La Fuerza Aérea estadounidense ha trasladado desde el mediodía del domingo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde bases en España hasta Alemania y otros puntos geográficos, según datos públicos de Flightradar24, como ha recogido EFE.

Una decena de los KC-135 han partido de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta la base aérea de Ramstein (Alemania), mientras que otros cinco han despegado de la base naval de Rota (Cádiz) con destino desconocido en algunos casos al dejar de emitir su posición de manera pública.

EFE ha podido conocer que tres de esos KC-135 estadounidenses han abandonado la base de Rota en las primeras horas de esta madrugada con rumbo a una base militar del Ejército del Aire y del Espacio francés en el sur del país vecino, ocasionalmente utilizada por aviones de EEUU, según datos recopilados de la aplicación de seguimiento aeronáutico Flightradar24.

Las tres aeronaves, empleadas como aviones cisterna para repostaje de cazas y cazabombarderos, han emprendido rumbo noreste, han cruzado parte de la Península y las costas de la Comunidad Valenciana y Cataluña y han aterrizado en la base militar gala de Istres-Le Tubé, ubicada al noroeste de Marsella.

En las últimas horas también ha habido vuelos de los gigantescos C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

Este gran cambio de posición y de activos militares necesarios para los ataques aéreos contra Irán, iniciados el sábado, se produce después de que el Gobierno se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EEUU, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar estos aviones a otras bases sabiendo que, desde las españolas, no van a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases andaluzas de Morón y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente, no; en las bases que hay en Morón de la Frontera y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra.

Además, ha añadido que, pese a que existe un convenio con Estados Unidos para el uso de las bases de Morón y Rota, ese acuerdo permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La titular de Defensa ha reiterado que España está "totalmente en contra de la violencia" y ha insistido en que las bases no van a prestar apoyo, salvo que fuera necesario que lo hicieran desde un punto de vista humanitario.

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo "taxativo" que las dos bases militares conjuntas con EEUU en el sur de España estén siendo usadas por Washington en la operación en Irán.

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", ha afirmado el ministro en una entrevista televisiva.

Dana ha sido elegida palabra del año 2024 por la FundéuRAE, un término que las graves inundaciones de finales de octubre en el este y el sur de la península han hecho que se haya disparado su uso en los medios de comunicación durante el último trimestre. Según ha explicado este jueves en un comunicado la fundación promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, dana se ha impuesto a otras once palabras, entre las que figuraban gordofobia, narcolancha y woke.

La elección de dana, según la FundéuRAE, se debe también a su interés lingüístico y la dudas que aún genera en su escritura en los hablantes. La fundación subraya que "lo ocurrido en España se suma a otras fuertes catástrofes climáticas que han tenido lugar este año, como las inundaciones en Perú, Europa central, Estados Unidos o Brasil".

Dana (con minúsculas), la lexicalización de DANA, sigla de depresión aislada en niveles altos, ha sido incorporada al Diccionario de la Lengua Española en su última actualización, que se hizo pública el pasado 10 de diciembre.

Si se usa como sigla, se escribirá enteramente con mayúsculas, pero ya se emplea como sustantivo común lexicalizado escrito en minúsculas: la dana. Si se opta por su escritura como sigla, es decir, con mayúscula en todas las letras, el plural es las DANA, no "las DANAs" ni "las DANAS", y no resulta apropiada la grafía "Dana", solo con mayúscula inicial, salvo que sea la primera palabra de un enunciado.

Se trata de una voz que, según se puede observar en los corpus académicos, se emplea principalmente en España. Desde el ámbito técnico en el que nació este vocablo, dio el salto a los medios de comunicación y, finalmente, aterrizó en la lengua general y en el diccionario académico.

Dana ya fue candidata a palabra del año de la FundéuRAE en 2019, pero no llegó a alzarse como ganadora entonces, pero la intensidad y la frecuencia con la que se repite este fenómeno meteorológico, la misma con la que se recoge en los medios de comunicación, ha vuelto a poner su nombre en las portadas.

Cada año, la Fundación escoge la palabra del año tras seleccionar doce términos en función de su presencia en los medios de comunicación, así como en el debate social en el mundo hispanohablante. Y valora también que estas voces tengan algún interés desde el punto de vista lingüístico: una formación curiosa, un significado o una escritura que genera dudas entre los hablantes.

La FundéuRAE ha dado conocer esta elección a través de un comunicado y proporcionará imágenes que ilustran la palabra del año que han sido cedidas por la Agencia EFE.

La ganadora de este año ha sido escogida entre doce candidatas: alucinación, fango, gordofobia, inquiokupa, mena, micropiso, narcolancha, pellet, reduflación, turistificación y woke.

Esta es la duodécima ocasión en la que la Fundación escoge su palabra del año. Las anteriores ganadoras fueron escrache (2013), selfi (2014), refugiado (2015), populismo (2016), aporofobia (2017), microplástico (2018), emojis (2019), confinamiento (2020), vacuna (2021), inteligencia artificial (2022) y polarización (2023).

Polarización ha sido elegida palabra del año 2023 por la FundéuRAE, un término que ha sido seleccionado por su amplia presencia en los medios de comunicación y por la evolución que ha experimentado su significado y que se ha impuesto a otras once, entre las que se encontraban amnistía, guerra o fentanilo.

Según ha explicado FundéuRAE, fundación promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, en los últimos años se ha extendido el uso de la voz polarización, que está recogida desde 1884 en el diccionario académico, para aludir a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas (en referencia a los polos), en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación.

Es habitual encontrar en los medios ejemplos que aluden a diversas formas de polarización a nivel mundial: La polarización de la sociedad, de la política, de la opinión pública o de las posturas en las redes sociales.

El senador del PP, Vicente Azpitarte, ha tachado a las vicepresidentas del Gobierno de ser unas "meras grupis del peor presidente de la democracia española", en el transcurso de un debate en el pleno del Senado en el que también ha calificado a los miembros del Gobierno de ser "cutres y radicales", según informa EFE.

"Son tan cutres y tan radicales a la hora de tomar decisiones que los gobiernos bolivarianos, las repúblicas bananeras serán acusadas de sanchismo en el futuro", le ha espetado el senador popular a la ministra y vicepresidenta, María Jesús Montero, a la que ha preguntado por los criterios que rigen para la elección de la presidencia de EFE.

Azpitarte ha anticipado lo que Montero le iba a contestar. "Como suele hacer también el ministro Bolaños", ha dicho, con el "argumentario facilón y victimista" de que los populares son "unos ultras". Pero ha querido dejar claro que en el PP son "ultras de la libertad y la igualdad", en donde se trabaja por una España de ciudadanos "libres e iguales".

Para el senador, sin embargo, las vicepresidentas del Gobierno son "unas meras grupis", una afirmación que instantes después le ha recriminado un senador socialista, que le ha instado a mantener "el decoro" en la Cámara, tal y como exige la normativa.

Tras escuchar estas descalificaciones del senador, la ministra Montero le ha preguntado que si él entonces era también "grupi de Feijóo" o que si lo que había dicho era porque son mujeres.

También, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha recriminado a los populares algunas de las palabras pronunciadas durante el debate "plagadas de insidias falsedades, disparates y algunas, para que no falte de nada, de machismo". Y en concreto ha sostenido que "llamar grupis a las vicepresidentas del Gobierno es una declaración machista que yo no voy a dejar pasar por alto". Por eso espera una disculpa por parte del PP.

El Gobierno propondrá al exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver como nuevo presidente de la Agencia Efe tras cesar a Gabriela Cañas este martes, según ha adelantado eldiario.es y confirman fuentes del Ejecutivo.

De esta manera, se producirá un relevo al frente de la agencia de información más importante en español, con participación cien por cien pública, tras la etapa de Cañas, que llegó en 2020 en sustitución de Fernando Garea.

La propia Cañas confirmó este miércoles su cese y dijo que “ha sido un privilegio ocupar ese puesto”. “Me voy eternamente agradecida a quien lo hizo posible y con el deseo de que en EFE se siga trabajando igual de bien. Es una gran empresa con enormes profesionales”, añadió, según la propia agencia.

El Gobierno ahora llevará al Consejo de Ministros la propuesta de Oliver como nuevo presidente de la Agencia. El periodista fue secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno de Pedro Sánchez hasta la remodelación del Ejecutivo en julio de 2021, cuando este puesto clave en Moncloa pasó a manos de Francesc Vallés.

Oliver (Madrid, 1963) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 22 años desempeñó su labor como reportero y presentador en la Cadena Ser, primero en Radio Bilbao y luego en Radio Madrid, donde dirigió Matinal Ser Fin de Semana y Hora 20, hasta llegar a Hora 25, programa del que fue subdirector con Carlos Llamas, un período en el que el mítico informativo nocturno fue reconocido con un Premio Ondas como mejor espacio radiofónico nacional.

Más tarde, dirigió los informativos locales de Radio Madrid y condujo El Foro. Durante esos años compaginó esta labor con las sustituciones de Iñaki Gabilondo al frente de Hoy por Hoy, el programa líder de la radio de este país. Con la creación de Cuatro, dio el salto a la televisión como editor y presentador de distintas ediciones informativas.

EFE es la principal agencia del mundo en castellano con más de dos mil profesionales de 60 nacionalidades desde 180 ciudades de 110 países y con tres mesas de edición en Madrid, Bogotá y Bangkok (servicio multimedia en inglés), para ofrecer sus productos a clientes en los cinco continentes.

La agencia distribuye 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, fotografía, audio, video y multimedia, que llegan diariamente a más de dos millares de medios de comunicación en el mundo, con una audiencia potencial de 250 millones de personas.

Ahora, el Gobierno propondrá formalmente a Oliver que, como requisito previo, ha de ser nombrado consejero de la Agencia EFE por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de la Agencia. La propuesta se elevará entonces al Congreso y se activarán los plazos para fijar la fecha de la comparecencia del candidato ante la Comisión Constitucional, un trámite indispensable para su designación definitiva como presidente de la agencia pública de noticias.

La comisión tiene que emitir un dictamen a favor de su nombramiento, determinar la idoneidad de su candidatura y descartar el conflicto de intereses para el desempeño del cargo.

La periodista Gabriela Cañas no seguirá al frente de la Agencia EFE. Como ha adelantado este miércoles Voz Pópuli y han confirmado otros medios como El País, la que hasta hoy fuese presidenta de la entidad pública cesa del cargo para el que fue nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020, fecha en la que sustituyó a Fernando Garea.

El director de Recursos Humanos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Gobierno, ha informado de la decisión al Comité de Empresa, que ha informado a los trabajadores, no trascendiendo todavía quién ocupará el cargo. Cañas fue la primera mujer en hacerlo, y en declaraciones a El País ha asegurado que para ella "ha sido un privilegio ocupar este puesto". "Me voy eternamente agradecida a quien lo hizo posible y con el deseo de que en EFE se siga trabajando igual de bien", ha añadido.

La ya expresidenta, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), desarrolló casi toda su carrera en El País, pasando previamente por otros medios como Diario de Cádiz e Informaciones. Además, fue fundadora de la revista El Globo, de Prisa, y trabajó como directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación entre 2006 y 2008, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este lunes que España continúa "exigiendo" a las autoridades cubanas que devuelvan todas las credenciales al personal de la agencia EFE en La Habana, al tiempo que ha recalcado que la libertad de prensa es "vital en cualquier país del mundo", ha informado Europa Press.

"Han devuelto por el momento dos (acreditaciones), pero no vamos a cejar en pedir que se devuelvan todas las credenciales. No nos parece que sea de recibo que se retiren las credenciales sin ningún motivo", ha defendido Albares en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

El jefe de la diplomacia española ha explicado que su Ministerio convocó al encargado de negocios de Cuba en España, Eumelio Caballero Rodríguez —que ejerce de embajador en ausencia de este—, aunque el contacto se realizó finalmente por vía telefónica al presentar éste un certificado de coronavirus.

En esa llamada, que tuvo lugar este domingo, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, trasladó a Caballero Rodríguez "lo inaceptable de esta situación" y la necesidad de que le sean devueltas a la agencia de noticias española todas las credenciales, según ha detallado Albares.

El ministro español ha apuntado que el Gobierno no ha recibido "ninguna" explicación de las razones por las que el régimen cubano actuó de esta forma contra el personal de EFE y ha confiado en que le sean devueltas las otras tres acreditaciones que siguen suspendidas.

La decisión de las autoridades cubanas se produjo a 48 horas de las marchas convocadas por la oposición en la isla para este lunes, que el Gobierno no ha autorizado, para reclamar la liberación de "presos políticos" y reclamar un diálogo que permita resolver la "crisis política, económica y social" que atraviesa la isla, entre otras cosas, según sus promotores.

Sanciones contra Nicaragua 

Albares ha anunciado este lunes que los Veintisiete avanzarán en más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega tras la "burla" de las elecciones generales del pasado 7 de noviembre.

Según ha avanzado Albares en declaraciones previas a la cita de ministros de Exteriores, España llevará a la reunión la situación en Nicaragua y reclamará más medidas tras los comicios de hace dos semanas, no reconocidos por el bloque europeo.

"En esta ocasión iniciaremos y pondremos en marcha el proceso de sanciones individuales con respecto a algunos ciudadanos nicaragüenses", ha indicado, asegurando que primero los Veintisiete harán balance sobre la situación en el país centroamericano.

"Simplemente constataremos que aquello que venimos denunciando desde el mes de agosto se ha producido, que es esa burla al sistema democrático en lo que llaman en Nicaragua elecciones", ha argumentado Albares.

En el seno de la UE existe consenso sobre la deriva autoritaria en Nicaragua, por lo que se espera que se redoblen las medidas restrictivas que ya afectan a 14 individuos, responsables de violaciones de Derechos Humanos y de la represión de la oposición democrática y la sociedad civil. Los Veintisiete ya aumentaron las represalias contra Managua el pasado mes de agosto, cuando sumaron a la lista negra a ocho dirigentes nicaragüenses, incluida la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

El régimen de sanciones contra Nicaragua, que implican la prohibición de entrada en la UE y la congelación de bienes, se renovaron hace un mes hasta octubre de 2022. Fuentes europeas consultadas por Europa Press señalan, no obstante, que no se esperan sanciones en firme este lunes y que la cuestión debería pasar primero por los grupos técnicos del Consejo.

El juicio del denominado 'caso Móviles' en el que está investigado el magistrado Miguel Florit por la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas se celebra este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Entre otros delitos, se le acusa de haber vulnerado el derecho al secreto profesional y por interceptación ilegal de comunicaciones.

En concreto, la Sala Civil y Penal del TSJIB ha señalado la vista oral a partir de las 09.30 horas, y días sucesivos si fuera necesario, en sesiones de mañana y tarde. La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, incautó los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca' para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach'. La Policía también requisó ordenadores, un 'pendrive' y diversa documentación en la sede de Europa Press en Baleares y, ya por la tarde, visitó la sede de 'Diario de Mallorca', pero finalmente no accedieron a su interior. Estos hechos provocaron cierta indignación en el ámbito de la profesión y se dieron muestras de apoyo y solidaridad y concentraciones en diferentes puntos del país.

Ante esto, la defensa de los medios afectados –Europa Press y 'Diario de Mallorca'–, así como los dos periodistas –Blanca Pou y Kiko Mestre– presentaron una querella en la que se piden penas que suman 42 años de inhabilitación por, además de vulnerar el secreto profesional y la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

El juez ordenó obtener el listado de llamadas

La documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre ('Diario de Mallorca), Pou (Europa Press), una periodista de 'EFE' y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.

Las medidas fueron dictadas por Florit a instancias de la Policía y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau. En este sentido, el fiscal superior Bartolomé Barceló pide la libre absolución del magistrado. En su escrito de conclusiones provisionales, afirma también que Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntas fuentes informantes.

Por su lado, la agencia de comunicación 'EFE', como acusación particular y la Asociación de Medios de la Información (AMI), como acusación popular, se adhirieron a la querella y, en consonancia, piden también 42 años de inhabilitación. El 4 de enero de 2019, el Juzgado devolvió el material incautado a los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca. Desde el juzgado se certificó que los dispositivos móviles no se habían inspeccionado durante su estancia en la sede judicial. Sin embargo, no se pronunció sobre la ventana de casi 24 horas en la que los dispositivos habían estado bajo custodia policial.

Tras un proceso judicial que se ha prolongado durante más de un año, el juicio por el 'caso Móviles' se celebrará este jueves, cerca de dos meses después de que Florit se jubilara de manera anticipada. En el juicio, declarará como testigo el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejando Luzón, por videoconferencia, el propio fiscal Carrau --que en un principio fue investigado pero acabó siendo desimputado y citado como testigo-- y los periodistas afectados, entre otras personas.

El Consejo de Redacción de la Agencia Efe ha reaccionado a la destitución de su presidente, Fernando Garea, con un comunicado en el que defiende la credibilidad, el rigor y la profesionalidad de los informadores de la Agencia y en el que solicita a los grupos parlamentarios una reforma para que la designación de la presidencia de Efe dependa de un amplio acuerdo parlamentario, y no del Gobierno, “algo más propio de otros tiempos”, señalan.

Así, reclaman “un cambio legislativo que partidos que suman la mayoría suficiente para hacerlo se comprometieron a promover”, porque la Agencia Efe “requiere la desgubernamentalización por higiene democrática”.

En la misma línea han respondido las asociaciones profesionales de periodistas después del cese de Garea. La Red de Colegios Profesionales de Periodistas ha recordado que los medios públicos deben ser una garantía de acceso universal a una información de calidad, plural e independiente, y ha apostado por la desgubernamentalización y despartidización de estos medios.

Desde la entidad han mostrado preocupación por la decisión del Gobierno, ya que Fernando Garea “recibió el apoyo unánime de todos los grupos políticos a través de la comisión de nombramientos del Congreso”. “Los medios públicos deben estar dirigidos por personas que apliquen criterios estrictamente profesionales para servir a la ciudadanía, no a gobiernos, partidos o empresas”, han defendido.

Garea fue nombrado presidente de la agencia estatal el 27 de julio de 2018, por lo que su mandato ha durado sólo 19 meses. “Una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial”, recalcó dos veces en el comunicado de su destitución. Al frente de Efe lo sustituirá la periodista de El País Gabriela Cañas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destituido a Fernando Garea como presidente de la Agencia Efe, según ha hecho público el propio periodista en un comunicado enviado este lunes a toda la plantilla. En el mensaje, Garea explica que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, le había trasladado la decisión de Pedro Sánchez el pasado sábado.

Fernando Garea fue nombrado presidente de la agencia estatal el 27 de julio de 2018, por lo que su mandato ha durado sólo 19 meses. Procedía de El Confidencial, aunque buena parte de su carrera la hizo en El Mundo, para pasar después a Público y El País, siempre como corresponsal político. Su sustituta en el cargo será la periodista de El País Gabriela Cañas, según publica el propio periódico.

“Una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial”, recalca dos veces en su comunicado a la plantilla: “En esta despedida me reafirmo que en que, como dice el Estatuto de la Redacción: ‘Efe es propiedad de la sociedad en su conjunto”. Garea hace un repaso de las iniciativas que ha puesto en marcha en la agencia durante el tiempo que ha permanecido en el cargo y recuerda la gala con que se celebraron los 80 años de la agencia, el pasado día 5.

En ese acto“se materializó el cumplimiento de la exigencia de neutralidad y pluralidad que debe defender EFE con la nutrida presencia de representantes de todos los partidos políticos”, explica Fernando Garea. La gala fue además un homenaje, asegura, “a los trabajadores y trabajadoras que han sacrificado sus vidas personales y familiares para contar lo ocurrido en España y en todo el mundo en este tiempo”. Esos trabajadores que “tienen interiorizado el llamado estilo Efe que mezcla precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad”, añade, y que “son los que tienen muy claro” ese mensaje de que una agencia pública no es una agencia del Gobierno.

Garea detalla las medidas que ha tomado a lo largo del año y medio de su gestión al frente de la agencia, tras constatar que la agencia necesitaba una renovación que él incluso califica de “cambio radical”, basado en su “diversificación”. “Cambios en los contenidos, nuevas narrativas multimedia, una unidad de verificación, acuerdos con agencias internacionales, un plan de periodismo automatizado y una mejora y actualización de la marca” son algunas de las iniciativas puestas en marcha, así como una nueva área de gestión y la creación de un departamento de auditoría y el reforzamiento del área jurídica. Finalmente, también se ha elaborado un plan estratégico, a petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que pertenece la agencia, “para abordar el futuro y el rejuvenecimiento de la plantilla”, según indica.

Con una plantilla de más de 3.000 periodistas, la Agencia Efe cuenta con delegaciones en 120 países y con cuatro mesas de edición en Madrid, Bogotá, El Cairo –en árabe– y Río de Janeiro –en portugués–. Su principal mercado es el latinoamericano.

Gabriela Cañas fue jefa de Local y Sociedad en El País. Especializada en asuntos sociales, entre 2000 y 2005 ejerció como corresponsal en Bruselas. Entre 2006 y 2008 ocupó el cargo de directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha notificado este viernes un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el magistrado Miguel Florit, y contra el Estado como responsable civil subsidiario, por la incautación de móviles a  redactores que cubrían el caso Cursach, informa Europa Press.

Para asegurar las responsabilidades en esta causa, conocida como caso Móviles, la magistrada-instructora, Felisa Vidal, requiere al acusado para que preste una fianza de 60.116 euros.

La Sala Civil y Penal del TSJIB ha dado traslado al juez una copia del escrito de acusación y de las actuaciones para que presente escrito de defensa. También emplaza a la Abogacía del Estado para que se persone en el procedimiento.

La acusación pide 42 años de inhabilitación

La representación de Europa Press, Diario de Mallorca y EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre piden condenar al juez a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

En su relato, la acusación particular de este caso, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y Diario de Mallorca por la incautación de los móviles, reseñan cuatro autos dictados por Florit como instructor de una pieza por revelación de secretos. La causa tenía como objeto investigar el origen de las informaciones publicadas en prensa sobre el caso Cursach, una macrocausa de corrupción.

En el escrito de acusación se nombran tres autos dictados en septiembre, octubre y noviembre de 2018, en los que Florit ordenó recabar de compañías telefónicas los listados de llamadas y geoposicionamientos de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre y de una redactora de EFE, así como del teléfono fijo de las agencias de noticias. En el caso de la periodista de Europa Press, se pidieron datos que abarcaban hasta enero de 2016.

Igualmente, la acusación particular cita el auto del 11 de diciembre de 2018 con el que Florit autorizaba la entrada y registro de las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca en Palma y ordenaba incautarse de los móviles y ordenadores de los dos redactores. Esta orden autorizaba estudiar sus whatsapps, correos electrónicos y redes sociales.

El mismo día, tres agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares en Palma para exigir la entrega del material requerido. Se incautaron del teléfono móvil personal de la periodista, con su tarjeta SIM y SD, dos ordenadores sobremesa, un pendrive y diversa documentación en papel, pese a que "se les manifestó, en reiteradas ocasiones, que dicha actuación violaba el secreto profesional periodístico", recalca el escrito de acusación. Además, los agentes de la Policía también intervinieron el teléfono del periodista de Diario de Mallorca.

Todo este material quedó en poder de la Policía Nacional, que al día siguiente lo entregó al Juzgado a excepción de la documentación en papel. Los equipos electrónicos fueron devueltos el 4 de enero de 2019 y los papeles intervenidos en febrero de 2019, si bien fueron escaneados e incorporados a la pieza que instruía Florit en el Juzgado.

Autos "manifiestamente injustos"

La acusación sostiene que los autos "fueron dictados por el acusado con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad del domicilio".

Así, los periodistas imputan al juez un delito consumado continuado de prevaricación judicial, por el que piden 20 años de inhabilitación y una multa de 29.200 euros; dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio, por el que piden, por cada uno, seis años de inhabilitación y multa de 14.600 euros; un delito consumado continuado contra el ejercicio de derechos cívicos -derecho al secreto profesional periodístico y derecho a la intimidad-, por el que piden cuatro años de inhabilitación; y un delito consumado continuado de interceptación ilegal de comunicaciones, por el que solicitan seis años de inhabilitación.

La representación de Europa Press, Diario de Mallorca y EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre piden condenar al juez Miguel Florit a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

La acusación particular en el llamado caso Móviles, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y Diario de Mallorca por la incautación de móviles de los redactores que cubrían el caso Cursach, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la apertura de juicio oral contra el magistrado.

En el escrito de acusación, también se piden multas que suman 58.400 euros y se reclama una indemnización de 30.000 euros para el periodista de Diario de Mallorca por daños morales, profesionales y a la salud, de los que subsidiariamente puede responder el Estado. Por ello, se solicita dar traslado a la Abogacía del Estado para que pueda personarse en la causa y ejercitar su derecho de defensa.

Piden llamar al fiscal jefe Luzón como testigo

Como testigos, la acusación particular plantea llamar como testigo al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón.

También proponen citar a los responsables de los tres medios de comunicación, a los dos periodistas querellados, al fiscal Anticorrupción, Juan Carrau -que avaló las órdenes dictadas por Florit- y al inspector jefe de la Policía Judicial que propuso todas las medidas y que practicó la incautación.

Rastreo de llamadas y posicionamientos de teléfonos

En su relato de hechos, los medios de comunicación querellantes reseñan cuatro autos dictados por Florit como instructor de una pieza por revelación de secretos. La causa tenía como objeto investigar el origen de las informaciones publicadas en prensa sobre el caso Cursach, una macrocausa de corrupción.

En el escrito de acusación se nombran tres autos dictados en septiembre, octubre y noviembre de 2018, en los que Florit ordenó recabar de compañías telefónicas los listados de llamadas y geoposicionamientos de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre y de una redactora de EFE, así como del teléfono fijo de las agencias de noticias. En el caso de la periodista de Europa Press, se pidieron datos que abarcaban hasta enero de 2016.

Igualmente, la acusación particular cita el auto del 11 de diciembre de 2018 con el que Florit autorizaba la entrada y registro de las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca en Palma y ordenaba incautarse de los móviles y ordenadores de los dos redactores. Esta orden autorizaba estudiar sus whatsapps, correos electrónicos y redes sociales.

Incautación de móviles y ordenadores

El mismo día, tres agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares en Palma para exigir la entrega del material requerido. Se incautaron el teléfono móvil personal de la periodista, con su tarjeta SIM y SD, dos ordenadores sobremesa, un pendrive y diversa documentación en papel, pese a que "se les manifestó, en reiteradas ocasiones, que dicha actuación violaba el secreto profesional periodístico", recalca el escrito de acusación. Además, los agentes de la Policía también intervinieron el teléfono del periodista de Diario de Mallorca.

Todo este material quedó en poder de la Policía Nacional, que al día siguiente lo entregó al Juzgado a excepción de la documentación en papel. Los equipos electrónicos fueron devueltos el 4 de enero de 2019 y los papeles intervenidos en febrero de 2019, si bien fueron escaneados e incorporados a la pieza que instruía Florit en el Juzgado.

Autos "manifiestamente injustos"

La acusación sostiene que los autos "fueron dictados por el acusado con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad del domicilio".

Así, los periodistas imputan al juez un delito consumado continuado de prevaricación judicial, por el que piden 20 años de inhabilitación y una multa de 29.200 euros; dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio, por el que piden, por cada uno, seis años de inhabilitación y multa de 14.600 euros; un delito consumado continuado contra el ejercicio de derechos cívicos -derecho al secreto profesional periodístico y derecho a la intimidad-, por el que piden cuatro años de inhabilitación; y un delito consumado continuado de interceptación ilegal de comunicaciones, por el que solicitan seis años de inhabilitación.

Recurso de amparo al constitucional

Por otra parte, Diario de Mallorca ha presentado este miércoles un escrito ante el Tribunal Constitucional con el que le pide anular el auto de incautación de los móviles por vulnerar el derecho al secreto profesional del periodista, y los autos por los que se inadmitían los recursos contra la citada resolución.

Europa Press también ha presentado recursos de amparo ante el TC, contra el mismo auto y contra otro en el que se ordenaban rastrear las llamadas de su periodista, pero en dichos recursos no se pide al Constitucional que se pronuncie sobre el fondo de las medidas acordadas por el juez Florit, sino que se permita a los afectados recurrirlas.

Los distintos recursos que los medios de comunicación afectados presentaron contra las decisiones del juez no se admitieron a trámite porque los periodistas no tenían la condición de investigados en el procedimiento instruido por Florit, y por tanto, no son parte formal. Por ello, los periodistas consideran que se ha visto vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

El Gobierno ha enviado a policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la unidad de élite de la Policía Nacional especializada en operaciones de alto riesgo, para reforzar la seguridad de la embajada española de Caracas debido a la crisis que se vive en Venezuela, según informa Europa Press.

Las citadas fuentes han explicado que, por motivos operativos, no pueden dar la cifra de agentes que reforzarán la seguridad. La iniciativa ha sido aprobada tras la petición realizada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado 26 de enero que reconocería al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, si en el plazo de ocho días, que concluye este próximo domingo, Nicolás Maduro no convoca elecciones. Este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que la Embajada española en Caracas está "intensamente trabajando" para lograr la liberación de los periodistas de la agencia EFE que permanecen detenidos, algo que esperan "conseguir", aunque esta mañana todavía no tenía "confirmación".

Estas detenciones elevan a una decena la cifra de reporteros arrestados en los últimos días cuando cubrían las protestas en Venezuela, aunque desde el Gobierno de Nicolás Maduro se ha tratado de justificar estos incidentes apelando a irregularidades de registro.

Más de 160.000 españoles en Venezuela 

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, que en las últimas horas ha llamado "tirano" a Nicolás Maduro, es hacer "todo lo posible" para garantizar la ayuda necesaria a la colonia española en Venezuela, que oscilaría entre 160.000 y 170.000 personas, según datos de Exteriores. Al menos 939 personas han sido detenidas desde el inicio de las movilizaciones sociales en Venezuela el pasado 21 de enero, según un nuevo balance de la ONG Foro Penal, que mantiene que 755 personas siguen "privadas de libertad".

El balance, actualizado hasta la noche del miércoles, eleva los datos dados el martes por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que confirmó la detención de más de 850 personas, entre ellas 77 menores de edad, desde el 21 de enero. El balance de Naciones Unidas incluye 696 arrestos realizados solo el 23 de enero, lo que constituye la mayor cifra de detenidos en Venezuela en un único día en los últimos 20 años. Además, una decena de periodistas han sido arrestados en los últimos días, entre ellos tres reporteros de la agencia de noticias EFE.

El Alto Comisionado también confirmó en su informe al menos 43 muertos en el marco de las protestas iniciadas la semana pasada, tanto en las propias manifestaciones como en registros y saqueos, por lo que ha instado al Gobierno de Nicolás Maduro a investigar un posible uso excesivo de la fuerza y a depurar responsabilidades. El GEO de la Policía Nacional conmemoró el pasado mes de diciembre su cuarenta aniversario en su sede de Guadalajara. Se creó en la década de los ochenta a ejemplo del GSG-9 alemán para luchar contra el terrorismo e intervenir en acciones criminales para las que se requería un equipo especial.

Los periodistas de Efe detenidos el miércoles en Caracas han sido puestos en libertad junto al chófer que trabajaba para la agencia. Se trata del español Gonzalo Domínguez y los colombianos Leonardo Muñoz y Maurén Barriga Vargas, que habían sido trasladados al Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

También han sido liberados los dos periodistas franceses detenidos. "Feliz de anunciaros que Baptiste des Monstiers y Pierre Caillé han sido liberados y estarán muy pronto de vuelta a París", ha anunciado el programa Quotidien en su cuenta en Twitter, sin dar más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la liberación.

Los periodistas han sido "acreditados" y podrán permanecer en el país para continuar su trabajo como informadores, confirmó el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell. "No se les va a expulsar. El trabajo de la Embajada y el Consulado ha permitido que se les acredite y se puedan quedar para cumplir con su misión de información", indicó Borrell desde Bucarest, donde asiste a una reunión informal de ministros de la Unión Europea.

El Gobierno de España había exigido este jueves a las autoridades de Venezuela la "inmediata puesta en libertad" de los cuatro miembros de la agencia.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ha rechazado "enérgicamente" su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). "Desde que se tuvo conocimiento de la detención, el gobierno, a través de nuestra Embajada en Caracas, está haciendo todas las gestiones necesarias para lograr su liberación a la mayor brevedad", explica Exteriores.

En este mensaje, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprovechado para requerir de nuevo a las autoridades de Venezuela que respeten el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, de las que, ha apuntado, la libertad de prensa es un elemento central.

La propia agencia española ha confirmado que aparte de los tres periodistas detenidos, también se encuentra en la misma situación el motorista venezolano José Salas, miembro de Efe en el país latinoamericano.

El SNTP ha informado de que agentes del SEBIN "acudieron a las oficinas y se llevaron a los trabajadores de la prensa", sin conocerse que cargos se le imputan.

Una decena de reporteros arrestados

La detención de tres periodistas de la agencia de noticias Efe ha elevado a una decena la cifra de reporteros arrestados en los últimos días cuando cubrían las protestas en Venezuela, aunque desde el Gobierno de Nicolás Maduro se ha tratado de justificar estos incidentes apelando a irregularidades de registro.

Los primeros periodistas en ser detenidos fueron los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, trabajadores de la cadena pública TVN, y los venezolanos Mayker Yriarte, de TV Venezuela, y Ana Rodríguez, de VPItv. Los cuatro han sido ya liberados, aunque en el caso de los dos chilenos la medida se ha saldado con su deportación inmediata.

"La libertad de prensa es otra de las víctimas en Venezuela. La solución pacífica son elecciones libres y democráticas, ahora", afirmó el miércoles el presidente de Chile, Sebastián Piñera, uno de los líderes regionales que ha reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El miércoles también se conoció la detención de dos periodistas franceses: Baptiste des Monstiers y Pierre Callet, que grababan un reportaje para la cadena TF1. Su programa, Quotidien, ha confirmado en Twitter que fueron detenidos cuanto intentaban "cubrir la crisis política", si bien ha evitado entrar en más detalles para no "agravar su situación".

Justificación de Arreaza

El Gobierno venezolano, por su parte, no ha informado de los detalles de los arrestos de los reporteros, pero sí ha tratado de justificarlos por boca de su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, quien ha alegado que "algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo" en los consulados.

"Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación", ha denunciado Arreaza, quien ha señalado que, "como en cualquier país del mundo, los periodistas no pueden auto asignarse una acreditación".

"Medios y agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios, deben realizar los trámites indispensables en los consulados, previo a su viaje al país", ha añadido el ministro venezolano en Twitter.

Colombia reclama la "liberación inmediata"

El ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha reclamado la "liberación inmediata" de los tres periodistas, así como "respeto a sus vidas".

"El Gobierno de Colombia rechaza (la) detención arbitraria, en Venezuela, de dos periodistas y (un) fotógrafo de @EFEnoticias", ha publicado Holmes Trujillo en su cuenta de Twitter.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela ha informado de que que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) "acudieron a las oficinas y se llevaron a los trabajadores de la prensa". No han trascendido los cargos que se le imputan.

Efe desmiente las acusaciones

El presidente de la agencia Efe, Fernando Garea, ha desmentido las acusaciones del Gobierno de Maduro y ha asegurado que "es falso que nuestros periodistas detenidos en Caracas no se hubieran registrados como tales".

En los micrófonos de la cadena Onda Cero, Garea ha informado que los abogados de la agencia se han trasladado hasta la sede de la Inteligencia Militar pero "tampoco han podido contactar con los periodistas detenidos".

"En la Delegación de Efe en Caracas se trabaja bajo presión; nos cuesta incluso hacer llegar sus asignaciones a la delegada", ha añadido Garea.

Condena de Amnistía Internacional

La detención de periodistas  supone un "ataque flagrante" a la libertad de expresión, alertó Amnistía Internacional (AI). "La detención de periodistas es un ataque flagrante y profundamente preocupante contra la libertad de expresión y el derecho a la verdad", afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, citada en un boletín de la organización.

Para la representante de AI, estas acciones del Gobierno de Venezuela son "un vano intento de evitar que el mundo vea las violaciones masivas de los derechos humanos que están cometiendo las autoridades". De acuerdo con la organización, esta semana se produjo la detención de al menos 11 periodistas en Venezuela.

Las principales empresas públicas están en pleno periodo de renovación. En las últimas semanas, el Gobierno ha nombrado nuevos presidentes en sociedades de la entidad de Correos, Navantia, Tragsa o la Agencia EFE, así como en sociedades que no controla pero de las que es el principal accionista individual, como Red Eléctrica. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en esa última compañía –que presidirá el exministro Jordi Sevilla a cambio de más de 500.000 euros anuales–, los sueldos de las principales empresas controladas al menos en un 51% por el Estado están limitados, y sus presidentes cobran cantidades que como máximo rondan los 210.000 euros anuales.

La norma que limita las remuneraciones es el Real Decreto 451/2012, que establece la clasificación de las principales empresas públicas en tres grupos en función del nivel de financiación pública de la sociedad, su volumen de actividad o su número de trabajadores. Según establece dicha norma y la orden que la desarrolla, la retribución básica de los presidentes de estas compañías no podrá exceder los 105.000 euros en el caso de las empresas más grandes (Navantia o Correos), los 80.000 en las que pertenezcan al grupo 2 (la Agencia EFE o Hunosa) o los 55.000 euros en las del grupo 3 (como Mayasa o Saeca). A esa remuneración se le pueden sumar dos pluses que, como máximo, permiten que el sueldo base del alto cargo en cuestión se duplique, por lo que el salario máximo de un presidente de una empresa con participación mayoritaria del Estado puede ascender a 210.000 euros anuales.

15 de las empresas que el Estado controla mayoritariamente o en su totalidad están agrupadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre ellas grupos como Correos y Navantia. Además, otras empresas públicas potentes como AENA, Renfe, Paradores o Loterias y Apuestas del Estado también están participadas al 100% por el Estado. Y precisamente esta última es la que tiene un sueldo más generoso para su presidente: Jesús Huerta, ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, fue nombrado el pasado 25 de julio como máximo dirigente de la sociedad y se embolsará 214.221 euros anuales.

De entre las principales empresas públicas consultadas, solo hay otra cuyo presidente supere los 200.000 euros de sueldo: Enusa, la compañía encargada de la fabricación y el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares. Para este puesto fue nombrado hace apenas unos días José Vicente Berlanga, que hasta ahora desempeñaba funciones de director general de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y es una persona próxima al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El salario de Berlanga será de 210.000 euros anuales, 105.000 como sueldo base y la misma cantidad en complementos.

Por su parte, las dos principales compañías de la SEPI, Correos y Navantia, también han sufrido un relevo en sus cúpulas en los últimos días. La primera será presidida por el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, mientras la segunda tendrá como nueva máxima dirigente a Susana Sarriá, ex alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Serrano percibirá un sueldo que, entre base y complementos, ascenderá a 191.052 euros anuales. Por su parte, es más complicado conocer la cantidad exacta que se embolsará Sarrià al frente de Navantia porque la empresa cambió de presidente a mediados de 2017 y no detalla a cuánto asciende el sueldo de un año completo para su máximo dirigente, pero la cuantía ronda los 190.000 euros.

Paradores, Renfe, AENA y Adif

Paradores es otra de las joyas de la corona del sector público que ha cambiado de presidente. En este caso, quien estará al frente de la compañía será el senador y ex número tres del PSOE, Óscar López, que –si no decide reducirse el sueldo y cobra lo mismo que su predecesora, Ángeles Alarcó, exesposa de Rodrigo Rato– percibirá un salario de 180.405 euros anuales. Se trata de una cantidad algo mayor de la que cobrará Isabel Pardo de Vera, nueva presidenta de Adif, que se embolsará anualmente 161.945 euros si su sueldo no cambia.

La empresa operadora de los aeropueros españoles, AENA, también tiene nuevo presidente: el exportavoz del PSC en el Parlament de Cataluña Maurici Lucena, que fue nombrado para el puesto hace unas semanas. Su salario, tomando como referencia el que cobró en 2017 el anterior presidente, Jaime García-Legaz, será de 162.903,87 euros anuales, prácticamente el mismo que el que percibirá el nuevo presidente de Renfe, Isaías Táboas, ex secretario de Estado de Transportes con José Blanco, que percibirá 161.998 euros cada año que esté al frente de la compañía de ferrocarriles.

Cetarsa y Hunosa –las empresas públicas que se dedican, respectivamente, a la producción de tabaco en rama y a la gestión de las minas asturianas– son otras de las compañías estatales que han sufrido una renovación en su cúpula. Sus nuevos presidentes son Juan Andrés Tovar (hasta ahora senador del PSOE por Cáceres) y Gregorio Rabanal (que ha pasado por diferentes puestos en los 24 años que lleva trabajando en Hunosa), y ambos percibirán sueldos muy similares: 162.039 euros anuales Tovar y 161.907 euros Rabanal.

Tragsa y EFE también cambian de presidente

Pedro Sánchez también ha colocado personas de su confianza en Tragsa –una de las principales empresas públicas, encargada de la ejecución de obras y servicios– y Saeca –que, con un tamaño mucho menor, se dedica a prestar dinero para proyectos relacionados con el sector primario–. El nuevo presidente de Tragsa es Jesús Sánchez, ex director general de Desarrollo Rural del Gobierno asturiano, y su homóloga en Saeca será María Luisa Faneca, hasta ahora responsable de Pesca del PSOE. En este caso, los sueldos son algo menores: Sánchez cobrará algo más de 140.000 euros anuales, mientras Faneca llegará a los 111.447, debido al menor tamaño de su empresa.

La última gran empresa pública que ha experimentado un cambio de presidente en las últimas semanas es la Agencia EFE, que a partir de ahora dirigirá el periodista Fernando Garea tras recibir el beneplácito de todos los grupos parlamentarios del Congreso. En su nuevo puesto, Garea cobrará un total de 157.884 euros: 114.251 serán su sueldo base, y el resto (algo más de 43.600 euros) procederán de los complementos que le corresponden.

El resto de las principales empresas estatales no ha visto modificada su cúpula directiva en las últimas semanas, por lo que, al menos por ahora, seguirán operando con sus anteriores presidentes. De este grupo, es el máximo dirigente de Mercasa –la compañía que gestiona mercados mayoristas como Mercamadrid o Mercasevilla–, David Martínez, el que cobra un sueldo mayor: 163.133 euros anuales (el dato es de 2016, ya que la compañía no facilita ninguno más reciente). Cerca de esa cantidad está Eduardo González-Mesones, presidente de Ensa, una sociedad que fabrica componentes para centrales nucleares, con un salario de 160.000 euros al año. Por su parte, la presidenta de Sepides, Rosa María Mosulén, se embolsa 156.239 euros. Y su homólogo de Minas de Almadén y Arrayanes, Isidro Javier Zapata, cobra 142.484 euros al año.

Las dos compañías restantes de las que el Estado es accionista mayoritario y forman parte de la SEPI tienen presidentes con salarios inferiores. Cofivacasa, que se dedica a liquidar las sociedades públicas de las que el Gobierno quiere deshacerse, está presidida por Francisco Javier Loriente, que cobra 109.973 euros anuales. Y Faina Zurita, que dirige el Hipódromo de la Zarzuela, también de titularidad pública, se embolsa 108.581 euros al año.

El periodista Fernando Garea ha sido propuesto por el Gobierno como nuevo presidente de la Agencia Efe en sustitución de José Antonio Vera, quien estaba al frente de la entidad desde 2012. Actual adjunto al director del diario digital El Confidencial, Garea ha explicado este jueves que ha aceptado "muy ilusionado" la oferta del Ejecutivo y que es consciente de la dificultad que supone dirigir uno de los grandes referentes informativos a nivel nacional e internacional.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Garea (Madrid, 1962) inició su carrera profesional en Diario 16 y después fue fundador de los diarios El Mundo y Público. Fue responsable de esta información en El País desde abril de 2008 hasta 2017; el 13 de septiembre de ese año, anunció en su cuenta de Twitter que abandonaba su puesto en este medio para poder "seguir escribiendo sobre política y Parlamento".

Ha sido tertuliano en programas de radio y televisión como A vivir que son dos días, de la Cadena Ser, y 24 Horas, de RTVE, y ha participado en debates políticos de Antena 3, Telecinco, Cuatro o CNN+. 

Aporofobia, el neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres, ha sido elegida palabra del año 2017 por la Fundación del Español Urgente.

Esta es la quinta ocasión en la que la Fundéu da a conocer su palabra del año, escogida entre aquellos términos que han estado presentes en mayor o menor medida en la actualidad informativa durante los últimos meses y tienen, además, interés desde el punto de vista lingüístico.

Tras elegir escrache en 2013, selfi en 2014, refugiado en 2015 y populismo en 2016, el equipo de la Fundación ha optado en esta ocasión por aporofobia, un término relativamente novedoso que alude, sin embargo, a una realidad social arraigada y muy antigua.

La voz aporofobia ha sido acuñada por la filósofa española Adela Cortina en varios artículos de prensa en los que llama la atención sobre el hecho de que se suele llamar xenofobia o racismo al rechazo a inmigrantes o refugiados, cuando en realidad esa aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres.

Este término se acaba de incorporar al Diccionario de la lengua española y el pasado mes de septiembre el Senado español aprobó una moción en la que pide la inclusión de la aporofobia como circunstancia agravante en el Código Penal.

"No es una palabra creada este año, ni tan siquiera conocida por el gran público, pero es una voz que recomendamos hace tiempo en Fundéu y que ahora la Academia ha decidido incorporar a su diccionario", ha señalado el director general de la Fundación, Joaquín Muller.

Antes de dar a conocer la decisión definitiva, la Fundación publicó una lista de doce palabras finalistas en la que figuraban otros términos de nueva creación, como turismofobia, que alude al rechazo al turismo masificado; uberización, con la que se denomina un cierto tipo de actividad económica basada en plataformas colaborativas, o machoexplicación, la costumbre de algunos hombres de dirigirse a las mujeres de forma condescendiente.

El Pleno del CongresoCongreso ha admitido a trámite este jueves la proposición de ley de CiudadanosCiudadanos con la que la formación naranja busca cambiar el sistema de elección de los órganos reguladores, mientras el Gobierno del PP, con el que pactó modificar estos procesos, ultima un proyecto de ley para impulsar esta misma reforma.

A favor de su tramitación han votado PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Compromís, EH-Bildu, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Foro Asturias. Únicamente el PNV ha rechazado admitirla a trámite, mientras que el PDeCAT y Esquerra Republicana han optado por abstenerse.

La iniciativa pretende reformar la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, una de las leyes anticorrupción de la legislatura de mayoría absoluta del PP, para modificar el sistema de elección de una serie de instituciones, según informa Europa Press.

En concreto, afecta a los miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a los presidentes del Consejo de Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Consejo Económico y Social (CES) y la Agencia EFE, y al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Su propuesta pasa por crear una Comisión Independiente de Nombramientos del Estado, presidida por uno de los 33 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo elegido por sorteo, que será la encargada de analizar la idoneidad de las propuestas de nombramientos que haga el Gobierno o que, si el Ejecutivo lo desea, asuma directamente el proceso de selección con capacidad para proponer hasta cinco aspirantes al cargo en cuestión.

Examinadores expertos elegidos por sorteo

Junto con el magistrado de la sala Tercera del Supremo estarán en esta comisión un consejero permanente del Consejo de Estado; el presidente de la Autoridad Fiscal (AIReF); un catedrático de Universidad con el número máximo de sexenios de investigación; una persona que haya desempeñado un puesto similar al que sea objeto de informe; y una persona que haya ejercicio el cargo de juez o abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); y un abogado y un letrado de las Cortes Generales, que actuará como secretario de la Comisión, con voz pero sin voto.

La independencia de esta comisión se basa en que, salvo el presidente de la Autoridad Fiscal, el resto de integrantes son elegidos por sorteo en su campo, y su mandato sólo sería de dos años.

Los candidatos que pasen el examen de esa comisión independiente deberán comparecer después en el Congreso, siguiendo el procedimiento habitual, para que emita su propio informe antes de proceder al nombramiento en Consejo de Ministros.

Economía ya prepara una reforma de los reguladores

La reforma del sistema de elección de los órganos reguladores es una de las medidas pactadas entre PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy. Asimismo, ambas formaciones acordaron reformar la estructura de los reguladores, disgregando la CNMC, y creando nuevas entidades de supervisión.

De hecho, el Ministerio de Economía viene trabajando durante todo el año en un proyecto de ley con el que reordenar la arquitectura institucional de defensa de la competencia y la supervisión en el ámbito económico y financiero.

En principio, según la consulta pública lanzada por el Ministerio, está prevista la división en dos de la CNMC, la creación de dos organismos supervisores independientes de Seguros y Planes de Pensiones, y de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros.

Asimismo, también se planteaba el cambio del modelo de elección para lograr un sistema con mayor meritocracia, más transparente y democrático, y asegurando la inexistencia de conflictos de interés.

La agencia Efe lleva dos años sin Consejo de Redacción, el órgano que ampara a sus periodistas ante posibles presiones externas o de la propia dirección. El primero se constituyó en 2005 y el último quedó disuelto en 2014. Desde entonces, la renovación del consejo permanece bloqueada por un asunto en apariencia menor: la disputa entre los responsables de la agencia y los representantes de los periodistas por la inclusión en el censo de votantes de los 12 trabajadores de EfeagroEfeagro, el servicio de información agroalimentaria de Efe.

La plantilla de la agencia pública –pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– la componen unos 800 empleados, que deben elegir a los cinco miembros del consejo cada dos años. Cuando tocó votar para renovar el órgano en 2014, la agencia excluyó a los trabajadores de Efeagro del censo. Adujo que no es una filial de la agencia desde que, en abril de ese año, EFE dejó de poseer el 51% de sus acciones. Entonces el BBVA, que tenía el 49% restante, vendió su participación a una sociedad, Factoría Vertical 28, que también se hizo con un 1% de las acciones en manos de la agencia. Ahora es una “sociedad participada”, una sociedad anónima mercantil “distinta”, e “independiente” con órganos de dirección, consejo de administración, redacción, representación social y equipo de gestión distintos a los de Efe”. Su plantilla no pertenece a Efe, argumenta la dirección, por lo que no se le puede aplicar su Estatuto de RedacciónEstatuto de Redacción. Y ceder su censo para elegir el Consejo de Redacción de la agencia “invadiría las competencias de una empresa ajena”.

La disputa se ha enconado con el tiempo. En el segundo intento de celebrar elecciones al consejo, tres redactores de Efeagro solicitaron participar. Dos días después, en septiembre de 2015, ocho de los trabajadores de Efeagro, incluida su directora, Susana Cuevas, enviaron una carta a la mesa electoral para que excluyera sus nombres del censo para elegir el consejo. “No hemos autorizado, ni solicitado, ni permitido tácitamente y aún menos expresamente su inclusión”, aseguraban. Según fuentes de la plantilla consultadas por infoLibre, la directora llamó uno por uno a su despacho a los redactores de Efeagro para que firmaran en la presencia de un abogado.

Además, el comité intercentros denunció ante la Inspección de Trabajo la negativa de la dirección de Efe a ceder el censo de Efeagro, e incluso el Consejo de Redacción pidió amparo a la Asociación de la Prensa de Madrid Asociación de la Prensa de Madrid(APM). Mientras, la agencia impugnaba las decisiones de la Mesa Electoral y se ha negado a reconocer como tal al Consejo de Redacción que quedó en funciones tras el primer intento de celebrar elecciones en 2014.

La Inspección se declaró incompetente para actuar en un caso que atañe al Estatuto de Redacción y no al convenio colectivo, pero la APM pidió a la agencia que mantuviera al Consejo de Redacción en funciones hasta que se nombre uno nuevo e invitó a ambas partes a recurrir a un arbitraje para resolver el conflicto.

Nuevos negocios e independencia profesional

Sin embargo, nada se ha movido desde entonces. El pasado mes de febrero, el Gobierno respondió por escrito a una pregunta de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera Cruz sobre el asunto. Se limita a recordar los dos intentos de votación, en 2014 y 2015, y a explicar que la parálisis del proceso se debe a “discrepancias sobre el censo electoral”, sin mencionar a Efeagro. “La agencia Efe desea las elecciones para la renovación del Consejo de Redacción, tal y como recoge el Estatuto de Redacción”, concluye el Ejecutivo.

Para los miembros de ese consejo, el comportamiento de la dirección es un intento de excluir a Efeagro del ámbito de aplicación del Estatuto de Redacción, pese a que las informaciones que elaboran sus redactores son difundidas a través de las secciones de nacional y economía como cualquier otra. Y “todas las informaciones transmitidas por los canales de Efe deben atenerse al contenido” del Estatuto, según establece el propio documento.

De hecho, temen que la apertura de la agencia a “nuevos negocios” y la elaboración de “productos bajo demanda” termine “interfiriendo en la independencia e imparcialidad de los periodistas”, en concreto en los de Efeagro, según consta en la memoria del consejo. En sus cuentas de 2015, la sociedad afirma que ha “potenciado” la producción bajo demanda y está “explorando nuevas líneas de negocio, que suponen una nueva fuente de ingresos provenientes de la publicidad y patrocinios”.

Además, alegan que la plantilla de Efeagro participó en la elección de los cinco consejos de redacción anteriores, incluso una de sus redactoras se presentó como candidata. La empresa, en cambio, considera que “ningún antecedente” sobre la participación de Efeagro puede “convertirse en derecho adquirido”. “Si algo se hizo incorrectamente, no tiene por qué perpetuarse”, advertía la dirección en una de sus escritos de impugnación a la mesa electoral.

En torno a 'La Razón'

El caso es que los representantes sindicales de UGT y CCOO en el comité de la agencia desconfían de la política seguida por la dirección respecto a Efeagro desde que el BBVA vendió su participación. Y así lo han manifestado en sus comunicados a la plantilla en estos dos últimos años. CCOO asegura que la actividad de Efeagro la “guía” el director del gabinete de Presidencia de Efe, José Antonio Pérez Fernández, que fue adjunto al director de La Razón hasta 2005. Desde 2012 el presidente de la agencia es José Antonio Vera, director del periódico del grupo Planeta desde 2000 hasta 2005. Pérez Fernández figura como apoderado de Efeagro y fue consejero hasta abril de 2015. También es administrador único de una filial de ésta, Efeagro Producciones Verticales.

Además, Factoría Vertical 28, la sociedad limitada que compró el 50% de Efeagro en abril de 2014, es propiedad de César Lumbreras, columnista de La Razón y director del programa Agropopular de la Cope desde hace casi 30 años, de Luis Muñoz Deive, ex consejero delegado de Cuarzo Producciones –la productora del programa de Ana Rosa Quintana–, y del empresario cárnico catalán Isidro Santacreu Segura. También la redactora jefe de Efeagro, Lilián Aguirre Fernández, trabajó en La Razón, era la jefa de su sección de Televisión.

Un portavoz de EFE explicó a infoLibre que el BBVA había ofrecido en su día a la propia agencia su participación en Efeagro, que en 2012 perdió 170.342 euros y 95.040 euros en 2013. La SEPI rechazó la propuesta, recibida en plena ofensiva de recortes del sector público. César Lumbreras asegura a este periódico que el BBVA le planteó quedarse con sus acciones de Efeagro “allá por 2009”, pero entonces no le interesó. Hasta que cinco años después, en febrero de 2014, creó Factoría Vertical con los dos socios citados, “exclusivamente para comprar” la filial de Efe. De hecho, la sociedad no tiene cifra de negocio ni en 2014 ni en 2015, según la información que ha remitido al Registro Mercantil. Tampoco tiene plantilla. Terminó el primer año con unas pérdidas de 650 euros y de 552 euros el segundo.

Por el contrario, Efeagro ha tenido 47.493 euros de beneficios en 2014, y de 26.785 euros en 2015. El primer ejercicio ya creó una nueva filial al 100%, Efeagro Producción Vertical, que a su vez ha constituida otra, Noticias y Gestión Turística. La primera es una agencia de noticias y de publicidad; la segunda, una agencia de noticias especialmente dirigida al mercado iberoamericano. Efeagro Producciones Verticales posee tres empleados e informa de unos beneficios de 22,44 euros en 2014, tras haber facturado 116.570 euros. Noticias y Gestión Turística carece de personal, puesto que su actividad se limita a “intermediar entre los posibles clientes y las empresas o profesionales que las realicen”, tal y como consta en su memoria. En 2015 ganó 88,42 euros, resultado de facturar sólo 900 euros. infoLibre preguntó a César Lumbreras por la actividad de ambas filiales, pero el periodista aseguró desconocer a qué se dedican. También ignora cualquier aspecto de la administración de Efeagro. “No me gusta la gestión”, respondió, “cada año recibo un informe y eso es todo”.

Comparten administración, personal y gestión comercial

Pese a que la dirección de la agencia sólo reconoce como filial a Efe News, una sociedad creada en Estados Unidos con sede en Miami, en el pliego de condiciones técnicas del concurso por el que Efe  licitó el contrato de seguro para la empresa, ésta reconoce como “asegurados adicionales” a los de la matriz a las “sociedades filiales” siguientes: Efeagro, Efeagro Producción Vertical, Noticias y Gestión Turística, y Fundación del Español Urgente-Fundéu –participada en un % por el BBVA–. EFE también posee un 49,9% de European Pressphoto Agency (EPA), una agencia de fotografía en la que participan 11 agencias de noticias europeas.

Efeagro tiene suscrito un contrato de servicios con la agencia Efe por el que ésta pone a su disposición sus canales de difusión, así como “su estructura gerencial en el área administrativa, jurídica y de gestión de personal, además de su estructura comercial y de mercadotecnia”. También firmó con Efe un acuerdo comercial que permite a Efeagro incluir sus servicios informativos en las ofertas comerciales de la agencia a sus clientes. Aunque una filial es aquella sociedad dependiente de otra dueña de una acción más del 50% de su capital, también se considera en esta categoría a la empresa que carece de autonomía de gestión pese a no ser controlada de forma mayoritaria por la matriz.

La agencia Efe terminó 2016 con unas pérdidas de 9,8 millones de euros, lo que supone volver casi a los números rojos de 2012rojos, cuando el ejercicio se saldó con un resultado negativo de 10,8 millones. Precisamente 2016 era el ejercicio en que la empresa pública tenía previsto regresar a los beneficios tras cuatro años de recortes de gastos, de plantilla y salariales.

Sin embargo, la agencia, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al igual que RTVE, ha encadenado un año más de pérdidas, que comenzaron en 2009, cuando registró un resultado negativo de 1,5 millones de euros. En 2015 Efe perdió 7,5 millones y en 2014, 4,3 millones de euros.

Según la propia agencia, el aumento de las pérdidas a motivos extraordinarios, como la inclusión de 15 trabajadores no previstos en el Expediente de Regulación de Empleo que comenzó en 2012 y cuyas indemnizaciones sumaron 1,5 millones de euros adicionales a las cantidades inicialmente presupuestadas. Otros 1,5 millones proceden de la recuperación de los salarios que se habían recortado a los trabajadores durante los últimos cuatros años mientras estuvo vigente el ERE. La agencia tuvo que gastar un millón más por la sentencia del Tribunal Supremo que la obligó a pagar con carácter retroactivo la promoción de los redactores senior. Y otro millón de euros se debe a la inflación en Venezuela, asegura Efe a infoLibre, que al dispararse hasta el 550% devalúa la moneda local a cero. “Si no fuera por estos factores”, asegura un portavoz de la agencia, “los resultados serían similares a los de los años anteriores”.

Además, advierte, se trata de “cifras provisionales”, a la espera de que el Congreso apruebe en junio las aportaciones del Estado adicionales que le corresponderán a la agencia tras haber sido reconocida por la Comisión Europea como Servicio de Interés Económico y General (SIEG). Aunque no se sabe aún qué cantidad se le abonará a Efe por este concepto, en teoría puede superar hasta en un 20% los 38 millones de euros que recibe actualmente. Esos 38 millones es la cuantía congelada que ha percibido del Estado la agencia los últimos cuatro años. Posee la categoría de SIEG, por ejemplo, la agencia France PresseFrance Presse, a la que el Estado francés concede cada año 127 millones de euros. Se trata de las actividades de servicio comercial que Bruselas considera que “cumplen misiones de interés general” y están “sujetas a obligaciones específicas de servicio público”. Pueden ser redes de transporte, energía, comunicación y servicios postales.

Sin embargo, estas razones no convencen al comité de empresa de Efe. UGT y la FeSP (la Federación de Sindicatos de Periodistas) han denunciado en un comunicado a la plantilla la “nefasta gestión y pésima provisión de gastos” de la agencia. Según denuncian, mientras la plantilla ha sufrido “cuatro años de rebaja salarial y recortes”, el capítulo de gastos se multiplicaba. De hecho, tachan de “poco ético, inmoral e irracional” que la plantilla haya “entregado” a la empresa 16 millones de euros anuales, mientras la dirección de la agencia cobra pluses de productividad a pesar de las pérdidas récord. Unos incentivos que el comité pide a los ejecutivos que devuelvan a las arcas de la empresa.

Además, los sindicatos acusan a los gestores de Efe de multiplicar los contratos y los “gastos fastuosos” en las delegaciones de la agencia en el extranjero. Cifran en 700 los trabajadores de Efe en España, y de 500 en el exterior, “contratados locales con condiciones desconocidas” para el comité.

Un ERE para casi 300 trabajadores

El ERE firmado en 2012 afectó a casi 300 personas. Además de la jubilación forzosa de quienes tuvieran 60 años y del compromiso de retirarse de los que tenían más de 57 años cuando llegaran los 60, un centenar de trabajadores sufrieron una reducción de jornada del 50%, con la correspondiente rebaja salarial y otros 200, un recorte de jornada y sueldo del 25%. Estas medidas se revirtieron el año pasado.

Los dos sindicatos citados acusan a los responsables de Efe de “imprudentes” por no haber previsto, dicen, el aumento de la masa salarial que iba a suponer el fin del ERE. También por haber incluido en la partida de ingresos de 2016 la aportación extra que supone la declaración de SIEG. Una contribución que finalmente no se produjo. “Esos ingresos no vienen de un cambio en la política del negocio o de una exitosa gestión comercial”, advierten también, sino de la aportación del Estado. Efe lleva años intentando aumentar sus fuentes de ingresos abriendo nuevas líneas de negocio, en un intento por compensar la peligrosa caída del número de sus clientes que ha sufrido durante la crisis.