acapararon empresas de formación. Pero la mesa encontró entonces “discrepancias” entre las declaraciones responsables de esas empresas y los datos que sobre ellas posee el Espacio Telemático Común del SEPE, además de “otras irregularidades” que le inducían a pensar que las primeras eran “erróneas o falsas”.

De ahí surgió la segunda lista, ya configurada como adjudicación provisional, que otorgó los seis lotes a tres grandes ETT –Eulen, Adecco y Manpower–, Telefónica, ONCE y Salesianos. Nuevos recursos de las empresas de formación consiguieron anularla. El Tribunal de Recursos Contractuales obligó a la mesa a repetir la evaluación de las ofertas y a elaborar una tercera lista que fue de nuevo modificada dos meses después.

En cualquier caso, no fue ésta la primera batalla. Ya en 2013 el Acuerdo Marco seleccionó a 80 agencias privadas, tras un proceso que también fue paralizado por los recursos de las excluidas y hubo de rectificarse por mandato del Tribunal de Recursos Contractuales. Mientras las ETT critican que se haya incluido en el acuerdo a empresas ajenas a la intermediación, las pequeñas agencias protestan por que sólo hayan entrado el 5,32% de las 1.502 autorizadas.

Cuatro años y medio sin arrancar

Desde diciembre de 2010, cuando el Gobierno del PSOE dio los primeros pasos para dar carta de naturaleza a las agencias privadas de colocación, hasta ahora, han pasado cuatro años y medio. En ese tiempo, el paro llegó a dispararse hasta los 6,27 millones de personas en 2013, según la EPA. Hoy sigue sin trabajo el 23,78% de la población activa. Y lo que es cada día más preocupante, de los 5,44 millones de parados, casi la mitad, 2,38 millones, llevan sin trabajo más de dos años. En el último cuatrienio esa cifra se ha duplicado. De ellos, 1,4 millones superan los tres años en el desempleo. Son los que más necesitan orientación y recualificación profesional para conseguir un empleo.

Sin embargo, como se encarga de destacar el propio ministerio, los servicios públicos de empleo sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de trabajo. Para cubrir ese vacío, el Gobierno optó por recurrir a las agencias privadas, cuya eficacia elogia. Al tiempo, despedía a 3.000 orientadores laborales y recortaba el presupuesto destinado al SEPE en un tercio: desvistió a un santo pero no ha conseguido aún vestir al otro.

Mientras tanto, las agencias privadas sí han comenzado a trabajar en Castilla y León, Navarra, Cataluña, Canarias, Comunidad Valencia, Aragón y Murcia.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un nuevo contrato del Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE) con agencias de colocación por un importe de 41,7 millones de euros, cinco millones en 2015 y los 36,7 millones restantes en 2016, según informó Europa Press. El pasado verano ya se otorgaron otros 41,7 millones de euros para colocar a parados del Plan Prepara.

Dentro del contrato se establecen cuatro lotes de contratación en función del perfil de los desempleados a insertar. Se clasifican en función del tiempo que lleven registrados como demandantes de empleo, con un mínimo de tres meses: de tres a seis meses; de seis meses a un año; de uno a dos años y más de dos años.

Se establece también un número mínimo de personas que deberán ser atendidas para cada uno de estos colectivos con el fin de garantizar un volumen de atención, entre 3.200 y 16.300 personas.

El Acuerdo Marco de Intermediación Laboral, aprobado en agosto de 2013, supuso la selección de 80 agencias con las que ahora pueden formular contratos los servicios públicos de empleo.

Según el Ministerio de Empleo, este contrato supone un impulso a la intermediación laboral, aprovechando los beneficios de la colaboración público-privada, con el fin de mejorar el mercado de trabajo y fomentar la movilidad geográfica.

El objetivo del contrato es la colaboración de demandantes de empleo de todo el territorio nacional en el plazo de un año desde la formalización de los contratos con las agencias adjudicatarias. Están excluidos Ceuta y Melilla y los beneficiarios del Plan Prepara, dado que en ambos casos existe otro procedimiento específico.

Nuevo régimen de autorización de las ETT

El Consejo de Ministros también aprobó un Real Decreto que regula el régimen de autorización y la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT).

El objetivo es, fundamentalmente, adecuar la Ley 14/1994 de ETT a los cambios introducidos por la Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de 2014, especialmente en lo que respecta al régimen de autorización administrativa para el desarrollo de la actividad como empresa de trabajo temporal.

En segundo lugar, el Gobierno implanta de este forma la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo en materia de empresas de trabajo temporal.

También se regula el procedimiento que ha de seguirse para obtener la autorización para actuar como ETT. Tendrá un plazo máximo de un mes, que si cumple sin resolución expresa la autorización se entenderá concedida por silencio administrativo positivo.

Por otro lado, el real decreto desarrolla la obligación legal de las empresas de trabajo temporal de constituir una garantía financiera para responder frente a posibles incumplimientos de la ETT de sus obligaciones salariales e indemnizatorias con sus trabajadores y del pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Un nuevo paso hacia la "precarización"

UGT asegura que el reglamento de las ETT es un nuevo paso hacia la "precarización de las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo".

El sindicato explica en un comunicado que el texto lo que hace es culminar uno de los objetivos de normas como la reforma laboral, el impulso de las empresas privadas de trabajo temporal, "en perjuicio de los servicios públicos de empleo y los derechos de los trabajadores".

"El reglamento de las ETT viene a insistir en el propósito de facilitar, de manera desmedida, la expansión de las empresas de trabajo temporal, suprimiendo garantías para su constitución –la autorización administrativa será única y no necesitará de prórrogas o renovaciones– y dejando de lado la mejora en la protección y defensa de los derechos de los trabajadores", añade.

Por último, el sindicato insiste en su oposición "ante aquellas reformas del Gobierno, que han permitido una extensión caprichosa del campo de actuación de las ETT y la desregulación de su régimen jurídico".

Y van cuatro. La mesa de contratación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha elaborado una nueva lista de adjudicatarios provisionales en el concurso para seleccionar las agencias privadas de colocación que encontrarán trabajo a los parados del Plan Prepara. Se trata de un largo proceso –dura ya cuatro años y medio– lleno de vaivenes y que puede aún demorarse más si las empresas descartadas en esta ocasión –pero preseleccionadas en alguna de las tres listas anteriores– presentan nuevos recursos. Los que interpusieron una treintena de ellas el pasado mes de octubre en el Tribunal Central de Recursos Contractuales fueron admitidos y forzaron un vuelco en las adjudicaciones que ahora ha terminado de formalizarse: quedan fuera las grandes ETT, Telefónica, la ONCE y la asociación salesiana, y se hacen con los convenios una pequeña agencia de colocación y cinco empresas de formación.

El concurso, con un importe de 41,66 millones de euros, se ha dividido por lotes geográficos. Los adjudicatarios provisionales son el Grupo Adalid Inmark –Galicia, Asturias y Cantabria–, UTE T-Talento –Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares–, Master Cum Laude –Aragón y Cataluña–, Consultora San Román –Madrid y Castilla-La Mancha–, Ibecon SL  –Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra– y Fundación Grupo Vértice –Andalucía, Ceuta y Melilla–. De las seis elegidas el pasado marzo, han cambiado tres. Aun así, la mesa ha barrido de la lista a Adecco, Manpower, Eulen, Telefónica, la ONCE y la asociación salesiana.

En estos días el SEPE está enviando la comunicación oficial de la lista a los adjudicatarios y al resto de los candidatos. Y a éstos aún les queda la opción del recurso, lo que prolongará aún más el limbo en que se encuentra este sistema de colaboración público-privada, una de las principales apuestas del Ministerio de Empleo en la lucha contra el paro. Algunos de los descartados, de hecho, están decididos a recurrir su exclusión de la lista, según han comunicado a infoLibre. 

Recortes en el SEPE, se duplica el paro de muy larga duración

Desde diciembre de 2010, cuando el Gobierno del PSOE dio los primeros pasos para dar carta de naturaleza a las agencias privadas de colocación, hasta ahora, han pasado cuatro años y medio. En ese tiempo, el paro llegó a dispararse hasta los 6,27 millones de personas en 2013, según la EPA. Hoy sigue sin trabajo el 23,78% de la población activa. Y lo que es cada día más preocupante, de los 5,44 millones de parados, casi la mitad, 2,38 millones llevan sin trabajo más de dos años. En los últimos cuatro años esa cifra se ha duplicado. Son los que más necesitan orientación y recualificación profesional para conseguir un empleo.

Sin embargo, como se encarga de destacar el propio ministerio, los servicios públicos de empleo sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo. Para cubrir ese vacío, el Gobierno optó por recurrir a las agencias privadas, cuya eficacia elogia. Al tiempo, despidió a 3.000 orientadores laborales y recortó el presupuesto destinado al SEPE en un tercio: desvistió a un santo pero no ha conseguido aún vestir a otro. Desde que se dio a conocer el acuerdo marco que puso en marcha el proceso de selección de las agencias privadas, han pasado otros dos años y buena parte de las comunidades autónomas han resuelto ya sus propios concursos, pero el nacional convocado por el SEPE para los parados del Plan Prepara aún está en el aire.

Estos desempleados son los más difíciles de recolocar. Se trata de parados de larga duración que han agotado las prestaciones, carecen de ingresos y se someten a programas de formación a cambio de una ayuda de 426 euros. El concurso también incluye a los parados de Ceuta y Melilla, donde las tasas de paro superan el 31% y el 35%, respectivamente, unos 10 puntos por encima de la media nacional.

Vaivenes: de las pequeñas a las grandes y vuelta a empezar

Tanto las grandes ETT como las más pequeñas empresas de formación y agencias privadas de colocación coinciden en culpar a la mala redacción de los pliegos del retraso y de los sucesivos vuelcos en la lista de ganadores. Al haber convertido el número de locales en el factor clave del concurso –representa el 70% de la nota final– se ha distorsionado la convocatoria, lamentan. El número de inserciones laborales realizada por las candidatas en 2012 y 2013 sólo equivalía al 15% de la nota, y el precio de la oferta, el 15% restante.

Es decir, quien más oficinas presentara, ganaba el concurso. Esos locales pueden ser propios o bien las candidatas debían acreditar su “disponibilidad” tras suscribir acuerdos de colaboración con otras agencias. Así fue cómo, tras la primera valoración de las ofertas, en septiembre de 2014, el concurso lo acapararon empresas de formación que habían captado, incluso por teléfono y correo electrónico, el mayor número de oficinas posiblehabían captado, incluso por teléfono y correo electrónico. La ley sólo se les exigía “una declaración responsable” de que efectivamente los locales cumplían los requisitos legales –accesibilidad universal, horario de atención al público de 25 horas semanales...–. La mesa encontró entonces “discrepancias” entre los datos de esas declaraciones responsables y los datos que sobre las empresas posee el Espacio Telemático Común del SEPE, además de “otras irregularidades” que le inducían a pensar que las primeras eran “erróneas o falsas”.

De ahí surgió la segunda lista, ya configurada como adjudicación provisional, que otorgó los seis lotes a las grandes ETT, Telefónica, ONCE y Salesianos. Los recursos de las empresas de formación consiguieron anularla. El Tribunal de Recursos Contractuales obligó a la mesa a repetir la evaluación de las ofertas y elaborar una tercera lista que ha sido de nuevo modificada dos meses después.

No fue la primera batalla. Ya en 2013 el acuerdo marco seleccionó a 80 agencias privadas, tras un proceso que también quedó paralizado por los recursos de las excluidas y hubo de rectificarse por mandato del Tribunal de Recursos Contractuales. Mientras las ETT critican que se haya incluido en el acuerdo a empresas ajenas a la intermediación, las pequeñas agencias protestan por que sólo hayan entrado el 5,32% de las 1.502 autorizadas.