"Enhorabuena, presidente. Sinceridad y verdad. Ese es el camino", "Gran entrevista. Con claridad, seriedad y verdad", "Pablo, siempre ganas cuando, además de con la razón, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho. Enhorabuena". Estos fueron algunos de los mensajes, según publica este domingo El País, que recibió Pablo Casado hace un año mientras se cocía la revuelta de los barones que terminó con el por entonces presidente del PP fuera de la formación y Alberto Núñez Feijóo tomando las riendas de los conservadores.

En concreto, estos mensajes se corresponden a los momentos posteriores a la entrevista que Casado concedió a la Cadena Cope. Cuca Gamarra, Javier Maroto o Elvira Rodríguez elogiaron al exlíder del PP por sus palabras en el que fue el ataque más virulento contra la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de un supuesto caso de corrupción. Solo 3 días después, le exigieron su dimisión para inicial un cambio de liderazgo convirtiéndolo así en el primer líder nacional votado por sus militantes y derrocado por sus dirigentes.

El País reconstruye la historia de la caída de la Casado que, en realidad, se había iniciado mucho antes del pasado mes de febrero. Todo arrancó con la guerra por el poder entre Casado y Ayuso tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021. Tras su mayoría en las urnas, la presidenta reclamó el liderazgo del PP de Madrid, algo que en Génova no querían precipitar.

Entre medias, llegó a la sede del PP nacional el ya famoso anónimo que denunciaban un pelotazo del hermano de Ayuso con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid en los peores días de la pandemia. Casado encargó a su número 2, Teodoro García Egea, aclarar aquello. Ayuso negó en todo momento las acusaciones. Así, el objetivo de la convención nacional en Valencia que se celebró en octubre fue apuntalar a Casado y relajar la tensión con la líder regional. Aunque, como se demostró más tarde, sin mucho éxito.

Pero, no es hasta el 17 de febrero de 2022 cuando estalla la guerra pública tras la publicación de que un cargo municipal del Ayuntamiento de Madrid había recurrido a un detective para investigar a Ayuso. Un día después, en la Cope, Casado arremetió públicamente contra la presidenta asegundo que "en el momento en que ella no me da la información y reconoce que ha habido una relación contractual de un familiar suyo, es fácil demostrar cuál ha sido el contrato y cuál el beneficio". Minutos más tarde, la líder regional en una rueda de prensa en la Puerta del Sol se presenta como una víctima de las prácticas mafiosas ordenadas por el líder de su partido.

Al salir de la Cope, a Casado le empiezan a entrar mensajes en el grupo de WhatsApp del comité de dirección. Según El País, Cuca Gamarra fue una de las primeras en elogiarlo: “Gran entrevista. Con claridad, seriedad y verdad”. Javier Maroto, escribe minutos después: “Pablo, siempre ganas cuando, además de con la razón, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho. Enhorabuena”. Elvira Rodríguez también lo felicita: “El presidente ha estado estupendo y muy clarito. Y sin meterse ni dejarse meter en más jardines de los imprescindibles. Ese es el camino. Ánimo”.

Entremedias, Feijóo avisa a Casado desde Galicia que tiene 48 horas para resolver la crisis. Según El País, otros dirigentes del PP le recomiendan ese viernes que destituya a Egea para frenar la crisis. Así, un día después el PP anuncia que cierra el expediente abierto unas horas antes a Ayuso. Ese fin de semana, Génova vive una concentración de partidarios de Ayuso contra Casado.

El lunes, todo se precipita: el comité de dirección que certifica el fin del mandato de Casado, un grupo de diputados se rebela y Egea termina dimitiendo. El miércoles 23 de febrero, el aún presidente acude al Congreso para lanzar su última pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejando un mensaje final: "Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos".

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado su rechazo a la reforma laboral que ha pactado el Ejecutivo con los agentes sociales y ha asegurado que cuando gobierne recuperará la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que, a su juicio, sirvió para crear tres millones de empleos y "ha permitido los ERTE" en la pandemia.

"Rechazamos la contrarreforma laboral de Sánchez y recuperaremos nuestro modelo que ha creado 3 millones de empleos y permitido los ERTE", ha reiterado Casado en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha defendido un modelo laboral que "necesita más flexibilidad, implantar la mochila austriaca y bajar cotizaciones". "España será en 2022 el país de la UE con más paro según el FMI", ha recordado el líder del PP.

Anteriormente, la vicesecretaria de Política Sectorial de los conservadores, Elvira Rodríguez, ha asegurado que la reforma que se ha acordado "es mala para España". "Nuestro mercado laboral necesita más flexibilidad no menos", ha enfatizado. Según la exministra, "acordar por acordar no aporta nada". A falta de texto definitivo, la patronal ha dado el visto bueno a las líneas generales de la reforma laboral que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros del 28 de diciembre para su aprobación. En su mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, Elvira Rodríguez ha asegurado que esa reforma laboral "debería debatirse por todos en el Parlamento, no aprobarse por Real Decreto Ley".

Fuentes conservadoras ya avanzan que el Grupo Popular votará en contra porque no acepta "contrarreforma" a la reforma laboral que aprobó en su día el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que, a su juicio, "ha creado tres millones de empleos y salvado un millón de ERTE".

Además, el primer partido de la oposición quiere que se tramite como proyecto de ley, para poder presentar enmiendas en el trámite parlamentario, y así lo exigirá en el Congreso, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

La presidenta de la empresa pública Tragsa, Elvira Rodríguez, anunció la semana pasada en la Universidad Menéndez Pelayo que la compañía va a abandonar Brasil y Paraguay, donde mantiene sendas filiales. Rodríguez dio por terminada la “aventura” de Tragsa en ambos países latinoamericanos. Lo que no dijo es que el cierre de las dos sociedades le ha costado a la compañía pública 10 millones de euros, que han convertido los cinco millones de beneficios brutos registrados en 2017 en unas pérdidas netas de 4,9 millones de euros. El ejercicio anterior, el grupo consolidado había conseguido unas ganancias de 814.000 euros, el primer resultado positivo tras encadenar tres años de números rojos.

Rodríguez justificó el fin del negocio en Brasil y Paraguay en el hecho de que el recorrido de ambos proyectos está “agotado”. Sin embargo, fuentes internas consultadas por infoLibre no han dudado en asegurar que la “aventura” americana de Tragsa, en concreto la brasileña, ha sido un “fracaso” desde el principio. Tragsa Brasil se creó en 2013 como filial en un 80% de Tragsa y en el 20% restante de Tragsatec, la sociedad del grupo dedicada a proyectos de ingeniería y consultoría. Fue un proyecto impulsado por el anterior presidente del grupo, Miguel Giménez de Córdoba. Su personal fijo está constituido únicamente por tres personas desplazadas desde España, entre ellos el delegado, y un número de trabajadores eventuales, contratados en el país, que llegó a los 424 en 2014 y se redujo hasta 56 dos años después. Ahora no quedan más que una cuarentena de personas liquidando la empresa.

El caso de la filial paraguaya, Colonización y Transformación Agraria (Cytasa) es distinto. Se creó en 1978 para dar respaldo jurídico a la finca con que el Estado de Paraguay pagó una deuda que mantenía con el español. Con una extensión de casi 7.000 hectáreas, Los Lapachos se dedica a la producción de soja.

Según las últimas cuentas de Tragsa colgadas en su página web, la filial brasileña terminó 2016 con unas pérdidas de 1,96 millones de euros. Tragsa Brasil reconoce que ha cerrado el ejercicio con patrimonio neto negativo pero también dice que está a la espera de “recibir fondos de su controladora en 2017 para revertir esa posición”. Además, hace constar que ese año “pasará a operar con flujos de caja positivos” gracias a una “mejora continua de sus proyectos y obras, así como a la firma de nuevos contratos que equilibrarán los gastos administrativos y los costes”. Sin embargo, la llegada de Elvira Rodríguez a la presidencia de Tragsa, en febrero de 2017, se tradujo en un cambio de estrategia. Fuentes de la empresa aseguran a este periódico que Tragsa va a dejar de acudir a licitaciones públicas en el extranjero y se concentrará en ser únicamente el “brazo ejecutor” de la política de cooperación al desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

En ese ámbito, Tragsa ejecuta proyectos, unos 80 según su última memoria de sostenibilidad, repartidos entre 28 países de África –Argelia y Malí–, América –desde Honduras hasta Perú– y Europa –Portugal y Turquía–. En total, facturó por esta actividad 33 millones de euros en 2016, la mayor parte en América.

Gran coste, mínimas ganancias

En sus escasos cuatro años de existencia, Tragsa Brasil sólo ha sumado 92.836 euros de beneficios: poco más de 38.000 euros en 2013 y 2014, y únicamente 16.000 euros en 2015. Para alcanzar esas exiguas cifras, Tragsa invirtió en su filial 1,66 millones de euros en dos años y tuvo que pedir dos préstamos, de 5,7 millones de euros cada uno, así como un tercero de 690.000 euros. Además, para cubrir el riesgo del tipo de cambio, Tragsa contrató derivados, que añadieron un gasto de 2,1 millones de euros, según consta en sus cuentas de 2016. En total, el coste financiero ascendió a 15,4 millones de euros.

Con ese dinero, Tragsa Brasil se dedicó a construir redes de saneamiento y abastecimiento de agua, así como a contratar y entrenar a brigadas forestales y a edificar vivienda de protección social.

Ahora, para sanear el negocio, Tragsa ha capitalizado los préstamos que hizo a su filial por importe casi nueve millones de euros, mientras que Tragsatec ha hecho una dotación adicional de 800.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre. En cualquier caso, las fuentes precisan que ese saneamiento se ha realizado con cargo a reservas, “sin sobrecoste alguno para el erario público”, aunque sí ha reducido el patrimonio del grupo.

Por lo que a Cytasa se refiere, Tragsa la puso a la venta ya en 2014, pero sin éxito. No obstante, sus números son mucho mejores que los de la filial brasileña. En 2014 llegó a ganar 1,1 millones de euros, aunque las cifras de 2015 disminuyen hasta 456.000 euros de beneficios en 2015 y 363.000 euros en 2016. Esos dos años, las inversiones de la empresa pública en la filial paraguaya sumaron 2,88 millones de euros.

La tercera de la SEPI

Tragsa no es la empresa pública más conocida, pero sí una de las de mayor plantilla, con unos 11.000 trabajadores, y la tercera que más aportó a la cifra de negocio de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), 701 millones de euros en 2016, casi un 20% de lo que factura. El grupo, que trabaja exclusivamente para las administraciones públicas en tareas medioambientales, de desarrollo rural y gestión de recursos naturales, presentó en 2013 el mayor despido colectivo de una empresa pública: 1.636 trabajadores.

Sin embargo, el ERE tuvo una vida accidentada: fue rechazado por los sindicatos, denunciado ante los tribunales y anulado por la Audiencia Nacional. Hasta dos años después, el 20 de octubre de 2015, no le dio el visto bueno definitivo el Tribunal Supremo. Entre el 31 de diciembre de ese año y los primeros días de enero del siguiente fueron despedidas 555 personas.

Entre 2013 y 2015 acumuló 72,65 millones de euros en pérdidas72,65 millones de euros en pérdidas, pero ha ido recuperando los niveles de producción al tiempo que las administraciones públicas también han ido retornando a la actividad. Así, en 2017 la facturación alcanzó los 706 millones de euros –aún lejos de los 946,6 millones de 2011– y su beneficio de explotación creció un 89% respecto al año anterior.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), Tragsa tiene como principal accionista a la SEPI, con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que las administraciones le hagan.

El pasado 4 de febrero concluyó la encomienda de gestión por la que Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, prestaba en  la Comunidad Valenciana desde hace 10 años los servicios informáticos necesarios para el pago de las ayudas a los agricultores de la PAC, la Política Agraria Común. La Generalitat decidió prescindir de la empresa pública y sacar a concurso el contrato, que ganó Tecnocom, ahora absorbida por Indra, cuyo 20% es propiedad del Estado.

Según las fechas establecidas en el contrato, Tecnocom no comenzará a prestar el servicio hasta el próximo mes de mayo. Así que durante los últimos tres meses Tragsatec ha seguido realizando el trabajo. Hasta el pasado martes, en que despidió a 14 de las 32 personas adscritas a la unidad que se encargaba de la gestión informática de estas ayudas: 83 millones de euros al año que reciben unos 75.000 agricultores, según cifras de la propia Tragsa.

Fuentes de la empresa pública explican que durante estos últimos tres meses Tragsatec ha continuado trabajando para la Generalitat valenciana “por inercia legal” y pese a que ese trabajo no se hallaba “amparado en título jurídico alguno”. Ni tenía encomienda de gestión, que había finalizado el 4 de febrero, ni ha existido prórroga, aseguran. De ahí que no le haya quedado más remedio a Tragsa que “cerrar la ventanilla” y resolver los contratos de 14 trabajadores temporales. Los 18 restantes de la unidad afectada, todos fijos, han sido “recolocados”, puesto que ahora realizan trabajos “remotos”, desde la misma ubicación, para otras unidades de Tragsa en otras comunidades autónomas.

Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, la Generalitat valenciana envió a Tragsatec los días 19 y 20 de enero pasados –dos semanas antes de que prescribiera la encomienda– dos escritos solicitando la prórroga de los servicios durante nueve meses. Dado que éstos se consideran “de carácter esencial” y “no pueden ser aplazados”, la Consejería de Hacienda pedía que continuaran prestándose “hasta la asunción del servicio por el contratista correspondiente”. La “continuidad” se dividía en dos fases, cada una con diferente carga de trabajo: la primera al 100% hasta julio y la segunda al 70% hasta noviembre. El importe total de la prórroga que la Generalitat calculaba pagar a Tragsatec ascendía a 1,038 millones de euros.

Un portavoz de la Consejería valenciana de Hacienda indica que existía un “compromiso de continuidad” por parte de Tragsatec y que se sigue negociando con la empresa los términos de la transición y la “transferencia de conocimiento” al nuevo personal. De hecho, añade, la responsable de Desarrollo Económico, María José Mira, también representante de la Generalitat valenciana en el consejo de administración de Tragsa, se reunió este miércoles con la presidenta del grupo, Elvira Rodríguez, para tratar, entre otros temas, la gestión de las ayudas de la PAC.

Según destaca Hacienda, la Generalitat no ha privatizado el servicio que daba la filial de Tragsatec sino que, por el contrario, va a “rescatarlo”, como ha hecho ya con la sanidad, por ejemplo, y pasará a prestarlo personal de la Administración autonómica. “Ya hay funcionarios de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación asignados a esa tarea”, asegura. La labor de Tecnocom, por tanto, será de “refuerzo”, ejecutará parcelas que no puede atender el personal de esa Dirección General. El contrato fue licitado por un importe de 3,06 millones de euros y adjudicado a Tecnocom por 1,44 millones para los dos próximos años.

Desde 2013 el Gobierno valenciano ha pagado a la filial de Tragsa un total de 6,4 millones de euros por la encomienda ahora concluida, según la documentación en poder de este periódico.

Contratos en fraude de ley

En un comunicado, CCOO asegura que la prórroga ofrecida por la Generalitat valenciana “fue aceptada por Tragsatec” e incluso se comunicó a la plantilla de la delegación valenciana. El sindicato atribuye a la nueva presidenta de Tragsa la decisión de dar por finalizado el servicio y despedir a los trabajadores. Fuentes de la empresa pública lo niegan. Y argumentan que la Ley de Presupuestos le impide aumentar plantilla convirtiendo en fijos a los temporales. CCOO, por su parte, denuncia que cuatro de los 14 despedidos son una trabajadora embarazada, otra con reducción de jornada por cuidad de un menor, un trabajador con permiso de lactancia y un delegado sindical.

El resto tenía contratos por obra y servicio. Algunos de ellos interpusieron en su día una demanda contra la empresa porque llevaban una década trabajando con esos contratos temporales, lo que constituye un fraude de ley: el Estatuto de los Trabajadores establece que, pasados tres años, esos contratos devienen indefinidos. En estos momentos, las demandas se encuentran pendientes de recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Mientras estos trabajadores han recibido indemnizaciones de 12 días por año trabajado, tal y como corresponde a la finalización de un contrato temporal, los cuatro primeros han sufrido un despido de los llamados objetivos, por causas organizativas, por lo que han sido indemnizados con 20 días por año, la cantidad estipulada por ley para la rescisión de los contratos indefinidos. Sin embargo, fuentes de la empresa aclaran que se trata de trabajadores “en situación especial”, por lo que la ley exige que sean despedidos de esa manera. “No supone que les reconozcamos su condición de indefinidos”, apuntan.

CCOO también reprocha a Tragsatec que despida a 14 trabajadores cuando ha terminado 2016 con 10,4 millones de euros de beneficios. Y que el futuro de los 120 empleados que han quedado en la delegación valenciana no esté garantizado con un plan de viabilidad. La filial de Tragsa cuenta con una plantilla, repartida por toda España, de 4.673 empleados, de los cuales 2.012 son temporales, según cifras de la propia empresa. El año pasado redujo su personal fijo un 9,5% respecto a 2015, al tiempo que disparaba un 24,6% la contratación de eventuales. De esta forma, el gasto de personal cayó un 2,7%, pese a que la plantilla creció casi en la misma medida, un 2,6%.

El grupo Tragsa presentó en 2013 el que iba a ser el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de una empresa pública, 1.639 despidos. Tras una batalla legal que llegó al Tribunal Supremo dos años después, la empresadespidió en enero de 2016 a un total de 555 trabajadores. E inmediatamente empezó a contratar para esos mismos puestos a empleados temporales. Así ha conseguido el grupo recortar un 10,2% sus gastos de personal el último año, más del doble de lo que ha reducido la plantilla, un 4,6%.

Directivas europeas contra las encomiendas de gestión

La Generalitat justificó en su día el fin de la encomienda de gestión con la pública Tragsa y el recurso a una empresa privada por las directivas de la Unión Europea que recomiendan no utilizar esta herramienta. También el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado aconsejan restringir al máximo el número de encomiendas, o al menos ser mucho más estrictos en su uso. Y las empresas privadas de ingeniería han protestado en reiteradas veces por lo que consideran competencia desleal no sólo de Tragsa, sino también de otras empresas públicas como Mercasa –que gestiona la red de mercados mayoristas– o Isdefe –Defensa–.

Las encomiendas son contratos que las administraciones públicas suscriben con los llamados “medios propios”, las compañías antes citadas. Las adjudicaciones se hacen sin concurso público y las empresas cobran según unas tarifas prefijadas por el Gobierno. Estos medios propios no pueden competir con empresas privadas en concursos públicos ni pueden rechazar los encargos que les hacen las administraciones.

Las dudas sobre las encomiendas de gestión se refieren a su uso abusivo e injustificado, también a la falta de publicidad. Por ejemplo, pese a que la Ley de Transparencia obliga a la publicación de las encomiendas, Tragsa recurrió ante el juez una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de Hacienda, que le instaba a publicar en su portal de transparencia las encomiendas que firma con las comunidades autónomas.

Además, dicen sus críticos, las encomiendas se utilizan a veces para encargar a estas empresas estatales tareas que exceden de su objeto social, por lo que luego deben subcontratar una gran parte del trabajo a firmas privadas.

Por el contrario, el Ministerio de Agricultura alegó en su momento ante la Intervención General del Estado que, si bien la encomienda de gestión “no es un contrato, tampoco es un vergonzante pseudocontrato, sólo un instrumento jurídico distinto”. Y pidió a la Administración que abriera un debate técnico-jurídico sobre la regulación de este instrumento para “normalizar” su uso.

El caso es que, de restringirse al máximo o eliminarse las encomiendas de gestión, el futuro de Tragsa, que vive exclusivamente de ellas y no puede competir en el mercado con empresas privadas, se vería seriamente amenazado. Según cifras del propio Ministerio de Agricultura, el departamento mantiene un total de 347 encomiendas de gestión, por importe de 406,8 millones de euros.

“Los organismos supervisores son perros que no pueden morder, porque están atados con una cadena, pero que sí deberían ladrar cuando llegan los ladrones”. Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, explica con esa metáfora la función del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargados de velar por la solvencia del sistema financiero y de garantizar la transparencia de los mercados de valores, respectivamente. El problema aparece cuando “no ladran, sino que además les hacen la ola a los ladrones”, como ocurrió con la salida a bolsa de Bankia y con el resto de los escándalos que han acompañado al estallido de la burbuja y la crisis financiera.

Ruiz Ojeda forma parte del servicio jurídico de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ha pedido una “depuración completa y plena de las responsabilidades” en que, a su juicio, han incurrido el Banco de España y la CNMV en el caso Bankia. Aemec no tiene dudas: las irregularidades descubiertas son “directamente achacables” a los organismos supervisores.

“Aquí no funcionó todo un régimen de controles y de criterios de buena gestión y transparencia”, resume Ruiz Ojeda. Y como no se cumplieron esas “condiciones de higiene” en el comportamiento de los supervisores, el único “resorte” que le quedó al Estado de Derecho fue el Derecho Penal: “Cuando acudes al Banco de España y a la CNMV solicitando la responsabilidad patrimonial del Estado y la respuesta que obtienes es el silencio administrativo, sólo te queda o la cacerolada o la vía penal”.

De forma que la imputación de los antiguos máximos responsables del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de la CNMV Julio Segura, dictada por la Audiencia Nacional, no ha hecho más que confirmar las sombras que ya se cernían sobre la gestión de ambos organismos desde que saltó el escándalo, apunta por su parte Ignacio López Domínguez, profesor de Economía Financiera de la Universidad Complutense.

Tanto Ruiz Ojeda como López Domínguez descartan que el mal funcionamiento de los supervisores se deba a la falta de competencias o instrumentos para llevar a cabo un control eficaz de bancos y mercados. Sus herramientas y funciones cumplen en España el estándar europeo. “Los inspectores del Banco de España son de los mejores, tienen una excelente formación y, de hecho, alertaron de la crisis hipotecaria y de la concentración de riesgos en las cajas de ahorro”, explica el profesor de la Complutense, “el problema es que sus informes se mantuvieron en secreto para seguir echando gasolina al que entonces era el motor de la economía, el sector inmobiliario”.

La CNMV, por su parte, tiene poderes suficientes “para suspender cotizaciones o expulsar a empresas del mercado, por ejemplo”. Aunque sí cree López Domínguez que, a diferencia del Banco de España, a la CNMV le faltan inspectores para supervisar a los múltiples agentes que operan en los mercados: entidades cotizadas, agencias de valores, los 3.000 fondos de inversión… “Se ven superados”, concede.

Figuras muy políticas

Ambos académicos coinciden en que, si los supervisores no cumplen, es sólo por motivos políticos. Su pecado capital es la falta de independencia. Los máximos responsables del Banco de España y la CNMV son nombrados por el Gobierno entre “personas de reconocida competencia” en sus respectivos campos. Pero Alberto Ruiz no cree que ni Fernández Ordóñez, ni Julio Segura ni Elvira Rodríguez cumplan ese requisito. Ni el primero de ellos era experto en el sistema financiero, ni los dos últimos tenían experiencia alguna en los mercados de valores, destaca. “Con esos perfiles, eran más sensibles a una operación política concertada para disimular el estado patrimonial lamentable de Bankia”.

López Domínguez también piensa que el gobernador del Banco de España y el presidente de la CNMV se han convertido en “figuras muy políticas”, por lo que echa de menos los tiempos de Luis Ángel Rojo o de Manuel Conthe, personas de reconocida valía profesional y con marchamo de independencia, según resalta.

Ruiz Ojeda no considera necesarias más competencias inspectoras, auditoras o sancionadoras. “En absoluto”, descarta, “los supervisores no pueden actuar manu militari, no son autoridad gubernativa, pero sí deberían haber advertido, para empezar a la propia entidad financiera, de que la salida a bolsa no era una operación ni económica ni jurídicamente correcta”. En cambio, lo que hicieron los organismos fue “alentar” la salida a bolsa de una entidad que era un “zombi financiero”zombi. Es decir, concluye, “la idea del perro guardián se deshizo por completo”.

A vueltas con las competencias

El Banco de España debe asegurarse de que las entidades financieras estén capitalizadas e incluso de que sean “prudentes en la gestión y control de sus riesgos”. También analiza la viabilidad futura de las entidades, para prevenir problemas y evitar las situaciones de crisis; es decir, debe trazar un “perfil de riesgo” de bancos y cajas. Además, elabora análisis especiales de sectores en crisis y mide de forma periódica la evolución del crédito y de la morosidad del sistema financiero. Finalmente, puede “limitar, prohibir o sancionar prácticas inadecuadas”sancionar prácticas inadecuadas, e intervenir entidades, como ya ocurrió, por ejemplo, con Banco Urquijo, Banesto, Banco Madrid o las cajas de ahorro durante la última crisis financiera.

Por su parte, la CNMV supervisa a todas las sociedades que emiten valores, a las que prestan servicios de inversión y a las instituciones de inversión colectiva –fondos, SICAV, Socimi–. Como debe también proteger a los inversores, tiene que garantizar la seguridad, transparencia y solvencia del sistema.

No obstante, tanto Julio Segura como su sucesora al frente de la CNMV, Elvira Rodríguez, se escudaron en la falta de competencias frente a las críticas que se les lanzaron por la venta de las participaciones preferentes a pequeños inversores sin formación financiera. La normativa, dijeron, no les facultaba para prohibir la comercialización de productos complejos entre minoristas “aunque sean claramente inconvenientes”. Ni para obligar a los bancos y cajas a restituir el daño infligido a los clientes.

Hace un año fue Fernando Restoy, entonces subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la CNMV cuando Bankia salió a bolsa y también imputado por la Audiencia Nacional, quien encendió la polémica al reclamar para el supervisor bancario competencias del supervisor bursátil y de la Dirección General de Seguros. Según planteó entonces, el Banco de España debería encargarse no sólo de supervisar a los bancos, sino también a los seguros y a los operadores de mercados, mientras la CNMV vigilaba la comercialización de productos financieros. De esa forma, sostenía, se garantizaría mejor la independencia y se evitarían conflictos de interés. Fue inmediatamente rebatido por el Ministerio de Economía: el Banco de España ya cuenta con más competencias que sus equivalentes europeos.

Macrosupervisor o cambiar la cultura de gestión

Para Ignacio López Domínguez, en cambio, la solución a la dependencia política de los organismos supervisores podría ser que sus máximos responsables fueran nombrados por “todos los actuantes de los sectores que vigilan”, aun reconociendo lo complicado del sistema: un voto ponderado de las empresas cotizadas, los fondos de inversión y las entidades financieras. O bien que fueran elegidos entre personas realmente de valía profesional.

También recuerda una propuesta que aparece cíclicamente: crear un supervisor único, un macroorganismo que asumiría las competencias tanto del Banco de España como de la CNMV y la Dirección General de Seguros. “Conceptualmente, la idea es muy buena, pero en la práctica plantea problemas”, objeta el profesor de la Complutense, quien teme que un macrosupervisor sea objeto de un control político aún mayor.

A Ruiz Ojeda no le disgusta el sistema actual para nombrar al gobernador del Banco de España y al presidente de la CNMV. Cree que la falta de independencia más bien tiene su origen en una cuestión “cultural, de cultura de la gestión”. Según explica, hay una regla de oro que los supervisores no han cumplido: “No hagas nada que no puedas explicar con un micrófono delante”. Ni el Banco de España ni la CNMV, sin embargo, se opusieron a la salida a bolsa de Bankia, pero tampoco “justificaron debidamente” por qué consideraban que esa operación, que hizo perder 15.000 millones de euros a preferentistas, accionistas y contribuyentes, era viable.

El tribunal que juzga el caso Gürtel ha rechazado este lunes que declaren como testigos los empresarios y exministros pedidos por el extesorero del PP, Luis Bárcenas: “Aquí no pintan nada”, ha dicho su presidente. El letrado de Bárcenas, Francisco Maroto Granados, había reclamado al tribunal del caso, que preside el magistrado Ángel Hurtado, que citase a declarar a los exministros de Medio Ambiente Jaume Matas y Elvira Rodríguez, y al también extitular de Fomento, Rafael Arias Salgado en relación a las declaraciones del presunto cabecilla de la red corrupta en las que aseguraba que las constructoras OHL, ACS y Dragados habían pagado comisiones de entre el 2% y el 3% a cambio de obra pública.

El letrado también había solicitado la comparecencia en el juicio de los presidentes de dos constructoras: Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Florentino Pérez (ACS absorbió a Dragados), para que informen sobre los presuntos pagos.

Ambas firmas anunciaron el pasado viernes por la tarde su intención de querellarse contra el propio Correa por implicarles en el caso Gürtel.

El tribunal, que coincide con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, considera que los interrogatorios no son pertinentes. "No la vamos a admitir en ninguno de sus extremos", ha dicho el presidente Ángel Hurtado. "Aquí no pintan nada", ha dicho.

Ha precisado que estas personas no podrían declarar en ningún caso en calidad de testigos sino, en todo caso, como imputados. "Para esto existe el procedimiento adecuado", ha agregado y ha destacado que la petición de Bárcenas es, cuanto menos, "interpretativa".

Tanto Jaume Matas como la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez fueron los titulares de la cartera de Medio Ambiente, que realizó al menos varias adjudicaciones a OHL entre 2000 y 2004. Matas y Rodríguez aparecen en los denominados papeles de Bárcenas como presuntos receptores de cantidades en negro. Elvira Rodríguez negó haber recibido ese dinero.

Por su parte, Rafael Arias Salgado también fue titular del Ministerio de Fomento, en el que también estuvo el también expresidente asturiano Francisco Álvarez-Cascos.

En sus preguntas a Correa, el letrado Maroto Granados también preguntó por las declaraciones realizadas por Álvarez-Cascos en el diario ABC en las que negaba la posibilidad de que las adjudicaciones se realizaran de forma directa sin concurso público.

Asimismo, el letrado ha reclamado que se elabore un informe sobre las adjudicaciones realizadas por los Gobiernos del PP entre 1999 y 2006 a OHL y ACS.

La fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell ha tomado la palabra para asegurar que la presencia de los exministros y empresarios citados por Bárcenas "no es necesaria".

La exministra de Medio Ambiente y expresidenta de la Asamblea de Madrid por el PP está citada para el 29 julio. La máxima responsable de la CNMV será la última de un total de ocho testigos propuestos por el audidor de Bankia, Francisco Celma, imputado en la causa.

Entre el resto de testigos destaca el ex director general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello. Este funcionario ya prestó declaración en la Audiencia Nacional en julio de 2014. En su testimonio reconoció que pocos meses después de la salida a bolsa de Bankia ya tuvo dudas sobre la viabilidad de la entidad financiera.

Tal y como explicó infoLibre, Elvira Rodríguez y el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, enviaron el 29 de abril de 2014 una carta en la que reclamaban a la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Martínez Pina, que no sancionara a la auditora Deloitte, que no alertó del agujero de Bankia.

Seguía instrucciones

Por eso ahora Celma pide que Rodríguez preste testimonio en el caso, ya que esa carta ha servido para que argumentara en su declaración como imputado que en todo momento actuó siguiendo instrucciones de la CNMV y del Banco de España.

En la misiva, que Deloitte ha aportado al sumario del caso Bankia, Elvira Rodríguez y Fernando Restoy sostienen que los trabajos realizados por Deloitte como consultora en la salida a bolsa de Bankia, realizados al margen de su labor de control de la entidad financiera, se llevaron a cabo a petición de la CNMV y del Banco de España, por lo que no eran incompatibles, tal y como consideran las acusaciones de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el colectivo ciudadano 15MpaRato.

 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó con 500.000 euros a Jaime Botín por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter, según una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del estado (BOE) y que ha recogido Europa Press.

El organismo presidido por Elvira Rodríguez decidió imponer esta multa al considerar que se trata de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 de la Ley del Mercado de Valores.

La resolución que impone la sanción únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer los recursos que en su caso se hayan interpuesto o pudieran interponerse.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hará públicos expedientes sancionadores "singulares" que dicte antes de que sean firmes cuando estos puedan tener un efecto preventivo para el resto de la industria.

Así lo ha anunciado la presidenta del supervisor, Elvira Rodríguez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha recordado que las sanciones, "en principio", no se pueden hacer públicas hasta que no son firmes. Según Rodríguez, la CNMV lleva a cabo una supervisión preventiva precisamente para no sancionar. No obstante, durante 2014 la institución impuso 77 multas por un importe de 17,56 millones de euros.

En cuanto al caso de Gowex, empresa suspendida de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil desde hace casi un año al detectarse que sus cuentas estaban falseadas, Rodríguez ha recordado que este asunto continúa en los tribunales.

En este contexto, la presidenta del supervisor ha manifestado que no le gustaría que el MAB desapareciera, ya que es un buen mecanismo para que las empresas pequeñas empiecen y después puedan dar el salto a otros mercados más grandes. "Es una buena herramienta para que estas compañías tengan liquidez", ha explicado.

Más multas y sanciones más duras en 2014

La CNMV impuso 77 multas por un importe de 17,56 millones de euros en 2014, frente a las 71 multas por 4,15 millones de euros del ejercicio anterior.

Además, se iniciaron 34 nuevos expedientes por 70 presuntas infracciones y se cerraron 30 expedientes abiertos en ejercicios anteriores. El supervisor destaca en su memoria la atención prestada al cumplimiento de la normativa sobre operaciones de autocartera, así como las actuaciones de la Unidad de Vigilancia de Mercados, que han dado lugar a la apertura de diversos expedientes sancionadores por prácticas de abuso de mercado.

En concreto, se abrieron 11 expedientes sancionadores por abuso de mercado que afectaban a 20 personas, físicas o jurídicas, tres expedientes más que hace un año, según ha puesto de manifiesto Elvira Rodríguez.

Durante el pasado ejercicio, la comisión supervisó más de 125 millones de operaciones, un 38% más respecto a 2013, lo que se tradujo en la apertura de los mencionados 11 expedientes sancionadores por abuso de mercado. En seis de estos expedientes el supervisor ha investigado la actuación de 10 personas, físicas o jurídicas, por la realización de prácticas de manipulación de mercado, en cuatro casos se ha estudiado la operativa sobre acciones propias y en uno de ellos el foco de la investigación se ha centrado en la utilización de información privilegiada.

Además, durante 2014 la CNMV envió al Ministerio Fiscal un caso por posible delito de información privilegiada y remitió tres cartas admonitorias, indicando aspectos que podrían dar lugar a potenciales incumplimientos de la normativa.

Como todos recordarán, hace un par de años, –y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer–, a la número dos del PP, Cospedal, no se le ocurrió otra cosa que considerar "machista" el sistema de cuotas, ignorando en su crítica el artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sospecho, por su posición, que o bien desconocía la motivación de la STC 12/2008 (que desestima la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el PP), o bien no ha leído los infinitos informes sobre desigualdad de género, o simplemente su concepto de política excluye cualquier actuación concreta para derribar dichas desigualdades. Sea cual sea el motivo de su ridícula excusa, resulta preocupante escuchar en boca de una mujer preparada (abogada de profesión) dichas afirmaciones, sobre todo porque, además de no ser ciertas, le afecta como mujer.

En un intento por matizar la postura del Partido Popular sobre el sistema de cuotas, Cospedal reconocía: "Puede que no seamos un partido que defiende la política de cuotas, pero somos el partido que tiene más mujeres en puestos importantes". Desconozco la importancia que tienen las mujeres del PP en la toma de decisiones del actual Gobierno –aunque una ligera idea me hago tras su posicionamiento con la ya abortada Ley de Gallardón–, pero lo cierto es que los datos que ofrece el Informe del Consejo Económico y social no dicen lo mismo. Es cierto que el PP es el partido con mayor porcentaje de mujeres en afiliación política, pero dichos datos no guardan relación con la participación de las mujeres en cargos ejecutivos, siendo el PSOE el partido con mayor presencia en sus direcciones.

El 8 de marzo es una buena fecha para recordar los retos que quedan por cumplir y que se cimientan en las barreras aún persistentes, que hacen que las actuales generaciones "vivan con las cargas de la desigualdad del pasado", como bien reconoce Michelle Bachelet. El Día Internacional de la Mujer alcanzará su máximo reconocimiento cuando sea el día en que la memoria nos recuerde que la desigualdad de género sólo tiene cabida en los libros de texto de Historia, libros que seguro tendrán subrayado nombres de mujeres que se resistieron a ser meras espectadoras, y que como Mary Wollstonecraft hizo en el año 1792, alzaron la voz para rechazar ser "ciudadanas pasivas" (en referencia a Kant y su concepto de mujer en Principios metafísicos del Derecho).

En el evento internacional Mujeres y poder, que se celebró en Santiago de Chile, quedó claro una cosa, hace falta acción si queremos poner fin a la discriminación por razones de género. Eso quiere decir que hace falta compromiso político para que las mujeres no ganen un 30% menos que un hombre por el mismo trabajo, eso quiere decir que se requiere voluntad gubernamental para que una de cada tres mujeres no sigan sufriendo violencia física o sexual, eso quieres decir, en suma, que hace falta política para que no esperar más de 80 años para lograr la paridad, según el actual ritmo.

Está claro que se requiere política, pero también colaboración, no se me escapa que la presencia de las mujeres como protagonistas de noticias ha aumentado al 24% pero –como destaca ONU Mujeres–, el 46% de las historias refuerza los estereotipos de género, mientras que sólo el 6% cuestiona dichos estereotipos. En relación a ello, no puedo olvidarme de aquel Pacto por la Igualdad que el PP de Andalucía se negó a participar (en el 2013) alegando ser un pacto contra Rajoy, y en el que Susana Díaz, sobre el papel de los medios, siendo consejera de Presidencia e Igualdad, manifestaba: "Necesitamos que aquellos que ayudan a crear una opinión pública ayuden también a equilibrar la imagen entre hombres y mujeres, a trasladar una imagen igualitaria, una imagen plural, una imagen no estereotipada entre mujeres y hombres".

La imagen de igualdad que reivindicaba por aquel entonces Susana Díaz llegó en Andalucía cuando se convirtió presidenta de la Junta  –la primera de la historia–, obligando a los medios de comunicación a dejar en desuso aquello de barón. Si Susana Díaz consiguió derribar ese techo de cristal en el ámbito político fue gracias a un sistema de partido que le permitió recoger más de 22.000 avales. Un sistema de partido que hizo que las mujeres no fueran solo destinatarias de las políticas de igualdad, sino también propulsoras.

Hace veinte años, en Beijing, la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer advertía que "las modalidades tradicionales de muchos partidos políticos y estructuras gubernamentales siguen siendo un obstáculo para la participación de la mujer en la vida pública". Un obstáculo que supone que las mujeres solo representen un 22% en los parlamentos, y que –según el mapa de Mujeres en la Política del año 2014 de la ONU–, las jefas de Gobierno haya disminuido de 19 a 18.

La democratización del funcionamiento de los partidos políticos no supone sólo un revulsivo para la regeneración democrática, sino que representa la igualdad de oportunidades. No podemos esperar 80 años para lograr una paridad real, eso significaría renunciar a que mi generación logre esa conquista y, sobre todo, eso significaría el fracaso de la política como instrumento de cambio social.

Proteger la democracia en las estructuras políticas significa no renunciar al sueño de escuchar en nuestro país palabras como estas: "¿Quién lo hubiera pensado hace 20, 10 o 5 años atrás que Chile elegiría como presidenta a una mujer? Parecía difícil pero fue posible. Es posible. Porque los ciudadanos lo quisieron. Porque la democracia lo permitió" (Michelle Bachelet, primer discurso como presidenta electa en Chile).

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Lorena Calderón Guerrero es periodista.

A las 12:00 horas de este sábado 13 de diciembre, los suscriptores del boletín informativo del PP de Madrid recibían la entrega número 212. En el asunto, la siguiente frase: “El tándem Aguirre-Gónzalez calienta motores en Getafe”. Y como imagen de apertura, y con las palabras anteriores como titular, una foto de la presidenta de los conservadores madrileños junto al hombre al que dejó la Presidencia de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2012. La noticia hacía alusión al reciente acto de entrega de carnés de partido en el municipio madrileño de Getafe. Y, recurriendo a la expresión utilizada, “calienta motores” para la tradicional cena de navidad del PP madrileño. Tendrá lugar este mismo lunes, día 15, en la localidad madrileña de Alcobendas. Y, como también es costumbre, el invitado estrella será Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno acude a este acto en un momento en el que todavía no ha deshojado la margarita de las candidaturas a las principales comunidades autónomas y ayuntamientos españoles. Y a sabiendas de que el PP de Madrid es una de las direcciones regionales que más presiona para que desvele el misterio cuando antes. Y, en este contexto, la formación en Madrid lo deja claro: el tándem por el que apuesta es por Esperanza Aguirre y por su delfín.

No es, no obstante, una idea original de los conservadores madrileños pese a que es la primera impresión que se extrae de la lectura de este boletín informativo. Pinchando sobre la foto de la presidenta y su delfín, el lector es redirigido a la crónica con la que el diario La Razón ilustró la entrega de carnés, titulada de forma idéntica a la noticia y el asunto del correo electrónico. Es decir, que el partido hace suya la idea del diario del Grupo Planeta.

Pocas voces en el Partido Popular confían en que Rajoy haga el anuncio de las candidaturas a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid antes del mes de enero. Los días 23, 24 y 25 de ese mes los conservadores celebrarán en la capital la convención del partido, el órgano que se celebra los años en los que no se convoca congreso nacional. Dado que tendrá lugar en Madrid, la mayor parte de fuentes consultadas confían en que el partido aproveche la cita como plataforma de lanzamiento de sus cabezas de lista a ambas instituciones en un momento en el que los rivales ya tienen sus candidatos. Y en un momento, también de gran preocupación por la negativa foto que las encuestas hacen del panorama electoral del PP en el que ha sido uno de sus feudos más fuertes, junto a la Comunidad Valenciana. Pero todo depende del presidente del Gobierno.

Rajoy no da pistas

La última vez que se le preguntó a Rajoy tanto por las encuestas como por los candidatos de Madrid fue en la recepción con motivo del día de la Constitución celebrada hace poco más de una semana en el Congreso de los Diputados. Su respuesta fue encogerse de hombros, un gesto que algunos de sus compañeros interpretaron como una señal de que todavía no está en ello. De ahí que los menos optimistas consideren que podría dejar pasar enero y esperar a mediados de febrero, cuando la formación tiene previsto la celebración de un gran acto de proclamación de candidaturas.

En medio de este silencio, a los de Rajoy sólo les queda interpretar cada gesto de su presidente. Y así ocurrirá en la noche de este lunes en la cena de navidad. Junto a Rajoy estarán el tándem Aguirre-González, como lo ha definido la formación regional, y también la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. La mujer de José María Aznar decidió bajarse de la carrera por encabezar la lista al Ayuntamiento de Madrid a la vuelta de las vacaciones de verano cansada de especulaciones y de falta de apoyo de la dirección nacional. Dejaba la pista libre a la presidenta del PP de Madrid, que dice estar “en la reserva”.

¿Y un tándem con Cifuentes?

Es muy posible que tampoco falte la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Dirigente de los conservadores madrileños, es otro de los nombres que más suenan en las quinielas y es fija en las encuestas. De hecho, un sector importante del PP, más allá del partido en Madrid, la considera la pieza indispensable en cualquier tándem.

En las últimas semanas se ha extendido la idea de que Rajoy no está por la labor de mover a Ignacio González. En este escenario, la mayor parte de los dirigentes consultados se decanta porque sea Cifuentes la número uno de la lista al consistorio.

Otro tándem que suena, pero con menos fuerza que el anterior, sería el que formarían la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, junto a la propia Cifuentes.

No obstante, serán las encuestas, y el análisis que de ellas haga a Rajoy su sociólogo de cabecera, Pedro Arriola, las que hagan que la balanza oscile hacia uno u otro lado.

Los aguirristas defienden que la expresidenta de la comunidad es la que sale mejor parada. Pero sus rivales internos señalan que es la dirigente más conocida del PP de Madrid, pero no la más valorada y que apostar por ella supondría darle de nuevo el poder que ha ido perdiendo desde que dejó el gobierno regional. “Ya no tiene tanto respaldo entre los alcaldes ni entre los diputados regionales”, señala un miembro de la dirección del partido.

Rajoy, ¿el previsible?

El presidente del Gobierno y del PP ha presumido siempre de ser previsible, una virtud –o defecto, según se mire- que no exhibió hace unos días cuando nombró a su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, como sustituto de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad. El cómo resuelva el escenario de Madrid y otros abiertos como el de la Comunidad Valenciana ayudarán para confirmar si el líder del Ejecutivo ha dejado de ser previsible. No se descartan sorpresas. De hecho, la inclusión de miembros del Gobierno en las encuestas tiene a los suyos despistados. Se trata de la vicepresidenta y la titular de Fomento, Ana Pastor. Ambas mantienen una relación muy estrecha con Rajoy.

Y la CNMV justifica esta negativa aferrándose al artículo 90. 2 de la Ley del Mercado de Valores que especifica que en los casos civiles "la obligación de secreto se mantendrá en todo lo relativo a las exigencias prudenciales de una empresa de servicios de inversión".

Directora del Servicio Contencioso

En consecuencia, continúa el escrito del organismo regulador de los mercados bursátiles, "dado que la documentación incorporada al expediente administrativo sancionador solicitado pudiera afectar a las exigencias prudenciales de la entidad citada en su oficio, este organismo entiende que, de conformidad con el artículo transcrito, ha de mantener la obligación de secreto respecto de la solicitud realizada", finaliza el documento remitido al juez y firmado por la directora del Servicio Contencioso y del Régimen Sancionador, Patricia Muñoz González-Úbeda.

En concreto, el juez había solicitado a la CNMV una copia del contenido íntegro de la resolución de 13 de junio de 2013 por la que se sancionaba al Banco de Santander con una multa de diez millones de euros por una infracción "grave" consistente en no disponer de información necesaria sobre sus clientes en el periodo de suscripción de Valores Santander.

Copias de los expedientes

El juez también reclamaba una copia del contenido íntegro de la orden ministerial de 20 de julio de 2012 por la que la CNMV sancionaba con 6,9 millones de euros a la entidad de origen cántabro al considerar que cometió una infración "muy grave" por el incumplimiento de algunas de las obligaciones que regulan la relación entre el Banco de Santander y sus clientes respecto al mismo producto financiero. En ambos casos, el juez especificaba que se deberían omitir los datos de carácter personal.

En relación con este último caso, el de la sanción de 6,9 millones, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el fallo 17 de febrero tras declararse firme la sanción contra el banco en la vía administrativa. El Santander anunció su intención de recurrir esta multa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que es el órgano jurídico competente.

En la actualidad, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga una querella presentada en febrero de 2014 por 90 clientes del Santander que acusaban a la entidad presidida por Emilio Botín de haber comercializado en septiembre de 2007 de forma "fraudulenta" el producto financiero Valores Santander. En total 129.000 ahorradores invirtieron en dicho producto 7.000 millones de euros, atraídos por un gancho de una rentabilidad del 7,50%.

Obligaciones convertibles

La querella de la Audiencia Nacional especifica que el banco comercializó el producto como si fuera seguro y con funcionamiento similar a un plazo fijo cuando realmente se trataba de la adquisición de "obligaciones convertibles" que impedían al comprador "recuperar el capital invertido".

Asimismo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander (Cantabria) recibió una demanda colectiva encabezada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España (Adicae) en la que los afectados denunciaban que Valores Santander era un producto "tóxico, de alto riesgo y alta competitividad". Y por eso solicitaban la devolución de las inversiones realizadas. La jueza no aceptó la investigación, asegurando que las demandas tenían que ser presentadas de forma individual.

Este es el motivo por el que Adicae ha presentado ya decenas de demandas en juzgados de toda España en las que de forma sistemática solicita a los jueces que soliciten a la CNMV de Elvira Rodríguez los dos expedientes de 10 y 6,9 millones de euros.

Enhorabuena a las aseguradoras y enhorabuena a sus aliados y socios, los bancos. Sus peticiones han sido escuchadas. El Gobierno ha decidido favorecer más la contratación de productos financieros privados que complementen las pensiones públicas. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en un acto organizado por El Economista: los mayores de 65 años que vendan cualquier tipo de activo, no sólo inmuebles, sino también acciones u objetos de valor, para dedicarlo a una renta vitalicia que complemente su pensión no tributarán en el IRPF por la plusvalía generada en dicha venta.

El anuncio fue muy bien acogido por la patronal del seguro, Unespa. "Desde el punto de vista de Unespa", señaló un portavoz, "es una noticia muy positiva". No es para menos. El anuncio de Ferre se ajusta a la petición que las aseguradoras elevaron al Ministerio con motivo de la reforma fiscal. El documento Propuestas de Unespa ante la reforma fiscal de fecha 2 de junio ya reclamaba incentivos fiscales para las rentas vitalicias, de las que señala que "son el instrumento que mayor grado de complementariedad presenta con las prestaciones de la Seguridad Social". "En la actualidad", proseguía el documento, "el cobro de forma de renta vitalicia de estos Sistemas de Previsión Social no goza de ningún incentivo fiscal, tributando las rentas percibidas como rendimientos del trabajo, al tipo marginal".

Deseo de los bancos

Ahora ya hay incentivo para que aumente, como desean bancos y aseguradoras, el ahorro estable –hay quienes lo califican de cautivo– destinado a complementar las pensiones públicas. Los documentos de la patronal Unespa ponen números al negocio que se pretende ensanchar. A marzo de 2014, las "rentas vitalicias y temporales" incluidas en el epígrafe "Seguros de Ahorro/Jubilación" se elevaban a 80.828 millones de euros, con 2.563.426 beneficiarios. Poca cosa para el potencial de negocio que atisba la patronal aseguradora.

La mayoría de la banca española, según señalan estudios de organizaciones de consumidores, vende o ha vendido seguros de renta vitalicia. Entre los productos usados para calcular la rentabilidad se encuentra el bono español a 10 años. Son la base para comercializar productos con nombres llamativos como renta de fábula.

El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, José María Mollinedo, cree que la medida anunciada por Ferre cumple un doble propósito, "tranquilizar a inversores de perfil bajo y pequeños ahorradores –menos beneficiados que los grandes ahorradores en la anuniciada reforma fiscal– y apoyar a la banca, aumentando la fidelización de la clientela".

Ahorrador de más de 65 años

La gran pregunta para el ahorrador de más de 65 años es qué le ofrece la llamada renta vitalicia frente a otros productos de ahorro y si es un producto seguro. La asociación de usuarios de banca y servicios Adicae abordó la cuestión hace un año y llegó a conclusiones rotundas: "Estamos ante un producto complejo y con el que no podremos disfrutar, durante un largo periodo de tiempo, de nuestros ahorros invertidos... si sobrevivimos a la fecha de vencimiento", explicó en un trabajo de análisis sobre un producto empujado por la banca.

Adicae destacaba uno de los problemas del producto las dificultades para convertirlo en dinero contante y sonante en caso de necesidad. "Estos productos dejan los ahorros atrapados un largo periodo de tiempo, normalmente durante más de diez años", explica Adicae;  "si el consumidor sobrevive a la fecha de caducidad del producto –vencimiento–, recuperará el dinero invertido inicialmente. Si no lo hace, serán los beneficiarios los que recuperen el dinero". "Los problemas surgen", concluye la asociación, "cuando el asegurado quiere rescatar sus ahorros anticipadamente. En ocasiones pueden darse problemas de liquidez, puesto que rescatarlos puede resultar muy costoso".

Los sindicatos critican la apuesta del Gobierno por colocar puntales privados a las pensiones públicas. Al término de la entrevista que mantuvieron con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en La Moncloa, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, calificaron la medida adelantada por Hacienda de simple "parche". "La solución no está en que la gente se busque la vida, hay que buscar salidas colectivas, que es donde está la solidaridad y la justicia social", asegurñó Toxo. Méndez, por su parte, consideró el anuncio como prueba de que "va a caer la capacidad adquisitiva de las pensiones".

Promoción de lo privado

Para el Gobierno, ningún recelo está justificado. La promoción de sistemas privados de pensiones continúa. El secretario de Estado Ferre, en el mismo acto en el que a anunció el espaldarazo a la renta vitalicia para mayores, aprovechó para animar la contratación de planes de pensiones individuales. Según adelantó, el proyecto ley de reforma fiscal rebajará la exigencia del tiempo de permanencia de los planes de pensiones individuales de 10 a 5 años. La razón es que el Ejecutivo ha comprobado que estos planes están creciendo y "merece la pena seguir potenciándolos". "Se da un paso más en el fomento del ahorro", dijo Ferre tras añadir que el tratamiento fiscal es beneficioso en un plazo razonable de 5 años.

El empujón gubernamental a las pensiones privadas choca, no obstante, con la realidad de los datos. Un estudio elaborado por tres profesores del IESE (Pablo Fernández, Pablo Linares y Pablo Fernández Acín) muestra que en el periodo diciembre de 1998-diciembre de 2013, la rentabilidad media anual del Ibex 35 fue del 4%, la de los bonos del Estado a 15 años fue del 4,4% y la de los fondos de pensiones, con 7,5 millones de partícipes, fue del 1,53%.

Peór aún, entre los 257 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo cuatro superaron la rentabilidad del Ibex 35 y sólo tres superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años. Como remate, 25 fondos, en torno al 10% del total, tuvieron rentabilidad promedio negativa. Los datos del estudio son el resultado de restar las comisiones –entre las más elevadas de la UE, según la OCDE– que aplican los gestores de los fondos.

El Banco de España empuja

Además del Gobierno, también el Banco de España ha animado a estimular el ahorro enfocado a la contratación de complementos privados de una pensión pública que, según admite en sus publicaciones, será en el futuro menor para las próximas generaciones que alcancen la edad de retiro.

El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a instancias del Gobierno, han puesto en marcha un Plan de Educación Financiera para el periodo 2013-2017 que incluye como objetivo "concienciar" a los ciudadanos de la necesidad de contratar planes privados y seguros privados. Como objetivo concreto, el plan apunta a "la necesidad de previsión de la jubilación y fomentar la cultura aseguradora para gestionar los riesgos que se plantean a lo largo del ciclo vital",

El principal accionista del Banco de Valencia era Bancaja, y posteriormente Bankia, que obtuvo en la salida a Bolsa de julio de 2011 un total de 3.092 millones de euros de 347.338 clientes. Apenas meses después el precio de las acciones se desplomó, por lo que todos los accionistas perdieron la mayor parte de su inversión. El Banco de España cifra en 22.424 millones de euros las ayudas que necesitó Bankia para evitar la bancarrota.

El presidente de la entidad era Rodrigo Rato. El que fuera hombre fuerte de los Gobiernos de José María Aznar fue elegido presidente de Caja Madrid el 28 de enero de 2010. Desde allí pilotó el proceso de creación del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, nacida en 2011. El nuevo banco fue el resultado de la fusión de siete cajas de ahorros (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja). Rato se vio forzado a dimitir como presidente de Bankia el 7 de mayo de 2012, y fue reemplazado por José Ignacio Goirigolzarri. 

Bankia era la propietaria de un tercio de las acciones de Banco de Valencia, y su sobreexposición al negocio del ladrillo podría haber alejado a miles de inversores. Las diferentes inspecciones del Banco de España pusieron de manifiesto la existencia de diferentes problemas en la viabilidad del banco. El propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, que el deterioro del Banco de Valencia se conocía desde 2009, año en el que sus directivos iniciaron la compra irregular de sus propias acciones para mantener de forma artificial su precio.

"Precios muy superiores"

Pero esta actividad supuestamente irregular que llevó a cabo la dirección del Banco de Valencia hizo que que la entidad financiera perdiera 23 millones de euros entre enero de 2009 y mayo de 2011. Y todo en un intento de sostener el precio de sus acciones, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que se basa en las inspecciones llevadas a cabo por el Banco de España en la entidad financiera valenciana durante los primeros siete meses de 2011. "La operatoria con acciones propias en los últimos ejercicios ha permitido que la cotización del valor se haya mantenido a precios muy superiores a los que hubiera tenido sin su actuación", concreta el organismo regulador tras la inspección llevada a cabo en julio de 2011.

Según el informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 2011, en el sector de la banca se produjeron caídas importantes en los precios de las acciones, "especialmente castigadas debido a las carteras de deuda soberana y la exposición al sector inmobiliario de estas entidades". Este era el caso de Banco de Valencia, entidad financiera que pertenecía en un 27% a Bankia.

23 millones de euros

En los casi dos años y medio durante los que el Banco de España detectó este tipo de actuaciones irregulares con las acciones del Banco de Valencia, en un 8% de los casos el banco valenciano protagonizó más del 20% de las transacciones de sus propios títulos. En el 28% de los casos, las autocompras por parte de la entidad financiera valenciana fueron superiores al 10% del total. "El quebranto por esta actividad en el periodo ha sido de 23 millones de euros", especifica un informe del Banco de España.

Tras detectar estas presuntas irregularidades, el departamento jurídico del Banco de España recomendó que se alertara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es el organismo que controla la legalidad en la compraventa de los títulos. infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz de la CNMV para tratar de conocer si este organismo fue informado de las presuntas irregularidades. "La CNMV no habla de los expedientes. Y mucho menos si estos están incluidos en casos investigados por los tribunales", especificaron fuentes del organismo presidido por la exministra de Medio Ambiente y expresidenta de la Asamblea de Madrid Elvira Rodríguez.

Imputado en dos casos

El expresidente del Banco de Valencia es José Luis Olivas, que también fue máximo responsable de Bancaja y el número dos de Rodrigo Rato en Bankia. Olivas está imputado en los casos Bankia y Banco de Valencia,casos BankiaBanco de Valencia, al igual que su sucesor, Aurelio Izquierdo. También está imputado el ex consejero delegado de la entidad valenciana Domingo Parra.

Elvira Rodríguez (PP), ex ministra, ex diputada (Murcia, Jaén), ex senadora, ex presidenta de la Asamblea de Madrid y actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),ex presidenta de la Asamblea de Madrid cumplió el 7 de octubre un año al frente del organismo. El aniversario coincide con una etapa crítica en una economía sumida en una profunda crisis y con escándalos no resueltos como la salida Bolsa de Bankia o la esfafa de las preferentes.

Probablemente, en ningún otro momento fue tan necesario que un órgano supervisor de los mercados como la CNMV demostrara su utilidad y su cúpula, su independencia. Tanto del poder político como del financiero.

Rodríguez, a la que no le gusta que le recuerden sus vinculaciones políticas,recibió numerosas críticas en el momento de ser nombrada. El fuego graneado fue similar al que su partido, el PP, lanzó contra su predecesor en el cargo, Julio Segura, cuando este fue nombrado en 2007: el argumento crítico fue que Segura (como ahora Rodríguez) mostraba un grado de independencia insuficiente.

Elvira Rodríguez fue cuestionada por dos razones: su estrecha relación con el PP, que podría condicionar, supuestamente, su independencia al frente del organismo y su falta de especialización en la supervisión de los mercados.

Frente a las críticas, Rodríguez esgrimió su curriculum. No sólo el político, también el profesional. Rodríguez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y fue auditora del Estado. Hasta aquí el perfil profesional. Además, está el político: fue directora General de Presupuestos(1996); Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (2000); Ministra de Medio Ambiente (2003-2004);

Consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid (2006-2007); presidenta de la Asamblea de Madrid (2007-2011) y senadora (2011).

Política o títulos

¿Suficiente curriculum? ¿Excesivamente político? Depende. Lo que sí es claro es que quien pilota un organismo como la CNMV debe estar dispuesto a enfrentarse a asuntos complejos y estrategias sofisticadas diseñadas para eludir controles. Y para ello hay que saber.

Son cuestiones variadas como el gobierno corporativo; los abusos de mercado y la estructura de mercados; la negociación de alta frecuencia (HFT); las ventas a corto; los margin requirements for non-centrally cleared derivatives, el shadow banking (banca paralela y sin control) en conexión con mercados y los productos desregulados (exchange traded funds),

¿Está preparada Rodríguez? En la CNMV, por supuesto, sostienen que sí. Que sobradamente. Añaden que Rodríguez forma parte, además de un consejo de ocho miembros que toman decisiones de forma colegiada, con el apoyo de un amplio consejo consultivo y de profesionales reconocidos.

El argumento no convence a todos.  Jesús Fernández Villaverde, Profesor de Economía en la Universidad de Pennsylvania y colaborador del blog Nada es Gratis llegó a dar una charla en Madrid en la que mostró en dos láminas los curriculums de la entonces presidenta de la CNMV de EE UU (la SEC) Mary Shapiro (20 años en tareas de supervisión de mercados)  y Elvira Rodríguez. No había color.

Conclusiones

Aunque el mandato de Elvira Rodríguez es para cuatro años, en su primer año de gestión ya se pueden sacar algunas conclusiones. Tres al menos. Sencillas pero importantes. La primera, Rodríguez no cargará contra las decisiones de su predecesordecisiones de su predecesorque, por ejemplo, dio luz verde a la salida a Bolsa de Bankia. Segunda: diferencia muy claramente (como el que fue su superior, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro) entre moralidad y legalidad y no le tiembla la mano a la hora de manejar los nombramientos en el organismo.

Por partes. Sobre la salida a Bolsa de Bankia, Rodríguez no tiene dudas. Quien la autorizó hizo lo que debía. Lo expresó así públicamente: "en su momento y desde el punto de vista del supervisor", la salida a Bolsa de Bankia "fue correcta" pese a que con el tiempo se ha demostrado que "no fue una operación adecuada".

En realidad, la operación fue un verdadero desastre desde el punto de vista económico, al menos para los suscriptores individuales.desastre Para empezar, los títulos que debutaron en el parqué a 3,75 euros sufrieron un contrasplit en marzo de este año -agrupación de acciones de 100 a una- que diluyó su valor significativamente. 

Legalidad y moralidad

En general, Rodríguez ratifica la tesis del ministro Montoro sobre los que han manejado bancos y caja: una cosa es la legalidad y otra la moralidad.

Probablemente, sostienen los más críticos con Rodríguez, la responsable de la CNMV no podía hacer otra cosa. Por apoyar a la institución y a quien autorizó la operación y, detalle no menor, porque Bankia fue una pieza de toda una estrategia política que debía procurar el saneamiento del sector.

Lo señalaban autores como Luis Garicano o Tano Santos en sus trabajos para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea): "La salida a bolsa de Bankia en 2011 era una pieza importante de la política seguida para la resolución de nuestra crisis bancaria". Lógicamente, es poco probable que Rodríguez cargue contra una pieza importante de la política que diseñaron y aprobaron antiguos correligionarios. 

Esquivar preguntas

Con Bankia sometida a investigación judicial, lo que permite esquivar muchas preguntas incómodas, la CNMV tuvo que poner todas las lupas en el escándalo de las preferentes. Resultado: 22 expedientes abiertos a nueve entidades financieras.22 expedientes

Los expedientes acabarán muy probablemente en sanción (un expediente se abre cuando hay base jurídica). El de las preferentes estará entre los asuntos más mediáticos a los que se enfrente Elvira Rodríguez en su primer año.

A Rodríguez no le falta trabajo. En Pescanova, el escándalo de supuestas ventas ficticias, cuentas no supervisadas y esquema piramidal de financiación ha acabado en los juzgados. Pero la CNMV mantiene abiertos media docena de expedientes a directivos por supuestas infracciones. Los expedientes están parados a la espera de las resoluciones judiciales.

Otro asuto espinoso, el expediente abierto a Jaime Botín (expresidente de Bankinter, hermano de Emilio Botín) por haber ocultado su participación real en la entidad que presidió ya está resuelto: sanción e inhabilitación que la CNMV hará pública cuando se diriman los recursos (si los hay).

"Los planes de Elvira Rodríguez se centran en acercar la institución al inversor" sostiene un portavoz de la CNMV. "Transparencia, dar una respuesta rápida a reclamaciones y consultas, acercar las sanciones al hecho que las motivó y, sobre todo, poner en marcha la supervisión preventiva". Ésas son las prioridades.

Son también las ideas que tiene que poner en marcha un equipo que Elvira Rodríguez quiere de confianza. Ejemplo: el nombramiento del responsable del servicio jurídico de la Comisión. El elegido fue Fabio Pascua, funcionario de carrera del cuerpo de letrados de las Cortes Generales. Pascua fue secretario general de la Asamblea de Madrid en la legislatura 2007-2011, en la que Rodríguez ocupó la Presidencia de la Cámara. Munición para la crítica.

Pascua ocupó un puesto estratégico al que aspiraba la directora del Servicio de lo Contencioso y Régimen Sancionador de la CNMV, Cristina Vidal. Ocupada la silla, Vidal presentó la dimisión. Lo hizo en un momento importante: en pleno tornado por Bankia, lo que dio pie a muchas lecturas.

Fuentes de la Comisión señalan que la salida de Vidal, abogada del Estado fue una cuestión "personal" provocada porque no fue confirmada en un puesto, el ocupado por Pascua, que había cubierto sin nombramiento durante un año. Vidal, efectivamente, cubrió la vancante que dejó el paso al FROB, desde la CNMV, de Alfonso Cárcamo, un hombre de confianza del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.

Con los puestos clave controlados, Elvira Rodríguez tiene por delante un gran reto: favorecer, desde la presidencia de un organismo clave, el leve soplo de regeneración que vive el mundo empresarial y societario tras años de excesos, estafas e impunidad.

Uno de los avisos más claros de la gravedad de la situación en la que estaba Bankia a principios de 2012 fue la negativa de la auditora Deloitte a firmar el cierre contable correspondiente a 2011. Rodrigo Rato y su equipo dedicaron meses a marear una perdiz que ha costado miles de millones de euros a los contribuyentes. Enviaron finalmente en abril a la CNMV unas cuentas con beneficios y sin el informe preceptivo de la auditora. El 7 de mayo, Rato se vio obligado a presentar la dimisión tras un fin de semana de infarto que incluyó reuniones del ministro Luis de Guindos con el propio Rato y con los presidentes de Santander, La Caixa y BBVA, que han relatado (tranquilamente) en sede judicial cómo transmitieron al Gobierno lo que debía o no hacer con el agujero de Bankia. En pocos días se comprobó que en realidad la entidad heredera de Cajamadrid tenía unas pérdidas de más de 4.000 millones, y en un par de semanas el cálculo de las ayudas públicas necesarias para salvar la entidad pasó de los 9.000 millones anunciados con gran seguridad por Guindos a los 22.000 millones que finalmente pidió José Ignacio Goirigolzarri.

Por aquellas fechas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida entonces por Julio Segura, abrió "de oficio" un expediente administrativo sancionador ante el retraso en la presentación de las cuentas, pero ese expediente quedó paralizado en cuanto se inició la causa judicial en la Audiencia Nacional. Al parecer es lo habitual. Pues bien, el juez que lleva el caso acaba de indicarle a la CNMV que va siendo hora de que haga lo que le parezca oportuno con aquel expediente, puesto que no ve concidencia alguna entre los hechos investigados por la vía penal y la materia que corresponde al órgano de control de los mercados de valores.

Elvira Rodríguez tiene la palabra

De modo que ahora la posibilidad de una sanción a Rodrigo Rato y su equipo por las escandalosas cuentas de Bankia en 2011 queda en manos de Elvira Rodríguez. Además de los cargos ya citados, viene muy a cuento recordar que el primer puesto de responsabilidad de Rodríguez fue el de Directora General de Presupuestos a las órdenes de Rodrigo Rato. Y que en el mismo equipo y en la misma fecha y también nombrado por Rato estaba Luis de Guindos, porque antes de fichar por Lehman Brothers ya fue director general de Política Económica y después secretario de Estado de Economía en los Gobiernos de Aznar.

Un expediente sancionador en la CNMV no lo decide sólo su presidenta sino el Consejo, después de que los servicios jurídicos cumplan su obligación. Suelen tardar 18 meses. Con lo que se ha ido conociendo acerca de la gestión de Bankia, el retraso en la presentación de las cuentas puede parecer casi una anécdota, aunque la ausencia del informe de auditoría debería haber acelerado todas las alarmas. (Lo debe saber bien Elvira Rodríguez, formada como interventora de Hacienda).

La cuestión de fondo tiene que ver con la credibilidad de los órganos de control. Tres viejos amigos se cruzan en el trámite de un expediente cuyo acusado principal es quien situó a los otros dos en la pista de salida de sus carreras políticas. ¿Es posible una decisión técnica, objetiva, neutral? Lo sería si en este país los órganos de control y los reguladores ofrecieran las mayores garantías de independencia y profesionalidad. Y si la normativa que aplican fuera muchísimo más exigente con las empresas y bancos a los que supuestamente se vigila. Y si los procesos no fueran tan opacos. Y si la investigación no se dilatara año y medio. Y si las sanciones finalmente impuestas no fueran tan baratas respecto a las infracciones cometidas. Y... Demasiados condicionales para que, además, tres viejos amigos se vuelvan a cruzar.