Andalucía tiene más de 7,5 millones de personas en edad de votar, el 17,6% del censo adulto nacional, y buena parte de ellas se informará este domingo desde un territorio mediático con fracturas que no se explican solo por el tamaño. La comunidad consume más televisión que la media, usa las redes sociales con mayor intensidad que cualquier otra comunidad del país y llega a las elecciones autonómicas del 17 de mayo con una radiotelevisión pública cuya credibilidad lleva años siendo cuestionada. Ese es el mapa informativo en el que se dirime la cita electoral.

La televisión es el medio dominante y lo es con más fuerza que en el resto de España. Los andaluces ven una media de 196 minutos diarios de televisión, diez más que la media nacional, según el último Marco General de la AIMC. No es el dato más extremo del país —Castilla-La Mancha alcanza los 224 minutos—, pero sí confirma que la pantalla sigue siendo el canal principal de consumo informativo en una comunidad donde el nivel socioeconómico medio lastra la penetración de la prensa escrita y donde el acceso a internet, aunque creciente, no ha desplazado al televisor como referencia.

En ese contexto, y a diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, donde La 1 de RTVE ha sido capaz de abrirse hueco, mandan las cadenas privadas, cuyos programas de infoentretenimiento y servicios informativos llevan años moviéndose en un difícil equilibrio entre la derecha y la extrema derecha.

Antena 3 lidera la televisión en Andalucía en lo que va de año con un incontestable 14% de cuota, seguida de Telecinco (10,8%) —en este caso sí que de manera sorprendente—, con porcentajes que apenas se mueven. Por detrás, el ascenso de La 1 alcanza un 9,8%, su mejor dato en la comunidad en 14 años, desde 2012, pero aún lejos de sus rivales en manos del Grupo Planeta y de la familia Berlusconi. 

Canal Sur (9,6%), entre tanto, la televisión autonómica que históricamente compitió de tú a tú con las grandes cadenas nacionales en este territorio, ahora tiene que conformarse con el cuarto puesto. Más atrás aún están las otras dos generalistas privadas: Cuatro sube cinco décimas hasta el 7% y La Sexta cede una décima para quedarse en el 5,6%, según datos oficiales de enero a abril de 2026 a los que ha tenido acceso infoLibre.

Lo que esos datos de audiencia no miden, en el caso de Canal Sur, es el coste institucional del modelo de gestión impuesto por la derecha desde que alcanzó el poder en Andalucía en 2019 y que ha condicionado el presente y el futuro del único medio verdaderamente de alcance andaluz. 

La reforma legal aprobada por el PP nada más alcanzar el gobierno de Juanma Moreno redujo de 15 a nueve los miembros del Consejo de Administración de la corporación y eliminó el mandato de seis años de sus integrantes, que hasta entonces garantizaba cierta desconexión del ciclo electoral. El mandato del director general quedó atado a la duración de la legislatura, exactamente lo contrario de lo que ordenan las normas europeas. El Consejo Asesor pasó de 17 a 13 miembros.

Para los cargos siguió siendo necesaria una mayoría de tres quintos del Parlamento, requisito que, en teoría, obliga a pactar con la oposición. En la práctica, el primer director general del ciclo popular, Juan de Dios Mellado, llegó directamente desde la Dirección General de Comunicación Social de la Junta, es decir, desde el entorno inmediato del presidente.

El Consejo Profesional de Canal Sur documentó, a partir de 2020, 350 ejemplos de malas prácticas en apenas seis meses, “escaletas ideológicas” y desequilibrios informativos sistematizados. El órgano calificó de “muy grave” una referencia al franquismo como “gobierno de 40 años” y registró la suspensión de empleo de un periodista por protestar en una rueda de prensa del PP. El director de Informativos, Álvaro Zancajo, fue cesado en diciembre de 2023 por las denuncias de manipulación. Sus propios trabajadores señalan que su sucesora, Carmen Torres, no mejoró la situación.

A este panorama audiovisual, tan escorado, se suma una prensa andaluza de papel con una estructura que la distingue del resto de comunidades: no existe un gran diario de referencia regional. La cobertura está fragmentada por provincias, con cabeceras de influencia local que pertenecen a grupos nacionales o a un único grupo íntegramente andaluz, y donde la lógica del mercado ha dibujado un mapa en el que el territorio no cuenta igual en todas partes.

Los tres grupos dominantes son Grupo Joly, Vocento y Prensa Ibérica. El primero, controlado por la familia Joly y de tendencia conservadora, es el único enteramente andaluz, con diez diarios que incluyen Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, Huelva Información o Granada Hoy. Vocento, cotizado en bolsa y claramente alineado a la derecha, publica en la comunidad la versión andaluza de Abc, Diario de Jerez y Córdoba, entre otros. Prensa Ibérica, más pragmático e institucional, propiedad del empresario Javier Moll, acaba de reforzar su presencia con la adquisición de El Correo de Andalucía, que se suma al Diario de Córdoba, La Opinión de Málaga y La Voz de Almería.

En el terreno digital, el trasvase del capital de marca de las cabeceras históricas al online ha beneficiado sobre todo a Vocento, cuyos títulos andaluces dominan el tráfico medido por Gfk en sus respectivas provincias. La delegación andaluza de eldiario.es es la referencia más consolidada entre los nativos digitales, aunque sus cifras se mantienen alejadas de los líderes provinciales. El resto del espacio nativo lo ocupan medios de alcance local o temático sin audiencias comparables.

La penetración de la prensa —papel más internet— es del 36,7% en Andalucía, algo inferior a la media nacional del 39,6%, lo que limita su capacidad de influir. El índice socioeconómico explica en parte la diferencia: la comunidad tiene una proporción relativamente baja de población en los estratos altos, precisamente los que más diarios consumen.

Un estudio publicado en 2025 encontró una fractura cuya existencia se conocía, pero que hasta ahora no había sido cuantificada a esta escala: en todas las provincias andaluzas, la franja norte —las sierras— aparece sin un solo medio de proximidad. La cobertura se concentra en las capitales, la costa y los municipios de mayor tamaño. El tamaño medio de un municipio con medios supera los 65.000 habitantes. Por encima de los 20.000, el 87% de los municipios tiene al menos una cabecera. Por debajo de los 10.000, la cobertura cae de forma abrupta.

Las diferencias entre provincias son, además, pronunciadas. Cádiz acumula casi el 24% de los medios andaluces con apenas el 14,7% de la población: el 41% de sus municipios cuenta con al menos un periódico digital local.

El extremo opuesto lo ocupa Almería, donde solo el 2% de los municipios tiene algún medio y, fuera de la capital, únicamente existe uno, en El Ejido. Granada, con 173 municipios —más que cualquier otra provincia andaluza—, solo tiene cobertura propia en cinco de ellos. El 97% de su territorio municipal carece de periodismo local. La sierra de Huelva, Cazorla-Segura, en Jaén, y la franja serrana de Málaga reproducen el mismo patrón.

La literatura académica sobre desiertos informativos ha documentado que los territorios sin medios locales registran mayor abstención electoral y son más vulnerables a la desinformación. En Estados Unidos se ha constatado que, en las zonas rurales sin periódicos, los ciudadanos votan menos y con menor criterio. La función de vigilancia del poder municipal desaparece con los medios que la ejercían. El estudio andaluz no establece esa correlación de forma directa —los autores la señalan como pendiente de investigación—, pero los datos de cobertura hablan por sí solos.

A ese vacío se suma un problema específicamente español. Los medios locales que sí logran sobrevivir en estos territorios dependen en muchos casos de la publicidad institucional, cuyo reparto opaco los convierte en financieramente vulnerables frente a las administraciones que deberían cubrir. 

El Gobierno de Moreno Bonilla incrementó un 140% el gasto anual de la Junta en publicidad institucional y patrocinios respecto al último Ejecutivo socialista, según datos de 2025: mientras Susana Díaz gastó una media de 19,3 millones anuales entre 2015 y 2018, el PP ha desembolsado al menos 286,4 millones desde 2019, unos 46,2 millones por año. La Cámara de Cuentas ha reprochado al Ejecutivo su falta de transparencia en este capítulo, señalando que el Portal de la Junta no detalla el gasto por campaña ni incluye a las entidades instrumentales, en incumplimiento del artículo 16 de la ley autonómica de transparencia.

La radio y las redes completan el cuadro. La AIMC registra una penetración radiofónica del 51,4% en Andalucía, frente al 55% de la media nacional, con un consumo medio de 84 minutos diarios frente a los 89 del conjunto del país. El liderazgo de audiencia se lo disputan COPE y Cadena SER en términos muy ajustados: 718.000 oyentes diarios frente a 703.000, según la tercera ola del EGM de 2025. Canal Sur Radio creció más del 40% respecto al mismo periodo del año anterior y superó los 519.000 oyentes sumando todas sus emisoras, su mejor dato en cinco oleadas consecutivas.

Por lo que se refiere a las redes sociales, el 53% de los adultos andaluces las usa como fuente de noticias, frente al 49% de la media española, lo que les expone más que a la media a la manipulación de los algoritmos. El Barómetro Audiovisual de Andalucía de 2024 sitúa en el 85,4% la proporción de andaluces que declara usar redes sociales, cifra que sube al 98,6% entre los de 16 a 24 años. El acceso a internet alcanza al 89,3% de los residentes, solo un punto por debajo de la media nacional, pero el consumo digital es levemente superior: 255 minutos diarios frente a los 251 del conjunto del país. 

Es la única métrica en la que Andalucía supera consistentemente al resto. En los medios tradicionales, la brecha va en la otra dirección.

Giuliano Da Empoli lo dijo con la precisión de quien lleva años buscando la frase exacta. “La ventana de oportunidad para dominar los procesos digitales de manera ordenada se ha cerrado”. El politólogo y novelista italiano lo admitió sin eufemismos este jueves en Barcelona, ante el I Encuentro sobre Derechos Digitales. Y añadió, con la misma franqueza: “Deberíamos haberlo entendido hace mucho tiempo. No lo hicimos. Yo el primero”.

Frances Haugen llegó a una conclusión parecida por otro camino. La ingeniera que en 2021 filtró 20.000 páginas de documentos internos de Facebook lleva cinco años intentando que Meta rinda cuentas. En ese tiempo ha visto investigaciones, titulares y debates regulatorios. Y ha visto también otra cosa: que Meta es hoy sustancialmente más rentable que cuando ella decidió hablar. “Si quieren llevarse un buen jarro de agua fría sobre el trabajo realizado en cinco años, espero que no tengan en su vida una gráfica como esta”, afirmó mientras proyectaba la evolución de los beneficios de la empresa.

Dos voces, dos trayectorias, el mismo diagnóstico de fondo. El poder digital ha ganado terreno. Los instrumentos para limitarlo existen. Y quienes podrían activarlos, por razones distintas, no lo hacen.

Da Empoli ofreció en Barcelona la explicación más útil para entender cómo se llegó hasta aquí. Durante años, los efectos tóxicos del entorno digital —la polarización, la desinformación, la erosión del espacio público— fueron en gran medida el subproducto involuntario de un modelo de negocio. Las plataformas optimizaban para captar atención, y captar atención premiaba la rabia. No había un plan detrás. “Era casi accidental. No era una conspiración política de alguien que quería dominar el mundo. Era el efecto secundario de un modelo de negocio”.

Ese tiempo terminó. “Ahora estamos en una fase distinta. Todo esto es explícito. Es un nuevo bloque de poder”. Un bloque que articula a los grandes actores tecnológicos con actores políticos afines, con la Administración estadounidense actual como eje visible. Y que tiene un programa definido aunque sus componentes no compartan el mismo horizonte ideológico: eliminar todo lo que limite su poder. Parlamentos, medios de comunicación convencionales, jueces, la ley.

Para ilustrar la naturaleza de esa alianza, Da Empoli citó un episodio reciente. Elon Musk habló ante una asamblea de extrema derecha en Londres, vinculada al entorno del activista ultra Tommy Robinson. Les dijo lo que querían escuchar: que había que deshacerse del Parlamento, que era legítima la insurgencia civil. La multitud respondió con entusiasmo. Pero cuando alguien le preguntó por el futuro, Musk respondió que sería fantástico: robots por todas partes, nuestras vidas completamente gobernadas por ellos. “Ahí se notó que el público era un poco menos receptivo”.

Los populistas nacionalistas quieren restaurar un orden pasado, vertical, gobernado por tradición. Los tecnólogos de Silicon Valley han dejado atrás no solo la nación sino la especie. No tienen el mismo fin. Pero esa contradicción, subrayó Da Empoli, “es en realidad irrelevante, porque cuando estás en una lucha por el poder no necesitas ponerte de acuerdo en el objetivo final. Solo necesitas ponerte de acuerdo en lo que quieres eliminar”. Lo que les une, concretó, es estructural: cualquier contrapeso, cualquier freno, cualquier procedimiento que los ralentice.

Haugen llegó al mismo punto desde los datos. Elon Musk demostró, con su llegada a Twitter, que era posible despedir a los equipos de seguridad sin que la empresa sufriera consecuencias relevantes. Meta siguió el ejemplo. Y la inteligencia artificial completó el ciclo: permite hacer coincidir la atención de los usuarios con los anunciantes con tanta precisión que ya no importa que la gente use menos los productos. Los ingresos siguen creciendo. El margen de beneficio de Meta es hoy más elevado que hace cinco años, y su tasa de crecimiento, más alta que hace tres.

“Los mecanismos que permiten extraer cierta virtud del mercado dejan de funcionar porque los incentivos están desalineados”, dijo Haugen. Las personas proporcionan la atención, las plataformas venden esa atención y los anunciantes la compran. Cuando los incentivos solo apuntan en una dirección, la experiencia de los usuarios puede deteriorarse indefinidamente sin que el modelo de negocio se resienta.

Da Empoli hizo en Barcelona una precisión terminológica que consideró relevante antes de hablar de soluciones. Cuando se habla de enfrentar el mundo digital, dijo, es importante hablar de “leyes” y no llamarlas regulación. “Eso hace que parezcamos burócratas. Lo que intentamos es que estas plataformas y estos actores se sometan a la ley”.

Europa, recordó, tiene el DSA —el Reglamento de Servicios Digitales—, el DMA —el Reglamento de Mercados Digitales— y la Ley de Inteligencia Artificial. Los mencionó explícitamente y sostuvo que ninguno es un instrumento deficiente. De hecho, dijo, “son bastante inteligentes”. El problema no es su calidad jurídica. El problema es que la Comisión Europea no los está aplicando. “Están legalmente obligados a hacerlo", pero no lo hacen "por preocupaciones geopolíticas”.

La formulación de Da Empoli no deja mucho espacio para la ambigüedad. Bruselas tiene miedo. Miedo de Washington, que ha hecho llegar el mensaje de que aplicar estas normas equivale a una posición hostil frente a la administración estadounidense. Antes, el lobby era intenso pero implícito. Ahora es explícito. Y la Comisión, de momento, cede.

“Lo primero es hacer que les resulte muy difícil no aplicar las leyes que ya existen”, defendió Da Empoli. Y luego, presionar para que eso ocurra.

Para explicar qué está en juego cuando esas leyes no se aplican, recurrió a un ejemplo pequeño y preciso que recoge en su libro La hora de los depredadores. Una localidad francesa vio dispararse el tráfico de repente: coches pasando por delante de colegios y hospitales sin que nadie entendiera por qué, hasta que descubrieron que era una aplicación de navegación la que redirigía vehículos desde la autopista porque el algoritmo había identificado un atajo de un minuto. El alcalde era, en teoría, la autoridad responsable de la circulación en su municipio. Pero quien decidía por dónde iban los coches era una app. “¿Quién es soberano?”, se preguntó Da Empoli.

Su conclusión no fue que haya que combatir esa aplicación. “Sería como luchar contra la electricidad”. El problema no es la herramienta. El problema es la ausencia de cualquier obligación de incorporar criterios de bien público. “Quizá puedes establecer una norma que le impida enviar diez mil vehículos en pocos minutos por una calle donde hay un colegio o un hospital. Quizá puedes quedarte con la herramienta y configurarla de manera que se optimice no solo para el beneficio económico, sino para el bien público. Es técnicamente posible. Es factible. Solo hace falta voluntad para hacerlo”.

Haugen, por su parte, llegó a Barcelona con una propuesta concreta para ese punto ciego entre el diagnóstico y la acción. Y la dirigió, de forma explícita, a la audiencia europea.

Su argumento parte de una paradoja económica. Una cantidad enorme de dinero publicitario europeo viaja cada año a Estados Unidos para financiar a las grandes plataformas. “No estamos hablando de miles de millones de dólares, sino de decenas de miles de millones”, señaló. Cada vez que un usuario europeo ve un anuncio de una marca europea en sus redes sociales, ese dinero está financiando el modelo que tanto Da Empoli como ella critican.

La vía legislativa, reconoció Haugen, está prácticamente atascada en Estados Unidos. “Cada legislatura aprobamos menos leyes que la anterior, y así llevamos 25 años”, dijo con ironía. Europa tiene más capacidad. Pero la regulación sola, desde su punto de vista, no cambia los incentivos de fondo. Para eso hace falta que el dinero se mueva.

Los boicots publicitarios tampoco funcionan, o no de forma duradera. En 2020, la campaña Stop Hate for Profit consiguió que un número significativo de grandes anunciantes retiraran su publicidad de los productos de Meta en respuesta a la gestión de la plataforma durante los disturbios relacionados con el movimiento Black Lives Matter. Funcionó durante un tiempo. Luego, los anunciantes volvieron. “Fue un proceso muy doloroso para los anunciantes”, reconoció Haugen. Los boicots operan por privación: extraen energía del sistema, pero no generan nada nuevo. Son difíciles de sostener y fácilmente reversibles en cuanto la presión mediática decae.

La propuesta que Haugen presentó en Barcelona funciona de otra manera. No se trata de retirar dinero, sino de redirigirlo. No de boicotear, sino de establecer condiciones.

La idea es concreta. Haugen propone que los grandes anunciantes se comprometan a destinar un porcentaje de su inversión publicitaria en línea —ella habla de un 10% como punto de partida— a plataformas que estén dispuestas a publicar cinco métricas sobre su impacto en los menores. No tienen que abandonar las plataformas actuales. Solo tienen que condicionar una parte de esa inversión a que exista transparencia.

Las cinco métricas que propone son las siguientes. La primera, violencia sexual: cuántos usuarios recibieron un mensaje sexual no deseado en los últimos siete días. La segunda, calidad del sueño: en qué medida el uso de la plataforma afecta al descanso de los adolescentes. La tercera, rendimiento escolar: si la plataforma afecta a la capacidad de los menores de rendir bien académicamente. La cuarta, consentimiento: si el usuario puede dejar de usar la plataforma cuando quiere. La quinta, comunidad presencial: si el uso de la plataforma favorece el encuentro en persona con las personas del entorno del usuario, o si, por el contrario, tiende a aislarlo y retenerlo dentro de la plataforma.

La inspiración para la primera de esas métricas viene de un testimonio concreto. Arturo Bejar, exempleado de Meta, declaró ante el Senado de Estados Unidos en 2022 que una de cada ocho niñas de entre 13 y 15 años había recibido un mensaje sexual no deseado en Instagram en los siete días anteriores a una encuesta. Haugen subrayó en Barcelona un dato que, según ella, pasó casi desapercibido: entre el 1% y el 2% de esas chicas recibieron diez o más mensajes de ese tipo en ese mismo periodo. “Ese número no va a bajar hasta que Meta tenga que publicar la frecuencia con la que eso ocurre justo al lado de sus cifras de pérdidas y ganancias”.

La lógica es que la transparencia obliga. Si las plataformas saben que los grandes anunciantes condicionan su inversión a la publicación de esos datos, tienen un incentivo económico directo para mejorar esas métricas. Y si no las mejoran, al menos las hacen visibles.

Haugen puso un ejemplo deliberadamente incómodo. Disney es uno de los mayores anunciantes en los productos de Meta. “Deberíamos preguntarle a Disney por qué se niega a comprometerse a destinar parte de su inversión publicitaria a plataformas dispuestas a ser honestas sobre si los menores están recibiendo comunicaciones sexuales no deseadas”, afirmó. ”Eso debería ser una petición elementa”l. Una empresa cuya marca se construye sobre la infancia invierte cantidades millonarias en plataformas que, según sus propios documentos internos, conocen el daño que causan a los menores y deciden no publicarlo.

Si los anunciantes empiezan a desplazar una parte de su inversión hacia plataformas alternativas —aunque sea de forma gradual, un 10% en seis meses, un 20% en dos años—, generan una señal para los inversores. Y esa señal puede hacer viables modelos de negocio que hoy no son rentables porque no hay capital dispuesto a financiarlos. “Pueden invertir en un futuro para Europa o pueden invertir en el statu quo que impulsa Estados Unidos”, dijo Haugen.

Da Empoli apuntó en la misma dirección, pero desde otro ángulo. La segunda línea de acción que propuso en Barcelona, más estructural y más difícil que presionar para que se apliquen las leyes existentes, es construir un modelo alternativo, ni estadounidense ni chino. No un modelo de rechazo tecnológico, sino de diseño diferente. El entorno digital actual, explicó, se parece a la comida basura: fácil, adictiva, en última instancia dañina. Lo que Europa podría intentar construir es algo más parecido a la cocina lenta: “Más sano, pero que siga siendo atractivo, satisfactorio y en última instancia mucho más gratificante”. Pero eso implica dar espacio a creadores y empresas, y posiblemente financiación pública.

El poder digital no es un fenómeno natural ni inevitable, concluyó Da Empoli. Es una construcción. Si no tiene límites, no es porque los límites sean imposibles. Es porque quienes podrían imponerlos llevan demasiado tiempo con demasiado miedo para intentarlo. Haugen añadiría un matiz: algunos de esos “quienes” no son gobiernos ni reguladores, sino empresas que cada semana depositan decenas de miles de millones en las cuentas de las plataformas que dicen querer cambiar.

Lo dijo sin rodeos, ante el plenario del I Encuentro por los Derechos Digitales, que concluye este jueves en Barcelona. “Cuanto más conocemos, más nos radicalizamos. Más nos radicalizamos en la conciencia de que llegamos tarde y de que estamos hablando de una cuestión completamente civilizatoria”.

Así de contundente se manifestó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en la descripción del diagnóstico que hacen quienes trabajan en la gobernanza de la inteligencia artificial desde dentro de las instituciones. “No es una discusión tecnológica, es una discusión política. Política de primera magnitud. Estamos discutiendo sobre soberanía”.

Para explicar el riesgo de llegar tarde, López recurrió a la analogía de la crisis financiera de 2008. El hundimiento de Lehman Brothers en octubre de ese año coincidió con la expansión masiva de las grandes redes sociales, Twitter y Facebook entre ellas. En ambos casos hubo un grito previo a favor de la desregulación, productos opacos que nadie era capaz de explicar del todo y una sensación de que el sistema se había ido de las manos antes de que alguien pudiera frenarlo.

“Yo no quiero que en el futuro, cuando se produzcan comisiones de investigación y juicios sobre lo que pasó con la inteligencia artificial o con las redes sociales, aparezcan ingenieros diciendo que se me fue de las manos”, señaló el ministro. 

López desmintió desde el principio la acusación más frecuente contra los reguladores europeos: que frenan la innovación mientras otros avanzan. Y lo hizo, de nuevo, con una referencia financiera, poniendo esta vez el foco en los bancos españoles, que batieron récord de beneficios el año pasado. Después de la crisis, después de la regulación, después de lo que parecía una camisa de fuerza para el sector. “Parece que la regulación no ha sido contraria a la competitividad”, ironizó.

En la misma línea intervino Carissa Véliz, filósofa de la Universidad de Oxford y autora de Privacy is Power y del reciente Prophecy, que compartió escenario con el ministro. Su versión del argumento fue más allá: “Un producto que es tan poco fiable como lo que tenemos, que gasta tantísima energía y que además está liderado por la gente más desconfiable del mundo, no es un gran producto”. Y la alternativa no es rendirse a ese modelo ni imitarlo, sino adelantarlo. “La ética no es nada más que buen diseño. Cuando tienes una buena silla, donde puedes estar sentado todo el día y no te duele la espalda, eso es ética”.

López enumeró las palancas con las que España intenta construir esa alternativa. 30.000 millones de euros de fondos de recuperación destinados a semiconductores, modelos de lenguaje, cátedras universitarias de IA y ciberseguridad, y planes de minería para tierras raras. Una Carta de Derechos Digitales ya aprobada. Un observatorio específico. Una ley de protección del menor. La prohibición, conseguida hace tres semanas en el marco del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de los sistemas que permiten las deepfakes sexuales. Y, como telón de fondo de todo ello, el encargo que el presidente del Gobierno le hizo cuando le nombró ministro: hacer con la transformación digital lo que España ha hecho con las renovables.

Fue en ese marco en el que el ministro hizo una promesa para el futuro: ahora, después de la IA, viene el desafío de la computación cuántica. “Y atentos a sus pantallas, porque España va a ser líder mundial” en esta materia.

Si el ministro habló con el lenguaje de la política, Véliz lo hizo con el de la historia. En su intervención, recordó la anécdota de Luis XI de Francia y su astrólogo de la corte. El rey, perturbado porque el astrólogo había predicho la muerte de una dama de la corte y la dama había muerto, ordenó en secreto que lo ejecutaran arrojándolo por una ventana. Antes, como última formalidad, le preguntó cuánto tiempo viviría. El astrólogo respondió sin vacilar: moriría tres días antes que su majestad. Luis XI nunca dio la señal.

“¿El astrólogo encontró la respuesta en las estrellas? Por supuesto que no. El astrólogo entendía el poder de las predicciones y lo usó a su favor”.

Esta historia resume la tesis central de su último ensayo, Prophecy. Según ella, los grandes ejecutivos tecnológicos, los tecnobros, están utilizando sus predicciones sobre el futuro exactamente igual que aquel astrólogo, con la diferencia de que hoy la audiencia es global y los medios las transcriben como hechos. “Lo que estamos viendo es que uno de estos ejecutivos dice algo y se reporta como si fuera un hecho. Y lo que en realidad estamos haciendo es obedecer. Las predicciones muchas veces son órdenes camufladas”.

La advertencia tiene un filo específico para el debate político. Cuando Elon Musk, Peter Thiel o Sam Altman proyectan el futuro de la IA, no están describiendo lo que va a ocurrir. Están intentando que ocurra. La diferencia entre una predicción y una orden depende, en gran medida, de si la audiencia es capaz de distinguirlas.

Véliz introdujo además un argumento sobre los riesgos de que aceptemos, sin más, el uso de la predicción algorítmica en decisiones que afectan directamente a los ciudadanos: los préstamos bancarios, los contratos de alquiler, las oportunidades laborales. Cuando un criterio es explícito —un salario mínimo, un historial de pagos—, el solicitante puede saber qué debe cambiar para obtener un resultado diferente. Cuando el criterio es una predicción algorítmica, no hay manera de impugnarlo. “Si tú me dices, no te doy este préstamo porque yo predigo que no lo vas a pagar, ¿cómo desafías una predicción? No hay manera, porque no es un hecho”.

La democracia, dijo, necesita estar anclada en hechos verificables y en procesos transparentes que el ciudadano pueda contestar. Cuando las decisiones se trasladan al futuro predicho por una máquina, ese ancla desaparece. Y puso un ejemplo histórico: en la antigua Roma, cuando los ciudadanos empezaron a creer más en las predicciones sobre quién sería el próximo emperador que en las instituciones de la república, la república no tardó en desaparecer. “Y la república”, advirtió, “nunca volvió”.

El ministro añadió su propia lectura del problema de la vigilancia digital, haciendo un inciso que mezcló lo cotidiano con lo estructural: si no fuera una cuestión de poder político, los usuarios españoles de una red social no habrían recibido un mensaje del dueño de esa plataforma contra el presidente del Gobierno. “Fijaos en las implicaciones para el modelo democrático”, dijo, aludiendo a los ataques de Elon Musk a Pedro Sánchez a través de X.

Véliz concluyó insistiendo en que el cinismo es la peor respuesta posible: “No vale ser cínico. Es demasiado fácil”. Y señaló que España tiene, a su juicio, algo de lo que otros países de su entorno carecen: valentía. “Si somos valientes ahora, vamos a tener que ser menos valientes en el futuro. Si en este momento mostramos cobardía, va a ser falta ser muchísimo más valientes más adelante”.

López quiso cerrar su intervención con la imagen que usa el presidente del Gobierno como brújula: la transformación energética. España no llegó tarde a las renovables. Llegó cuando llegó y, sin embargo, hoy exporta ese modelo al mundo. La apuesta es que con la IA y con la computación cuántica pueda repetirse el mismo trayecto.

La académica que acuñó el concepto que explica cómo Europa regula el mundo sin tener casi ninguna empresa tecnológica relevante —el llamado efecto Bruselas— llegó este miércoles a Barcelona con un argumento que incomoda a quienes llevan meses pidiendo desmantelar las leyes digitales europeas. Anu Bradford, profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Columbia, dijo ante el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que el problema de Europa no es que regule demasiado. El problema es que no tiene un mercado único de verdad, que carece de capital para financiar a sus propias empresas y que lleva décadas sin saber cómo atraer talento global. Algo que, por cierto, tiene ahora una oportunidad única de cambiar, defendió.

La distinción importa porque en Bruselas y en varias capitales europeas ha ganado fuerza en los últimos meses la tesis de que regulaciones como el RGPD —la ley de protección de datos— o la Ley de Inteligencia Artificial frenan la innovación y explican el retraso tecnológico de Europa frente a Estados Unidos. Bradford no lo cree. “Europa no necesita pensar que el modelo impulsado por los derechos la está frenando“, dijo en su conferencia de este miércoles en la capital catalana. Lo que la frena, argumentó, son cuatro problemas estructurales que ninguna desregulación va a resolver.

El primero es la fragmentación del mercado interior. Europa tiene 27 mercados nacionales con idiomas distintos, culturas distintas y a menudo regulaciones distintas. Una empresa tecnológica española que quiera crecer necesita adaptarse a cada uno de ellos, lo que encarece y ralentiza cualquier expansión. El Banco Central Europeo ha calculado que esa fragmentación equivale, en términos prácticos, a un arancel del 60% para el comercio de bienes entre países europeos y del 100% para los servicios. “Estas no son las barreras comerciales de Trump”, señaló Bradford. “Son las nuestras”.

El segundo problema es el capital. Cuando una startup europea supera la fase inicial y necesita financiación para crecer, no la encuentra en Europa. Tiene que acudir al capital riesgo estadounidense o venderse a una gran tecnológica americana. Solo el 5% del capital riesgo mundial está en Europa. Estados Unidos concentra más del 50%. China, el 40%. “No es el RGPD lo que nos frena”, insistió Bradford. “Necesitamos una unión integrada de mercados de capitales para que una empresa española pueda recaudar dinero de inversores en Alemania o Suecia”.

El tercer obstáculo es cultural y legal a la vez. En Europa, fracasar en un negocio tiene consecuencias que pueden durar décadas. El sistema legal es punitivo y el estigma social que rodea al fracaso empresarial desincentiva asumir los riesgos que requiere innovar en la frontera tecnológica. En Estados Unidos, un emprendedor que ha pasado por la quiebra puede presentarse ante inversores con su siguiente proyecto y obtener financiación porque “está trabajando en cosas grandes”. En Europa, ese emprendedor tiene pocas posibilidades de conseguirla.

El cuarto factor es el que Bradford considera más urgente ahora mismo, y también el que abre la oportunidad más interesante. Desde 1945, la gran ventaja competitiva de Estados Unidos en tecnología no ha sido solo el dinero ni las universidades. 

Ha sido la capacidad de atraer talento de todo el mundo y retenerlo. Más de la mitad de las startups estadounidenses valoradas en más de 1.000 millones de dólares tienen un fundador inmigrante. Bradford citó la lista de nombres que cualquier lector reconoce: Steve Jobs, hijo de un inmigrante sirio; Jeff Bezos, cubano de segunda generación; Sergey Brin, cofundador de Google, ruso; Jensen Huang, cofundador de Nvidia, nacido en Taiwán.

Esa ventaja, dijo Bradford, se está erosionando. La administración Trump ha convertido la restricción a la inmigración en una política central de gobierno, y las consecuencias ya son visibles en los datos. El año pasado, el número de investigadores de inteligencia artificial de todo el mundo que eligieron Estados Unidos como destino cayó un 80%. Las universidades americanas registraron entre un 30% y un 40% menos de matrículas de estudiantes extranjeros. “Mi pregunta es: ¿a dónde va ese talento? ¿Y están los europeos preparados para desplegarles la alfombra roja?”

Bradford llamó a esto un “momento Sputnik”, en referencia al shock que supuso para Estados Unidos en 1957 que la Unión Soviética lanzara el primer satélite artificial. Aquel momento aceleró la inversión americana en ciencia, educación e ingeniería. Ahora sería Europa quien podría beneficiarse del repliegue americano. Si tuviera la ambición de hacerlo, claro.

El argumento de Bradford se construye sobre una arquitectura conceptual que lleva años desarrollando. Hay tres grandes potencias digitales en el mundo, a las que llama “imperios”, y cada una exporta algo diferente. Estados Unidos exporta poder corporativo privado: empresas como Meta tienen más de 3.000 millones de usuarios en más de 160 países, y a través de ellas exporta su modelo regulatorio, que confía el gobierno de la tecnología a las propias empresas tecnológicas. 

China exporta infraestructura: cables submarinos, redes 5G, centros de datos, tecnologías de vigilancia construidas a lo largo de lo que llama la Ruta de la Seda Digital, que llega a Asia, África, América Latina y partes de Europa. Y en esas infraestructuras va incorporado el modelo autoritario chino.

Europa exporta normas. Las leyes europeas encuentran su camino fuera del continente porque ninguna empresa global puede permitirse quedar excluida del mercado europeo. Al final, les resulta más barato aplicar la regulación europea en todo el mundo que gestionar regímenes distintos en cada país. Así funciona el efecto Bruselas, que Bradford describe como “la capacidad unilateral de la UE para regular el mercado global”. El RGPD se ha convertido, en la práctica, en la ley global de privacidad de muchas grandes tecnológicas. La pregunta ahora es si lo mismo ocurrirá con la regulación europea de la inteligencia artificial.

Los tres modelos conviven y compiten en los mismos mercados. Bradford explicó que no hay tres esferas de influencia claramente separadas: en un mismo país africano o latinoamericano coexisten empresas tecnológicas estadounidenses, infraestructuras digitales chinas y regulaciones de inspiración europea. El conflicto entre los imperios se libra, al mismo tiempo, en ese terreno superpuesto.

La tensión más nueva y más aguda es la que enfrenta a Europa con la Administración Trump. No es una tensión nueva en su origen —el choque entre el modelo americano, centrado en el mercado, y el modelo europeo, centrado en los derechos, viene de lejos—, pero ha alcanzado una intensidad diferente. Cuando las grandes tecnológicas americanas no lograban frenar solas las ambiciones regulatorias europeas, encontraron un aliado inesperado en Washington. La Casa Blanca ha advertido a Europa que si sigue aplicando sus regulaciones digitales habrá consecuencias arancelarias. Con eso, dijo Bradford, “la regulación digital se ha geopolítizado”.

La presión es difícil de sostener porque no es solo comercial. Estados Unidos también ha insinuado que podría revisar sus garantías de seguridad hacia Europa, y ahí sí hay dependencias profundas. “La disposición de los europeos a seguir aplicando sus derechos digitales está vinculada a la pregunta más amplia de si Europa puede defenderse sin que América esté de su lado“, reconoció Bradford.

Pero cediendo tampoco se resuelve nada, añadió. Si Europa abandona una investigación contra Apple para evitar aranceles, lo que hace es establecer una dinámica en la que la próxima exigencia llega al día siguiente. “Eso simplemente no es sostenible”.

En el coloquio posterior, Bradford amplió su análisis hacia un terreno menos estudiado: la batalla por el relato sobre la inteligencia artificial. Citó informaciones recientes según las cuales ejecutivos de OpenAI y del fondo de inversión Andreessen Horowitz habrían financiado campañas en redes sociales para difundir mensajes favorables a la IA americana y contrarios a la IA china, pagando a influencers para distribuirlos.

Bradford consideró que eso forma parte de una estrategia deliberada de las grandes tecnológicas para usar el argumento de la “carrera de la IA” como herramienta de presión. “Si nos regulas, China nos vencerá”. Ese mensaje, dijo, está ganando tracción en Europa y está alimentando la narrativa de que regular es equivalente a perder. “Europa está perdiendo la narrativa en relación con sus propias empresas y ciudadanos si cede demasiado a esta idea”.

Bradford alertó también del riesgo de que el modelo de Meta —que cambió sus políticas de moderación de contenido en cuanto percibió que la nueva Casa Blanca le daba libertad para hacerlo— sirva como ejemplo de lo que ocurre cuando se confía en el autocontrol corporativo. “Cuando las empresas ajustan sus principios a los vientos políticos, tenemos menos razones para confiar en lo que dicen”.

La carrera europea, concluyó Bradford, no debería librarse en la capa de los grandes modelos de IA —esa competición por construir los sistemas más potentes y más intensivos en energía—, sino en la capa de las aplicaciones: cómo la inteligencia artificial mejora la sanidad, la educación, la productividad. “Ahí los europeos no tienen una desventaja inherente”.

Yaël Eisenstat lleva más de 25 años trabajando contra el extremismo —primero como oficial de inteligencia, luego como diplomática, después como asesora en la Casa Blanca—. Para su sorpresa, en 2018 fue contratada por Facebook con el fin de dirigir su trabajo global de integridad electoral en publicidad política. Al segundo día, su título había cambiado. Al sexto mes, dimitió.

Esa trayectoria fue el hilo conductor de su intervención este martes en la apertura del I Encuentro por los Derechos Digitales de Barcelona, donde presentó su diagnóstico sobre la relación entre el diseño de las plataformas, la regulación vigente y los límites de lo que los investigadores externos pueden realmente saber sobre cómo funcionan estos sistemas.

La regulación europea —el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las obligaciones de transparencia algorítmica, los requisitos de auditoría para plataformas de muy gran tamaño— sitúa a Europa en una posición aventajada respecto a Estados Unidos. Eisenstat lo reconoció sin ambigüedades. Pero añadió una condición que altera sustancialmente el diagnóstico optimista: esa ventaja regulatoria depende, en última instancia, de lo que las propias plataformas decidan mostrar.

Meta, puso como ejemplo, dispone de la biblioteca de anuncios más completa que existe en este momento. Pero también tenía CrowdTangle, la herramienta que permitía a investigadores externos analizar la difusión de contenidos en sus plataformas. “La mataron. CrowdTangle ya no existe”, se lamentó. La herramienta que hacía posible investigar a Facebook fue cerrada por Facebook.

La investigación que ella dirige desde Cybersecurity for Democracy, con sede en la Universidad de Nueva York, depende de poder acceder a datos sobre amplificación algorítmica. Sus propios estudios han demostrado que “los cambios en la amplificación cambian las experiencias de las personas con los debates públicos en las redes sociales de maneras muy distintas del contenido en sí que las personas están publicando”. No basta, por tanto, con analizar qué se dice. Hay que saber a quién se lo está enviando el algoritmo, con qué intensidad y por qué. Pero esos datos, en gran medida, los controlan las empresas.

Parte del material que Eisenstat utilizó en su presentación procede de documentos internos filtrados, principalmente a través de la exempleada de Facebook Francis Haugen. Algunos tan reveladores como una presentación interna fechada en 2016 en Alemania que mostró cómo el 64% de todos los grupos extremistas en ese país se habían formado a través de las herramientas de recomendación de la plataforma. “Esto vino de su propia investigación. No es de alguien del exterior”, subrayó.

El mismo patrón aparece en los datos sobre discurso político. Twitter, antes de convertirse en X, documentó en un informe interno que el contenido político recibía una amplificación sistemáticamente mayor cuando pasaba por su sistema de recomendaciones que cuando simplemente aparecía en una línea de tiempo cronológica. Y que los tuits publicados por cuentas de la derecha política recibían más amplificación que los de la izquierda. “Twitter lo sabía, y de hecho lo escribieron” en sus documentos internos, dijo Eisenstat.

En este contexto, la pregunta que se plantea no es solo si Europa tiene mejores leyes. Es si esas leyes pueden aplicarse de forma efectiva cuando los datos que acreditarían el incumplimiento están en manos de quien presuntamente incumple.

Durante la conversación posterior a su ponencia, el moderador le preguntó si la situación había mejorado desde 2018, el año del escándalo de Cambridge Analytica y el año en que ella fue contratada por Meta. Su respuesta fue directa: “No. Lamento decir esto, pero en este momento probablemente estamos en el punto más precario”.

La explicación que ofreció tiene lógica geopolítica. Estas empresas se construyen, crecen y se expanden principalmente desde Estados Unidos. Y es el “panorama legal permisivo estadounidense” el que ha permitido que ese modelo se exporte al resto del mundo. “Creo que arreglarlo en los Estados Unidos es imperativo. Y en este momento tenemos allí menos protecciones que en la última década”.

Esa asimetría tiene consecuencias directas para Europa. El DSA puede obligar a las plataformas a auditar sus algoritmos, a presentar informes de riesgo sistémico, a dar acceso a investigadores acreditados. Pero la arquitectura de negocio que produce los problemas —el modelo publicitario, el sistema de recomendación optimizado para el compromiso, la monetización del contenido radical— se diseña en California y se exporta globalmente con las mismas características.

Hacia el final de la conversación, Eisenstat insistió en un concepto bien conocido, el “dividendo del mentiroso”. La idea es que la proliferación de contenido sintético —vídeo, audio e imágenes generadas por inteligencia artificial— no solo produce falsedades. Produce duda sistemática sobre lo real. “El dividendo del mentiroso es cuando tienes tanta duda sobre lo que es real y lo que es falso” que es suficiente para que cualquiera pueda poner en duda algo, explicó. El beneficio para los actores de mala fe no es solo poder mentir. Es poder negar cualquier evidencia real alegando que es fabricada.

Sobre la inteligencia artificial en general, Eisenstat fue cautelosa en sus matices pero clara en su diagnóstico de fondo. Reconoció usar herramientas como ChatGPT o Claude, pero dijo que nunca permitirá que una IA agente acceda a su calendario o a sus datos personales. “Es una pelea desigual pedirle a un individuo que se enfrente solo a las empresas más intrusivas y poderosas de nuestra vida”, afirmó, y situó en los gobiernos la responsabilidad de establecer los límites. El trabajo del Estado, dijo, es proteger la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a prácticas que explotan sus datos más íntimos, “sin necesidad de prohibir estas empresas ni de ilegalizar ningún discurso”.

Sobre el modelo de negocio subyacente, fue más tajante. La mayoría de estas plataformas, dijo, venden comodidad: la respuesta más rápida, aunque no sepas si es precisa; la ropa en tu puerta antes que en la tienda. “Por toda esa comodidad, ¿a qué estás renunciando?”, preguntó. La misma herramienta de segmentación que te muestra las zapatillas que querías “también se está utilizando para dirigirte hacia un discurso político, para dirigir hacia ti teorías de la conspiración. No se trata solo de venderte zapatillas”.

La sesión incluyó también una referencia a la reciente decisión de Ursula von der Leyen de apoyar las restricciones de acceso de menores a las redes sociales. Eisenstat señaló que los documentos internos de las propias plataformas “muestran una y otra vez que saben que están generando adicción en los niños, que les están sirviendo contenido dañino y que no están resolviendo estos problemas”. Sobre la prohibición por edad, matizó que cada país puede fijar su propio umbral, pero que “una prohibición por sí sola” no cree “que resuelva todo el problema”.

Los primeros veredictos de jurado en Estados Unidos contra Meta —en Nuevo México y Los Ángeles— han comenzado a establecer jurisprudencia sobre una distinción que Eisenstat considera central: que los daños no son solo consecuencia del discurso que circula por las plataformas, sino del diseño de las plataformas mismas. Su equipo participó como testigo en el caso de Nuevo México y parte de su investigación fue utilizada en ambos juicios.

Es la misma distinción que, si prospera en los tribunales estadounidenses, podría reforzar la base legal de la regulación europea. O que, si no prospera, dejará esa regulación dependiendo de lo que las empresas decidan, voluntariamente, dejar ver.

La ciudadanía española quiere más regulación digital y está dispuesta a pagar el precio que supuestamente eso implica para lograr algunas libertades. La primera encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona y que ha comenzado este miércoles en la capital catalana, arroja un retrato coherente y algo incómodo: la población exige protección, pero el instrumento que prefiere para lograrlo —la identificación obligatoria en internet— afecta directamente al anonimato en línea.

El estudio, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y elaborado a partir de una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos a la que se ha sumado un componente cualitativo, recoge respuestas obtenidas entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostase públicamente por restringir el acceso de los menores a las redes sociales, contribuyendo así a impulsar un movimiento que ya alcanza a diez países europeos, incluidos Francia, Polonia o Dinamarca. Es, según sus promotores, el primer análisis sistemático del conocimiento y las actitudes de la población española frente a los derechos en el entorno digital.

La cifra que estructura toda la encuesta es esta: el 69% de los encuestados considera que los derechos digitales están insuficientemente protegidos. No es una valoración abstracta. Cuando se desglosa por nivel de estudios, la sensación de vulnerabilidad en internet afecta al 69% de quienes tienen únicamente educación obligatoria, frente al 35% de quienes tienen educación superior. La brecha educativa no solo separa a quienes saben usar la tecnología de quienes no: también separa a quienes se sienten expuestos de quienes no.

Los principales riesgos identificados son la privacidad y el control de datos personales, citados por el 48% de los encuestados, y las estafas y robos, con idéntico porcentaje. A mayor distancia aparecen la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%). Este último dato tiene una lectura generacional relevante: el 33% de los jóvenes entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet, una cifra que convierte el problema en algo bastante más extendido que una anécdota.

Ante la pregunta de qué ámbitos deben tener cobertura legal, los encuestados muestran un consenso amplio y consistente. La privacidad y protección de datos lidera con un 96% de respaldo. La protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales alcanza el 94%. El derecho al olvido digital —el borrado de información personal disponible en internet— es reivindicado por el 89%, y el acceso asequible a internet por el 81%.

Más allá de los derechos fundamentales, la encuesta también recoge posiciones sobre el funcionamiento técnico de las plataformas. El 76% considera que la libertad de expresión digital debe estar protegida por ley; el 73% pide algoritmos no discriminatorios; y el 72% reclama el derecho a que un humano revise las decisiones tomadas de forma automatizada. Este último punto tiene implicaciones directas para el debate europeo sobre inteligencia artificial, en un momento en que el Reglamento de IA de la UE está en fase de aplicación progresiva.

Sobre quién debe garantizar esos derechos, la ciudadanía señala en primer lugar a las administraciones públicas (45%) y en segundo lugar a las empresas tecnológicas (39%). La atribución de responsabilidad al sector privado es notable, aunque los propios encuestados tienen sobre él una opinión ambivalente: el 88% cree que las tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% considera que concentran demasiada información personal, pero el 64% les atribuye una actividad beneficiosa.

Un dato especialmente relevante de la encuesta afecta a una de las señas de identidad de la red. Ante la pregunta de cómo debe organizarse la participación en el espacio digital, el 71% se decanta por la identificación obligatoria en redes sociales y foros. Solo el 24% defiende la participación anónima.

La cifra es muy abultada. El anonimato en internet siempre se ha considerado algo más que una cuestión de comodidad, en parte con el argumento de que en algunos casos es el mecanismo que permite a periodistas, activistas, víctimas de violencia o disidentes políticos actuar sin exponerse a represalias. Pero también es el escudo de invisibilidad que muchos utilizan para insultar, acosar, difundir bulos o incluso cometer delitos. 

Que casi tres cuartas partes de la población española prefieran un modelo de identidad obligatoria revela hasta qué punto el discurso sobre la seguridad en red y la necesidad de poner freno a la impunidad que acompaña el anonimato ha desplazado al que defiende la libertad digital absoluta como extensión maximalista de los derechos civiles.

Si hay un tema donde la encuesta no deja margen de duda es en la protección de los menores. El 95% considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital. El respaldo a medidas concretas es igualmente contundente: el control parental cuenta con el apoyo del 96%; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, del 91%; y la regulación de la publicidad dirigida a menores, del 96%.

Son porcentajes que cruzan cualquier línea ideológica y que sitúan este asunto en una posición singular dentro del debate político: hay muy pocas propuestas de regulación digital que puedan presumir de ese nivel de acuerdo ciudadano. El dato llega, además, en un momento en que varios países europeos y algunas comunidades autónomas españolas discuten activamente restricciones de edad para el acceso a redes sociales.

La encuesta también mide la percepción sobre la inteligencia artificial, y el resultado es coherente con la desconfianza general hacia las tecnologías de gran escala. El 77% pide más regulación de la IA y el 56% preferiría que su desarrollo se ralentice. Solo el 49% cree que la inteligencia artificial tendrá efectos positivos para personas como ellas.

Es una mayoría escéptica, aunque no apocalíptica. La demanda de regulación está por encima de la demanda de freno: la ciudadanía no quiere necesariamente detener el desarrollo tecnológico, pero sí que alguien ponga normas antes de que el daño esté hecho.

El informe dedica un apartado específico a la alfabetización digital en materia de derechos. El resultado es ilustrativo de una paradoja habitual en estos estudios: siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término “derechos digitales”, pero el 28% no sabría explicar en qué consisten. Conocen la etiqueta, no necesariamente el contenido.

La brecha de competencias digitales sigue trazándose a lo largo de los mismos ejes que otras brechas sociales. Nueve de cada diez ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar. Entre los mayores de 60 años, esa percepción cae al 46%. Entre quienes tienen niveles de estudios más bajos, al 44%, especialmente en tareas de relativa complejidad como los trámites administrativos en línea.

La digitalización de las administraciones públicas acusa esta fractura con datos concretos. Entre el 70% y el 80% de la población de 18 a 59 años afirma que les ha facilitado la vida. Entre los mayores de 60, esa valoración positiva desciende al 49%. Y el 40% de ese grupo de edad considera que los trámites digitales con los servicios públicos les dificultan la vida. Un sistema diseñado para ser más eficiente ha resultado menos accesible para una parte significativa de la población.

El medio de los jóvenes, el medio del bulo

La encuesta incorpora también datos sobre hábitos informativos y desinformación. Hasta los 29 años, las redes sociales son el primer medio para informarse, con un 55% de preferencia. A medida que aumenta la edad, otros medios ganan peso.

Esa preferencia tiene su correlato en la percepción sobre dónde circulan las llamadas noticias falsas: el 88% señala a las redes sociales como el entorno donde más se difunden. El 86% las identifica también como el principal canal de difusión de discursos de odio.

Frente a eso, en una afirmación que mueve al escepticismo, el 78% afirma verificar habitualmente el contenido que consume en internet, ya sea recurriendo a otras fuentes dentro de la propia red (53%) o a fuentes externas (25%). Apenas el 18% admite no comprobar la veracidad de lo que lee. En una encuesta sobre derechos digitales, esa cifra tiene el valor añadido de ser, también, una medida indirecta del alcance potencial de la desinformación.

Nos pasamos los días hablando de los efectos nocivos de las redes sociales, de la necesidad de proteger a los más pequeños del scroll infinito y determinados contenidos nocivos, de tecnofeudalismo y esos multimillonarios que se alían con la ultraderecha con la firme intención de dominar el mundo. Pero una vez que hemos identificado y señalado todos esos problemas, igual es momento de mirar en otra dirección y cambiar el enfoque como única medida de legítima defensa.

Porque puede que la figura nuclear de este nuevo ecosistema de convivencia no sea el influencer que busca influir sobre otros en el ámbito que sea, sino el influenciable que se deja pensando que no lo hace. Esta es la premisa que desarrolla Miguel Lorente (Serón, Almería, 1962) en Influenciables. Las redes y la nueva obediencia (Comares, 2026), un libro en el que propone una mirada diferente hacia esta sociedad mediatizada por la agenda marcada por unos pocos.

Así las cosas, para el médico, profesor universitario y columnista de infoLibre, el influenciable es una persona sin sentido crítico, que no es consciente de su situación porque su conciencia es sustituida por una 'fe-tendencia' desde la que define la realidad a partir de tres referencias: la sintonía con el contenido de las diferentes propuestas que le llegan, el número de personas que actúan en el mismo sentido, y la autoridad de la persona que propone.

Todo ello, bajo una falsa idea de libertad al presentar su decisión como una opción entre otras muchas, sin ser consciente de que solo elige entre lo que le ofrecen. "El problema no está en los influencers o en los algoritmos, sino en quien recibe, acepta y asume la información o los mensajes con naturalidad, sin un cuestionamiento, con sensación de espontaneidad y control cuando en realidad no es así, ya que no tienen esa capacidad como ellos creen y, sobre todo, no tienen la posibilidad de filtrar, de posicionarse, de cuestionar lo que están recibiendo", argumenta Lorente a infoLibre.

Esto nos lleva a lo que el autor califica como 'fe-tendencia', un concepto según el cual la manera de enfrentarse a la información está basada en tres elementos, comenzando con "la sintonía con lo que yo a priori pienso". Desde esa premisa, aumenta la "receptividad para reafirmar mi posición en un mundo en el que me creo muy bien informado porque tengo acceso a través de las redes a miles de espacios", cuando en realidad son "los mismos, pero con diferente formato" porque son los algoritmos los que te van moviendo hacia mensajes con los que te identificas como receptor.

El segundo elemento es cuánta gente está interaccionando y "se identifica con lo que tú también te sientes identificado en un espacio al que te sientes vinculado", de manera que "cuando empiezan los likes, los comentarios o los retuits, tú mismo te sientes obligado a poner un like para que otros vean que estás dentro de ese proceso". "El tercer elemento es la autoridad de ese influencer, o de esa fuente si es un medio de comunicación, que lanza ese mensaje concreto", apostilla, e insiste en la idea de que "al final no hay juicio crítico", sino simplemente una "deriva porque crees que esa es la manera de posicionarse ante esa realidad, ya que es donde recibes esa aceptación o reconocimiento".

"La 'fe-tendencia' es el elemento que utiliza el influenciable, que ya es la persona que está dentro de esos elementos sin la noción de que se encuentra en esa falta de criterio", prosigue Lorente, quien, llegados a este punto, alerta de que estamos ante una "nueva obediencia porque no hay órdenes, ni sensación de mandato, simplemente cosas que se lanzan al aire y te hacen creer que eliges entre multitud de posibilidades, influencias, plataformas, aplicaciones o medios, pero todo está relacionado con lo que tú previamente creías".

Las redes sociales son el ejemplo paradigmático de todo esto, y justo por eso avisa del error de centrar las medidas de control en los menores, ya que en ellas interactúan también millones de adultos: "Ya nadie se mueve con un periódico de papel, leyendo artículos de opinión con calma, sino que consumimos todo de manera inmediata a través de distintos dispositivos. Hace nada había gente que no tocaba el móvil para interactuar y ahora se pasan el día enganchados a TikTok. Y yo lo he notado en gente que se ha puesto beligerante, porque antes no tenía mucho interés en la política del día a día y ahora están cuestionándolo todo".

Un modelo conservador que se ve amenazado por los avances progresistas, y que, para fomentar esa nueva obediencia, necesita "retroalimentación y nuevo contenido" constantes, apelando al miedo y a ese odio que ha sido tan "necesario para el ser humano desde el punto de vista evolutivo" como resorte para proteger a su grupo respecto a otros "que te querían quitar el alimento". "El odio está preparado fundamentalmente para defender lo propio, al grupo, lo cultural, lo que nos define", plantea.

Y continúa: "El odio funciona porque lo que se odia son precisamente aquellos elementos que se presentan como críticos, amenazantes o incluso agresores hacia el modelo de convivencia que tenemos. Además, el odiador necesita al odioso, y hay ahí una predisposición para que tú odies a las mujeres, los extranjeros, los homosexuales, es decir, a grupos que culturalmente ya han sido presentados como elementos que alteran el orden que nos hemos dado como cultura, que rompen con lo que es ser hombre, que rompen con la familia, que rompen con nuestra identidad. Por eso, la derecha mundial comparte tres objetivos comunes en su discurso de odio,  aunque luego meta circunstancias propias: los extranjeros, las mujeres y la diversidad".

Destaca Lorente, asimismo, que gracias a la conjunción de estos sentimientos de odio con las redes sociales se ha conseguido que mucha gente pase de la "pasividad" a la “acción". "Se ha conseguido que esa persona que antes odiaba a las mujeres o a los extranjeros en la soledad de su casa ahora los odie de manera compartida, siendo además reconocido por ello", advierte, para acto seguido lanzar una certeza práctica que más o menos todos hemos podido apreciar en nuestro entorno: "No he visto a nadie que se haya hecho más progresista a través de las redes sociales. Nadie. Pero más conservadores, más machistas y más fachas, muchos. No uno o dos, no: muchísimos".

Ante esta situación, echa en falta Lorente un sistema educativo que "genere la capacidad de tener una conciencia crítica", porque este sistema en el que actualmente nos movemos no necesita nada para perpetuarse salvo que "no haya algo que cuestione" los valores, las ideas y las creencias que nos definen como sociedad. El objetivo es, en su opinión, "resituar la normalidad sobre los valores tradicionales bajo unas nuevas circunstancias, un argumento muy simplista", pues se basa en decir "si somos lo que hemos sido, tenemos que ser lo que somos". "La educación es esencial y no lo estamos haciendo", avisa.

Es por todo lo anterior que la respuesta no está, aunque haga falta de alguna manera, en una regulación que limite el uso de las redes sociales, sino en "cambiar un poco la manera de enfrentarse al uso de la tecnología y, sobre todo, situarse en una posición en la que la relación se base en la toma de conciencia de la realidad, en tener conocimiento para poder deducir, inducir, reflexionar y asociar, es decir, todo lo que supone ser una persona formada con capacidades para poder responder".

La investigación abierta contra Meta por no impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años es la última de las acciones emprendidas por la Comisión Europea para poner coto a las prácticas abusivas de las tecnológicas, que van desde las brechas a la privacidad de sus usuarios y la difusión de bulos, desinformación o contenido pornográfico ilegal hasta acciones monopolísticas y contra la competencia.

Desde que en otoño pasado los 27 pactaron una declaración conjunta donde se reconocía la adicción que las redes sociales, las plataformas online y la Inteligencia Artificial generaban en los menores por sus contenidos diseñados específicamente, los Estados de la UE han ido introduciendo leyes y normas para limitar la edad de acceso, mientras la Comisión Europea, aprovechando la nueva Directiva de Servicios Digitales, abre investigaciones contra las grandes tecnológicas por su funcionamiento.

Instagram y Facebook, propiedad de Meta, aplicaron medidas para restringir el acceso de los niños y niñas que “no parecen estar siendo efectivas”, reprocha el Ejecutivo comunitario, para denunciar que “no prevén adecuadamente el acceso de los menores de 13 años a sus servicios ni los identifican rápidamente ni los retiran si han conseguido acceso”. Meta “está claro que ahora mismo no está haciendo lo suficiente” en la protección de la infancia, reprocha la vicepresidenta de la Comisión al frente del departamento de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Una denuncia pública desde Estrasburgo, con motivo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se suma a otras, como las dos abiertas contra la plataforma de X.

Grok, la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está siendo investigada formalmente por los riesgos asociados con la difusión de contenido ilegal en la UE relacionado con imágenes sexuales explícitas manipuladas de mujeres y hasta de abuso de menores. Un proceso sumado al que está en marcha desde 2023 por las obligaciones supuestamente incumplidas por X para mitigar el contenido relacionado con material terrorista.

La eurodiputada socialista Laura Ballarín califica estas investigaciones como actuaciones necesarias y urgentes ante “la alarmante falta de control por parte de las plataformas” digitales. La política, voz en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, cree aun así que estas investigaciones llegan en muchos casos tarde, ya que mientras los procesos de Bruselas avanzan con lentitud, la plataforma de Elon Musk opera “sin asumir responsabilidades reales”.

Las llamadas para que la UE ponga coto a los desmanes digitales de las plataformas de Internet, redes sociales o la Inteligencia Artificial han ido en aumento en los últimos tiempos. El grupo parlamentario de Los Verdes escribió en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los escándalos de Grok sobre imágenes falsas de abuso a menores o violencia sexual contra mujeres eran “una desgracia” y “un comportamiento inimaginable” que exigían “apoyar alternativas europeas frente a las plataformas sociales dominantes” con fondos comunitarios, además de que Bruselas y los Estados miembros “investiguen de forma rigurosa y refuercen nuestras leyes, incluyendo cualquier ley criminal que sea violada”.

Precisamente los ministros europeos de Telecomunicaciones discutieron este jueves en Chipre el futuro europeo de la Inteligencia Artificial y su regulación. Óscar López, el titular español, asegura que la posición del Gobierno al respecto es “muy sólida”, que “España no quiere retroceder” y que la Unión necesita “una regulación para que Europa consiga una IA fiable”. En todo el continente, señala el ministro López, “han surgido voces a favor de proteger a nuestros menores, especialmente en redes sociales, y la mayoría de edad. Ahora mismo hay dos países, Francia y España, que tienen una ley de protección del menor, pero los demás no la tienen y están discutiendo cómo hacerlo”.

Antes que España, a principios de año, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que modificaba la existente sobre protección del menor e introducía los 15 años como límite para acceder a las redes sociales. Por debajo de esa edad, tendrían prohibido ser usuarios en esas plataformas, como también quedaría prohibido el uso de los teléfonos móviles en los institutos. Francia se convirtió en el pionero europeo de esta regulación después de que la ANSES, su Agencia de Seguridad Sanitaria, declarase que aplicaciones como TikTok, Snapchat o Instagram provocan severos efectos negativos en los adolescentes. Hasta ese momento, sólo Australia tenía una prohibición semejante en el planeta.

Los estudios de la Comisión Europea tras la introducción de la Directiva sobre Servicios Digitales hablan de que el 97% de los jóvenes de la UE emplean a diario Internet y que las redes sociales son la principal fuente de información para el 65% de ellos. El departamento que dirige la comisaria Virkkunen “reconoce que Internet tiene mucho que ofrecer a la infancia y a la juventud, desde el aprendizaje hasta la exploración del mundo”, pero que “también están aumentando los riesgos online para la juventud que necesitan atajarse”.

La eurodiputada Laura Ballarín insiste en que el avance tecnológico no puede producirse a costa de la seguridad de los colectivos más vulnerables, “la tecnología no puede avanzar dejando atrás la protección de menores y mujeres. Regular no es frenar el progreso: es garantizar derechos”. Los países europeos están tomando nota de estos llamamientos y el coto a las redes sociales y la Inteligencia Artificial avanza.

Dinamarca está introduciendo estrictas normas para la protección online de los menores, incluyendo la prohibición de usar las redes sociales por debajo de los 15 años si no existe un control parental específico. El gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen ha adoptado esta medida después de que bajo su impulso como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los ministros de los 27 pactasen el pasado otoño la Declaración de Jutland donde se afirma que “los diseños adictivos mantienen colgados” a los menores en el mundo online, “en riesgo a contenido ilegal, contenido extremista y dañino y expuestos a contactos inapropiados”. El documento, pactado por todos los gobiernos sin excepción, reconoció “la necesidad de requerir una verificación privada y efectiva de la edad en las redes sociales”.

El gobierno austríaco trabaja en una prohibición semejante incluso con una edad aún más baja, los 14 años, como medio para combatir la adicción, las enfermedades mentales y el contenido dañino por Internet. En Alemania, democristianos y socialdemócratas también está elaborando una regulación que fuerce a las redes sociales a introducir sistemas de verificación de edad, con el mínimo de los catorce años y la obligatoriedad de versiones juveniles para los menores de dieciséis.

En otros países estas iniciativas también se abren paso. El debate ya está en el seno de la coalición de gobierno italiano, con el objetivo de adaptar las regulaciones existentes hacia un uso más restrictivo para los adolescentes más jóvenes en las redes sociales, con límites como los catorce o quince años, y en Bélgica, la región de Flandes, aprovechando sus competencias sobre protección de menores, ha introducido el mínimo legal de 13 años para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

Una redacción publica un reportaje en Facebook o en X. Horas después, la publicación ha desaparecido. No hay aviso previo, no hay explicación, no hay nadie al otro lado que responda. No hay responsabilidad. Solo un mensaje automático que remite a las condiciones de uso. El medio puede reclamar, claro. Puede rellenar un formulario, esperar días, recibir otra respuesta automática. O no recibir nada. Eso, con distintas variantes, ha ocurrido a medios de toda Europa en los últimos años: desde cabeceras con décadas de historia hasta emisoras locales con una docena de periodistas.

Para cambiarlo, la Unión Europea hace tiempo que puso en marcha su capacidad de legislar. Y ahora las cosas ya han llegado al punto en el que las grandes plataformas tienen que responder. Es lo que declaró el pasado 22 de abril el Media Board de la Unión Europea, el organismo creado para velar por la independencia y la pluralidad del periodismo en el continente y en el que España está representada a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El texto celebra las directrices que la Comisión Europea aprobó el pasado 6 de febrero y urge a Meta, Google, TikTok, X y el resto de las grandes tecnológicas a que las apliquen “cuanto antes”. Esas directrices no son sugerencias: son las instrucciones concretas, punto por punto, que explican cómo deben construir las plataformas un mecanismo para que los medios de comunicación puedan identificarse como tales y quedar protegidos frente a borrados arbitrarios. La ley que los obliga lleva más de un año en vigor. El mecanismo todavía no existe en ninguna de ellas.

Para entender el estado actual de la cuestión, hay que remontarse a 2024, cuando la Unión Europea aprobó el Reglamento Europeo de la Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act). Es la primera norma de ámbito europeo que intenta blindar el periodismo independiente frente a dos tipos de presión: la de los gobiernos y la de las grandes plataformas digitales.

Su artículo 18 es una de las piezas más prácticas de ese edificio. Establece que las plataformas más grandes —las que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE— tienen que tratar a los medios de comunicación de forma diferente a como tratan a un usuario corriente. Un periódico, una radio o una televisión que publica contenidos en Facebook, YouTube o TikTok no puede estar sujeto a las mismas reglas informales que alguien que cuelga un vídeo de su gato.

Concretamente, la ley les exige tres garantías básicas: que la plataforma avise al medio con antelación si va a borrar o limitar uno de sus contenidos, que le explique los motivos con claridad y que le dé 24 horas para responder antes de que el borrado se haga efectivo. Si un medio considera que está siendo limitado de forma sistemática e injustificada, puede exigir además un diálogo formal y que sus quejas sean atendidas con prioridad.

Suena razonable. El problema es que, para beneficiarse de estas protecciones, los medios primero tienen que identificarse como tales ante cada plataforma. Y para que eso sea posible, cada plataforma tiene que crear un mecanismo —un botón, un formulario, algún tipo de canal específico— a través del cual los medios puedan presentar esa declaración. Hasta febrero de 2026, nadie había explicado con suficiente detalle cómo debía ser ese procedimiento. Las plataformas, en ausencia de instrucciones precisas, no lo habían construido. Eso es exactamente lo que las directrices de la Comisión vienen a resolver.

Las directrices —publicadas en el Diario Oficial de la UE con la referencia C/2026/901— son bastante concretas. No dejan demasiado margen a la interpretación.

Lo primero que establecen es que ese mecanismo de declaración tiene que ser visible y accesible. No puede estar enterrado en un submenú de configuración avanzada. Debe estar disponible en todos los idiomas oficiales de la UE y ser fácil de encontrar para cualquier redacción, con independencia de su tamaño o sus recursos técnicos.

Para declararse como medio de comunicación, las organizaciones periodísticas tendrán que proporcionar siete elementos concretos. Entre ellos: que producen contenido informativo, que son editorialmente independientes —esto es, que no están controladas por un gobierno, un partido político o un Estado extranjero—, que están sujetas a algún mecanismo de supervisión regulatoria o de autorregulación reconocido (un consejo de prensa, un defensor del lector, un código deontológico acreditado), y sus datos de contacto y los del regulador o autoridad competente en su país.

Hay un punto que merece atención especial: las directrices exigen también que los medios declaren si sus contenidos generados con inteligencia artificial tienen supervisión humana y control editorial. Es, probablemente, la novedad más relevante del texto en el contexto actual, y anticipa una conversación que apenas ha empezado en la industria periodística.

Una vez presentada la declaración, la plataforma tiene que acusar recibo de forma automática e inmediata, con un contacto humano real —no un sistema automatizado— para facilitar la comunicación posterior. Las declaraciones deben además ser públicas: cualquier ciudadano podrá consultar qué medios se han declarado como tales en cada plataforma.

Las directrices también acotan el margen de maniobra de las plataformas cuando tengan dudas sobre si un supuesto “medio” cumple realmente los requisitos. En ese caso, no pueden limitarse a rechazar la declaración: deben consultar al regulador nacional correspondiente antes de tomar ninguna decisión. 

La incertidumbre no puede usarse como excusa para el bloqueo. Y si un medio pertenece a un mecanismo de corregulación o autorregulación reconocido —un consejo de prensa, por ejemplo—, su declaración debe aceptarse de forma automática, siempre que el resto de elementos estén en orden.

Por último, las directrices abren la puerta a que organizaciones como verificadores de datos participen en la supervisión del proceso, para evitar que medios dedicados sistemáticamente a la desinformación o a la propaganda disfrazada de periodismo se beneficien de protecciones que no les corresponden.

La pelota está en el tejado de las plataformas. Las normas ya existen; lo que falta es que las implementen. La lista de obligadas incluye a Meta (Facebook, Instagram, Threads), Alphabet/Google (YouTube, Google Search, Google News), TikTok, X, Microsoft (Bing, LinkedIn), Snapchat y Pinterest, entre otras. Todas ellas están sujetas al Reglamento de Servicios Digitales y, por extensión, al artículo 18 del EMFA.

Pero no son las únicas que tienen que actuar. Los medios de comunicación que quieran beneficiarse de estas protecciones tendrán que preparar su declaración y presentarla en cada plataforma en la que tengan presencia relevante. Eso implica verificar que cumplen los requisitos —en particular los de transparencia sobre propiedad e independencia editorial— y mantenerla actualizada si sus condiciones cambian.

Y los reguladores nacionales de medios deben estar preparados para ser consultados por las plataformas cuando estas duden sobre alguna declaración. En España, eso corresponde principalmente a la CNMC y, en su ámbito audiovisual, al organismo que prevé la Ley de Comunicación Audiovisual. La agilidad de esa respuesta importa: si el regulador tarda semanas en contestar, la protección pierde buena parte de su sentido práctico.

¿Cuál es el problema? En España la CNMC sigue sin tener la habilitación legal para ocuparse de este asunto más allá del campo audiovisual.

La presidenta del Media Board, Amma Asante, resume el propósito del artículo 18 en que estas normas existen para que los intermediarios privados no puedan “restringir indebidamente el discurso público”. Dicho de otra forma: para que la decisión sobre qué periodismo llega a la ciudadanía no la tome un algoritmo de Silicon Valley.

No es una amenaza hipotética. En los últimos años, medios de distintos países —incluidos algunos europeos— han visto contenidos borrados o alcances limitados sin previo aviso, sin explicación clara y sin posibilidad real de réplica. Las plataformas aplican sus propias condiciones de uso, las cambian cuando lo consideran oportuno y no tienen, hasta ahora, ninguna obligación legal de tratar a un medio periodístico de forma distinta a cualquier otro usuario.

El artículo 18 del EMFA no cambia eso radicalmente: no obliga a las plataformas a no borrar contenidos. Solo les exige que, antes de hacerlo, avisen, expliquen y escuchen. Es una protección modesta, pero es la primera de su tipo a escala continental. Y tiene una virtud: pone por escrito, en una norma jurídicamente vinculante, que el periodismo independiente merece un tratamiento distinto al del contenido ordinario.

La eficacia de esa protección depende ahora de que las plataformas construyan el mecanismo, de que los medios lo usen y de que los reguladores hagan cumplir la norma. El Media Board ya ha avisado esta semana de que el reloj está corriendo. El primer test es el más sencillo: ¿tienen ya Facebook, YouTube o TikTok ese formulario? La respuesta, por ahora, es negativa.

Todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Incluso cuando creemos no tenerla, ya estamos tomando posición. Opinar es, en esencia, una forma de obligarse a pensar. A ordenar ideas, a confrontarlas, a entender lo que ocurre. Y es gratis. 

Es el primer paso de cualquier conciencia crítica. Y, en un contexto cada vez más complejo, cada vez más necesario. Pero desde el sofá.

Quizá nunca habíamos opinado tanto. O, mejor dicho, generado tanto ruido. La conversación pública es constante, inmediata, inagotable. Todo genera reacción. Todo exige posicionamiento. Hemos interiorizado que participar es estar, y que estar es decir. Como si el juicio —rápido, muchas veces superficial— fuese equivalente al compromiso.

Sin embargo, mientras hablamos más que nunca, la capacidad real de transformar lo que nos indigna parece cada vez más lejana. Opinar se ha convertido en un gesto suficiente en sí mismo. Se reacciona, se comparte, se comenta. Y con eso, de alguna forma, se cumple. Una pequeña palmadita en la espalda. Dopamina fugaz. La sensación de haber hecho algo, cuando en realidad apenas se ha empezado.

Opinar no es un problema. Al contrario. Bendito sea. Y que no se pierda. Pero cuando participar no cuesta nada, tampoco obliga a nada.

Hemos construido un espacio público donde la expresión constante reduce la exigencia del compromiso. Donde el posicionamiento sustituye a la implicación y donde las cuestiones sociopolíticas, cada vez más, se convierten en algo que se siente, no en algo que se hace. La indignación encuentra salida y, con suerte, viralidad, pero rara vez recorrido.

Y en ese proceso se ha instalado una forma silenciosa de desafección. No la del que se desentiende, sino la del que participa sin consecuencias. La del que habla, pero no espera nada. Todo ocurre, pero todo se disuelve rápido. Todo cuenta… pero nada pesa demasiado.

Es casi automático. Vemos, reaccionamos, opinamos, y pasamos a lo siguiente. La emoción se consume en el gesto. El conflicto se diluye en el comentario. Es un cierre emocional sin apertura real.

En ese contexto, el ruido ocupa el lugar de la política y de todo dilema popular. No porque haya más debate, sino porque hay menos fricción real. Menos conflicto que obligue a moverse, a organizarse, a sostener posiciones más allá del instante.

El sistema no necesita que participes. Solo necesita que opines.

Porque opinar mantiene viva la sensación de implicación. Sostiene una democracia que parece activa, dinámica, incluso intensa. Pero lo hace sin alterar nada esencial, sin generar el coste que implica cualquier cambio real. El ruido sustituye la pugna. La expresión, a la transformación.

Nunca habíamos tenido tantas herramientas para participar. Y, a su vez, pocas veces había sido tan fácil quedarse en la superficie. Opinar se ha vuelto inmediato. Implicarse, sin embargo, sigue siendo exigente.

Y en esa diferencia - cómoda, casi invisible - no solo hemos rebajado el umbral de la participación. Hemos redefinido su significado. Pero desde el sofá. No vaya a ser…

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Alberto Fandos Portella es periodista y director de comunicación y marketing.

Antes de que acabe 2026, cualquier español que intente acceder desde su móvil a una web de pornografía, a una plataforma de juego en línea o a una red social con restricción de edad podría encontrarse con una pantalla que le pide demostrar que tiene edad suficiente para hacerlo. No mediante una foto de su DNI ni un selfi verificado. Mediante una aplicación que responde sí o no, sin revelar nada más. El Gobierno tiene previsto que esa herramienta esté lista antes de que termine el año. Lo que aún no sabe es si contará con la ley que le permitirá utilizarla.

El miércoles, la Comisión Europea presentó el código fuente de esa aplicación. España no solo participó en su desarrollo, sino que tiene la intención de ser uno de los primeros países de la Unión en incorporarla a su cartera digital. Y la presentación de ese código fuente —el conjunto de instrucciones escritas que indican a un dispositivo qué debe hacer— ha sentado las bases para hacer realidad lo que hasta ahora eran meras intenciones.

Apenas un día después del anuncio, protagonizado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez participó en una cumbre virtual convocada por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, junto a los líderes de Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre para coordinar una respuesta europea ambiciosa: la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales.

En febrero, desde Dubái, Sánchez ya había anunciado que España elevaría la edad mínima para acceder a esas plataformas a los 16 años, por encima de los 14 que prevé el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso.

Qué es lo que presentó Bruselas

Lo que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa no es una aplicación comercial cerrada y lista para descargar. Es, en la jerga del proyecto, un blueprint o modelo de referencia: un código fuente abierto que gobiernos y empresas pueden usar como base para construir sus propios sistemas de verificación de edad, siempre que respeten unos estándares comunes de privacidad y seguridad.

La lógica detrás de esta decisión es evitar que cada país desarrolle su propio sistema incompatible con el del vecino. Hasta ahora, una de las excusas recurrentes de las grandes plataformas para no implantar controles de edad era exactamente esa: que no podían desarrollar un mecanismo diferente para cada mercado nacional. Von der Leyen fue directa al presentar la iniciativa: con esto, las plataformas ya no tienen esa excusa.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital consultadas por infoLibre lo confirman en términos parecidos. Una de las excusas que ponen las grandes plataformas para no establecer mecanismos de verificación de edad es que “no existe una herramienta unificada que sea cibersegura y que reúna todos los requisitos de privacidad”. “Bueno, pues ahora ya no tienen excusas, porque la Comisión sí ha desarrollado una base de app interoperable entre los Estados miembros”, subrayan.

España, según esas mismas fuentes, no fue espectadora en ese proceso: “Parte de lo que ha presentado la Comisión Europea es el resultado de los trabajos que ha hecho España en el piloto junto con la Comisión y otros países europeos”.

Cómo funciona: verificar sin revelar

El principio técnico en el que se basa todo esto puede parecer paradójico al principio: verificar la edad sin revelar la edad. Para entenderlo sin necesidad de formación en criptografía, una analogía ayuda. Cuando alguien entra en un bar y el camarero le pide el DNI, ve el documento completo: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio. Con este sistema, el proceso sería completamente distinto: el móvil del usuario enviaría al servicio una respuesta de sí o no, matemáticamente verificable, sin mostrar ninguno de esos datos.

Esta técnica se llama zero-knowledge proof o prueba de conocimiento cero. Permite demostrar que una afirmación es cierta —en este caso, que el usuario supera un umbral de edad— sin revelar la información que la sustenta. El dispositivo del usuario actúa como “probador”; la plataforma, como “verificador”. Recibe un sí o un no, firmado digitalmente. No accede al documento de identidad, ni a la cara de la persona, ni a su fecha de nacimiento.

La credencial que hace posible todo esto la emite una autoridad de confianza —en la práctica, el Estado— y se almacena en la cartera digital del usuario, bajo su propio control. Cuando ese usuario intente acceder a un servicio con restricción de edad, la app presentará esa credencial de forma anónima. La plataforma sabrá que cumple el requisito. Pero no sabrá quién es.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de lo digital, la finlandesa Henna Virkkunen, fue explícita en este punto: las plataformas no sabrán “quién” es la persona, sino únicamente que cumple el criterio de edad requerido. Esta garantía busca responder a las críticas más serias contra los sistemas de verificación existentes: los que funcionan pidiendo una foto del DNI o un selfi generan riesgos significativos de filtración de datos, robo de identidad y construcción de perfiles sobre los hábitos de navegación de los ciudadanos.

El calendario español y la cartera digital europea

La hoja de ruta española está vinculada a un calendario europeo preciso. El llamado reglamento eIDAS-2 obliga a todos los Estados miembros a ofrecer a sus ciudadanos una cartera de identidad digital antes de finales de 2026. Ese documento no impone ninguna obligación específica sobre verificación de edad. Lo que España ha decidido, de forma voluntaria, es aprovechar ese momento para incorporar la verificación de edad como primer caso de uso de esa cartera.

Fuentes del ministerio lo explican así: “Cuando saquemos la cartera digital europea, cuando la pongamos ya a disposición de la ciudadanía, incorporará un primer caso de uso. Además de que servirá para acreditar tu identidad en el ámbito digital, incorporará el caso de uso de la mayoría de edad, que será capaz tanto de decir si tienes más de 18 años, sí o no, o si tienes más de 16 años, sí o no”.

La Comisión anunció además que este mes creará un mecanismo de coordinación entre Estados miembros con tres objetivos: acreditar las soluciones nacionales que se desarrollen, facilitar la emisión de credenciales de edad en todos los países y garantizar la existencia de una solución técnica común. La meta final es que un ciudadano español pueda usar su credencial en servicios online de cualquier otro país de la Unión, y viceversa.

Lo que advierte la AEPD: no basta con la tecnología

El debate sobre cómo verificar la edad no es nuevo en España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en diciembre de 2023 un documento —el Decálogo de principios sobre verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados— que sigue siendo una referencia útil para entender los riesgos de hacer esto mal.

El documento parte de que verificar la edad y proteger al menor no son la misma cosa. La verificación es solo el primer paso. Un sistema completo necesita también políticas de clasificación de contenidos por razones de edad, mecanismos de ejecución de esas restricciones y un marco de gobernanza que implique a familias, instituciones educativas, organismos reguladores y empresas tecnológicas.

Varios de sus diez principios conectan directamente con el diseño que acaba de presentar la Comisión Europea. El primero: el sistema no debe permitir en ningún caso identificar, rastrear ni localizar a los menores a través de internet. Cualquier mecanismo que obligue al menor a revelar su condición de menor pone en riesgo al propio menor, exponiéndolo a posibles agresores o a servicios diseñados para captarle.

El segundo: la verificación debe estar orientada a que el adulto acredite ser “persona autorizada a acceder”, no a que el menor demuestre serlo. Este matiz tiene consecuencias técnicas: significa que la herramienta no debe estar pensada para que los niños la usen, sino para que los adultos demuestren que pueden acceder a determinados contenidos.

La AEPD también advierte contra convertir estos sistemas en mecanismos de vigilancia generalizada. Obligar a todos los usuarios de internet a demostrar su edad para acceder a cualquier tipo de contenido incumpliría los principios de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos. La verificación solo debería activarse al intentar acceder a contenido con restricción específica, no para navegar en general.

El marco legal: lo que está por resolver

La herramienta técnica avanza. Pero el marco normativo que determinará exactamente para qué se usará en España sigue en disputa.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso prohíbe, en principio, el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años y lo permite entre los 14 y los 16 con consentimiento parental. Pero desde febrero, Sánchez quiere elevar esa prohibición hasta los 16 años, en línea con los países del bloque europeo que lidera Macron y con las evidencias científicas sobre los daños del uso intensivo de redes sociales en la adolescencia: problemas de salud mental, cambios en el control de impulsos y el aprendizaje, patrones de uso asociados a mayor riesgo de ideación suicida o, simplemente, el dato, recogido por un estudio reciente, de que el uso intensivo de redes sociales se asocia con un aumento de síntomas de inatención más acusado que el de la televisión o los videojuegos.

La iniciativa legislativa está pendiente de avanzar en el Congreso. Al tener carácter orgánico, necesita 176 votos. Sin Junts, el Gobierno no llega a esa cifra sin el PP, que se abstuvo en la toma en consideración y ha presentado enmiendas propias que buscan añadir medidas como un “horario de descanso digital” obligatorio —de las 22:00 a las 8:00 h— para los menores con autorización parental para estar en redes.

Por qué esto importa más allá de la pornografía

La narrativa oficial sobre la verificación de edad se centra habitualmente en el acceso a contenido explícito. Pero el alcance del debate es más amplio. La Comisión Europea conecta esta iniciativa con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales, que ya ha llevado a investigaciones contra TikTok por su diseño adictivo, y contra Meta, Snapchat, Shein y varias webs pornográficas por no garantizar controles de edad eficaces.

En ese contexto, la app no es solo una herramienta para bloquear contenido explícito. Es también una forma de elevar el estándar mínimo exigible a las plataformas en toda Europa, dándoles al mismo tiempo la infraestructura técnica para no tener excusas. El mensaje político hacia las grandes tecnológicas es doble: dejen de usar diseños adictivos para captar a menores y usen este marco común para cumplir la ley.

La AEPD, con su habitual cautela regulatoria, recuerda que la tecnología perfecta no existe y que las soluciones puramente técnicas a problemas que tienen también raíces sociales y educativas pueden agravar lo que pretenden resolver. La protección de los menores en internet es una responsabilidad compartida entre familias, gobiernos e industria. La app es una pieza de ese sistema. Pero puede marcar la diferencia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, llega 20 años más tarde que la China comunista a la hora de censurar internet, por lo que se ve obligado a tomar medidas más radicales para garantizar el control absoluto de la red por medio de un nuevo telón de acero digital.

Mientras en el cortafuegos chino la introducción de palabras clave -Tiananmen, Tibet, Falun Gong o Taiwán- bloquea el sistema, en el GULAG que el Kremlin intenta construir en Rusia la táctica es de acoso y derribo, lo que ha provocado un brusco desplome de los índices de popularidad del líder ruso hasta los niveles previos a la guerra.

Paradójicamente, ni la campaña militar en Ucrania ni la subida de los precios habían causado tanto descontento como la ralentización de internet y el bloqueo de las redes sociales, que afecta desde hace meses a la práctica totalidad de los rusos, desde el campo a la ciudad, desde los nostálgicos de la URSS a los más jóvenes, de los más belicistas a los más pacifistas.

Esta guerra busca consumar la desconexión informativa, intelectual y tecnológica del mundo occidental, en lo que rusos y chinos llaman 'el internet soberano'.

Putin, un hombre analógico sin teléfono móvil, ha colocado en unos pocos meses a Rusia en la cola de la lista de países por su libertad digital. Al mismo nivel que China, Irán o Pakistán, y sólo por delante de Corea del Norte, donde hay nulo acceso a la red.

Rusia suma actualmente cuatro puntos de cien posibles, en gran medida por los continuos cortes -una nueva ley permite interrumpir el internet móvil sin justificación-, no sólo en las regiones fronterizas con Ucrania, sino en las grandes ciudades. El último aviso tuvo lugar el viernes y afectó a varios barrios céntricos de la urbe de 13 millones de habitantes por presuntos motivos de seguridad.

Según el proyecto OONI, el bloqueo de Telegram, el principal medio de información y comunicación en Rusia, alcanzó a finales de esta semana el 95 %, más aún que en el caso de las redes de mensajería Signal o WhatsApp.

Los combates en Ucrania no llegan a todos los hogares, pero esta guerra alcanza los teléfonos y los ordenadores de todos los rusos. Según The New York Times, la mitad de las 50 webs más populares se quedarán fuera de las 'listas blancas' propuestas por el regulador ruso y filtradas por las fuerzas de seguridad.

Aunque es criticado tanto por los expertos como por militares, gobernadores y diputados, la alternativa oficial, MAX, alcanzó los 77,5 millones de usuarios en febrero, cada vez más cerca de los 95,7 millones de Telegram y los 80,3 millones de WhatsApp.

Con todo, para el ideólogo del imperialismo ruso, Alexandr Duguin, esto no es suficiente. Es necesario bloquear completamente la red hasta después del verano para que los rusos aprendan a disfrutar de una "vida auténtica".

"¿Qué hacer?", se preguntó Lenin. Ahora, el nuevo revolucionario es Pável Dúrov, el fundador de Telegram. Y, en respuesta a esa pregunta, llamó a los rusos a la resistencia digital.

"Bienvenidos de nuevo a la Resistencia Digital, hermanos y hermanas rusos. Toda la nación está movilizada para sortear estas absurdas restricciones. Miles de personas están creando VPN y proxies. Por nuestra parte, seguiremos adaptándonos para que el tráfico de Telegram sea más difícil de detectar y bloquear", proclamó en su cuenta de la red de mensajería.

Los rusos no se han quedado de brazos cruzados. Las barricadas ahora son las redes VPN (Virtual Private Network), una excepcionalidad hace unos meses que ya emplean más de 50 millones de rusos, al igual que ocurre en Irán.

El Ministerio de Información Digital admitió abiertamente que está intentando ralentizar las VPN y, de hecho, ya restringido ya el acceso a cerca de medio millar de esos servicios y también ha eliminado del App Store en Rusia varias aplicaciones VPN que podrían permitir el acceso a recursos censurados.

Pese a que el Estado ha invertido cientos de millones de dólares en la censura digital, algunos populares servicios como PAPER consideran que el regulador ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, no ha logrado bloquear ni una sola red VPN que haya contrarrestado dichos bloqueos.

El propio Dúrov anunció el sábado la renovación de los protocolos de Telegram "para la lucha contra la censura" y llamó a los rusos a "hacer acopio de varias VPN".

Además, según la prensa local, la realidad es que los especialistas en ciberseguridad han detectado más de 200 vulnerabilidades en MAX, por lo que los altos funcionarios y los directivos empresariales siguen sin confiar en el GULAG digital que propone Putin.

La incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio entre EEUU e Irán se ha convertido en el tema que rodea toda la actualidad. Las vidas iraníes y libanesas, el mercado del petróleo, el precio de los alimentos y la geopolítica global cambia casi cada día, a merced de las decisiones de Donald Trump. 

El cambio de opinión constante de este mandatario —que hace semanas aseguraba que esta guerra duraría apenas unos días— ha hundido la economía global, pero su narrativa sigue siendo la de una “victoria contundente”, como aseguraba este miércoles su secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y es que el país americano siempre ha invertido muchos esfuerzos en la creación de esta autoimagen. Recientemente, altos cargos dieron una orden directa a sus embajadas que les obligaba a difundir propaganda política favorecedora en sus redes sociales, como X (Twitter), según ha adelantado el medio británico The Guardian. 

El comunicado, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado 30 de marzo, da instrucciones a esta red diplomática para “contar la historia de América” y coordinar su labor con el Departamento de Operaciones Psicológicas del Ministerio de Guerra, que forma parte del Pentágono. La prioridad de estas instituciones a partir de ahora es luchar contra cualquier forma de discurso “antiestadounidense”, reclutando a influencers, académicos y líderes comunitarios como herramienta de presión política en los más de 160 países en los que se encuentra.

Esta nueva forma de controlar la narrativa e influir en la opinión pública de las ciudadanías no solo se encuentra centrada en la guerra en Oriente Medio, sino que intenta imponer la visión de Washington en demás asuntos de interés público. En España, por ejemplo, el pasado 2 de abril la embajada de EEUU en Madrid hizo una publicación en relación a la eutanasia de Noelia, una práctica rechazada por la política conservadora y no alienada con los intereses del gobierno de Trump. 

Las respuestas al tuit parecían desacreditar cualquier intento de influencia americana, en su mayoría apuntando la hipocresía de un estado que privatiza la sanidad y promueve guerras con miles de pérdidas de vidas humanas por intereses económicos. Sin embargo, la capacidad expansiva de la propaganda estadounidense es inmensurable y sus raíces están muy arraigadas en el imaginario colectivo y político.

Por su parte, Irán también ha desplegado la estrategia de utilizar sus embajadas para un fin similar. Sin embargo, la forma y el contenido distan bastante de las de su homólogo americano. En este caso, la sorna, el humor ácido y la crítica política protagonizan las redes de las instituciones diplomáticas persas, trasladando a un plano digital una batalla, esta vez, cultural.

La velocidad y la visibilidad que ofrecen las redes sociales ha sido aprovechado por Teherán para encontrar este hueco. Un país con escaso poder movilizador en Occidente ha conseguido, a través de la viralidad que permiten las comunidades digitales, alzar la voz y expresarse en el panorama de la opinión pública.

Sus publicaciones satíricas contra Estados Unidos se han visto alineadas con el desconcierto y el rechazo generalizado a las decisiones de Trump, muchas de ellas calificadas como posibles "crímenes de guerra", según expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW). 

La capacidad de difusión propagandística que ofrecen las redes sociales permite democratizar también las proclamas de países con diferente peso político. Este enfrentamiento digital iraní pretende conectar con audiencias globales, alimentando la desacralización del estado americano, tan ansiado en un momento de desestabilización política y económica, producido por unas maniobras imperialistas que no se sabe cuando llegarán a su fin. 

Quienes recuerdan esos tiempos, hace algo más de dos décadas, quizá se reconozcan en la idea de que publicar en internet era un acto de optimismo. La promesa de las redes sociales era horizontal y democrática. Cualquiera podía ser emisor, cualquiera podía encontrar su público, la conversación fluía en abierto.

Un cuarto de siglo después, esa promesa está en revisión. El informe de Ofcom —el regulador mediático británico—, publicado hace unos días, pone cifras a lo que muchos usuarios llevan años experimentando: la mitad de la población conectada del Reino Unido se ha convertido en lo que los analistas denominan fantasmas digitales, consumidores pasivos de contenido que no dejan rastro de interacción pública.

Solo el 49% de los adultos británicos que usan internet publican, comparten o comentan activamente en redes sociales. En 2024, esa cifra era del 61%. Doce puntos porcentuales de caída en apenas dos años. Hay que esperar y ver cómo evolucionan los datos, pero todo apunta a un cambio estructural en la relación de una generación con el espacio público digital.

El informe de Ofcom identifica uno de los motores de este repliegue. Casi la mitad de los adultos —el 49%— reconoce estar preocupado por cómo sus publicaciones pasadas podrían causarles problemas en el futuro, frente al 43% del año anterior. El rastro digital, que durante años se percibió como un activo —visibilidad, red de contactos, reputación construida post a post—, ha pasado a ser percibido como un lastre.

La consecuencia lógica es el refugio en los formatos efímeros: las stories de Instagram, los snaps, los contenidos que desaparecen a las 24 horas. La permanencia, que antes era un signo de solidez, se ha convertido en una señal de vulnerabilidad. Y donde la permanencia persiste, muchos usuarios prefieren directamente no publicar.

Ya hay quien ha puesto nombre a este comportamiento: zero posting. El usuario permanece en las plataformas —consume el feed, ve vídeos, sigue perfiles—, pero  abandona la producción propia de contenido. No cierra la cuenta. No se va. Pero desaparece como sujeto activo y se queda como espectador. Y eso está cambiando la naturaleza misma de las redes sociales.

La conciencia de que X, Instagram o YouTube son un problema es cada vez mayor. El mismo informe de Ofcom revela que el porcentaje de personas en el Reino Unido que cree que las redes sociales son buenas para su salud mental ha caído del 42% al 36% en un año. Y la percepción de que los beneficios de estar conectados superan los riesgos ha pasado del 72% al 59%. El balance, que durante años se asumía ampliamente positivo, está perdiendo consenso.

Esta erosión de la confianza no es exclusiva del mercado británico. Según datos recogidos por el Digital 2025 Global Overview Report de DataReportal —un servicio privado de análisis digital—, el Digital News Report del Reuters Institute y estudios de Deloitte y Edelman —las consultoras de comunicación más grandes del mundo—, la Generación Z, la primera que creció con las redes como infraestructura social, es también la que más activamente intenta autorregularse. 

El 63% ha planificado o realizado algún tipo de detox digital, y el 68% ha tomado descansos de las plataformas específicamente por razones de salud mental. La generación que las adoptó con más naturalidad es la que hoy las gestiona con más cautela.

En España, el diagnóstico es parecido. El Estudio Anual de Redes Sociales 2025 de IAB Spain constata que el tiempo de uso diario ha descendido en absolutamente todas las redes sociales analizadas. La intensidad media de uso bajó de una hora y ocho minutos a una hora y un minuto. No es una caída dramática, pero su universalidad —ninguna plataforma se salvó— apunta a una saturación sistémica, no a la crisis particular de una aplicación.

Hasta un 33% de los usuarios españoles afirma haber dejado de usar alguna red social en el último año. Y también un tercio declara haber publicado menos contenido propio que en el año anterior. Los datos de Edelman de febrero de 2026 registraron, además, una caída del 2,5% en usuarios activos entre 2023 y 2024, seguida de estancamiento.

El caso más llamativo es el de X (la red propiedad del oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk), que justo ahora cumple 20 años de existencia. Según datos de GfK DAM, la plataforma antes conocida como Twitter ha perdido el 36% de sus usuarios activos en España, y el estudio de IAB cifra en un 28% la tasa de abandono. Y no es solo una cuestión de controversia reputacional en torno a la propiedad de la compañía —que también—. X ejemplifica con nitidez el agotamiento de un modelo basado en la conversación abierta, pública y confrontacional.

Facebook, por su parte, propiedad del también multimillonario Mark Zuckerberg, dueño a su vez de Instagram y WhatsApp, ha alcanzado sus niveles más bajos de uso y valoración desde que se inició el registro en 2009. El abandono es especialmente pronunciado entre los perfiles más jóvenes, que nunca la adoptaron con la intensidad de las generaciones anteriores.

Es cierto que el 86% de los internautas españoles —32,4 millones de personas— sigue usando redes sociales. Pero ese porcentaje lleva tiempo funcionando como un techo estructural. El crecimiento se ha agotado, y la discusión ya no es cuántos usuarios entran, sino qué hacen dentro.

Porque el hecho de que los usuarios publiquen menos en abierto no significa que se comuniquen menos. Significa que se comunican en otro sitio. La conversación se ha desplazado hacia lo que la industria de la atención —la que gana dinero consumiendo nuestro tiempo— ha bautizado como dark social: los grupos de WhatsApp, los mensajes directos en Instagram o TikTok, los canales de Discord, los correos electrónicos. Canales donde la interacción es más íntima, más controlada y donde los algoritmos de analítica apenas pueden rastrear el origen del tráfico.

Las estimaciones actuales apuntan a que aproximadamente el 84% de todo lo que se comparte en internet ocurre a través de estos canales privados o semicerrados. Es una cifra que, si se confirma con solidez metodológica, implica que la conversación digital visible —la que circula por los feeds públicos, la que miden los estudios de engagement, la que monetizan las plataformas— es apenas la punta de un iceberg mucho más vasto e invisible.

El dark social no es un fenómeno nuevo, pero su consolidación como destino preferente responde a factores concretos: la percepción creciente de toxicidad en los espacios abiertos, la fatiga de los algoritmos diseñados para maximizar la atención a cualquier coste y la búsqueda de entornos donde la confianza sea real y el juicio de extraños, inexistente.

En España, esta tendencia se materializa de manera especialmente clara en la persistencia de WhatsApp como plataforma dominante. No por sus capacidades técnicas, sino por lo que ofrece simbólicamente: privacidad percibida, grupos de confianza, ausencia de exposición pública. WhatsApp no es exactamente una red social en el sentido convencional del término, pero es donde ocurre buena parte de la vida social digital española.

Lo que está pasando está desencadenando otro fenómeno relevante: un cambio que recorre transversalmente todos estos datos y que las plataformas llevan años acelerando con sus propias decisiones de diseño: la transformación de las redes sociales en canales de entretenimiento pasivo basados en vídeo algorítmico.

El usuario de 2026 ya no abre Instagram para ver qué ha publicado su círculo cercano. Abre Instagram para que el algoritmo le sirva contenido basado en sus patrones de consumo, con independencia de si sigue o no a quien lo produce. La distinción entre red social y plataforma de entretenimiento se ha vuelto semántica. Lo que técnicamente sigue siendo una red social funciona cada vez más como una televisión personalizada.

Este giro —que algunos analistas describen como el paso de Social Media a Interest Media, de redes sociales a redes de intereses— no es neutro. Debilita uno de los argumentos originales que hicieron hegemónicas a estas plataformas: que conectaban a personas entre sí. Lo que conectan ahora, en buena medida, es a personas con contenido. La experiencia es más cómoda, más adictiva en algunos casos y sustancialmente más pasiva.

El criterio que decide qué aparece en tu pantalla ha cambiado. Ya no es a quién sigues, sino qué has mirado en los últimos minutos. En el modelo original de las redes sociales, el algoritmo organizaba lo que veías en función de a quién conocías. Tu muro se llenaba de tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. El motor era la conexión interpersonal.

En el modelo actual, ese principio ha sido desplazado. Lo que aparece en pantalla ya no depende de quién eres socialmente, sino de qué comportamiento has exhibido en los últimos minutos. El algoritmo calcula tus intereses en tiempo real y sirve contenido en consecuencia, con independencia de si sigues o no a quien lo produce.

TikTok es el ejemplo más puro y precoz de este modelo. Su algoritmo no requiere que el usuario siga a nadie para inferir que le interesan, por ejemplo, los vídeos de cocina coreana o los tutoriales de carpintería: basta con medir cuántos segundos se detiene en cada pieza.

El resultado es una experiencia que puede resultar perturbadoramente precisa desde el primer uso y que ha redefinido las expectativas de los usuarios sobre cómo debe funcionar una plataforma.

Instagram replicó la lógica con los reels y la sección Para ti. Aunque nació como una red para seguir a amigos, hoy una parte sustancial del tiempo de uso transcurre en contenidos que el algoritmo selecciona al margen de quién está en la lista de seguidos.

YouTube, por su parte, se ha consolidado para muchos usuarios como sustituto de la televisión lineal, precisamente porque su sistema de recomendación permite encontrar contenido sobre intereses muy específicos —tutoriales, deportes, podcasts, divulgación científica— sin necesidad de buscar activamente. Incluso Facebook, la red social más asociada al modelo original de conexiones personales, ha introducido feeds de vídeo basados en recomendación algorítmica para retener a una audiencia que ya no interactúa con sus contactos.

Una de las consecuencias menos discutidas de este giro es la ruptura de la ecuación entre seguidores y alcance. En el modelo anterior, acumular seguidores era la estrategia central de cualquier creador o marca: más seguidores equivalía a más audiencia potencial.

En el ecosistema del Interest Media, esa lógica se debilita. Una pieza de contenido coincidente con la demanda puede alcanzar a millones de personas aunque el creador cuente con apenas unos cientos de seguidores, porque el algoritmo la distribuirá a quienes tengan ese interés específico.

Es una meritocracia del contenido concreto, no de la audiencia acumulada. Lo que importa ya no es el tamaño de la comunidad construida, sino la capacidad de cada vídeo, cada post, cada pieza individual de retener la atención en un entorno de competencia extrema.

Si se consolida el modelo, los influencers que basen su negocio únicamente en el volumen de seguidores verán debilitada su capacidad de negociación. La monetización dependerá cada vez más de la capacidad de entrar de forma legítima en las conversaciones privadas (dark social) y de producir contenido que cada algoritmo, por sí mismo, considere relevante para un interés específico del usuario.

Este modelo explica también, en parte, el fenómeno del zero posting. Si el contenido de tus contactos ya no ocupa un lugar central en la experiencia de las plataformas, el incentivo para publicar decrece: ¿para qué compartir si nadie en tu red va a verlo necesariamente?

La promesa original —publicas, tus amigos lo ven— se ha roto. Lo que queda es competir con creadores profesionales por la atención de un algoritmo que favorece el entretenimiento de alta producción. Muchos usuarios han decidido, racionalmente, no jugar esa partida.

Los datos de Ofcom, IAB Spain, GfK DAM y Edelman apuntan todos en la misma dirección. No hacia el fin de las redes sociales, sino hacia su redefinición. El usuario que está emergiendo de esta transición es más selectivo, más cauto con su huella pública, más interesado en la privacidad que en el alcance. Ha pasado de la fascinación por la exposición a algo más parecido a la gestión del riesgo. Puede que sea madurez. Puede que sea agotamiento. Probablemente, ambas cosas a la vez.

Decir que hay muchos influencers en España —lo que en castellano se llama, desde hace siglos, “influente”— es como decir que hay muchos cantantes: cierto, incontestable y, por sí solo, casi inútil. Si creemos lo que dice el Estudio Anual de Influencer Marketing 2025 —obra de la asociación española de publicidad, marketing y comunicación digital—, hay en el país 207.000 perfiles activos con más de 10.000 seguidores. Otras estimaciones elevan esa cifra a 235.000. Son números que impresionan hasta que se mira qué hay en realidad debajo de ellos.

El Real Decreto 444/2024 estableció una categoría legal específica —Usuarios de Especial Relevancia— para aquellos creadores que superasen simultáneamente tres umbrales: más de 300.000 euros de ingresos anuales, más de un millón de seguidores en una plataforma o dos millones entre varias, y al menos 24 vídeos publicados al año. A día de hoy, 119 personas figuran inscritas voluntariamente en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual. Son quienes han dado el paso por iniciativa propia; el número de creadores obligados a hacerlo por cumplir los requisitos legales es, previsiblemente, bastante mayor.

La distancia entre los UER inscritos legalmente y las estimaciones del numero real de quienes cuentan con audiencias relevantes no es una anomalía estadística. Es la estructura real de un sector que ha sido descrito sistemáticamente como una oportunidad económica de primera magnitud mientras esconde una pirámide laboral en la que la base es vastísima y el vértice casi no existe. Quienes se dedican a esta actividad reconocen que vivir profesionalmente de ello es muy difícil. La Asociación Española de Creadores de Contenido estima que solo 1.187 personas en España generan ingresos suficientes para vivir exclusivamente de lo que producen en YouTube —apenas 2.932 superan los 100.000 suscriptores en esa plataforma—. La economía del sector tiene una distribución muy desigual que los datos agregados tienden a ocultar.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) asegura haber identificado, con criterios más amplios que los del registro oficial, a más de 1.600 creadores a los que atribuye un impacto significativo sobre sus audiencias y a los que ha sometido, dice, a supervisión directa. Para materializarla, la institución ha licitado en 2026 servicios de análisis especializados por casi 180.000 euros. El regulador los trata como trata a los medios de comunicación audiovisuales —como agentes con responsabilidades específicas frente a audiencias vulnerables— hasta el punto de reclamar para ellos la capacidad de invocar el derecho al secreto profesional.

Sean 1.187 o 1.600, las evidencias indican que es un ecosistema con una amplia base y una cúspide muy estrecha, donde la visibilidad y la rentabilidad se distribuyen de forma desigual. Más que un sector accesible, se configura como un espacio altamente selectivo, en el que el acceso efectivo —vivir de ello— está al alcance de muy pocos. En ese sentido, su estructura se asemeja a la de ciertas élites profesionales o creativas: como ocurre con algunos cuerpos superiores de la Administración, donde el acceso está limitado por filtros muy exigentes, o con industrias culturales como la música o el cine, donde una minoría concentra la atención y los ingresos mientras la mayoría permanece en posiciones precarias o complementarias.

También comparte rasgos con otros ámbitos marcados por el llamado “efecto estrella”, en los que el reconocimiento y la recompensa no crecen de forma proporcional al número de participantes, sino que se concentran en unos pocos perfiles dominantes. Igual que sucede con determinados nichos del deporte profesional o con la alta dirección empresarial, el ecosistema de los influencers combina una enorme competencia en la base con una fuerte concentración de oportunidades en la cima, lo que refuerza su carácter de mercado abierto en apariencia, pero muy restringido en la práctica.

El negocio que sí existe, y el relato que lo infla

Eso no quita que, independientemente de lo que ocurra en el escalón individual, el mercado agregado del marketing de influentes en España sea real y creciente. En 2024 alcanzó una inversión récord de 125,9 millones de euros, con un crecimiento del 58,9% respecto al año anterior, lo que representó el 2,3% de toda la inversión en medios digitales del país. Más de 10.000 creadores colaboran de forma regular y documentada con marcas.

El interés de los anunciantes es comprensible. El 86% de los internautas españoles de entre 12 y 74 años —unos 30 millones de personas— usa redes sociales. De esos, el 49% sigue activamente a creadores de contenido. Entre los jóvenes de 12 a 24 años, la penetración supera el 80%. Y el 38,6% de los usuarios reconoce que las recomendaciones de esos creadores influyen directamente en sus decisiones de compra. Para una marca que busca conversión, esos números son difíciles de ignorar.

Pero el sector lleva años acompañando esos datos reales con otros que no lo son tanto. El ejemplo más llamativo es el del 85% de adolescentes españoles que supuestamente sueña con convertirse en creador de contenido, una cifra atribuida al Ministerio de Educación y Formación Profesional que ha anidado en informes sectoriales, comunicados de prensa y presentaciones ante inversores. El problema es que ese informe no existe. Lo que circula con esa atribución proviene de materiales promocionales elaborados por consultoras del propio sector —principalmente 2btube y MKD— que citan al ministerio de forma vaga, sin número de expediente, sin fecha ni enlace. Los medios lo han reproducido sin comprobarlo.

Lo que sí existe, con fuente verificable y probablemente origen de esa cifra desproporcionada, es un dato del estudio El ocio digital de la población adolescente de la Fundación FAD Juventud y la Fundación La Caixa: el 85% de los jóvenes ha creado y subido algún tipo de contenido propio a las redes. Pero eso es haber posteado algo alguna vez. No es una aspiración profesional. Los datos reales sobre aspiraciones son bastante más modestos: el estudio más amplio realizado hasta la fecha, promovido por Red.es junto a UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela, con casi 100.000 encuestados, concluye que el 21,3% de los adolescentes cree que podría llegar a ser influente, y que solo el 7,8% dedica tiempo activamente a intentarlo. Son cifras sociológicamente significativas, pero radicalmente distintas al 85% que el sector ha convertido en hecho institucional.

La confusión no es inocente. Sirve para inflar la magnitud cultural del fenómeno y justificar demandas regulatorias. Y ha calado en las instituciones con consecuencias concretas.

Quiénes son los 119: un retrato de la élite oficial

El listado del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual —los 119 creadores que en el momento de redactar esta información habían formalizado voluntariamente su condición de Usuarios de Especial Relevancia— no es un censo del fenómeno influente en España. Es, más bien, una radiografía de su capa más visible y, en muchos casos, más antigua. Analizados por perfil de actividad principal, el registro revela una composición que desmiente algunos tópicos sobre el sector y confirma otros.

El grupo más numeroso es el de moda, estilo de vida y belleza, con alrededor de 30 perfiles: Dulceida, Maria Pombo, Marta Pombo, Marta Lozano, Rocío Osorno, Jessica Goicoechea, Gala González, Violeta Mangriñán o Laura Escanes, entre otros. Es la categoría que popularizó el modelo de negocio tal como se conoce hoy —colaboraciones con marcas de moda, cosmética y viajes, contenido aspiracional, audiencias femeninas jóvenes— y sigue siendo la más representada. Que casi una cuarta parte del registro pertenezca a este nicho dice algo sobre qué tipo de creador ha tenido más incentivos, o más asesoramiento, para cumplimentar el trámite.

El segundo bloque en tamaño es el de juegos, retransmisiones en directo y deportes electrónicos, con una veintena larga de perfiles: Ibai Llanos, El Rubius, IlloJuan, El Xokas, Knekro, DjMaRiiO, Folagor, Jordi Wild, Yosoyplex o Adri Contreras. Es el grupo de más reciente consolidación como sector económico, el que ha construido audiencias más jóvenes y masculinas, y el que ha generado los mayores fenómenos de masas del último lustro —desde los combates de boxeo amateurs hasta la Kings League. Su presencia nutrida en el registro refleja también que son perfiles con estructuras empresariales más formalizadas: varios de ellos operan a través de sociedades limitadas, no como autónomos.

El tercer grupo relevante es el de deportistas de élite con presencia digital consolidada: Carlos Alcaraz, Marc y Álex Márquez, Sergio Ramos, David Villa, Ilia Topuria, Vinícius Jr. o Ibán García. Su inclusión en el registro es reveladora: el decreto los obliga no por lo que hacen en la pista o en el campo, sino por el volumen de sus audiencias digitales y los ingresos que generan a través de ellas. Son, en la práctica, marcas personales que utilizan las redes sociales con una lógica idéntica a la de cualquier creador de contenido, aunque su actividad principal sea otra.

Un cuarto bloque significativo es el de rostros procedentes de la televisión tradicional que han completado con éxito la transición al entorno digital: Cristina Pedroche, Paula Echevarría, Belén Esteban, Nuria Roca, Tamara Falcó, Lara Álvarez, Sandra Barneda o Jesús Calleja. Su presencia subraya que el registro no es un inventario de nativos digitales, sino de cualquier persona con audiencia masiva y facturación suficiente, independientemente de su origen mediático.

Más pequeños en número pero significativos en términos de lo que revelan son otros dos grupos. El de gastronomía y cocina —Dabiz Muñoz, Alfredo Vozmediano (avozmechef), Anna Recetas Fáciles, Marta Sanahuja (Delicious Martha) o el italiano Federico Zompicchiatti (Zazzaelitaliano)— refleja la profesionalización de un nicho que ha encontrado en YouTube y en Instagram un canal de negocio propio. Y el de divulgación y educación —Javier Santaolalla (física), Anna Cuevas (Tecnonauta), Rodrigo Septién (Destripando la Historia), Romuald Fons (marketing digital) o Eugenio Monesma (etnografía)— es el que más directamente se solapa con funciones que el periodismo y la academia han desempeñado tradicionalmente, aunque desde lógicas distintas.

Hay además una categoría que el propio registro hace visible casi por accidente: la de entidades colectivas y estructuras empresariales inscritas como UER. La Kings League, Team Heretics, Porcinos FC, Post United, Xbuyer & Minibuyer, Laian Studios, Arta Media Film o la discográfica Divucsa. No son personas físicas con audiencias: son empresas o proyectos colectivos que han alcanzado el umbral legal de relevancia. Su presencia en el mismo listado que los creadores individuales ilustra hasta qué punto el decreto diseñó una categoría pensando en personas y se encontró con que el fenómeno ya había generado estructuras corporativas propias.

Ninguno de los 119 inscritos tiene el contenido político como actividad principal, aunque hay perfiles donde la política aparece de forma secundaria o instrumental. Ibai Llanos se ha pronunciado con regularidad sobre fiscalidad, derechos LGTBI y política vasca, con peso suficiente como para que sus declaraciones generen cobertura mediática propia. Tamara Falcó transita ocasionalmente el territorio político-social desde un perfil conservador y católico. La Vecina Rubia hace sátira política sistemática, aunque en clave humorística.

El caso más significativo es el de El Xokas (Joaquín Domínguez Portela). Es probablemente el perfil del registro con el posicionamiento político más explícito y consistente: streamer con audiencia muy joven que ha hecho del discurso político —de corte nacionalista español, crítico con el independentismo, con posiciones que en ocasiones rozan la derecha populista— una parte sustancial de su marca, no un elemento ocasional. Sus directos mezclan gaming y entretenimiento con opinión política de forma deliberada. Lo que lo hace especialmente relevante es el modelo que encarna: el creador que usa la cercanía y la aparente espontaneidad del formato streamer para trasladar posiciones políticas a audiencias que han abandonado los medios tradicionales, sin que sus seguidores lo perciban necesariamente como consumo político.

El registro confirma, en cualquier caso, que la élite oficial del sector no produce contenido político de forma significativa. Quienes más influyen políticamente en redes entre los jóvenes —perfiles de TikTok e Instagram de ideología explícita, tanto de izquierda como de ultraderecha— no están en este listado, probablemente porque no alcanzan los umbrales económicos del decreto o simplemente porque no se han inscrito. El resto lo componen, sin excepción, perfiles cuya actividad central es el entretenimiento, la aspiración o el estilo de vida. El debate sobre si los influentes están sustituyendo a los medios informativos queda, a la vista del registro oficial, sin respaldo en la élite del sector: los 119 que han dado la cara ante el regulador no son, en su inmensa mayoría, gente que informe. Son gente que influye.

Sin embargo, el reciente informe Understanding Young News Audiences at a Time of Rapid Change, publicado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, sintetiza una década de datos del Digital News Report global y dibuja un paisaje en el que los influencers no compiten con los medios de comunicación: los sustituyen.

El informe del Reuters Institute detecta algo que conecta directamente con los datos sobre el sector en España: el 51% de los usuarios jóvenes de redes sociales presta más atención a creadores individuales o personalidades que a medios o periodistas tradicionales. La arquitectura de las plataformas —TikTok, Instagram, YouTube— favorece estructuralmente a las personas sobre las instituciones. Premia la autenticidad percibida, la cercanía y la frecuencia de publicación. No el rigor ni la verificación. Algo que tiene que ver más con la publicidad que con el periodismo.

Solo el 28,8% de los jóvenes lee diarios. No es que hayan dejado de consumir información: es que consumen la que les llega mientras hacen otra cosa, en plataformas que no están diseñadas para informar sino para retener. Y en esas plataformas, la persona que habla a cámara desde su cuarto tiene ventajas estructurales sobre el periodista que firma un reportaje. La distinción importa porque son actividades radicalmente distintas: el periodismo descansa sobre la independencia editorial respecto a quien paga; el modelo de negocio dominante de la creación de contenido se basa precisamente en fusionar esa independencia con el mensaje comercial. La autenticidad que las marcas compran es que no haya distancia entre la voz del creador y el producto que promociona. Una investigación coordinada por la Comisión Europea en 22 países concluyó que la inmensa mayoría de los creadores no identificaba de forma adecuada sus publicaciones comerciales. Los incumplimientos son sistemáticos, no excepcionales.

La pregunta sobre si el fenómeno tiene más presencia mediática que importancia real es difícil de resolver. Hay datos que apuntan a una evidente sobredimensión: la inmensa mayoría de los 207.000 perfiles activos no llegan a vivir de ello, la aspiración de “ser influencer” afecta a uno de cada cinco adolescentes —no a cuatro de cada cinco, como el sector ha intentado instalar—, y buena parte del seguimiento masivo que generan se construye sobre una promesa de éxito que el mercado real no puede absorber.

La segunda sostiene que el fenómeno es exactamente tan grande como las cifras del mercado y del comportamiento indican: las marcas invierten porque funciona, los reguladores supervisan porque el impacto sobre las audiencias es real, y los jóvenes se informan por estas vías porque los medios convencionales no han logrado competir en los entornos donde esa generación pasa su tiempo. No es que los influentes hayan hincado el diente al periodismo: es que el periodismo no ha llegado donde los jóvenes están.

Lo que ninguna de las dos lecturas discute es la existencia del fenómeno y sus efectos reales. Que un joven de 18 años dedique 6,95 horas diarias al ocio digital y consuma contenido producido mayoritariamente por creadores individuales no es un dato sobre el mercado publicitario. Es un dato sobre cómo se construye la identidad, el prestigio social y las expectativas laborales de una generación.

El Reuters Institute concluye, sin mucho margen para el optimismo, que hay pocas razones para esperar que los jóvenes adopten hábitos informativos que, a diferencia de las generaciones anteriores, nunca han tenido. Si eso es correcto, el debate sobre si los influentes están sobredimensionados es secundario. La pregunta relevante es qué tipo de ecosistema informativo se construye cuando la atribución de relevancia —qué importa, qué no, quién habla con autoridad sobre qué— la decide, en última instancia, un sistema de inteligencia artificial cuyo único objetivo es que la gente no deje de hacer scroll.

La CNMC persigue con una mano la publicidad encubierta que los creadores no etiquetan, y propone con la otra extenderles garantías propias del secreto profesional periodístico. La contradicción resume bien el estado del debate: un sector que ha aprendido a definir sus propios términos, unas instituciones que no terminan de decidir qué son exactamente estos nuevos actores, y millones de jóvenes que se dejan llevar por ellos sin haber elegido hacerlo. El dato del 85% nunca existió. El fenómeno, en cambio, sí.

Es una realidad. En los últimos años, la asistencia al cine ha ido bajando paulatinamente mientras las plataformas de streaming ganan cuota de pantalla, lo que ha supuesto el cierre obligado de varias salas. Según el último informe de Comscore, una empresa que se dedica a medir las audiencias, en 2024 la asistencia ya había descendido un 5% con respecto al año anterior. Datos que no mejoraron en 2025, cuando la cifra volvió a caer un 8%. La asistencia a salas de cine en 2025 registró un total de 65 millones de espectadores, mientras que la taquilla alcanzó la cifra de 453 millones de euros. 40 millones menos que, por ejemplo, en 2023.

Las cifras no son esperanzadoras, así que la pregunta parece obligada: ¿está todo perdido? No. Hay un grupo social que está reanimando la taquilla con su regreso a las salas de cine: los jóvenes. Muchos han encontrado en el cine el perfecto remedio contra el uso compulsivo de las pantallas, el multitasking y el síndrome de la doble pantalla. Sergio es un ejemplo de ello. Este estudiante de 25 años acude asiduamente a la Cineteca de Madrid porque, reconoce, “en casa es casi imposible ver una película sin mirar el móvil”.

Según un estudio de Cinema United, el porcentaje de miembros de la Generación Z que acuden al menos 6 veces al año al cine ha incrementado de un 31% en 2022 a un 41% en 2025.

Cada vez parece más evidente que somos incapaces de ver una película en casa sin echar un vistazo al móvil. Esta tendencia cada vez más habitual se conoce como el síndrome de la doble (o segunda) pantalla. Aunque todavía no está reconocido médicamente, es una práctica real y muy extendida, sobre todo, entre el público más joven. Así lo refleja el último Barómetro de OTT Cine, elaborado por la consultora audiovisual GECA. 

Los jóvenes de entre 18 y 34 años son los que en mayor medida afirman utilizar el teléfono mientras ven películas, con más del 50% declarando usarlo gran parte del tiempo o de forma intermitente. Una práctica muy relacionada con el uso abusivo de las pantallas, una situación en la que, según un estudio de Cáritas, se encuentran el 36% de los jóvenes españoles. 

Sergio cuenta que suele tener el móvil al lado cada vez que ve una película en casa: “En casa me gustaría dejarlo más lejos para evitar la tentación, sin embargo en el cine nunca siento la necesidad de mirarlo”. Algo similar a lo que le ocurre a Alonso, estudiante de 22 años de Biología y asiduo a los cines de su barrio: “Cuando veo películas en casa intento siempre dejar el móvil fuera de la habitación porque si no, lo miro aunque no busque nada en concreto. En el cine directamente lo dejo en el bolsillo del abrigo para no tenerlo ni cerca”

Ni que decir tiene que de todo esto son conscientes las grandes plataformas como Netflix. El actor Matt Damon, protagonista de algunas de las películas más importantes de Hollywood, sorprendió con unas declaraciones en las que aseguraba que "Netflix quiere que la trama de una película se repita tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está con sus teléfonos móviles mientras la ve". Pese a que la productora norteamericana ha desmentido esto, parece que la lógica que explica el actor es muy plausible en los tiempos que corren.

Jorge Ramiro Pérez Suárez, experto en Espacios Digitales en la Universidad Europea, subraya que se ha producido un “profundo cambio sociocultural en el que las tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la vida desde una edad muy temprana”. Reconoce que hemos de admitir que la tecnología no es políticamente neutra: “tiene un claro sesgo marcado por las plataformas tecnofeudalistas y por el capitalismo digital”.

“La mayor parte de nuestras interacciones vienen mediadas por la tecnología”, por eso en muchos casos, cuenta, “es casi imposible desaprender estas acciones que ya hemos naturalizado”. Pérez Suárez subraya que en los estudios de su grupo en Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales, se ha identificado que los jóvenes prefieren interacciones “mucho más sencillas, visuales y dicotómicas”. 

“Esto hace que se pierda muchísimo contexto y profundidad, la idea de tiempo libre o aburrimiento resulta abisal y sobre todo tiene un impacto muy profundo en la concentración, la manera de retener y enfrentarse al conocimiento o incluso de expresarse”, añade.

¿Qué es lo primero y lo último que haces al despertarte o al irte a dormir? Reducir los tiempos de uso del móvil se ha colado de lleno en las listas de objetivos de año nuevo de gran parte de la población, desde los más jóvenes a los más adultos. 

Según la última encuesta online de RTVE de finales de 2025, “el 71% de los encuestados cree que debería reducir el tiempo que pasa en el móvil, en particular, de aplicaciones como Instagram o TikTok, conocidas por favorecer el scrolling sin control”. Un sentimiento que es especialmente fuerte en la franja de edad de 25 a 34 años. Los datos de la encuesta exponen que los usuarios de la Generación Z pasan más de cuatro horas diarias frente a la pantalla. 

Pero, ¿qué opinan los protagonistas? Sergio subraya que querría “reducir su uso y dependencia del móvil”, que ronda entre las cinco y seis horas al día. Natalia, estudiante de 24 años, coge el móvil más de lo que le gustaría pese a que no se siente orgullosa de ello. “Muchas veces entro en TikTok cuando me he metido hace 2 minutos. Sé que no voy a ver nada nuevo que me interese, pero siento la necesidad de entrar en la aplicación”, cuenta a infoLibre. 

Sergio encuentra el cine como "un refugio en el que no existen distracciones”. El cine siempre ha sido un lugar para evadirse, conectar con la película y, a la vez, desconectar del ajetreo de los días. Es, a su vez y a diferencia de casa, un sitio de reunión, de comunidad a donde acuden personas con un interés genuino en la obra que se va a proyectar.

El experto en Espacios Digitales cuenta que, por una parte, “existe un reclamo de un pasado analógico como una suerte de nostalgia ochentera y noventera que, de otro modo, también resulta en una máscara ideológica”, pero que, por otra, “va a haber elementos que se conviertan en productos gourmet: aquellas ilustraciones, películas o libros que no usen la IA y que vuelvan a la autenticidad y a la artesanía”. 

“El cine es una poderosísima herramienta política y cultural que puede convertirse como remedio contra muchísimas cosas. De hecho me parece que es la mejor ventana que existe a la experiencia humana”, sostiene. “Es lógico que los jóvenes miren al cine como un lugar que se salga de la norma y que encuentren en él un refugio colectivo donde evadirse y desarrollar comunidad”, concluye.

La última película que Natalia disfrutó en el cine fue Marty Supreme y cuenta que le encantó tanto que aunque durase casi 3 horas ni se le pasó por la cabeza mirar el móvil. Aunque a Noelia, lo que más le gusta del cine, cuenta, “es el concepto de compartir con la gente”. “En el cine no hay vecinos tocapelotas o molestias inesperadas, solo sois unos cuantos que os habéis reunido en un sitio porque os morís de ganas por ver esa película”.

Sergio, por ejemplo, disfrutó tanto de La estrella azul de Javier Macipe que no se despegó de la pantalla hasta los créditos: “Me negaba a que se acabase, me la habría vuelto a ver otra vez seguida”. Alonso vuelve al cine cada semana por lo que hace sentir apagar el móvil. “Siento un enorme alivio cuando lo apago, como si el ruido se cortara”. “El cine siempre será algo especial contra lo que las plataformas no podrán competir, tiene algo de sagrado, como un lugar de culto”, concluye.

Durante décadas, las grandes plataformas digitales han estado operando bajo un principio casi sagrado: lo que publican sus usuarios no es responsabilidad suya. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos les otorgó un escudo legal que las blindaba frente a miles de demandas y convertía cualquier intento de atribuirles responsabilidad en un ejercicio jurídico destinado al fracaso. Ese escudo se está agrietando, y lo que está entrando por las grietas, además de un reproche moral, es una abultada factura.

En Los Ángeles, un jurado popular declaró esta semana a Meta —la matriz de Instagram y Facebook— y a YouTube —propiedad de Alphabet, la empresa madre de Google— responsables de negligencia por haber diseñado ambas plataformas de una manera que dañó la salud mental de una joven de veinte años. La indemnización fue de seis millones de dólares, repartidos entre daños compensatorios y punitivos, con Meta asumiendo el 70% de la responsabilidad y Google el 30%.

Una cifra modesta comparada con lo ocurrido unos días antes en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones por permitir que Instagram se convirtiera en un entorno propicio para la explotación sexual infantil y por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus aplicaciones. Snap y TikTok se libraron en el juicio de Los Ángeles gracias a que prefirieron llegar a acuerdos extrajudiciales con la demandante antes de que el jurado emitiera su veredicto. Nadie sabe cuánto pagaron por no ser señaladas en este caso, pero eso no las librará de ser acusadas en en otros procedimientos.

Lo que hace jurídicamente relevantes estos fallos es que no se basan en el contenido que circula por las plataformas sino en cómo están construidas. Los demandantes no están acusando a Meta o a Google de publicar algo ilegal. Las acusan de haber diseñado productos defectuosos: el scroll infinito que elimina cualquier punto natural de parada, las notificaciones de intervalo variable que imitan la lógica de una máquina tragaperras, los algoritmos que priorizan el contenido que más engancha aunque sea el más dañino. Eso no es contenido de terceros. Eso lo fabricaron ellas. Y ahí es exactamente donde la Sección 230 deja de protegerlas.

La norma, aprobada en 1996, cuando internet era todavía un espacio marginal y sus riesgos apenas se intuían, fue concebida para proteger a los proveedores de servicios digitales de la responsabilidad por lo que sus usuarios publicaran. Su lógica parecía razonable en aquel contexto: no tenía sentido hacer responsable a una plataforma de mensajería por los insultos que un usuario enviara a otro, del mismo modo que no se considera responsable a una empresa de telefonía por las conversaciones que se producen a través de sus líneas.

Pero las redes sociales del siglo XXI no son una infraestructura pasiva. Son sistemas activos de recomendación, ordenación y amplificación del contenido, diseñados con una intención precisa: mantener al usuario el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Y ese diseño, argumentan los demandantes con creciente éxito, es una decisión de ingeniería cuyas consecuencias dañinas sus autores deben asumir.

Los juristas recurren a la industria tabacalera para explicar el giro histórico que están protagonizando estos procesos. Al igual que ocurrió con las tabaqueras en los años noventa, lo determinante no está siendo solo el daño, sino la evidencia de que las empresas lo conocían. Documentos internos de Meta han demostrado que sus propios equipos sabían que los filtros de belleza de Instagram generaban dismorfia corporal en adolescentes, que sus algoritmos podían empujar hacia contenido relacionado con trastornos alimenticios, y que la empresa eligió priorizar el engagement sobre el bienestar. Sabían, callaron y siguieron optimizando. Ese es el patrón que en los años noventa arruinó a Philip Morris. Y ese es el patrón que los jurados de Los Ángeles y Santa Fe han empezado a penalizar.

La base científica que sustenta estas demandas no es especulativa. El cerebro reacciona a las redes sociales de forma parecida a como reacciona a las drogas. Recibir un “me gusta” libera dopamina —el neurotransmisor que el cerebro segrega cuando anticipa o recibe una recompensa— en sus zonas más instintivas.

Con el tiempo, el usuario desarrolla lo que los investigadores llaman una disociación entre el “querer” y el “gustar”, un deseo compulsivo de revisar la plataforma que no va acompañado de satisfacción real, o que incluso coexiste con una satisfacción decreciente. El usuario sigue abriendo la aplicación aunque sepa que no va a encontrar nada que le importe, del mismo modo que un fumador enciende un cigarrillo sin esperar ya ningún placer particular de él. Los adolescentes son especialmente vulnerables porque su corteza prefrontal —la región que regula el control de los impulsos— aún no está completamente desarrollada. No es una metáfora clínica. Es neurobiología con implicaciones jurídicas.

Los mecanismos concretos mediante los que las plataformas explotan esa vulnerabilidad están bien documentados. El scroll infinito, desarrollado por el diseñador Aza Raskin —que después se arrepentiría públicamente de haberlo inventado—, elimina los momentos naturales de pausa que en cualquier otra actividad actúan como señales de que ha llegado el momento de parar. "Es como si estuvieran tomando cocaína conductual", ha llegado a decir Raskin.

La reproducción automática de vídeos hace lo mismo en el terreno audiovisual. Las notificaciones de intervalo variable —que llegan de forma impredecible, como los premios de una tragaperras— generan un hábito de comprobación compulsiva que los psicólogos conductuales llevan décadas identificando como uno de los mecanismos de condicionamiento más potentes conocidos.

Y los algoritmos de recomendación, optimizados para maximizar el tiempo de uso, aprenden rápidamente que el contenido que genera más actividad neuronal es el que activa el sesgo de negatividad: la indignación, el miedo, la comparación social desfavorable. El contenido más rentable tiende a ser también el más tóxico, y los sistemas están diseñados para servirlo con precisión creciente.

La investigación ha empezado a documentar además cambios estructurales en el cerebro asociados al uso intensivo. Niveles más bajos de materia gris en ciertas áreas, alteraciones en los patrones de atención, mayor impulsividad. En adolescentes, cuyo sistema nervioso está todavía en formación, estos efectos pueden condicionar el desarrollo cognitivo de forma duradera. La correlación entre el uso excesivo de redes sociales y el aumento de la depresión, la ansiedad y las ideas suicidas en jóvenes está suficientemente documentada como para que ya no pueda descartarse como alarmismo de padres preocupados.

El problema central es que el diseño adictivo no es un efecto secundario del modelo sino su columna vertebral. Las redes sociales ofrecen sus servicios de forma gratuita porque su negocio no consiste en vender un producto al usuario sino en vender al usuario —su atención, sus datos, su comportamiento— a los anunciantes. En ese modelo, el tiempo que el usuario permanece en la plataforma es literalmente la unidad de medida de la rentabilidad. Cada scroll de más es un anuncio más, un dato de comportamiento más, una fracción de céntimo más. El usuario no es el cliente. Es la materia prima.

Investigaciones con universitarios estiman que, si los usuarios pudieran desactivar todas las funciones de diseño persuasivo, su tiempo de pantalla se reduciría una media del 37%, con casos individuales que llegan al 65%. Una reducción de ese calibre no sería un ajuste menor para estas empresas: sería un colapso de las métricas sobre las que se construyen sus valoraciones bursátiles y se justifican sus ingresos publicitarios. El mercado global de publicidad digital, que valía 350.000 millones de dólares en 2020, alcanzará este año los 768.000 millones, un crecimiento impulsado casi exclusivamente por el aumento del engagement. Sin adicción, no hay negocio a esta escala. Esa es la aritmética del modelo.

La diferencia con otros sectores que también pueden generar dependencia es reveladora. En un modelo de suscripción —Netflix, Spotify— la empresa es indiferente a la intensidad del uso siempre que el cliente renueve. Un abonado que apenas consume el servicio es tan rentable como uno que lo usa doce horas al día, y de hecho consume menos infraestructura. Una tabaquera puede ser indiferente a si el cliente fuma el cigarrillo o lo tira, siempre que lo compre. En las redes sociales, en cambio, el beneficio no se produce con la compra inicial del servicio —que es gratuita— sino con cada minuto adicional de uso. La adicción no es un riesgo colateral del modelo. Es el modelo.

Tristan Harris, exdiseñador de Google convertido en crítico del sector, lleva años argumentando que estas empresas no pueden reformarse significativamente desde dentro porque sus incentivos financieros están estructuralmente orientados a consumir el tiempo de ocio de las personas. La arquitectura de las plataformas, sostiene, no está diseñada para servir al usuario sino para servirlo a él como producto. Los veredictos judiciales de estos días parecen haberle dado la razón, al menos en los tribunales.

Lo ocurrido en Los Ángeles y Santa Fe es, en términos procesales, un ensayo general. El juicio californiano funciona como caso piloto para más de 1.500 demandas similares consolidadas en ese estado, y sus resultados orientarán el valor de miles de reclamaciones pendientes y la posibilidad de acuerdos globales. En junio comenzará en Oakland un juicio federal impulsado por distritos escolares contra Meta, ByteDance —la matriz de TikTok—, Snap y Google. En julio, otro proceso estatal en California involucrará a las cuatro grandes plataformas. En mayo, un juez de Nuevo México decidirá si impone a Meta cambios estructurales en la arquitectura de sus productos, como verificaciones de edad efectivas que hoy no existen o no funcionan con ninguna fiabilidad.

Meta y Google han confirmado que apelarán, y los expertos prevén que la disputa llegará al Tribunal Supremo, que tendrá que pronunciarse de forma definitiva sobre si las protecciones legales actuales cubren el diseño de algoritmos adictivos. Es una pregunta a la que la Sección 230, redactada treinta años antes de que existiera el scroll infinito, no puede responder.

La batalla, previsiblemente, se extenderá además hacia nuevas fronteras: Baltimore ha demandado a xAI, la empresa de Elon Musk, alegando que su chatbot Grok genera imágenes sexuales explícitas de menores, y más de 130 demandas apuntan ya contra la plataforma de videojuegos Roblox por reclamos similares de desprotección de la infancia. La teoría del "diseño defectuoso" está encontrando aplicaciones que sus impulsores iniciales apenas anticipaban.

Hay algo significativo en que sean jurados populares —no legisladores, no reguladores, no académicos— quienes estén forzando este punto de inflexión. El Congreso estadounidense lleva años intentando aprobar la Ley de Seguridad Infantil en Internet sin lograrlo, paralizado por el poder de lobbying de las plataformas, por la dificultad de alcanzar consensos en un sistema político fracturado y por la genuina complejidad de legislar sobre tecnologías que evolucionan más rápido que los ciclos parlamentarios. Doce ciudadanos reunidos en una sala de Los Ángeles han conseguido en días lo que la política no ha logrado en años: establecer, con fuerza de ley, que estas empresas conocían el daño que causaban y eligieron no actuar. Que la ignorancia, en este caso, no es una defensa.

Las plataformas llevan años presentándose como meros intermediarios neutrales, espacios donde las personas se expresan libremente y la empresa solo pone la infraestructura. Es una imagen que siempre tuvo más de relato corporativo que de descripción precisa, pero que funcionó durante tiempo suficiente como para construir sobre ella un muro legal casi impenetrable.

Los veredictos de estos días dicen que ese muro tiene fecha de caducidad. Que el scroll infinito, las notificaciones diseñadas para generar ansiedad y los algoritmos optimizados para maximizar el tiempo de pantalla son decisiones de ingeniería con consecuencias reales sobre personas reales, y que tienen autor, tienen destinatario y tienen precio. Son, simplemente, un producto. Y los productos defectuosos no son neutrales.

La deserción de ministerios, medios y universidades de plataformas estigmatizadas ha dejado un vacío que hoy ocupan la desinformación y el extremismo. Frente a la dictadura del algoritmo y la lentitud del Estado, es hora de que la sociedad civil recupere el espacio digital. 

Imaginen una inmensa plaza donde cualquiera puede dirigirse a cientos de miles de personas sin filtros, sin que un algoritmo comercial decida en la sombra quién escucha qué. Una plaza donde es posible compartir conocimiento, organizar comunidades y llegar a audiencias que hace tiempo dieron la espalda a los medios tradicionales. Esa plaza existe. Se llama Telegram. 

Ahora imaginen que en esa misma plaza las instituciones que deberían vertebrar nuestra sociedad —ministerios, universidades, grandes editoriales científicas, medios de referencia— han decidido no aparecer. No porque carezcan de medios, sino porque tienen miedo. Temen que su logotipo quede asociado a un rincón de internet con fama de oscuro, donde ciertamente anidan la piratería, el extremismo y la desinformación. Al desertar para proteger su reputación, dejan el terreno libre para que otros lo colonicen. 

Esta deserción no es una hipótesis pesimista. Es una realidad que la ciencia ya está cuantificando. 

En un estudio reciente desde la Universidad de Granada analizamos la presencia de las principales editoriales académicas en Telegram. Los resultados son demoledores: el 78% de los canales que operan bajo el nombre de gigantes como Elsevier, Springer o Nature son fraudulentos. Suplantan logotipos para ganar credibilidad, ofrecen artículos pirateados y prometen publicaciones exprés a cambio de dinero. Lo más revelador: ninguna de las trece editoriales analizadas se había molestado en abrir un canal oficial verificado para proteger su identidad y a sus usuarios. El vacío institucional no es neutral; es una invitación.

Ese caso es solo el síntoma de una patología mayor. Una investigación en curso, que sistematiza centenares de estudios científicos publicados en la última década sobre esta plataforma, está trazando el mapa completo de lo que ocurre cuando el Estado y el rigor académico abandonan la red. Lo que emerge es lo que podríamos llamar el círculo vicioso del estigma: Telegram arrastra una justificada fama de refugio de lo ilícito; esa fama genera aversión en las organizaciones legítimas; su retirada produce un inmenso vacío; y ese vacío lo fagocitan desinformadores, estafadores y extremistas cuya actividad confirma, a su vez, el estigma inicial. Un bucle que se retroalimenta y que nadie parece dispuesto a romper. 

La pandemia nos dejó el ejemplo más nítido de ese fracaso. Mientras los ministerios de sanidad arrastraban los pies para abrir canales oficiales, los movimientos antivacunas ya habían tejido una red continental perfectamente engrasada para inocular el miedo. En el periodismo ocurre algo similar: mientras los grandes medios vuelcan sus titulares con desgana, verificadores independientes y reporteros en zonas de conflicto han comprendido que Telegram es la mejor infraestructura para llegar a unas audiencias exhaustas de la televisión convencional. 

¿Cuál es la respuesta? No puede venir exclusivamente del algoritmo ni del Estado. El algoritmo de plataformas como X o TikTok solo busca retener nuestra atención para maximizar beneficios, premiando la indignación y la ira. El Estado se mueve con la lentitud burocrática del siglo XX frente a crisis que cambian a velocidad digital. Entre un Estado que a menudo no escucha y un algoritmo que no duda, el ser humano pierde centralidad. 

Es desde esta convicción desde la que nace ANEMOS —"aliento" en griego—, un espacio de la sociedad civil que reúne a ciudadanos e instituciones que entienden la democracia no como un procedimiento automático sino como una experiencia viva. ANEMOS parte de una tesis clara: ni el algoritmo ni el Estado pueden sustituir al ser humano. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad; las instituciones, al del bien común. Y la verdad —sometida hoy a una presión sin precedentes— es el oxígeno sin el que no hay pensamiento autónomo, ni deliberación, ni democracia posible. 

Ocupar los espacios digitales que hemos abandonado es, exactamente, uno de esos compromisos. No para imponer una verdad oficial ni para censurar, sino simplemente para estar. Para ofrecer un contrapeso. Para demostrar que, incluso en los callejones más ruidosos de la red, es posible sostener una conversación pública basada en los hechos, el respeto y la dignidad. 

Nuestra inacción institucional no es una postura neutral. Es un subsidio implícito, un regalo invaluable a quienes no dudan en ocupar el espacio vacío para sus propios fines. Las universidades deberían reclamar su nombre en plataformas donde otros venden pseudociencia a su costa. Las asociaciones ciudadanas deberían abrir canales para quienes buscan pensamiento autónomo en medio de la saturación informativa. La ciencia ha hecho ya su trabajo: ha diagnosticado la enfermedad y cuantificado el daño. 

Ahora toca dar el siguiente paso. Ocupemos la plaza antes de que nos cierren las puertas. 

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad  de Granada y miembro de ANEMOS.

Un jurado de Los Ángeles ha declarado este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3 millones de dólares (unos 2.6 millones de euros).

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia. Ambas plataformas deberán pagar 3 millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos. De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70% de dicho coste y YouTube del resto.

El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta demanda representa una importante victoria contra dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1.500 casos similares contra empresas de redes sociales.

La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares (324 millones de euros).

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EEUU.