Febrero de 2025. La escritora feminista Cristina Fallarás publica en sus redes sociales el testimonio de una mujer anónima. La autora de la publicación habla de un "copywriter, mayor referente ahora mismo en España, muy macarra" y relata que este hombre, cuyo nombre no se menciona en ningún momento, la "acosó sexualmente", la "engañó, manipuló, chantajeó" y "presionó para que accediera a ser su amante". 

Más de un año después, la periodista y divulgadora se ve obligada a pisar los tribunales en respuesta a una demanda interpuesta por Israel Bravo. Él es copywriter –algo así como un redactor publicitario–, se considera el mejor en su ámbito y cree que hay razones para pensar que el relato de aquella mujer lleva su nombre. Así que ha decidido demandar a Cristina Fallarás, a quien exige una indemnización que asciende a 20.000 euros, por entender que ha vulnerado su honor.

En realidad, la denuncia contra la feminista no es un fenómeno aislado. No son pocos los individuos y organizaciones que han decidido llevar a voces del movimiento feminista ante la justicia, con un fin muy claro: poner coto a la divulgación del mensaje feminista y silenciar a las cientos de miles de mujeres decididas a narrar sus violencias. 

¿Pero quiénes son esos sujetos? Israel Bravo (1977) reside en Andorra –un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España– porque le "sale de los cojones", según él mismo afirma. "Esto lo digo para los podemitas, los envidiosos, los casposos y los medios subvencionados y babosos del estado", escribe él mismo en su página web. Cosecha 26.400 seguidores en Instagram, aunque no cuenta con ninguna publicación en la red social. En realidad, tal y como él mismo admite en diversas entrevistas, su trabajo lo canaliza a través del correo electrónico, con una bolsa de hasta 60.000 suscripciones. También cuenta con una membresía llamada Me la saco, con miles de seguidores.

El nombre escogido resume con precisión las bases sobre las que se asienta su discurso. Porque si bien el publicista se presenta como una suerte de servidor de quienes buscan prosperar en el mundo de los negocios, en realidad su marco discursivo es puramente ideológico. Y uno de los principales canales de difusión que ha encontrado –así suele suceder en tiempos de machosfera– son los podcast. 

En una entrevista emitida en el canal Wall Street Wolverine hace un año, el publicista no tiene ningún pudor en sentar cátedra sobre el feminismo. "El feminismo está haciendo daño a las mujeres y a la sociedad", pronuncia. Y añade: "Cuando el feminismo trata de manipular a las jóvenes les hace sentir odio por las cosas pasadas". Para reforzar sus tesis, incluye también experiencias personales: "A mí me viene una tía con un discurso feminista y, si no se lo desactivo en una tarde –la mayoría de veces sucede, la verdad–, no me interesa en absoluto, porque paso de gente que está metida en una secta".

En el canal Carisma y confianza desarrolla en profundidad esto último, protagonizando el vídeo Ligar provocando (no apta para femilocas), en el que asegura que "la mayoría de las feministas woke están a un buen polvo de votar a Vox". E incluso llega a afirmar que las niñas manipulan a varones adultos: "Las mujeres desde niñas manipulan, hacen daño a otras niñas, desde niñas manipulan y engañan a hombres también".

Con sus intervenciones públicas, el publicista consagra un discurso sólido que busca deslegitimar el feminismo como movimiento político, un posicionamiento ideológico claro que sirve para contextualizar su guerra particular contra militantes feministas como Cristina Fallarás. 

Sergio Candanedo (1988) demandó a la periodista feminista Yolanda Domínguez en noviembre de 2019, también apelando a su derecho al honor. Fue el Tribunal Supremo el encargado de dirimir sobre la demanda interpuesta por el youtuber ultra, más conocido bajo el pseudónimo de Un tío blanco hetero. Ella le llamó "machista, troll y violento con las mujeres". Él decidió denunciarla por haber supuestamente vulnerado su derecho al honor. Los jueces le dieron la razón a la divulgadora feminista.

En el año 2018, el influencer decidió sumergirse en el mundo de las redes sociales especializándose en una materia: el antifeminismo. Lo hizo, además, en un momento simbólico: aquel fue el año de las grandes movilizaciones feministas, las convocatorias contra la sentencia de La Manada y las huelgas del 8M. No tardaría en convertirse en uno de los referentes del ecosistema antigénero en suelo español, aunque hace ahora tres años anunció que dejaba el país por motivos fiscales. 

En sus redes habla de "charocracia", defiende sin matices el falso síndrome de alienación parental –al que sitúa como una forma de "maltrato infantil" que se lleva a cabo "de forma habitual"– y ridiculiza sistemáticamente al movimiento feminista. Hace cuatro meses, publicó en su canal el vídeo Así ha sido el 8M más desquiciado de la historia, en el que se burla reiteradamente de las manifestantes y carga contra figuras públicas como Cristina Fallarás o Irene Montero."Decir que Sarah Santaolalla tiene mitad tetas, mitad tonta, es algo así como un ataque terrorista", ironiza en el mismo vídeo.

En el discurso que se ha esforzado en difundir en los últimos años –no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación y en espacios de debate– insiste en premisas sin fundamento, según las cuales "la vida del hombre vale menos que la de la mujer" o "el feminismo fomenta la mojigatería, la represión y el discurso antisexo", criticando sin tapujos que "ahora se necesite un sí explícito para follar". 

En cuanto a su batalla judicial, lo cierto es que sigue estando detrás de algunas demandas importantes contra feministas, aunque de forma indirecta. En el año 2022, el youtuber recaudó los fondos necesarios para que Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, líder de Infancia Libre, denunciara a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, Pam, por vulnerar su honor al señalarle como agresor –aunque tampoco habían pronunciado su nombre–. La recaudación de fondos la hizo en alianza con la asociación Anavid, conocida por sus posiciones negacionistas y encargada de organizar junto a Vox una jornada en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas".

Fue el responsable también de conseguir financiación para que la jurista Guadalupe Sánchez llevara ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una resolución judicial del Tribunal Constitucional que daba amparo a una mujer y a su hijo, obligados por una sentencia a vivir en la misma ciudad que su maltratador. "Sin tu crowdfunding no habría sido posible", le dedicaba la letrada al creador de contenido.

En su cuenta de Instagram, Valentina Ortiz (1996) se define abiertamente como antifeminista y se erige como defensora de los hombres. Tiene 72.900 seguidores, una cifra que se multiplica por cinco en su canal de YouTube La entropía de Valen, en cuyos vídeos incluye direcciones de monederos para recibir aportaciones en bitcoins y criptomonedas. La argentina –residente en suelo español de forma intermitente– está detrás de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, encargada de demandar a la humorista Pamela Palenciano en el año 2021 por su monólogo No solo duelen los golpes. Entre sus argumentos, una supuesta incitación al odio contra los hombres. La causa quedó archivada un año después.

En los últimos años, Ortiz se ha autoproclamado una de las principales creadoras de contenido encargadas de difundir discursos antifeministas en español. Los vídeos que comparte en su perfil acumulan miles de visitas y guardan un evidente parecido estético con los de otros youtubers, como Un tío blanco hetero. El grueso de su contenido está centrado en cargar contra el movimiento feminista, a cuyas militantes se refiere despectivamente como "femibolches" –un término formado por las palabras feminista y bolchevique–.

En su vídeo Odio a las feministas y te explico por qué, publicado hace tres meses, la ultra confronta lo que tilda como "perversiones" del feminismo –siempre en base a bulos e interpretaciones torticeras–, destaca su "repulsión" hacia las mujeres activistas e incluye menciones especiales a Beatriz Gimeno, Marta Nebot y, una vez más, Cristina Fallarás. También contra Sarah Santaolalla, a quien describe como "una choni con cara de muñeca inflable".

En un vídeo con el ultra Roberto Vaquero, llamado La gran estafa detrás de la violencia de género, elogia al negacionista Juan Soto Ivars, relativiza la violencia de género, difunde bulos encaminados a apuntalar la falacia de las denuncias falsas y niega la existencia del patriarcado en los países occidentales. 

Un patrón muy similar sigue el creador de contenido Isaac Parejo (1987). Conocido en las redes sociales como InfoVlogger, el activista construye su contenido a partir de análisis sobre la actualidad política, siempre desde posturas antifeministas y conservadoras. No en vano, él mismo presume de ser uno de los miembros fundadores de la fachosfera. 

A finales de 2022, interpuso una demanda contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, después de que este se refiriera en redes sociales a él y al grupo Los Meconios como "degenerados", tras una actuación junto a Vox interpretando la canción Vamos a volver al 36. Una vez más, la demanda se sustentaba en el derecho al honor del agraviado. Y de nuevo, fue desestimada íntegramente. 

En unas jornadas organizadas a mediados del año pasado por el partido de Santiago Abascal en el Congreso, el influencer perfilaba nítidamente su papel dentro del mundo de las redes sociales: "Había un espectro de la sociedad que estaba huérfano. Todo era progresismo, todo era wokismo. Había millones de personas que no tenían una voz y esa es la razón por la que nacimos los fachatubers". Los medios tradicionales, añadía ante los micrófonos, siguen "recibiendo dinero", pero "no están cumpliendo con su trabajo: influir en la sociedad y cambiar el voto de la gente. Y eso no lo están consiguiendo, lo estamos consiguiendo nosotros".

La cultura no se reduce a destacar los sentidos del arte y la literatura, lo que ocurre en las paredes de un museo, los escenarios, las pantallas y las páginas de un libro. Necesita también analizar las dinámicas del mundo que habitamos. Tomar conciencia de nuestros sentimientos y nuestras razones es inseparable de la apuesta por la dignidad humana que sostiene desde la ilustración nuestros valores democráticos. El fenómeno de la transformación tecnológica y las redes sociales ha supuesto una nueva oportunidad para el feudalismo, ya que las supersticiones se mueven por nuestras vidas en forma de bulos y de pseudoperiodismo. El pensamiento democrático tiene motivos serios para estar preocupado. Y es una trampa que el uso masivo y popular de internet sea convertido en argumento contra el pretendido paternalismo de los intelectuales de siempre, dispuestos a distanciarse de las costumbres generalizadas para dar lecciones de alta cultura. La conciencia crítica frente a las nuevas formas de dominio ideológico no supone ninguna forma de paternalismo, sino una responsabilidad intelectual en defensa de la convivencia democrática.

Jordi Gracia acaba de publicar el panfleto La izquierda ante el tecnofascismo (Anagrama), decidido a denunciar la situación de unas sociedades en las que el poder económico y los medios controlados de información quieren disponer de las directrices políticas en beneficio de los oligarcas. Asume el tono del panfleto para destacar el compromiso urgente del pensamiento crítico en esta situación. La izquierda democrática no sólo debe superar las críticas de paternalismo, sino que tiene que aprender a legitimar modelos serios de regulación y control para defender el estado del bienestar. Y, además, debe ser consciente de lo que ahora se esconde en las viejas banderas de la rebeldía y la libertad. La libertad es hoy ley del más fuerte y las banderas de su rebeldía son un peligro para la paz, el medio ambiente, la igualdad y la fraternidad.

Como Jordi Gracia alude en sus argumentos a los posibles esclavos involuntarios del sistema y a los nuevos rebeldes de la contrarreforma, la lectura de su libro me ha recordado una distinción en la que he pensado mucho cada vez que necesito discutir sobre las redes sociales, los tecnooligarcas y las nuevas formas de comunicación. No es lo mismo un tonto que un idiota. Según el diccionario de la RAE, tonta es la persona falta de razón y de entendimiento. La palabra idiota añade un matiz decisivo en nuestro tiempo: engreído sin fundamento.

El éxito manipulador de las redes del pensamiento reaccionario puede explicarse por la manipulación de esclavos involuntarios que son engañados hasta conseguir que una población vote en contra de sus propios intereses. El pobre que necesita la sanidad pública vota en favor del oligarca que acaba con la sanidad pública para favorecer el negocio de la medicina privada. Ese es un dato llamativo, pero la tontería no basta para explicar la profundidad de las estrategias de un sistema enemigo que nos conoce bien. Hay una apuesta cultural más profunda.

El neoliberalismo ha desplazado poco a poco las ilusiones colectivas en favor de un individualismo radical. Soy dueño de mis triunfos y responsable de mis fracasos, así que me sobran la política y las vigilancias de un Estado social. En esta lógica, los oligarcas no piensan sólo en tontos a los que manipular, sino en idiotas engreídos que se conviertan en activistas de una contrarreforma y olviden en nombre de su hedonismo consumista el conocimiento, la meditación y el estudio, animados por el populismo y la rabia de los insultos. Los engreídos llegan a creerse dueños de sus idioteces y las consumen con avaricia. Basta con pasearse un momento por las redes para ver hasta qué punto están habitadas, más que por tontos que son engañados, por idiotas engreídos que se creen en posesión rabiosa de su verdad.

Y cuando las redes se presentan como nuevas formas de agrupación dicen una verdad sesgada. No es que acaben con el individualismo en sus nuevas formas de comunicación, es que convierten los rencores individuales en el argumento prioritario de cualquier reunión. De ahí el éxito populista de los movimientos reaccionarios que se agrupan en nombre de los rencores personales y no en favor de las ilusiones colectivas.

No soy intelectual paternalista, sino un ciudadano preocupado por el mundo que habita. Por eso aconsejo la lectura de este ensayo de Jordi Gracia: La izquierda ante el tecnofascismo. Que los tontos y los idiotas sigan sin perdonarme. Ya estoy acostumbrado a sus insultos.

Ya no son generales o coroneles, no utilizan la violencia, ni encierran en campos de concentración. Son expertos en manipulación. Distorsionan la información hasta convertir la mentira en verdades a fuerza de ocupar las cabeceras de los medios de difusión que han comprado. La prensa como cuarto poder.

Su objetivo es el ciudadano acrítico, el que se autorretrata ni de izquierdas ni de derechas. Ni negro ni blanco, ciudadano temeroso o desclasado rencoroso, propenso a ser un hooligan de cualquier ideología. El ciudadano crítico es un peligro, hay que reconvertirlo en súbdito obediente que no pregunte. No debemos olvidar que el núcleo de las huestes fascistas en Italia, o aquí los falangistas, se nutrían de desclasados, obreros ignorantes o burguesía venida a menos, que odiaban a los aristócratas pero pronto los sustituirían. Lo hemos visto con Milei en Argentina, EEUU con los votos de muchos desclasados que aspiran a ser admitidos en el mundo que manda, el sajón. Utilizan el falso patriotismo envueltos en banderas, para vender la patria al mejor postor y de paso quedarse con la comisión.

Este nuevo poder —llamado neo-liberal— que dice representar al nuevo capitalismo, muy alejado de los orígenes de la Ética protestante de Max Weber, es pragmático y presume de odiar las ideologías, sobre todo la socialista, por una simple razón: no quieren repartir sino acumular riquezas. Proclaman que el Estado no debe intervenir y defienden la libertad, pero la libertad del más rico, el nuevo aristócrata, que según su ideología es el que debe mandar. Las redes sociales —que dominan— han sustituido a mítines políticos y asambleas de debate y engañan a los tibios, inoculando un conformismo que bloquea cualquier cambio. Prefieren retornar a un pasado, en el que el pobre era sumiso, bajaba la cabeza y pedía perdón antes de abrir la boca.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

Una fotografía cualquiera basta para alimentar las aplicaciones que prometen desnudar imágenes. Un retrato de perfil, una instantánea de vacaciones o una foto de campaña electoral se introducen en el programa. En cuestión de segundos, el sistema devuelve una imagen sexual manipulada de la persona retratada.

La fotografía resultante es falsa, pero el daño que provoca es muy real. Una vez publicada, la imagen se copia, se comparte y queda indexada en buscadores antes de que nadie pueda rastrear su origen.

Un análisis recién publicado en el el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) firmado por Benjamin Shultz, investigador principal de la American Sunlight Project (ASP), organización con sede en Washington dedicada a denunciar los peligros en línea, sostiene que muchas de las aplicaciones que generan vídeos con contenido sexual explícito ni siquiera funcionan con imágenes de hombres porque el sesgo de género está integrado en los datos con los que se entrenan las herramientas.

Según este investigador, en los últimos dos años los enlaces que publicitan estas aplicaciones han crecido más de un 2.400% en las principales plataformas sociales. Una práctica antes marginal y técnicamente compleja se ha convertido en un producto de consumo barato y fácil de usar.

Shultz sostiene que cuando las víctimas son mujeres con proyección pública, el objetivo de estas imágenes cambia: buscan desacreditarlas, humillarlas y silenciarlas. Políticas de distintos países han sido blanco de imágenes sexuales falsas programadas para coincidir con elecciones, controversias o momentos de visibilidad.

Hasta hace poco, la evidencia sobre el fenómeno era sobre todo anecdótica. Salía a la luz a través de testimonios individuales, incidentes virales en redes como X o 4Chan, o titulares sueltos de la prensa local.

Esa situación empieza a cambiar. ASP midió por primera vez con qué frecuencia aparecen los miembros del Congreso de Estados Unidos en sitios que alojan deepfakes. A partir de ese trabajo, Shultz ha presentado los resultados preliminares de un estudio transnacional sobre cerca de 2.200 miembros de parlamentos de ocho democracias.

Para establecer un punto de referencia, Shultz utilizó un motor de búsqueda personalizado. Comprobó si los nombres de esos parlamentarios y parlamentarias aparecían en cerca de dos docenas de dominios que alojan deepfakes. Decenas de nombres aparecieron.

El estudio encontró dos patrones principales. El género resultó ser el factor predictivo más relevante de la exposición a esos dominios. Las legisladoras tienen una probabilidad mucho mayor de aparecer en ellos que sus colegas hombres.

El segundo patrón afecta a la legislación. En los países con leyes explícitas contra este tipo de abuso, la probabilidad de que las legisladoras aparecieran en esos dominios fue significativamente menor. Una prohibición legal clara parece tener un efecto disuasorio.

La edad, la antigüedad en el cargo y el origen migratorio, en cambio, apenas influyeron en los resultados de este estudio concreto. Investigaciones anteriores sí habían vinculado esos factores con una mayor vulnerabilidad al abuso en línea. Los resultados completos se publicarán en formato académico a finales de 2026.

La conclusión que extrae Shultz es que quién resulta víctima de un deepfake no es aleatorio. Está estructurado por el género y condicionado por las políticas públicas de cada país.

Ese segundo hallazgo plantea un problema para la regulación europea de plataformas. La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea se apoya en la transparencia. Si las plataformas revelan cómo operan y qué contenido distribuyen, investigadores, reguladores y público pueden exigirles responsabilidades.

Pero esa transparencia solo funciona si la información declarada es honesta. Y según la investigación de ASP, no siempre lo es.

Esta organización colaboró el año pasado con el medio especializado Indicator para rastrear miles de anuncios de aplicaciones nudificadoras publicados en Facebook. Los anuncios habían rellenado los campos obligatorios de “beneficiario” y “pagador” —es decir, quién financia el anuncio— con información ficticia o no verificable.

Los campos de divulgación que exige la normativa europea existían, pero estaban simplemente rellenos con texto falso, a gran escala.

La investigación encontró una única excepción. En los anuncios dirigidos a países fuera de la Unión Europea, como Singapur y Taiwán, las anotaciones sí eran legítimas. La mayoría de beneficiarios y pagadores de esos anuncios tenían su sede en el sudeste asiático.

La misma herramienta de transparencia que exige la DSA se ha convertido, dentro de la Unión Europea, en un escondite. Para Shultz, eso indica dos escenarios posibles. O Meta permitió de forma deliberada ese incumplimiento, o las normas publicitarias de Singapur y Taiwán se aplican con más rigor.

La lección que extrae el investigador es que no se puede juzgar el comportamiento de las plataformas a partir de los datos que ellas mismas deciden entregar. Tampoco es posible calcular con precisión la magnitud real del problema mientras plataformas y proveedores de alojamiento web no colaboren.

La legislación no carece de efecto. Los datos internacionales recogidos por Shultz sugieren lo contrario, y varios gobiernos han empezado a actuar.

El proyecto de ley alemán contra la violencia digital prevé crear nuevos delitos penales para los deepfakes sexuales. El texto señala de forma explícita que las mujeres son el colectivo más afectado. El Reino Unido, por su parte, ha avanzado en la criminalización de la creación y difusión de este contenido.

En Estados Unidos, la Ley Take It Down obliga a las plataformas a retirar este tipo de contenido con rapidez. Son pasos reales, pero la mayor parte de ese andamiaje legal actúa después del daño. Castiga a quien crea una imagen concreta y elimina esa imagen concreta una vez publicada. 

Mientras tanto, nuevas aplicaciones de desnudos siguen apareciendo en las tiendas de aplicaciones y nuevos anuncios se siguen publicando. Y las imágenes retiradas reaparecen en otros lugares en cuestión de horas. Ni Meta ni la Unión Europea han resuelto el vacío legal en la divulgación de estos anuncios.

Shultz propone cuatro medidas a escala europea que irían más allá del actual régimen de transparencia de la DSA. La primera exige transparencia de fondo, no solo de forma. En lugar de permitir texto libre en los campos de divulgación, las plataformas deberían alojar únicamente anuncios de entidades comerciales reales y verificadas, con sede en los países a los que se dirigen.

La segunda aborda el problema en origen. Tiendas de aplicaciones, proveedores de alojamiento web y redes publicitarias deberían dejar de distribuir y monetizar herramientas cuyo propósito principal es el abuso, entre ellas las aplicaciones de intercambio de rostros.

La tercera redefine el marco del problema. Shultz la describe como una cuestión de integridad informativa e igualdad de género, y reclama financiación sostenida para la investigación, tanto académica como de la sociedad civil.

La cuarta exige unidad europea. Los 27 Estados miembros mantienen 27 regímenes distintos sobre la legalidad de la pornografía deepfake. Los datos del estudio muestran que las prohibiciones explícitas tienen un leve efecto disuasorio.

Como solución, Shultz plantea que las futuras revisiones de la DSA, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y el Reglamento de Inteligencia Artificial incorporen una política unificada a escala comunitaria. Que prohíba la pornografía deepfake no consensuada en los 27 países al mismo tiempo.

Nunca antes tantos seres humanos habían estado tan conectados. Nunca antes tantos habían declarado sentirse solos. Hoy la soledad no es una experiencia puntual, asociada al desengaño, la vejez o al aislamiento físico. Es una condición estructural de la vida contemporánea. No es un accidente emocional. Es un fenómeno global, difuso, persistente. Atraviesa clases sociales, edades y geografías, como una marea silenciosa. 

En la superficie del mundo digital, la vida bulle de presencias. Mensajes que llegan en milisegundos, videollamadas que cruzan continentes, redes sociales y su conversación ininterrumpida. Y bajo esa hipercomunicación, un vacío sofisticado: la ilusión de compañía. Pero estar rodeado de notificaciones no es lo mismo que ser escuchado. Acumular contactos no equivale a ser comprendido. 

La soledad moderna tiene varios rostros. 

Está la soledad conectada: la del individuo que interactúa sin descanso y sin profundidad. Responde mensajes mientras cena solo, comparte imágenes de su vida sin nadie que la sostenga, acumula reacciones que duran segundos y desaparecen. Es una soledad ruidosa, casi histérica, que se disfraza de sociabilidad. Y en su interior late una pregunta: ¿quién permanecería, si el ruido desapareciera? 

Está la soledad urbana. Millones de personas conviven en ciudades densas, atraviesan estaciones de metro, comparten ascensores, compran café en el mismo local cada mañana. Y pueden pasar semanas sin un intercambio significativo. La ciudad contemporánea no aísla por distancia. Por saturación. El exceso de presencia ajena produce invisibilidad. Estás rodeado de cuerpos y te sientes fuera de lugar. 

Está la soledad del rendimiento. Te acompaña si vives bajo la lógica de la productividad constante: trabajar, optimizar, mejorar, demostrar. El otro deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un espejo competitivo. Las relaciones se vuelven frágiles, intermitentes, condicionadas por agendas y objetivos. El descanso emocional se pospone. Y en ese aplazamiento la soledad se instala como una sombra funcional. 

Virginia Woolf exploró la interioridad como un territorio vasto, casi oceánico, donde la mente se enfrenta a su propia deriva. En sus personajes, la soledad no es solo ausencia de compañía, sino una forma de conciencia exacerbada. Una lucidez que duele. Woolf entendió que la vida interior puede ser tan intensa que incluso en compañía uno sigue estando solo, atrapado en la distancia entre lo que se piensa y lo que se puede decir.

Frente a esa introspección desgarrada, Albert Camus propuso la figura del individuo arrojado a un mundo sin respuestas definitivas. En su pensamiento, la soledad no es únicamente emocional, sino existencial. El ser humano, al buscar sentido en un universo indiferente, descubre su aislamiento radical. Y en esa constatación surge una forma de dignidad. La posibilidad de rebelarse. De vivir sin consuelo. De construir significado en medio del silencio. 

La interioridad saturada de Woolf y el absurdo lúcido de Camus dialogan con la actual soledad digital. Hoy el aislamiento no se percibe como vacío, sino como exceso. Exceso de estímulos, de interacciones, de demandas. Un exceso que no llena, distrae, dispersa, fragmenta la atención. 

Conocer a otra persona es una experiencia superficial, intercambiable, fugaz. Adoptamos plantillas de comportamiento de quita y pon. Y por el camino perdemos espontaneidad, sinceridad, profundidad. El acto reflejo también funciona al relacionarnos con nosotros mismos. Usamos las mismas plantillas al volver los ojos hacia adentro y formularnos una pregunta existencial, si se nos ocurre tomarnos la molestia de hacerlo. 

La pandemia fue un acelerador brutal de esa soledad hiperconectada que mete el alma en un pozo negro mientras la mente navega por el cosmos infinito de las pantallas, conversando con las voces megasaturadas de la red. Durante meses millones de personas sintieron una soledad física sin precedentes en nuestra era. Pero el retorno a la vida social no eliminó la soledad, que nos había mostrado su cara fantasmal, sin adornos, sin sucedáneos. Muchas relaciones no recuperaron su densidad anterior. La distancia aprendida permaneció. El aislamiento dejó huella en la manera de vincular las emociones. 

Y está la soledad de los jóvenes, que no conocen el mundo sin redes sociales y sienten que su vida discurre en paralelo a la de los demás, sin confluir nunca. 

Y está la soledad de los mayores que sobreviven en entornos hiperconectados que no comprenden. 

Y está la soledad de quienes migran y viven entre lenguas que no les devuelven del todo la identidad. 

Y está la soledad de la rutina y las parejas que sienten que la conversación ha sido sustituida por la convivencia automática. 

Y está la soledad de la depresión, que puede darse en una vida aparentemente intacta desde fuera. Su rasgo más perturbador es la invisibilidad. En ella no hay abandono. Hay desconexión interna. El mundo sigue ahí, pero deja de tener acceso a nuestro yo. Las palabras ajenas ni siquiera nos rozan. Las relaciones son filtradas por un vidrio opaco. La mente deja de ser un lugar habitable. No hay épica ni dramatismo. Solo un desgaste lento, que nos aísla y empobrece la percepción, la vuelve improbable, impostada. Hasta el intento de acompañamiento es una distancia más. No por falta de amor. Por la imposibilidad de recibirlo.

Y está la soledad de la soledad, al ser normalizada. Hemos aprendido a convivir con ella como si fuera un subproducto inevitable del progreso. Se la diagnostica, se la estudia, se la mide en encuestas, pero rara vez se la cuestiona como estructura. Y su expansión coincide con la piedra angular de nuestro tiempo: la conexión permanente. Qué paradoja. 

La soledad de ayer era amiga de la falta de vínculos. La de hoy, de su superficialidad. Cuanto más rápido vivimos, más profundidad existencial perdemos. La disponibilidad ha reemplazado a la presencia. Y la imagen del otro ha desplazado al otro mismo. Al final en un mundo donde todo puede ser comunicado, lo difícil es comunicar algo que realmente “nos llegue”. 

Muchas veces quedamos reducidos a un personaje que mira su móvil en una habitación. Recibe mensajes, responde, sonríe levemente. Desde fuera el personaje no muestra signos de angustia. Así funciona la soledad contemporánea. Interacción sin arraigo. Conexión sin cuerpo. Compañía sin peso. 

Lo cierto es que soledades las ha habido siempre. La diferencia actual es su escala y su invisibilidad. Los solitarios nunca habían estado tan integrados en el funcionamiento normal de la vida social. Nunca habían dado tanto el pego de “felicidad compartida”. 

La soledad contemporánea no grita. Susurra. No se manifiesta como ruptura. Como continuidad. No es una excepción. Es paisaje de fondo. Y en ese fondo lo humano se redefine. No es pertenencia. Es la necesidad, cada vez más irrealizable, de encontrar una verdadera conexión. De almas. 

¿Por qué nos da miedo el aislamiento voluntario fértil, creativo, necesario, buscado, que permite pensar, escribir, recordar, procesar los acontecimientos vividos, y en cambio nos entregamos a ese compartir vacío de contenido, tan extendido, que no produce pensamiento, sino desgaste, que no enriquece el mundo interior, lo estrecha? 

¿Por qué cada vez nos cuesta más relacionarnos “de verdad”, tú a tú, sin mediaciones, sin interrupciones, sin fugas por la puerta de atrás? ¿Tan difícil es focalizarse en una persona, sin desviar la atención hacia mil estímulos accesorios? 

Recuperar el cuerpo a cuerpo, “sin dispersión periférica”, no es un gesto nostálgico. Es resistencia contracultural. Lo esencial no es cuánta gente nos rodea, ni cuántos mensajes recibimos, ni cuántos vínculos acumulamos. Es relacionarse con otra persona a un nivel profundo de empatía. Porque ese conocimiento nos permite conocernos mejor y crecer personalmente. 

Cuando todo se apaga, cesa el ruido y las pantallas dejan de iluminar la habitación, ¿quién queda ahí? ¿Contamos por lo menos con nuestra propia compañía, o también hemos extraviado por el camino nuestro yo? 

No pretendo culpar a la tecnología, a las ciudades, al estilo de vida. Solo propongo formularnos una sencilla pregunta. 

¿Seguimos siendo capaces de mirar a otro ser humano sin convertirlo en un reflejo de nuestra propia soledad?

Lo digo porque hay una soledad peor que estar solo. Descubrir que nadie nos ha acompañado de verdad. Ni siquiera nosotros mismos. 

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

infoLibre estrenará el próximo 14 de julio su primer Curso de Verano en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La jornada, titulada “De la censura al algoritmo”, se celebrará en el Aulario Pilar Miró de la Facultad de Ciencias de la Información y reunirá a periodistas, creadores, docentes, divulgadores y estudiantes para pensar cómo se construye hoy el relato público en una sociedad atravesada por las plataformas digitales, la desinformación y la disputa por la atención. Este primer curso está organizado en colaboración con la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y cuenta con el apoyo del Comisionado para la Memoria Democrática, España en Libertad | 50 años. Si te apetece asistir, puedes apuntarte a través de este formulario.

El curso marca una nueva etapa para infoLibre. No es solo una jornada formativa, sino el primer paso de una iniciativa propia que busca llevar el espíritu crítico del periódico al espacio universitario y convertirlo en un punto de encuentro con la ciudadanía. En un momento en el que la conversación pública se acelera y los consensos democráticos vuelven a estar en disputa, la propuesta invita a detenerse, escuchar y debatir sobre el papel que debe desempeñar el periodismo.

La apertura contará con una conversación entre Jesús Maraña y Pepa Bueno, con el objetivo de situar el contexto político, cultural y mediático en el que nace esta primera edición. Después la mañana se centrará en la memoria y la construcción del relato, con una mesa moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

En esa primera parte participarán perfiles vinculados a distintos lenguajes narrativos. Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes, aportará la mirada de la comunicación digital; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista, acercará la experiencia de la ficción y las series; Laura Hojman lo hará desde el documental; y Alicia Parras, profesora de la UCM, abordará el papel del español como vehículo del relato.

El programa también pondrá el foco en la juventud, la igualdad y las nuevas formas de participación democrática. En una mesa moderada por Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, se analizará cómo las generaciones más jóvenes intervienen en el debate público desde las redes y cómo estos nuevos lenguajes transforman la forma de comunicar, movilizar y construir opinión. En este bloque están previstos nombres como Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Antonio G.R., estudiante de Antropología Social y Cultural; David Álvarez, profesor de la UCM; y Sabela Rodríguez, periodista de infoLibre especializada en igualdad de género.

La jornada además integrará una dimensión práctica a través de dos talleres. Uno de ellos estará a cargo de Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid que proporcionará claves y herramientas para identificar narrativas manipuladas, verificar contenidos y desarrollar una mirada crítica ante la sobreabundancia informativa.

La sesión de la mañana se cerrará con un coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio, una conversación pensada para analizar por qué determinadas narrativas falsas o extremas logran circular con tanta eficacia y qué pueden hacer los medios, la ciudadanía y las instituciones para combatirlas. Participarán Fernando Varela, jefe de redacción de infoLibre; Elena Reinés, periodista y comunicadora; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE.

El curso continuará por la tarde con la proyección de Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014). La película servirá como cierre cultural de la jornada y como punto de partida para una conversación posterior con Nacho Carretero, que abordará los límites éticos del periodismo, la espectacularización de la información y la búsqueda de audiencia en una sociedad marcada por la economía de la atención. 

El 14 de julio, el Aulario Pilar Miró de la Universidad Complutense de Madrid acogerá el estreno de esta nueva iniciativa de infoLibre. Será una jornada para pensar en el periodismo que viene, compartir ideas con sus protagonistas y cerrar el día con una reflexión desde el cine sobre una profesión que sigue siendo esencial para entender y defender la democracia. ¡Estad atentos porque en los próximos días publicaremos el programa completo!

El problema nunca son los pantalones. El problema es el instante en que te plantas delante del espejo y descubres que ya no te sirven. Porque a partir de ahí solo quedan dos opciones: aceptar que has cambiado o pasarte años fingiendo que sigues siendo la misma persona.

Antes, cambiar de opinión era una señal de inteligencia. De madurez, incluso. Ahora es lo más parecido a la traición. Una rendición pública. Y la coherencia mantenerse firme. Aguantar. Resistir. Ir hasta el final con lo tuyo. Aunque por dentro ya no estés ahí. Y hace tiempo empezaras a sospechar que quizá exageraste, que simplificaste demasiado o que, básicamente, metiste la pata. Mejor comértelo todo antes que reconocer que te has equivocado. Aun a sabiendas de que tan sano es adelgazar como rectificar. 

Defendemos ideas, por supuesto. Pero también defendemos identidades. Pertenencias. Equipos. La opinión se ha convertido en una camiseta y quitársela delante de los demás parece mucho más difícil que seguir sudando dentro de ella.

Y las deslumbrantes redes sociales han magnificado esta lógica. El algoritmo no entiende la duda. No premia el matiz. La reflexión nunca viraliza tanto como la certeza absoluta. Y así hemos construido una sociedad donde mucha gente interpreta un personaje ideológico que ya no coincide del todo con lo que realmente piensa.

Porque internet tiene memoria, pero también tiene hambre. Hambre de contradicciones, de capturas antiguas, de tuits rescatados para demostrar que hace siete años dijiste exactamente lo contrario. Como si cambiar de opinión fuese un delito y no una consecuencia natural de vivir.

Aquí solo cambia de opinión quien todavía es capaz de escuchar algo distinto sin sentirlo como un ataque personal. Solo rectifica quien acepta que no tiene todas las respuestas. Y, por consecuencia, solo evoluciona quien entiende que crecer también consiste en abandonar algunas verdades absolutas.

Por eso asumir un error en política es una utopía. Y en el trabajo o en tu casa cuesta. Porque cuesta. Mientras los tertulianos sobreviven defendiendo hoy exactamente lo contrario que negaban ayer, pero con la misma seguridad teatral de siempre.

Actualmente, la firmeza se mezcla con la rigidez. Y quizá una sociedad madura no es la que nunca se equivoca, sino la que todavía sabe rectificar sin convertirlo en una humillación pública. 

Porque hay caminos que no llevaban a ninguna parte y verdades que no eran tan verdad. Si algo tiene más peligro que cambiar de opinión es continuar defendiendo una mentira solo para no darle la razón al otro. A veces madurar consiste en reconocer que aquello que pensabas ya no te sirve. Que la realidad ha cambiado. O que has cambiado tú. Y que no pasa nada por admitirlo. Igual que un día aceptas que esa ropa ya no te queda bien, también hay ideas que dejan de ajustarse a quien eres. Solo necesitas una talla más.

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Alberto Fandos Portella es periodista y director de comunicación y marketing.

Nuestro idioma está lleno de colores. Encontramos ejemplos en diversas situaciones: te puedes poner morado a consecuencia de una abundante comilona; te puedes poner rojo, como un acto de timidez supina; o te pueden poner verde, incluso sin motivos. También podemos, siguiendo esta misma línea de metonimias, ver los colores y expresar con ellos estados de ánimo. Hay quienes lo ven todo negro, yo intento mantenerme alejado de ellos. Hay otros que prefieren verlo todo de color rosa, que es una forma no lisérgica de afrontar la vida de manera positiva. De estos intento alejarme aún más.

Pero últimamente también podemos encontrar a quienes ven las cosas de color amarillo, de manera literal, porque usan filtros de este color en sus gafas. La verdad es que hay que reconocerles que nos pongan tan fácil el identificar su estupidez. No hace falta escucharlos. Sólo ver lo que llevan puesto. Algo así como en su día fue levantarse el cuello de la camisa. Hoy, uno de los grandes precursores de esta nueva moda ocular es Marcos Llorente, futbolista de profesión y necio de vocación, que no duda de "divulgar" sus ocurrencias a sus millones de seguidores, ya sea en redes sociales, como en programas de televisión. En el mundo digital es complicado poner coto a estas situaciones, quizás sí sea más sencillo en los entornos televisivos, por ejemplo, no invitando a estos personajes a que se expresen sin ningún tipo de pudor, ¿no?

Este mismo pelotero ya ha sido noticia en más de una ocasión por cuestiones alejadas del ámbito deportivo. Es un ferviente defensor de tomar el sol sin protección. Yo le diría que no echarse crema solar es como si descartas poner barrera cuando el rival te va a lanzar una falta al borde del área. Aunque puestos a elegir, yo preferiría un gol en contra a un melanoma. También defiende determinados estilos de nutrición alejados de la evidencia, o polémicas acciones como salir semidesnudo a la calle mientras pasea a su perro. También alude a teorías conspiranoicas cuando tiene ocasión. Por ejemplo, con los conocidos como chemtrails, es decir, las estelas de vapor de agua que dejan los aviones y que algunos intentan vincular con una especie de plan para envenenarnos. Que yo pienso, puestos a que nos fumiguen, que lo hagan con colonia; los que utilizamos el transporte público a menudo lo agradeceríamos.

El problema es que la legitimidad que aporta la fama es más que suficiente para muchos incautos que siguen el veredicto de sus ídolos en su día a día. No son “particulares teorías”, como destacan algunos titulares, son opiniones pseudocientíficas o bulos, con un daño potencial muy elevado. Lo que me resulta llamativo es que alguien sea capaz de hacer gala de su ignorancia frente a una audiencia masiva. Imagino que el ego de estas figuras públicas es directamente proporcional a su insolencia. Lo que me perturba es que, en un contexto donde podemos acceder a información fidedigna al momento, estos discursos se tornen tan populares. Y me perturba aún más que no haya consecuencias. Que sí, que el derecho a la libertad expresión es sagrado, ¿pero convertirse en un posible peligro público no debería tener represalias por parte, al menos, de las propias redes sociales? “Es que es mi opinión”. No, disculpe, decir que la Tierra es plana no es una valoración subjetiva; elegir jugar al contragolpe o a través de posesiones largas, sí lo es.

Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos revertirlo? Es sencillamente complejo, sólo hace falta darse cuenta de las lentes (entiéndase como sesgos cognitivos) que todos llevamos encima de manera involuntaria y que nos hacen interpretar el mundo de una determinada manera. La clave es ser consciente de estas propias limitaciones y dudar, siempre dudar, de los colores que ven nuestros ojos. Cómo envidio a los daltónicos.

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José María Gómez Vallejo es socio de infoLibre.

Las redes sociales y los servicios de vídeo superan ya a las webs y aplicaciones propias de los medios como la vía más usada en el mundo para acceder a las noticias. Ocurre por primera vez desde que el Digital News Report mide esta variable. La edición 2026 del informe del Reuters Institute for the Study of Journalism que se presentó este martes sitúa el uso medio de redes y vídeo en el 54% entre los encuestados de los 48 mercados analizados. Las webs y apps de las cabeceras quedan en el 51%.

El informe, la decimoquinta edición del Digital News Report, dirigida este año por el investigador Jim Egan, describe el fenómeno como una “plataformización” creciente del consumo de noticias. 

A la migración hacia redes y vídeo se suma un actor nuevo. Uno de cada diez encuestados ya usa chatbots de inteligencia artificial para informarse —tres puntos más que el año pasado—. El uso es mayor entre los menores de 35 años, donde alcanza el 16%, y la función que más valoran sus usuarios es la posibilidad de hacer preguntas de seguimiento —la cita el 42%—.

El vídeo informativo en plataformas ajenas a los medios llega ya al 77% de la población mundial cada semana, una mayoría que se registra por primera vez en los 48 países del estudio. En 45 de esos mercados, más gente ve ya vídeo informativo online que televisión convencional, y solo en Alemania, Dinamarca y Países Bajos la televisión mantiene la delantera o un empate.

TikTok es la red que más crece, aunque parte de una base pequeña, con un 20% de uso global para noticias, mientras Instagram avanza de forma más moderada pero con una presencia mayor, del 26%. Facebook sigue siendo la red más usada en conjunto, con un 43%, y revierte así caídas de años anteriores. Una cuarta parte de los encuestados ve ya noticias por demanda en aplicaciones como YouTube desde el televisor.

Mientras estas plataformas ganan terreno, el uso de la televisión y de las webs propias de los medios cae 13 y 12 puntos respectivamente desde 2020, un retroceso que el informe considera tan relevante en el caso de las webs como en el de la televisión, aunque menos conocido.

La confianza global en las noticias ha caído este año en 29 de los 48 mercados, hasta el 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015, con descensos de más de cinco puntos en 19 países. En Estados Unidos, solo una cuarta parte de los encuestados confía en las noticias la mayor parte del tiempo, mientras la preocupación por las noticias falsas sube cuatro puntos, hasta el 62% de media, y solo retrocede en Brasil.

Pese a este clima, la mayoría dice preferir noticias que no tomen partido, y el 45% de los encuestados se inclina por la “imparcialidad” como ideal, más del doble que quienes prefieren información que comparta su punto de vista, aunque ese apoyo ha bajado desde 2020.

El informe detalla el avance de los creadores individuales, que ya aportan parte de las noticias a una cuarta parte de los encuestados en el conjunto de los 48 mercados, mientras casi la mitad recurre a algún tipo de creador. La mayoría los combina con los medios tradicionales en lugar de sustituirlos, ya que solo el 3% depende únicamente de ellos, frente al 13% que cubre con creadores la mayor parte de sus necesidades informativas.

El interés general por las noticias también retrocede, ya que desde 2021 la proporción de personas muy o extremadamente interesadas en la información ha caído una media de 13 puntos. Una cuarta parte de los encuestados son ya usuarios pasivos, que consultan noticias como mucho una vez por semana, frente al 16% de 2021.

En España, Instagram se confirma como la red más usada para informarse, con un 32% de los encuestados, 14 puntos más que el año anterior, seguida de Facebook, con el 31% (siete puntos más), y de WhatsApp, con el 29% (cinco puntos más).

TikTok escala hasta el 16% como fuente de noticias, cinco puntos más que en 2025, mientras X se mantiene casi igual, en el 16% (un punto más), y YouTube no varía, en el 19%. Los chatbots de IA, todavía minoritarios, llegan al 8% de uso para informarse, el doble que el año pasado.

La comparación con la media global matiza el dato, ya que Instagram se usa más en España (32%) que en el conjunto de los 48 mercados (26%), mientras TikTok queda por debajo de la media mundial (20%).

Ese avance de las plataformas no se traduce, sin embargo, en más confianza, que en España se sitúa en el 33% (dos puntos más que el año pasado), en la zona media de los 48 mercados encuestados, frente a una media global que cae al 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015.

El dato medio esconde diferencias entre cabeceras, ya que RTVE, Antena 3 y la prensa regional o local rondan el 52% de confianza entre quienes conocen la marca, mientras okdiario.es y Telecinco se quedan en el 35% y el 36%. Persisten además diferencias entre encuestados de izquierda y derecha sobre la mayoría de las marcas evaluadas, algo que el informe vincula a la polarización del país, mientras el porcentaje de españoles que evita las noticias a veces o a menudo se mantiene sin cambios, en el 37%.

En los 26 países con medios públicos que analiza el informe, la valoración media de su impacto social es positiva, con un 37% frente a un 22% negativo, aunque esa media no se cumple en todos los mercados. España aparece, junto a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, entre los países con mayor diferencia de opinión entre izquierda y derecha sobre el papel social de la radiotelevisión pública.

El informe detecta además una brecha según la fuente principal de información, ya que entre quienes en España se informan sobre todo por redes sociales, la valoración de la cobertura de los grandes temas es negativa en todos los casos analizados, con un saldo de -41 puntos en inmigración, frente a los -15 puntos de quienes se informan principalmente por televisión. En el conflicto de Ucrania la diferencia es de -21 frente a +12, y en la guerra de Oriente Próximo, de -27 frente a -2.

Quienes tienen las webs de noticias como fuente principal se sitúan en un punto intermedio, con saldos negativos pero más moderados en la mayoría de los temas, una brecha que el informe interpreta como reflejo del menor filtro editorial de las redes frente a las webs y la televisión.

Solo el 9% de la población española paga por acceso a noticias digitales, un punto menos que el año anterior, mientras a escala global ese porcentaje se mantiene sin cambios en el 17%, en la cesta de 20 países que el informe sigue desde hace años. En el extremo opuesto, Suecia llega al 32% de población que paga por noticias, uno de los niveles más altos del estudio.

Esa cifra del 9% convive, sin embargo, con un dato distinto, ya que España cuenta ya con algo más de un millón de suscriptores de noticias digitales, según los datos de las propias empresas editoras, con El País a la cabeza, con 451.000, seguido de El Mundo (181.000) y La Vanguardia (167.000). El estudio no detalla, sin embargo, el efecto sobre esas cifras de las agresivas ofertas de estas cabeceras, que llegan. Ofrecer suscripciones mensuales por debate del euro.

El millón de suscriptores se concentra, en todo caso, en unos pocos medios nacionales, y la proporción de población dispuesta a pagar no crece al mismo ritmo. El informe advierte de que el flujo de personas que llegan a las webs de medios para suscribirse se reduce a medida que el consumo se desplaza hacia las plataformas.

A escala global, quienes pagan por noticias lo hacen sobre todo por el acceso directo al contenido que quieren leer, motivo que cita el 81% de los encuestados, mientras casi la mitad, el 46%, añade motivaciones de valores, como apoyar el periodismo por su papel social, algo que algunas cabeceras ya explotan en sus campañas de captación.

El informe recoge datos ya conocidos, como la evolución del sector publicitario español, que cerró 2025 en 12.700 millones de euros, un descenso del 2,6% que puso fin a cinco años de crecimiento, según los datos de InfoAdex que recoge el informe. La publicidad en prensa escrita se mantuvo estable, en 750 millones, mientras la inversión en noticias digitales, con 412,5 millones, superó ya a la del papel, con 337 millones.

El Reuters Institute agrupa ambos fenómenos, el trasvase hacia plataformas y la dificultad para convertirlo en pago, bajo lo que llama “el alejamiento del consumo directo de noticias”, ya que, a medida que menos gente llega a las webs de los medios, también se reduce el embudo por el que esas mismas webs convierten visitas en suscripciones.

A Júlia Salander (Barcelona, 1994) suelen decirle que no esté tan enfadada, que no exteriorice la rabia, que por qué no toma aire, sonríe y se calma. Para la politóloga y divulgadora feminista, el enfado no solo es legítimo en un contexto de avance ultra, sino que su negación es una de las muchas estrategias del machismo para disciplinar a las mujeres y que así sean más dóciles, menos molestas. Pero el feminismo, si no incomoda, pierde su razón de ser. 

La activista feminista, autora de Tu argumentario feminista en datos y Fuego al machismo moderno, recibe el Premio Joven infoLibre 2026 a la Igualdad —si quieres acudir a la gala aquí te contamos cómo puedes hacerlo— en un momento de auge reaccionario en el que las fuerzas de extrema derecha han decidido poner en el foco a las mujeres. Ella coge aire, pero no lo hace para dejar de hablar, sino para desafiar al silencio, desmentir bulos, visibilizar la realidad de las mujeres y poner nombre a las violencias que las atraviesan. 

Asistimos a numerosos análisis que sitúan a los jóvenes como especialmente vulnerables a los discursos de extrema derecha. ¿Coincide?

Cuando vamos a los datos, vemos que partidos como Vox tienen un porcentaje mucho más amplio de jóvenes que les votan. Hay sectores que siguen a Vito Quiles o a Alvise Pérez y esa masa más a la extrema derecha está compuesta en gran medida por chavales jóvenes. Entonces creo que hay una parte del fenómeno que es cierto. Una de las explicaciones del por qué a la gente joven le mueve más este tipo de discursos, tiene que ver con que se instrumentaliza en redes sociales. Las redes son uno de los vehículos para que estos discursos calen y además son discursos que te polarizan, hay un proceso de radicalización. El malestar de los chavales encuentra salida en el odio, porque el odio es una emoción que te moviliza mucho. Y cuando se van señalando colectivos como los responsables de tu malestar, ellos lo acogen. Además, ser antisistema antes era ser de izquierdas, pero ahora parece que lo que se sale de lo políticamente correcto es ser facha. Parece que esta provocación que consiguen es a través de discursos de odio. 

Habla de hombres jóvenes. ¿Qué pasa con las mujeres? Las chicas jóvenes estuvieron muy presentes en las grandes movilizaciones del 8M, ¿pero ahora? ¿Siguen ahí?

Las militancias van cambiando. Ahora mismo cuesta mucho movilizar a la gente, lo estamos viendo cada 8M con manifestaciones con cada vez menos gente. No sé si el movimiento feminista está en crisis, pero sí creo que hay profundos cambios, en parte porque existe un descrédito muy grande a nivel mundial. Hay un auge brutal de la extrema derecha y de los discursos reaccionarios que van a atacar al feminismo. Hemos ido consiguiendo derechos y al final el sistema reacciona. Además asistimos a un discurso que me molesta a nivel conceptual, esta idea de responsabilizar al feminismo del auge de la extrema derecha en los chavales. Aquello de que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Es una frase que me hace gracia, porque nadie diría que la democracia o la paz han llegado demasiado lejos. El feminismo lo que busca es erradicar la violencia que sufrimos las mujeres y en consecuencia conseguir la igualdad. ¿Qué es llegar demasiado lejos en conseguir la igualdad? Ojalá lleguemos lo más lejos que se pueda.

¿Son las redes sociales una herramienta que puede servir de alianza o es terreno enemigo?

Yo creo que sirven sobre todo para globalizar el movimiento feminista. Yo me entero de cosas que pasan en Argentina gracias a las redes sociales, gracias a que sigo a activistas feministas de allí y me entero de lo que ocurre. También pasa con Palestina. Las redes sociales, en esencia, son positivas. También es cierto que al final son empresas privadas y no son neutrales, como tampoco lo es el algoritmo. Pero yo misma hago divulgación en redes, principalmente, y la gente a la que yo consigo llegar es gracias a ellas. Yo todas las cuentas que sigo son cuentas politizadas, activismo de cualquier tipo. Pero depende de cómo entrenes tu algoritmo: te pueden salir gatitos o te pueden salir señores machistas. Creo que sí hay una parte muy importante dentro de las redes donde se mueve un activismo muy fuerte. Yo tengo vídeos con millones de visualizaciones y eso me parece una locura. 

Y entre esos millones, ¿recibe violencia?

Sí, pero me protejo mucho. Mi forma de protegerme es no leer comentarios o mensajes. Disfruto mucho de la divulgación, pero lo que más disfruto es estar en mi casa haciéndome mi guion. Y una vez subo el vídeo, intento protegerme. Obviamente mi contenido es polémico, el feminismo que no incomoda es marketing y yo sé que mis discursos generan controversia, porque me mojo. Así que recibo mucho odio de sectores de extrema derecha. Aquí creo que las redes sociales tienen una responsabilidad muy importante.Si Instagram me censura un pezón al segundo, es porque tiene herramientas para detectar, censurar y poner sus políticas como plataforma. ¿Entonces por qué estás permitiendo que vengan cien tíos a insultarme? Las propias plataformas toleran el bullying.

En sus redes ha hablado del crimen machista en Figueres. El vídeo del asesinato se viralizó, ¿cree que esas imágenes fueron útiles?

Es muy complejo. Sí he visto medios de comunicación como El Mundo que subieron vídeos de la víctima tendida en el suelo, sin censura. Ahí literalmente estás enseñando a una mujer que acaban de asesinar y esto me pone la piel de gallina. Yo creo que eso no es periodismo, simplemente morbo por el morbo. También debemos preguntarnos como sociedad por qué hay feminicidios que se viralizan y otros no. Todos deberían viralizarse, los feminicidios deberían ocupar titulares y deberían abrir telediarios durante días.

Este caso fue especialmente doloroso por los fallos del sistema. ¿Casos como este merman la confianza de las mujeres en las instituciones?

El sistema tiene fallos y señalarlos tiene esa consecuencia. Cuando yo señalo esos fallos lo que quiero es que desaparezcan, presionar a las instituciones para que se estructuren de otra forma, para que los protocolos sean otros. Y este caso es flagrante porque se podría haber evitado. Yo quiero que todas las mujeres denuncien, pero quiero que el sistema sepa responder. Cuando el sistema responda de una forma adecuada, las mujeres denunciarán más. 

Ozempic, cremas antiedad, presión estética… ¿ha empeorado la violencia que sufren las mujeres en ese sentido?

Hemos mejorado en algunos temas, como identificar la violencia. Ahora sabemos nombrar cosas que hace 20 años no se nombraban. Pero si pienso en qué hemos empeorado, es en la presión estética. Skincare, retoques estéticos, extrema delgadez… todo eso cala en chicas muy jóvenes. Y creo que las redes sociales son muy responsables: chavalas que solo se ponen filtros en la cara y que con 18 años lo que quieren es ir al cirujano, enseñarles la foto con el filtro y decir "quiero esta cara". Esto para mí es violencia, porque es un sistema que te hunde la autoestima, te genera unas inseguridades y unas necesidades tremendas para que tú vayas y consumas. Capitalismo y machismo hundiéndonos la autoestima a todas para hacer negocio.

La conversación en torno a la casita de Bad Bunny en los últimos días ha planteado precisamente ese debate: el peso de la cultura como cómplice de esa violencia.

Sí, yo creo que hay un punto aspiracional y elitista. Yo he ido al concierto de Bad Bunny, pero sí es cierto que representa lo mismo que ya vemos con las mujeres de revistas, pasarelas, actrices y cantantes. Si todas las mujeres que tienen éxito cumplen un canon, el mensaje es que para tener éxito hay que cumplir ese canon. Si yo quisiera estar en la casita, si yo quiero ser actriz, cantante o modelo, tengo que ser guapa, porque a esa cúspide social no llegan mujeres con otras corporalidades. Hay un sesgo.

¿Podemos gozar sin quitarnos las gafas violetas?

Es complicado. Yo soy feminista y estoy enfadada porque tengo motivos para estar enfadada, porque al final me levanto cada día con un feminicidio, una agresión sexual, la nueva manada de no sé qué pueblo, entonces yo estoy muy conectada con esa parte de enfado, pero también con la parte de esperanza, porque las feministas estamos enfadadas y esperanzadas, queremos una sociedad mejor. Pero yo no puedo estar 24 horas con estas emociones, porque me vuelvo loca, entonces me permito disfrutar de productos culturales sin estar todo el rato analizando y pasando por esa capa más analítica. Yo adoro el reggaeton desde hace muchos años, y a veces me encuentro cantando unas letras que… Pero son contradicciones que tenemos todas, yo las identifico, sé que están ahí y no pasa nada. No soy más o menos feminista por escuchar a Bad Bunny. Para mí el feminismo ha de liberar, no quiero un feminismo que me haga sentir más culpa.

Hemos oído en diversas ocasiones que esta será la legislatura en la que se acabe con la prostitución. A estas alturas, ¿a qué le suena?

Yo soy profundamente abolicionista. Si la abolición no llega, es por falta de interés político. No hay voluntad de abolir la prostitución y eso es terrible, para mí es uno de los ejes fundamentales cuando voto. Los partidos que están a la izquierda del PSOE son regulacionistas, o tienen un cacao mental tan grande que ni se posicionan. Por otro lado tenemos a un PSOE que parece ser el partido que abandera la abolición, pero luego vemos lo que pasa dentro con ejemplos como Ábalos. Al final solo lo utilizan cuando hay elecciones, por rédito electoral. Es triste, pero durante este mandato hemos visto que el feminismo no es relevante.

Otra propuesta en marcha es incluir el aborto en la Constitución. ¿Le preocupa que un eventual gobierno de extrema derecha vaya a por este derecho?

Me preocupa. Primero irían a por el aborto, pero al final desmantelarían todo. No es un "que viene el lobo", es que solo hace falta mirar a países que tenemos al lado donde ha llegado la extrema derecha y ver lo primero que hacen. Sí, da mucho miedo pensar en un gobierno de PP y Vox y qué nos pueden deparar esos cuatro años. 

Estamos en máximos históricos de delitos de odio. ¿Los discursos de odio se han trasladado a las calles?

A veces cometemos el error de pensar que lo que pasa en redes es de otro mundo. Detrás de las redes hay alguien y esas personas luego salen a las calles. Las dinámicas de polarización y radicalización no solo están en la pantalla, la gente existe, se relaciona y sale a la calle. La violencia que hay en el mundo digital es una violencia que pasa en el mundo real.

¿Todos los hombres son potenciales violadores?

Cuando a mí me preguntaron esto en un podcast, yo di una respuesta extendida. Luego se sacó un clip y a partir de ahí se viralizó. Si ahora me preguntas, giraría la cuestión: ¿por qué a todas las mujeres nos han pasado cosas? ¿Por qué todas tenemos alguna experiencia violenta? 

Andalucía tiene más de 7,5 millones de personas en edad de votar, el 17,6% del censo adulto nacional, y buena parte de ellas se informará este domingo desde un territorio mediático con fracturas que no se explican solo por el tamaño. La comunidad consume más televisión que la media, usa las redes sociales con mayor intensidad que cualquier otra comunidad del país y llega a las elecciones autonómicas del 17 de mayo con una radiotelevisión pública cuya credibilidad lleva años siendo cuestionada. Ese es el mapa informativo en el que se dirime la cita electoral.

La televisión es el medio dominante y lo es con más fuerza que en el resto de España. Los andaluces ven una media de 196 minutos diarios de televisión, diez más que la media nacional, según el último Marco General de la AIMC. No es el dato más extremo del país —Castilla-La Mancha alcanza los 224 minutos—, pero sí confirma que la pantalla sigue siendo el canal principal de consumo informativo en una comunidad donde el nivel socioeconómico medio lastra la penetración de la prensa escrita y donde el acceso a internet, aunque creciente, no ha desplazado al televisor como referencia.

En ese contexto, y a diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, donde La 1 de RTVE ha sido capaz de abrirse hueco, mandan las cadenas privadas, cuyos programas de infoentretenimiento y servicios informativos llevan años moviéndose en un difícil equilibrio entre la derecha y la extrema derecha.

Antena 3 lidera la televisión en Andalucía en lo que va de año con un incontestable 14% de cuota, seguida de Telecinco (10,8%) —en este caso sí que de manera sorprendente—, con porcentajes que apenas se mueven. Por detrás, el ascenso de La 1 alcanza un 9,8%, su mejor dato en la comunidad en 14 años, desde 2012, pero aún lejos de sus rivales en manos del Grupo Planeta y de la familia Berlusconi. 

Canal Sur (9,6%), entre tanto, la televisión autonómica que históricamente compitió de tú a tú con las grandes cadenas nacionales en este territorio, ahora tiene que conformarse con el cuarto puesto. Más atrás aún están las otras dos generalistas privadas: Cuatro sube cinco décimas hasta el 7% y La Sexta cede una décima para quedarse en el 5,6%, según datos oficiales de enero a abril de 2026 a los que ha tenido acceso infoLibre.

Lo que esos datos de audiencia no miden, en el caso de Canal Sur, es el coste institucional del modelo de gestión impuesto por la derecha desde que alcanzó el poder en Andalucía en 2019 y que ha condicionado el presente y el futuro del único medio verdaderamente de alcance andaluz. 

La reforma legal aprobada por el PP nada más alcanzar el gobierno de Juanma Moreno redujo de 15 a nueve los miembros del Consejo de Administración de la corporación y eliminó el mandato de seis años de sus integrantes, que hasta entonces garantizaba cierta desconexión del ciclo electoral. El mandato del director general quedó atado a la duración de la legislatura, exactamente lo contrario de lo que ordenan las normas europeas. El Consejo Asesor pasó de 17 a 13 miembros.

Para los cargos siguió siendo necesaria una mayoría de tres quintos del Parlamento, requisito que, en teoría, obliga a pactar con la oposición. En la práctica, el primer director general del ciclo popular, Juan de Dios Mellado, llegó directamente desde la Dirección General de Comunicación Social de la Junta, es decir, desde el entorno inmediato del presidente.

El Consejo Profesional de Canal Sur documentó, a partir de 2020, 350 ejemplos de malas prácticas en apenas seis meses, “escaletas ideológicas” y desequilibrios informativos sistematizados. El órgano calificó de “muy grave” una referencia al franquismo como “gobierno de 40 años” y registró la suspensión de empleo de un periodista por protestar en una rueda de prensa del PP. El director de Informativos, Álvaro Zancajo, fue cesado en diciembre de 2023 por las denuncias de manipulación. Sus propios trabajadores señalan que su sucesora, Carmen Torres, no mejoró la situación.

A este panorama audiovisual, tan escorado, se suma una prensa andaluza de papel con una estructura que la distingue del resto de comunidades: no existe un gran diario de referencia regional. La cobertura está fragmentada por provincias, con cabeceras de influencia local que pertenecen a grupos nacionales o a un único grupo íntegramente andaluz, y donde la lógica del mercado ha dibujado un mapa en el que el territorio no cuenta igual en todas partes.

Los tres grupos dominantes son Grupo Joly, Vocento y Prensa Ibérica. El primero, controlado por la familia Joly y de tendencia conservadora, es el único enteramente andaluz, con diez diarios que incluyen Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, Huelva Información o Granada Hoy. Vocento, cotizado en bolsa y claramente alineado a la derecha, publica en la comunidad la versión andaluza de Abc, Diario de Jerez y Córdoba, entre otros. Prensa Ibérica, más pragmático e institucional, propiedad del empresario Javier Moll, acaba de reforzar su presencia con la adquisición de El Correo de Andalucía, que se suma al Diario de Córdoba, La Opinión de Málaga y La Voz de Almería.

En el terreno digital, el trasvase del capital de marca de las cabeceras históricas al online ha beneficiado sobre todo a Vocento, cuyos títulos andaluces dominan el tráfico medido por Gfk en sus respectivas provincias. La delegación andaluza de eldiario.es es la referencia más consolidada entre los nativos digitales, aunque sus cifras se mantienen alejadas de los líderes provinciales. El resto del espacio nativo lo ocupan medios de alcance local o temático sin audiencias comparables.

La penetración de la prensa —papel más internet— es del 36,7% en Andalucía, algo inferior a la media nacional del 39,6%, lo que limita su capacidad de influir. El índice socioeconómico explica en parte la diferencia: la comunidad tiene una proporción relativamente baja de población en los estratos altos, precisamente los que más diarios consumen.

Un estudio publicado en 2025 encontró una fractura cuya existencia se conocía, pero que hasta ahora no había sido cuantificada a esta escala: en todas las provincias andaluzas, la franja norte —las sierras— aparece sin un solo medio de proximidad. La cobertura se concentra en las capitales, la costa y los municipios de mayor tamaño. El tamaño medio de un municipio con medios supera los 65.000 habitantes. Por encima de los 20.000, el 87% de los municipios tiene al menos una cabecera. Por debajo de los 10.000, la cobertura cae de forma abrupta.

Las diferencias entre provincias son, además, pronunciadas. Cádiz acumula casi el 24% de los medios andaluces con apenas el 14,7% de la población: el 41% de sus municipios cuenta con al menos un periódico digital local.

El extremo opuesto lo ocupa Almería, donde solo el 2% de los municipios tiene algún medio y, fuera de la capital, únicamente existe uno, en El Ejido. Granada, con 173 municipios —más que cualquier otra provincia andaluza—, solo tiene cobertura propia en cinco de ellos. El 97% de su territorio municipal carece de periodismo local. La sierra de Huelva, Cazorla-Segura, en Jaén, y la franja serrana de Málaga reproducen el mismo patrón.

La literatura académica sobre desiertos informativos ha documentado que los territorios sin medios locales registran mayor abstención electoral y son más vulnerables a la desinformación. En Estados Unidos se ha constatado que, en las zonas rurales sin periódicos, los ciudadanos votan menos y con menor criterio. La función de vigilancia del poder municipal desaparece con los medios que la ejercían. El estudio andaluz no establece esa correlación de forma directa —los autores la señalan como pendiente de investigación—, pero los datos de cobertura hablan por sí solos.

A ese vacío se suma un problema específicamente español. Los medios locales que sí logran sobrevivir en estos territorios dependen en muchos casos de la publicidad institucional, cuyo reparto opaco los convierte en financieramente vulnerables frente a las administraciones que deberían cubrir. 

El Gobierno de Moreno Bonilla incrementó un 140% el gasto anual de la Junta en publicidad institucional y patrocinios respecto al último Ejecutivo socialista, según datos de 2025: mientras Susana Díaz gastó una media de 19,3 millones anuales entre 2015 y 2018, el PP ha desembolsado al menos 286,4 millones desde 2019, unos 46,2 millones por año. La Cámara de Cuentas ha reprochado al Ejecutivo su falta de transparencia en este capítulo, señalando que el Portal de la Junta no detalla el gasto por campaña ni incluye a las entidades instrumentales, en incumplimiento del artículo 16 de la ley autonómica de transparencia.

La radio y las redes completan el cuadro. La AIMC registra una penetración radiofónica del 51,4% en Andalucía, frente al 55% de la media nacional, con un consumo medio de 84 minutos diarios frente a los 89 del conjunto del país. El liderazgo de audiencia se lo disputan COPE y Cadena SER en términos muy ajustados: 718.000 oyentes diarios frente a 703.000, según la tercera ola del EGM de 2025. Canal Sur Radio creció más del 40% respecto al mismo periodo del año anterior y superó los 519.000 oyentes sumando todas sus emisoras, su mejor dato en cinco oleadas consecutivas.

Por lo que se refiere a las redes sociales, el 53% de los adultos andaluces las usa como fuente de noticias, frente al 49% de la media española, lo que les expone más que a la media a la manipulación de los algoritmos. El Barómetro Audiovisual de Andalucía de 2024 sitúa en el 85,4% la proporción de andaluces que declara usar redes sociales, cifra que sube al 98,6% entre los de 16 a 24 años. El acceso a internet alcanza al 89,3% de los residentes, solo un punto por debajo de la media nacional, pero el consumo digital es levemente superior: 255 minutos diarios frente a los 251 del conjunto del país. 

Es la única métrica en la que Andalucía supera consistentemente al resto. En los medios tradicionales, la brecha va en la otra dirección.

Giuliano Da Empoli lo dijo con la precisión de quien lleva años buscando la frase exacta. “La ventana de oportunidad para dominar los procesos digitales de manera ordenada se ha cerrado”. El politólogo y novelista italiano lo admitió sin eufemismos este jueves en Barcelona, ante el I Encuentro sobre Derechos Digitales. Y añadió, con la misma franqueza: “Deberíamos haberlo entendido hace mucho tiempo. No lo hicimos. Yo el primero”.

Frances Haugen llegó a una conclusión parecida por otro camino. La ingeniera que en 2021 filtró 20.000 páginas de documentos internos de Facebook lleva cinco años intentando que Meta rinda cuentas. En ese tiempo ha visto investigaciones, titulares y debates regulatorios. Y ha visto también otra cosa: que Meta es hoy sustancialmente más rentable que cuando ella decidió hablar. “Si quieren llevarse un buen jarro de agua fría sobre el trabajo realizado en cinco años, espero que no tengan en su vida una gráfica como esta”, afirmó mientras proyectaba la evolución de los beneficios de la empresa.

Dos voces, dos trayectorias, el mismo diagnóstico de fondo. El poder digital ha ganado terreno. Los instrumentos para limitarlo existen. Y quienes podrían activarlos, por razones distintas, no lo hacen.

Da Empoli ofreció en Barcelona la explicación más útil para entender cómo se llegó hasta aquí. Durante años, los efectos tóxicos del entorno digital —la polarización, la desinformación, la erosión del espacio público— fueron en gran medida el subproducto involuntario de un modelo de negocio. Las plataformas optimizaban para captar atención, y captar atención premiaba la rabia. No había un plan detrás. “Era casi accidental. No era una conspiración política de alguien que quería dominar el mundo. Era el efecto secundario de un modelo de negocio”.

Ese tiempo terminó. “Ahora estamos en una fase distinta. Todo esto es explícito. Es un nuevo bloque de poder”. Un bloque que articula a los grandes actores tecnológicos con actores políticos afines, con la Administración estadounidense actual como eje visible. Y que tiene un programa definido aunque sus componentes no compartan el mismo horizonte ideológico: eliminar todo lo que limite su poder. Parlamentos, medios de comunicación convencionales, jueces, la ley.

Para ilustrar la naturaleza de esa alianza, Da Empoli citó un episodio reciente. Elon Musk habló ante una asamblea de extrema derecha en Londres, vinculada al entorno del activista ultra Tommy Robinson. Les dijo lo que querían escuchar: que había que deshacerse del Parlamento, que era legítima la insurgencia civil. La multitud respondió con entusiasmo. Pero cuando alguien le preguntó por el futuro, Musk respondió que sería fantástico: robots por todas partes, nuestras vidas completamente gobernadas por ellos. “Ahí se notó que el público era un poco menos receptivo”.

Los populistas nacionalistas quieren restaurar un orden pasado, vertical, gobernado por tradición. Los tecnólogos de Silicon Valley han dejado atrás no solo la nación sino la especie. No tienen el mismo fin. Pero esa contradicción, subrayó Da Empoli, “es en realidad irrelevante, porque cuando estás en una lucha por el poder no necesitas ponerte de acuerdo en el objetivo final. Solo necesitas ponerte de acuerdo en lo que quieres eliminar”. Lo que les une, concretó, es estructural: cualquier contrapeso, cualquier freno, cualquier procedimiento que los ralentice.

Haugen llegó al mismo punto desde los datos. Elon Musk demostró, con su llegada a Twitter, que era posible despedir a los equipos de seguridad sin que la empresa sufriera consecuencias relevantes. Meta siguió el ejemplo. Y la inteligencia artificial completó el ciclo: permite hacer coincidir la atención de los usuarios con los anunciantes con tanta precisión que ya no importa que la gente use menos los productos. Los ingresos siguen creciendo. El margen de beneficio de Meta es hoy más elevado que hace cinco años, y su tasa de crecimiento, más alta que hace tres.

“Los mecanismos que permiten extraer cierta virtud del mercado dejan de funcionar porque los incentivos están desalineados”, dijo Haugen. Las personas proporcionan la atención, las plataformas venden esa atención y los anunciantes la compran. Cuando los incentivos solo apuntan en una dirección, la experiencia de los usuarios puede deteriorarse indefinidamente sin que el modelo de negocio se resienta.

Da Empoli hizo en Barcelona una precisión terminológica que consideró relevante antes de hablar de soluciones. Cuando se habla de enfrentar el mundo digital, dijo, es importante hablar de “leyes” y no llamarlas regulación. “Eso hace que parezcamos burócratas. Lo que intentamos es que estas plataformas y estos actores se sometan a la ley”.

Europa, recordó, tiene el DSA —el Reglamento de Servicios Digitales—, el DMA —el Reglamento de Mercados Digitales— y la Ley de Inteligencia Artificial. Los mencionó explícitamente y sostuvo que ninguno es un instrumento deficiente. De hecho, dijo, “son bastante inteligentes”. El problema no es su calidad jurídica. El problema es que la Comisión Europea no los está aplicando. “Están legalmente obligados a hacerlo", pero no lo hacen "por preocupaciones geopolíticas”.

La formulación de Da Empoli no deja mucho espacio para la ambigüedad. Bruselas tiene miedo. Miedo de Washington, que ha hecho llegar el mensaje de que aplicar estas normas equivale a una posición hostil frente a la administración estadounidense. Antes, el lobby era intenso pero implícito. Ahora es explícito. Y la Comisión, de momento, cede.

“Lo primero es hacer que les resulte muy difícil no aplicar las leyes que ya existen”, defendió Da Empoli. Y luego, presionar para que eso ocurra.

Para explicar qué está en juego cuando esas leyes no se aplican, recurrió a un ejemplo pequeño y preciso que recoge en su libro La hora de los depredadores. Una localidad francesa vio dispararse el tráfico de repente: coches pasando por delante de colegios y hospitales sin que nadie entendiera por qué, hasta que descubrieron que era una aplicación de navegación la que redirigía vehículos desde la autopista porque el algoritmo había identificado un atajo de un minuto. El alcalde era, en teoría, la autoridad responsable de la circulación en su municipio. Pero quien decidía por dónde iban los coches era una app. “¿Quién es soberano?”, se preguntó Da Empoli.

Su conclusión no fue que haya que combatir esa aplicación. “Sería como luchar contra la electricidad”. El problema no es la herramienta. El problema es la ausencia de cualquier obligación de incorporar criterios de bien público. “Quizá puedes establecer una norma que le impida enviar diez mil vehículos en pocos minutos por una calle donde hay un colegio o un hospital. Quizá puedes quedarte con la herramienta y configurarla de manera que se optimice no solo para el beneficio económico, sino para el bien público. Es técnicamente posible. Es factible. Solo hace falta voluntad para hacerlo”.

Haugen, por su parte, llegó a Barcelona con una propuesta concreta para ese punto ciego entre el diagnóstico y la acción. Y la dirigió, de forma explícita, a la audiencia europea.

Su argumento parte de una paradoja económica. Una cantidad enorme de dinero publicitario europeo viaja cada año a Estados Unidos para financiar a las grandes plataformas. “No estamos hablando de miles de millones de dólares, sino de decenas de miles de millones”, señaló. Cada vez que un usuario europeo ve un anuncio de una marca europea en sus redes sociales, ese dinero está financiando el modelo que tanto Da Empoli como ella critican.

La vía legislativa, reconoció Haugen, está prácticamente atascada en Estados Unidos. “Cada legislatura aprobamos menos leyes que la anterior, y así llevamos 25 años”, dijo con ironía. Europa tiene más capacidad. Pero la regulación sola, desde su punto de vista, no cambia los incentivos de fondo. Para eso hace falta que el dinero se mueva.

Los boicots publicitarios tampoco funcionan, o no de forma duradera. En 2020, la campaña Stop Hate for Profit consiguió que un número significativo de grandes anunciantes retiraran su publicidad de los productos de Meta en respuesta a la gestión de la plataforma durante los disturbios relacionados con el movimiento Black Lives Matter. Funcionó durante un tiempo. Luego, los anunciantes volvieron. “Fue un proceso muy doloroso para los anunciantes”, reconoció Haugen. Los boicots operan por privación: extraen energía del sistema, pero no generan nada nuevo. Son difíciles de sostener y fácilmente reversibles en cuanto la presión mediática decae.

La propuesta que Haugen presentó en Barcelona funciona de otra manera. No se trata de retirar dinero, sino de redirigirlo. No de boicotear, sino de establecer condiciones.

La idea es concreta. Haugen propone que los grandes anunciantes se comprometan a destinar un porcentaje de su inversión publicitaria en línea —ella habla de un 10% como punto de partida— a plataformas que estén dispuestas a publicar cinco métricas sobre su impacto en los menores. No tienen que abandonar las plataformas actuales. Solo tienen que condicionar una parte de esa inversión a que exista transparencia.

Las cinco métricas que propone son las siguientes. La primera, violencia sexual: cuántos usuarios recibieron un mensaje sexual no deseado en los últimos siete días. La segunda, calidad del sueño: en qué medida el uso de la plataforma afecta al descanso de los adolescentes. La tercera, rendimiento escolar: si la plataforma afecta a la capacidad de los menores de rendir bien académicamente. La cuarta, consentimiento: si el usuario puede dejar de usar la plataforma cuando quiere. La quinta, comunidad presencial: si el uso de la plataforma favorece el encuentro en persona con las personas del entorno del usuario, o si, por el contrario, tiende a aislarlo y retenerlo dentro de la plataforma.

La inspiración para la primera de esas métricas viene de un testimonio concreto. Arturo Bejar, exempleado de Meta, declaró ante el Senado de Estados Unidos en 2022 que una de cada ocho niñas de entre 13 y 15 años había recibido un mensaje sexual no deseado en Instagram en los siete días anteriores a una encuesta. Haugen subrayó en Barcelona un dato que, según ella, pasó casi desapercibido: entre el 1% y el 2% de esas chicas recibieron diez o más mensajes de ese tipo en ese mismo periodo. “Ese número no va a bajar hasta que Meta tenga que publicar la frecuencia con la que eso ocurre justo al lado de sus cifras de pérdidas y ganancias”.

La lógica es que la transparencia obliga. Si las plataformas saben que los grandes anunciantes condicionan su inversión a la publicación de esos datos, tienen un incentivo económico directo para mejorar esas métricas. Y si no las mejoran, al menos las hacen visibles.

Haugen puso un ejemplo deliberadamente incómodo. Disney es uno de los mayores anunciantes en los productos de Meta. “Deberíamos preguntarle a Disney por qué se niega a comprometerse a destinar parte de su inversión publicitaria a plataformas dispuestas a ser honestas sobre si los menores están recibiendo comunicaciones sexuales no deseadas”, afirmó. ”Eso debería ser una petición elementa”l. Una empresa cuya marca se construye sobre la infancia invierte cantidades millonarias en plataformas que, según sus propios documentos internos, conocen el daño que causan a los menores y deciden no publicarlo.

Si los anunciantes empiezan a desplazar una parte de su inversión hacia plataformas alternativas —aunque sea de forma gradual, un 10% en seis meses, un 20% en dos años—, generan una señal para los inversores. Y esa señal puede hacer viables modelos de negocio que hoy no son rentables porque no hay capital dispuesto a financiarlos. “Pueden invertir en un futuro para Europa o pueden invertir en el statu quo que impulsa Estados Unidos”, dijo Haugen.

Da Empoli apuntó en la misma dirección, pero desde otro ángulo. La segunda línea de acción que propuso en Barcelona, más estructural y más difícil que presionar para que se apliquen las leyes existentes, es construir un modelo alternativo, ni estadounidense ni chino. No un modelo de rechazo tecnológico, sino de diseño diferente. El entorno digital actual, explicó, se parece a la comida basura: fácil, adictiva, en última instancia dañina. Lo que Europa podría intentar construir es algo más parecido a la cocina lenta: “Más sano, pero que siga siendo atractivo, satisfactorio y en última instancia mucho más gratificante”. Pero eso implica dar espacio a creadores y empresas, y posiblemente financiación pública.

El poder digital no es un fenómeno natural ni inevitable, concluyó Da Empoli. Es una construcción. Si no tiene límites, no es porque los límites sean imposibles. Es porque quienes podrían imponerlos llevan demasiado tiempo con demasiado miedo para intentarlo. Haugen añadiría un matiz: algunos de esos “quienes” no son gobiernos ni reguladores, sino empresas que cada semana depositan decenas de miles de millones en las cuentas de las plataformas que dicen querer cambiar.

Lo dijo sin rodeos, ante el plenario del I Encuentro por los Derechos Digitales, que concluye este jueves en Barcelona. “Cuanto más conocemos, más nos radicalizamos. Más nos radicalizamos en la conciencia de que llegamos tarde y de que estamos hablando de una cuestión completamente civilizatoria”.

Así de contundente se manifestó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en la descripción del diagnóstico que hacen quienes trabajan en la gobernanza de la inteligencia artificial desde dentro de las instituciones. “No es una discusión tecnológica, es una discusión política. Política de primera magnitud. Estamos discutiendo sobre soberanía”.

Para explicar el riesgo de llegar tarde, López recurrió a la analogía de la crisis financiera de 2008. El hundimiento de Lehman Brothers en octubre de ese año coincidió con la expansión masiva de las grandes redes sociales, Twitter y Facebook entre ellas. En ambos casos hubo un grito previo a favor de la desregulación, productos opacos que nadie era capaz de explicar del todo y una sensación de que el sistema se había ido de las manos antes de que alguien pudiera frenarlo.

“Yo no quiero que en el futuro, cuando se produzcan comisiones de investigación y juicios sobre lo que pasó con la inteligencia artificial o con las redes sociales, aparezcan ingenieros diciendo que se me fue de las manos”, señaló el ministro. 

López desmintió desde el principio la acusación más frecuente contra los reguladores europeos: que frenan la innovación mientras otros avanzan. Y lo hizo, de nuevo, con una referencia financiera, poniendo esta vez el foco en los bancos españoles, que batieron récord de beneficios el año pasado. Después de la crisis, después de la regulación, después de lo que parecía una camisa de fuerza para el sector. “Parece que la regulación no ha sido contraria a la competitividad”, ironizó.

En la misma línea intervino Carissa Véliz, filósofa de la Universidad de Oxford y autora de Privacy is Power y del reciente Prophecy, que compartió escenario con el ministro. Su versión del argumento fue más allá: “Un producto que es tan poco fiable como lo que tenemos, que gasta tantísima energía y que además está liderado por la gente más desconfiable del mundo, no es un gran producto”. Y la alternativa no es rendirse a ese modelo ni imitarlo, sino adelantarlo. “La ética no es nada más que buen diseño. Cuando tienes una buena silla, donde puedes estar sentado todo el día y no te duele la espalda, eso es ética”.

López enumeró las palancas con las que España intenta construir esa alternativa. 30.000 millones de euros de fondos de recuperación destinados a semiconductores, modelos de lenguaje, cátedras universitarias de IA y ciberseguridad, y planes de minería para tierras raras. Una Carta de Derechos Digitales ya aprobada. Un observatorio específico. Una ley de protección del menor. La prohibición, conseguida hace tres semanas en el marco del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de los sistemas que permiten las deepfakes sexuales. Y, como telón de fondo de todo ello, el encargo que el presidente del Gobierno le hizo cuando le nombró ministro: hacer con la transformación digital lo que España ha hecho con las renovables.

Fue en ese marco en el que el ministro hizo una promesa para el futuro: ahora, después de la IA, viene el desafío de la computación cuántica. “Y atentos a sus pantallas, porque España va a ser líder mundial” en esta materia.

Si el ministro habló con el lenguaje de la política, Véliz lo hizo con el de la historia. En su intervención, recordó la anécdota de Luis XI de Francia y su astrólogo de la corte. El rey, perturbado porque el astrólogo había predicho la muerte de una dama de la corte y la dama había muerto, ordenó en secreto que lo ejecutaran arrojándolo por una ventana. Antes, como última formalidad, le preguntó cuánto tiempo viviría. El astrólogo respondió sin vacilar: moriría tres días antes que su majestad. Luis XI nunca dio la señal.

“¿El astrólogo encontró la respuesta en las estrellas? Por supuesto que no. El astrólogo entendía el poder de las predicciones y lo usó a su favor”.

Esta historia resume la tesis central de su último ensayo, Prophecy. Según ella, los grandes ejecutivos tecnológicos, los tecnobros, están utilizando sus predicciones sobre el futuro exactamente igual que aquel astrólogo, con la diferencia de que hoy la audiencia es global y los medios las transcriben como hechos. “Lo que estamos viendo es que uno de estos ejecutivos dice algo y se reporta como si fuera un hecho. Y lo que en realidad estamos haciendo es obedecer. Las predicciones muchas veces son órdenes camufladas”.

La advertencia tiene un filo específico para el debate político. Cuando Elon Musk, Peter Thiel o Sam Altman proyectan el futuro de la IA, no están describiendo lo que va a ocurrir. Están intentando que ocurra. La diferencia entre una predicción y una orden depende, en gran medida, de si la audiencia es capaz de distinguirlas.

Véliz introdujo además un argumento sobre los riesgos de que aceptemos, sin más, el uso de la predicción algorítmica en decisiones que afectan directamente a los ciudadanos: los préstamos bancarios, los contratos de alquiler, las oportunidades laborales. Cuando un criterio es explícito —un salario mínimo, un historial de pagos—, el solicitante puede saber qué debe cambiar para obtener un resultado diferente. Cuando el criterio es una predicción algorítmica, no hay manera de impugnarlo. “Si tú me dices, no te doy este préstamo porque yo predigo que no lo vas a pagar, ¿cómo desafías una predicción? No hay manera, porque no es un hecho”.

La democracia, dijo, necesita estar anclada en hechos verificables y en procesos transparentes que el ciudadano pueda contestar. Cuando las decisiones se trasladan al futuro predicho por una máquina, ese ancla desaparece. Y puso un ejemplo histórico: en la antigua Roma, cuando los ciudadanos empezaron a creer más en las predicciones sobre quién sería el próximo emperador que en las instituciones de la república, la república no tardó en desaparecer. “Y la república”, advirtió, “nunca volvió”.

El ministro añadió su propia lectura del problema de la vigilancia digital, haciendo un inciso que mezcló lo cotidiano con lo estructural: si no fuera una cuestión de poder político, los usuarios españoles de una red social no habrían recibido un mensaje del dueño de esa plataforma contra el presidente del Gobierno. “Fijaos en las implicaciones para el modelo democrático”, dijo, aludiendo a los ataques de Elon Musk a Pedro Sánchez a través de X.

Véliz concluyó insistiendo en que el cinismo es la peor respuesta posible: “No vale ser cínico. Es demasiado fácil”. Y señaló que España tiene, a su juicio, algo de lo que otros países de su entorno carecen: valentía. “Si somos valientes ahora, vamos a tener que ser menos valientes en el futuro. Si en este momento mostramos cobardía, va a ser falta ser muchísimo más valientes más adelante”.

López quiso cerrar su intervención con la imagen que usa el presidente del Gobierno como brújula: la transformación energética. España no llegó tarde a las renovables. Llegó cuando llegó y, sin embargo, hoy exporta ese modelo al mundo. La apuesta es que con la IA y con la computación cuántica pueda repetirse el mismo trayecto.

La académica que acuñó el concepto que explica cómo Europa regula el mundo sin tener casi ninguna empresa tecnológica relevante —el llamado efecto Bruselas— llegó este miércoles a Barcelona con un argumento que incomoda a quienes llevan meses pidiendo desmantelar las leyes digitales europeas. Anu Bradford, profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Columbia, dijo ante el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que el problema de Europa no es que regule demasiado. El problema es que no tiene un mercado único de verdad, que carece de capital para financiar a sus propias empresas y que lleva décadas sin saber cómo atraer talento global. Algo que, por cierto, tiene ahora una oportunidad única de cambiar, defendió.

La distinción importa porque en Bruselas y en varias capitales europeas ha ganado fuerza en los últimos meses la tesis de que regulaciones como el RGPD —la ley de protección de datos— o la Ley de Inteligencia Artificial frenan la innovación y explican el retraso tecnológico de Europa frente a Estados Unidos. Bradford no lo cree. “Europa no necesita pensar que el modelo impulsado por los derechos la está frenando“, dijo en su conferencia de este miércoles en la capital catalana. Lo que la frena, argumentó, son cuatro problemas estructurales que ninguna desregulación va a resolver.

El primero es la fragmentación del mercado interior. Europa tiene 27 mercados nacionales con idiomas distintos, culturas distintas y a menudo regulaciones distintas. Una empresa tecnológica española que quiera crecer necesita adaptarse a cada uno de ellos, lo que encarece y ralentiza cualquier expansión. El Banco Central Europeo ha calculado que esa fragmentación equivale, en términos prácticos, a un arancel del 60% para el comercio de bienes entre países europeos y del 100% para los servicios. “Estas no son las barreras comerciales de Trump”, señaló Bradford. “Son las nuestras”.

El segundo problema es el capital. Cuando una startup europea supera la fase inicial y necesita financiación para crecer, no la encuentra en Europa. Tiene que acudir al capital riesgo estadounidense o venderse a una gran tecnológica americana. Solo el 5% del capital riesgo mundial está en Europa. Estados Unidos concentra más del 50%. China, el 40%. “No es el RGPD lo que nos frena”, insistió Bradford. “Necesitamos una unión integrada de mercados de capitales para que una empresa española pueda recaudar dinero de inversores en Alemania o Suecia”.

El tercer obstáculo es cultural y legal a la vez. En Europa, fracasar en un negocio tiene consecuencias que pueden durar décadas. El sistema legal es punitivo y el estigma social que rodea al fracaso empresarial desincentiva asumir los riesgos que requiere innovar en la frontera tecnológica. En Estados Unidos, un emprendedor que ha pasado por la quiebra puede presentarse ante inversores con su siguiente proyecto y obtener financiación porque “está trabajando en cosas grandes”. En Europa, ese emprendedor tiene pocas posibilidades de conseguirla.

El cuarto factor es el que Bradford considera más urgente ahora mismo, y también el que abre la oportunidad más interesante. Desde 1945, la gran ventaja competitiva de Estados Unidos en tecnología no ha sido solo el dinero ni las universidades. 

Ha sido la capacidad de atraer talento de todo el mundo y retenerlo. Más de la mitad de las startups estadounidenses valoradas en más de 1.000 millones de dólares tienen un fundador inmigrante. Bradford citó la lista de nombres que cualquier lector reconoce: Steve Jobs, hijo de un inmigrante sirio; Jeff Bezos, cubano de segunda generación; Sergey Brin, cofundador de Google, ruso; Jensen Huang, cofundador de Nvidia, nacido en Taiwán.

Esa ventaja, dijo Bradford, se está erosionando. La administración Trump ha convertido la restricción a la inmigración en una política central de gobierno, y las consecuencias ya son visibles en los datos. El año pasado, el número de investigadores de inteligencia artificial de todo el mundo que eligieron Estados Unidos como destino cayó un 80%. Las universidades americanas registraron entre un 30% y un 40% menos de matrículas de estudiantes extranjeros. “Mi pregunta es: ¿a dónde va ese talento? ¿Y están los europeos preparados para desplegarles la alfombra roja?”

Bradford llamó a esto un “momento Sputnik”, en referencia al shock que supuso para Estados Unidos en 1957 que la Unión Soviética lanzara el primer satélite artificial. Aquel momento aceleró la inversión americana en ciencia, educación e ingeniería. Ahora sería Europa quien podría beneficiarse del repliegue americano. Si tuviera la ambición de hacerlo, claro.

El argumento de Bradford se construye sobre una arquitectura conceptual que lleva años desarrollando. Hay tres grandes potencias digitales en el mundo, a las que llama “imperios”, y cada una exporta algo diferente. Estados Unidos exporta poder corporativo privado: empresas como Meta tienen más de 3.000 millones de usuarios en más de 160 países, y a través de ellas exporta su modelo regulatorio, que confía el gobierno de la tecnología a las propias empresas tecnológicas. 

China exporta infraestructura: cables submarinos, redes 5G, centros de datos, tecnologías de vigilancia construidas a lo largo de lo que llama la Ruta de la Seda Digital, que llega a Asia, África, América Latina y partes de Europa. Y en esas infraestructuras va incorporado el modelo autoritario chino.

Europa exporta normas. Las leyes europeas encuentran su camino fuera del continente porque ninguna empresa global puede permitirse quedar excluida del mercado europeo. Al final, les resulta más barato aplicar la regulación europea en todo el mundo que gestionar regímenes distintos en cada país. Así funciona el efecto Bruselas, que Bradford describe como “la capacidad unilateral de la UE para regular el mercado global”. El RGPD se ha convertido, en la práctica, en la ley global de privacidad de muchas grandes tecnológicas. La pregunta ahora es si lo mismo ocurrirá con la regulación europea de la inteligencia artificial.

Los tres modelos conviven y compiten en los mismos mercados. Bradford explicó que no hay tres esferas de influencia claramente separadas: en un mismo país africano o latinoamericano coexisten empresas tecnológicas estadounidenses, infraestructuras digitales chinas y regulaciones de inspiración europea. El conflicto entre los imperios se libra, al mismo tiempo, en ese terreno superpuesto.

La tensión más nueva y más aguda es la que enfrenta a Europa con la Administración Trump. No es una tensión nueva en su origen —el choque entre el modelo americano, centrado en el mercado, y el modelo europeo, centrado en los derechos, viene de lejos—, pero ha alcanzado una intensidad diferente. Cuando las grandes tecnológicas americanas no lograban frenar solas las ambiciones regulatorias europeas, encontraron un aliado inesperado en Washington. La Casa Blanca ha advertido a Europa que si sigue aplicando sus regulaciones digitales habrá consecuencias arancelarias. Con eso, dijo Bradford, “la regulación digital se ha geopolítizado”.

La presión es difícil de sostener porque no es solo comercial. Estados Unidos también ha insinuado que podría revisar sus garantías de seguridad hacia Europa, y ahí sí hay dependencias profundas. “La disposición de los europeos a seguir aplicando sus derechos digitales está vinculada a la pregunta más amplia de si Europa puede defenderse sin que América esté de su lado“, reconoció Bradford.

Pero cediendo tampoco se resuelve nada, añadió. Si Europa abandona una investigación contra Apple para evitar aranceles, lo que hace es establecer una dinámica en la que la próxima exigencia llega al día siguiente. “Eso simplemente no es sostenible”.

En el coloquio posterior, Bradford amplió su análisis hacia un terreno menos estudiado: la batalla por el relato sobre la inteligencia artificial. Citó informaciones recientes según las cuales ejecutivos de OpenAI y del fondo de inversión Andreessen Horowitz habrían financiado campañas en redes sociales para difundir mensajes favorables a la IA americana y contrarios a la IA china, pagando a influencers para distribuirlos.

Bradford consideró que eso forma parte de una estrategia deliberada de las grandes tecnológicas para usar el argumento de la “carrera de la IA” como herramienta de presión. “Si nos regulas, China nos vencerá”. Ese mensaje, dijo, está ganando tracción en Europa y está alimentando la narrativa de que regular es equivalente a perder. “Europa está perdiendo la narrativa en relación con sus propias empresas y ciudadanos si cede demasiado a esta idea”.

Bradford alertó también del riesgo de que el modelo de Meta —que cambió sus políticas de moderación de contenido en cuanto percibió que la nueva Casa Blanca le daba libertad para hacerlo— sirva como ejemplo de lo que ocurre cuando se confía en el autocontrol corporativo. “Cuando las empresas ajustan sus principios a los vientos políticos, tenemos menos razones para confiar en lo que dicen”.

La carrera europea, concluyó Bradford, no debería librarse en la capa de los grandes modelos de IA —esa competición por construir los sistemas más potentes y más intensivos en energía—, sino en la capa de las aplicaciones: cómo la inteligencia artificial mejora la sanidad, la educación, la productividad. “Ahí los europeos no tienen una desventaja inherente”.

Yaël Eisenstat lleva más de 25 años trabajando contra el extremismo —primero como oficial de inteligencia, luego como diplomática, después como asesora en la Casa Blanca—. Para su sorpresa, en 2018 fue contratada por Facebook con el fin de dirigir su trabajo global de integridad electoral en publicidad política. Al segundo día, su título había cambiado. Al sexto mes, dimitió.

Esa trayectoria fue el hilo conductor de su intervención este martes en la apertura del I Encuentro por los Derechos Digitales de Barcelona, donde presentó su diagnóstico sobre la relación entre el diseño de las plataformas, la regulación vigente y los límites de lo que los investigadores externos pueden realmente saber sobre cómo funcionan estos sistemas.

La regulación europea —el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las obligaciones de transparencia algorítmica, los requisitos de auditoría para plataformas de muy gran tamaño— sitúa a Europa en una posición aventajada respecto a Estados Unidos. Eisenstat lo reconoció sin ambigüedades. Pero añadió una condición que altera sustancialmente el diagnóstico optimista: esa ventaja regulatoria depende, en última instancia, de lo que las propias plataformas decidan mostrar.

Meta, puso como ejemplo, dispone de la biblioteca de anuncios más completa que existe en este momento. Pero también tenía CrowdTangle, la herramienta que permitía a investigadores externos analizar la difusión de contenidos en sus plataformas. “La mataron. CrowdTangle ya no existe”, se lamentó. La herramienta que hacía posible investigar a Facebook fue cerrada por Facebook.

La investigación que ella dirige desde Cybersecurity for Democracy, con sede en la Universidad de Nueva York, depende de poder acceder a datos sobre amplificación algorítmica. Sus propios estudios han demostrado que “los cambios en la amplificación cambian las experiencias de las personas con los debates públicos en las redes sociales de maneras muy distintas del contenido en sí que las personas están publicando”. No basta, por tanto, con analizar qué se dice. Hay que saber a quién se lo está enviando el algoritmo, con qué intensidad y por qué. Pero esos datos, en gran medida, los controlan las empresas.

Parte del material que Eisenstat utilizó en su presentación procede de documentos internos filtrados, principalmente a través de la exempleada de Facebook Francis Haugen. Algunos tan reveladores como una presentación interna fechada en 2016 en Alemania que mostró cómo el 64% de todos los grupos extremistas en ese país se habían formado a través de las herramientas de recomendación de la plataforma. “Esto vino de su propia investigación. No es de alguien del exterior”, subrayó.

El mismo patrón aparece en los datos sobre discurso político. Twitter, antes de convertirse en X, documentó en un informe interno que el contenido político recibía una amplificación sistemáticamente mayor cuando pasaba por su sistema de recomendaciones que cuando simplemente aparecía en una línea de tiempo cronológica. Y que los tuits publicados por cuentas de la derecha política recibían más amplificación que los de la izquierda. “Twitter lo sabía, y de hecho lo escribieron” en sus documentos internos, dijo Eisenstat.

En este contexto, la pregunta que se plantea no es solo si Europa tiene mejores leyes. Es si esas leyes pueden aplicarse de forma efectiva cuando los datos que acreditarían el incumplimiento están en manos de quien presuntamente incumple.

Durante la conversación posterior a su ponencia, el moderador le preguntó si la situación había mejorado desde 2018, el año del escándalo de Cambridge Analytica y el año en que ella fue contratada por Meta. Su respuesta fue directa: “No. Lamento decir esto, pero en este momento probablemente estamos en el punto más precario”.

La explicación que ofreció tiene lógica geopolítica. Estas empresas se construyen, crecen y se expanden principalmente desde Estados Unidos. Y es el “panorama legal permisivo estadounidense” el que ha permitido que ese modelo se exporte al resto del mundo. “Creo que arreglarlo en los Estados Unidos es imperativo. Y en este momento tenemos allí menos protecciones que en la última década”.

Esa asimetría tiene consecuencias directas para Europa. El DSA puede obligar a las plataformas a auditar sus algoritmos, a presentar informes de riesgo sistémico, a dar acceso a investigadores acreditados. Pero la arquitectura de negocio que produce los problemas —el modelo publicitario, el sistema de recomendación optimizado para el compromiso, la monetización del contenido radical— se diseña en California y se exporta globalmente con las mismas características.

Hacia el final de la conversación, Eisenstat insistió en un concepto bien conocido, el “dividendo del mentiroso”. La idea es que la proliferación de contenido sintético —vídeo, audio e imágenes generadas por inteligencia artificial— no solo produce falsedades. Produce duda sistemática sobre lo real. “El dividendo del mentiroso es cuando tienes tanta duda sobre lo que es real y lo que es falso” que es suficiente para que cualquiera pueda poner en duda algo, explicó. El beneficio para los actores de mala fe no es solo poder mentir. Es poder negar cualquier evidencia real alegando que es fabricada.

Sobre la inteligencia artificial en general, Eisenstat fue cautelosa en sus matices pero clara en su diagnóstico de fondo. Reconoció usar herramientas como ChatGPT o Claude, pero dijo que nunca permitirá que una IA agente acceda a su calendario o a sus datos personales. “Es una pelea desigual pedirle a un individuo que se enfrente solo a las empresas más intrusivas y poderosas de nuestra vida”, afirmó, y situó en los gobiernos la responsabilidad de establecer los límites. El trabajo del Estado, dijo, es proteger la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a prácticas que explotan sus datos más íntimos, “sin necesidad de prohibir estas empresas ni de ilegalizar ningún discurso”.

Sobre el modelo de negocio subyacente, fue más tajante. La mayoría de estas plataformas, dijo, venden comodidad: la respuesta más rápida, aunque no sepas si es precisa; la ropa en tu puerta antes que en la tienda. “Por toda esa comodidad, ¿a qué estás renunciando?”, preguntó. La misma herramienta de segmentación que te muestra las zapatillas que querías “también se está utilizando para dirigirte hacia un discurso político, para dirigir hacia ti teorías de la conspiración. No se trata solo de venderte zapatillas”.

La sesión incluyó también una referencia a la reciente decisión de Ursula von der Leyen de apoyar las restricciones de acceso de menores a las redes sociales. Eisenstat señaló que los documentos internos de las propias plataformas “muestran una y otra vez que saben que están generando adicción en los niños, que les están sirviendo contenido dañino y que no están resolviendo estos problemas”. Sobre la prohibición por edad, matizó que cada país puede fijar su propio umbral, pero que “una prohibición por sí sola” no cree “que resuelva todo el problema”.

Los primeros veredictos de jurado en Estados Unidos contra Meta —en Nuevo México y Los Ángeles— han comenzado a establecer jurisprudencia sobre una distinción que Eisenstat considera central: que los daños no son solo consecuencia del discurso que circula por las plataformas, sino del diseño de las plataformas mismas. Su equipo participó como testigo en el caso de Nuevo México y parte de su investigación fue utilizada en ambos juicios.

Es la misma distinción que, si prospera en los tribunales estadounidenses, podría reforzar la base legal de la regulación europea. O que, si no prospera, dejará esa regulación dependiendo de lo que las empresas decidan, voluntariamente, dejar ver.

La ciudadanía española quiere más regulación digital y está dispuesta a pagar el precio que supuestamente eso implica para lograr algunas libertades. La primera encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona y que ha comenzado este miércoles en la capital catalana, arroja un retrato coherente y algo incómodo: la población exige protección, pero el instrumento que prefiere para lograrlo —la identificación obligatoria en internet— afecta directamente al anonimato en línea.

El estudio, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y elaborado a partir de una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos a la que se ha sumado un componente cualitativo, recoge respuestas obtenidas entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostase públicamente por restringir el acceso de los menores a las redes sociales, contribuyendo así a impulsar un movimiento que ya alcanza a diez países europeos, incluidos Francia, Polonia o Dinamarca. Es, según sus promotores, el primer análisis sistemático del conocimiento y las actitudes de la población española frente a los derechos en el entorno digital.

La cifra que estructura toda la encuesta es esta: el 69% de los encuestados considera que los derechos digitales están insuficientemente protegidos. No es una valoración abstracta. Cuando se desglosa por nivel de estudios, la sensación de vulnerabilidad en internet afecta al 69% de quienes tienen únicamente educación obligatoria, frente al 35% de quienes tienen educación superior. La brecha educativa no solo separa a quienes saben usar la tecnología de quienes no: también separa a quienes se sienten expuestos de quienes no.

Los principales riesgos identificados son la privacidad y el control de datos personales, citados por el 48% de los encuestados, y las estafas y robos, con idéntico porcentaje. A mayor distancia aparecen la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%). Este último dato tiene una lectura generacional relevante: el 33% de los jóvenes entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet, una cifra que convierte el problema en algo bastante más extendido que una anécdota.

Ante la pregunta de qué ámbitos deben tener cobertura legal, los encuestados muestran un consenso amplio y consistente. La privacidad y protección de datos lidera con un 96% de respaldo. La protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales alcanza el 94%. El derecho al olvido digital —el borrado de información personal disponible en internet— es reivindicado por el 89%, y el acceso asequible a internet por el 81%.

Más allá de los derechos fundamentales, la encuesta también recoge posiciones sobre el funcionamiento técnico de las plataformas. El 76% considera que la libertad de expresión digital debe estar protegida por ley; el 73% pide algoritmos no discriminatorios; y el 72% reclama el derecho a que un humano revise las decisiones tomadas de forma automatizada. Este último punto tiene implicaciones directas para el debate europeo sobre inteligencia artificial, en un momento en que el Reglamento de IA de la UE está en fase de aplicación progresiva.

Sobre quién debe garantizar esos derechos, la ciudadanía señala en primer lugar a las administraciones públicas (45%) y en segundo lugar a las empresas tecnológicas (39%). La atribución de responsabilidad al sector privado es notable, aunque los propios encuestados tienen sobre él una opinión ambivalente: el 88% cree que las tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% considera que concentran demasiada información personal, pero el 64% les atribuye una actividad beneficiosa.

Un dato especialmente relevante de la encuesta afecta a una de las señas de identidad de la red. Ante la pregunta de cómo debe organizarse la participación en el espacio digital, el 71% se decanta por la identificación obligatoria en redes sociales y foros. Solo el 24% defiende la participación anónima.

La cifra es muy abultada. El anonimato en internet siempre se ha considerado algo más que una cuestión de comodidad, en parte con el argumento de que en algunos casos es el mecanismo que permite a periodistas, activistas, víctimas de violencia o disidentes políticos actuar sin exponerse a represalias. Pero también es el escudo de invisibilidad que muchos utilizan para insultar, acosar, difundir bulos o incluso cometer delitos. 

Que casi tres cuartas partes de la población española prefieran un modelo de identidad obligatoria revela hasta qué punto el discurso sobre la seguridad en red y la necesidad de poner freno a la impunidad que acompaña el anonimato ha desplazado al que defiende la libertad digital absoluta como extensión maximalista de los derechos civiles.

Si hay un tema donde la encuesta no deja margen de duda es en la protección de los menores. El 95% considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital. El respaldo a medidas concretas es igualmente contundente: el control parental cuenta con el apoyo del 96%; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, del 91%; y la regulación de la publicidad dirigida a menores, del 96%.

Son porcentajes que cruzan cualquier línea ideológica y que sitúan este asunto en una posición singular dentro del debate político: hay muy pocas propuestas de regulación digital que puedan presumir de ese nivel de acuerdo ciudadano. El dato llega, además, en un momento en que varios países europeos y algunas comunidades autónomas españolas discuten activamente restricciones de edad para el acceso a redes sociales.

La encuesta también mide la percepción sobre la inteligencia artificial, y el resultado es coherente con la desconfianza general hacia las tecnologías de gran escala. El 77% pide más regulación de la IA y el 56% preferiría que su desarrollo se ralentice. Solo el 49% cree que la inteligencia artificial tendrá efectos positivos para personas como ellas.

Es una mayoría escéptica, aunque no apocalíptica. La demanda de regulación está por encima de la demanda de freno: la ciudadanía no quiere necesariamente detener el desarrollo tecnológico, pero sí que alguien ponga normas antes de que el daño esté hecho.

El informe dedica un apartado específico a la alfabetización digital en materia de derechos. El resultado es ilustrativo de una paradoja habitual en estos estudios: siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término “derechos digitales”, pero el 28% no sabría explicar en qué consisten. Conocen la etiqueta, no necesariamente el contenido.

La brecha de competencias digitales sigue trazándose a lo largo de los mismos ejes que otras brechas sociales. Nueve de cada diez ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar. Entre los mayores de 60 años, esa percepción cae al 46%. Entre quienes tienen niveles de estudios más bajos, al 44%, especialmente en tareas de relativa complejidad como los trámites administrativos en línea.

La digitalización de las administraciones públicas acusa esta fractura con datos concretos. Entre el 70% y el 80% de la población de 18 a 59 años afirma que les ha facilitado la vida. Entre los mayores de 60, esa valoración positiva desciende al 49%. Y el 40% de ese grupo de edad considera que los trámites digitales con los servicios públicos les dificultan la vida. Un sistema diseñado para ser más eficiente ha resultado menos accesible para una parte significativa de la población.

El medio de los jóvenes, el medio del bulo

La encuesta incorpora también datos sobre hábitos informativos y desinformación. Hasta los 29 años, las redes sociales son el primer medio para informarse, con un 55% de preferencia. A medida que aumenta la edad, otros medios ganan peso.

Esa preferencia tiene su correlato en la percepción sobre dónde circulan las llamadas noticias falsas: el 88% señala a las redes sociales como el entorno donde más se difunden. El 86% las identifica también como el principal canal de difusión de discursos de odio.

Frente a eso, en una afirmación que mueve al escepticismo, el 78% afirma verificar habitualmente el contenido que consume en internet, ya sea recurriendo a otras fuentes dentro de la propia red (53%) o a fuentes externas (25%). Apenas el 18% admite no comprobar la veracidad de lo que lee. En una encuesta sobre derechos digitales, esa cifra tiene el valor añadido de ser, también, una medida indirecta del alcance potencial de la desinformación.

Nos pasamos los días hablando de los efectos nocivos de las redes sociales, de la necesidad de proteger a los más pequeños del scroll infinito y determinados contenidos nocivos, de tecnofeudalismo y esos multimillonarios que se alían con la ultraderecha con la firme intención de dominar el mundo. Pero una vez que hemos identificado y señalado todos esos problemas, igual es momento de mirar en otra dirección y cambiar el enfoque como única medida de legítima defensa.

Porque puede que la figura nuclear de este nuevo ecosistema de convivencia no sea el influencer que busca influir sobre otros en el ámbito que sea, sino el influenciable que se deja pensando que no lo hace. Esta es la premisa que desarrolla Miguel Lorente (Serón, Almería, 1962) en Influenciables. Las redes y la nueva obediencia (Comares, 2026), un libro en el que propone una mirada diferente hacia esta sociedad mediatizada por la agenda marcada por unos pocos.

Así las cosas, para el médico, profesor universitario y columnista de infoLibre, el influenciable es una persona sin sentido crítico, que no es consciente de su situación porque su conciencia es sustituida por una 'fe-tendencia' desde la que define la realidad a partir de tres referencias: la sintonía con el contenido de las diferentes propuestas que le llegan, el número de personas que actúan en el mismo sentido, y la autoridad de la persona que propone.

Todo ello, bajo una falsa idea de libertad al presentar su decisión como una opción entre otras muchas, sin ser consciente de que solo elige entre lo que le ofrecen. "El problema no está en los influencers o en los algoritmos, sino en quien recibe, acepta y asume la información o los mensajes con naturalidad, sin un cuestionamiento, con sensación de espontaneidad y control cuando en realidad no es así, ya que no tienen esa capacidad como ellos creen y, sobre todo, no tienen la posibilidad de filtrar, de posicionarse, de cuestionar lo que están recibiendo", argumenta Lorente a infoLibre.

Esto nos lleva a lo que el autor califica como 'fe-tendencia', un concepto según el cual la manera de enfrentarse a la información está basada en tres elementos, comenzando con "la sintonía con lo que yo a priori pienso". Desde esa premisa, aumenta la "receptividad para reafirmar mi posición en un mundo en el que me creo muy bien informado porque tengo acceso a través de las redes a miles de espacios", cuando en realidad son "los mismos, pero con diferente formato" porque son los algoritmos los que te van moviendo hacia mensajes con los que te identificas como receptor.

El segundo elemento es cuánta gente está interaccionando y "se identifica con lo que tú también te sientes identificado en un espacio al que te sientes vinculado", de manera que "cuando empiezan los likes, los comentarios o los retuits, tú mismo te sientes obligado a poner un like para que otros vean que estás dentro de ese proceso". "El tercer elemento es la autoridad de ese influencer, o de esa fuente si es un medio de comunicación, que lanza ese mensaje concreto", apostilla, e insiste en la idea de que "al final no hay juicio crítico", sino simplemente una "deriva porque crees que esa es la manera de posicionarse ante esa realidad, ya que es donde recibes esa aceptación o reconocimiento".

"La 'fe-tendencia' es el elemento que utiliza el influenciable, que ya es la persona que está dentro de esos elementos sin la noción de que se encuentra en esa falta de criterio", prosigue Lorente, quien, llegados a este punto, alerta de que estamos ante una "nueva obediencia porque no hay órdenes, ni sensación de mandato, simplemente cosas que se lanzan al aire y te hacen creer que eliges entre multitud de posibilidades, influencias, plataformas, aplicaciones o medios, pero todo está relacionado con lo que tú previamente creías".

Las redes sociales son el ejemplo paradigmático de todo esto, y justo por eso avisa del error de centrar las medidas de control en los menores, ya que en ellas interactúan también millones de adultos: "Ya nadie se mueve con un periódico de papel, leyendo artículos de opinión con calma, sino que consumimos todo de manera inmediata a través de distintos dispositivos. Hace nada había gente que no tocaba el móvil para interactuar y ahora se pasan el día enganchados a TikTok. Y yo lo he notado en gente que se ha puesto beligerante, porque antes no tenía mucho interés en la política del día a día y ahora están cuestionándolo todo".

Un modelo conservador que se ve amenazado por los avances progresistas, y que, para fomentar esa nueva obediencia, necesita "retroalimentación y nuevo contenido" constantes, apelando al miedo y a ese odio que ha sido tan "necesario para el ser humano desde el punto de vista evolutivo" como resorte para proteger a su grupo respecto a otros "que te querían quitar el alimento". "El odio está preparado fundamentalmente para defender lo propio, al grupo, lo cultural, lo que nos define", plantea.

Y continúa: "El odio funciona porque lo que se odia son precisamente aquellos elementos que se presentan como críticos, amenazantes o incluso agresores hacia el modelo de convivencia que tenemos. Además, el odiador necesita al odioso, y hay ahí una predisposición para que tú odies a las mujeres, los extranjeros, los homosexuales, es decir, a grupos que culturalmente ya han sido presentados como elementos que alteran el orden que nos hemos dado como cultura, que rompen con lo que es ser hombre, que rompen con la familia, que rompen con nuestra identidad. Por eso, la derecha mundial comparte tres objetivos comunes en su discurso de odio,  aunque luego meta circunstancias propias: los extranjeros, las mujeres y la diversidad".

Destaca Lorente, asimismo, que gracias a la conjunción de estos sentimientos de odio con las redes sociales se ha conseguido que mucha gente pase de la "pasividad" a la “acción". "Se ha conseguido que esa persona que antes odiaba a las mujeres o a los extranjeros en la soledad de su casa ahora los odie de manera compartida, siendo además reconocido por ello", advierte, para acto seguido lanzar una certeza práctica que más o menos todos hemos podido apreciar en nuestro entorno: "No he visto a nadie que se haya hecho más progresista a través de las redes sociales. Nadie. Pero más conservadores, más machistas y más fachas, muchos. No uno o dos, no: muchísimos".

Ante esta situación, echa en falta Lorente un sistema educativo que "genere la capacidad de tener una conciencia crítica", porque este sistema en el que actualmente nos movemos no necesita nada para perpetuarse salvo que "no haya algo que cuestione" los valores, las ideas y las creencias que nos definen como sociedad. El objetivo es, en su opinión, "resituar la normalidad sobre los valores tradicionales bajo unas nuevas circunstancias, un argumento muy simplista", pues se basa en decir "si somos lo que hemos sido, tenemos que ser lo que somos". "La educación es esencial y no lo estamos haciendo", avisa.

Es por todo lo anterior que la respuesta no está, aunque haga falta de alguna manera, en una regulación que limite el uso de las redes sociales, sino en "cambiar un poco la manera de enfrentarse al uso de la tecnología y, sobre todo, situarse en una posición en la que la relación se base en la toma de conciencia de la realidad, en tener conocimiento para poder deducir, inducir, reflexionar y asociar, es decir, todo lo que supone ser una persona formada con capacidades para poder responder".

La investigación abierta contra Meta por no impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años es la última de las acciones emprendidas por la Comisión Europea para poner coto a las prácticas abusivas de las tecnológicas, que van desde las brechas a la privacidad de sus usuarios y la difusión de bulos, desinformación o contenido pornográfico ilegal hasta acciones monopolísticas y contra la competencia.

Desde que en otoño pasado los 27 pactaron una declaración conjunta donde se reconocía la adicción que las redes sociales, las plataformas online y la Inteligencia Artificial generaban en los menores por sus contenidos diseñados específicamente, los Estados de la UE han ido introduciendo leyes y normas para limitar la edad de acceso, mientras la Comisión Europea, aprovechando la nueva Directiva de Servicios Digitales, abre investigaciones contra las grandes tecnológicas por su funcionamiento.

Instagram y Facebook, propiedad de Meta, aplicaron medidas para restringir el acceso de los niños y niñas que “no parecen estar siendo efectivas”, reprocha el Ejecutivo comunitario, para denunciar que “no prevén adecuadamente el acceso de los menores de 13 años a sus servicios ni los identifican rápidamente ni los retiran si han conseguido acceso”. Meta “está claro que ahora mismo no está haciendo lo suficiente” en la protección de la infancia, reprocha la vicepresidenta de la Comisión al frente del departamento de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Una denuncia pública desde Estrasburgo, con motivo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se suma a otras, como las dos abiertas contra la plataforma de X.

Grok, la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está siendo investigada formalmente por los riesgos asociados con la difusión de contenido ilegal en la UE relacionado con imágenes sexuales explícitas manipuladas de mujeres y hasta de abuso de menores. Un proceso sumado al que está en marcha desde 2023 por las obligaciones supuestamente incumplidas por X para mitigar el contenido relacionado con material terrorista.

La eurodiputada socialista Laura Ballarín califica estas investigaciones como actuaciones necesarias y urgentes ante “la alarmante falta de control por parte de las plataformas” digitales. La política, voz en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, cree aun así que estas investigaciones llegan en muchos casos tarde, ya que mientras los procesos de Bruselas avanzan con lentitud, la plataforma de Elon Musk opera “sin asumir responsabilidades reales”.

Las llamadas para que la UE ponga coto a los desmanes digitales de las plataformas de Internet, redes sociales o la Inteligencia Artificial han ido en aumento en los últimos tiempos. El grupo parlamentario de Los Verdes escribió en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los escándalos de Grok sobre imágenes falsas de abuso a menores o violencia sexual contra mujeres eran “una desgracia” y “un comportamiento inimaginable” que exigían “apoyar alternativas europeas frente a las plataformas sociales dominantes” con fondos comunitarios, además de que Bruselas y los Estados miembros “investiguen de forma rigurosa y refuercen nuestras leyes, incluyendo cualquier ley criminal que sea violada”.

Precisamente los ministros europeos de Telecomunicaciones discutieron este jueves en Chipre el futuro europeo de la Inteligencia Artificial y su regulación. Óscar López, el titular español, asegura que la posición del Gobierno al respecto es “muy sólida”, que “España no quiere retroceder” y que la Unión necesita “una regulación para que Europa consiga una IA fiable”. En todo el continente, señala el ministro López, “han surgido voces a favor de proteger a nuestros menores, especialmente en redes sociales, y la mayoría de edad. Ahora mismo hay dos países, Francia y España, que tienen una ley de protección del menor, pero los demás no la tienen y están discutiendo cómo hacerlo”.

Antes que España, a principios de año, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que modificaba la existente sobre protección del menor e introducía los 15 años como límite para acceder a las redes sociales. Por debajo de esa edad, tendrían prohibido ser usuarios en esas plataformas, como también quedaría prohibido el uso de los teléfonos móviles en los institutos. Francia se convirtió en el pionero europeo de esta regulación después de que la ANSES, su Agencia de Seguridad Sanitaria, declarase que aplicaciones como TikTok, Snapchat o Instagram provocan severos efectos negativos en los adolescentes. Hasta ese momento, sólo Australia tenía una prohibición semejante en el planeta.

Los estudios de la Comisión Europea tras la introducción de la Directiva sobre Servicios Digitales hablan de que el 97% de los jóvenes de la UE emplean a diario Internet y que las redes sociales son la principal fuente de información para el 65% de ellos. El departamento que dirige la comisaria Virkkunen “reconoce que Internet tiene mucho que ofrecer a la infancia y a la juventud, desde el aprendizaje hasta la exploración del mundo”, pero que “también están aumentando los riesgos online para la juventud que necesitan atajarse”.

La eurodiputada Laura Ballarín insiste en que el avance tecnológico no puede producirse a costa de la seguridad de los colectivos más vulnerables, “la tecnología no puede avanzar dejando atrás la protección de menores y mujeres. Regular no es frenar el progreso: es garantizar derechos”. Los países europeos están tomando nota de estos llamamientos y el coto a las redes sociales y la Inteligencia Artificial avanza.

Dinamarca está introduciendo estrictas normas para la protección online de los menores, incluyendo la prohibición de usar las redes sociales por debajo de los 15 años si no existe un control parental específico. El gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen ha adoptado esta medida después de que bajo su impulso como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los ministros de los 27 pactasen el pasado otoño la Declaración de Jutland donde se afirma que “los diseños adictivos mantienen colgados” a los menores en el mundo online, “en riesgo a contenido ilegal, contenido extremista y dañino y expuestos a contactos inapropiados”. El documento, pactado por todos los gobiernos sin excepción, reconoció “la necesidad de requerir una verificación privada y efectiva de la edad en las redes sociales”.

El gobierno austríaco trabaja en una prohibición semejante incluso con una edad aún más baja, los 14 años, como medio para combatir la adicción, las enfermedades mentales y el contenido dañino por Internet. En Alemania, democristianos y socialdemócratas también está elaborando una regulación que fuerce a las redes sociales a introducir sistemas de verificación de edad, con el mínimo de los catorce años y la obligatoriedad de versiones juveniles para los menores de dieciséis.

En otros países estas iniciativas también se abren paso. El debate ya está en el seno de la coalición de gobierno italiano, con el objetivo de adaptar las regulaciones existentes hacia un uso más restrictivo para los adolescentes más jóvenes en las redes sociales, con límites como los catorce o quince años, y en Bélgica, la región de Flandes, aprovechando sus competencias sobre protección de menores, ha introducido el mínimo legal de 13 años para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

Una redacción publica un reportaje en Facebook o en X. Horas después, la publicación ha desaparecido. No hay aviso previo, no hay explicación, no hay nadie al otro lado que responda. No hay responsabilidad. Solo un mensaje automático que remite a las condiciones de uso. El medio puede reclamar, claro. Puede rellenar un formulario, esperar días, recibir otra respuesta automática. O no recibir nada. Eso, con distintas variantes, ha ocurrido a medios de toda Europa en los últimos años: desde cabeceras con décadas de historia hasta emisoras locales con una docena de periodistas.

Para cambiarlo, la Unión Europea hace tiempo que puso en marcha su capacidad de legislar. Y ahora las cosas ya han llegado al punto en el que las grandes plataformas tienen que responder. Es lo que declaró el pasado 22 de abril el Media Board de la Unión Europea, el organismo creado para velar por la independencia y la pluralidad del periodismo en el continente y en el que España está representada a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El texto celebra las directrices que la Comisión Europea aprobó el pasado 6 de febrero y urge a Meta, Google, TikTok, X y el resto de las grandes tecnológicas a que las apliquen “cuanto antes”. Esas directrices no son sugerencias: son las instrucciones concretas, punto por punto, que explican cómo deben construir las plataformas un mecanismo para que los medios de comunicación puedan identificarse como tales y quedar protegidos frente a borrados arbitrarios. La ley que los obliga lleva más de un año en vigor. El mecanismo todavía no existe en ninguna de ellas.

Para entender el estado actual de la cuestión, hay que remontarse a 2024, cuando la Unión Europea aprobó el Reglamento Europeo de la Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act). Es la primera norma de ámbito europeo que intenta blindar el periodismo independiente frente a dos tipos de presión: la de los gobiernos y la de las grandes plataformas digitales.

Su artículo 18 es una de las piezas más prácticas de ese edificio. Establece que las plataformas más grandes —las que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE— tienen que tratar a los medios de comunicación de forma diferente a como tratan a un usuario corriente. Un periódico, una radio o una televisión que publica contenidos en Facebook, YouTube o TikTok no puede estar sujeto a las mismas reglas informales que alguien que cuelga un vídeo de su gato.

Concretamente, la ley les exige tres garantías básicas: que la plataforma avise al medio con antelación si va a borrar o limitar uno de sus contenidos, que le explique los motivos con claridad y que le dé 24 horas para responder antes de que el borrado se haga efectivo. Si un medio considera que está siendo limitado de forma sistemática e injustificada, puede exigir además un diálogo formal y que sus quejas sean atendidas con prioridad.

Suena razonable. El problema es que, para beneficiarse de estas protecciones, los medios primero tienen que identificarse como tales ante cada plataforma. Y para que eso sea posible, cada plataforma tiene que crear un mecanismo —un botón, un formulario, algún tipo de canal específico— a través del cual los medios puedan presentar esa declaración. Hasta febrero de 2026, nadie había explicado con suficiente detalle cómo debía ser ese procedimiento. Las plataformas, en ausencia de instrucciones precisas, no lo habían construido. Eso es exactamente lo que las directrices de la Comisión vienen a resolver.

Las directrices —publicadas en el Diario Oficial de la UE con la referencia C/2026/901— son bastante concretas. No dejan demasiado margen a la interpretación.

Lo primero que establecen es que ese mecanismo de declaración tiene que ser visible y accesible. No puede estar enterrado en un submenú de configuración avanzada. Debe estar disponible en todos los idiomas oficiales de la UE y ser fácil de encontrar para cualquier redacción, con independencia de su tamaño o sus recursos técnicos.

Para declararse como medio de comunicación, las organizaciones periodísticas tendrán que proporcionar siete elementos concretos. Entre ellos: que producen contenido informativo, que son editorialmente independientes —esto es, que no están controladas por un gobierno, un partido político o un Estado extranjero—, que están sujetas a algún mecanismo de supervisión regulatoria o de autorregulación reconocido (un consejo de prensa, un defensor del lector, un código deontológico acreditado), y sus datos de contacto y los del regulador o autoridad competente en su país.

Hay un punto que merece atención especial: las directrices exigen también que los medios declaren si sus contenidos generados con inteligencia artificial tienen supervisión humana y control editorial. Es, probablemente, la novedad más relevante del texto en el contexto actual, y anticipa una conversación que apenas ha empezado en la industria periodística.

Una vez presentada la declaración, la plataforma tiene que acusar recibo de forma automática e inmediata, con un contacto humano real —no un sistema automatizado— para facilitar la comunicación posterior. Las declaraciones deben además ser públicas: cualquier ciudadano podrá consultar qué medios se han declarado como tales en cada plataforma.

Las directrices también acotan el margen de maniobra de las plataformas cuando tengan dudas sobre si un supuesto “medio” cumple realmente los requisitos. En ese caso, no pueden limitarse a rechazar la declaración: deben consultar al regulador nacional correspondiente antes de tomar ninguna decisión. 

La incertidumbre no puede usarse como excusa para el bloqueo. Y si un medio pertenece a un mecanismo de corregulación o autorregulación reconocido —un consejo de prensa, por ejemplo—, su declaración debe aceptarse de forma automática, siempre que el resto de elementos estén en orden.

Por último, las directrices abren la puerta a que organizaciones como verificadores de datos participen en la supervisión del proceso, para evitar que medios dedicados sistemáticamente a la desinformación o a la propaganda disfrazada de periodismo se beneficien de protecciones que no les corresponden.

La pelota está en el tejado de las plataformas. Las normas ya existen; lo que falta es que las implementen. La lista de obligadas incluye a Meta (Facebook, Instagram, Threads), Alphabet/Google (YouTube, Google Search, Google News), TikTok, X, Microsoft (Bing, LinkedIn), Snapchat y Pinterest, entre otras. Todas ellas están sujetas al Reglamento de Servicios Digitales y, por extensión, al artículo 18 del EMFA.

Pero no son las únicas que tienen que actuar. Los medios de comunicación que quieran beneficiarse de estas protecciones tendrán que preparar su declaración y presentarla en cada plataforma en la que tengan presencia relevante. Eso implica verificar que cumplen los requisitos —en particular los de transparencia sobre propiedad e independencia editorial— y mantenerla actualizada si sus condiciones cambian.

Y los reguladores nacionales de medios deben estar preparados para ser consultados por las plataformas cuando estas duden sobre alguna declaración. En España, eso corresponde principalmente a la CNMC y, en su ámbito audiovisual, al organismo que prevé la Ley de Comunicación Audiovisual. La agilidad de esa respuesta importa: si el regulador tarda semanas en contestar, la protección pierde buena parte de su sentido práctico.

¿Cuál es el problema? En España la CNMC sigue sin tener la habilitación legal para ocuparse de este asunto más allá del campo audiovisual.

La presidenta del Media Board, Amma Asante, resume el propósito del artículo 18 en que estas normas existen para que los intermediarios privados no puedan “restringir indebidamente el discurso público”. Dicho de otra forma: para que la decisión sobre qué periodismo llega a la ciudadanía no la tome un algoritmo de Silicon Valley.

No es una amenaza hipotética. En los últimos años, medios de distintos países —incluidos algunos europeos— han visto contenidos borrados o alcances limitados sin previo aviso, sin explicación clara y sin posibilidad real de réplica. Las plataformas aplican sus propias condiciones de uso, las cambian cuando lo consideran oportuno y no tienen, hasta ahora, ninguna obligación legal de tratar a un medio periodístico de forma distinta a cualquier otro usuario.

El artículo 18 del EMFA no cambia eso radicalmente: no obliga a las plataformas a no borrar contenidos. Solo les exige que, antes de hacerlo, avisen, expliquen y escuchen. Es una protección modesta, pero es la primera de su tipo a escala continental. Y tiene una virtud: pone por escrito, en una norma jurídicamente vinculante, que el periodismo independiente merece un tratamiento distinto al del contenido ordinario.

La eficacia de esa protección depende ahora de que las plataformas construyan el mecanismo, de que los medios lo usen y de que los reguladores hagan cumplir la norma. El Media Board ya ha avisado esta semana de que el reloj está corriendo. El primer test es el más sencillo: ¿tienen ya Facebook, YouTube o TikTok ese formulario? La respuesta, por ahora, es negativa.