Entre la sede central del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington y cualquier supermercado de barrio hay una maraña de relaciones económicas tan compleja que, en lo que se refiere a la economía española, se ha vuelto paradójica. Recientemente, las tres grandes agencias de calificación crediticia —Moody’s, Fitch y S&P— elevaban a la letra A su calificación sobre la capacidad de España para pagar su deuda, la mejor nota desde la crisis de 2007. Por otro lado, el FMI estimó la pasada semana que el PIB español aumentaría este año un 2,9% y sería la economía avanzada que más crece en los últimos dos años. Pero a la vuelta de la esquina de estos buenos resultados aparece la percepción ciudadana, que dista mucho de las halagüeñas corrientes macroeconómicas. 

El 52% de los españoles considera que el origen social condiciona la capacidad de progresar en la vida, según recogía Oxfam este martes. Y esta percepción ha empeorado en tres puntos porcentuales desde la última encuesta, realizada en 2023. En el informe Vivir la desigualdad, el ascensor social y la meritocracia salen muy mal parados a ojos de los ciudadanos y, además, la vivienda se posiciona como la principal fuente de desigualdad, seguida, paradójicamente, de la economía. Es un sentimiento que corroboran otras encuestas, como el Termómetro que la agencia 40dB difundió la pasada semana. En este análisis, de nuevo, el sentimiento económico de los españoles se había deteriorado en siete décimas y se acercaba a una valoración de “pesimismo moderado”.

¿Cómo se explica esta disonancia? “Los datos macroeconómicos como el crecimiento del producto interior bruto, la reducción del desempleo o la contención de la inflación son positivos, son ciertos y reflejan el comportamiento real de la economía de un país, pero estos datos no muestran cómo se reparte esta riqueza ni su impacto en la vida de cada ciudadano”, resume rápidamente Sara Muñoz, economista experta en consumo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge en su último barómetro que un 40% de los encuestados ve la situación general de España en materia económica como buena o muy buena, mientras que un 54% se mueve entre las categorías de mal a muy mal (páginas 6 y 12 del documento enlazado). Al preguntar por la situación particular de cada cual, en cambio, el análisis mejora y un 66% afirma que su situación personal es buena, frente a un 34% que dice que es regular o muy mala. A esta diferencia entre la percepción personal y la valoración de la economía se acogía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando le preguntaban por este asunto.

Cuerpo argumentaba que el clima geopolítico y cuestiones como los aranceles podían estar influyendo en una valoración más “emocional”, aunque sí reconocía que temas más locales como la vivienda o las condiciones laborales seguían siendo grandes retos. Julia García es la investigadora que ha llevado a cabo el informe de Oxfam y, en su opinión, hay “un estancamiento e incluso un empeoramiento” en la percepción de los ciudadanos que bebe del mercado inmobiliario y de unos salarios que siguen corriendo un tanto exhaustos detrás de los precios. 

En su análisis, la vivienda y el gasto que conlleva, la precariedad laboral o el hecho de que un 30% de los encuestados declara no llegar bien a final de mes son los puntos en los que se concreta este malestar, según la investigadora. “Que los datos macroeconómicos estén creciendo es una buena noticia y es una condición para reducir la desigualdad, pero no es sinónimo de que eso llegue a la gente porque hay una distribución desigual de ese crecimiento”, explica. 

Del lado de lo laboral viene uno de los principales desafíos. Y es que aunque el mercado de trabajo es uno de los motores del crecimiento —el número de desempleados está en mínimos desde 2007, con un dato de 2,4 millones y los afiliados superan los 21,8 millones—, también posee una parcialidad que alcanza a 2,5 millones de personas y que inevitablemente se traduce en salarios más bajos.

Otro punto es el paro, que aunque se ha ido reduciendo desde la reforma laboral, es de los más persistentes de la eurozona. La tasa de paro nacional se situó en el 10,4%, muy por encima del 5,9% de la media europea. “Este es uno de los desafíos estructurales en los que hay que hacer hincapié. España es un país que tiende a generar mucha desigualdad durante las crisis por su modelo productivo y eso hace que luego le cueste más recuperarse, porque sigue concentrando muchos empleos de baja cualificación y bajos salarios”, sentencia Julia García. Esto ha llevado a que en los datos de Oxfam, recopilados sobre una base de más de 4.000 personas, el sentimiento de satisfacción laboral también haya caído desde un 75% en 2023 hasta un 69% en 2025. 

Pero el gran motor del descontento es la vivienda. De hecho, cuando el periódico británico Financial Times definió a España como “un punto de luz” entre las economías europeas y elogió su crecimiento, también advirtió que el impulso que la inmigración ha dado al mercado laboral corre el riesgo de perder efecto si el Gobierno no “brinda el apoyo adecuado para el acceso asequible a la vivienda”, concluía el diario. El precio de las casas repuntó un 10,4% en el segundo trimestre del año y la evolución de los alquileres también está dejando atrás el presupuesto de las familias. En concreto, el año pasado los inquilinos tuvieron que dedicar un 47% del salario bruto medio, 12.758 euros, al alquiler, según un estudio de Fotocasa e Infojobs. “Esto genera un cansancio acumulado que hace mella en las perspectivas de la gente”, señala la experta. 

La brecha entre lo macro y lo micro, explica Muñoz, se da por la forma en que se traducen los grandes números al bolsillo, que además de ser lenta, puede no ser equilibrada. “Puede aumentar el empleo, pero si no es de calidad, la percepción de los ciudadanos no mejora. Puede bajar la inflación, pero si los precios, que ya habían subido, continúan altos, la sensación de pérdida de poder adquisitivo se mantiene”, explica. Además, esta pérdida se agrava por la vivienda, que muerde, poco a poco, los ingresos de las familias. De hecho, al cierre de 2024, la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada por el INE señalaba que el gasto de los hogares había crecido un 4,4% a lo largo del año, con la vivienda como uno de los principales lastres, sobre todo en los hogares más pobres: llegaba a suponer el 40,3% de todo el presupuesto familiar en el quintil con menos renta.

Aunque las grandes tendencias tardan en aterrizar en las economías domésticas, y algunas veces lo hacen de forma desigual, ambas economistas coinciden en que la mejora en las tendencias macroeconómicas es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las sensaciones a pie de calle mejoren. Entre los puntos fuertes que destacan los análisis de mercado se encuentra la forma en la que España ha incorporado al mercado laboral a personas migrantes y que, según el Financial Times, le ha permitido sortear la escasez de talento que sufren otros países. A esto se suma el turismo, que ha seguido creciendo en gasto por viajero y consumo interno, un elemento que, aunque tensionado, se ha mantenido.

En el mar de datos, el FMI mejoró incluso las previsiones de crecimiento del Gobierno —que pronosticaba un 2,7% de aumento en el PIB de 2025— hasta el 2,9%. Y el Banco Central Europeo destacó en sus actas de octubre el “excepcional desempeño” de la economía española como motor de principal en la evolución que ha tenido la zona euro. Según el Fondo, otras grandes potencias económicas tendrán en lo que queda de año un desempeño peor, como Francia (0,7%), Alemania (0,2%) o Italia (0,5%). Incluso Estados Unidos se queda en un 2%.

El reto ahora será hacer la traducción desde lo macro hacia lo micro: “Puede parecer paradójico, pero el hecho de que la economía crezca no siempre implica que vivamos mejor. Los datos macroeconómicos importan y podemos celebrarlos, pero la economía del bolsillo también cuenta”, concluye la economista Sara Muñoz.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó este viernes a España y a otros países europeos, como Portugal e Irlanda, actuar ante la crisis de la vivienda y alertó de que lastra el crecimiento económico.

"España y muchos otros países de Europa —entre ellos Portugal e Irlanda— deben centrarse en la crisis de la vivienda, en la crisis de asequibilidad, y actuar, no solo por un tema de accesibilidad económica, sino también por cuestiones estructurales", declaró el director del Departamento Europeo del organismo, Alfred Kammer, durante una rueda de prensa.

Kammer apuntó que "la vivienda social financiada por los Gobiernos ha disminuido considerablemente en las últimas décadas" en el conjunto de Europa, lo que ha supuesto un problema en muchos de sus países.

"Se refleja en el incremento de los precios de la vivienda y en la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una casa asequible, lo que también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico", comentó.

En su opinión, esto dificulta, sobre todo, a los jóvenes mudarse a centros de alta productividad, donde los salarios son mayores. Cuando esto no puede ocurrir, se genera un gran freno al crecimiento que afecta al conjunto de la sociedad.

"Necesitamos actuar en materia de planificación y zonificación para crear el entorno adecuado que permita construir más viviendas", afirmó.

España atraviesa desde hace unos años una crisis habitacional marcada por la escasez de oferta asequible y aumentos históricos en los precios. El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años.

Según el Banco de España, faltan unas 700.000 viviendas en el mercado para cubrir el déficit entre oferta y demanda. Esto no es solo porque no se construya a un ritmo suficientemente rápido, sino, porque muchas de las que existen están destinadas a alquiler vacacional.

Del 30 de junio al 3 de julio de este año se celebrará en Sevilla la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (Ff4D) de Naciones Unidas. Se reúne en un momento de crisis económica y geopolítica internacionales, que han supuesto un importante bloqueo en el esfuerzo de implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La brecha de financiación alcanza ya en los últimos cinco años los cuatro billones de dólares anuales.

En el núcleo de esta crisis está la deuda externa, que totalizó la cifra sin precedentes de 8,8 billones de dólares en 2023, según el Banco Mundial. El servicio de la deuda se ha doblado en una década, hasta los 971 mil millones de dólares anuales, y el pago de intereses fue de 406 mil millones. A las puertas de la Conferencia, una docena de países están en quiebra y casi una cuarta parte de los Estados miembros de Naciones Unidas, los más pobres, han declarado moratorias y están renegociando su deuda. Es la situación más grave en la financiación internacional para el desarrollo en dos décadas y, de hecho, el flujo de financiación se ha revertido y actualmente los países en vías de desarrollo transfieren más capital a los países desarrollados que la ayuda oficial al desarrollo.

Las Instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han vuelto a reimponer la línea de austeridad neoliberal a los países deudores tras la crisis del covid. El objetivo central de Naciones Unidas es reformar las instituciones de Bretton Woods y volver a situar en primer plano la necesidad de aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), porque “el sistema está moralmente en bancarrota” y “es un sistema creado por los países ricos para beneficiar a los países ricos”. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no encontró otro Estado del G-20 dispuesto a organizar la IV Conferencia que España.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cayó globalmente un 9,6% en 2024, situándose en los 212 mil millones de dólares y la OCDE estima que caerá aún más, otro 9-17% en 2025. La causa fundamental fue la reducción de las contribuciones a las organizaciones multilaterales (-10,9%) y los fondos destinados a mantener a Ucrania ante la invasión rusa (-16,7%). Solo cuatro países miembros de la OCDE (Noruega, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca) han alcanzado el objetivo de destinar el 0,7% de su PIB a la AOD. España se encuentra, tras aumentar en 2023 y 2024, en el 0,25% de su PIB.

Si la transferencia de recursos del Norte al Sur global vía AOD parece incapaz de afrontar la herencia del neocolonialismo y el subdesarrollo, el énfasis recae en la gestión de la deuda externa, el mecanismo más importante de extracción de riqueza de los países subdesarrollados por los países ricos. Para ello es urgente una reforma de los mecanismos de decisión y gestión de los grandes bancos de desarrollo, de manera que su mandato sea promover los ODS adoptados por la asamblea general de Naciones Unidas. Pero los mecanismos de decisión de estos bancos están en manos de los acreedores de deuda externa y la marginación de los Estados deudores.

La cuestión para el secretario general de la ONU es cómo cambiar esa correlación de fuerzas. A corto plazo, aumentando el flujo de préstamos al Sur global, revirtiendo las políticas neoliberales. Renegociar la deuda externa con paquetes de cancelación de deuda injusta y abusiva, obligando a los acreedores públicos y privados a negociar, establecer condicionantes que aseguren suelos mínimos de gasto social e infraestructuras en el Sur global –una cláusula de exclusión para los ODS – frente a la presión del servicio y el pago de la deuda, ampliar la utilización de los derechos especiales de giro de los países ricos.

Pero también es esencial reformar los mecanismos de gestión, de manera que se asegure que los análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI y el BM integran los ODS y los intereses de los Estados afectados por la deuda en los planes anuales para el desarrollo sostenible.

La Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGD) de España ha elaborado una importante aportación sobre todas las cuestiones que debe abordar la IV Ff4D que se puede consultar aquí. Por su parte, el primer borrador de las conclusiones de la IV Conferencia, que se está negociando con muchas dificultades, se puede consultar en inglés.

Como se puede ver en ambos documentos, la agenda de la IV Conferencia implica un análisis general del fracaso del sistema de financiación internacional surgido de la Conferencia de Bretton Woods, pero centrado en la situación del Sur global y el cumplimiento de la Agenda 2030. Son los primeros pasos hacia la construcción de un horizonte alternativo de regulación y gestión del sistema económico internacional. En medio de la guerra arancelaria de la Administración Trump puede parecer utópico. Pero la cadena de quiebras por la deuda externa, la inestabilidad social agravada por las consecuencias del cambio climático, el crecimiento de la pobreza y de las migraciones para escapar de la miseria, son muy reales y se concretan en millones de víctimas tanto en el Sur como en el Norte global.

La distopía del capitalismo global exige concretar la esperanza ecosocialista. En los próximos meses debemos discutir y acordar cómo reforzar el movimiento de solidaridad con el Sur global en todos sus aspectos, recuperando las movilizaciones de los Foros Sociales y proponiendo mociones y legislación que, paso a paso, concrete la solidaridad antiimperialista.

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Agustín Santos Maraver es diplomático, ha sido Embajador de España ante la ONU (2018-2023) y es el portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó este jueves a los países de la eurozona con espacio fiscal "limitado" y elevada deuda, entre los que se encuentra España, a adoptar "ajustes significativos" en sus presupuestos, al tiempo que afrontan "presiones de gasto" asociadas a los compromisos en seguridad y defensa y al envejecimiento de la población.

"Para los países con deuda alta y espacio fiscal limitado, son necesarios ajustes fiscales significativos para mitigar riesgos, mientras que los países con espacio fiscal pueden postergar el ajuste fiscal", señala el organismo global en su informe sobre el estado de la economía de la zona euro, presentado a los ministros de Finanzas de la moneda común durante su reunión en Luxemburgo.

En el texto, el FMI subraya "garantizar una consolidación fiscal ordenada y favorable al crecimiento para abordar los riesgos específicos de cada país que es vital para preservar la sostenibilidad fiscal y gestionar las presiones de gasto asociadas con el envejecimiento (de la población) y el mayor gasto en seguridad".

En cifras, recomienda a todos los países del euro, excepto a Alemania, conseguir un superávit estructural primario del 1,4 % del PIB en 2030, lo que exige "una reducción acumulada adicional del déficit de cerca de dos puntos porcentuales durante el periodo 2024-2030 en comparación con el escenario base".

No obstante, el FMI reconoce que la "necesaria" consolidación fiscal obliga a hacer elecciones "complejas" porque, "al mismo tiempo, Europa se enfrenta a presiones crecientes de gasto que están cristalizando más rápido de lo previsto".

En concreto, el organismo calcula que estas "presiones" procedentes de los mayores costes de los intereses, el envejecimiento de la población, la transición climática y la seguridad energética y la defensa "alcanzarán un 4,4 % del PIB al año para las economías del euro en 2050".

Respecto a la intención de muchos gobiernos europeos de aumentar el gasto en defensa, el informe del FMI insta a Bruselas y a los socios comunitarios a analizar su impacto en la sostenibilidad de la deuda pública y a "desarrollar planes para situar la deuda en una senda estable o a la baja en el medio plazo".

"El uso de las cláusulas de escape para apoyar el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros debe restringirse a la fase inicial", señala el FMI, cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, defendió en una rueda de prensa que la zona euro "debe avanzar con políticas coherentes y efectivas para aumentar su crecimiento potencial".

"Y es importante asegurar que las nuevas prioridades de gasto público se satisfagan sin poner en riesgo la sostenibilidad", apostilló.

En todo caso, el informe advierte de que los países con "bajos riesgos fiscales" que quieran aumentar su gasto para impulsar el crecimiento económico y "reforzar la resiliencia" deberían poder hacerlo y no verse limitados por las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.

De hecho, el Fondo llama a invertir de manera coordinada en aquellos ámbitos prioritarios del bloque, de forma que se afronten estos "desafíos" de forma efectiva y, al mismo tiempo, se alivie la carga sobre los presupuestos nacionales.

"Identificar las lagunas de inversión y las áreas en las que iniciativas de la UE aporten soluciones efectivas en costes puede aportar un modelo para actuaciones prioritarias, por ejemplo en inversiones en bienes públicos como la innovación, la transición a una energía limpia o la defensa colectiva", enfatiza el informe.

A tal efecto, el FMI considera que el presupuesto de la UE "tendrá que aumentar al menos un 50 % si se quieren mantener los programas actuales".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado sus previsiones de déficit y deuda pública para España hasta 2030 y calcula que el desfase de las cuentas públicas cerrará 2025 en el 2,7% del PIB, una décima menos respecto al anterior pronóstico, mientras que el endeudamiento bajará al 100,6% del PIB, también una décima menos.

De acuerdo con la base de datos por países actualizada por el fondo tras publicar sus previsiones macroeconómicas, consultada por EFE, España reducirá el déficit público al 2,4% del PIB en 2026 y partir de ahí lo recortará una décima cada año hasta terminar 2030 en un 2%. Esta estimación es superior a la del Gobierno de España, que calcula que el déficit se situará en el 2,5% del PIB en 2025 y en el 2,1% en 2026.

En cuanto a la deuda pública, el FMI pronostica una senda decreciente con una disminución al 99% del PIB en 2026, que llegará al 93% en 2030. En este caso, mejora la senda del Gobierno, que prevé recortar la deuda al 101,4% del PIB en 2025 y al 100,1% en 2026.

El FMI considera que estos niveles de deuda son aún muy elevados y ha sugerido a España anticipar el ajuste fiscal previsto para los próximos años, según señalaba el organismo en su declaración de hace dos semanas al término de la evaluación económica anual del país (Artículo IV).

En opinión del fondo, las autoridades españolas deberían aprovechar el fuerte impulso económico para recomponer más rápidamente el espacio fiscal y reducir los riesgos de deuda soberana. Para ello, recomendaba fortalecer el marco fiscal nacional para garantizar que las regiones contribuyan al esfuerzo de consolidación y adoptar medidas favorables al empleo para solventar la creciente brecha proyectada entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social consecuencia del envejecimiento de la población.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) inician este lunes sus reuniones de primavera en un contexto marcado por la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por el impacto que esta tendrá en la economía, según informa EFE.

Tanto la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, como el presidente del BM, Ajay Banga, han advertido ya de que la incertidumbre y la volatilidad actual provocarán un avance del Producto Interior Bruto (PIB) más lento, por lo que urge llegar a acuerdos rápido. En concreto, la política y economista búlgara dijo el jueves que las próximas proyecciones económicas globales de su organismo "incluirán reducciones notables" en cuanto a crecimiento, "pero no recesión", y también "alzas en las previsiones de inflación para algunos países".

Esta próxima semana el FMI publicará tanto su informe de previsiones, conocido como WEO por sus siglas en inglés, como el Monitor Fiscal y el Informe de Estabilidad Financiera Global, donde se espera que haga balance de la salud bancaria. El FMI publica dos WEO al año, en abril y en octubre. 

"La volatilidad de los mercados financieros ha aumentado. Y la incertidumbre en torno a la política comercial es descomunal. (...) En gran medida, lo que estamos observando es resultado de una erosión de la confianza: la confianza en el sistema internacional y la confianza entre países", dijo Georgieva perfilando un panorama sombrío, pero también recalcando que "todo reto supone una oportunidad". 

Los encuentros privados entre altas autoridades de los países miembros y los foros públicos de debate que se llevarán a cabo hasta el día 26 en Washington no podrán escapar a esa coyuntura y abordarán también temáticas más concretas como la creación de empleo o la gestión de la deuda. 

La creación de empleo es precisamente el eje de la estrategia que el BM se ha marcado en su lucha contra la pobreza. Banga insistió el miércoles en su importancia porque en la próxima década se espera que en los países en desarrollo se incorporen al mercado laboral 1.200 millones de jóvenes, unos 780 millones más con respecto a los nuevos puestos previstos para entonces. 

El empresario indio-estadounidense ha lanzado una alerta tanto sobre ese desequilibrio como sobre el proteccionismo impulsado por EEUU: "La historia demuestra que las economías más abiertas tienden a crecer más rápido y a resistir mejor las fluctuaciones de las reservas y las crisis", dijo.

Pero el impacto de la guerra arancelaria no es el único tema de preocupación sobre la mesa. La cita tiene lugar en un momento en que Trump ha vuelto a cuestionar el multilateralismo y en que su Administración se encuentra en plena revisión de las organizaciones a las que pertenece y da apoyo.

Estados Unidos es el principal accionista tanto en el FMI como en el BM y hay dudas sobre si el país seguirá contribuyendo a sus iniciativas, como el compromiso de 4.000 millones de dólares para la Asociación Internacional de Fomento (AIF) que el año pasado firmó su antecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025). 

"Las instituciones están intentando deliberadamente mantener un perfil bajo, pero obviamente una de las preguntas más importantes que surgirá esta semana es la postura de EEUU respecto a las mismas", destacó esta pasada semana en una conferencia de prensa la economista británica Rachel Glennerster, presidenta del Centro para el Desarrollo Global. 

Estas reuniones, según se concluye desde su organismo, serán únicas por el grado de incertidumbre global que las envuelve y porque supondrán la primera oportunidad de evaluar a tan gran escala la disrupción económica que han provocado las políticas de Trump desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, especialmente en materia comercial.

La caída del régimen de Assad ha abierto en Siria el debate sobre la regulación del uso de criptodivisas. Estos activos digitales presentan un abanico de oportunidades, como una mayor inclusión financiera y una reducción del coste de las transferencias, pero también de riesgos, por su elevada volatilidad, porque ponen en peligro la soberanía monetaria y porque facilitan los flujos financieros ilícitos.

Las divisas digitales permiten efectuar pagos directamente a través de un sistema online, y las transacciones se realizan mediante una tecnología encriptada conocida como blockchain, en la que no interviene ningún banco central ni autoridad. Existen miles de criptodivisas, pero las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Tethers (USDT).

Desde el lanzamiento de las criptodivisas en 2009, su valor ha fluctuado ampliamente. En 2021, el valor de mercado de los criptoactivos se situó en 2,6 billones de dólares, pero en 2022 su valor cayó por debajo del billón, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). El marco regulatorio para las criptodivisas aún está en sus primeras fases, especialmente en los países en desarrollo, donde no obstante la adopción de criptodivisas ha sido muy vigorosa.

Es lo que ha ocurrido en Siria, un nuevo mundo financiero que analiza The Syria Report, el más antiguo medio online del país, que cubre la actualidad política y económica del país desde 2001. En los últimos años, los sirios han empezado a utilizar criptomonedas. “Una minoría hace sus pinitos con criptomonedas como Bitcoins y Ethereum, pero la mayoría trabaja con stablecoins, que utilizan porque son más fáciles de transferir”, explica Sinan Hatahet, vicepresidente del Programa de Inversión e Impacto Social de la ONG Foro Sirio. Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado al de otra divisa; por ejemplo, Tether está vinculado al dólar estadounidense.

Muchos en Siria utilizan criptomonedas para transferir remesas. “Alguien de Alemania puede enviarle USDT [Tehther] a través del sistema hawala y transferirlos a una de las pocas oficinas hawala de Damasco, y de otras ciudades, que tienen capacidad para retirar efectivo”, indica Hatahet. El hawala es una red informal de transferencia de fondos basada en la confianza, que se utiliza en Oriente Próximo y el norte de África y que suelen operar trabajadores inmigrantes. La “capacidad de retirar efectivo” se refiere a que tengan una “oficina que acepte transferencias de Tether y stablecoins, y las retitre en dólares o en la moneda local”, añade.

Más allá de las transferencias entre particulares, “recientemente múltiples organizaciones han adoptado USDC [USD Coin] y USDT [Tether] para transferir salarios a sus empleados”, continúa Hatahet.

Finalmente, los grupos terroristas de Siria también se han beneficiado de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para recaudar fondos.

Los asistentes a la Conferencia del Diálogo Nacional, celebrada en marzo en Damasco, emitieron una recomendación para regular las criptomonedas. Los participantes debatieron si una rápida adopción de las criptomonedas podría enviar la señal de que se trata de una forma de eludir las sanciones internacionales. Se discutió la posibilidad de utilizar criptodivisas para construir la cartera del banco central, pero se fijó como una posibilidad a largo plazo, no a corto.

Anteriormente, el 31 de diciembre, un grupo llamado Centro Sirio de Investigación Económica (SCER) publicó una propuesta de Ley de Política Bitcoin en Siria en Telegram. Esa cuenta ya no existe, no tienen página web ni presencia en las redes sociales. Esto sugiere que, más que un grupo de reflexión, se trata probablemente de un grupo de sirios interesados en presionar a favor de las criptomonedas. En cualquier caso, su propuesta de regular las criptomonedas tuvo un amplio eco en publicaciones centradas en las divisas digitales.

Proponían construir “una economía digital y una infraestructura bancaria centralizada y descentralizada”, facilitar el comercio electrónico y las remesas, y emitir un “marco regulador integral para legalizar el intercambio, el comercio y la minería de bitcoin y activos digitales en línea con las leyes internacionales y locales”. También abogaron por permitir que instituciones, bancos, plataformas de cambio de divisas y empresas de nueva creación presten servicios financieros que simplifiquen el manejo de activos digitales.

Hay distintas formas de adoptar las criptomonedas, desde permitir determinadas transacciones hasta adoptarlas ampliamente, incluso como activo de reserva en la cartera del banco central. Hatahet aboga por un enfoque gradual. “Podemos empezar regulando los monederos electrónicos, el uso de stablecoins, y de fondos permitidos para comprar y vender criptodivisas”.

Una “adopción total” de las criptodivisas no es el “camino más seguro”, porque Siria necesita reintegrarse en el sistema financiero mundial y debe cumplir plenamente las normas, advierte. “No se puede cumplir totalmente con la normativa y al mismo tiempo estar muy implicado en las criptomonedas, hay que encontrar un término medio”, añade.

En un escenario ideal, la regulación de las criptomonedas sería “conforme a las normas internacionales y a los protocolos KYC [Conozca a Su Cliente], y el banco central debería ser abierto, transparente, práctico y controlar todas las transacciones que se realicen. De lo contrario, acabaremos en una economía muy poco fiable”, sostiene Hatahet.

Aunque la espina dorsal de las criptomonedas es su naturaleza descentralizada, Hatahet apunta que, en algunos casos, las criptomonedas y la tecnología blockchain “se han adoptado en un muchos ámbitos distintos sin dejar de estar centralizadas; esto elimina algunas de sus características originales y la facilidad de uso, pero es un compromiso para seguir cumpliendo las normas. No se puede cumplir la normativa estando descentralizado”.

Hay un “espectro de personas que ven la criptomoneda como una forma de escapar a la regulación y el cumplimiento de la normativa, y hay personas que ven que hay un gran valor en la tecnología blockchain, siempre y cuando cumpla con las normas internacionales”, subraya Hatahet.

Binance, la mayor plataforma de criptodivisas del mundo, en un post publicado en su página web el 14 de enero pasado, afirmaba que “la naturaleza descentralizada del Bitcoin lo hace resistente a las presiones geopolíticas y ofrece a Siria una vía para eludir los sistemas financieros tradicionales dominados por las potencias occidentales y las sanciones”.

Dentro del Gobierno sirio de transición, hay dos enfoques sobre la adopción de las criptomonedas. Los que creen que “como no tienen acceso a las instituciones financieras tradicionales”, el cripto les hará “más fácil contrarrestar las sanciones”, describe Hatahet. Por otro lado, están quienes esperan que “se levanten las sanciones en Siria para que no haya necesidad de estas vías alternativas” y, como parte del proceso de construcción del Estado, quieren que el sector financiero permanezca “bajo supervisión estatal”, añade.

“Si existe un marco y un calendario claros para su reintegración en el sistema financiero y monetario internacional, sólo adoptarán criptomonedas a un nivel mínimo”, adelanta Hatahet.

Por el contrario, si persisten las sanciones, se podría adoptar la criptomoneda a gran escala. “Cualquier adopción generalizada de la criptomoneda a nivel de banco central disuadirá a los actores internacionales de comprometerse a levantar las sanciones en Siria, ya que temerán que se utilice para el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo”, avisa Hatahet. El Gobierno “no dará grandes pasos antes de ver cuál es la política de Estados Unidos respecto al levantamiento de las sanciones a Siria”.

El SCER también propuso que los empresarios pudieran “utilizar los recursos energéticos del país para minar Bitcoin y activos digitales”. La minería se refiere al proceso de creación de los bitcoins, que necesita hardware especializado diseñado para resolver problemas matemáticos complejos y, por tanto, requiere mucha electricidad. Dada la grave crisis eléctrica de Siria, “no hay forma viable de minar criptomonedas”, afirma Hatahet.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la minería de criptomonedas y los centros de datos “representaban el 2% de la demanda mundial de electricidad –y casi el 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero– en 2022, y que esta cifra aumentará hasta el 3,5% en 2025”, según un estudio de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de Naciones Unidas.

Varios medios especializados en divisas digitales han publicado recientemente artículos en los que abogan por respaldar parcialmente la libra siria con criptodivisas como forma de lograr la estabilidad monetaria, y se refieren al ejemplo de El Salvador.

En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, a principios de este año, el Gobierno salvadoreño dio marcha atrás, como parte de las condiciones impuestas por el FMI en un nuevo programa de asistencia financiera al país centroamericano, según Americas Quarterly.

Tradicionalmente, los bancos centrales respaldan la moneda local con oro, activos físicos, bienes inmuebles y maquinaria pesada. Los defensores de las criptomonedas sostienen que éstas podrían formar parte de las carteras de reserva. “La razón por la que esto se plantea como solución es que existen dudas sobre el valor actual de la libra siria en el mercado nacional e internacional”, explica Hatahet. “La propuesta consiste en deshacerse de todos los billetes para crear una reserva de valor que refleje el dinero real, pero este dinero, en lugar de emitirse en papel, se emite electrónicamente”, detalla.

El Banco Mundial (BM) sostiene que los criptoactivos “no cumplen hoy los requisitos básicos de los activos de reserva”, según un informe de 2024 titulado ¿Pueden los criptoactivos desempeñar un papel en las carteras de las reservas exteriores? Hoy no, y probablemente tampoco en un futuro próximo.

Los autores de ese informe, en un blog en el sitio web del Banco Mundial, aseguraron en septiembre de 2024 que “los principales criterios para los activos de reserva son la liquidez y la seguridad”. Las principales criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, tienen volúmenes de negociación considerables, pero siguen siendo muy inferiores a los de los activos de reserva tradicionales. Además, la profundidad general del mercado y el potencial de manipulación de los precios siguen planteando problemas.

Los criptoactivos “han mostrado un potencial de rentabilidad elevado, a menudo superior al de los activos tradicionales, pero esta rentabilidad implica una volatilidad y un riesgo elevados que los bancos centrales suelen evitar en sus estrategias de gestión de reservas”, señalan los autores.

Además, el marco regulador de las criptomonedas aún está evolucionando, y “la aplicación de las orientaciones internacionales y las nuevas normas vinculantes se encuentra en sus primeras etapas y sigue siendo desigual en los distintos países”.

Es poco probable que los bancos centrales incluyan los criptoactivos, incluidas las stablecoins, “en su combinación de activos hasta que dichos activos desempeñen un papel más sustancial en el sistema monetario mundial y se conviertan en medios de intercambio y almacenes de valor ampliamente aceptados, nada de lo cual parece probable en breve”, sostienen los autores del informe del Banco Mundial.

En 2021, 15 países en desarrollo se encontraban entre las 20 primeras economías en cuanto a porcentaje de población que posee criptomonedas, según un informe de 2022 de la Unctad. En un informe de 2023, este organismo de Naciones Unidas argumentó que las criptomonedas han sido más aceptadas en los países en desarrollo debido a una regulación más débil de sus mercados financieros, una menor estabilidad macroeconómica y la reducción de los costes de las remesas.

“La eliminación de los bancos como intermediarios promete transferencias más rápidas y baratas y la inclusión financiera de los no bancarizados. Dado que el porcentaje de la población no bancarizada tiende a ser mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados, la inclusión financiera se cita a menudo como una ventaja clave de los activos digitales para los países en desarrollo”, destaca la Unctad.

Sin embargo, la agencia ha pedido que se limite el uso de criptomonedas en las economías en desarrollo debido a varios riesgos. La Unctad argumenta que pueden poner en peligro la “soberanía monetaria” y la “estabilidad financiera” de los países, además de permitir la “evasión o elusión fiscal” a través de flujos extraterritoriales cuya propiedad no es fácilmente identificable.

Mientras que 67 países desarrollados han adoptado leyes fiscales sobre criptomonedas hasta noviembre de 2021, “la mayoría de los países en desarrollo carecen de regulación fiscal” sobre ellas, señala la Unctad. Incluso cuando existen normativas fiscales, su eficacia no está asegurada, ya que “la falta de un enfoque universalmente acordado sobre el tratamiento fiscal de las criptomonedas crea un sistema desigual propenso a la arbitrariedad regulatoria”.

Hatahet está de acuerdo en que los riesgos de las criptomonedas son “mucho mayores” en las economías en desarrollo. Las criptomonedas “socavan la soberanía del Estado sobre el sector financiero, y normalmente en los países en desarrollo se necesita un enfoque más centralizado para coordinar la inversión internacional”, advierte. Los inversores internacionales “prosperan en mercados muy regulados”, por lo que para “remediarlo se necesita un enfoque más centralizado, incluso cuando se adoptan criptomonedas”, reclama.

Según un informe del FMI de 2023 titulado Políticas para los criptoactivos, hacer frente a “los riesgos de los criptoactivos para la estabilidad macroeconómica y financiera”, requiere que los gobiernos “salvaguarden la soberanía monetaria y refuercen los marcos de política monetaria, se protejan contra la excesiva volatilidad de los flujos de capital y adopten un tratamiento fiscal inequívoco de los criptoactivos”.

El GAFI, el organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, admite en su sitio web que las criptomonedas pueden hacer “los pagos más fáciles, rápidos y baratos, y proporcionar métodos alternativos para aquellos que no tienen acceso a los productos financieros habituales”, pero advierte de que, al no estar reguladas en su mayor parte, pueden “perder su valor y ser vulnerables a ciberataques y estafas”, además de convertirse en un “refugio seguro para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas”.

El GAFI ha emitido normas globales y vinculantes para prevenir la financiación del terrorismo, como la diligencia debida con el cliente (DDC), el mantenimiento de registros y la notificación de transacciones sospechosas (ROS).

El vínculo entre las criptomonedas y el terrorismo en Siria ha sido evidente en los últimos años. El Counter ISIS Finance Group (CIFG), subgrupo de la Coalición Global contra el ISIS, ha documentado cómo el Estado Islámico (ISIS) se ha apoyado en las criptomonedas para pedir donaciones, incluso lanzando crowdfundings, abusando del sector de la caridad. Muchas de estas iniciativas de crowdfunding están dirigidas a las mujeres retenidas en los campos de Al-Hol y Al-Roj, en el noreste de Siria.

En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había desbaratado tres campañas de ciberfinanciación del terrorismo incautándose de más de 300 cuentas de criptomonedas: una de las campañas implicaba a Al-Qaeda y a grupos terroristas afiliados en Siria.

En julio de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó en su lista negra a un miembro tayiko del grupo islamista HTS, Farruj Fayzimatov, afincado en Idlib, que utilizaba las redes sociales para pedir donaciones. Según Chain Analysis, el 12 de diciembre de 2024 aún seguía solicitando fondos para el HTS a través de las redes sociales.

En octubre de 2022, la empresa estadounidense Bittrex pagó una multa de 24 millones de dólares por no mantener un programa contra el blanqueo de capitales y por ayudar a sus clientes a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios países, incluidas 7.999 violaciones de las sanciones en Siria.

En noviembre de 2023, Binance Holding Limited fue multada con 4.300 millones de dólares por incumplir las sanciones estadounidenses en varias jurisdicciones, incluida Siria. La empresa había supervisado 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones terroristas, entre ellas el ISIS, pero no presentó ningún Informe de Actividades Sospechosas (SAR), como estipula la normativa estadounidense.

A los pocos días de la ofensiva militar que derrocó al régimen de Assad, el 30 de noviembre de 2024, la agencia de noticias vinculada con el HTS News Agency of Sham publicó un llamamiento de la Sala de Operaciones Militares pidiendo donaciones de moneda digital para “contribuir a la liberación del país y al retorno de los desplazados” y publicó la dirección de un monedero de USDT.

Este mismo lunes, Malhama Tactical, una empresa yihadista de seguridad privada en Siria, anunció en un post en la red X que había recaudado 457 USD de los 2.000 USD necesarios para comprar una impresora 3D para necesidades militares. El grupo dijo que aceptaba donaciones a través de “MONERO, USDT, BTC y otras criptodivisas; PayPal y ShamCash Transfer dentro de Siria”. Malhama Tactical se estableció en el noroeste de Siria en 2015 y se compone principalmente de combatientes de Uzbekistán y el Cáucaso ruso. Sham Cash es un sistema de pago digital que permite a los usuarios enviar y recibir fondos a través de códigos personales, así como retirar efectivo sin restricciones a través de agentes de venta libre (OTC), según Crystal Intelligence. La plataforma admitía pagos tanto en liras turcas como en dólares estadounidenses.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado dos décimas, hasta el 2,5%, el crecimiento económico previsto para España en 2025, aunque advierte de mayores riesgos a la baja por el impacto de la guerra comercial y la fragmentación política.

De acuerdo con el informe publicado este jueves por el FMI, la economía española mantiene "un sólido desempeño" apoyado en las exportaciones de servicios y en la buena evolución del mercado laboral.

"Se proyecta que el crecimiento del consumo siga siendo sólido, con aumentos continuos de los salarios reales y una disminución gradual de las tasas de ahorro de los hogares, que compensarán el aumento más lento del empleo", resume el FMI.

El organismo prevé una tasa de desempleo alrededor del 11% a medio plazo y que tanto la inflación general como la subyacente continúen disminuyendo para situarse cerca del 2% a final de año.

"Aunque la tasa de empleo sigue siendo baja", las condiciones del mercado laboral han "mejorado dramáticamente", explicó el jefe de misión para España del FMI, Romain Duval, en una rueda de prensa en la sede del organismo en Washington.

El FMI añade que, a corto plazo, la economía española seguirá por encima de la media de la eurozona antes de "desacelerarse gradualmente" conforme se normalicen los aumentos de la población en edad de trabajar y de las exportaciones.

Así, la previsión de crecimiento del PIB para 2026 es del 1,8% y, a partir de ahí, proyecta que el crecimiento se mantendrá alrededor del 1,7%.

En cuanto al impacto de las primeras medidas arancelarias anunciadas por la Administración de Donald Trump, el FMI señala que, en el escenario base, se ve contenido por la limitada exposición comercial directa e indirecta de España frente a Estados Unidos.

El propio Duval reconoció que "los aranceles tendrán cierto impacto", pero insistió en lo dicho en el documento, subrayando que España "no está muy expuesto al mercado estadounidense" en comparación con otras economías europeas.

En todo caso, el organismo cree que la mayoría de los riesgos para las perspectivas son a la baja y entre ellos señala "una nueva escalada" de las medidas comerciales, en especial las que involucran directamente a la Unión Europea (UE).

En el plano interno, el FMI apunta a que la fragmentación política impida cumplir con los compromisos de déficit comprometidos con Europa.

"La elevada deuda pública y las inminentes presiones de gasto entrañan riesgos fiscales a medio plazo", añade el FMI, que vuelve a recomendar aprovechar el impulso económico para "recomponer" el espacio fiscal y reducir los riesgos de deuda soberana.

También reclama medidas ante la creciente brecha prevista entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.

El FMI aborda también en este artículo dos aspectos relevantes para la economía: la situación de la vivienda y los planes de reducción de la jornada laboral.

En el primer punto, el organismo considera que, aunque el rápido incremento de los precios de la vivienda actualmente no plantea riesgos para la estabilidad financiera, "requiere un seguimiento estrecho".

El FMI cree que la situación debería abordarse principalmente mediante medidas políticas para impulsar la oferta de vivienda y cuestiona el control de precios del alquiler.

 "Debe reevaluarse el control de precios del alquiler y abandonarse en caso de constatar que reduce la cantidad o la calidad de la oferta regular de alquileres, o que dificulta el acceso por parte de los hogares de más bajos ingresos", reflexiona.

Sobre la reducción de la jornada laboral, considera que debe diseñarse "cuidadosamente" para mitigar los efectos adversos sobre la producción y los salarios.

La reducción de jornada, añaden, elevaría el aumento acumulado del salario mínimo desde 2018 a más del 70%, lo que puede generar "inquietud" sobre los posibles impactos adversos. "La reforma debería preservar el importante papel de la negociación colectiva", recomienda.

Duval quiso destacar en su intervención que "no existe suficiente inversión en innovación", un terreno en el que España está muy por detrás de la media europea a la hora de apoyar el crecimiento de empresas y ecosistemas y que considera importante abordar para impulsar la productividad nacional.

La revisión del FMI para este año se acerca a la previsión de crecimiento del Gobierno, del 2,6%, mientras que el Banco de España la sitúo en el 2,7%, aunque ya ha avanzado que se revisará a la baja por el impacto de la guerra arancelaria. 

Vladimir Putin no podía desaprovechar semejante oportunidad. Como anfitrión de la 16ª cumbre de los BRICS en Kazán (Rusia), el presidente ruso, vetado por Occidente, aprovechó la ocasión para aparecer en todas las fotos, demostrar que no está aislado y establecer su papel en el centro de una nueva fuerza internacional que se está conformando.

Pero centrarse únicamente en la aparición del presidente ruso sería pasar por alto la importancia de esta reunión. Y es que esta cumbre marca una nueva era para los BRICS. Ya no se trata sólo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que Goldman Sachs agrupó bajo este nombre a principios de la década de 2000 como las potencias económicas del futuro. La cumbre acogió por primera vez a los países aceptados como miembros de pleno derecho de la organización en agosto de 2023: Argentina, Egipto, Etiopía, pero sobre todo Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

A excepción de Argentina, que desde la elección de Javier Milei ya no quiere formar parte de la organización, todos hicieron el viaje a Kazán, incluso Arabia Saudí, cuya participación muchos ponían en duda hasta los últimos días.

Pero otros países también quisieron asistir, aunque no sean oficialmente miembros de los BRICS. En total, enviaron representantes 34 países. Trece de ellos, entre ellos Indonesia, Argelia, Vietnam, Venezuela, Tailandia y Turquía (también miembro de la OTAN), solicitaron su ingreso en la organización. La mayoría fueron recibidos con entusiasmo, a excepción de Venezuela y Pakistán, cuya adhesión fue vetada por Brasil y la India respectivamente.

En vísperas de unas elecciones presidenciales americanas decisivas, los dirigentes de los BRICS, empezando por Vladimir Putin y Xi Jinping, están encantados con estas muestras de apoyo: quieren formar una organización lo más amplia posible, llevarse consigo al mayor número de países para influir en el destino del mundo y desafiar el orden occidental.

“Está surgiendo ante nuestros ojos un nuevo mundo [...]. Está en marcha el proceso de creación de un mundo multipolar”, insistió el presidente ruso. “El mundo se enfrenta a cambios profundos no vistos desde hace un siglo. Los BRICS son la plataforma más importante para la solidaridad y la cooperación entre los mercados emergentes y los países en desarrollo”, añadió el presidente chino.

A lo largo de la reunión, los discursos y las posiciones adoptadas fueron comedidos y precavidos. Actitud que vino dictada por la propia diversidad de los participantes, sus diferencias de opinión e incluso su antagonismo.

El “Sur global”, como algunos investigadores denominan a todos los países no occidentales, no existe: sus intereses son extremadamente diversos.

China, amenazada con una guerra comercial total con Estados Unidos si gana Donald Trump, y Rusia e Irán, ya afectados por las sanciones americanas, no ocultan su deseo de formar una fuerza geopolítica contra el “imperialismo occidental”.

Pero India y Brasil tienen la intención de seguir comerciando con Estados Unidos y Occidente en general. Los lazos son aún más estrechos con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, considerados los países árabes más cercanos a Washington.

Egipto y Etiopía llevan varios años enfrentados por el reparto de las aguas del Nilo con la construcción de una gran presa en Etiopía. China e India llevan décadas enfrentadas por los límites de sus fronteras en el Himalaya. Justo antes de la cumbre de Kazán, estos dos países anunciaron simbólicamente que habían llegado a un acuerdo “sobre patrullas fronterizas en el Himalaya”.

Los BRICS evitaron todos los puntos de fricción para mostrar su unidad y demostrar que pueden practicar la política y la diplomacia de forma diferente. “Respetamos las políticas de cada Estado”, recordaron uno tras otro sus dirigentes para, a diferencia de Estados Unidos, subrayar su voluntad de no intervencionismo.

Para contentar a todos, los dirigentes emitieron una serie de declaraciones en las que se presentaban como una organización “no occidental”, pero no “anti-occidental”.

Pero el verdadero pegamento que une a los BRICS es la economía. Uno tras otro, los participantes en la cumbre fueron desgranando cifras, recordando su peso y su desarrollo, realidades a menudo olvidadas por Occidente.

Los BRICS representan ya el 48% de la población mundial y más de un tercio del PIB mundial. Cuentan ya con más ingenieros e investigadores que Estados Unidos y Europa juntos. Con un PIB combinado de 60 billones de dólares –antes de la adhesión de los nuevos miembros–”pesamos más que el G7”, afirmó Vladimir Putin.

En cualquier caso, todos están decididos a utilizar este peso económico para influir en el curso de los acontecimientos, y no seguir sometidos a las decisiones unilaterales tomadas por Occidente, a veces en detrimento suyo, como recordó el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

El primero es liberarse de la dependencia del dólar, moneda de referencia para todo el comercio internacional. Es una cuestión urgente para Rusia, aislada del sistema financiero internacional desde las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. Pero también está en la mente de China, que teme sufrir represalias financieras en algún momento si se endurecen las relaciones con Washington.

En mayor o menor medida, todos los demás países en desarrollo también están preocupados ya que la mayoría de sus deudas están denominadas en dólares, al igual que los precios de sus recursos naturales. Y Estados Unidos mantiene un férreo control sobre su comercio y sus reservas, con amenazas de represalias en caso de incumplimiento de las normas americanas. Para evitar que Rusia eluda las sanciones, Washington ha advertido de que todo país que comercie con Moscú dejará de tener acceso al dólar. Los bancos turcos y algunos establecimientos chinos cortaron inmediatamente sus lazos.

Muchos países en desarrollo, más allá de Rusia y China, consideran ahora intolerable esa tutela americana y quieren salir de ella. Pero la voluntad política no siempre es suficiente.

En agosto de 2023, los participantes en la cumbre de Johannesburgo se fijaron como objetivo inicial desarrollar una moneda común para romper con la dependencia del dólar. Desde entonces se ha trabajado mucho, bajo el auspicio de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Se ha elaborado una arquitectura para este nuevo sistema financiero de los BRICS, no muy diferente de la de los primeros tiempos de Bretton Woods: la moneda común se basaría en reservas compuestas por un 60% de oro y un 40% de divisas de los países participantes. En Kazán, Vladimir Putin presentó un esbozo del futuro billete de esa moneda común. Pero aún hay que superar una serie de obstáculos antes de que pueda desarrollarse.

Mientras tanto, Rusia y China proponen avanzar mucho en el desarrollo del uso de blockchain (estructura matemática para almacenar datos casi imposibles de falsificar, ndt) y criptoactivos creados para permitir a Moscú eludir las sanciones. También sugieren generalizar los pagos indexados a las monedas locales. Entre las recomendaciones figura la rápida retirada de las compras de petróleo y trigo de los mercados internacionales dominados por las finanzas occidentales y pagadas en dólares.

Pero para alcanzar estos objetivos hay que demostrar que el sistema existente entre Rusia y China puede ampliarse. Hay que desarrollar e implantar plataformas en cada país. Hay que convencer a los actores de que los criptoactivos, objeto de una frenética especulación y de una volatilidad desenfrenada, pueden convertirse en monedas de cambio a gran escala. El sistema debe ser totalmente seguro. Por último, debe crearse una institución que controle, supervise y actúe como garante de última instancia.

“157 países están dispuestos a unirse a este nuevo sistema”, afirman los organizadores de la cumbre en la red social X. “No hay ninguna señal de que esta iniciativa vaya a desarrollarse y tomar forma en la vida real”, replica Alexandra Prokopenko, del Carnegie Russia Eurasia Center de Berlín, citada por el Financial Times.

Los responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los banqueros centrales, reunidos esta semana en Washington para los foros anuales de la institución monetaria internacional y el Banco Mundial, son mucho menos asertivos. Están convencidos de que, con el tiempo, el “privilegio exorbitante” del dólar se verá cada vez más cuestionado. ¿Su temor? Que las tensiones geopolíticas provoquen una fragmentación irremediable del sistema financiero internacional.

La cautela mostrada por los responsables del FMI con los BRICS refleja su preocupación. La institución internacional, criticada durante mucho tiempo por las políticas de austeridad que ha impuesto a los países en desarrollo, observa año tras año el auge de un desafío fundamental: el de su funcionamiento y organización.

Producto de los acuerdos de Bretton Woods, el modus operandi del FMI ya no se corresponde con un mundo que ha cambiado profundamente. Sus doctrinas y modos de pensar reflejan una dominación occidental, y principalmente americana, inadecuada para un entorno que ha cambiado profundamente. Sobre todo, ya no cumple su misión primordial: la estabilidad y permanencia del sistema financiero internacional en beneficio de todos.

Cada vez más consciente de sus carencias y vulnerabilidades, la institución monetaria ha comprendido claramente el mensaje que también le enviaban los BRICS. Al celebrar su reunión pocos días antes de su asamblea general anual, los BRICS enviaron un mensaje de desconfianza, lanzando la amenaza apenas velada de transformarse en una institución rival.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro americano y ex presidenta de la Reserva Federal, vio claro el peligro e intentó responder. En una entrevista concedida al New York Times, criticó duramente a China, presentándola como amiga de los países en desarrollo mientras bloqueaba las renegociaciones de su deuda, cuya carga se ha hecho aún más insoportable desde la crisis y el alza de los precios de la energía y los alimentos.

Las críticas son fundadas. Pekín, que utiliza instituciones financieras y bancarias supuestamente “privadas” para desarrollar todos sus proyectos de infraestructuras, sobre todo en los países en desarrollo, se niega a conceder quitas o condonaciones de deuda en nombre del derecho mercantil. En caso de impago, esas entidades “privadas”, brazo armado de China, se apoderan de las infraestructuras construidas para su propio beneficio, como en Kenia y Sri Lanka.

No obstante, varios especialistas se muestran preocupados por la escasa respuesta de Estados Unidos, y de Europa en general, ante el creciente poder del Sur. En su opinión, es urgente que Occidente tome la medida de las transformaciones en curso, en lugar de tratarlas con desprecio e indiferencia.

Aludir por enésima vez a la lucha contra los “imperios del mal” (China y Rusia) no puede, en su opinión, servir de argumento ante la legítima demanda de reconocimiento de todos los países del Sur. Además, en un momento en que la voluntad de independencia y descolonización se expresa cada vez con más fuerza, no basta con subrayar el imperialismo de China y Rusia –de la que muchos países del Sur son plenamente conscientes– para disimular mejor el suyo.

Occidente tiene la responsabilidad de construir un nuevo orden internacional que sustituya a una vieja arquitectura cuestionada y quebrantada por todas partes. En un momento en que los países del Sur representan ya la mitad de la población mundial, ya no pueden contentarse con un asiento secundario en las organizaciones internacionales. Si no lo hacen, todo estallará.

Traducción de Miguel López

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado este martes cinco décimas las perspectivas de crecimiento de España para 2024, hasta el 2,9%, una cifra que destaca en una eurozona deprimida que sólo crecerá el 0,8% este año.

“En la primera mitad del año, lo que hemos visto es que las exportaciones han sido muy fuertes y parte de eso es por el turismo (…), pero también el consumo privado y la inversión pública han sido fuertes”, ha explicado en una entrevista con EFE la directora adjunta del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks.

Según Koeva Brooks, este buen dato está motivado también por la inversión pública y por “el impacto de algunos fondos de la Unión Europea (UE), que se están absorbiendo”.

El dato está por encima de las previsiones del Banco de España, que estima que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá el 2,8%, y del propio Gobierno, que calcula que el crecimiento será del 2,7%.

En el marco de las reuniones anuales que el FMI y el Banco Mundial celebran esta semana, la institución presentó este martes sus últimas actualizaciones económicas globales (el informe WEO, por sus siglas en inglés) y dejó sin cambios las previsiones de crecimiento para España en 2025, en el 2,1%.

La robustez de la economía española se afianza a golpe de correcciones de previsiones al alza de organismos nacionales e internacionales. El Banco de España ha revisado su estimación de crecimiento y la ha elevado en 0,4 puntos porcentuales que la conducen al 2,3% para este año, aunque mantiene sin cambios el 1,9% para 2025 y el 1,7% para 2026. Ya lo hizo hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el 2,4%, mientras el Gobierno dejó en un 2% su estimación de la expansión del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. 

En sus Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española de este mes de junio, el regulador estatal anota que el “principal factor” que explica el cambio de la tasa media de avance del PIB este ejercicio es “el efecto arrastre positivo resultante de los nuevos datos recogidos en el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR)”, tanto de la elevación de “las tasas de crecimiento de los últimos trimestres de 2023”, como del avance “por encima de lo esperado en el primer trimestre del año”, en el que la economía avanzó un sorpresivo 0,7%. Esto ha sido posible en buena medida gracias "al dinamismo de las exportaciones de servicios turísticos, en un contexto de notable afluencia de turistas, cambios en los patrones estacionales de las llegadas, mayor diversificación de destinos y gasto medio por turista más elevado". Es más, entre los pasados meses de enero y abril, "el gasto turístico en términos reales se situó un 36% por encima del registrado en el mismo período entre 2016 y 2019", se refleja en el análisis. Una bonanza turística a la que ha contribuido la Semana Santa. Con todo, parte de ese empuje podría continuar en el corto plazo, gracias a elementos como "un mayor dinamismo potencial del turismo de negocios" y por la recuperación de flujos provenientes de algunos países que todavía no han alcanzado sus cifras prepandemia de visitas al país como Japón, según aporta la propia entidad.

El Banco de España confía en que las tasas de crecimiento del PIB “converjan paulatinamente hacia aquellas acordes con la capacidad de crecimiento potencial de la economía española” que, de acuerdo con sus cálculos, se situaría “alrededor del 1,6% interanual al final del horizonte de proyección”. En ese sentido, estiman que la economía española varíe desde el 2,5% observado en 2023 hasta el 2,3% en 2024, el 1,9% en 2025 y el 1,7% en 2026, debido, entre otras cuestiones, al “impacto neto sobre la actividad económica de diversos factores que inciden sobre la misma en direcciones opuestas”. Para el segundo trimestre de este ejercicio, la institución cree que seguirá habiendo un crecimiento significativo del PIB, del entorno del 0,5%, pero reconoce que pesan sobre estimación bastantes incertidumbres aún.

Por un lado, se espera que en los próximos trimestres “se debiliten algunos de los vientos de cola que han impulsado recientemente el crecimiento de la economía" como la existencia de "una importante demanda embalsada de determinados bienes y servicios y la corrección de algunas de las perturbaciones de oferta negativas que lastraron la actividad en 2021 y 2022”. Por otro, entre los factores que soportarán el dinamismo del PIB, recogen “la moderación gradual del impacto negativo sobre la actividad por parte del endurecimiento acumulado en las condiciones de financiación, la reactivación paulatina de la economía europea y global, el crecimiento poblacional previsto, el avance de las rentas reales de los agentes económicos en un contexto de desaceleración de la inflación y el mayor despliegue” de los fondos europeos. 

En ese escenario, el Banco de España augura que “a finales de 2026, el PIB de la economía española se situará un 8,9% por encima" del contabilizado antes del comienzo de la crisis del covid, una crecida que, no obstante, “será sensiblemente menor -del 4,8%- en términos per cápita”, se matiza en el documento de proyecciones consultado por infoLibre. Será la demanda interna “el principal soporte de la actividad a lo largo del horizonte de proyección” y la exterior neta “presentará en 2024 una contribución positiva al crecimiento del PIB que se tornará nula en 2025-2026”.

El empleo, el buen tono del mercado laboral, ha ayudado, de su lado, a la mejora del dato de crecimiento. En las proyecciones del Banco de España se señala que la tasa de paro, que alcanzó en 2023 el 12,2%, "mantendrá una senda descendente en los próximos años”, si bien permanecerá por encima del 11% en 2026. Por ramas de actividad, en los dos últimos meses ha sobresalido la ocupación en Servicios, especialmente en Transporte, Hostelería y en las Actividades profesionales, científicas y técnicas. Han sido las grandes empresas las que han tirado de la creación de puestos de trabajo. "En particular, el porcentaje del total de afiliación de la economía española que aglutinan las empresas de 500 o más empleados ha pasado de un 33,2% a finales de 2019 a un 35,7% a finales de 2023 y a un 36,1% en abril de este año", aseveran. En cambio, el peso de las microempresas, las que cuentan con entre 1 y 9 trabajadores, "ha descendido del 21,6% al 18,7%". Se vaticina, asimismo, que se producirá “una cierta recuperación de la productividad”.

El regulador espera, igualmente, que “el proceso de moderación de la inflación siga avanzando" de forma gradual en los próximos trimestres, aunque, de momento, también corrige al alza, en este caso en 0,3 puntos porcentuales, la tasa de inflación general prevista para 2024 hasta el 3%; el 2% en 2025 y el 1,8% en 2026. Vincula la crecida del presente ejercicio a “las mayores contribuciones previstas del componente energético y de la inflación subyacente”, mientras que las de 2025 y 2026 se basan, sobre todo, en "una senda de desaceleración de la inflación de los servicios ligeramente menos acusada” que la contemplada en sus previsiones del pasado marzo. 

En cualquier caso, estas proyecciones no están exentas de riesgos que, en el ámbito externo, el Banco de España engarza a “los actuales focos de tensión geopolítica mundial”, como la invasión de Ucrania o el conflicto bélico de la Franja de Gaza; a la evolución de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China; o a posibles “episodios de turbulencias financieras” que no pueden descartarse. En la órbita nacional, se apunta a la incertidumbre que hay “en relación con el grado de persistencia del considerable dinamismo que los servicios, especialmente los turísticos", han tenido en España en los últimos trimestres. Tampoco se obvia otra realidad: la reactivación de las reglas fiscales a escala europea. En detalle, se avisa de que el cumplimiento de éstas requerirá “del diseño y la ejecución de un plan de consolidación fiscal a medio plazo que permita una corrección del déficit público estructural más acusada que la contemplada en estas proyecciones”.

Hay señales que no engañan. Para presentar su próximo libro, titulado Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (edit. Planeta), el presidente argentino, Javier Milei, ha organizado un encuentro con sus fans el 22 de mayo en el Luna Park, una conocida sala de conciertos de Buenos Aires.  

Y, en efecto, el jefe del Estado parece pasar su tiempo en un mundo digno de un parque de atracciones. Es como si, cuando Javier Milei habla, las dificultades cotidianas de los argentinos dieran paso a un espectáculo maravilloso en el que se fortalece la economía y se protege a los más vulnerables. 

El pasado 5 de mayo, en Miami, el presidente argentino se presentó en el Milken Institute como el salvador de un Occidente amenazado por el socialismo ante una audiencia de grandes inversores internacionales. Y proclamó que, bajo su liderazgo, Argentina tenía todo lo necesario para convertirse en "la Roma del siglo XXI" y la "nueva Meca de Occidente".  

Los desvaríos megalómanos de quien gusta definirse como "el primer presidente libertario de la historia del mundo" le han llevado a restar importancia a ciertos aspectos de su política actual y a exagerar otros. En una reciente entrevista con la BBC, Javier Milei afirmaba que sus políticas "no afectan a los más débiles", sino a "la casta política", y aseguraba que la situación económica estaba "mejorando". 

Al presidente argentino le gusta presumir de ciertas cifras cuidadosamente elegidas. Y sus partidarios en todo el mundo están captando esa línea bien afinada. 

La primera de esas cifras es la inflación. En abril de 2024, el índice de precios al consumo cayó por debajo del 10% mensual. Entre marzo y abril, los precios subieron un 8,8%, frente al 11% del mes anterior. La primera vez desde octubre de 2023. En diciembre de 2023, la inflación mensual era del 25,5%, por lo que la desaceleración es evidente. 

El problema es que esta cifra de diciembre es una de las más altas de los últimos treinta años en Argentina, y es el resultado directo de la primera decisión de Javier Milei tras llegar al poder: devaluar el peso argentino un 50% frente al dólar americano para restablecer la "verdad de los precios". 

El balance del presidente en materia de inflación no es nada halagüeño. La cifra anual de abril fue del 289,4%, casi el doble que al final del mandato de la administración saliente, la más alta desde los episodios de hiperinflación. Sólo en el primer trimestre, la inflación superó el 50%. 

En cuanto a la cifra mensual, se acerca a la tasa promedio registrada en 2023, en momentos en que Javier Milei denunciaba el peso insoportable de la inflación. Por supuesto, es posible que esta cifra siga bajando, aunque algunos analistas creen que la tasa de inflación podría acabar estabilizándose en un nivel alto, dadas las tensiones en el mercado de divisas y las subidas previstas en las tarifas reguladas. De hecho, para no dañar su relato, el gobierno de Milei ha pospuesto la subida del precio de la electricidad prevista para mayo. 

Pero suponiendo que la inflación se estabilice en un nivel inferior al de la administración anterior, hay dos matices que deben quedar claros de inmediato. 

En primer lugar, una tasa de inflación no es lo mismo que un nivel de precios. La primera puede bajar, pero el efecto de la inflación pasada sigue afectando a los ingresos de los hogares en la medida en que los salarios no han seguido el ritmo de subida de los precios. Desde este punto de vista, la situación es muy preocupante. Las últimas cifras del Indec, el instituto de estadística argentino, muestran que los salarios reales globales han caído un 87,1% en el espacio de un año, y un 4,6% sólo en el primer trimestre. 

Javier Milei declaró en la BBC que los salarios reales han empezado a recuperarse. Eso no se refleja en las cifras de marzo, donde la subida nominal mensual del 11% es igual a la subida de la inflación. En cualquier caso, hará falta algo más que un ligero repunte para compensar las pérdidas acumuladas en el nivel de vida, en particular la de diciembre de 2023, cuando los salarios reales cayeron un 17%. 

También hay que señalar que los empleados del sector informal, que representan el 20% de los trabajadores argentinos, han visto caer sus salarios reales de forma aún más acusada que los demás, con una caída real anual del 158,7%. Los pensionistas también se están viendo muy afectados. Un estudio reciente muestra que su poder adquisitivo cayó en los cuatro primeros meses del año un 24% para los que perciben pensiones mínimas y un 37% para los demás. Así que estamos muy lejos del Luna Park de Javier Milei. 

El segundo matiz está ligado al primero. La tasa de inflación cae porque la demanda se desploma. Y esto se ve muy claramente en varias estadísticas, empezando por la caída de las ventas al por menor. En abril de 2024, últimos datos disponibles, las ventas minoristas sí subieron un 1,6%, en un contexto de ventas masivas, pero en los cuatro primeros meses del año, la caída acumulada es del 18,4%, y en un año, la caída alcanza el 7,6%. Estas ventas ya caían antes de que Javier Milei llegara al poder, pero a un ritmo anual de entre el 2% y el 3%. 

Es por tanto la recesión la que está haciendo bajar la inflación, en línea con la estrategia seguida por el presidente libertario. Y esta recesión está siendo alimentada por su segunda gran hazaña, de la que siempre presume: la vuelta al primer superávit presupuestario primario (excluyendo el servicio de la deuda) desde 2002. 

Este superávit de unos 3.900 millones de pesos (unos 4,1 millones de euros) superó las exigencias del FMI en unos 2.900 millones de pesos. Pero los métodos utilizados para lograrlo han sido extremadamente violentos, en particular la desindexación de las pensiones, la supresión de 13.000 empleos en el sector público y la repentina paralización de todas las obras públicas financiadas por el Estado. 

Para Javier Milei, se trata de una acción contra lo que él llama la "casta", porque esta decisión se basa principalmente en la congelación de las transferencias del Estado central a las provincias, y ha provocado la protesta de los gobernadores. Sin embargo, la decisión está teniendo un impacto tangible en las empresas. Según el Indec, en marzo de 2024, la actividad de la construcción cayó un 42,2% interanual y un 14,2% ese mes. Este desplome comienza a tener un impacto tangible en el empleo, que cayó 13,5% interanual en el sector. 

La doble presión sobre el gasto público y la demanda de los hogares tiene repercusiones más amplias en la economía. Argentina ya estaba en recesión cuando Javier Milei llegó al poder, pero en estos primeros seis meses parece haberse profundizado el fenómeno. 

La producción manufacturera está también en caída libre. En marzo de 2024, la caída fue del 14,8% interanual, del 6,3% intermensual y del 21,2% intertrimestral. La caída anual fue del 37% para la producción de aparatos electrónicos y eléctricos, del 33% para la de muebles y del 27% para la de maquinarias. Estas cifras son indiscutibles: las políticas de Javier Milei han provocado una grave crisis industrial en un país que ya estaba infradotado en ese ámbito. 

El empleo también está bajo mínimos. El número de nuevos puestos de trabajo creados en marzo de 2024 cayó un 0,5% intermensual, situando la cifra en un nivel tan bajo como durante la crisis de la deuda de 2002. Sólo los meses de marzo de 2001 y 2020, en plena pandemia, presentan cifras inferiores. 

Así que no hay motivos para celebrar como lo están haciendo Javier Milei y sus partidarios. Sobre todo porque, a pesar de la devaluación del peso en diciembre, las cifras de ventas de productos agrícolas, principales fuentes de divisas del país, son muy decepcionantes. Las ventas de soja y maíz a principios de año fueron las más bajas de los últimos diez años, debido en gran parte a las incertidumbres económicas de la política actual. 

En realidad, los dislates de Javier Milei apenas ocultan un malestar real. Con la inflación en alza y la mala salud de las exportaciones agrícolas, el peso está bajo presión. Tras la devaluación de diciembre, el gobierno decidió reducir el valor del peso en un 2% anual. Pero esta suave devaluación puede no ser suficiente, ya que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el informal sigue siendo elevada, cercana al 17%. 

Se oyen algunas voces a favor de una nueva devaluación, que en su opinión permitiría liberalizar totalmente el tipo de cambio. Pero dado el desastroso efecto de la primera devaluación masiva en diciembre sobre la inflación y la actividad económica, la Casa Rosada se niega abiertamente a considerarlo. El presidente incluso recurrió a la red social X para afirmar que el peso no estaba sobrevalorado. 

Pero mientras Javier Milei se felicita constantemente por el aumento de reservas de divisas del Banco Central (BCRA), el monto de estas reservas sigue siendo negativo en términos netos, es decir, después de deducir sus pasivos en moneda extranjera. 

Además, el BCRA ha tenido que emitir títulos de deuda en dólares pero pagaderos en pesos y con un interés del 5%, conocidos como Bopreal (por "Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre"). Estos bonos pretenden ofrecer a los importadores un medio para encontrar dólares. 

Ahora bien, según un estudio reciente, la diferencia entre los importes en dólares de las importaciones argentinas y los cambios en el mercado monetario arroja una diferencia de 11.000 millones de dólares, es decir, el importe de las compras de divisas del BCRA en el mercado. En otras palabras, aunque los Bopreal tienen un vencimiento de cinco años, representan un riesgo constante para las reservas del BCRA, ya que deben reembolsarse en dólares. 

Las reservas siguen siendo inexistentes en la práctica, y el valor del peso continúa sobrevalorado, por lo que Buenos Aires busca dólares frescos. El ministro de Economía, Luis Caputo, esperaba que el FMI aceptara prorrogar su ayuda, pero en su comunicado del 13 de mayo, el Fondo, aunque aplaude las políticas de Javier Milei, se atiene al acuerdo de 2022 y sólo desembolsará los 800 millones de dólares previstos. Una gota en el océano. 

El Fondo quiere garantías sobre la liberalización del tipo de cambio, pero el gobierno de Milei no puede dar el paso dada la situación económica y financiera del país. Sin dólares frescos, la situación sólo puede volverse más difícil de gestionar. 

Pero el margen de maniobra de las políticas de "motosierra" sobre las finanzas públicas es limitado. Aunque la ley que permitirá nuevos recortes aún se está debatiendo en el Parlamento argentino, es probable que su aplicación lleve a Argentina a una espiral recesiva. El problema ya no sería la inflación, sino el desempleo y las quiebras. En un país ya muy castigado por la pobreza, la situación se volvería crítica. 

Para salir del atolladero, Javier Milei se ha embarcado en una especie de huida hacia delante. La única forma de evitar el colapso es atraer capital extranjero. Para ello, tiene previsto introducir un sistema de ventajas para los grandes inversores, conocido como Rigi (por "Régimen de Incentivos para Grandes Inversores"), que les permitirá beneficiarse de exenciones fiscales y de una mayor libertad en materia de tipos de cambio e importaciones. 

Numerosos sectores de la economía argentina, como los fabricantes de automóviles, la industria mecánica y las PYME de la capital, ya han criticado ese régimen, que favorecerá a las grandes empresas sin obligarlas a recurrir a proveedores locales. 

Al mismo tiempo, mientras el presidente argentino se autoproclamaba en Miami líder de Occidente en guerra "contra el socialismo", se negaba en su entrevista con la BBC a repetir sus críticas a China, país que había calificado de "asesino" durante la campaña. Además, Buenos Aires ha enviado recientemente a su ministro de asuntos exteriores a Pekín para reforzar los "sólidos lazos" entre ambos países. 

Es cierto que China es el mayor socio comercial de Argentina. La "meca de Occidente" no desprecia, si se tercia, los fondos del Partido Comunista Chino.  

Javier Milei sigue desplegando su relato, repetido en Miami: para él, no hay "fallo del mercado", así que lo único que hay que hacer para recuperar la prosperidad es dejar que florezca la libre empresa. La batalla cultural librada por el presidente argentino y los fracasos del peronismo de Kichner le han permitido mantener por el momento un alto nivel de popularidad. 

El pasado 9 de mayo, una segunda huelga general paralizó en gran medida el país, pero fue ignorada y despreciada por los gobernantes. Pero la cortina de humo del Luna Park puede no resistir el paso del tiempo. 

Muchos libertarios observan la experiencia argentina e intentan tomarla como modelo. Los partidarios de Javier Milei actúan como él: sacan algo de un contexto deteriorado y lo convierten en un ejemplo a seguir. Es el caso de la liberalización de los precios de los alquileres decidida en diciembre, ensalzada por el controvertido economista Nicolas Bouzou en Le Figaro y luego en un artículo del diario conservador suizo Le Temps. 

Los alquileres estaban muy regulados en Argentina antes de la llegada de Javier Milei, sobre todo los aumentos anuales. Con la inflación disparada, los propietarios decidieron reducir su oferta, y el gobierno peronista se negó a alejarse de la lógica de mercado para la vivienda. En consecuencia, la oferta oficial se desplomó. Tras la liberalización de diciembre, los propietarios pueden ahora exigir un aumento de precios cada dos o tres meses, y son libres de fijar los precios e incluso las divisas, pudiendo exigir el pago de los alquileres en dólares. Como consecuencia, la oferta de viviendas de alquiler aumentó un 316% entre diciembre y abril. 

Pero eso no significa que Argentina se haya convertido en un paraíso para los inquilinos. En primer lugar, esas cifras reflejan un retorno del mercado paralelo al mercado oficial. En segundo lugar, la demanda está cayendo a un ritmo mucho más lento, sólo un 25%. Como los salarios no siguen el ritmo de la inflación y la pobreza se ha disparado, los precios reales de los alquileres son demasiado elevados. Además, el argentino medio no puede realmente pagar un alquiler en dólares cuando su salario en pesos ha perdido un 118% de su valor en esa moneda.

Traducción de Miguel López

La vuelta de la austeridad a la agenda en Francia no es un caso aislado. Desde hace varios meses, la actualidad está dominada por programas de austeridad presupuestaria y recortes en gastos sociales y prestaciones familiares. La reintroducción del Pacto Europeo de Estabilidad, aunque modificado pero potencialmente más austero que nunca, marca sin duda el final de la relajación presupuestaria en varios países de la eurozona, como Italia, donde el Gobierno de Meloni ya ha suprimido la renta de ciudadanía a principios de 2024. 

Alemania ya había iniciado en otoño el proceso de ajuste presupuestario en la eurozona anunciando una cura de austeridad para cumplir con el "freno a la deuda" constitucional que la coalición tripartita de Olaf Scholz ha decidido volver a poner en vigor en 2024. Al mismo tiempo, el Gobierno británico ha continuado con la austeridad que, es cierto, nunca ha cesado realmente en el Reino Unido. 

Pero los más golpeados por esta nueva tendencia son los países emergentes más frágiles, a menudo con la acción directa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de Argentina, sometida a la furia austericida de su nuevo presidente libertario Javier Milei, otros países afectados por esta vuelta de tuerca son Egipto, Nigeria, Turquía y Kenia. El movimiento aún no se ha generalizado, pero es evidente que se está en marcha un torbellino disciplinario. 

Este movimiento va acompañado de un discurso que aboga de nuevo por la austeridad como solución a los males económicos. En el The Financial Times del 25 de marzo, el presidente del Rockefeller International Bank, Ruchir Sharma, se congratulaba de que los cinco países emergentes mencionados hubieran recurrido a esos métodos, que admitía eran dignos del viejo "consenso de Washington". "Están en el camino de la recuperación", afirmó. 

Pero eso no significa que hayamos vuelto al apogeo del Consenso de Washington de los años ochenta. Este contragolpe de la austeridad va acompañado de otro importante movimiento, aparentemente contradictorio, pero bastante generalizado, hacia una ayuda pública sin precedentes a la economía. Tras años de política monetaria muy acomodaticia, los gobiernos han intensificado las inyecciones de fondos en el sector privado. 

Sólo en Estados Unidos, el conjunto de planes de ayuda puestos en marcha desde la pandemia asciende a casi 5 billones de dólares, es decir, casi una cuarta parte del PIB anual de la primera economía mundial. China no se queda atrás, con el objetivo declarado de Xi Jinping de desarrollar "nuevas fuerzas productivas" tecnológicas, obviamente apoyadas con dinero público. 

Pero incluso en los países que afirman volver a la austeridad, no cesa la generosidad pública con el sector privado. En los países emergentes, los problemas presupuestarios se deben a menudo a la baja fiscalidad del capital. Sobre todo, tanto en Alemania como en Francia, los recortes presupuestarios se han utilizado para mantener importantes subvenciones públicas al sector privado. En Alemania, la censura del "Fondo Clima y Transformación" (KTF) por el Tribunal Constitucional en octubre llevó al gobierno federal a favorecer las ayudas a las empresas en detrimento de las ayudas sociales. En Francia, sabemos que la nueva reforma del seguro de desempleo sólo se justifica manteniendo un flujo fiscal anual de cerca de 200.000 millones de euros hacia las empresas y negándose a subir los impuestos sobre el capital. 

Esta política de ayudas, sobre todo a la industria, ha llevado a algunos a hablar de un "nuevo consenso de Washington" basado en el retorno del Estado a la economía con una postura más proteccionista. Pero sería ilusorio pensar que este nuevo consenso es simplemente un paso atrás para borrar el anterior. Lo que ocurre es más complejo: los dos enfoques están entrelazados. 

Como suele ocurrir, los nuevos regímenes de gestión del capitalismo no se limitan a abolir las fases anteriores, sino que las reorientan y adaptan a las nuevas exigencias de la acumulación de capital. El régimen neoliberal tuvo que asumir los elementos heredados del fordismo: el consumo de masas y la importancia del Estado en la economía. 

Del mismo modo, el nuevo modelo emergente, que podríamos llamar ya, provisionalmente, "neoindustrial" o "neomercantilista", no abandona la financiarización y la disciplina de mercado aplicada a los Estados. De hecho, en el corazón mismo del capitalismo de Estado contemporáneo, en China, y en un momento en que el país está cada vez más enfrentado a Estados Unidos, el presidente Xi Jinping escenificó su encuentro del 27 de marzo con un gran número de inversores americanos para ensalzar los méritos del crecimiento chino y animarles a invertir en la República Popular. Una prueba de que el consenso neoindustrial no puede prescindir de las fuerzas financieras globalizadas. 

Para entender cómo encajan estas dos lógicas aparentemente contradictorias, hay que observar el estado actual de la economía mundial. La situación está dominada por una marcada ralentización del crecimiento. Para 2024, el FMI prevé un crecimiento mundial cercano al 3,1%, muy por debajo de la media histórica del 3,8%. 

Y es poco probable que la situación mejore significativamente de aquí a 2028. Excluyendo la crisis financiera y el Covid, se trata de un nivel muy bajo en comparación con los últimos veinte años: en la década de 2010, el "mínimo" del crecimiento mundial fue del 3,2%. No obstante, el FMI puede parecer bastante optimista. En las previsiones publicadas el 29 de marzo, los economistas de la aseguradora alemana Allianz, por ejemplo, estiman que el crecimiento mundial se mantendrá por debajo del 3% en 2024 y 2025. 

Para los países avanzados, la situación es aún más delicada. Allianz prevé un crecimiento del 1,6% en 2024, y el FMI del 1,5%. Con la notable excepción de Estados Unidos, al que volveremos más adelante, la mayoría de las grandes zonas económicas mundiales han visto frenada su tendencia de crecimiento tras la crisis sanitaria, como ya ocurrió tras la crisis financiera de 2008-2009.

Gráfico: Tasa de crecimiento mundial.

Tal situación conduce necesariamente a una presión sobre la rentabilidad de las empresas. El fenómeno es bastante general. En un artículo publicado en 2023 en la revista New Left Review, Aaron Benanav, economista y sociólogo de la Universidad de Siracusa (Estados Unidos), explica el fenómeno como un cambio estructural de la demanda entre bienes y servicios, en un análisis inspirado en particular en el pensamiento del economista William Baumol, que en los años sesenta analizó los efectos del desarrollo de los servicios en el conjunto de la economía. 

Como es natural, a medida que la industria logra mayores aumentos de productividad, los precios de los bienes manufacturados tienden a bajar y, automáticamente, la composición de la demanda se desplaza hacia más servicios. Es lo que Aaron Benanav denomina "desplazamiento de la demanda" que comenzó en Occidente en los años 70 y 80, y que sin duda alimentado por la elección más o menos consciente de los consumidores, ha dado lugar a dos fenómenos: una sobreproducción permanente en la industria en un momento en que la competencia se ha visto exacerbada por la creciente industrialización de los países emergentes, y un debilitamiento general de la productividad del trabajo, ya que el desplazamiento hacia los servicios es un desplazamiento hacia sectores con escasos aumentos de productividad. 

Los datos disponibles confirman ese fenómeno. En un estudio publicado el 28 de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que la productividad del trabajo en 37 de sus 38 países ha sido del 1,4% en 2023, un nivel cercano a la media de los años 2001-2019 y un nivel particularmente bajo para el crecimiento de la remuneración del trabajo y del capital. 

Estos dos fenómenos frenan el crecimiento potencial y la rentabilidad de las actividades económicas tradicionales, pero también tienen un efecto negativo sobre la demanda agregada, ya que la única palanca para mejorar la rentabilidad del capital es la presión sobre las condiciones de trabajo y la remuneración neta. Así pues, este fenómeno mantiene la tendencia al estancamiento económico, que se traduce efectivamente en un crecimiento más débil. 

La acción pública de ayuda directa al capital se hace pues indispensable. No sólo para "liberalizar" los mercados y contener las demandas laborales, como durante el periodo neoliberal, sino para organizar transferencias directas a los sectores económicos. Aquí hay que distinguir entre la industria y los servicios. 

En la industria, la situación general de sobrecapacidad y el debilitamiento estructural de la demanda de bienes hacen inevitable la dependencia del Estado. Para intentar escapar a este efecto tijera, los gobiernos han asumido el control de la política industrial en forma de una carrera de velocidad en los nichos de mercado más rentables: la alta gama del mercado, la industria más innovadora y la alta tecnología. En esos ámbitos, las esperanzas de rentabilidad siguen siendo altas, pero los proyectos necesitan una ayuda pública masiva. 

Es en ese contexto en el que hay que entender la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos. Pekín lanza su "desarrollo de nuevas fuerzas productivas" con inversiones masivas (en 2023, la inversión en alta tecnología creció un 9,9%), mientras que Washington subvenciona la vuelta a casa de fábricas de semiconductores y toma medidas proteccionistas para impedir cualquier transferencia de tecnología para los chips de última generación o la inteligencia artificial. 

Pero todos los países del mundo siguen esta política con ayudas públicas. El KTF alemán pretende financiar la creación de fábricas de semiconductores, en un momento en que las industrias tradicionales alemanas atraviesan una profunda crisis. Francia está intensificando sus planes de ayuda industrial y subvenciones para poner en marcha fábricas de baterías eléctricas, al igual que Indonesia, por ejemplo. Las subvenciones públicas se han hecho indispensables en esta nueva era industrial. 

Al mismo tiempo, el sector servicios también pide a gritos la ayuda del Estado. Aunque más dinámicos, estos sectores luchan por construir una acumulación de capital autónoma y suficiente. La debilidad, o incluso la imposibilidad, de lograr aumentos de productividad en estos sectores hace que dependan en gran medida de la ayuda pública para su rentabilidad: ya sea a través de subvenciones, sobre todo al empleo (por ejemplo, el sistema de aprendizaje en Francia), a través de reducciones de impuestos y cotizaciones, o con las ayudas al consumo. 

El sistema de ayudas públicas es, por tanto, el resultado de un cambio global de la economía. No es tanto un sistema bien pensado como una reacción a la crisis estructural que el neoliberalismo no ha conseguido frenar. Pero también es un régimen con sus propias contradicciones, y aquí es donde entra en juego la vuelta a la austeridad, y donde confluyen los dos Consensos de Washington. 

Esta ayuda pública masiva se enfrenta al problema de su financiación. Durante diez años, las finanzas mundiales han vivido bajo un régimen conocido como "represión financiera", durante el cual los tipos de interés eran muy bajos. Entre 2008 y 2021, dependió a su vez de la ayuda de las autoridades monetarias. Con el regreso de la inflación y la subida de los tipos de interés, el sector financiero ha recuperado su autonomía, pero a cambio debe exigir a los gobiernos una mayor seguridad para su deuda, cada vez menos garantizada por los bancos centrales. 

Es esta tensión entre una acción presupuestaria masiva para apoyar la economía y una retirada de ayudas a los mercados financieros por parte de los principales bancos centrales lo que está en el origen de la situación aparentemente paradójica actual. El sector financiero empezó presionando a los países emergentes más frágiles, lo que provocó las crisis antes mencionadas. Esas crisis emergentes son, por tanto, una señal del retorno de la presión del mercado sobre los gobiernos. 

Esta disciplina de mercado se está extendiendo progresivamente a otros países, como Francia, aunque se aplica de manera diferente. La deuda de países seguros como Francia es una materia prima esencial para el sector financiero, por lo que un ataque a Francia sería contraproducente. Habría que obtener garantías por medios indirectos: un pánico organizado y, posiblemente, rebajas en la calificación de las agencias de rating. Pero el resultado es el del regreso a la austeridad. 

Para resolver esta presión contradictoria entre el sector financiero, que reclama austeridad, y los demás sectores, que exigen ayudas públicas, la austeridad en los derechos de los trabajadores, la protección social y los servicios públicos, aparece como un compromiso. Esta política parece satisfacer a todos: los financieros están tranquilos y los demás se benefician de una presión a la baja sobre los salarios para sostener su rentabilidad, preservando al mismo tiempo las subvenciones que les afectan. 

La estructura del nuevo régimen es pues más represiva aún socialmente que el neoliberalismo, ya que hace pagar a los trabajadores una política industrial que se presenta como esencial para proteger la soberanía y el medio ambiente. En realidad, el objetivo es proteger y apoyar la rentabilidad del capital, tanto financiero como industrial. Así es también como hay que entender la nueva distinción establecida por Bruno Le Maire (ministro de Economía francés, ndt) entre el "Estado del bienestar" y el "Estado protector". El primero es un modelo social, el segundo un modelo de apoyo al capital. 

El problema es que esta es una política miope. Debilita inevitablemente la demanda interna y la calidad de la mano de obra. A largo plazo, la industria y los servicios sufrirán y exigirán aún más ayudas, que tendrán que financiarse con nuevos recortes del Estado del bienestar. El Estado del bienestar está, pues, condenado. Pero, contrariamente a lo que afirma Bruno Le Maire, su aplicación no resolverá el problema fundamental del crecimiento, sino todo lo contrario. 

Es más, parece condenado al fracaso el intento de salvaguardar la industria mediante el apoyo estatal a la rentabilidad del sector privado. Una vez comprendida la situación, la China de Xi Jinping ha tomado una decisión radical: embarcarse en una guerra de precios en determinados sectores, como los coches eléctricos o los equipos de energías renovables, con el fin de garantizar una rentabilidad creciente en esos ámbitos. 

La idea es utilizar la sobrecapacidad para crear un monopolio haciendo inviable el resto de la producción, incluso con la ayuda del Estado. En febrero de 2024, la producción industrial china creció un 7% interanual, con una clara aceleración desde octubre. Esta producción está inundando los mercados occidentales de productos tecnológicos baratos, haciendo inútiles los esfuerzos de los gobiernos. 

El 27 de marzo, la secretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, advirtió a Pekín contra esta estrategia en el ámbito de las energías renovables. Washington, a pesar del "exorbitante privilegio" del dólar, tiene incluso dificultades para hacer frente a la situación y se ve obligado a recurrir a ciertos sectores, como el de los semiconductores de última generación, en el que las sanciones americanas penalizan a China. 

Pero en un conflicto así, naciones de segunda fila como Francia, sin una especialización tecnológica significativa, difícilmente pueden esperar seriamente salir de apuros. Sobre todo porque la política americana también apunta a la competencia europea, lo cual es lógico en un contexto de sobrecapacidad general. 

Por lo tanto, es probable que el gasto al servicio del capital privado sea cada vez más ineficiente, lo que inevitablemente reforzará la presión del capital financiero. 

El inicio de un nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés en la zona euro en junio podría aliviar la presión. Pero el periodo 2009-2019 demuestra que la política monetaria es en general ineficaz para estimular la inversión y el crecimiento. Aún es posible un repunte, especialmente si la inteligencia artificial puede mejorar significativamente la productividad en los servicios. Pero el alcance de esta mejora está aún por ver, al igual que su duración. Por el momento, su difusión es aún demasiado limitada para juzgarla. 

Mientras tanto, este naciente régimen de austeridad neo-industrial, que intenta encontrar un equilibrio entre las exigencias contradictorias del capital en un contexto de creciente competencia política y económica, es extremadamente frágil e inestable. Al destruir los restos del Estado social, gana tiempo, pero refuerza también a las fuerzas que lo perturban.

Traducción de Miguel López

La expansión de la economía española este año y el siguiente se producirá al mayor ritmo entre las principales economías avanzadas, según el nuevo informe Perspectiva Económica Mundial, publicado este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recogido por Europa Press, que ha mantenido sin cambios su pronóstico para 2023, aunque ha rebajado en tres décimas el del próximo año.

En concreto, la institución dirigida por Kristalina Georgieva ha decidido mantener su pronóstico de julio de un crecimiento del 2,5% para España en 2023, pero ha revisado tres décimas a la baja la proyección de cara a 2024, cuando anticipa una expansión del 1,7% del PIB.

El informe, presentado este martes en Marrakech, donde el FMI celebra su reunión de otoño de 2023, advierte a nivel global del debilitamiento de la actividad del servicios coincidiendo con una persistente desaceleración manufacturera, cuando en el caso de España el pasado mes de julio la institución señalaba la pujanza de los servicios, especialmente del turismo, como uno de los motores que impulsaba el mayor crecimiento del país.

"La recuperación de los servicios está casi completa y la fuerte demanda que sustentaba a las economías orientadas a los servicios ahora se está debilitando", señala Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI.

Por otro lado, la institución advierte de que, en parte, la desaceleración contemplada en sus previsiones para la mayoría de países de la zona euro es el resultado de la política monetaria más estricta necesaria para reducir la inflación, que podría estar empezando a hacer efecto, aunque la transmisión es desigual entre países.

En este sentido, las nuevas proyecciones del FMI contemplan un crecimiento mundial del 3%, en línea con el pronóstico anterior, pero rebajan en una décima el ritmo de expansión esperado para el próximo año.

En el caso de las economías avanzadas, si bien la entidad mantiene sus previsiones anteriores en el 1,5% este año y el 1,4% el próximo año, existe una profunda divergencia entre el mayor optimismo para Estados Unidos, para el que mejora los pronósticos en tres y cinco décimas respectivamente, hasta el 2,1% en 2013 y el 1,5% en 2024.

Por contra, en el caso de la zona euro la institución internacional ha empeorado en dos décimas su anterior previsión de crecimiento para 2023, hasta el 0,7%, mientras que la proyección para 2024 también se ha recortado en tres décimas, hasta el 1,2%.

En cuanto a las economías emergentes, el FMI apunta a un crecimiento del 4% este año y el siguiente, manteniendo así el pronóstico anterior para 2023, pero recortando una décima el de 2024.

Entre las economías más relevantes de este grupo, la institución ha revisado a la baja sus expectativas para China, con un crecimiento del 5% en 2023 y del 4,2% en 2024, lo que supone un recorte de dos y tres décimas, respectivamente.

En el caso de la India, el FMI ha mejorado en dos décimas la previsión de crecimiento para este año, hasta el 6,3%, mientras que mantiene sin cambios la del próximo ejercicio, también en el 6,3%.

En cuanto a la evolución de los precios, los nuevos pronósticos del FMI apuntan a que la tasa de inflación de España registrará este año una media del 3,5%, frente al 8,3% correspondiente al año pasado, mientras que advierte de que los precios repuntarán en 2024, cuando la inflación promedio será del 3,9%.

De este modo, la subida de los precios en España será este año menos intensa de lo esperado en promedio para las economías avanzadas, con un alza del 4,6%, aunque el año que viene el pronóstico del FMI augura un alza del 3% para este grupo de países.

En el caso de la economía estadounidense, la institución internacional prevé que la tasa de inflación cerrará 2023 con una media del 4,1%, que se desacelerará al 2,8% el próximo año, aún por encima de la meta de estabilidad de la Reserva Federal de Estados Unidos.

De su lado, la previsión del FMI contempla que la inflación promedio para la zona euro este año sea del 5,6%, después del 8,4% correspondiente a 2022, para moderarse hasta el 3,9% un año después.

Entre las mayores economías de la zona euro, si bien Alemania, Francia e Italia registrarán en 2023 subidas de precios más intensas que España, con tasas de inflación del 6,3%, 5,6% y 6%, respectivamente, el FMI anticipa que en 2024 los tres países registrarán subidas de precios más moderadas que España, puesto que sus respectivas tasas de inflación estimadas serán del 3,5% en el caso de Alemania y del 2,5% para Francia, mientras que en Italia los precios aumentarán un 2,6%.

La expansión de la economía española este año se producirá a un ritmo sustancialmente mayor del previsto inicialmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha vuelto a revisar al alza su previsión de crecimiento para España en 2023, hasta el 2,5%, mientras que mantiene en el 2% el pronóstico para 2024.

De este modo, España se sitúa a la cabeza del crecimiento esperado en 2023 entre las principales economías avanzadas en las nuevas proyecciones publicadas este martes por la institución internacional, después de que el FMI haya aplicado al país la mayor revisión al alza para el pronóstico de expansión en este año.

De hecho, si bien la nueva previsión del Fondo para España en 2023 supone una mejora de un punto porcentual respecto de su pronóstico del pasado mes de abril del 1,5%, en lo que va de año ha aumentado en 1,4 puntos porcentuales su estimación del ritmo de recuperación para la economía española, ya que en enero anticipaba una expansión del 1,1%.

En este sentido, el FMI ha destacado que esta significativa mejoría de su previsión de crecimiento para España en 2023 tiene en cuenta la mayor solidez demostrada por parte de los servicios y el turismo, lo que también ha contribuido a mejorar las previsiones de países como Italia, aunque en el caso del país transalpino la mejora ha sido sólo de cuatro décimas, hasta el 1,1% en 2023, mientras que en 2024 se prevé una expansión del 0,9%.

Entre el resto de las principales economía de la zona euro, las nuevas proyecciones del FMI contemplan que Alemania sufra este año una contracción del PIB del 0,3%, dos décimas peor de lo esperado en abril, mientras que para 2024 anticipa un rebote del 1,3%, dos décimas más fuerte de lo previsto anteriormente.

En el caso de Francia, las nuevas proyecciones del FMI auguran un crecimiento del PIB del 0,8% este año y del 1,3% en 2024, lo que supone una mejoría de una décima para este año, mientras que mantiene el pronóstico para el próximo ejercicio.

De tal modo, para el conjunto de la zona euro, las nuevas previsiones del FMI apuntan a un crecimiento del 0,9% en 2023 y una aceleración hasta el 1,5% el próximo año, lo que supone en ambos casos una revisión al alza de una décima en comparación con los pronósticos del pasado mes de abril.

La economía española crecerá este año a un ritmo del 1,5%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que supone una revisión al alza de cuatro décimas respecto de la previsión anterior, aunque la institución internacional ha rebajado también en cuatro décimas su pronóstico de expansión para 2024, hasta el 2%, ha recogido Europa Press.

De este modo, España se mantiene como la gran economía de la UE con mayor ritmo de expansión este año y el próximo, según el informe Perspectiva Económica Mundial presentado este martes en Washington por el FMI.

En comparación con la actualización de previsiones del pasado enero, la economía española es la que registra la mayor revisión al alza entre las grandes economías europeas en el pronóstico del FMI para este año, pero también es la que sufre la mayor revisión a la baja en relación con las previsiones para 2024.

En cualquier caso, la economía española seguirá creciendo sustancialmente más que la media de la zona euro, cuya previsión de expansión ha sido revisada al alza una décima en 2023, hasta el 0,8%, pero dos décimas a la baja de cara al próximo año, hasta el 1,4%.

Las nuevas proyecciones del FMI para la economía española se sitúan así por debajo de las previsiones publicadas a finales de marzo por el Banco de España, que espera un crecimiento del PIB del 1,6% en 2023, así como del 2,3% en 2024 y del 2,1% de cara a 2025.

En cuanto al resto de proyecciones macroeconómicas, el organismo multilateral anticipa que la tasa de inflación de España se moderará este año hasta un promedio del 4,3% en 2023, frente al 8,3% de 2022, mientras que el próximo año los precios subirán una media del 3,2%.

De esta manera, el FMI ha ajustado al alza su pronóstico de inflación para España, ya que previamente esperaba una subida de los precios del 3,7% este año y del 2,7% en 2024.

Por contra, la institución se muestra algo más optimista en lo que respecta al mercado laboral y prevé que la tasa de paro bajará este año al 12,6%, frente al 12,8% estimado anteriormente, mientras que para 2024 confía en que caerá al 12,4%, una décima por debajo de su anterior proyección.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para 2023, cuando la economía mundial frenará su expansión al 2,9% desde el 3,4% de 2022, mientras que un año después anticipa un rebote del 3,1%, una décima menos de lo estimado en sus proyecciones del pasado otoño.

"La subida de las tasas de interés de los bancos centrales para combatir la inflación y la guerra de Rusia en Ucrania continúan lastrando la actividad económica", explica la entidad, para la que la reciente reapertura de China "ha desbrozado el camino para una recuperación más veloz de lo anticipado".

A pesar de esta ligera mejoría de la previsión de crecimiento para 2023, la institución internacional ha advertido de que la expansión prevista se sitúa por debajo de la media histórica entre 2000 y 2019 del 3,8%.

"No se prevé que el PIB mundial ni el PIB mundial per cápita registren un crecimiento negativo, algo que suele ocurrir cuando se produce una recesión mundial", destaca la institución en la actualización de sus perspectivas económicas mundiales.

En cuanto a la evolución de los precios, el FMI prevé que la inflación mundial disminuirá del 8,8% correspondiente a 2022 hasta el 6,6% en 2023 y al 4,3% en 2024, niveles aún superiores a los observados antes de la pandemia, cuando la tasa de inflación rondaba el 3,5%.

Asimismo, el FMI anticipa que el endurecimiento de la política monetaria ejercerá un efecto de enfriamiento sobre la inflación, que descenderá a escala mundial del 6,9% en el cuarto trimestre de 2022 al 4,5% en el cuarto trimestre de 2023.

"Aun así, el proceso de desinflación tomará tiempo", advierte el FMI, que avisa de que para 2024 los niveles medios de la inflación anual general y subyacente aún se situarán por encima de los niveles previos a la pandemia en el 82% y el 86% de las economías, respectivamente.

De este modo, a pesar de que la balanza de riesgos continúa inclinada a la baja, el FMI considera que los riesgos adversos "se han moderado", destacando que los factores que pueden impulsar al alza serían una contribución mayor de la demanda reprimida en numerosas economías o una caída más veloz de la inflación.

Entre los riesgos a la baja para el crecimiento, el Fondo advierte de una peor evolución sanitaria en China que frenase la recuperación, la intensificación de la guerra en Ucrania y un endurecimiento de las condiciones mundiales de financiación que agudizase las tensiones por sobreendeudamiento.

Asimismo, advierte del riesgo de que los mercados financieros puedan reevaluar súbitamente los precios en respuesta a novedades adversas en cuanto a la inflación, en tanto que la fragmentación geopolítica podría frenar el progreso económico.

"En la mayoría de las economías, ante la crisis del coste de vida, la prioridad sigue siendo lograr una desinflación sostenida", recomienda el FMI, que recuerda que el apoyo fiscal debe focalizarse mejor en los grupos más afectados por la crisis alimentaria y energética, retirándose las medidas de alivio fiscal generalizadas.

La desaceleración de la economía mundial en 2023 contemplada por las nuevas proyecciones del FMI obedece a la peor evolución de las economías avanzadas, mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se estima que el crecimiento tocó fondo en 2022 y que el crecimiento ganará impulso en 2023 gracias a la reapertura de China.

En concreto, las previsiones del FMI anticipan un crecimiento del 1,2% en 2023 de las economías más avanzadas y del 1,4% en 2024, lo que supone una mejora de una décima para este año, pero una rebaja de dos décimas para el siguiente en comparación con los pronósticos del pasado octubre.

Entre las economías más desarrolladas, el PIB de Estados Unidos registrará este año una expansión del 1,4%, cuatro décimas más de lo previsto anteriormente, aunque el FMI ha recortado dos décimas su pronóstico para 2024, cuando la mayor economía mundial crecerá un 1%.

Asimismo, ha mejorado sus proyecciones para la eurozona, cuyo PIB crecerá un 0,7% en 2023, frente al 0,5% estimado previamente, y un 1,6% el próximo año, dos décimas menos de lo anticipado en octubre.

En concreto, el FMI prevé ahora que Alemania logrará crecer un 0,1% en 2023, cuando en octubre anticipaba una contracción del 0,3%, mientras que para 2024 espera una expansión germana del 1,4%, una décima menos que en octubre, mientras que para Francia mantiene el pronóstico del 0,7% este año y el 1,6% un año después.

Asimismo, el organismo ha mejorado ocho décimas su pronóstico para Italia en 2023, con un 0,6%, aunque rebaja cuatro décimas el del próximo año, hasta el 0,9%. En el caso de España, el FMI revisa a la baja sus pronósticos de 2023 y 2024, con rebajas de una y dos décimas, respectivamente, hasta el 1,1% este año y el 2,4% en 2024.

En cuanto a la inflación, en las economías avanzadas se proyecta que esta disminuirá del 7,3% en 2022 al 4,6% en 2023 y el 2,6% en 2024, por encima del objetivo fijado como meta en varios casos.

De su lado, las previsiones para las economías emergentes y en desarrollo apuntan a un crecimiento del PIB del 4% este año y del 4,2% en 2024, lo que implicaría una mejora de tres décimas este año respecto del pronóstico anterior, aunque una rebaja de una décima para el próximo año.

Esta mejoría refleja la revisión al alza de la previsión de crecimiento para China en 2023, cuando crecerá un 5,2% en vez del 4,4% anticipado en octubre, mientras que mantiene sin cambios la expansión del 4,5% prevista para 2024.

Asimismo, la institución mantiene sin cambios sus pronósticos de crecimiento para India, con una expansión del 6,1% en 2023 y del 6,8% en 2024, mientras que ha revisado sustancialmente al alza las proyecciones para Rusia, que crecerá este año un 0,3%, cuando anteriormente anticipaba una contracción del 2,3%, mientras que en 2024 lo hará un 2,1%, frente al 1,5% proyectado en octubre.

En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el FMI proyecta que la inflación anual descienda del 9,9% en 2022 al 8,1% en 2023 y el 5,5% en 2024, es decir, por encima de la media del 4,9% previa a la pandemia.

En el caso de los países de bajos ingresos se proyecta que la inflación se modere desde el 14,2% en 2022 al 8,6% en 2024, niveles aún elevados pero cercanos a la media anterior a la pandemia.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado significativamente al alza su pronóstico de crecimiento del PIB para España en 2022, que eleva al 5,2% desde el 4,6% del pasado mes de noviembre, aunque ha recortado en una décima la proyección para este año, cuando espera una expansión del 1,1%, según las proyecciones recogidas en las conclusiones de las consultas para el informe Artículo IV de la economía española que recoge Europa Press.

Según la institución internacional, la desaceleración del crecimiento proyectado para España en 2023 respecto del año pasado "refleja los efectos de los altos precios de la energía y los alimentos, las condiciones financieras más estrictas y una demanda externa más débil". De este modo, el FMI anticipa que la actividad alcance su nivel previo a la pandemia a principios de 2024, cuando espera que el PIB crecerá un 2,4% y a un ritmo del 2,2% en 2025.

En cuanto a la inflación, la institución calcula una subida media de los precios en 2022 del 8,4%, que se moderará este año al 3,7% y al 2,7% en 2024, situándose en el 2,1% en 2025. No obstante, teniendo en cuenta el dato a final de año, para 2022 estima una inflación del 5,8% que bajará al 3,8% al final de 2023 y al 2,4% un año después, para situarse en el 2% al final de 2025.

Asimismo, el FMI espera que la tasa de paro, que cifra en el 12,8% en 2022, se mantendrá estable en 2023 para bajar al 12,5% el próximo año y hasta el 12,3% en 2025.

De su lado, la deuda pública será en 2023 el 112,1% del PIB, tras cerrar 2022 en el 112,8%, para bajar al 110% el año que viene y hasta el 109% un año después.

Los directores ejecutivos del FMI elogiaron la resiliencia económica de España y el sólido desempeño del mercado laboral en el contexto de sucesivos shocks, recoge el documento publicado por la entidad. Sin embargo, señalaron que las perspectivas están sujetas a una gran incertidumbre dada la vulnerabilidad a los efectos secundarios de la guerra de Ucrania, una demanda mundial más débil, condiciones financieras más estrictas y precios elevados de la energía.

En este contexto, subrayaron la importancia de políticas macroeconómicas flexibles y cuidadosamente calibradas, así como una fuerte implementación de la agenda de reformas estructurales para apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo.

La primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 11 años, el pasado mes de julio, puso en boca de los analistas la palabra recesión. En septiembre, Estados Unidos la estrenó al encadenar dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB: su economía se había contraído cinco décimas los primeros seis meses del año. Las bolsas mundiales se teñían de rojo. El encarecimiento de la energía, la inflación rampante y el precio del dinero en máximos desconocidos desde 2008 hacían presagiar tiempos oscuros para la economía mundial.

Así que, cuando en octubre BBVA Research predijo que España acabaría 2022 en recesión y en esa misma tónica empezaría 2023, parecía lógica la confirmación de que la profecía alcanzaba también a la economía española. Entonces el centro de estudios del segundo banco español preveía que el PIB español iba a caer un 0,3% en el cuarto trimestre y otro tanto en el primero del año que recién comienza. Lo que los economistas llaman “recesión técnica”. Eso sí, subrayaba que sería la más corta de los últimos 30 o 40 años. En cualquier caso, pronosticaba un crecimiento del PIB para todo el ejercicio que subía hasta el 4,4%, tres décimas más que en su anterior previsión, pero bajaba el de 2023 al 1%.

Poco después le acompañó en sus anuncios de “posible decrecimiento del PIB” Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorro. En concreto, auguraba una caída de la economía del 0,4% en el cuarto trimestre de 2022 y otro tanto en el primero de 2023. Unos días más tarde fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a través de su presidenta, Cristina Herrero, la que no descartaba la recesión técnica, puesto que vaticinaba un retroceso del PIB del 0,2% o el 0,3% tanto en el cuarto trimestre de 2022 como en los tres primeros meses del nuevo año. Y como el deterioro del resto de los países europeos estaba siendo muy intenso, la AIReF no excluía una nueva revisión al alza de esas caídas de actividad. A las predicciones negativas se terminó sumando el banco británico Barclays, que avanzó una caída del PIB mucho mayor, del 1%, en el fin del año e incluso del 2,3% en el primer trimestre de 2023 y de un 1,3% en el segundo. De forma que España sólo remontaría a partir del verano y gracias al turismo.

Fue en noviembre también cuando la Comisión Europea calculó que toda la UE entraría en recesión técnica con una caída del PIB de cinco décimas antes de acabar 2022 y de otra décima más en el inicio de este año. Lo mismo predecía para la zona euro. Aunque dejaba fuera de la recesión a España, con una contracción del PIB del 0,3% de octubre a diciembre, pero con un primer trimestre de 2023 al 0%. En la misma línea se había pronunciado el BCE ya en octubre, cuando su jefe de Riesgos, Fernando Monar, advirtió del carácter “inevitable” de la recesión técnica en toda la eurozona, aunque “temporal” y no muy profunda. “No es descartable que la eurozona entre en recesión técnica en los próximos trimestres”, corroboró su vicepresidente, Luis de Guindos, “pero esta situación no supondría una recesión excesivamente intensa”.

Por su parte, el Banco de España nadaba y guarda la ropa: excluía la recesión “en su escenario central”, pero advertía de que habían aumentado las probabilidades de que la hubiera. Y revisaba sus previsiones de crecimiento económico para 2023, del 2,8% al 1,4%, por culpa de una inflación “más alta y persistente de lo esperado”.

El ánimo de las empresas reflejaba el mismo pesimismo. Al menos a tenor de las encuestas realizadas por KPMG y PwC esos mismos meses a altos ejecutivos, que veían en el horizonte una recesión, aunque “suave y breve” e incluso temían un comienzo de 2023 peor que el final de 2022.

Por entonces, la realidad de los números había devuelto el crecimiento a la economía de Estados Unidos, con un alza del PIB del 0,6%, pero las de Reino Unido y Países Bajos perdían un 0,2% y la de Bélgica un 0,1%. En el tercer trimestre también cayeron los PIB de Letonia, Eslovenia, Hungría, Chequia y Finlandia. Alemania creció tres décimas, Francia dos e Italia cinco. La economía de la Unión Europea mejoró sólo un 0,2%, la peor cifra desde el primer trimestre de 2021.

Entre julio y septiembre España apenas creció una décima, tras un segundo trimestre con una subida del 2%, pero revisó el comportamiento del PIB en tasa interanual y aumentándolo hasta el 4,4%, seis décimas. La bajada del precio del gas y el petróleo, un mercado de trabajo que resiste, a diferencia de crisis anteriores, y una inflación que va conteniéndose gracias a las caídas de los carburantes y la electricidad han impedido el desastre que se auguraba. “Se acabará el año mejor de lo que pensábamos porque la economía europea y la española han demostrado que son más resilientes de lo que esperábamos”, reconoció el pasado 20 de diciembre en una entrevista en Radio Euskadi el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Domenech.

Para entonces, el centro de estudios del banco ya había revisado su pronóstico: el PIB quedará estancado en el cuatro trimestre o igualará el crecimiento del tercero. Además, subió el de todo el año al 4,6%. También el de 2023, hasta el 1,2%. Aun así, insiste el BBVA en que no puede descartarse por completo que la economía caiga en tasas negativas en 2023, arrastrada por la recesión en la zona euro y el agotamiento de la recuperación del turismo, mientras la subida de precios impacta en el consumo, se sigue desacelerando la creación de empleo y aumentan los tipos de interés. Pero de nuevo con matices. “A eso no le llamaríamos recesión”, apuntaba Domenech en esa entrevista, “porque el escenario base es de crecimiento económico, ligera creación de empleo y mantenimiento de la tasa de paro”. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, repitió la predicción al comparecer en la Comisión de Presupuestos del Senado: el PIB en el cuarto trimestre puede experimentar un “leve crecimiento”, similar al del tercero. En consecuencia, el organismo supervisor aumenta su previsión de mejora del PIB para este año hasta el 4,6% “debido a un avance más intenso de lo esperado en la segunda mitad del año”, pero aun así recorta las de 2023 hasta el 1,3%, por el “empeoramiento del contexto exterior”.

En esas cifras se sitúan ahora la mayoría de las instituciones y analistas: un 4,5% de crecimiento para 2022 y un 1,1% para 2023.

No obstante, hubo muchos que fueron más optimistas. El Banco Sabadell rechazaba que España fuera a caer en recesión “ni este año [2022] ni en 2023”, según rebatió su consejero delegado, César González-Bueno. O Caixabank, que, si bien previó una “ligera” contracción en el cuarto trimestre de 2022, auguraba un primer trimestre de 2023 plano. Estancamiento sí, recesión no. También Mapfre Economics, Goldman Sachs, Deutsche Bank y S&P Global salvaban a España de la recesión que sí adivinan para el resto de la eurozona, con cifras negativas de PIB para este año. La confianza de los consumidores en España no ha caído tanto como en el resto de la UE, los fondos europeos deben sostener el repunte de 2023 y la economía nacional está menos expuesta a la crisis de la energía que Alemania o Italia, recuerdan. Todos ellos se situaron en octubre en sintonía con las previsiones del FMI, que citaba España como uno de los países que esquivarán la recesión en 2023 gracias a un crecimiento “fuerte”. Casi el doble que Francia y lejos de la recesión que vaticina para las economías alemana e italiana. El BCE, ya en diciembre, elevó su previsión para la zona euro hasta el 3,4% en 2022, al tiempo que la redujo a sólo el 0,5% para este año. “Los niveles de incertidumbre siguen en niveles muy elevados”, resumió su director general de Economía, Óscar Arce. 

El nuevo año se abre con la incógnita de qué va a ocurrir con los salarios. A las puertas de un alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se adivina voluminosa y de que, quizá, se reanuden las hasta ahora fallidas negociaciones de la patronal y los sindicatos para fijar las subidas retributivas de los próximos tres años, las nóminas piden cambios. Sobre todo, tras un año que ha terminado con la inflación contenida en un sorprendente 5,8% pero en el que la subida media pactada en los convenios colectivos no es más que el 2,69% –hasta noviembre–. Es decir, con un IPC que llegó a escalar hasta el 10,8% en julio, un nivel desconocido desde 1984, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajador s es manifiesta.

Al mismo tiempo, hay empresas y sectores que están concediendo aumentos ajustados a la inflación, o casi. Los supermercados Consum suben los sueldos un 9% este año mientras que las consultoras han firmado el 10,75% para 2022 con efectos retroactivos, pero un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. Los supermercados Dia pagarán entre un 8% y un 12% más a las plantillas este año y el próximo. Los tripulantes de cabina han conseguido un alza del 10,29% para 2022 y 2023 que puede superar el 14,3% acumulado en 2024. Otras empresas, como Mercadona y Telefónica, han subido los salarios lo mismo que la inflación porque así les obligan sus convenios.

No obstante, la CEOE rechaza que los salarios aumenten en la misma medida que los precios. “No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más”, declaró su presidente, Antonio Garamendi. En la mesa que quedó en suspenso el pasado mayo, su oferta no pasaba del 3,5%. Para el SMI, han subido al 4%. La presión de los costes de la energía y la lenta recuperación de la pandemia, asegura la patronal, impiden a las empresas asumir las mejoras salariales que les exigen los sindicatos.

Por el lado de la academia, además, los economistas advierten del riesgo de los llamados “efectos de segunda ronda”: que la subida de los precios empuje los salarios de tal forma que estos, a su vez, alimenten los precios y se produzca una temible espiral que alargue la inflación. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido también una de las voces alertadoras de ese peligro y de quienes más han reclamado un pacto de rentas para conjurarlo. El organismo supervisor percibía en noviembre “algunas señales de fatiga”, en referencia a la presencia de cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y a un mayor traslado de los precios energéticos a los precios de venta finales de las empresas. Pero, sólo un mes más tarde, sus analistas sostenían que una parte considerable de ese contagio ya se ha producido y que no veían en el horizonte efectos de segunda vuelta “significativos”, por el aumento de los márgenes empresariales o por los salarios, que pudieran “desencadenar fenómenos de retroalimentación de las actuales presiones inflacionistas”.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, tampoco cree que las empresas españolas hayan trasladado de forma agregada todo el aumento de costes a los precios de ventas de sus productos y servicios en los nueve primeros meses de 2022, aunque sí advierte diferencias según los sectores. En concreto, mencionó la hostelería y el comercio, que están aplicando márgenes superiores a los de 2019, antes de la pandemia.

En realidad, los precios ya habían comenzado a subir antes de la guerra en Ucrania: el IPC de diciembre de 2021 se situó en el 6,5%, siete décimas por encima del que ha cerrado 2022. Y antes de que las tropas rusas atacaran el Donetsk el 24 de febrero, tanto el gas como la electricidad y los carburantes se habían encarecido. Sin embargo, no fue en España donde el shock energético fue mayor, en comparación con otros países europeos, tal y como lo han medido Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, y Ana Lamo Rubio, economista del BCE, en un análisis sobre la evolución reciente de los salarios. También destacan que antes de la invasión rusa no se produjo un traslado de los márgenes de beneficios y los salarios a la inflación: España es uno de los países donde mayor era la distancia entre los costes de producción –medidos con el deflactor del PIB– y los precios del consumo –el IPC–. Lo mismo ocurrió en Italia, Portugal, Países Bajos y Eslovaquia. Lo contrario que en Bélgica, Grecia o Luxemburgo y los países bálticos.

Jimeno y Lamo explican que sólo el 3% de los trabajadores del sector privado en la eurozona tiene sus salarios vinculados de forma automática a la inflación y sólo el 18% lo tienen en cuenta en la negociación salarial. Además, la actualización según el IPC no es instantánea, sino que sufre una cierto desfase temporal debido a los mecanismos establecidos en los convenios colectivos: unos 18 meses de media tardan en aplicarse las subidas. Pero, aun sumados el shock energético y las alzas salariales, antes de la invasión de Ucrania ni siquiera en Italia y Francia, donde hubo una “elevada aceleración de los salarios”, estos se trasladaron a la inflación. En España fue un poco mayor el contagio, pero inferior al que sufrieron Países Bajos, Alemania y, sobre todo, Bélgica.

Los autores recuerdan que los salarios reales –una vez descontado el efecto de la inflación– llevan alicaídos mucho tiempo. La menguante participación de los salarios en el PIB por causas tecnológicas, que han aumentado la intensidad del capital en detrimento del factor trabajo, y el cada vez mayor peso del sector servicios, con peores sueldos, explican una parte de ese declive. Como también la caída del número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral por el descenso de la natalidad y los salarios cada vez menores que se les pagan. Finalmente, los sueldos se recortan más durante las recesiones de lo que suben durante las fases expansivas de la economía. La gran crisis tras la ruptura de las burbujas financiera e inmobiliaria trajo como consecuencia en enorme recorte salarial en países como España. Sólo tras la pandemia, que desajustó la oferta de puestos de trabajo y las cualificaciones profesionales demandadas por las empresas, la escasez de cierta mano de obra ha empujado los salarios hacia arriba, hasta cierto punto.

Por el contrario, Lamo y Jimeno aseguran que no existe “evidencia empírica concluyente” de que los márgenes de beneficios de las empresas se transmitan directamente a la inflación. Un punto en el que no está de acuerdo Isabel Schnabel, representante alemana en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), quien ya en octubre, con ocasión de un discurso en A Toxa (Pontevedra), mencionó el “notable” aumento de los beneficios en sectores como la hostelería y el transporte, hasta casi un 20%; es decir, más del doble de lo que lo han hecho los salarios nominales y las facturas energéticas. Y cifró en un 5% la caída de los salarios reales en la UE desde el final de 2021, antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Lo mismo, pero referido a Estados Unidos, sostienen Thomas Ferguson, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, y Servaas Storm, de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) en un estudio sobre El mito y la realidad del gran debate sobre la inflación. Ambos no sólo niegan que el milmillonario programa de ayudas de Joe Biden –1.900 millones de dólares– sea una de las causas de la inflación en Estados Unidos y en el resto del mundo, como han apuntado algunos economistas, incluido el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers. Sino que también consideran el aumento de los márgenes de las empresas como uno de los factores que explican el alza de la inflación.

Según sus cálculos, los márgenes crecieron un 42% en Estados Unidos entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de 2022, mientras que el deflactor del PIB –los costes de producción de las empresas– sólo aumentó un 16% –el énfasis es de los autores del estudio–. “Los márgenes de beneficios no habían sido tan altos desde 1950”, subrayan, “por lo que no hay pruebas de que el aumento de los salarios se esté comiendo los beneficios de las empresas”. Además, culpan al alza de los márgenes del 40% del crecimiento del deflactor del PIB, cuando su contribución no superaba el 13% de media entre 1979 y 2019.

Ferguson y Storm resaltan también que las retribuciones de los máximos ejecutivos de las empresas se han disparado en Estados Unidos un 11,1% desde 2020, el triple de lo que han crecido los salarios nominales de los trabajadores. Ambos autores no resisten la tentación de citar a Adam Smith, el padre del liberalismo económico, en su obra fundamental, La riqueza de las naciones: “Los altos beneficios tienden mucho más a elevar el precio del trabajo que los altos salarios […]. Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los salarios altos en el aumento del precio […]. Nada dicen de los efectos perjudiciales de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre los efectos perniciosos de sus propias ganancias. Sólo se quejan de los efectos de las ganancias de otros”.

Otro análisis, firmado por seis economistas del FMI, concluye que no hay evidencia histórica de que una subida de salarios sea señal inequívoca de que se producirá una retroalimentación entre salarios y precios. Los autores crearon una base de datos con 79 episodios de espirales de precios y salarios desde los años 60 hasta ahora en 38 países, incluido España. Tres son las crisis inflacionistas españolas que mencionan: las de 1986, 1989 y 2000. Las dos últimas se parecen a la actual por el peso de los precios energéticos.

“Las espirales de salarios y precios, definidas como una aceleración persistente de precios y salarios, son difíciles de encontrar en los registros históricos recientes”, aseguran. Sólo en un puñado de casos experimentaron una mayor aceleración de precios y salarios después de ocho trimestres. Destacan la inflación que azotó Estados Unidos en 1973 tras el embargo petrolero de la OPEP y no desapareció hasta 1975. “Sin embargo, los salarios nominales no aumentaron, por lo que los reales disminuyeron”, concluyen.

Por el contrario, los 22 episodios similares a la inflación actual –con subida de salarios nominales pero caída de los reales y desempleo plano o decreciente– no tuvieron efectos de segunda ronda. Por el contrario, los analistas del FMI aclaran que en esas ocasiones anteriores los salarios nominales tendían a alcanzar la inflación para recuperar la pérdida de los salarios reales y fueron consistentes con la tasa de paro de cada país, pero no provocaron la temida espiral. “De hecho, la historia sugiere que los salarios nominales pueden acelerarse mientras la inflación retrocede desde niveles altos”, concluyen.

El debate sobre la inflación, sus causas y sus curas, ocupará 2023 tanto como el propio fenómeno. Desde otro ángulo, el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard ha hecho su aportación en Twitter estas navidades. Ve la inflación como el resultado de un conflicto distributivo entre empresas, trabajadores y contribuyentes. Que sólo se detendrá cuando todos ellos se vean “obligados a aceptar el resultado”: que el pastel que se reparten es más pequeño.

A su juicio, son los bancos centrales los que terminan obligando a los jugadores a conformarse. Subiendo los tipos de interés. “Enfriando la economía, pueden obligar a las empresas a aceptar precios más bajos a unos determinados salarios, y a los trabajadores a aceptar menores salarios con unos precios determinados”, explica. La alternativa, una negociación entre empresas, trabajadores y el Estado para estabilizar los precios sin que sea “doloroso”, es para Blanchard poco menos que un unicornio. “Desgraciadamente”, sentencia, “[esa solución] requiere más confianza de la que se puede esperar y, sencillamente, no ocurre”. Un jarro de agua fría, por tanto, para el pacto de rentas que ni siquiera pudo ser esbozado en 2022.