“Cada 16 minutos fallece algún dependiente. En 2025 más de 6.000 sin haberles reconocido o hecho efectivo el derecho a recibir los servicios de dependencia”. Son los preocupantes datos que ofrece el sindicato de Pensionistas de CCOO de Sevilla. La Ley de dependencia en Andalucía se aprobó en 2006 con el fin de garantizar ayuda a personas con falta de autonomía ofreciendo servicios y prestaciones económicas dependiendo de los grados de dependencia. Sin embargo, según denuncia la organización, existen muchos casos de personas que han sido condenadas por el Estado a una “eutanasia institucional”.

Fue el caso de la hermana de María Luisa Madrera, afiliada al sindicato, que cuenta que su hermana solicitó la ayuda en 2024, pero que “hubo que ingresarla en una residencia privada porque en la pública no había plazas”. Falleció en enero de este mismo año sin todavía recibir la aprobación de la dependencia. “Estuvimos esperando casi dos años y no obtuvimos respuesta de nadie”, cuenta Madrera. Como este, aseguran, muchos casos más.

Según la valoración del último barómetro sanitario del CIS (2025), el sistema de salud de Andalucía es considerado uno de los más saturados, algo que afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables. En este caso son las personas de la tercera edad quien denuncia que, “en muchos casos, pasan hasta dos años hasta que se aplica la dependencia”.

Los mayores de 65 años representan más del 20% de la población andaluza y son 28 los que mueren al día esperando la prestación por dependencia. Solo en el mes de febrero han fallecido 652 personas en esa situación. De ellas, 437 murieron sin haber sido valoradas y 215 fallecieron con el grado reconocido pero sin recibir la prestación correspondiente, según informa El Diario de Sevilla. “Este problema lleva dándose ya mucho tiempo”, subrayan desde el sindicato. 

Pese a la urgencia de la situación, desde la Junta de Andalucía, argumenta el sindicato: “No reconocen la situación y dicen que todo está bien, para ellos es un logro que se hayan reducido las listas de espera aunque aún están lejísimos del límite que establece la ley”, cuenta a infoLibre Ángel Gómez, secretario general del sindicato Provincial de Pensionistas. El límite que marca la ley está en 6 meses, lo que equivale a 182 días.

Andalucía es la penúltima comunidad autónoma en cuanto a número de días de espera para la concesión de la dependencia, sólo por detrás de Murcia. “Está claro que Moreno Bonilla no ha sabido adaptarse a las circunstancias y su gestión exige medidas urgentes, hay más de 500.000 personas en listas de espera”, afirma Gómez. 

“Lo que buscamos es una solución integral que vaya desde la Junta hasta el gobierno central y que, por supuesto, todos los partidos políticos se comprometan con esta situación crítica”, exige el secretario general. 

Por ello, los sindicatos CC.OO y UGT de Pensionistas, han convocado una concentración el día 29 de abril para denunciar la situación de degradación que tiene la Ley de Dependencia. “Hay que denunciar la falta de plazas de residencia, las listas de espera y el comportamiento que está teniendo este gobierno con los mayores”. La manifestación será a las 12.00h frente al Palacio de San Telmo (Sevilla) con el lema ¡Basta de maltrato!

Casi 9.000 personas murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia en el primer trimestre de 2026, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera en hasta 271.556 personas, ya que no excluye las que llevan menos de seis meses (plazo establecido por la ley) como hace el Ministerio de Derechos Sociales, que la fija en 152.249 personas.

Así figura en el informe del observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado este viernes tras presentar Derechos Sociales los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de marzo de 2026, y que critica que el Ministerio y las comunidades proclamen que se bate el récord de personas atendidas cada año "para justificar su triunfalismo y ocultar la realidad".

El observatorio cuantifica en 271.556 las personas en listas de espera (13.389 más que a finales del pasado año): 118.716 pendientes de una valoración y 152.840 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales no incluye en la lista de espera a las personas que llevan en esa situación menos de seis meses, que es el plazo máximo fijado por la ley para responder a los procedimientos; estima que son 152.249 personas y destaca que esa lista baja un 16,6% en un año.

La asociación critica que no se incluya en la suma total a todas las personas y a sus familias que están esperando durante meses una respuesta de la administración. Según su evaluación, con los datos oficiales, "se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera".

El observatorio señala que de las 8.996 personas que han fallecido en estos tres meses (992 más que el año pasado a estas alturas), 4.628 lo hicieron esperando ser valoradas y 4.368 a recibir la prestación a la que tenían derecho.

Casi la mitad de estas muertes se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567), mientras que Galicia es la comunidad con menos fallecimientos en lista de espera, con 21, detallan los profesionales de los servicios sociales.

"Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de personas beneficiarias, aunque sea con servicios de low cost", reprocha la asociación.

Sobre estas críticas de que el sistema ofrece servicios de bajo coste se ha pronunciado en la presentación del panel la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que ha reconocido que "el peso de las prestaciones en el total" del sistema "quizá es más alto del que sería deseable".

Ha incidido, no obstante, en que hay "una voluntad y un compromiso por parte de las comunidades autónomas por reducir la lista de espera y por continuar aumentando el porcentaje de servicios que se ofrecen, reduciendo el de prestaciones".

Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas que menos aportaron al sistema de dependencia el pasado año 2024, siendo además el territorio que menos invierte por persona potencialmente dependiente. Todo esto mientras el Estado también redujo su aportación a la financiación, alejándose de nuevo del 50% que marca la ley y quedándose en el 35%.

Estas son algunas de las principales cifras que se extraen de los datos sobre la financiación de la dependencia recopilados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que aún no han sido hechos públicos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según estos datos, la Xunta de Galicia aportó un 65,1% de la financiación al sistema de dependencia frente al 72,9% de media en el conjunto de las autonomías y solo por encima de La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%) y empatada con Andalucía. El porcentaje en Galicia queda muy lejos del 84% del País Vasco o del 81% de Navarra.

Tal y como explica la entidad, el Gobierno central, a pesar de aumentar su aportación en más de un 5% en 2024, redujo al 27% (un punto y medio menos) su porcentaje de financiación de la dependencia global debido a la falta de un incremento presupuestario en este ámbito y tras dos años sin aprobarse nuevas cuentas. Así, de un total de 12.843 millones de euros de inversión pública en Atención a la Dependencia en 2024, las comunidades autónomas aportaron 9.365 millones (un 13,8% más que en 2023).

Según las bases de datos del Imserso, en el año 2020 llegaron a Galicia algo menos de 95 millones del Estado para financiar las prestaciones de la ley de dependencia, lo que suponía apenas un 23% del gasto total en la comunidad, por lo que casi el 80% fue asumido por la Xunta. Fue entonces cuando el Ejecutivo central puso en marcha su "plan de choque" en la materia: en 2021 financió estos servicios en Galicia con 140 millones, en 2022 ascendió hasta los 162 y en 2023 llegó a los 209,5, lo que representa el 40,69% del total del gasto certificado en este ámbito en Galicia. En 2024 el Ministerio transfirió, según los datos de los responsables de Servicios Sociales, un total de 221,8 millones, que representa el 34,9%, posicionando así a Galicia como el territorio donde el Estado aporta más en términos porcentuales, solo superado por Castilla y León.

En total, la inversión del Gobierno central en dependencia, de casi 3.500 millones, supone triplicar los 1.130 asignados hace una década, en 2014. "No hay precedentes de un esfuerzo fiscal así y lo vamos a mantener hasta cumplir con el acuerdo de Gobierno para financiar el 50% del sistema", explicó este martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tras anunciar en rueda de prensa la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para reformar, precisamente, la ley de Dependencia.

Esta legislación marca la voluntad, según ha sido expresado en numerosas ocasiones, de repartir la carga económica de este derecho a la dependencia al 50% entre el Gobierno de España y las autonomías. Sin embargo, esto nunca ha sucedido ni en Galicia ni en el resto del Estado.

Sea como sea, y según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Galicia se sitúa a la cola entre las comunidades teniendo en cuenta la inversión en dependencia por persona potencialmente dependiente.

La Xunta aporta 1.317 euros por persona potencialmente dependiente frente a los casi 2.000 euros de media de todos los territorios o los 2.845 euros del País Vasco y los 2.779 de Extremadura.

En cuanto al gasto medio anual por beneficiario, la media estatal es de 8.592 euros, de los que la Administración General del Estado aportó 2.327 como nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.267. En el caso de Galicia, el gasto anual es de 8.392 euros, ligeramente por debajo de la media y solo por encima de cinco territorios.

Además, si tenemos en cuenta la inversión per cápita, Galicia tampoco obtiene buenos resultados. La cifra asciende a 235,4 euros, superando únicamente a Murcia y Canarias, y lejos de los 268 euros de media estatal.

Por otra parte, precisamente este martes el Gobierno de España autorizó en el Consejo de Ministros la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales de destinar 52,5 millones de euros a Galicia para financiar el sistema de dependencia dentro de la inversión total que se transferirá a todas las comunidades y ciudades autónomas, de 783,2 millones para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"Revalida el récord histórico de 2023 y 2024 para financiar el SAAD, incrementando hasta en 500 millones más la dotación presupuestaria que hubo en 2021", destaca el Ejecutivo central.

También este martes, la Xunta anunció su objetivo de alcanzar este año las 90.000 personas dependientes atendidas tras superar las 84.000 con servicio, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior.

Según destaca el Gobierno gallego, en el primer semestre de vigencia del Plan de mejora de la dependencia y discapacidad se resolvieron de manera favorable 42.559 expedientes, un 95% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, destaca la Xunta, en este tiempo se implantó la valoración automática del grado III de dependencia para las situaciones más graves y la posibilidad de que las valoraciones se realicen directamente en las residencias públicas por parte del personal sanitario.

Un total de 286.681 personas continúan en la lista de espera para que se le asigne un servicio o prestación del sistema de dependencia: 150.482 tienen ya el derecho reconocido en espera de atención (8.386 más que al empezar el año) y 136.009 aún están pendientes de valoración (8.130 más que hace seis meses). En concreto con estos datos del mes de junio, son 16.536 más que a comienzo de año.

Según destaca el informe del Observatorio estatal para la dependencia con datos oficiales (provisionales) y partiendo de los datos publicados por el propio Ministerio de Derechos Sociales, en los últimos seis meses no solo se redujo el tiempo de espera si no que aumentó hasta los 342 días en junio de 2025, ocho días más que al inicio de año. Así, en estos primeros seis meses de 2025, la lista de espera aumentó en más de un 6% en toda España con la Comunitat Valencia (+21,8%), Madrid (+32,8%), Castilla La Mancha (+63,4%) y Cantabria (+64%) a la cabeza. Con el ritmo actual que tiene el sistema de atención a la dependencia, se tardarían 94 años para lograr la plena atención.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). Sin embargo, solo Castilla y León (113), Euskadi (129), Aragón (163), Ceuta y Melilla (163) y Castilla La Mancha (176) están por debajo a ese margen en sus promedios. En el otro extremo estarían Andalucía (574 días), Murcia (564 días) y Canarias (521 días). Además, Murcia (+44 días) y Madrid (+30 días) han aumento de manera importante los tiempos de tramitación en este primer semestre

Aunque durante estos seis primeros meses de 2025, 44.532 personas dependientes más están recibiendo prestaciones y servicios respecto al final del año pasado, se advierte una cierta ralentización en el aumento de personas atendidas. También se ha incrementado el número de prestaciones y servicio en 79.639. A pesar de este aumento, según destaca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, España continúa con un "sistema low cost" al consolidarse la tendencia de más prestaciones y servicios de bajo coste como la prestación por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia.

Por comunidades, aquellas con un "mayor limbo de dependencia" son Canarias (35,4%), Euskadi (16%), Cataluña (14,5%) y Extremadura (11,8%). En cambio, Aragón (1,5%), Navarra (2,1%) y Cantabria (2,6%) son las autonomías con datos más bajos. Además, siete han aumentado el número de personas en esta situación: Canarias (+44,2%), Castilla La Mancha (+40%) y Madrid (+31,6%) lideran este aumento. Así, más de la mitad (51,7%) de las personas que se encuentran en el "limbo de la dependencia" residen en tres comunidades: Cataluña (39.755), Andalucía (18.749) y Canarias (15.171).

Si se atiende al ratio de personas beneficiarias con prestación, las autonomías que más han aumentado son Galicia (+10%), Canarias (+6,7%) y Asturias (+5,9%). Por el contrario, en Cantabria (-0,8%), Extremadura (-0,5%) y Rioja (-0,2%) son las tres únicas donde han disminuido el número de personas atendidas.

Así, según este informe, el sistema de dependencia en España tras 18 años de implantación es "poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia" por los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad. Desde la entrada en vigor de la ley, 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia. En la otra cara de la moneda, 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también destaca que el plan de choque llevado a cabo por el Ministerio ha significado un "importante avance en la reducción de las listas de espera", aunque no ha cumplido con los objetivos por "una paralización en el aumento de inversión para la dependencia". "La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salen de la lista de espera por causa de fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho", explican.

La Junta de Andalucía ha decretado el cierre de una residencia privada, ubicada en Málaga capital, por carecer de licencia de apertura pese a haber estado abierta desde hace más de diez años y no contar con las condiciones de habitabilidad e incumplir las condiciones higiénico-sanitarias. El cierre se ha ordenado a instancia de la inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial de Málaga y los ancianos que vivían en este centro privado y sin plazas concertadas con la Junta de Andalucía han sido reubicados, según ha informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz.

De la investigación se desprende que en la residencia, presuntamente, se vulneraba la dignidad e intimidad de las personas al no preservarlas durante la higiene y los cuidados sociosanitarios. También había supuestamente un incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones, dependencias, equipos, menaje, utensilios y vestuario, entre otros apartados.

Pese a que era una residencia privada, la Junta "ha ayudado, informado, orientado y asesorado en todo lo posible a la familias para la distribución de los residentes", pese a no tener competencias para la reubicación de los mismos, han precisado las fuentes.

Paredes llenas de humedades, excrementos en algunas de las estancias, suelos hundidos, roturas de barandillas, colchones llenos de orinas y la solería de la ducha levantada, son algunas de las escenas que se han encontrado los propietarios del inmueble, que tenían alquilado, al entrar en la finca y que hicieron que uno de ellos se desmayara en el jardín al comprobar que el mismo se había convertido en la "residencia de los horrores", ha asegurado a EFE el abogado que los representa, Andrés Francisco Pérez Plaza.

"La familia está hundida, la propietaria es la única que tiene fuerzas para entrar porque todo está ruinoso", ha lamentado el letrado, que ha advertido de que temen que las personas que han estado en la residencia hayan podido sufrir dejadez y abandono porque hasta hace dos semanas había ancianos. En la denuncia que ha presentado Pérez Plaza, a la que ha tenido acceso EFE, se indica que además de los cuantiosos daños causados, las inquilinas -que ya han alquilado otra finca en la localidad malagueña de Torremolinos para explotarla como residencia de ancianos- les han dejado una deuda de 84.458,75 euros.

Debido a que cada mes la deuda iba a más, los dueños dijeron a las inquilinas, antes de que la Junta decretara su cierre, que necesitaban vender la finca para poder subsistir y pagar la hipoteca que grava sobre la misma, pero ellas "le exigieron dinero para irse" y le amenazaron con que la destrozarían si no accedían, según consta en la denuncia.

El abogado ha explicado que sus clientes no accedieron a la "extorsión" de las inquilinas y que gracias a un amigo de la denunciante, detective privado, pudieron corroborar que se estaban llevando portes de enseres a la nueva residencia tras la orden de cierre de la Junta.

A finales de este mes de marzo, recibieron una llamada de una vecina que le advertía de que el portón de la vivienda estaba abierto y que en la finca no había nadie, por lo que fueron corriendo ante el temor de que fuera ocupada. Fue en ese momento cuando comprobaron que las cerraduras de todas las puertas estaban rotas y "el espectáculo con el que nos encontramos fue lamentable, sencillamente horrible, la finca presentaba un estado de desolación y totalmente incompatible con un uso normal de la misma", se refiere en la denuncia.

La propietaria de la casa, María Salud Sotorrio Baena, ha asegurado a EFE que nunca podían imaginarse que la finca pudiera dejarse en ese estado de abandono: "es desolador, horrible, porque nosotros le dejamos una casa maravillosa para que estuvieran aquí los residentes y ancianos muy bien cuidados y ahora todo es abandono y suciedad". Se ha preguntado cómo han podido tener ancianos hasta hace quince días, "nos consta que en los últimos días había dos", ha asegurado entre lágrimas Sotorrio Baena, que ha relatado que "la nevera, el horno, el lavavajillas, todos los electrodomésticos de la cocina están totalmente oxidados y con mugre de años. Esta suciedad no puede ser de dos o tres meses".

Hace justo un año desde que el término "disminuido" desapareció del artículo 49 de la Constitución para ser sustituido por el concepto "personas con discapacidad". Unos meses después, hace ahora siete, el Gobierno aprobó también lo que bautizó Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Fueron dos decisiones distintas que ya entonces, sin embargo, tenían mucho en común. Este martes, el Consejo de Ministros ha ido un paso más allá y ha aprobado en primera vuelta una reforma de la Ley de Discapacidad y otra de la Ley de Dependencia. El objetivo: apuntalar esos dos cambios. Y empezar a plasmar lo que significaron a través de la legislación.

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya dijo el pasado 3 de diciembre que los nuevos textos estaban listos. Que respondían a un "compromiso de seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y equitativa" y que tardarían poco en salir adelante. La reforma del artículo 49, defendió, fue un "gran hito de esta legislatura" porque "trajo dignidad y más derechos a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones del sector". Lo único que faltaba entonces era trasladar todo eso a la vida diaria de todas ellas. Y para eso se ha aprobado esta reforma.

En palabras del Ministerio, la modificación busca garantizar cuatro grandes pilares para las personas con discapacidad: fomentar su autonomía, su inclusión, la accesibilidad universal y, por último, una protección específica para mujeres y niñas. Y para hacerlo plantea varias líneas de actuación.

La primera busca agilizar toda los procesos administrativos. En otras palabras: disminuir la burocracia. ¿Cómo? Haciendo que cualquier dependiente —sea cual sea su grado reconocido— ya tenga un 33% de discapacidad a ojos de la administración. Es, digamos, una unificación de circuitos. No hará falta que cada caso se estudie dos veces —una para conseguir una prestación o servicio por dependencia y otra para ser reconocido como persona con discapacidad— con una será suficiente.

A ello va asociado, además, una mayor eficacia también a la hora de sancionar. En 2023 se modificó la Ley General de Discapacidad para prohibir los espectáculos de "bombero torero" en los que se usaba a personas con acondroplasia para la mofa pública. Muchos se suspendieron a raíz de aquello, pero otros sortearon la norma y continuaron. Fue el caso por ejemplo de Teruel, donde el año pasado volvió a celebrarse a pesar de que también el Defensor del Pueblo pidió expresamente la suspensión del evento por considerar una "burla". Ahora, la reforma calificará esos actos como "infracciones graves", y como tal se sancionarán con multas de entre 600.000 y un millón de euros que se destinarán "a programas de promoción de la accesibilidad universal".

Será esa la segunda diana de la reforma. En palabras del Ministerio, se busca hacer de la accesibilidad "un derecho esencial para que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad". Que puedan hacerlo, por ejemplo, en el terreno sanitario. Porque todo lo que engloba una consulta o una prueba diagnóstica, por ejemplo, está contemplado para personas sin discapacidad. Igual que ocurre en un museo. O en un edificio de la administración pública.

Lo que la ley busca en este sentido es una doble acción: que la persona que se encuentre con esas situaciones tenga un amparo jurídico que le permita reclamar y que la necesaria adaptación tenga una financiación suficiente por parte del Estado, que tendrá una hucha formada, en parte, por esas sanciones que mencionábamos.

No es únicamente algo que buscar en el ámbito público. La reforma de la Ley de Discapacidad también aborda una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar la accesibilidad a los edificios de viviendas. En concreto, el departamento de Bustinduy propone eliminar los límites económicos de las intervenciones en las viviendas. Es decir, que por ejemplo los gastos comunes derivados de incluir una rampa en un portal que tan sólo contaba con escaleras puedan espaciarse más en el tiempo. Básicamente, además, porque hacer eso será obligatorio igual que lo es ahora cumplir con las medidas de seguridad. Si no, en cualquier caso, se habilitará también a los vecinos el acceso a la justicia para obligar a su comunidad a acometer las reformas necesarias.

Esta medida tiene una explicación muy clara. Y es que tanto esta legislación como la relativa a Dependencia buscan, con el nuevo marco que asume el Ministerio de Derechos Sociales, que se garantice la autonomía de las personas. Y que prevalezca, además, lo que ellos desean, que en la mayoría de las ocasiones es permanecer en su vivienda. Según los propios datos del titular del departamento, el 90% de las personas desean envejecer en su hogar. Por eso debe hacerse lo posible para que éste lo permita. "Se busca evitar situaciones de aislamiento o institucionalización forzosa", explica el Gobierno.

Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) citados por el departamento de Bustinduy, "alrededor de 100.000 personas están encerradas en sus casas porque sus bloques y/o viviendas tienen problemas de accesibilidad".

Las mujeres y las niñas con discapacidad tendrán una protección especial con la nueva reforma. Por un lado, se garantizará su salud salud sexual y reproductiva y se regulará el "derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad". Dicho de otro modo: ni sufrirán ningún tipo de discriminación a la hora de, por ejemplo, fundar una familia.

No son pocos los datos que evidencian la doble discriminación que sufre una mujer cuando también tiene una discapacidad. Los últimos fueron presentados a finales de 2023 por la Fundación ONCE y revelaron que el porcentaje de mujeres que sufren violencia machista en España asciende del 32% al 40,4% cuando tienen una discapacidad.

El Ministerio insiste en que es esencial que se abandone el enfoque que hasta ahora ha pervivido de la discapacidad. Y por eso también apuntan a la necesidad de que la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, rompa también los sesgos que mantiene.

Pasa con el machismo y pasa con el racismo. La inteligencia artificial está entrenada con datos que, inevitablemente, contienen sesgos tradicionales. Por ejemplo, según una investigación española publicada en la revista Algorithms, los algoritmos identifican y clasifican mejor a los hombres. En concreto, a los hombres blancos. Y también asocian de forma estereotipada a la masculinidad con las ciencias, y a la feminidad con las artes. Pues lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. Así que la reforma de la ley propone supervisar de qué manera son consideradas y representadas.

Todo forma parte de la misma idea: las personas con discapacidad no son "dsminuidos" o personas de segunda. Son, mantiene el espíritu de la ley, personas autónomas que tienen derechos.

El Ministerio de Derechos Sociales, en cualquier caso, también aboga por ese enfoque para las personas dependientes, consideradas ya con una discapacidad del 33% con la renovación de estas leyes. En línea con la Estrategia de desinstitucionalización aprobada el pasado verano, el departamento que dirige Bustinduy pretende para las personas mayores lo mismo que para aquellas que tienen una discapacidad: garantizar su envejecimiento y su vida digna en el hogar. O, al menos, en el entorno comunitario en el que ya vivían.

Para ello, como ya anunciaron, se despoja la centralidad que hasta ahora han tenido las residencias de mayores, un modelo puesto en evidencia con la pandemia de covid y, además, excesivamente costoso para la administración. En lugar de eso, se aboga por ejemplo por una ayuda a domicilio que vaya más allá del hogar, facilitando a los dependientes una ayuda para ir a la compra o al médico. Y también por hacer que estos servicios puedan darse en otro tipo de recursos como las viviendas colaborativas para personas mayores.

Para ellas, además, también se prevé la garantía de acceso a aquellos dispositivos que les permiten ser autónomos en su día a día, como por ejemplo un andador o una silla de ruedas, mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal. También se contempla un servicio de asistencia personal orientado promover la vida independiente o proporcionar un plan de actividades siempre ligado a los deseos de la persona.

En cualquier caso, el Ministerio recuerda que este tipo de servicios ya lo contemplan las carteras de varias comunidades. Y que son ellas, precisamente, las que tendrán que decidir ahora si incluyen todo esto o no. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya han criticado además que la reforma no lleva aparejado un incremento presupuestario. Y lamentan por ello que pueda ocurrir, otra vez, que todo quede "en papel mojado".

"Este Parlamento inicia un camino de solidaridad con las personas dependientes, con las personas que requieren ayuda para sus necesidades básicas". Era 5 de octubre y José Luis Rodríguez Zapatero tomaba la palabra en el Congreso de los Diputados para celebrar que la Ley de Dependencia que había impulsado su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había recibido una amplia luz verde. Sólo CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai votaron en contra. Según dijeron, porque invadía competencias. Poco más de dos meses más tarde entraba en vigor la que el propio Caldera había descrito como "la norma social más importante de principios de este siglo". Era diciembre de 2006. Hace ahora 18 años.

Mucho ha llovido desde entonces, pero si en todo este tiempo ha habido algo que ha marcado la vida de la norma eso ha sido la crisis económica y los posteriores recortes. Los consejos de ministros que en 2012 y 2013 celebraba cada viernes el Gobierno de Mariano Rajoy terminaban siempre —o casi— con un nuevo tijeretazo a los servicios públicos. Y la dependencia, claro, no se libró de ello. En diciembre de 2013, cuando la Ley apenas tenía siete años, el Ejecutivo conservador celebró el aniversario aprobando un decreto con dos medidas importantes: por un lado disminuyó las intensidades de los servicios ofrecidos bajo el amparo de la ley y, por otro, introdujo incompatibilidades. Es decir, estableció que si se recibía una prestación no se podía recibir otra. Por ejemplo: o ayuda a domicilio o centro de día.

Fue un punto de inflexión. A partir de entonces, el dinero que cada persona con dependencia reconocida percibía en prestaciones y servicios se mantuvo más o menos estable, o incluso aumentó hasta dos años después. Sin embargo, ya en niveles lejanos al máximo que se alcanzó en 2010, cuando el gasto público se situó en 8.145 euros por cada dependiente, una cifra que hoy, 14 años después y ya con la Ley de Dependencia mayor de edad, se sitúa en 5.982 euros. Un 26,6% menos. Es el dato que resulta "muy preocupante" para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha presentado su balance del decimoctavo aniversario de la ley.

La organización habla claramente de "déficit de financiación". Al menos si el objetivo es poder atender a todas las personas en lista de espera, es decir, con el grado de dependencia reconocido pero todavía pendientes de recibir una prestación o servicio del sistema público. En octubre de este año eran 291.649, una cifra para la que los directores y gerentes de Servicios Sociales estiman que son necesarios 1.750 millones adicionales. Y eso sólo para mantener la inversión en torno a los 6.000 euros por cada una de ellas.

Pero eso tampoco es lo ideal, señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. A su juicio, la caída hasta ahora imparable de lo que se destina a cada dependiente ha tenido una consecuencia muy clara. Y muy negativa. "Lo que refleja ese dato es que las prestaciones y su intensidad han caído, es decir, que lo que se ofrece a los dependientes es cada vez menos. En resumen: estamos yendo hacia un sistema de dependencia low cost", lamenta. Y eso es "poco eficaz". Aumentan las personas atendidas, sí, pero es que al mismo tiempo desciende la calidad de las prestaciones que reciben.

Este 2024 finalizará, según las estimaciones de la organización, con 1,5 millones de personas recibiendo una ayuda a la dependencia, un dato que supone el mayor incremento en esta estadística de los últimos 12 años y que se explica —o así al menos lo entienden los directores y gerentes de Servicios Sociales— por el plan de choque aprobado por el Gobierno en el año 2021, un documento de 34 páginas que pretendía revertir todo lo que se había destruido en años anteriores. Porque a la fase de "despegue inicial" de la norma le siguieron etapas duras.

Fue sobre todo la que tuvo lugar entre 2012 y 2015, cuando se produjo el "estrangulamiento financiero" y la aprobación de medidas "inexplicables", como lo fue precisamente la declaración de incompatibilidades. Fue entonces cuando empezó a producirse el "fenómeno sangrante" de que personas con una necesidad de ayuda reconocida fallecían antes de percibirla. "Tanto fue así en aquellos años, que el número de personas con derecho reconocido disminuyó, de forma que el flujo de entradas no reponía las bajas que se producían a pesar de que el fenómeno de la dependencia estaba ahí", dice el informe presentado este lunes.

En 2015 empezó a recuperarse la situación y entre periodos mejores y peores llegó 2020. Y con él, la pandemia. Y con ella la revelación de la importancia de los cuidados. Fue ahí cuando llegó el plan de choque. Y cuando entraron 287.636 personas más al sistema. Con ellas ya subirán hasta los 3.699.078 los dependientes atendidos, el dato más positivo de todos estos años.

Hay otra cara de la misma moneda. Y es que 900.000 personas han fallecido con un grado de dependencia reconocida pero todavía sin la prestación. "Es lo peor que seguimos soportando, que cada 15 minutos muere alguien en esa lista de espera", lamenta Ramírez. Esta es, además, cada vez más delgada, pero sobre todo porque las prestaciones o los servicios de los dependientes de Grado I —los menos graves— son los primeros en salir de ella. Según las previsiones, este año terminará con 155.000 personas desatendidas, si se tiene en cuenta a quienes están esperando su valoración de dependencia —que son alrededor de 24.000— y a quienes, ya teniendo su ayuda reconocida, todavía no la perciben, que son 131.083 personas. Todas ellas conforman lo que los directores y gerentes de servicios sociales han denominado "limbo de la dependencia", que en 2024 disminuirá, según prevé la organización, un 13,7%.

Pero hay otro dato preocupante. Y es que hay otras 136.954 personas que ni siquiera han sido valoradas. Es decir, en la primera fase del procedimiento. Según los cálculos de la organización, 2024 será uno de los años que finalice con más gente en esta lista. Así, si tenemos en cuenta todos los datos,  este año "cerrará con alrededor de 291.649 personas desatendidas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, tan sólo 4.782 menos que en 2023". "Con este ritmo de reducción, se tardarían 61 años en lograr la plena atención", sentencia la organización.

Para ello los directores y gerentes de Servicios Sociales tienen claro que es necesaria una mayor financiación. Y que quienes tienen que ampliar su esfuerzo en este sentido son las comunidades autónomas.

En teoría, el sistema de la dependencia es financiado de manera tripartita entre el Estado, las comunidades y los usuarios. El problema que ha ocurrido durante todos estos años es que cuando una de las dos administraciones —la central o la autonómica— aumentaba su aportación, la otra descendía la suya. Y así "difícilmente se podrá atender con solvencia las necesidades que habrá de exigirle el inminente reto demográfico del envejecimiento de buena parte de la población al que España se afrenta en los próximos años". Por ello también insta a que se incrementen las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones. Y en todas las comunidades por igual.

Por último, Ramírez exige simplificar el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". Como prueba, un dato: el 92% de la reducción del "limbo de la dependencia" de los últimos años no se ha producido porque la situación se ha resuelto, sino porque la persona que estaba a la espera ha fallecido antes.

“¿Es aquí la charla sobre la cooperativa de vivienda sénior?”, pregunta una mujer de unos sesenta años a Anna Corrons, portavoz del grupo impulsor de ‘Can 70’. Treinta personas de más de cincuenta años entran en el número 43 de la calle Casp de Barcelona, sede de Sostre Cívic, que desde 2004 actúa como promotora inmobiliaria de proyectos de vivienda cooperativa. 

“Hoy estamos presentando un proyecto que tiene su pilar en el envejecimiento activo pero que forma parte de algo más grande” introduce Eva Ortigosa, técnica de Sostre Cívic durante la sesión informativa. Y continúa explicando que las personas que acaben formando parte del proyecto tendrán una doble vinculación, “la que te vincula como socia dentro de ‘Can 70’, y la que te vincula como socia de Sostre Cívic”. El modelo de la entidad “se inspira en el danés”, explica José Téllez, portavoz de la Sostre Cívic, “intentamos que no todos los proyectos de vivienda cooperativa hechos en Cataluña tengan un perfil militante”. En Copenhague el 33% de las viviendas son de propiedad colectiva en régimen Andel. 

‘Can 70’ será la primera vivienda cooperativa sénior del estado construida sobre suelo público. En España existen más de 40 viviendas de este tipo que Daniel López, psicólogo e investigador de la UOC ha clasificado en el mapa del proyecto MOVICOMA, un estudio becado por la Fundación BBVA. El convenio ESAL que desarrolló Barcelona en 2015 facilita la construcción de vivienda sobre suelo público a promotoras sin ánimo de lucro. Eso ha permitido rebajar el precio de construcción de ‘Can 70’ en una zona dónde el suelo urbano es muy caro, como es Barcelona, y que habría hecho muy difícil desarrollar un proyecto surgido de economías familiares.

Anna Corrons, portavoz de la futura vivienda sénior, explica que los motivos para impulsar este proyecto fueron “evitar la soledad no deseada”, “evitar que los hijos e hijas nos tengan que cuidar” y “mantener la capacidad de decisión” hasta el final de la vida, algo que en una residencia es limitado. Añade también un motivo económico. Explica que su madre murió durante la pandemia en una residencia en la que pagaba 2500€ al mes por una habitación de 15m2. Recuerda que para pagarla, su madre disponía del dinero que le llegaba por la ley de dependencia, la de un piso alquilado y además añadía dinero de sus ahorros. Como “tenía la cabeza muy clara”, su madre le llegó a preguntar “¿hasta cuándo puedo vivir?”, pensando en los ahorros que le quedaban. “Yo nunca tendré ese dinero”, zanja la portavoz de la futura vivienda.

Las obras empezarán a principios de 2025 y tienen previsto alargarse dos años. El proyecto está formado por personas mayores de 55 años y ahora hay 25 inscritas. El convenio les obliga a ser 39 socias por cuestiones de densidad poblacional. Para llegar a esa cifra organizan sesiones explicativas del proyecto para incorporar a nuevas socias, como la sesión a la que tuvo acceso infoLibre.

“Hoy he hablado con dos amigas”, expone Anna Corrons ante las asistentes. “Una tiene más de 80 años. Su marido tenía dinero y se quedó viuda hace unos años, tiene cuatro hijos, pero está en un sociosanitario muriéndose más sola que la una.” Y continúa, “luego he hablado con otra amiga que estaba fantástica en su casa en la Cerdaña plantando unas coles”. “Le he preguntado, y cuando no puedas conducir, ¿qué harás?. Pues no lo tiene pensado”. Anna concluye la exposición diciendo “nosotras creamos ‘Can 70’ porque no queremos la soledad no deseada ni tampoco ser una carga familiar”.

Lluvi Ferré es psicólogo e investigador del grup CareNet de la UOC, y desarrolló en 2019 la guía ‘Cuidados en la convivencia de las personas mayores’ junto al también investigador de la UOC Daniel López y en colaboración con el grupo impulsor de ‘Can 70’. La guía asienta las bases para planear los cuidados en la etapa final de la vida en una vivienda cooperativa, así como fragmentar la vivienda en núcleos comunitarios y establecer procesos de duelo y muerte. Lluvi Farré explica que el grupo impulsor se tomó un año de reflexión para crear la guía.

“Cuál es el objetivo del proyecto?” les plantea Anna Corrons a las veinte personas que han asistido por primera vez a la sesión introductoria. “Pues vivir una vejez empoderada, digna, activa, decidida”. Otras diez asistentes a la sesión ya son parte del proyecto, la mayoría de ellas mujeres. “¿Nos faltan hombres?”, se pregunta la portavoz tras mostrar una fotografía con todas las integrantes, y continúa, “pues la verdad es que nos gustaría que hubiera más”. El edificio está ya proyectado con tres tipos de espacios. “La privacidad está garantizada en apartamentos unipersonales de entre 30m2 y 43m2”, luego “hay espacios colectivos”, como las cocinas y los comedores compartidos entre unidades de tres o cuatro apartamentos por planta, y finalmente “hay espacios abiertos al barrio”. El grupo forma parte de la mesa de salud comunitaria del barrio de Sarrià y el edificio contará con un espacio municipal de cerca de 200m2 que tendrá la obligación de acoger actividades para el vecindario, como por ejemplo fisioterapia.

Ante la pregunta de qué diferencia hay entre el modelo de Can 70 y una residencia, Corrons responde “aquí lo hemos decidido todo”. “Hemos decidido qué espacios queremos y qué actividades queremos hacer”, y continúa, “en una residencia no puedes decidir ni los horarios, ni los espacios, ni las actividades, ni nada”. También explica que su proyecto se diferencia del modelo de viviendas con servicios, porque ellos deciden con quién van a vivir hasta el final de sus vidas, y no es el ayuntamiento o la institución privada que ofrece las plazas y ellas se apuntan.

Desde el gobierno estatal y autonómico se está promoviendo la desinstitucionalización del modelo residencial. “La idea de que se debe cambiar el modelo residencial viene de lejos”, explica Daniel López, psicólogo y experto en estudios del envejecimiento de la UOC. “La pandemia hace visibles unos déficits estructurales” y para ello es necesario plantear propuestas de atención centrada en la persona y mejorar las condiciones laborales. “La administración cada vez se interesa más por proyectos como el de Can 70”, expone el psicólogo de la UOC Lluvi Farré. El investigador considera que son una experiencia que “hace frente al reto demográfico” y plantea “soluciones de gestión y económicas”.“Es la gente espabilándose por sí misma”, zanja el psicólogo.

Uno de los problemas que afectan más a las personas mayores en su etapa final de vida es la soledad. Un estudio de la Fundación de LaCaixa realizado en centros de mayores evidenció en 2021 que un 68% de los encuestados sufren algún tipo de soledad. Por otro lado, según datos del INE, las mayores tasas de suicidio de 2010 a 2023 se dan en personas mayores de 70 años en ambos sexos, pero se dispara sobretodo en los hombres. 58 de cada 100.000 habitantes se suicidan en España después de los 70 años, según el Instituto Nacional de Estadística.

Anna Corrons explica que el proyecto lo inició un grupo de amigas “pensando en que no querían envejecer solas y que tampoco querían que se hiciera negocio con ellas”. Ahora para incorporarse en el proyecto, tras asistir a la sesión introductoria, se hacen entrevistas con el grupo impulsor y se hace un acompañamiento. “Hacemos tres salidas al año durante un fin de semana para conocernos”, explica durante la sesión la portavoz de ‘Can 70’. Tras tres meses, si las nuevas personas interesadas quieren continuar, deben hacer el primer pago para tener voz y voto para seguir definiendo el proyecto.

El Código Civil, la Constitución y la Ley de Dependencia obliga a los hijos e hijas a prestar ayuda de sus padres en situación de necesidad, y esto incluye alimentación, ropa, vivienda y asistencia médica. Aunque se pueden eximir de ello si han sufrido maltratos o abandono durante la infancia. No fue el caso de Corrons, que explica que a toda su generación le ha tocado cuidar a la vez de sus padres y de sus hijos, y considera que “no hace falta continuar con esta tradición”. 

Lluvi Farré, del grupo de investigación ‘CareNet’ de la UOC, explica que el dilema en el interior de estas viviendas está en no trasladar la carga de los cuidados entre los integrantes de la comunidad. Establecer “el límite entre el apoyo mutuo” y “la necesidad de ayuda especializada”. El psicólogo explica que la mayoría de las integrantes de ‘Can 70’ están familiarizadas con los grados que establece la ley de dependencia. En la guía de 2019 establecieron lo que han llamado “una escalera del bienestar” con tres escalones, “cada uno equivale a una fase de autonomía”. En la primera escalera uno vive en su casa. En la segunda escalera vive en su casa pero la persona necesita de apoyo asistencial externo, y en la tercera escalera se necesita un apoyo asistencial continuado.

“Somos conscientes que podemos necesitar mucho dinero para contratar servicios de cuidados”, apunta Anna Corrons durante la charla, y “también somos conscientes de que ahora hay unas listas de espera para acceder a las ayudas de dependencia muy largas”. La portavoz explica que han hecho gestiones con la administración autonómica y tendrán un encuentro con la estatal para saber cómo les llegarán las prestaciones por dependencia en la línea de promover la desinstitucionalización. Elionor Sellés es otra de las integrantes del grupo ‘Can 70’. Durante la sesión a la que tuvo acceso infoLibre explica que la opción que están trabajando es “mancomunar los servicios asistenciales entre quienes compartan el mismo grado de dependencia”. También “mancomunar las ayudas de la dependencia”. La integrante de ‘Can 70’ continúa explicando que la diferencia está en “que si estos servicios se tienen que contratar de forma individual en una casa, salen mucho más caros”. Anna Corrons explica también que esperan que las trabajadoras sociales, las enfermeras o los demás servicios que necesitarán “salgan de la vinculación que tienen con la mesa de salud pública del barrio de Sarrià”. Y Elionor Sellés remarca al final de la sesión que, si han logrado todos estos vínculos con la administración estatal, autonómica, y con el barrio para desarrollar mecanismos de desinstitucionalización “es porque nos hemos movido nosotras”. Eva Ortigosa responde a una de las dudas de las personas que asisten a la sesión en la misma línea. “Esto es un proyecto nuevo que estamos haciendo con el ayuntamiento y que Barcelona tampoco ha hecho nunca”. Y concluye, “a veces cuando entras en un proyecto así buscas certezas sobre cómo va a ser que nadie te puede responder”.

Un total de 292.792 personas continúan en la lista de espera para que se le asigne un servicio o prestación del sistema de dependencia y cada 15 minutos fallece una de ellas en el "laberinto burocrático" para acceder a ese sistema, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, según informa EFE.

En el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, hecho público este lunes, la asociación ha vuelto a denunciar la "acusada desigualdad territorial" que aún existe en España para atender a las personas dependientes. En el contexto del Plan de Choque que permitió incrementar la financiación estatal para la atención a la dependencia entre 2020 y 2023, el Gobierno aumentó su aportación a la dependencia en un 138 %, frente a la subida del 9 % de las comunidades autónomas.

En el comunicado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que en 2023 el Ejecutivo se hizo cargo del 29 % de la inversión pública en Atención a la Dependencia (3.292 millones), frente al 71 % de las comunidades autónomas (8.230 millones).

Ahora bien, han precisado que la inversión autonómica varía mucho en función de los territorios. Para empezar, tres comunidades han disminuido el gasto durante el Plan de Choque: se trata de Castilla y León (con un descenso del 34,7 %), Galicia (un 6,4 % menos) y Aragón (un 3,2 % menos).

Según el informe, las autonomías que menor porcentaje aportan a la dependencia son Galicia (59%), La Rioja (59%), Andalucía (62%) y Castilla y León (63%). En el otro extremo, las que asumen un mayor porcentaje del gasto son el País Vasco (84%), Navarra (81%), Extremadura (78%) y la Comunitat Valenciana (78%).

Las diferencias son también evidentes al analizar la inversión media por persona potencialmente dependiente: lideran el gasto el País Vasco (con 2.848 euros), Extremadura (2.599) y Navarra (2.413). La media nacional se sitúa en los 1.815 euros y a la cola se encuentran Galicia (1.073), Canarias (1.248) y Murcia (1.504).

Llevar a cabo una "revolución". Eso es lo que quiere Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que este lunes anunció que su Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad es ya inminente. Será aprobada por el Consejo de Ministros previsiblemente en junio. Y apostará, prioritariamente, por potenciar que las personas mayores puedan vivir en sus casas de manera digna. Con una red de atención a domicilio más amplia. Con mejores servicios de teleasistencia. Y con más plazas en centros de día.

Así lo explican desde su departamento, desde el que añaden que, de manera paralela, se trabajará para que las residencias de mayores se focalicen en la atención a la persona, en línea con el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en 2022. Pero, no obstante, lo principal es lo primero. "Durante muchos años en España se ha pensado que incrementar las políticas de dependencia significaba construir residencias más grandes, pero cuando se le pregunta a la gente, el 90% de las personas quieren envejecer en su pueblo, en su barrio, en su ciudad", señaló el propio Bustinduy en la Cadena Ser.

La Ley de Dependencia aprobada en el año 2006 iba de hecho en esa línea. En su artículo 13, la norma recoge que el primer objetivo de las prestaciones pasa por "facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible". Sin embargo, según señala el ministro de Derechos Sociales, se ha apostado en cambio por una institucionalización de la dependencia. En otras palabras: por fomentar en demasiados casos el ingreso en un geriátrico. Y muchas veces, en uno con más de 200 plazas, un modelo que durante la crisis del coronavirus se demostró fallido. Fue allí, señaló un estudio publicado en la revista científica Epidemiología, donde la mortalidad por covid llegó incluso a duplicarse.

Los datos indican no obstante que este tipo de centros aglutinan hasta el 38% de las plazas en centros de mayores que existen en nuestro país. Por eso el objetivo es justo el contrario: desinstitucionalizar los cuidados a los mayores. "Lo que se pretende es acabar con el modelo de las macrorresidencias y apostar por los cuidados en proximidad, reforzando la atención a domicilio, la teleasistencia y los centros de día", concretan fuentes del departamento de Bustinduy. Eso no significa en cambio que haya que acabar con los geriátricos, sino que hay que repensarlos. "Tienen que ser éstos los que se adapten a los mayores, no al revés", señala Sara Moreno, profesora de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona.

España tampoco está sola en esto. Y así lo recoge el informe El efecto de las transiciones demográfica, climática y digital en la desigualdad territorial presentado hace una semana por la Fundación Alternativas y del que es coautora, precisamente, Moreno. "Existe un amplio consenso a nivel europeo sobre la necesidad de impulsar modelos de cuidados que favorezcan la permanencia de las personas en su entorno domiciliar y comunitario, reduciendo la cobertura e intensidad de los cuidados institucionalizados en centros residenciales", afirma el documento.

Muestra de ello es la Estrategia Europea de Cuidados para cuidadores y receptores de cuidados, trasladada a España en 2023 mediante la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización para una Buena Vida en Comunidad, una primera hoja de ruta que ahora Bustinduy pretende concretar en un documento específico. Lo hará además con el apoyo firme de la población española, según se demostró a través de una encuesta realizada a 2.505 personas, entre las que ocho de cada diez consideran que las personas que residen en centros o instituciones asistenciales están en alguna medida al margen del conjunto de la sociedad.

Pero vayamos a las cifras. ¿En qué punto se encuentran los recursos que ofrece la Ley de Dependencia más allá de los centros residenciales? Los datos los recoge el Imserso y los últimos ofrecen una panorámica a 31 de diciembre de 2022. En concreto, el servicio de teleasistencia atiende a 988.623 personas, un 10,2% de los mayores de 65 años. De ellas, el 75% son mujeres. Por su parte, 534.321 personas reciben servicio de ayuda a domicilio, lo que supone que esta prestación tan sólo alcanza al 5,52% de quienes han cumplido ya los 65. En este caso, las mujeres representan un 71,9% del total de las beneficiarias. Los centros de día, por último, ofrecen atención a 66.421 personas en 105.447 plazas. En este caso, ellas son el 68,7% de los usuarios.

Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se trata de números completamente insuficientes. Así lo denunció el pasado mes de febrero, cuando la organización lamentó además que la media de tiempo en atención y cuidados sólo alcanza las 20,2 horas mensuales, una cifra que resulta dos décimas menos que en 2019. "Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", señaló la organización.

Porque ese es el modelo de cuidados actual. Según los últimos datos recogidos por el Imserso, la mayoría de prestaciones de la Ley de Dependencia están orientadas a cubrir los gastos de los familiares que cuidan. En concreto, el 29,2%. Un dato que a juicio de Moreno muestra uno de los motivos por los que la norma aprobada en 2006 no ha tenido una buena aplicación. En concreto, la experta recuerda que otro de los objetivos de la Ley era profesionalizar los cuidados, algo difícil de conseguir si quienes siguen realizando estas labores son las —porque la mayoría son mujeres— familiares de los mayores. "Hacer una ley no implica cambiar la realidad. Hay que trabajar en los marcos normativos, claro, pero eso no implica que no haya obstáculos socioculturales difíciles de derribar", subraya.

En este sentido, desde el Ministerio de Derechos Sociales apuntan a que la estrategia del nuevo modelo de cuidados, además de esa desinstitucionalización, pretende mejorar las condicionales laborales de las trabajadoras del sector de la dependencia. Según sus propios datos, más del 80% son mujeres y más del 40% son, además, migrantes. Por otro lado, las que realizan su labor en residencias cobran un 41% menos que el salario medio de nuestro país y las que lo hacen en domicilios hasta un 59% menos.

Pero la precariedad va más allá. Según denuncia el responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Jesús Cabrera, los contratos a tiempo parcial de las cuidadoras a domicilio suponen más del 70% del total y las plantillas dentro de los geriátricos son totalmente insuficientes. Por ello reclama más fondos. "España destina un 0,9% de su PIB a dependencia y la media europea se encuentra en un 1,5%", detalla.

El origen está en la crisis económica de 2008, el segundo factor, a juicio de Moreno, que ha contribuido a que la aplicación de la norma no sea efectiva. En tan sólo cuatro años, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy recortó hasta 2.000 millones de euros la financiación a la dependencia, una cifra que el Gobierno se propuso recuperar mediante el plan de choque aprobado en 2021 que contemplaba más de 600 millones de euros. Sin embargo, y según denunciaron los directores y gerentes de Servicios Sociales y lamenta también Cabrera, esa circunstancia fue "aprovechada" por algunas comunidades para rebajar su aportación —que, en teoría, debería de estar equilibrada con la proveniente del Estado. En concreto fueron Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid, Extremadura, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Murcia.

Ahora, el Ministerio de Bustinduy transferirá fondos europeos a las autonomías para aplicar esta nueva estrategia, financiada también en parte por el propio Gobierno, que inyectará presupuesto a distintos proyectos de innovación.

Los números de la dependencia no conviene tratarlos a modo de inventario porque, en muchas ocasiones, esconden complicadas historias detrás. Pero hay algunos que resultan significativos. De acuerdo a las estadísticas del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), la población potencialmente dependiente en España se cifra en 6.326.950 personas y se han calculado también las solicitudes de ayudas a la dependencia en relación a ese universo, de forma genérica y por territorios. El porcentaje de peticiones registradas sobre la población dependiente en potencia para el país es de 32,72%. Y llama la atención que haya regiones como Galicia que están muy alejadas de ese porcentaje, con el 17,68%. Junto a ella, a Cantabria, Canarias y Asturias, se asocian un 23,74%, 25,27% y 25,49%, respectivamente.

Del otro lado, comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Baleares anotan 40,82%, 38,89%, 38,56% y 35,76%, de nuevo de forma respectiva, a la luz de la información consultada por infoLibre. No llegan a la media global tampoco Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid o Navarra. Y se sitúan por encima del 32,72%, junto a las cuatro mencionadas, La Rioja, Castilla la Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia, al borde, con un 32,99%.

¿A qué se debe que haya zonas dónde se demandan en bastante menor medida que en otras estas ayudas? Para el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y presidente, asimismo, del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, es reseñable “la desigualdad territorial que hay entre la población potencialmente dependiente y las solicitudes por comunidades autónomas”. “Es inexplicable que haya alguna en las que el porcentaje sea casi la mitad de lo que piden en otras regiones”, asevera, aunque lo vincula con la actuación “de algunos gobiernos autonómicos”.

Argumenta: “Cuanto menos importancia le dan a la ley de dependencia, cuanto peor la gestionan y, por tanto, peor funciona, como es el caso no sólo de Galicia, de Asturias, de Canarias, de Cantabria, o de Madrid -su porcentaje no alcanza al nacional, al ser del 30,52%-; hay menos solicitudes en relación con la población potencialmente dependiente”, sintetiza. Si se pone la lupa sobre la región que presenta un peor dato, Galicia, Ramírez relaciona el origen de que en ésta “sólo soliciten las ayudas el 17%, cuando la media es del 32%", con que "probablemente el Gobierno gallego, durante los 17 años de desarrollo de la ley ha tenido desidia e impericia en su gestión y la gente no la pide. Y lo mismo podría decirse de Canarias”, apostilla.

Por lo que respecta a Asturias y a Cantabria, el presidente del Observatorio de la Dependencia apunta a otra causa: “Fundamentalmente se debe a la centralización que hacen esos gobiernos a la hora de la gestión de la ley de dependencia, por la estructura organizativa que han planteado desde el inicio, por la centralidad”. Mantiene que esas administraciones “no cuentan con las entidades locales y, al no hacerlo, el acceso a la ley no tiene el componente de la proximidad, de ahí que haya menos personas solicitantes”. A su entender, “nadie conoce mejor la realidad de las personas potencialmente dependientes que los trabajadores de los servicios sociales municipales. En Cantabria o en Asturias lo hacen directamente desde Oviedo y desde Santander y claro, mucha gente no se entera”, advierte.

Para Ramírez, sólo hay una comunidad, Navarra, cuyo bajo porcentaje, 27,06, “puede tener una explicación más o menos lógica”. “Está por debajo de la media total porque tiene unos servicios sociales muy potentes y los hay que no necesariamente tienen que darse desde el sistema central de la dependencia, los proporcionan desde allí, como alguna ayuda a domicilio, etc”.

Preguntado por si los motivos por los que los ciudadanos no se interesan más por los incentivos para la dependencia podrían estar vinculados a la falta de conocimiento o a las trabas burocráticas, como los expertos han detectado en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España contesta que “no tiene parangón, porque el IMV es un ingreso nuevo, que lleva sólo algunos años” al alcance de sus beneficiarios, mientras “la ley de dependencia tiene 17 y el procedimiento para pedirla es para todo el mundo igual”, resume. E insiste: “Es inexplicable la gran demanda en puntos como Andalucía y Castilla y León y que en otros territorios sea tan poca”.

Y no quiere dejar de colocar el foco en “un caso palmario y que es de vergüenza: por qué en el territorio Imserso -Instituto de Mayores y Servicios Sociales dependiente del Gobierno-, de Ceuta y Melilla, la demanda es menor que la media -26,53%-”, lanza. Ramírez apuesta por “seguir mejorando el sistema para que se beneficie más gente, porque hay quienes siguen sufriendo mucho y se trata de una política de respeto a la dignidad humana”, remata.

Desde la Federación Empresarial de Dependencia reclaman a cada poco más presupuesto para un sistema que libera la presión de familias con miembros en situación de dependencia y para el que han exigido más dinero. El anterior Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsó en 2021 un Plan de Choque a través de la mesa de diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales, que inyectó 600 millones al sistema. De hecho, según lo plasmado en el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, en los tres últimos años, 2021, 2022 y 2023, han aumentado en 287.636 las personas atendidas, y el conjunto de quienes tienen derecho a la prestación se ha elevado a 1.567.107 a finales del pasado ejercicio.

Con todo, los 4.000 millones extra de financiación estatal que se han insuflado en los tres mencionados años, no se ven reflejados en una mejora substancial de la atención a la dependencia, de acuerdo a lo recogido en el dictamen, donde se refleja, además que, al ritmo de 2023, se tardarían más de 8 años en lograr la plena cobertura de quienes la necesitan. Se da la circunstancia, además, de que el pasado año, hubo nueves comunidades que redujeron su aportación en esta materia: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15 millones), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4 millones) y Murcia (-1). En 2023, 40.447 personas fallecieron esperando ser valoradas o atendidas gracias al despliegue de una ley que no impactó a tiempo para ellas.

Año 2021. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprueba, tan sólo un año después de la crisis del covid-19, un Plan de Choque con un incremento de la financiación estatal al sistema de dependencia. Más de 600 millones anuales pretendían ser el antídoto a años de listas de espera interminables y el desatasco perfecto para miles de personas que o bien no recibían la prestación a la que tenían derecho o ni siquiera encontraban turno para que su grado de dependencia fuese valorado. En total, en tres años el Estado ha invertido 4.000 millones extra en este área. Y las cifras han mejorado, pero no lo esperado. Ni mucho menos. Así lo ha denunciado este lunes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

La organización, que ha presentado en Madrid su XXIV Observatorio Estatal de la Dependencia, ha ofrecido cifras esclarecedoras sobre el estado del sistema. Por un lado, lamentan que "se está abandonando sin atenciones a 296.431 personas que están a la espera de un procedimiento". Por otro, certifican que, sólo en 2023, 40.447 personas fallecieron esperando una certificación de su grado de dependencia o esperando la atención que les correspondía por ella. Cada 13 minutos, calculan los directores y gerentes de Servicios Sociales, moría alguna de las personas que se encontraba en alguna de esas listas de espera. Al ritmo actual, concretan, se tardaría hasta ocho años en alcanzar la plena atención.

Y todo eso ocurre a pesar de que, señalan también, la situación ha mejorado considerablemente. También ofrecen cifras de esta afirmación. Desde que se aprobó el Plan de Choque —es decir, en 2021, 2022 y 2023—, han aumentado en 287.636 las personas atendidas en el Sistema de la Dependencia. Así, a finales de 2023 ya había más de un millón y medio —en concreto, 1.567.107— con derecho a prestación.

La explicación es que la situación de base dibujaba un escenario más que pésimo. Hasta 2021, recuerda también la organización, no se puso fin a los recortes en dependencia realizados por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Desde que estos comenzaron y hasta diciembre de 2020 el Estado amasó —siempre según los cálculos del informe presentado este lunes— un déficit en el sistema de hasta 6.322 millones de euros. Y esto afectó también a las comunidades, que son las responsables según la ley de aportar el 50% de lo que se debe destinar a este área.

Actualmente, en cambio, las autonomías son las responsables del 60,4% de la financiación en dependencia, un porcentaje que completa el Estado con un 39,6%. El pasado mes de enero, y tras una reunión con el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy se comprometió a equilibrar estas cifras. "Tenemos la voluntad de continuar en esa senda hasta lograr que la aportación de la Administración General del Estado a la financiación de la dependencia sea del 50%", señaló.

Como hasta ahora casi todo corresponde a los ejecutivos regionales, las desigualdades aparecen. E incluso se agrandan. Se producen siempre, denuncian los directores y gerentes de Servicios Sociales, por "voluntad política". Por la presencia o por la ausencia. Así, lamenta el informe, hay algunos gobiernos autonómicos que han "reducido su aportación económica 'haciendo caja' con el incremento de la financiación estatal que ha supuesto el Plan de Choque". Son, en concreto, nueve. La primera es Cataluña, que es la que más ha rebajado esta inversión, disminuyendo 57,3 millones su partida destinada a dependencia en 2023 con respecto al año anterior. Le siguen Andalucía (con un recorte de 51,6 millones), Comunitat Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1).

Son las dos primeras, así, las que más fallecimientos acumulan entre quienes están esperando recibir la resolución de su grado de dependencia y entre quienes ya lo tienen certificado pero todavía no reciben la prestación que les corresponde. En Cataluña, entre diciembre de 2022 y 2023 fueron 12.280 las personas que murieron en una de estas dos situaciones; en Andalucía, 3.972.

El problema, en este sentido, es el tiempo de espera para la resolución de los expedientes. De media, una persona en España tarda 324 días en tener su situación resulta, aunque en cuatro —Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia— se llegan a superar los 12 meses. Sólo cinco territorios, lamenta el informe, tardan seis meses o menos en resolver, como marca la Ley. Son País Vasco, Castilla y León, Navarra, Cantabria y Ceuta.

En cualquier caso, lamentan los directores y gerentes de Servicios Sociales, "los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del Sistema, sin que se perciba una mejora substancial a partir del importante incremento de financiación estatal, tal y como proponía el Plan de Choque". Así, por ejemplo, establecía que la teleasistencia es un derecho subjetivo de toda persona con Grado de dependencia que vivía en su domicilio, pero al finalizar 2023 sólo la tenía el 35,8% de las personas en esta situación.

Por su parte, las horas mensuales de ayuda a domicilio sólo crecieron en 2023 tres décimas con respecto a 2022, hasta las 33,8 horas al mes. Por su parte, el informe cifra en 240,17 euros de media el importe que reciben las personas que cuidan a un familiar en situación de dependencia y en 575 euros la cuantía de la prestación vinculada al servicio para una plaza residencial para los dependientes de Grado III. En este sentido, la misma organización denunció hace apenas un mes que, aunque las plazas en geriátricos siguen aumentando, estas no son suficientes para absorber la lista de espera de estos grandes dependientes o dependientes severos. Harían falta para ello, calcularon, 30.000 plazas nuevas.

Las plazas en residencias de mayores siguen aumentando, pero no son suficientes para absorber la lista de espera de las personas con grado II o III de dependencia, es decir, los dependientes severos o grandes dependientes. Harían falta para ello, como mínimo, 30.000 plazas nuevas. Así lo estima la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que este viernes publica un informe en el que lamenta, además, que el envejecimiento va a mayor velocidad que la creación de estas plazas.

La situación, denuncian, empeora año a año. Según el documento, en los dos años posteriores a la pandemia, 2021 y 2022, las plazas residenciales aumentaron en 9.541 unidades, pero la población mayor de 65 años en ese mismo periodo lo hizo en 380.265 personas. "Se pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de la población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando", critica la organización.

De este modo, y según los datos que recogen, en 2022 había 398.575 plazas, 1.132 más que un año antes. Dicho de otro modo, tan sólo un 0,28% más. Un año antes el incremento fue muchísimo más acusado. En números brutos, de 2020 a 2021 pasó a haber 7.766 camas más. En términos relativos, fue una subida de un 2%.

Sin embargo, el peor dato se refleja cuando se observa la situación de las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III). Para ellos, denuncia la Asociación, la oferta tampoco está cubierta. Y hacen falta, estima, no menos de 30.000 plazas. Según los últimos datos oficiales del Imserso, actualmente hay 71.776 personas con ese grado de dependencia esperando a ser atendidas, pero al menos otras 61.721 que probablemente serán catalogadas con el mismo ni siquiera han sido valoradas.

Aun así, también hay cifras positivas. Y es que en 2022 la tasa de plazas públicas por cada 100 mayores de 65 años fue la más alta de la serie histórica: 2,79. Por titularidad, el informe desgrana que el 67,9% de las plazas en residencias de mayores de España son de financiación pública, lo que en números absolutos significa 270.702 frente a las 127.873 meramente privadas. Se incluyen ahí, detallan los directores y gerentes de Servicios Sociales, las plazas en centros públicos, las plazas concertadas en centros privados y las plazas que se financian.

La intención del Ministerio de Derechos Sociales, según anunció el pasado mes de enero la secretaria de Estado, Rosa Martínez, es inyectar hasta 4.000 millones de euros al sector de la dependencia a lo largo de la legislatura. Pretenden así alcanzar la confinanciación del 50% con las comunidades.

De cualquier modo, la organización apuesta por continuar el objetivo de desinstitucionalizar las residencias, un objetivo que, según recuerda la propia organización en su informe, se fijó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el año 2023. El objetivo era "favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales". Pero el problema es que desde entonces, dicen, poco se ha avanzado.

Los datos indican que en 2022 el servicio de ayuda a domicilio sólo alcanza una cobertura del 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia pero todavía claramente insuficiente. Hay más: la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza las 20,2 horas mensuales, una cifra que resulta dos décimas menos que en 2019. "Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos añoa hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", lamenta la organización en su informe.

Por último, los directores y gerentes de Servicios Sociales también lamentan que los avances en la humanización del modelo de residencias han sido mínimos. Y en este sentido son Madrid, Galicia y Murcia las que destacan porque, precisamente, son las que todavía hoy se niegan a poner en marcha el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en junio de 2022 por el Gobierno.

"La dependencia retrocede". Así de tajante se muestra la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha criticado este jueves que las listas de espera no sólo no adelgazan, sino que no dejan de engordar. El número de mayores a las que se les ha reconocido el derecho y no perciben aún la prestación —las que se encuentran en el llamado limbo de la dependencia— y el de quienes ni siquiera han sido valorados es, cada vez, más elevado. Actualmente se encuentran esperando algún procedimiento 350.028 personas, 17.966 más con respecto al mes de enero. Pero hay un dato todavía peor: 123 fallecen cada día en esa lista de espera interminable, una cada 12 minutos.

"Cada vez está más lejos el objetivo del Plan de Choque de reducir la lista de espera en 60.000 personas este año. La burocracia, y el hecho de que en más de la mitad de las comunidades autónomas crece la lista de espera, hace que fracase el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y que no se aproveche la oportunidad del importante incremento presupuestario comprometido en este objetivo", critican los directores y gerentes de Servicios Sociales.

Era marzo de 2021. El entonces ministro del ramo, Pablo Iglesias, se mostraba "orgulloso" por haber firmado con sindicatos y patronales ese Plan de Choque. "Viene a reparar una injusticia", dijo entonces. Hacía apenas un año que la pandemia lo había acelerado todo. "Hace poco más de un año, pocos imaginaban los ministerios donde gobierna Unidas Podemos fueran capaces de llegar a acuerdos entre sindicatos y patronales, eso se ha normalizado. Este acuerdo es una magnífica noticia para toda la sociedad. Este plan da la vuelta a una manera de gestionar la crisis que hizo mucho daño a nuestra patria", dijo entonces.

Dos años después, su sucesora en el cargo, Ione Belarra, anunció un aumento de la financiación: 600 millones más, un 23%. Hasta los 3.229 millones. Uno de los objetivos era, precisamente, reducir las listas de espera. Pero no ha funcionado. Según los datos que han desgranado este jueves los directores y gerentes de Servicios Sociales, el tiempo medio de espera para recibir una prestación o servicio a la dependencia es de 324 días. Hay, en términos absolutos, 350.028 personas "abandonadas", a la espera de algún procedimiento, y 22.311 fallecieron entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 esperando ser atendidas: 11.900 en el limbo de la dependencia y 10.411 pendientes de resolución del grado de dependencia.

Pero también hay un dato positivo: las personas beneficiarias han aumentado un 5,42% con respecto a comienzos del año. Son, en términos absolutos, 67.514 personas más.

Todas estas cifras, no obstante, cambian de una comunidad a otra. Según el desglose por autonomías de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña es la comunidad que se encuentra a la cabeza en el número de fallecidos en listas de espera (con 6.759 muertes entre diciembre y mayo) y en el limbo de la dependencia (4.664), mientras que Navarra se encuentra a la cola en estas cifras (entre diciembre y mayo murieron en la lista de espera 61 mayores y en el limbo de la dependencia 58).

Cataluña, además, es la autonomía que tiene más personas en lista de espera, un total de 32% sobre todas las beneficiarias. Por detrás se encuentra La Rioja (31,53%), Canarias (27,08%) y País Vasco (16,61%). Sin embargo, y analizando el engrosamiento de estas listas, la Comunitat Valenciana se encuentra a la cabeza, con un incremento del 64,4%, seguida de Cantabria (44,4%) y Madrid (28,2%).

Todas las autonomías, según denunció la misma organización el pasado día 18, redujeron su aportación a la dependencia. Concretamente, en 2022 financiaron la partida con 7.573 millones, 98 menos que un año antes. Ese importe fue, del total de la inversión pública a la dependencia de 2022 (10.234 millones), el 74%. El 26% restante (2.661 millones) lo aportó el Estado, que incrementó en un 33,6% la partida de 2021, situada en 1.992 millones.

Las comunidades autónomas aportaron 7.573 millones de euros para atención a la dependencia en 2022, un total de 98 millones menos que el año anterior, según revelan los nuevos datos publicados este miércoles por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En concreto, el informe revela que en 2022 la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó los 10.234 millones de euros. De ellos, las CCAA financiaron el 74%, con 7.573 millones de euros (un 1,27% menos de gasto que en 2021), frente al 26% que supuso la aportación estatal, con 2.661 millones de euros —si se incluye el cupo vasco y la aportación Navarra—, lo que supone un incremento del 33,6% respecto al año anterior, cuando aportó 1.992 millones de euros —incluyendo la aportación a Navarra, el cupo vasco, el nivel mínimo y el nivel acordado—.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales precisa que, si se contabilizasen la aportación de Navarra y el cupo vasco, la aportación para dependencia de las CCAA "todavía se reduciría más, llegando a 134 millones de euros menos que el pasado año".

Por CCAA, en 2022, nueve gobiernos autonómicos redujeron el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, con respecto a 2021: Cataluña (57,3 millones de euros menos) Cantabria (8,7 millones de euros menos), Asturias (10,8 millones de euros menos), Comunidad Valenciana (40,6 millones de euros menos), Andalucía (51,6 millones de euros menos), Extremadura (11 millones de euros menos), Madrid (15 millones menos), Castilla y León (7,4 millones menos) y Murcia (1 millón menos).

Los autores del informe tachan de "especialmente sangrantes" los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia. Por otra parte, destacan positivamente las comunidades que más incremento realizaron: Baleares (con un incremento del 17%), y Navarra (con un incremento del 8,8%).

De los datos también se desprende que las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros), mientras a la cola se sitúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).

Asimismo, el estudio pone de relieve que el gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.135 euros en 2022, de los cuales la Administración General del Estado aportó 2.115 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas, 6.020 euros. La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.390 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.547 euros anuales.

Según señalan los autores del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque es utilizado por algunas CCAA para retirar parte de su financiación".

Así, precisan que el peso de las CCAA en la financiación cayó más de un 10% entre los años 2021 y 2022, mientras la AGE reforzó la financiación del sistema. Además, advierten de que "los recortes en la aportación en 2021 y 2022 de la mitad de las comunidades autónomas han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque".

En todo caso, de los datos se desprende que el reparto de la financiación entre la AGE y las CCAA presenta "grandes diferencias" entre los territorios. Por ejemplo, País Vasco (86,00%), Islas Baleares (83,09%) y la Comunidad Foral de Navarra (81,56%) financian en mayor proporción sus sistemas, mientras que la media de financiación autonómica desciende hasta el 74% para el conjunto de España y CCAA como Galicia (64,80%), Andalucía (66,87%) o Castilla y León (67,25%), se mantienen por debajo de esta.

En cuanto a la variación interanual en el gasto medio por persona beneficiaria en 2022 respecto a 2021 se muestra que Baleares ha tenido el mayor incremento de gasto por persona beneficiaria (un 11,33% más), incrementándose el gasto de la AGE (+22,1%) y aumentando el autonómico (+17%), seguido por Navarra y Cantabria.

Si bien, desde la Asociación advierten de que aquellas comunidades autónomas que más han aumentado el número personas beneficiarias son las mismas que han reducido el gasto medio por persona beneficiaria, por lo que "el incremento en el número de personas no ha venido acompañado de un incremento proporcional de la financiación".

Según el informe, desde 2015, el número de personas en situación de dependencia atendidas se ha incrementado cada año. Entre 2021 y 2022 se observa un incremento porcentual del gasto total certificado más elevado (7,1%) que el incremento en el número de personas beneficiarias (7,9%).

Un total de 353.965 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que, a este ritmo, "se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite". Además, más de 45.000 personas dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, ha recogido Europa Press.

En concreto, hay 131.810 personas esperando a ser valoradas, 7.214 más que las 124.596 del año anterior, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año anterior. A estos se suman 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 que las comunidades no han registrado y están pendientes de valorar.

"El incremento presupuestario del Gobierno de España no ha sido suficiente para cubrir los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el incremento en las intensidades. Esto es tremendamente preocupante", ha manifestado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este viernes, en rueda de prensa.

En concreto, lo ha atribuido a tres razones, la primera, la "desidia e impericia de algunas comunidades autónomas que no están siendo ágiles" o están siento "tan tacañas que han recortado el presupuesto" a pesar de recibir más fondos del Gobierno, mostrando una actitud "inmisericorde".

Otro motivo es, según ha indicado, la "telaraña burocrática" que se refleja en los 344 días que se tarda en recibir la atención, casi un año. Y, en tercer lugar, ha apuntado el hecho de que, del incremento presupuestario del Gobierno en 2022 para dependencia, se dejarán sin gastar 55 millones de euros.

Según el documento, consultado por Europa Press, el 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.

Aunque por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), actualmente, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia).

En cualquier caso, el informe también pone de relieve que hay 91.295 personas atendidas más que a comienzos de 2022. En este sentido, los autores han apuntado que tras los años "desastrosos" de pandemia, "el plan de choque constata un cambio de tendencia".

Por territorios, las comunidades con mayor limbo de la dependencia, es decir, con más personas pendientes de recibir prestación, son: Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%); y las que menos, Castilla y León (0,18%), Castilla-La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).

Por otro lado, los autores del estudio valoran que las prestaciones y servicios son cada año "más low cost e insuficientes" para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Así, por ejemplo, señalan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros; y la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila entre 445,5 euros al mes (Grado II) y 550,8 euros al mes (Grado III).

Asimismo, añaden que la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 horas al mes, 57,1 horas al mes para los grandes dependientes, lo que representa dos horas y media diarias de lunes a viernes, una intensidad "claramente insuficiente", según los autores del Observatorio.

Además, de los datos se desprende que, durante el periodo interanual comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia —19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos. Esto supone que diariamente fallecen más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. "Un 20% de personas han fallecido esperando", han lamentado los autores.

Por otro lado, el dictamen sostiene que, por primera vez, el coste global del sistema superó los 10.000 millones de euros, llegando a 10.495 millones de euros; y añade que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2022 asciende a 9.717 millones de euros, de los cuales, 7.723 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995 millones) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20,5%).

Del gasto público directo en dependencia en 2022, el informe precisa que la Administración General del Estado ha aumentado en 1.842 millones de euros la financiación, llegando al 33,9%, mientras que las CCAA han reducido su aportación y disminuyen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.

Los autores del estudio destacan que el recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia, al que puso fin el Plan de Choque, ha sido de 6.321 millones de euros.

En este sentido, subrayan que el Gobierno de España "cumple" con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero "la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario".

En concreto, denuncian que, en el primer año del plan de choque, diez gobiernos de comunidades autónomas "hicieron caja" con el incremento presupuestario: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

De esta forma, los autores del informe indican que "solo" hay 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan las 60.000 que planteaban como objetivo el primer año, y avisan que, al ritmo del último año se tardarían once años en lograr la plena atención.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aumentará la financiación de la Administración General del Estado a la Dependencia en 600 millones de euros, hasta los 3.229 millones de euros, un 23% más que en el año anterior, que irán destinados al desarrollo del Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según ha informado Europa Press.

De los 1.800 millones de euros que ha aumentado la financiación de la Administración General del Estado a las comunidades para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante esta legislatura, más de 1.000 millones han ido destinados a incrementar el llamado nivel mínimo (financiación por persona atendida, que ya se acerca a los 2.450 millones de euros); y los 783 millones restantes son los relativos al nivel acordado. En los últimos años, desde la cartera de la ministra Ione Belarra se ha impulsado progresivamente su aumento hasta culminar con los 783 millones presupuestados para este año 2023, después de que se suprimieran en 2012, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Estos 783 millones del recuperado nivel acordado se distribuirán en dos partidas. La primera es de 583 millones de euros (100 millones más que el año pasado), que se repartirá entre todas las comunidades en base a los criterios de cumplimiento del Plan de Choque (reducción de listas de espera, mejora de la calidad de los servicios y mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector).

Este año además se introduce una novedad: habrá una segunda partida adicional, de 200 millones de euros, a la que podrán acceder todas aquellas comunidades que se comprometan con el desarrollo del denominado Acuerdo de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del SAAD, el denominado nuevo modelo de residencias.

Esta cuestión se tratará en el próximo Consejo Territorial del SAAD, que está previsto que se celebre a mediados del mes de marzo, con carácter previo a la autorización de este marco por parte del Consejo de Ministros.

La mayoría de comunidades autónomas no cumple con lo establecido en la normativa estatal de dependencia. Más de tres lustros después de su aprobación, trece de los diecisiete territorios siguen superando ampliamente los plazos máximos fijados por ley para la resolución de este tipo de expedientes. En 2021 se tardó a nivel nacional de media más de un año en solventar cada petición, frente al medio año que la legislación fija como máximo. Solo cumplieron Castilla y León, Euskadi, Cantabria y Baleares. En el resto de casos, las diferencias son enormes. De hecho, hay comunidades en las que la espera supera incluso los dos años. ¿Los motivos de estos enormes retrasos? Por un lado, los sucesivos recortes en la financiación de la Ley de Dependencia. Por otro, el enrevesado entramado burocrático al que tienen que hacer frente personas con algún grado de dependencia y sus familias.

Aprobada en diciembre de 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, la normativa estatal fija, en su disposición final primera, la barrera de demora en las tramitaciones que se tiene que evitar superar. "El plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones", se recoge en el texto.

Pero la ley se incumple sistemáticamente. Según el último Observatorio de la Dependencia, que anualmente elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en trece de las diecisiete comunidades autónomas los expedientes tardaron mucho más de seis meses en ser resueltos durante 2021, el primer ejercicio tras el zarpazo más duro de la pandemia. En concreto, el tiempo medio de espera a nivel nacional desde que se hace la solicitud hasta que se resuelve la prestación ha sido de 421 días, unos catorce meses. Desde que se publican estas cifras, la mejora ha sido muy tímida. En 2020 y 2019, los plazos de resolución se situaban en 430 y 426 días, respectivamente. Y, en ambos casos, fueron quince los territorios que superaban ampliamente la barrera fijada en la normativa estatal.

Los tiempos difieren enormemente entre las distintas comunidades. Así, cerca de cumplir con la ley se sitúan Navarra o La Rioja, con esperas inferiores a los 250 días. En el otro extremo, Canarias, Andalucía, Cataluña, Murcia o Extremadura, con más de 18 meses de demora. El caso canario es el más alarmante: se tarda de media más de dos años y medio en resolver un expediente, una cifra que ha ido escalando progresivamente –en el año más complicado de la crisis sanitaria eran 927 días–.

"Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", señalan desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Unos "impresentables retrasos" que, en opinión del colectivo, son consecuencia de los "sucesivos recortes sufridos" en la financiación de la Ley de Dependencia, que generaron "enormes bolsas de desatención", y del "disparatado y proceloso entramado burocrático". "Lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios", sostienen.

Ahí, atascadas en las listas de espera, se encontraban el pasado año 317.942 personas. Seis de cada diez, en el denominado "limbo" –personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho–. El resto, a la espera de recibir una valoración. De hecho, el 44% de todos aquellos que se encontraban en el limbo eran personas con grados II y III de dependencia. Es decir, aquellas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria o que, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial requieren del apoyo indispensable o continuo de otra persona.

"La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salen de la lista de espera por causa de fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho", apunta la asociación de profesionales. Es lo que sucedió el pasado año con 46.300 personas. Son 127 muertes diarias a la espera de la resolución definitiva de su caso. Una cada once minutos. En el último lustro, han fallecido en esta misma situación 201.187 personas, según los datos recopilados por el colectivo en sus diferentes informes.

El sistema de dependencia sufrió, a golpe de recortes en plena crisis económica, una "fase de parálisis y retroceso generalizado", de la que comenzó a recuperarse a mediados de 2015. Pero en 2019 comenzó a retroceder nuevamente. Y así siguió en el año negro de la pandemia. Ahora, sin embargo, parece haberse iniciado otra vez un periodo de recuperación. Una activación que desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales atribuyen a la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, el acuerdo nacido al calor del diálogo con los interlocutores sociales al que Gobierno –en concreto, el Ministerio de Derechos Sociales– y comunidades autónomas dieron luz verde hace poco más de un año y que contempla una inversión de 3.600 millones de euros en el sistema.

"Desde hace una década no se obtenían datos tan positivos. Hay 97.912 personas atendidas más que a principio de año, lo que supone multiplicar por diez el aumento de personas atendidas en el año anterior", recoge el último informe del colectivo. Del mismo modo, las listas de espera se han visto reducidas en estos doce meses. En concreto, hay 38.807 personas menos, una disminución del 16,7%. Aragón, Madrid y Cantabria fueron las que más recortaron estas bolsas, con disminuciones que se movieron entre el 42,2% de la primera y casi el 65% de la última. En el extremo contrario, Castilla y León, Navarra y Canarias, con incrementos por encima del 20%. A pesar del aumento, la primera región se mantiene en "atención plena". Su tasa de cobertura es del 99,8%.

A pesar de ello, algunos de los objetivos del Plan de Choque se quedaron a medio cumplir. En primer lugar, se esperaba que la disminución de las listas de espera fuera del 25,8%, unas 60.000 personas. "La burocracia y tres comunidades autónomas impiden cumplir", resalta el colectivo de profesionales. Tampoco se ha logrado incrementar hasta el 100% la cobertura de la teleasistencia. Si bien en el último año se han aumentado en 37.825 este tipo de servicios, todavía quedan 760.000 personas para alcanzar la atención plena. "Se necesitarían 23 años para alcanzar el objetivo previsto a este ritmo", resaltan desde la asociación. Lo que sí se ha logrado es "mejorar la intensidad" del Servicio de Ayuda a Domicilio. En 2020, la media mensual se situaba en 33,45 horas. En 2021, alcanzó las 39,6 horas.

El colectivo calcula que el tijeretazo acumulado en dependencia por la Administración General del Estado asciende a 6.321 millones de euros desde 2012. Unos recortes que el Gobierno de coalición se ha encargado de comenzar a revertir con un incremento importante de la partida destinada a la dependencia. Sin embargo, y es algo que escandaliza a la asociación, en el pasado ejercicio no se ejecutó totalmente el presupuesto aprobado para el Sistema de Atención a la Dependencia. En concreto, se dejaron sin gastar 75,7 millones de euros del denominado nivel mínimo garantizado, por el que el Estado transfiere a los diferentes territorios determinadas cantidades en función de la atención que vayan prestando. Con esa cantidad, dicen, se podría haber atendido a 13.000 personas más.

El informe también destaca que la actividad asistencial sigue sin recuperarse totalmente de los efectos de la crisis del coronavirus. "En 2021, no todas las comunidades autónomas recuperan las plazas de atención residencial, ni de centro de día, perdidas como consecuencia de la pandemia", resalta el Observatorio. Las que menos plazas en los geriátricos recuperan son Galicia, Castilla y León o Madrid. En cuanto a los centros de día, son Andalucía y Cataluña las regiones a la cola. Por lo general, resalta el informe, muchas de las comunidades que las recuperan en un servicio las pierden en el otro. Con dos excepciones: Castilla y León y la Comunidad de Madrid, que no recuperan ni unas ni otras.

Un total de 43.381 personas han fallecido en lo que va de 2021 en las listas de espera de la dependencia, según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con motivo del XV aniversario de la Ley de Dependencia, ha informado Europa Press.

En concreto, de esas 43.381 personas, 26.212 eran dependientes con derecho pendientes de prestación, y 17.169 estaban pendientes de resolución del grado de dependencia.

Además, de los datos se desprende que las comunidades autónomas con mayor "limbo de la dependencia", es decir, con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son: Cataluña (31,8%), La Rioja (31,2%) y Canarias (27,5%); y las que menos, Castilla y León (0,15%), Ceuta (3,3%) y Navarra (4,1%).

Aragón y Asturias han sido las que en mayor porcentaje han reducido su lista de espera, un 36,7% y un 33,7% respectivamente; mientras que Canarias (+24,2%), Murcia (+14,1%), La Rioja (+12,5%) y Cataluña (+5,5%), a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año.

Según advierte la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, "la burocracia en los procedimientos y estas comunidades no van a permitir que el Gobierno cumpla con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque".

La Asociación destaca que las comunidades que más ha aumentado las personas beneficiarias con prestación en lo que va de año han sido la Comunitat Valenciana (con un incremento del 14,38%), Asturias (14,24%) y la Comunidad de Madrid (13,59%).

Por el contrario, lamenta que en el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias; y en Cantabria, el número personas con derecho se ha reducido, en lo que va de año, en un 11,5%.

Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos "parecen indicar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se reactiva", pero advierte de que "ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con Grado I".

Las prestaciones y servicios, según indica, son "cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes" para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Por ello, "lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones", pide "medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables".

En concreto, pide al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos que acometan reformas para "agilizar los trámites, simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento".

También propone avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones, e incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia.

Aunque la Asociación destaca que "ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos", recuerda que "cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año, el plan de choque no les llegó a tiempo".

La aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia en 2020 fue de 1.309 millones de euros, que supone un 15,6% del total y que, según ha denunciado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se trata del valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia, que se puso en marcha en 2007, ha recogido Europa Press.

A pesar de que este texto recoge que Administración central y comunidades deben repartirse al 50% la financiación de estos servicios, el año pasado las autonomías aportaron el 84,4% del dinero destinado a este fin. En concreto, 7.517 millones de euros de los 8.907 millones totales que recibió la Dependencia.

Este porcentaje aportado por las comunidades supone un 4,13% más de gasto que el que estas aportaron al sistema en 2019. En este sentido, los directores y gerentes de Servicios Sociales han explicado que la financiación estatal "se estancó tras los recortes de 2012" hasta llegar a los valores actuales que, ha insistido, son los "más bajos de la historia de la aplicación de la Ley de Dependencia".

"Es obvio que en el año del covid-19 alguien ha considerado otras prioridades", ha lamentado la entidad, quien ha denunciado, además, como "crucial" la "acusada desigualdad territorial" que existe en el país en esta materia.

Las que más invierten: País Vasco y Extremadura

Así, ha explicado que, las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.552 euros), Extremadura (2.058 euros), Navarra (1.719 euros) y Castilla y León (1.634 euros). Por el contrario, las que menos son Galicia (868 euros), Canarias (968 euros), Asturias (1.051 euros) y Cantabria (1.193 euros).

En este sentido, indican que cuatro comunidades han disminuido su gasto anual en Dependencia en 2020, con respecto a los datos recogidos en 2019, que son Cantabria, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Además, han explicado que en varias comunidades el porcentaje de incremento del gasto es inferior al porcentaje de incremento del número de personas beneficiarias atendidas. Tal y como apuntan los directores y gerentes de Servicios Sociales, el gasto medio por persona beneficiaria durante 2020 ascendió a 7.991 euros.

Sin embargo, apunta, también se aprecian grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. En este caso, la comunidad autónoma que destinó la mayor cantidad económica en atención por persona beneficiaria fue el País Vasco con 12.480 euros anuales.

"Esta cantidad prácticamente duplica el gasto de la comunidad que menos gasto invirtió por beneficiario, que fue Andalucía con 6.251 euros anuales", apunta.

Aumento de los PGE en 2021

La asociación señala que el resultado final de 2020 es que fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la dependencia: 21.005 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

Tras estas cifras, los directores y gerentes de Servicios Sociales han destacado "positivamente" un aspecto: el incremento de la partida destinada a la Dependencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en 623 millones de euros, una medida que, apuntan, cumple con "uno de los cinco puntos del Pacto de Estado por la Dependencia". "Esperamos el mismo incremento en los presupuestos de 2022", ha concluido.