LA NUEVA LEGISLATURA

¿Derogar la reforma laboral?: no volverán las indemnizaciones de 45 días ni la autorización de los despidos colectivos

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PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos prometieron durante la campaña del 20-D derogar la reforma laboral, esa “muy agresiva” herramienta –en palabras del ministro Luis de Guindos– a la que el Gobierno atribuye la recuperación del empleo pero que los sindicatos descalifican como el “mayor ataque a los derechos laborales en los últimos 30 años”. ¿Qué efectos tendría la derogación de las reformas de 2010 (PSOE) y 2012 (PP) sobre un mercado de trabajo en plena batalla por la reactivación de 4,8 millones de parados?

“Derogar la reforma laboral es derogar la creación de empleo”, advirtió la ministra de Empleo, Fátima Báñez, antes de las elecciones. También el titular de Economía ha esgrimido la amenaza que para la recuperación supondría, a su juicio, meter la marcha atrás a las reformas legislativas de los últimos cuatro años. Sin embargo, ni Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, ni Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, ni Javier Santacruz, de la Universidad de Essex, creen que derogar la reforma laboral vaya a frenar la creación de empleo. “Mayor influencia tendrán las incertidumbres en la economía mundial”, asegura Malo Ocaña. Para Santos Ruesga, el cambio normativo no producirá efectos inmediatos, como tampoco creó empleo la aprobación de la reforma. “Si la economía crece al 3% [este año el alza del PIB será del 2,7%, según las previsiones de Funcas y la OCDE], se creará empleo”, explica Javier Santacruz, “si un empresario quiere contratar a alguien, le contrata, independientemente del marco legislativo”.

Pero Marcel Jansen, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), discrepa. “Por supuesto que derogar la reforma laboral frenaría el empleo”, replica, “las empresas necesitan flexibilidad y seguridad jurídica, y si cambiamos las reglas del mercado laboral enviamos la peor señal: los empresarios serán reacios a crear empleo y más aún empleo de calidad”.

Jansen se opone radicalmente a anular la reforma de 2012. “Sería un error, un riesgo para la recuperación y un acto de irresponsabilidad política”, resume. A su juicio, la derogación no se entendería en Europa y complicaría la situación en los mercados financieros de España, que sufriría las “reprimendas” de Bruselas. Desde luego, las exigencias comunitarias van en la línea de más reforma laboral, nunca menos. De hecho, en su último examen a la economía española, antes del 20-D, la Comisión Europea pedía reducir la brecha entre contratos indefinidos y temporales, y más descentralización de la negociación colectiva, además de criticar la ineficacia de la tarifa plana de cotizaciones a la hora de incentivar el empleo fijo y la del plan para reducir el paro juvenil, el segundo más alto de la UE tras Grecia.

En lo que sí coinciden los cuatro expertos consultados es en que no volverán ni los 45 días de indemnización por despido improcedente ni la necesidad de autorización administrativa para los despidos colectivos. Tras las dos últimas reformas laborales, la indemnización máxima es de 33 días y el único control sobre los despidos colectivos es el que, a posteriori, ejercen los jueces si presentan una demanda el empresario o los trabajadores. Por regla general, estos últimos. “Los 45 días eran producto del mal funcionamiento del sistema de despido en España: el empresario compraba un despido fácil, por una causa inexistente, doblando el preciocompraba”, apunta Miguel Ángel Malo. Tras las reformas de 2010 y 2012, el despido sigue siendo fácil, añade, pero más barato. Y como la medida se tomó en el peor momento de la crisis económica, el número de despidos se disparó.

Garantías para los trabajadores

Por su parte, Santos Ruesga cree que el coste del despido es “poco relevante” en la creación de empleo y tacha de “falacia” que gracias al contrato único –prometido por Ciudadanos– los empresarios vayan a contratar más. “No hay un problema de contratación, sino de rotación, que afecta incluso a los indefinidos, por culpa del sistema productivo”. Tampoco concede Javier Santacruz ahora al coste del despido una gran “trascendencia”. “Estamos en un momento distinto del ciclo económico, con el PIB creciendo, en el que la indemnización no constituye un problema”.

Tampoco resucitará la autorización administrativa de los despidos colectivos, que Marcel Jansen tacha de “anomalía” en Europa. En su lugar, Santos Ruesga reclama que se cree otra “garantía para los trabajadores” que reequilibre la relación con el empresario. “Que se recupere una negociación entre pares y haya más equidad entre las partes”, describe. Piensa que eso se conseguiría facilitando “asesoramiento” adicional a los trabajadores cuando negocian con las empresas. “Si banalizas las causas del despido, deterioras notablemente la protección de los trabajadores”, que es lo que cree el economista que ha ocurrido con la reforma laboral. Porque también coinciden los cuatro expertos en que las dos últimas reformas han alterado la relación de fuerzas entre empresarios y trabajadores. Dando más poder a los primeros.

Nueva definición del despido económico

En la negociación colectiva, las empresas han ganado en capacidad de presión, también en la adopción de medidas de flexibilidad. “No me gusta que puedan bajar los salarios de forma unilateral con unas causas económicas bastante endebles”, se lamenta Marcel Jansen. Malo Ocaña critica que, pese a haberse concedido prevalencia a los convenios de empresa frente a los sectoriales, no se haya conseguido impulsar la firma de los primeros. Javier Santacruz y el investigador de Fedea, en cambio, la consideran una medida positiva: “Dar prioridad aplicativa al convenio de empresa sirve para disciplinar a los negociadores de los convenios sectoriales, que mirarán mucho más por los intereses de las empresas y pactarán convenios más ajustados a sus necesidades”, asegura Jansen.

Además, la definición del despido por causas económicas, que se permite aduciendo una caída de las ventas durante tres meses, se presta a “arbitrariedades” por parte de las empresas, protesta Miguel Ángel Malo. “Cómo se puede medir la caída de ventas de forma fiable si no coincide con la presentación oficial de cuentas?”, se pregunta. Jansen también critica que la reforma del PSOE introdujera la previsión de pérdidas como causa de despido económico. “Ningún juez puede certificar una expectativa de pérdidas futuras”, replica, “por lo que esa causa se convierte en una puerta abierta a los despidos”.

Para requilibrar esta relación desajustada por la reforma de 2012, los expertos son asimismo unánimes a la hora de reclamar “una justicia más ágil”. “Hacen falta dos contrapesos al mayor poder del empresario: uno interno, dar más fuerza al comité, y otro externo, tribunales más rápidos”, apunta Javier Santacruz.

Cada vez más rotación laboral y más precariedad

Malo Molina suprimiría el contrato de apoyo a emprendedores, una de las creaciones estrella de la reforma 2012, que en su opinión no ha servido para nada. Para el profesor de la Universidad de Salamanca, es claro que la reforma laboral ha fracasado a la hora de acabar con la dualidad del mercado de trabajo, la segmentación entre contratos temporales y precarios, por un lado, y contratos indefinidos y estables, por otro. Se trata, explica, de un problema de “funcionamiento empresarial”. Las empresas utilizan los contratos temporales para acomodar las caídas de negocio, al igual que recurren a los autónomos para reducir riesgos. “Hay sectores típicamente anclados a esa estrategia”, destaca. Además, España cuenta con un tejido empresarial de empresas muy pequeñas y muy débiles, que no crecen. Y ese conjunto de disfunciones “no se resuelven con reformas legales”, concluye.

El problema, además, se agravará en el futuro. “Cada vez habrá más transiciones laborales, más movilidad, más reciclaje, y esa inestabilidad afectará sobre todo a los trabajadores con menos formación”, predice el profesor de la Universidad de Salamanca. Por eso ve fundamental que “se amplíe el suelo de protección social”, para que el aumento de la precariedad perjudique lo menos posible a los menos cualificados. A los nuevos trabajadores pobres, pero también a los parados crónicos. Porque la crisis ha sido “tan larga y tan intensa, sobre todo para los asalariados con peores condiciones”, lamenta Miguel Ángel Malo, que se han “creado nuevas urgencias”, advierte Marcel Jansen.

Por tanto, debería ser una “absoluta prioridad”, añade el investigador de Fedea, consensuar un plan de choque contra el paro de larga duración. Según explica, deberían concederse ayudas específicas para quienes llevan más de un año sin encontrar trabajo, eso sí, “ligadas al esfuerzo, nada que ver con una renta básica universal o garantizada [como la que pide Podemos, por ejemplo], porque desincentiva la reinserción laboral”, matiza.

A por la próxima reforma

Para Malo Ocaña, ése tendría que ser el centro del debate, igualmente producto del derrumbe de los salarios y las rentas más bajas, el desplome de los sueldos de entrada en el mercado laboral. “En España se equivocó el calendario de las reformas”, destaca. “En lugar de hacer primero las reformas en los bienes y los productos para aumentar la competitividad y bajar los precios, de forma que crecieran los salarios reales y poder entonces ejecutar la reforma laboral, se hizo al revés”.

Marcel Jansen rechaza que la reforma del PP haya sido “un motor de despidos masivos” y que haya recortado los salarios. “Es un error atribuir a la reforma todo el deterioro del mercado laboral en 2012 y 2013, que fueron unos años críticos para la economía, como también es exagerado atribuirle toda la recuperación”, precisa.

El investigador de Fedea defiende que las reformas “eran necesarias antes de la crisis y seguirán siéndolas una vez resuelta”, por culpa de los “serios fallos que aquejan al mercado de trabajo español”. Santos Ruesga apuesta por una “derogación parcial” de la reforma para luego negociar una nueva regulación. “No vale con volver a 2011 sin más. Y luego, ¿qué?”, pregunta el catedrático de la Autónoma madrileña. “Hay que volver a regular lo que se deroga”, propone, “elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que mejore la articulación de la negociación colectiva e introduzca mecanismos de contención del poder empresarial”.

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