Dios, patria y rey. El discurso de la ultraderecha española —heredado del carlismo— no se explicaba sin esos tres elementos. Hasta ahora. Desde hace un tiempo tanto dirigentes de Vox como el agitador ultra Alvise Pérez han empezado a distanciarse de aquellas figuras que no avalan sus tesis más radicales. Entre ellos están miembros de la Iglesia católica, de la actual Casa Real y del empresariado español. Además, frente a las amenazas directas a España por parte del presidente norteamericano Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, personificadas en el presidente Pedro Sánchez, los ultraderechistas se alinean con los mandatarios extranjeros antes que defender a su país.

Aunque la formación de Santiago Abascal no cuestiona la religión católica —de hecho, se ensalzan sus valores frente a los de otras religiones que según su discurso quieren imponer la suya en toda Europa—, ni la indivisibilidad de España —frente a unos "enemigos" claramente identificados con las fuerzas independentistas— y tampoco la monarquía —de la que se reproducen sus bondades, incluso las de Juan Carlos I pese a los múltiples escándalos tras su abdicación—, sí ponen en duda a sus autoridades y máximos exponentes. 

Así, esta misma semana el líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el obispo de Canarias, José Mazuelos, por defender la necesidad empatizar con quienes llegan en cayuco a las costas españolas, una ruta que calificó de “especialmente dura y peligrosa”, una crítica que también trasladan al Papa León XIV, protagonista a su vez de los ataques de Trump por, en sus palabras, “complacer a la izquierda radical”. Asimismo, Zarzuela ha recibido en los últimos meses quejas de dirigentes de Vox por el contenido de algunos discursos pronunciados por Felipe VI en una línea similar.

Por su parte, este viernes el portavoz episcopal, César García Magán, calificó como “injurias” las palabras del líder de Vox, tras acusar a la Iglesia española de “enriquecerse” a costa de la inmigración ilegal. “No solamente no obedecen a la realidad de los hechos, sino que entran en el ámbito de la pura posición ideológica, porque no se basan en la verdad, sino en la falsedad. Incluso, en un ámbito de injuria. Afirmar que hay enriquecimiento donde no lo hay, entra en ese ámbito”, manifestó. Sobre la “prioridad nacional” incluida en los acuerdos entre PP y Vox, el portavoz de la CEE lamentó la “política a golpe de eslogan que busca la polarización”: “Nuestra prioridad es y será el Evangelio”, señaló.

Aunque, teóricamente, el partido de ultraderecha está condenado a entenderse con la jerarquía eclesiástica —Vox es el partido cuyos votantes más se identifican con el catolicismo—, los de Abascal no ven con buenos ojos la “deriva” que ha asumido la Iglesia desde el pontificado de Francisco, no solo con los migrantes, sino con cuestiones como la renta mínima, que según Abascal solo llevan a “la ruina y al paraíso comunista”. El líder de Vox criticó en público las declaraciones del papa Francisco, a quien llamó “ciudadano Bergoglio” cuando este arremetió contra las políticas antiinmigración.

El respaldo de la Iglesia a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno ha abierto una enorme brecha entre los sectores más radicales del catolicismo y una jerarquía eclesiástica que no es, precisamente, progresista. La elección de Luis Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal, que llegó a minimizar los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, supuso la vuelta a la cúspide del sector más conservador del episcopado. Una cúpula, sin embargo, demasiado blanda a ojos del movimiento ultracatólico y también de la ultraderecha institucionalizada.

El caso de Jumilla del pasado verano también provocó choques con la Conferencia Episcopal después de que Vox promoviera una moción para impedir que la comunidad musulmana celebrara sus festividades religiosas en el polideportivo municipal. El hecho de que desde la Iglesia Católica defendiera la libertad religiosa, también la del Islam, amparada por la Constitución, no sentó bien en las filas del partido, que ha hecho de la islamofobia uno de sus ejes electorales. El líder ultra criticó entonces el "silencio" de parte de la "jerarquía eclesiástica" y dejó entrever que su falta de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez estaban motivada por "los ingresos públicos que reciben” y lo vinculó también con los casos de pederastia en la Iglesia. "La tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas”, alegó.

Por otro lado, los sectores más reaccionarios del catolicismo tampoco consideran que Vox sea lo suficientemente firme en sus postulados. La organización ultra Hazte Oír, vinculada a la secta secreta de extrema derecha El Yunque y que durante muchos años compartió convocatorias, actos, discursos e incluso cargos directivos con Vox, escenificó en 2022 su divorcio con la formación de Abascal, a la que tildó de “derechita cobarde”, el mismo apelativo que ellos han utilizado habitualmente para referirse al Partido Popular.

Hazte Oír fue uno de los colectivos clave en el ascenso de Vox. Tanto que la entidad ultracatólica logró colocar en las instituciones a personajes vinculados o, directamente, pertenecientes a la misma. Es el caso, por ejemplo, de Francisco José Contreras, que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. O de Gador Joya, que ejerció como parlamentaria ultra en la Asamblea de Madrid. Y también el de la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, o el portavoz de Vox en la misma Cámara, José María Llanos.

Los ultracatólicos ejercieron desde un primer momento como canalizadores de voto a la formación de Abascal. Pero por primera vez, y con la vista puesta en los comicios aragoneses, el lobby capitaneado por Ignacio Arsuaga encontró una mejor opción, la de Se Acabó La Fiesta. La relación del partido con el colectivo comenzó a deteriorarse a finales de 2021, cuando puso en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir a Vox que rompiera en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y le tumbase los presupuestos si no había derogación de leyes LGTB y trans. Unos meses después, en febrero de 2022 y con las elecciones en Castilla y León a la vuelta de la esquina, el lobby ultracatólico puso en marcha una campaña similar a la actual contra la formación de extrema derecha porque no respondía a su cuestionario.

En la ultraderecha española también se ha producido un cambio de discurso frente al seguidismo hacia la monarquía con desplantes incluidos. El propio líder de Vox se ausentó del acto presidido por el rey Felipe VI en el Congreso el pasado mes de febrero para celebrar que la Constitución es la más longeva de la historia de España  Según avanzó El Periódico de Cataluña, La Zarzuela ha recibido en los últimos meses quejas de dirigentes de Vox por el contenido de algunos discursos pronunciados por Felipe VI en los que el partido de Santiago Abascal considera que el jefe del Estado ha incumplido la Constitución y ha roto su obligada neutralidad política. 

Entre estas cuestiones, estaría la posición que el monarca asumió ante asuntos como la intervención de Trump en Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, su manera de referirse a la liberación de encarcelados los días siguientes y su celebración del acuerdo comercial de Mercosur. El último choque se produjo cuando Felipe VI admitió que en la conquista de América hubo "mucho abuso". Vox rehusó respaldar específicamente al rey y, en cambio, reivindicó que la Corona realizó "la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal". 

El caldo de cultivo comenzó en la investidura de Pedro Sánchez de 2023, cuando en los foros de extrema derecha se extendió una profunda decepción con el monarca por proponer al socialista como candidato tras el fracaso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es más, en las manifestaciones convocadas durante esos meses contra la amnistía, se podían leer pancartas como "Felipe VI, cómplice del golpe de Estado. A las urnas, a la democracia y a la voluntad de los españoles o "Felipe VI cobarde. Se vende España por cinco votos". 

Una de las voces que más defendió esa tesis, con bulos de por medio, fue Alvise, que desde hace meses acusa al rey Felipe VI de no "cumplir con su tarea constitucional": "La pregunta obvia de todos los españoles es para qué cojones sirve el rey. Y si no sirve para nada, ni siquiera para la única función que tiene, ¿por qué tenemos que dedicar diez millones de euros al año en que viva en la Zarzuela?", se preguntó, en una entrevista compartida en su canal de Telegram.

Vox sigue manteniendo su apoyo a Trump pese a que el presidente norteamericano se ha convertido para una parte muy amplia de la sociedad española en un símbolo de inestabilidad, unilateralismo y amenaza bélica. Su reciente advertencia de destruir la "civilización iraní" si Teherán no cedía, incidió todavía más en esa percepción, hasta el punto de provocar críticas incluso en sectores conservadores españoles y en la Iglesia. Esta misma semana se ha filtrado un correo interno del Pentágono que recoge opciones de castigo para aliados de la OTAN que rechazaron facilitar bases y espacio aéreo a EE.UU, entre las que estaría España. Pero para Vox, la culpa es de Pedro Sánchez y nadie más. Una posición compartida a su vez por el principal partido de la  oposición.

Ni PP ni Vox han condenado, por su parte, las amenazas de Netanyahu tras acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "librar una guerra diplomática" por la que "pagará un precio". Como represalia, expulsó a los representantes españoles en el Centro de Coordinación Civil y Militar , el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego alcanzado en la franja de Gaza en octubre del año pasado. Es más, Abascal prometió a Netanyahu que si llega a La Moncloa revertirá el reconocimiento a Palestina impulsado por el Gobierno de Sánchez.

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Desde este miércoles 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito pueden acudir al nuevo mecanismo que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a través de la oficina que tramitará sus solicitudes y que hoy comienza a funcionar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros por el que se modifica la estructura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para crear la oficina que tramitará las solicitudes de reparación.

Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo para materializar el acuerdo alcanzado en enero el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

Este nuevo modelo mixto estará vigente un año y será prorrogable a un segundo.

A continuación, las claves sobre el funcionamiento de esta oficina, las solicitudes, quién estudia los casos y las indemnizaciones.

Todas las víctimas menores de edad o con discapacidad que sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia que no pueden acudir a los tribunales porque el delito está prescrito o el victimario fallecido.

Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir a este nuevo mixto entre Iglesia y Estado. Será a partir de ahora, cuando las víctimas tendrán que elegir si recurren al nuevo mecanismo o al PRIVA.

Se presentarán ante la nueva oficina a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), y ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).

La solicitud podrá presentarse por la propia persona que sufrió los hechos, conductas o comportamientos o la persona que lo represente, debidamente acreditada.

En la misma deberá realizar, si considera oportuno, una breve descripción de los hechos, la cual podrá extenderse durante la fase de valoración del Defensor del Pueblo y las entrevistas que lleve a cabo con los solicitantes.

Esta unidad gestionará la recepción de solicitudes, la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas o la recopilación de informes.

Una vez recopilada la información necesaria, las solicitudes se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que tras estudiar el caso y escuchar a las partes, elaborará la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima y, en su caso, incluirá la reparación pertinente (ya sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica).

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora del plan PRIVA, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima, la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con representantes de todas las instituciones firmantes y participación de las asociaciones de víctimas, tratará de alcanzar una solución por consenso en un plazo máximo de un mes. Si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.

La Iglesia será la encargada de dar cumplimiento a las medidas de reparación y, en su caso, de abonar las indemnizaciones. Si no lo hiciera directamente la diócesis o las congregaciones religiosas responsables, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento en última instancia.

La reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

Si este inminente domingo de Pascua, Jesucristo resucitara y escuchara la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el pasado lunes con ocasión de la firma del acuerdo con el Estado para el resarcimiento de las víctimas de violaciones y abusos sexuales de la Iglesia Católica, se liaría a latigazos como hizo con los mercaderes del templo o directamente le daría un soponcio y volvería a su sepulcro.

La paciencia que han debido tener el ministro Bolaños y el Defensor del Pueblo, y las tragaderas de las víctimas con los jefes de la Iglesia son antológicas. Recordemos que esos señores jefes de la Iglesia católica han ocultado sistemáticamente la conducta asquerosa de los sacerdotes, empezando por los propios papas y terminando por los compañeros de parroquia de los criminales. Escondieron a los guarros. Les dieron cobijo a los pederastas. Negaron sus crímenes. “Solo son pequeños casos”, dijo el propio Argüello hace cinco años. Se negaron a entregar la documentación necesaria para esclarecer los casos conocidos. Dilataron los procesos o los obstaculizaron. Si el infierno existiera, los encubridores arderían eternamente en su fuego.

La respuesta al escándalo de los casos de abusos de niños por parte de miles de sacerdotes depravados de la Iglesia Católica es la constatación más siniestra de los desafueros de una institución reaccionaria, la Conferencia Episcopal. Basta con oír un cuarto de hora su emisora de radio, la COPE, o ver un rato alguno de los programas de su canal de televisión, 13TV. Sin embargo, la Conferencia Episcopal sobrevive sin sobresaltos notables. ¿Cómo es posible?

Los vestigios históricos de la existencia de Jesús son escasísimos y discutibles. A penas un par de anotaciones en escritos de la época. La versión más verosímil es que probablemente existiera un predicador judío rebelde que llamara a levantarse contra el poder romano. Y que a partir de ese momento, décadas después, fuera generándose el relato mítico de su vida y organizándose en la práctica la religión más exitosa del mundo: la más llevadera, la más adaptable, la que admite ocho y ochenta, la que ensalza la pobreza y justifica la riqueza, la que puede inspirar a los seguidores del Che Guevara tanto como a los de Trump.

Esa paradigmática plasticidad del cristianismo y su enorme descentralización, que admite liturgias y creencias tan heterogéneas como la de los coptos, los ortodoxos o los calvinistas, permite a la Iglesia Católica superar barbaridades como la de los curas violadores sin apenas sufrir rasguños. De ser una institución normal, centralizada, digamos que con un solo NIF y una única responsabilidad, la Iglesia Católica se habría disuelto o habría cambiado de nombre ante las aberraciones conocidas. Pongamos por caso que se supiera que miles de funcionarios de la ONU hubieran violado a menores en sus misiones por el mundo. No uno ni dos, sino miles. Reconocidos e identificados con nombres y apellidos, hay unos 1.500 casos, pero la encuesta promovida por el Defensor del Pueblo calculó que son unos 440.000 los españoles que han sufrido algún tipo de abuso de sacerdotes. Ni la ONU ni ninguna otra organización que tuviera los reaños de la Iglesia Católica aguantaría tamaño escándalo.

Pero con la Iglesia hemos dado. Ahí en las pantallas puede aparecer ufano Argüello con su alzacuellos, posando junto a las autoridades y a un representante de las víctimas, para pedir perdón y anunciar la penitencia, y ponerse a los pocos días en la cabecera de las procesiones de la Semana Santa, delante del Cristo clavado en la cruz. Y sin que se les caiga la cara de vergüenza.

Lunes, 16 de junio de 2025. La ultraderecha patria y la cúpula eclesiástica se reúnen en una fundación vinculada a la Iglesia para la presentación del último libro de Miguel Ángel Quintana, filósofo y director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), el semillero de futuros líderes ultras creado a imagen y semejanza del laboratorio ideológico puesto en marcha en Francia por la sobrina de Le Pen. A su izquierda, Santiago Abascal, líder de Vox. A su derecha, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y en el aire, el discurso compartido sobre la "batalla espiritual" como elemento clave dentro del contexto de "batalla cultural" que plantean los sectores más radicales.

Una imagen de unidad que, sin embargo, ha vuelto a saltar por los aires. En este caso, por el respaldo de la Iglesia a la regularización de migrantes acordada por el Gobierno. Una medida que ha abierto una enorme brecha entre los sectores más radicales del catolicismo y una jerarquía eclesiástica que no es, precisamente, progresista. La elección de Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal, un tipo que llegó a minimizar los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, supuso la vuelta a la cúspide del sector más conservador del episcopado. Una cúpula, sin embargo, demasiado blanda a ojos del movimiento ultracatólico.

La Fundación NEOS es uno de esos colectivos que rechaza frontalmente la regularización de migrantes. La entidad, una red cuya creación definió en su día Argüello como un "signo de esperanza" y que se ha extendido desde la capital a más de una docena de ciudades, se vende como la "brújula necesaria frente a la desorientación que intencionadamente genera el relativismo". Y fue impulsada en su día por la Fundación Villacisneros –por la que han pasado desde la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre hasta el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch–, la Asociación Católica de Propagandistas –que está detrás de medios como El Debate– y la Fundación Valores y Sociedad.

En el patronato de NEOS figuran algunos nombres vinculados a Vox y al ala más dura del PP. Es el caso de Ignacio Camuñas, exdiputado de la UCD y uno de los fundadores del partido ultra. O de Francisco José Conteras, quien fuera diputado de la misma formación en la pasada legislatura, y la exlíder del PP vasco María San Gil. Sin embargo, al frente del proyecto se encuentra Jaime Mayor Oreja. El exministro del Interior, al que se dice que llegó a tantear Abascal para su moción de censura, es uno de los perfiles más activos del ultracatolicismo patrio. Dentro y fuera de nuestras fronteras.

En esa labor de internacionalización, el expolítico se ha desempeñado a fondo a través de One of Us, que aglutina a decenas de colectivos "provida" y pro "familia tradicional", y del Political Network for Values. Dos lobbies perfectamente conectados, de nuevo, con la ultraderecha mundial. Lourdes Méndez Monasterio, actual diputada de Vox y hermana de Kiko Méndez Monasterio –uno de los hombres fuertes de Abascal–, forma parte del grupo de expertos del primero. Y al frente del segundo, que estuvo detrás de la polémica cumbre antiabortista del Senado, se encuentra en estos momentos el ultranacionalista croata Stephen Bartulica.

A punto estuvo también Enraizados, otra entidad que conforma esta galaxia de colectivos interconectados entre sí, de desplegar su discurso el pasado mes de octubre en el Congreso. Pero sus jornadas, anunciadas con la cruz del Valle de Cuelgamuros, fueron frenadas in extremis. Entre los ponentes, la exconcejala de Vox Carla Toscano, el impulsor de los rezos frente a la sede del PSOE o el obispo emérito Juan Antonio Reig Plá. El mismo que hace unos meses soltaba en una de sus homilías que la discapacidad es una "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza". O que ha vinculado homosexualidad y pederastia.

El colectivo nació allá por 2012 "con el objetivo de ser una voz católica en la vida pública". "Somos católicos y personas de buena voluntad que respondemos a la llamada de los Papas a contribuir, desde nuestra Fe, a construir el bien común político de nuestra Patria y del mundo entero. Defendemos la vida, la familia, la libertad de educación y la necesidad de Cristo para hacer una sociedad realmente humana", exponen en su página web, en la que ofrecen diferentes cursos: "Seminario de matrimonio y sexualidad", "Curso de liderazgo", "Historia de España" o "Doctrina social de la Iglesia".

En las últimas horas, la entidad compartía en sus redes sociales un artículo en el que se critica abiertamente la posición de la Iglesia en relación con la regularización. "Lo peligroso y extraño es que metiéndose en jardines ajenos a su misión, esto es a la evangelización, quienes deberían estar frontalmente en desacuerdo con iniciativas que promueven agendas globalistas, que debilitan la tradición cristiana, tal y como hace el gobierno junto con sus socios separatistas y marxistas, empecinados en destruir España… sean los mismos que, a la sazón, eran asesinados por odio a la fe católica, los que las pidan", reza el mismo.

El artículo cita a dos religiosos. Uno es Benedicto XVI. El otro, el cardenal Robert Sarah. Este último era uno de los purpurados favoritos de la extrema derecha mundial para suceder al papa tras su muerte. Al fin y al cabo, su discurso encaja a la perfección con los postulados más radicales. Antes de la pandemia, el cardenal guineano participó en una conferencia en la Universidad San Pablo CEU invitado por la Asociación Católica de Propagandistas. Allí, habló de "mentalidad anticonceptiva" o cargó contra "la legitimación social de la homosexualidad". Escuchando, en las butacas, muchas caras conocidas. Estaban Mayor Oreja o María San Gil. Y también el periodista Luis Losada.

La exesposa de este último llegó a relatar en sede judicial la vinculación del que fuera su marido con El Yunque, una secta cristofascista nacida en México, algo que él ha negado tajantemente. Una sombra que también se cierne sobre otras entidades. Algunas investigaciones, como la realizada por la Fundación Rosa Luxemburgo bajo el título "De los neocón a los neonazis", vinculan también a Enraizados con esta supuesta sociedad secreta. Y, por supuesto, a Hazte Oír, quien se esfuerza por librarse de dicha etiqueta. Tanto, que llegó a acudir a la justicia para intentar forzar a Google a eliminar más de 150 enlaces que lo relacionan con la sociedad secreta.

Esta última entidad nació a comienzos de siglo. Y se expandió durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero al calor de las protestas contra el aborto, la eutanasia o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tanto, que en 2013 el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –ferviente católico–, la declaró asociación de "utilidad pública" al entender que su actividad promueve "el interés general" –una condición que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska retiró en 2019–. Como cara visible de la misma, y de su marca internacional –Citizen Go–, Ignacio Arsuaga.

El colectivo ha ejercido en los últimos años como punta de lanza de la ofensiva judicial contra el Gobierno, metiéndose de lleno como acusación en las principales causas que afectan, de una u otra forma, al Ejecutivo. Y también ha tomado posiciones en la guerra contra la cúspide eclesiástica. Hazte Oír ha organizado en los últimos meses distintas protestas frente a la Conferencia Episcopal para exigir a la Conferencia Episcopal que acabe con la "traición" que supone acordar con Moncloa la resignificación del Valle de Cuelgamuros, unos escraches en los que se llegó a llamar a los obispos "judas" y "profanadores". Otro asunto que ha soliviantado a los sectores más radicales del catolicismo patrio.

Hazte Oír fue uno de los colectivos clave en el ascenso de Vox. Tanto, que la entidad ultracatólica logró colocar, a través del partido, en las instituciones a personajes vinculados o, directamente, pertenecientes a la misma. Es el caso, por ejemplo, de Francisco José Contreras, que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. O de Gador Joya, que ejerció como parlamentaria ultra en la Asamblea de Madrid. Y también el de la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, o el portavoz de Vox en la misma Cámara, José María Llanos.

Una relación que, sin embargo, se ha ido deteriorando con el paso de los años. Tanto, que para las elecciones en Aragón el lobby ha puesto en circulación por las distintas provincias un bus en el que puede leerse: "¿Es Vox un PP verde? ¿Nueva derechita cobarde?". Y, por primera vez, ha respaldado públicamente a Se Acabó La Fiesta, el partido montado por el agitador ultra Luis Alvise Pérez.

Hazte Oír ya ha anunciado que peleará en el Tribunal Supremo la regularización de migrantes. Ve, tras ella, un intento de alterar el "cuerpo social" para influir en los procesos electorales. Un bulo –regularizar no es nacionalizar, que es lo que da derecho a voto– amplificado por los satélites ultras que en el universo ultracatólico se entremezcla con los mensajes sobre seguridad y sustitución religiosa. "Si importas 200 mil nigerianos, del país que más se persigue a los cristianos del mundo, tendrás yihad y persecución a los cristianos en España", escribía hace algunos meses Universitarios Católicos, un perfil de X con más de 127.000 seguidores que también ha cargado recientemente contra la jerarquía eclesiástica.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este jueves que el acuerdo alcanzado con la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales salda una "deuda histórica y moral" después de décadas de "silencio y dolor".

"Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas", ha subrayado el ministro tras la firma del acuerdo alcanzado con la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.

Bolaños ha destacado que será la Iglesia la que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas y que "el Estado no abonará un céntimo".

En definitiva, el ministro ha subrayado que "la indemnización la fija el Estado y la abona la Iglesia" y ha recordado que "después de décadas de dolor" y cuando las víctimas se han encontrado "con un muro de incomprensión, y en ocasiones de encubrimiento, hoy podemos decir que la democracia cumple".

Ha informado, además, de que se constituye un sistema mixto Iglesia-Estado para llevar a cabo las indemnizaciones.

De esta forma, las víctimas podrán acudir a una unidad de tramitación que se va a crear en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes donde, "con todas las garantías", se dará soporte a las víctimas para que puedan presentar sus solicitud de reparación.

La solicitud se trasladará a una unidad de víctimas del Defensor del Pueblo que será la que haga una propuesta sobre cómo tendrá que ser la reparación justa y adecuada para esa persona.

Bolaños ha precisado que tal reparación podrá ser económica, moral, psicológica, restaurativa o de las cuatro formas simultáneamente.

La propuesta se trasladará a la víctima y a la comisión de valoración de la Iglesia católica. Si merece la conformidad de ambas, será firme y se abonará por la Iglesia.

En caso de que no haya conformidad por la Iglesia o la víctima tenga alegaciones se reunirá una comisión mixta participada por Iglesia, Estado y víctimas; ahí, en un trabajo conjunto, se intentará llegar a un acuerdo.

Bolaños ha añadido que en caso de que tampoco haya acuerdo "prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo", y ha señalado que las reparaciones económicas estarán exentas del impuesto sobre la renta y tendrán carácter retroactivo.

Es decir, no se beneficiarán solo quienes lo soliciten a partir de ahora sino también todos los que hayan recibido algún tipo de indemnización por parte de la Iglesia.

Sobre el hecho de que el acuerdo sea una vía temporal con una duración de un año prorrogable a dos, Bolaños ha afirmado que esto no será un problema para nadie "y si es necesario extenderlo, se extenderá".

No obstante, ha precisado que un año prorrogable a dos es "suficiente" para que todas las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia puedan iniciar el procedimiento.

A la pregunta de si el acuerdo ha llegado tarde, ha admitido que "llega tarde para muchas víctimas" pero también ha recordado que hay muchos casos de hace décadas, ya prescritos o de pederastas que han fallecido.

"Puede que el Estado haya llegado tarde pero se hace con carácter retroactivo para que todas las víctimas puedan iniciar acciones ahora. Ayer no tenían nada porque los hechos estaban prescritos".

El ministro ha insistido en que el acuerdo hace justicia con las víctimas "y pasa de décadas de silencio y olvido a una reparación justa abonada por la Iglesia".

Bolaños ha agradecido a la Santa Sede que lo haya impulsado y ha recordado que la creación de una comisión pontificia para la protección de menores "tiene reflejo hoy en España con este acuerdo".

La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han firmado este jueves el acuerdo que llega después de que la Iglesia aceptara la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales.

Se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. En caso de disconformidad -indican desde Justicia- la decisión recaerá en el Estado y las reparaciones económicas a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial serán a cargo de la Iglesia.

Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

Esa propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.

Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

La Iglesia deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Desde la CEE, destacan que para la firma de este acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, tal y como solicitaba la Iglesia. Además -indican- el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta.

Los obispos destacan que el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes, y apuntan que es una vía "temporal" con una duración de un año (prorrogable un año) para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

Para el departamento que preside Bolaños, se trata de un acuerdo "histórico" y recuerdan que después de más de 20 años sin cerrar un acuerdo con la Iglesia católica, con este ya son cuatro los que ha firmado el ministro con la Iglesia en las últimas dos legislaturas. 

Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, reclamando que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dimita o convoque elecciones anticipadas no son un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia española. Los obispos han opinado —y a menudo con dureza— sobre la política nacional desde la Transición, especialmente frente a los Gobiernos socialistas. Desde las advertencias contra la ley del aborto de Felipe González hasta las campañas contra el matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, los choques han sido recurrentes.

Sin embargo, el momento, el tono y el respaldo institucional en el que se producen estas declaraciones han generado una crisis entre la Iglesia y el Gobierno de mayor calado. La diferencia es que ahora esas palabras llegan desde la presidencia de la CEE, en un momento de debilidad interna de la institución y con el Gobierno negociando los principales asuntos Iglesia-Estado directamente con el Vaticano, al margen de Añastro.

Pese a que Argüello ha insistido en que hablaba a título personal, ese razonamiento quedó invalidado cuando la Oficina de Comunicación de la CEE salió públicamente a justificar sus palabras tras la carta de protesta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Fue entonces cuando su opinión individual pasó a adquirir una dimensión institucional. Para Jesús Bastante, periodista especializado en información religiosa y cofundador del medio Religión Digital, ese es el elemento clave del conflicto. "Aquí es una opinión de un obispo, pero cuando el portavoz de la Iglesia española refrenda esas palabras, eso sí que es grave", explica. Además, varios obispos admiten en privado a eldiario.es que Argüello "ha vuelto a meter a la Iglesia en un lío", como ya ocurrió en junio con declaraciones similares.

La llegada de Luis Argüello a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española en marzo de 2024 inició la vuelta al primer plano del sector más conservador del episcopado. Su elección por mayoría absoluta en primera votación —48 apoyos de 78 electores— supuso la derrota clara del candidato aperturista, el cardenal José Cobo, y la conformación de una mayoría inclinada a cerrar filas frente a la agenda cultural del Gobierno y a marcar distancias con el reformismo asociado al pontificado de Francisco.

Para Natalia Núñez-Bargueño, investigadora Marie Skłodowska-Curie en la Universidad Católica de Lovaina, ese resultado ya anticipaba el cambio de rumbo. "Aunque Argüello fue nombrado obispo por Francisco y estaba considerado inicialmente como moderado, su elección hacía presagiar un posible giro hacia el conservadurismo en la CEE", matiza. A su juicio, el nuevo presidente ha ido mostrando una "mayor sintonía con ideas defendidas por sectores conservadores en política y en la sociedad civil", en contraste con el perfil más neutral de su antecesor.

Jesús Bastante coincide en ese diagnóstico y subraya que Argüello "es un convencido de que estamos ante una batalla cultural". Añade que su discurso, aunque formulado en términos más intelectuales que partidistas, "coincide en buena medida con los postulados de algunos think tanks de la extrema derecha". En la Comisión Ejecutiva figuran además obispos de línea dura como Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que ha acusado al Gobierno de formar parte de "la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática".

El perfil de Argüello se refleja también en sus declaraciones más controvertidas sobre los abusos sexuales. Durante su etapa como secretario general de la CEE minimizó reiteradamente la magnitud del escándalo, aludiendo a "pequeños casos" o cuestionando la necesidad de un informe global. Ya como presidente, avaló el informe Para dar luz, que excluyó centenares de casos reconocidos por diócesis y órdenes religiosas y cuya rectificación posterior se hizo de forma silenciosa.

El contraste con Juan José Omella es significativo. Presidente de la CEE entre 2020 y 2024 y uno de los hombres de mayor confianza del papa Francisco en España, Omella encarnaba un perfil pastoral, dialogante y mediador, más preocupado por rebajar la tensión institucional que por convertir el enfrentamiento político en eje del discurso eclesial. Bajo su presidencia se alcanzaron acuerdos relevantes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el reconocimiento de cerca de un millar de inmatriculaciones indebidas o la eliminación pactada de determinadas exenciones fiscales, entre ellas las relativas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Ese talante lo traslado también a escenarios políticamente delicados. Como arzobispo de Barcelona, Omella ejerció de mediador durante el conflicto catalán, manteniendo interlocución tanto con el Gobierno central como con las autoridades catalanas y evitando alineamientos explícitos. "Omella tenía un talante radicalmente distinto, más cercano a Francisco y más pastoral", resume Bastante. Con Argüello, ese equilibrio se ha desplazado hacia un discurso más confrontativo, que vuelve a situar el choque con el Gobierno como uno de los ejes centrales de la proyección pública de la Conferencia Episcopal.

Otro de los factores clave para entender el endurecimiento del discurso de Argüello es el desplazamiento progresivo de la Conferencia Episcopal Española como interlocutor central del Gobierno en los asuntos más sensibles de la relación Iglesia-Estado. En los dos grandes frentes abiertos en esta legislatura —la resignificación del Valle de Cuelgamuros y la reparación a las víctimas de abusos sexuales— el Ejecutivo ha optado por negociar directamente con el Vaticano.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tratado ambas cuestiones con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y con el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, convertido en España en el principal interlocutor de Roma. Esta estrategia ha dejado a la CEE en un segundo plano y ha evidenciado la falta de confianza del Gobierno en la capacidad de la actual cúpula episcopal para cerrar acuerdos estables, especialmente tras el fracaso del plan PRIVA, impulsado por Argüello.

El historiador José Ramón Rodríguez Lago, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidade de Vigo, interpreta este movimiento como una toma de posiciones ante un posible cambio de ciclo político. "Las declaraciones de Argüello y el contexto del nombramiento del nuevo nuncio apuntan a un retorno a estilos de confrontación episcopal propios de etapas como las de Suquía o Rouco frente a gobiernos socialistas", señala. A su juicio, la Iglesia española "está recuperando usos y discursos de etapas precedentes" en un momento en el que considera que el actual Ejecutivo se encuentra debilitado.

"Ahora mismo el Gobierno ha conseguido que Roma sea un interlocutor más directo que la propia Conferencia Episcopal y eso está en la base del cabreo interno de Argüello", resume Bastante.

El 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y tomó posesión sin Biblia ni crucifijo, una imagen inédita en la democracia española que proyectaba una clara voluntad de separación entre la esfera civil y la religiosa. Aquel arranque, coherente con el discurso que el PSOE había mantenido durante años desde la oposición, alimentó la expectativa de una etapa de avances laicistas.

Sin embargo, el paso del tiempo y la gestión desde el Gobierno han rebajado notablemente ese listón. Aunque el Ejecutivo ha desarrollado una agenda legislativa —aborto, eutanasia, derechos LGTBI— frontalmente contraria a los postulados de la jerarquía católica, en el terreno específico de las relaciones Iglesia-Estado los cambios han sido limitados y siempre negociados. De esta forma, el PSOE ha ido retirando de sus programas la denuncia del Concordato y la supresión del IBI, y ha optado por una estrategia de diálogo institucional que evita tocar los pilares del estatus eclesial.

En fiscalidad, la Iglesia ha perdido exenciones como el ICIO y las contribuciones especiales, pero mantiene intacta la exención del IBI incluso en inmuebles de uso lucrativo. En materia patrimonial, el Gobierno ha reconocido cerca de un millar de inmatriculaciones indebidas, aunque sin promover reformas legales que faciliten su reversión. Además, el sistema del IRPF —más de 300 millones anuales— no solo se mantiene, sino que sigue garantizando a la Iglesia una posición económica sólida, sin avances hacia la autofinanciación prevista en los acuerdos de la coalición de Gobierno con Podemos en la segunda legislatura.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha señalado este lunes que están trabajando con la Conferencia Episcopal para llegar a un acuerdo en el que la Iglesia asuma las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en su seno y ha advertido de que, si no hay tal acuerdo, tomarán medidas, según ha informado EFE.

Según ha explicado en una conversación informal con periodistas durante la recepción ofrecida a los medios de comunicación en La Moncloa con motivo de la Navidad, el Gobierno ha trasladado a la jerarquía eclesiástica, tanto aquí como en el Vaticano, su determinación de que la Iglesia cumpla con su responsabilidad ante los casos de abusos.

La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas que no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.

El objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

El pasado mes de julio, el secretario general de la Conferencia Episcopal Español, Francisco César García Magán, informó que la comisión encargada de dar reparación a estas víctimas había resuelto 24 expedientes. De hecho, desde que se inició la actividad del plan Priva, se habían recibido 81 solicitudes de atención hasta ese momento.

Hace unos meses fue el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, el que apostaba por un adelanto electoral tras conocerse los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE.

Ahora, ha sido, otra vez, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien ha querido volver a entrar en política, cinco meses después, para asegurar que en la actual situación política que se vive en España hay que ir a "una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", es decir, "lo que prevé la Constitución".

Argüello defiende, en una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre la situación política, como ya hizo el pasado mes de julio, cuando, según explica, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le envió una carta en la que le expresaba su malestar por sus declaraciones.

Esta no es la primera vez que el presidente Argüello habla de política, en su primer discurso como líder de la Iglesia española, aseguró que el país vive “las deficiencias del ejercicio democrático, la falta de respeto al principio de legalidad y la supresión de facto de la separación de poderes” que “alimentan el deseo de algunos líderes de construir democracias más autoritarias, con poderes fuertes o semidictatoriales, frenando el diálogo, la escucha y el consenso a favor del bien común”.

Ya hace meses, García Magán, hacía un nuevo llamamiento a las urnas porque sería "una salida al bloqueo institucional" y recordaba que la Constitución "prevé distintos instrumentos para el sano ejercicio de política democrática", entre los que ha citado la moción de censura o la cuestión de confianza.

Ahora, es el presidente de los obispos españoles quien entiende que, pasados cinco meses, desde las declaraciones de Magán y casi 10 desde que tomó posesión como líder de la CEE, la situación política "está más bloqueada aún", por lo que se reitera en lo dicho en julio: "Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución".

Argüello, a quien en la entrevista se le recuerda que es la primera vez desde 1977 que el presidente de la Conferencia Episcopal pide la salida de un gobierno, replica que este órgano sí ha hecho "pronunciamientos fuertes" en estos años en asuntos como el terrorismo, la situación moral de la sociedad, el aborto, la familia, el derecho a la educación, "y alguno especialmente polémico sobre la cuestión de la nación y las nacionalidades".

"El momento actual es singular, con una legislatura sin presupuesto", argumenta el arzobispo que insiste en que "no he roto la neutralidad".

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española aboga por una reforma constitucional -"no hay que sacralizar la Constitución"-, sostiene sobre "nuestro instrumento básico de convivencia".

"Toda propuesta de reforma ha de hacerse según los cauces que la propia Constitución establece. Les pondré un ejemplo. El artículo 2. Qué queremos decir con nación, nacionalidades y regiones. Se tendría que clarificar", explicita.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionaba a estas palabras, en un mitin celebrado en Extremadura con motivo de las próximas elecciones. En él, ha expuesto que resulta "curioso" que pida el fin de su legislatura porque "cuando gobierna la derecha no dicen nada de eso": "Al contrario, lo que quieren es que se completen los cuatro años".

"Le digo a Argüello que hay una cuarta opción, respetar el resultado aunque no te guste. También le animo a lo siguiente: si se quiere presentar a unas elecciones, tiene la asociación ultraderechista abogados cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca", ha añadido durante el acto de campaña socialista.

Asimismo, ha expuesto que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó al democracia".

Respecto al estado de las relaciones de la Conferencia Episcopal con el ejecutivo, Argüello explica que "en los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial".

"Muy a nuestro pesar -continúa- no hemos abordado otros asuntos cruciales, como la educación, constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado. Creo que estamos en un momento en que toda Europa debería regenerar su democracia. Renovarla. Nos sorprende que haya jóvenes que hoy no tengan como referencia las democracias liberales. Preguntémonos el porqué".

Nos dicen sin rubor alguno que representan a Jesucristo. Y, en mi incultura, no consigo encontrar el parecido entre esos señoros tan de negro, con tanta cruz de plata y tanto anillo de oro, y con tantos millones en las arcas de su Iglesia, y aquel palestino de Galilea, llamado Jesús, que no tenía dónde reclinar la cabeza y andaba por el desierto gritando “bienaventurados los pobres....”

Hace unos días, monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, pedía la dimisión de Pedro Sánchez y el adelanto electoral, y poco después el secretario portavoz, García Magán, secundaba la petición de su jefe afirmando que “es lo que conviene a España”. No sé si tiene un convienímetro o lo dijo inspirado por el espíritu santo, la paloma que suelen utilizar los obispos para lanzar mensajes. Adelantar las elecciones quieren también otros referentes éticos, como Feijóo, que se bajó del yate de un narco para venir a Madrid, o como Josemari Aznar, el tipo que nos metió en una guerra criminal, o Santi Abascal, al que le estallan de odio las costuras cuando ataca a los migrantes y niega la violencia machista. Deduzco, pues, que los obispos han añadido un voto nuevo a los ya clásicos de castidad y obediencia que profesaban: el voto a la ultraderecha.

En todo caso, me parece conmovedor que nuestros prelados pidan elecciones para acabar con la corrupción, después de haber paseado bajo palio a un dictador genocida durante 40 años. Los eché de menos cuando el PP se ahogaba entre mordidas, sobresueldos y gürteles varias. Y tampoco pidieron un referéndum sobre la monarquía cuando el emérito se lo llevaba crudo a uno de esos paraísos con golfos y palmeras.

Aunque no es la primera vez que la Iglesia sacude a un gobierno del PSOE, no tengo del todo claro por qué los obispos plantean ahora esta enmienda al sanchismo, desde la exquisita neutralidad política escorada a la derecha que les caracteriza. A Sus Eminencias no les ha ido ni tan mal en esta legislatura. El año pasado recaudaron 329’8 millones de euros, gracias a la ‘X’ de la declaración de la renta por la que la Iglesia se lleva el 0´7 de nuestros impuestos. Y esa cantidad es solo un pellizquito (el 2,7%) de los 12.350 millones de euros que, estima Europa Laica, obtuvo la Iglesia del erario público, a través de exenciones fiscales (IBI, Sociedades, etc...), subvenciones a sus empresas (escuelas, hospitales, residencias), ayudas públicas para reformas de su patrimonio, y subvenciones a fundaciones, ONGs y asociaciones que dependen de la Iglesia católica.

Aunque ha disminuido el número de contribuyentes que marcaron la 'X' en su declaración, la cantidad total recaudada aumenta unos 10 millones respecto al año anterior, y lo hace con especial fervor en el Madrid de Ayuso, la presidenta teóloga que gusta impartir homilías ante el belén de la Puerta del Sol.

A qué dedican los obispos nuestro dinero lo explican ellos mismos, en su última Memoria de Actividades publicada en 2024. La Iglesia destina el 79’9 % de lo que recibe por nuestros tributos a pagar los salarios de obispos y sacerdotes, y las cotizaciones a la seguridad social (263’5 millones). Aproximadamente, invierte 5’3 millones en publicidad, para animar a los contribuyentes a marcar la famosa ‘X’. Una publicidad tan rentable como engañosa porque, en sus campañas publicitarias, la Iglesia da a entender que dedica lo recaudado por el IRPF a socorrer a los desfavorecidos, pero en su última Memoria no consta que haya dado un solo euro a Cáritas (0%). Tampoco aparecen en esa Memoria las cantidades con que financia los medios de comunicación de su propiedad. Aunque sabemos por memorias anteriores que lleva invertidos más de 42 millones de euros en subvencionar TreceTV, la ruinosa tele episcopal. Qué hacen los obispos con sus medios de comunicación merece un examen detenido.

Desde 2015, la Iglesia mantiene como locutor estrella de la COPE a ese periodista almeriense, de voz impostada, banderita en la pulsera y pañuelo en el bolsillo, condenado en la Audiencia Nacional por defraudar a Hacienda, cuya especialidad profesional consiste en insultar a la izquierda. A Irene Montero, por ejemplo, la ha llamado “superchoni”, “carga pública” y “desquiciada”. A Ione Belarra “basura política”, “castañona” y “niña de la curva”. A Pablo Iglesias, “cantamañanas” y “mamarracho”. Y a Salvador Illa y Pedro Sánchez “el ISIS de la pandemia”. Simpático, ¿verdad, señores obispos? Periodismo caritativo y del amor fraterno.

TreceTV es la tele episcopal y El Cascabel su programa estrella. Lo presenta un locutor de pelo teñido con tinte del Mercadona que se refiere habitualmente al Gobierno como “la mafia” o ”el muladar Sánchez”, y al Presidente, como “el número 1 de la organización criminal”. Y no es que uno aspire a que los medios de comunicación no insulten, pero un pelín de poesía y elegancia parnasiana no vendría mal.

Para la cadena de los obispos, el entorno del presidente Sánchez –ministros y miembros de su familia– es un nido de delincuentes. Cualquier recorte de periódico o la última declaración de Aldama bastan para que, en El Cascabel, dicten sentencia contra el Gobierno e ingreso en prisión sin apelación.

Aunque no sepan de qué está investigada, los tertulianos de TreceTV ven a Begoña Gómez en el centro de todas las corrupciones. Llueven las acusaciones contra ella. Para corroborar su falta de honradez, entrevistaron un día a ‘Chencho’ Arias, el embajador que engañó a la ONU para que condenara a ETA por el atentado del 11M. ‘Chencho’ cuestionó a la mujer de Sánchez porque, según dijo, “viaja mucho con su marido y se hace muchas fotografías”. Y añadió: “Las esposas de otros presidentes se hacían las fotos justas”. Otra prueba inequívoca de la corrupción de Begoña.

Al hermano de Sánchez lo han acusado incluso de no afinar el violín cuando compone. Que si le regalaron un puesto en la Diputación de Badajoz por ser hermano del Presidente (en 2016, cuando Sánchez ni siquiera era secretario general del PSOE, pero qué más da). Que si tenía 1’4 millones en acciones del BBVA (según el Banco, eran 71.000 euros, pero eso es un detalles sin importancia). Se apellida Sánchez y es culpable.

Y, por descontado, para la tele episcopal fue el Fiscal general, García Ortiz, quien difundió el correo con información secreta sobre el ciudadano particular González Amador. ¿Indicios, pruebas, presunción de inocencia? Bobadas, lo que tendría que haber hecho ya es dimitir. En cambio, el novio de Ayuso es un ser de luz al que la jueza impide defenderse cuando trata de aclarar ese pequeño error de 350.000 euros que cometió al hacer la declaración de la renta.

Periodismo para cuñados en El cascabel. Bulos, insinuaciones, medias verdades y acusaciones sin pruebas contra el Gobierno. De las suposiciones hacen verdades, y para demostrar que son ciertas conectan con OKdiario. O con algún pepero de conducta ejemplar, como Federico Trillo, responsable según el Consejo de Estado de la muerte de los 75 militares que iban a bordo del Yak-42, pero siempre dispuesto a dar lecciones morales a Pedro Sánchez.

Con Podemos utilizaron la misma fórmula. Horas y horas de tertulias acusando a los morados de corrupción. Y cuando finalmente se archivaron todas las querellas, la tele de los obispos guardó silencio. Nunca pidieron perdón.

Así predican los señores prelados el Evangelio a través de sus píos medios de comunicación. Con el dinero de todos los españoles, vuelcan su odio exclusivo contra el Gobierno democrático. Y digo con el dinero de todos, porque los millones que se lleva la Iglesia se detraen de los Presupuestos Generales con los que podrían financiarse la sanidad y la educación, y eso daña a la sociedad en su conjunto.

Me pregunto qué pasaría si existiera ese infierno con el que los perversos obispos asustan a los niños. Porque, aunque yo no crea en más infierno que en el de un posible gobierno del PP y VOX, sus Eminencias Reverendísimas sí creen en el fuego eterno. Eso dicen. Y son más sabias y más teólogas que yo. Por eso, conviene recordar a nuestros amadísimos prelados que la difamación es un pecado grave. De los que conllevan la condenación, según sus propias normas.

Uds., señores obispos, no paran de insultar, calumniar y acusar sin pruebas desde sus medios de comunicación a los gobernantes de izquierdas, y jamás piden perdón cuando las acusaciones quedan en nada. Y eso infringe el octavo mandamiento. Si no se arrepienten y dejan de financiar ese puto vertedero de injurias, llamado El cascabel, van a pasar una eternidad calentita. Con sus mitras blanquísimas y sus báculos fálicos cocidos al vapor. Lo dice su propio catecismo, que recoge esta cita evangélica: “A todos los autores de iniquidad los arrojarán al horno ardiendo” (Mateo 13, 41-42)

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Juan Ignacio Ruiz-Huerta es ex jefe de gabinete del Defensor del Pueblo.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha defendido este viernes la postura de su presidente, Luis Argüello, y ha apostado por un adelanto electoral tras conocerse los presuntos casos de corrupción que salpican al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, según informa EFE.

Para García Magán, un nuevo llamamiento de los españoles a las urnas sería "una salida al bloqueo institucional", como ha reconocido en la rueda de prensa posterior a la 270 reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

"El presidente Argüello ha propuesto que hablen los ciudadanos, que es un principio básico de una democracia", ha defendido el secretario general de la CEE, quien ha recordado que la Constitución "prevé distintos instrumentos para el sano ejercicio de política democrática", entre los que ha citado la moción de censura o la cuestión de confianza.

"El presidente Argüello ha propuesto que hablen los ciudadanos, que es un principio básico de una democracia", ha defendido el secretario general de la CEE, quien ha recordado que la Constitución "prevé distintos instrumentos para el sano ejercicio de política democrática", entre los que ha citado la moción de censura o la cuestión de confianza.

En este sentido, ha ensalzado la importancia de poner sobre la mesa "el bien común y lo que conviene a España y a la sociedad española", algo que, en sus palabras, debe estar "por encima de los intereses de los partidos". "La corrupción es uno de los cánceres de la democracia", ha aseverado García Magán, quien ha defendido que estos casos hacen "perder la credibilidad" de los partidos entre la sociedad, "sean del color que sean".

Así, ha resaltado que "la corrupción de un sistema democrático es una puerta de entrada peligrosísima a situaciones de autoritarismo y de regímenes que dejan de ser democráticos". No obstante, García Magán ha reconocido que "no hay que hacer un trazo de brocha gorda y juzgar a toda la clase política como corruptos sin más", puesto que, en su opinión, "eso es una dinámica peligrosa hacia el populismo".

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha informado este viernes de que la comisión que trabaja para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia cuyos casos no tienen recorrido legal ha resuelto 24 expedientes, según informa EFE.

García Magán ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la 270 reunión de la Comisión Permanente de la CEE celebrada esta semana, en la que ha señalado que desde que se iniciaron los trabajos del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (Priva), la comisión ha recibido 81 solicitudes de atención.

De estas, se han solicitado 50 expedientes a diócesis y congregaciones religiosas con el objetivo de "no revictimizar a las víctimas", en palabras del secretario general de la CEE.

Además de los 24 casos resueltos, otros siete están en estudio aunque los detalles del trabajo serán ofrecidos directamente por el Priva más adelante, ya que, como ha recordado García Magán, se trata de una comisión independiente.

Durante su reunión, la Comisión Permanente ha aprobado la creación de una oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos, cuyos objetivos serán la promoción de la defensa de la libertad religiosa y la elaboración de un informe anual de delitos y ofensas contra los fieles católicos por motivos religiosos. Asimismo, también llevará a cabo acciones de sensibilización y ofrecerá orientación a las diócesis ante la vulneración de la libertad religiosa.

Sobre las motivaciones para la creación de esta oficina, García Magán ha argumentado que, en parte, es una respuesta a la propuesta del PSOE de suprimir el artículo 525 del Código Penal de ofensas a los sentimientos religiosos, aunque ha reconocido que "la Iglesia en España no está perseguida".

Por otro lado, se está trabajando en un proyecto "en favor de la dignidad de la persona", en relación a la pornografía y sus consecuencias, especialmente entre los más jóvenes. En una fase previa se ha creado un equipo de trabajo con expertos, y ahora comenzará una nueva etapa que culminará en la próxima plenaria de noviembre, donde se presentará un plan centrado en concienciación, prevención y acompañamiento.

"La pornografía de ese mundo irreal e ilusoria se quiere llevar a la vida real de las relaciones con otra persona y terminan en violencia y nuevas esclavitudes contra la mujer", ha lamentado el secretario general de la CEE, quien ha asegurado sentirse "muy impactado" por las noticias que relatan abusos sexuales entre adolescentes, "precisamente ahora que hay educación sexual", ha apostillado.

García Magán también ha hablado sobre la iniciativa legislativa popular (ILP) de regularización de personas migrantes, con motivo de la cual representantes de la CEE se reunieron con diputados socialistas y populares el pasado martes.

"La Iglesia, ante ese problema y con la doctrina social en la mano, está comprometida con esa ILP", ha señalado el religioso, quien ha asegurado que se ha solicitado al PSOE y al PP que "lleguen a un acuerdo". En este sentido, ha recordado que la iniciativa popular está intentando resolver el "caso difícil" de muchas personas que, en sus palabras, "solo quieren integrarse en la sociedad, trabajar y aportar al bien común".

El secretario general de la CEE ha tenido palabras para el papa León XIV, a quien está previsto solicitar una audiencia después del verano. "También deseamos que nos visite puesto que se quedó en cartera el viaje del papa Francisco a Canarias", ha señalado García Magán, quien ha explicado que los obispos canarios han extendido la invitación de su antecesor al nuevo pontífice para que vea de primera mano los estragos que causa la ruta atlántica entre los migrantes que tratan de llegar a España por mar.

"Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7.35 de la mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia". Así anunciaba el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel, la muerte de Jorge Mario Bergoglio, tras doce años en el cargo. Aunque incompleta y frustrante para los más exigentes, los avances en tareas como las medidas contra los abusos sexuales, la transparencia financiera, la incorporación de laicos y mujeres al ámbito de decisión de la Iglesia o la reflexión en torno a cuestiones morales son reconocidos por la mayoría de observadores. Por cada una de estas decisiones, Francisco se ha ganado algunos amigos, incluso abiertamente ateos, pero también detractores en la Iglesia, entre ellos cardenales que ahora buscarán sucederle.

La presidenta de la Asociación de Teólogas Española, Montserrat Escribano, pronostica que con la muerte de Francisco estamos ante "un cambio de era" y define ese cónclave, todavía sin fecha, como un "movimiento político" clave para el futuro de una Iglesia en la que hay "diferentes visiones, modos de compresión y expectativas de futuro". En conversación con infoLibre, Escribano destaca que hay movimientos conservadores que no han escondido su fobia contra Francisco y que han llegado incluso al "descrédito y desprecio" por el rumbo que Bergoglio dio a su papado. "Eso habla también de una Iglesia que tiene mucho poder, que sigue recibiendo mucha financiación y que está apoyada por movimientos políticos y partidistas", señala.

Vicens Lozano fue durante 35 años corresponsal de TV3 en la Santa Sede. En 2021 publicó Vaticangate. El complot ultra contra el papa Franqucisco y la manipulación del próximo cónclave (Roca), donde detalla, con nombres y apellidos, toda la galaxia internacional de jerarcas de la Iglesia, organizaciones, medios y familias que en la última década han combatido las ideas y reformas de Francisco y que ahora tratarán de evitar a toda costa que su sucesor las continúe. Para Lozano, las palabras que le dedicó el papa a un grupo de jesuitas tras su delicada cirugía de colon hace cuatro años, en la que les dijo que "algunos le querrían muerto" fueron una resonante advertencia: "Es la primera vez en la historia que un pontífice divulga en público que existe un complot contra él", señaló el periodista, por parte de "sectores de la ultraderecha a nivel internacional" y miembros de la jerarquía "más tradicionalista".

Quizá por eso Francisco buscó situar a cardenales afines a su visión del mundo a lo largo de su mandato. Actualmente el colegio cardenalicio está compuesto por 252 cardenales, de los cuales 135 son electores —tienen derecho a voto en el cónclave porque tienen menos de 80 años— y 117 son no electores —tienen 80 o más años—. Francisco ha nombrado a 108 de los que son electores, el 79% del total. Es decir, cuatro de cada cinco cardenales que elegirán al sucesor de Francisco habrán sido nombrados por él. El resto de electores los crearon Benedicto XVI (22) y Juan Pablo II (5). Parecen números propicios para la continuidad, pero los expertos advierten que sería un error suponer que todos los que fueron nombrados por Francisco compartirán su ideario. Inciden en que hay "grises" y que el cónclave estará "muy abierto".

El autor de Vaticangate es cauto con respecto a los papables. Da nombres, pero advierte de que el resultado final será resultado de equilibrios hoy imprevisibles. Entre los cardenales progresistas o moderados que podrían ser considerados afines a la línea de Francisco, estarían el jesuita Luis Antonio Gokim Tagle (Filipinas), Pietro Parolin, mano derecha de Francisco, que tiene la ventaja de ser italiano y que según algunos cálculos ya toca, y Peter Turkson (Ghana), que podría ser el primer papa africano. Luego hay una hilera de nombres: Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal de Italia y Arzobispo de Bolonia; y Christoph Schönborn, arzobispo de Viena. Entre los opuestos, el autor ve "opciones", aunque no parece que probables, para Robert Sarah (Guinea) y un segundo cardenal africano, Peter Turkson, al que le suma al conservador Wim Ejik (Malta). De entre los conservadores, el que más destaca es el nombre de Peter Erdö, primado de Hungría, presidente de la Conferencia Episcopal del país y afín al primer ministro Viktor Orban.

"Es difícil aventurar qué puede suceder, hay un número mayor de cardenales que tienen una visión parecida a Francisco, pero no vamos a tener otro papa como él", señala, por su parte, Escribano. "Cada uno tiene su forma de ejercer el pontificado, el papa Francisco ha dejado el proceso de la sinodalidad —el estilo particular que califica la vida y la misión de la Iglesia— abierto y tendrá que hacerse cargo el nuevo pontífice", prosigue la teóloga. Para Francisco, los pobres tenían que estar en el centro, al igual que las periferias, un modelo diferenciado al de sus antecesores y que también acabó con los privilegios de los cardenales. "Quien lo sustituya tendrá todo un legado del que hacerse cargo, la pregunta es en qué dirección", añade.

En su ensayo, Lozano identifica tres "pesos pesados" dentro de la Iglesia en abierta campaña contra Francisco. El cardenal Raymond Leo Burke (EEUU) firmó junto a otros tres purpurados una carta exigiendo a Francisco una corrección sobre la posición favorable a que los divorciados vueltos a casar reciban los sacramentos. "Una rebeldía jamás vista", anota el periodista, que identifica a Burke como un activo muñidor contra el papa afín a las tesis de Donald Trump. Otro cardenal que está en ese frente es Timothy Dolan, puntal de los apoyos del trumpismo, que hace campaña para virar el rumbo de la Iglesia. En 2020 llegó a enviar a todos los cardenales del mundo el libro El próximo papa, de George Weigel.

Además de los estadounidenses, Robert Sarah (Guinea) es de todos estos cruzados contra el feminismo y la homosexualidad el más obsesivo. Defensor de la misa tridentina, viaja por el mundo invitado por foros ultraconservadores, donde expone su rechazo a la "deriva ideológica" de la Iglesia. Llegó a publicar un libro en el que cargaba contra la apertura del pontífice a la ordenación sacerdotal de hombres casados. Y Gerhard Ludwig Müller (Alemania), teólogo dogmático, reconoció que había un "frente de grupos" que lo querían como líder de "un movimiento contra el papa". Él afirma que no se prestó. Eso sí, cuestionó abiertamente sus posiciones. El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò también desarrolló una incesante tarea contra el papa, que incluyó la difusión de acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales. "¡Cuando es el primer papa que les ha puesto coto!", apunta Lozano.

La antipatía hacia Francisco por parte del trumpismo actúa como una señal entendida a la primera por la ultraderecha en todo el mundo, incluida la de base nacionalista y católica europea. Desde Vox a Alternativa para Alemania, desde Marine Le Pen a Matteo Salvini, los referentes de esta corriente han carecido de un aliado en Roma. España es, por su parte, el país de Europa donde la orientación de la Iglesia tiene unas características más inmovilistas", escribe Lozano, que también destaca el vigor del movimiento ultracatólico, donde destacan organizaciones como Hazte Oír. Fue elocuente cómo este movimiento arropó al cardenal Müller durante su visita a España en 2022, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Francisco tampoco hizo demasiados amigos en el Opus Dei, prelatura que, por decisiones del pontífice, perdió poder en el Vaticano pero que mantiene intacto su espacio de poder e influencia en España.

Esto es un sinvivir para quienes sufren tanta inhumanidad, desprecio y abandono por parte de la Conferencia Episcopal Española. ¿Están aplicando alguna medida de prevención y de control  contra los curas violadores? ¿Están ayudando a los miles y miles de víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia católica?.

Es ahora el momento de la democratización interna de la organización católica, que ustedes se comprometan a la transparencia y a autofinanciarse de sus fieles y dejen de sangrar las billeteras de la ciudadanía. Practicantes de la doctrina cristiana en España hay un 20% y reciben de los impuestos que sí pagan los no practicantes o los practicantes, cientos de millones de euros; por  cierto, los miembros de la jerarquía de la Iglesia católica no pagan impuestos, sus bienes inmobiliarios tampoco y luego practican otras cosas, a cuenta del dinero del rebaño. 

Señores Príncipes de la Iglesia católica, las indemnizaciones a las víctimas del clero deben pagarlas ustedes por encubridores y mentirosos. Dinero e inhumanidad les sobran, dejen de sacar dinero al pueblo español, que no es responsable de los pecadores miembros de la Iglesia  católica, es su deber y su responsabilidad. 

Obispos, arzobispos y cardenales, es vuestra obligación y vuestro deber actuar ya para evitar que sigan existiendo los abusos sexuales contra personas en organización o secta. Que el dios católico no existe, lo saben (respetaré siempre a quien piense lo contrario, ustedes nunca me han respetado y menos a mí país, España). 

En vez de actuar contra la verdad, asúmanla y acepten la verdad poniendo prevención y protección para eliminar la adicción al vicio de los depredadores sexuales de la Iglesia católica. Las violaciones y los engañados no tienen reparo ni perdón, el daño ya está hecho y es incurable, no tiene solución y pesa demasiado en el cuerpo de las víctimas inocentes. El dinero no repara las heridas hechas, aunque sí justifica la cárcel de los delincuentes del clero y reconoce el delito y la maldad de quienes son los responsables de las cicatrices eternas, y miraban para otro lado. 

Les toca a ustedes limpiar la institución religiosa cristiana de delincuentes sexuales y abusadores de niños, es el deber de la Conferencia Episcopal Española pedir perdón “cara a cara” a las víctimas por justicia, tienen obligación terrenal. No cabe otra solución, la mayoría de jueces y juezas son de la misma doctrina que la jerarquía católica y entre camaradas de la misma  ideología. Es difícil que haya justicia para los niños y niñas que han sido víctimas de curas depredadores sexuales. Deberían hacerlos santos y santas, por el martirio sufrido y que siguen sufriendo por el ninguneo y abandono de la Conferencia Episcopal Española.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

"Las víctimas ya no pueden esperar más". Así de contundente se mostró el pasado otoño el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una abarrotada sala del Congreso. Durante la presentación de la primera gran investigación oficial sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que recogió centenares de testimonios, el exministro avisó de que íbamos tarde en la reparación a quienes habían sufrido en sus propias carnes esta lacra. E hizo una serie de recomendaciones para intentar cerrar una herida que lleva décadas abierta. Pero un año después, sin embargo, las víctimas siguen esperando. La Conferencia Episcopal insiste en su propio mecanismo de reparación. Un plan que aún no se ha concretado y que no cuenta con el respaldo de los afectados.

El Alto Comisionado de las Cortes encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas planteó como "opción más deseable" para compensar a las víctimas el establecimiento de un "modelo mixto" entre Iglesia y Estado. En este sentido, proponía la puesta en marcha de un "órgano especial de carácter temporal" que tenga como finalidad la reparación en aquellos casos en que, por prescripción o por defunción del victimario, no se hubiese podido seguir un procedimiento penal. La propuesta se inspira en el Centro de Arbitraje belga, del que la Iglesia asumió dos tercios de sus costes –además de las indemnizaciones acordadas por el órgano–.

"Mediante ese organismo, la Iglesia católica podría asumir la totalidad o parte sustancial de las compensaciones, y el Estado podría aportar recursos materiales y económicos para los gastos operativos e, incluso, para sufragar una parte de las compensaciones", sostenía el Defensor del Pueblo. Dicha institución, continuaba, debería contar con "personalidad jurídica propia". Y podría consistir, por ejemplo, en una fundación privada regida por un "patronato mixto" conformado por Iglesia y Estado, "que elegirían de común acuerdo o de forma paritaria" los "miembros de los comités de administración y comités científicos" que se encargarían de "ordenar los procedimientos y los mecanismos de reparación".

Una propuesta que rechaza la institución religiosa. La Conferencia Episcopal Española (CEE) apuesta por su propio Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (Priva), un modelo en el que una Comisión Asesora designada por la propia jerarquía eclesiástica se encarga de evaluar caso por caso y recomendar el "marco posible de reparación" en base a un "baremo o sistema de valoración" elaborado junto a la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la CEE. Las decisiones de la comisión no serán vinculantes para obispos y órdenes, si bien la Conferencia Episcopal se ha comprometido a que la Iglesia asuma las indemnizaciones cuando los responsables eclesiásticos no quieran o puedan hacerlo.

"Lo que quieren es tener el control exclusivo del proceso de indemnización, de forma que sean ellos mismos los que decidan si se indemniza y cómo", apunta Miguel Hurtado, un referente entre las víctimas de los abusos en la Iglesia. Este plan, aprobado antes del verano, será uno de los temas que se abordaran esta semana en la Asamblea Plenaria de la CEE. Un cónclave que ha arrancado este lunes con un discurso del jefe de los obispos españoles, Luis Argüello, en el que ni siquiera se ha hecho mención alguna a la pederastia en la institución religiosa o se ha hecho alusión alguna a la pederastia en la institución religiosa. Y que se alargará hasta mediados de semana.

El plan de reparación no cuenta, ni mucho menos, con el aval de las víctimas. "Lo hicieron sin contar con nosotros", expone Juan Cuatrecasas, de la Asociación Nacional Infancia Robada. No se fían de un modelo que no es externo, de un mecanismo que gestionan los mismos que encubrieron "sistemáticamente" los abusos. "Es poner al zorro a cuidar de las gallinas", lanza Hurtado. Sospechan, y así lo exterioriza este último, que lo que se busca es "pagar cuatro duros" a los afectados: "Todo este discurso de compasión y deseos reparación es pura fachada y quieren pagar mínimo dinero posible". Por el momento, la jerarquía eclesiástica no ha puesto un baremo de indemnizaciones sobre la mesa.

En muchos de los países de nuestro entorno se han afrontado ya procesos de reparación por la pederastia en el seno de la Iglesia. Y se ha hecho con todo tipo de horquillas de compensación. En Bélgica, por ejemplo, se establecieron 2.500 euros para los casos más leves y 25.000, para los más graves. El baremo francés, por su parte, osciló entre los 5.000 y los 60.000 euros, una cifra máxima que en Países Bajos podía escalar hasta los 100.000 euros. Para algunas víctimas, un modelo decente sería el irlandés, que se mueve entre los 50.000 y los 300.000 euros. Recientemente, el papa Francisco consideró que 50.000 euros era "una cantidad demasiado baja".

Es ahí, en la factura a asumir, donde se encuentra la madre del cordero. "Saben que la magnitud de la tragedia es monumental y el coste de las indemnizaciones puede ser estratosférico", desliza Hurtado. En su último informe Para dar luz, la CEE hablaba de 1.057 casos registrados, de los cuales sólo consideraban probados o verosímiles 358. Una cifra que contrasta con la que aportó el despacho Cremades & Calvo-Sotelo en la auditoría que hizo por encargo de la propia jerarquía eclesiástica y que hablaba de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas. Una realidad que se acerca más a la que dibuja el diario El País en su propia base de datos: 2.817 afectados por los abusos en la Iglesia.

La compensación a las víctimas ha sido un importante punto de fricción entre el Gobierno y la Iglesia. Y así pudo verse a finales de abril, cuando el Consejo de Ministros aprobó el plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo. "El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado", se quejaron desde la Conferencia Episcopal. Y dijeron que solo colaborarían con el Ejecutivo en la reparación si incluían en la misma a todas las víctimas de la pederastia, no solo las de ámbito religioso.

El Gobierno siempre ha apostado por un modelo mixto. "La participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa", sostenía Bolaños en una carta enviada a comienzos de julio al jefe de los obispos, en la que advertía de que no se aceptaría "ninguna fórmula unilateral". Pero la CEE hizo oídos sordos. Y cuatro días después aprobó, en una asamblea extraordinaria, su propio plan. "Está cerrada a iniciar un proceso común", sostiene Cuatrecasas.

Hurtado se queja también de la falta de concreción del Gobierno. "En aquel documento que aprobaron apenas hay detalles", lamenta al otro lado del teléfono. En este sentido, asevera que el Ejecutivo sigue sin aclarar quién y cómo abonará la factura si la Iglesia se niega a colaborar. "No se puede hacer con dinero público. Hay mecanismos para obligarla a pagar, como puede ser a través del IRPF, dándole menos y usando ese dinero ahorrado para indemnizar a las víctimas. Pero el Gobierno se niega a dejar claro si están dispuestos a utilizar todos los mecanismos a su alcance para hacer que sean ellos quienes paguen la factura", considera Hurtado.

Cuatrecasas dice que, por el momento, de aquel plan de respuesta aprobado en el seno del Gobierno no ha salido aún "nada concreto". Pero recuerda que existe un compromiso. Y espera que, a nivel legislativo, se empiece a trabajar a partir de este jueves, que es cuando Gabilondo presentará en el Congreso de los Diputados su informe sobre la pederastia en la Iglesia. Porque un año después de la investigación oficial, las víctimas siguen esperando sin que ni siquiera, como se queja Hurtado, se haya alcanzado un "consenso" en el "modelo a implementar". "Llama la atención la ausencia de avances", asevera.

Víctimas de abusos sexuales de la Iglesia han denunciado a la Conferencia Episcopal Española (CEE) por filtrar sus datos personales en Internet durante al menos 18 días.

Según ha adelantado El País y ha confirmado Europa Press desde el despacho Luis Felipe Gómez Ferrero, abogado de los denunciantes, la posible filtración de datos tuvo lugar entre diciembre del año pasado y enero de 2024. En este sentido, agregan que el documento incluye los nombres y apellidos de las víctimas, y, entre otros detalles, un breve relato de los hechos, la fecha y lugar en que sucedieron, la edad que tenían las víctimas cuando fueron agredidas y el tipo de abusos que sufrieron.

Asimismo, explican que el 22 de diciembre la CEE publica el informe de la auditoría sobre abusos que encargó al bufete Cremades & Calvo-Sotelo con los datos personales y confidenciales de 45 víctimas, entre las que están las denunciantes.

Ese mismo día, exponen que el despacho Cremades se percata de la brecha y avisa a la CEE, que indica que hace una "supuesta manipulación" del informe en el que "parece ser que han podido eliminarse partes de datos", "lo cual da idea de que antes de publicarlo hay una intencionalidad en que se llegase a publicar el mismo", señalan en la denuncia.

También el 23 de diciembre señalan que la CEE eliminó de su web el acceso de descarga de dicho documento, pero este siguió colgado en Internet. Además, denuncian que los obispos no comunicaron el incidente a la Agencia de Protección de Datos ni a las víctimas afectadas.

En esta misma línea, el 9 de enero, el despacho Cremades volvió a avisar a la CEE de que el documento seguía en internet, que consiguió eliminarlo por completo. "Pero nuevamente, por segunda vez, no avisa a la Agencia de Protección de Datos ni a las víctimas", apuntan.

En cuanto a quién tiene la responsabilidad de los ocurrido, desde el despacho de las víctimas precisan que la CEE admite lo ocurrido, pero culpa de ello a Cremades, "alegando que fue el despacho el que le envió ese documento el 22 de diciembre y les pidió a los obispos que lo colgasen en su web".

Por otro lado, añaden que, desde el bufete Cremades, afirman que es la CEE quien comete el error al hacer cambios en su nota de prensa y sustituir un informe sin los datos confidenciales, el que estaba en un principio, por otro donde no se habían suprimido. Además, asegura que advirtió al director de comunicación de la CEE y al vicesecretario para Asuntos Económicos.

"La sucesión de hechos posterior es lamentable y nos remitimos a las afirmaciones de las partes en los medios de comunicación, puesto que ni Cremades ni CEE han tenido a bien contactar con los afectados de la brecha", subrayan.

Asimismo, desde el despacho entienden que la responsabilidad recae desde un principio en la CEE, al remitir esos datos a Cremades "sin el previo e imprescindible consentimiento de las víctimas", ya que podría tratarse "de un primer hecho enmarcable dentro de la revelación de secretos".

Por su parte, fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han confirmado a Europa Press que están investigando el asunto.

La Iglesia española entregará al papa en el mes de julio el nuevo plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, que será aprobado en la próxima reunión de la Conferencia Episcopal Española los días 2 y 3 de julio. El Plan incluirá, además de una normativa de prevención, una comisión asesora formada por profesionales, tanto del mundo del derecho, de la psicología, de la psiquiatría como del acompañamiento espiritual, según ha recogido Europa Press.

"Le haremos también llegar (el plan) a la Santa Sede, a las oficinas correspondientes, para que sepan el trabajo que estamos haciendo", ha confirmado a los periodistas el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, a la salida de su reunión con el papa en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Además, ha confirmado que la comisión interdisciplinar, a la que podrán acudir las diócesis y las congregaciones religiosas, pero también las víctimas, podrá estar en funcionamiento "este verano".

En la visita de rutina tras la renovación de cargos en la CEE que tuvo lugar el pasado mes de marzo, también han participado el vicepresidente de los obispos españoles, el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo y el secretario general, el arzobispo auxiliar de Toledo, César García Magán.

En todo caso, Argüello ha asegurado que en este momento ya hay "procedimientos de colaboración con la Fiscalía y con los jueces", ya sea en casos de "hace decenios" en los que la Iglesia quiere "abordar la situación y, si es necesaria una reparación, poderla abordar también".

El plan de reparación de víctimas se unirá así al de prevención, gracias al cual cientos de miles de sacerdotes, catequistas y agentes de pastoral están recibiendo formación sobre este tema.

Preguntado sobre las posibles indemnizaciones para resarcir a las víctimas de abusos, Argüello ha asegurado que "las indemnizaciones las fijan los tribunales" y que hablar de reparación integral también supone asumir "también el coste que esa reparación integral pueda llevar consigo". Sin embargo, ha hecho una distinción. Por un lado, se ha referido al concepto de indemnización, que ha definido como una categoría "de sanción administrativa o penal" que, de hecho, ya se está realizando "en las sentencias tanto canónicas como en las sentencias civiles". Por otro lado, ha hablado de la reparación integral que afecta tanto "a daños morales, como a daños psíquicos y a la necesidad de terapias" y que "sin duda ninguna" tienen una repercusión económica".

Además, Argüello ha invitado a las víctimas a acudir a los servicios de acogida y escucha presentes de las diócesis españolas y en las congregaciones religiosas: "No queremos entrar en cuestiones de número porque cada rostro es importante".

Por su parte, Cobo ha manifestado que la línea en la que está actuando la Iglesia es "más grande que sólo la judicial". "Llevamos unos años trabajando en la reparación de la indemnización, trabajando en el tema de la educación y la prevención intensamente (...). Nuestro arco de actuación yo creo que es más amplio y también exige más tiempo, no simplemente lo último que tengamos o los últimos datos", ha explicado.

Además, el cardenal arzobispo de Madrid ha explicado que han planteado al papa cómo la Iglesia en España ha obrado un "cambio de posición en la sociedad". "También para que nos vean de otra manera, para tomar conciencia del problema y también cómo hemos ejercitado durante estos años también recursos y mecanismos de reparación, de acompañamiento y de preocupación", ha agregado.

En la reunión con el papa no han afrontado el tema de las religiosas clarisas de Belorado, si bien la Santa Sede, con el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, ha tomado el control de la comunidad. "Por ser justos con la conversación, ese asunto no ha salido. Pero a la hora de hacer una valoración, nosotros apoyamos la medida tomada por la Santa Sede, de nombrar al arzobispo de Burgos, como no puede ser de otra manera, comisario pontificio", ha señalado Argüello.

En todo caso, ha valorado que con la decisión de Iceta de llevar el asunto a las autoridades judiciales civiles lo que han querido es "buscar una solución de tipo pastoral". "Lo mismo, no hay otro remedio que abordar esa situación ya desde el punto de vista de una legislación civil. Es una pena, porque la intención del pastor de esa comunidad burguesa, lo que desea es una solución pastoral, dialogada, en el que sea posible el poder repensar las cosas, por parte al menos de algunas de las religiosas", ha manifestado.

La Presidencia de la CEE, en cambio, sí ha abordado con el papa el problema de la falta de vocaciones en España, así como la reforma de los seminarios. En la reunión, que han calificado como "afable" y que ha durado 40 minutos, también han hablado con el pontífice del papel que tiene la Iglesia de ser un lugar "de encuentro y de diálogo" en la sociedad. Además, le han reiterado su invitación a visitar Canarias "mántricamente" y "de manera solemne", según ha explicado Cobo. Una propuesta que el papa ha acogido "con afecto", pero que "ha quedado una vez más" sobre la mesa.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) lamenta "profundamente la declaración de ruptura de la comunión con la Iglesia Católica" recogida en la carta de la abadesa del Monasterio de Hermanas Pobres de Santa Clara de Belorado (Burgos) del 13 de mayo y en el Manifiesto católico del 8 de mayo. Así lo ha expresado este jueves la Iglesia española, que respalda el comunicado del arzobispado de Burgos y del obispado de Vitoria y reafirma "la adhesión de la Iglesia que peregrina en España al papa Francisco, con la mano tendida a estas hermanas", según ha informado Europa Press.

De esta forma, los obispos han manifestado que, al mismo tiempo que aprecian y agradecen "el don de tantas hermanas clarisas que viven en comunión con la Iglesia y la enriquecen en muchas diócesis de España", lamentan "profundamente la declaración de ruptura de la comunión con la Iglesia Católica" realizada por las clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya).

Respecto al denominado manifiesto católico de las clarisas, la CEE considera que "se corresponde con el que propugnan aquellos que niegan la validez del Concilio Vaticano II y son denominados sedevacantistas" y sostiene que "el texto parece inspirarse en los principios básicos de esta corriente y, concretamente, entronca con un grupo que es considerado una secta por varios expertos".

"El tono ofensivo y recriminatorio del manifiesto y de la carta, así como algunos términos —por ejemplo, el de la "sumisión" a un falso obispo y supuesto líder de una secta—, no son propios del modo habitual de comunicarse de estas hermanas, las cuales se manifiestan ahora públicamente no sólo en las palabras escritas de la abadesa, sino también en medios de comunicación abundando en expresiones confusas que parecen fruto de engaños", han detallado los obispos.

A su juicio, los motivos de descontento aducidos en la carta "tienen vías de solución distintas de la determinación que en ella se expresa". Además, la CEE no encuentra "relación proporcionada ente las causas expuestas y la conclusión a la que se llega". En este escenario, los obispos solicitan que "cada hermana del Monasterio de Belorado y Orduña, en el ejercicio de su libertad de conciencia, pueda expresar su postura ante la decisión que comunica la abadesa" ya que, según añaden, "de hecho, el desarrollo de los acontecimientos sugiere que no todas las hermanas suscriben la carta de la abadesa".

Igualmente, piden "la apertura de todas las hermanas de la comunidad al diálogo con obispos, sacerdotes, personas consagradas, hermanos y hermanas de la Iglesia Católica que, fieles a la verdad y en comunión con el papa Francisco, buscan el bien para este Monasterio y para cada hermana clarisa".

Finalmente, desean "poner estos acontecimientos ante el Señor Jesús, esperanza que no defrauda, como afirma el papa Francisco en la bula de convocación del Jubileo Ordinario del Año 2025". "En virtud de nuestra misión de velar por y acompañar a la vida consagrada en España, nos comprometemos a seguir esforzándonos en trabajar por la comunión fraterna en la Iglesia; evitar posturas extremas y polarizaciones; incrementar el discernimiento espiritual en la vida cotidiana, personal y comunitariamente; crecer en la escucha a los hermanos a la luz del Espíritu Santo, como el camino sinodal indica, y cuidar las relaciones fraternas entre todos los miembros de la Iglesia", han subrayado.

El plan se ejecutará durante esta legislatura. La decisión es inamovible y el Gobierno se pone como tope 2027 para que sea efectiva la hoja de ruta que se desarrolla para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Las negociaciones ya están en marcha con la Conferencia Episcopal y en Moncloa se trabaja con la idea de que la cúpula de la Iglesia colabore y haya un acuerdo que suponga que esta termine asumiendo el coste de las indemnizaciones a pesar del choque actual.

La hoja de ruta ha empezado a elaborarse ya en base al informe que emitió el Defensor del Pueblo. La negociación la llevará en primera persona el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con la Conferencia Episcopal, que ahora está en manos de Luis Argüello. Los dos ya se vieron la semana pasada en un primer contacto y, según fuentes del Ejecutivo, vieron a la otra parte “proclive” y receptiva al documento que ha pasado el primer filtro del Consejo de Ministros.

El Gobierno tiene voluntad total de acuerdo con la Iglesia, según remachan desde La Moncloa, y se confía en que la Conferencia selle un ok que incluya el pago de indemnizaciones. El pacto que se busca es global y que no dependa de cada diócesis, pues ya se palpó la implicación y colaboración irregular de ellas durante el proceso del informe elaborado por el Defensor.

Además, fuentes del Gobierno explican que no se trata de un brindis al sol. Aunque ponen por delante la idea de que habrá pacto con la Conferencia, también recalcan que el plan saldrá adelante sin o con el visto bueno de la Iglesia. Aunque la convicción de materializarlo es máxima y creen que la Iglesia española no se puede permitir no seguir los pasos de otros países como Irlanda, Holanda y Bélgica. De hecho, en el Ejecutivo se estudian todos estos modelos y se fijan en el tipo de indemnizaciones. “Se cogerá lo mejor de cada uno”, se señalan en el Palacio de La Moncloa respecto a posibles referencias. Lo que se deja claro es que el Gobierno va “a garantizar” esa reparación.

Por el momento en el Gobierno no se quiere entrar en el escenario de qué pasaría si la Iglesia rechaza finalmente el plan. Además, se rebaja el tono del comunicado que emitió este martes la Conferencia Episcopal, que señalaba que ya trasladó al propio Bolaños “su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica”. “También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”, se recoge en el texto. La línea actual de la cúpula de los obispos es que sólo se pone el foco en ellos cuando el problema de abusos, según ellos, es más global.

El plan tiene como uno de sus principales objetivos el reconocimiento y reparación de casos de abusos sexuales que son muy antiguos, que han prescrito o que de los que no se han aportado pruebas suficientes (que fue una de las recomendaciones del informe del Defensor de Pueblo). No se ha establecido todavía la cuantía que puede suponer ni hay una estimación de posibles afectados. Bolaños no quiso precisar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros qué puede pasar si la Iglesia se niega a hacerse cargo de esta financiación y no se pronunció sobre si el Estado podría contestar con medidas como cortar la financiación pública a la Iglesia.

El Gobierno está convencido, y así consta en el plan, que se debe crear un órgano independiente para escuchar a las víctimas y decidir la cuantía que deben recibir. El ministro indicó: “Confío absolutamente en que la Iglesias asumirá el coste”. Y esa es la idea que tienen también sus socios de coalición. En Sumar creen que el plan se ha quedado incluso corto y sostienen que debe ser la Iglesia sí o sí la que pague esta cuantía. Bolaños, en cambio, dejó la puerta abierta a que el Gobierno de España “garantizará que siempre (las víctimas) recibirán una compensación adecuada”.

El Ejecutivo prevé celebrar también un gran acto simbólico (que no tiene fecha todavía) de reparación de las víctimas, con asistencia de ellas, de familiares y de representantes públicos. También indican fuentes del Gobierno que contemplan también invitar a la propia Iglesia. Otra de las líneas de trabajo pasa por la colaboración con las comunidades autónomas para fijar las recomendaciones comunes para la atención integral de niños y adolescentes víctimas.

El plan se basa en las recomendaciones del informe del Defensor que se presentó el 23 de octubre del año pasado y califica los hechos de “grave problema social y de salud pública por la intensidad del daño que han sufrido las víctimas y supervivientes, por la cantidad de personas afectadas y la defraudación de la confianza depositada por ellas y por una parte muy importante de la sociedad en la Iglesia católica, que ha tenido y sigue teniendo un peso social importante”.

Pero el plan no sólo mira al pasado, sino que tiene también como uno de sus pilares la prevención. Por eso, se quiere profundizar en la implantación de las figuras de coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, el desarrollo reglamentario de la función de inspección educativa y el avance del Plan Director de Convivencia.

El Gobierno especifica en el plan la intención de elaborar un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en España, la puesta en marcha del Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (RCIVIA) y la mejora de la información judicial a través del sistema de registros de apoyo a la administración de Justicia.

El informe del Defensor del Pueblo incluía una encuesta que calculaba que el 1,13% de la población española ha sufrido abusos en el ámbito eclesiástico (sobre unas 440.000 personas). El duro documento del organismo dirigido por Ángel Gabilondo sitúa a España como el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Se ponía negro sobre blanco la propuesta de crear un “órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas no se haya podido seguir un proceso penal”. Con esta filosofía además: “Los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar que las víctimas de estos delitos puedan ver satisfechos el derecho de justicia que reclaman”.

Las propias víctimas pidieron, tras conocer el anuncio, que la Iglesia colabore, pero también criticaron que se trata de un plan descafeinado. El portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, reaccionó así, en declaraciones a Europa Press: “Esperemos que la Iglesia haga los deberes que no ha hecho de forma urgente, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas que están sufriendo. Ya es hora de que hagan lo que tienen que hacer: atender a las víctimas”. Cuatrecasas ha valorado "positivamente" el plan que ha aprobado este martes el Gobierno, aunque ha apuntado que no les ha dado tiempo a ver todo el paquete de medidas, pero que, en principio, las que han visto les parecen "bien".

Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Monserrat, ha indicado que el plan del Gobierno es "descafeinado", con "graves lagunas" y que "beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente". Hurtado ha señalado que las medidas del Ejecutivo consagran el "rescate económico" a los obispos y asumen que, ante la negativa de la Conferencia Episcopal Española a participar en un plan estatal de reparación, "será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia". "Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende rescatar a los obispos", ha apuntado.

Igualmente, ha recalcado que con este plan el Ejecutivo "traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescritibilidad civil de las indemnizaciones". En esta línea, ha expuesto que el Gobierno propone una "mínima" ampliación del plazo de prescripción civil, que "deja a la mayoría de las víctimas de pederastia clerical en la estacada". También ha criticado que el Ejecutivo "niega" a establecer un baremo específico de indemnización, como hizo, por ejemplo, el Gobierno de Irlanda. "El único baremo de indemnización que hay en España es el de tráfico, que infravalora el daño y, por tanto, la cantidad económica a la que la víctima tiene derecho. El Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas", ha apuntado.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha asegurado que la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, sobre las medidas propuestas este martes por el Gobierno para indemnizarlas en aquellos casos que hayan prescrito, sean antiguos o no tengan pruebas, según informa Europa Press.

"No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", ha asegurado el portavoz de la CEE, Francisco César García Magán, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la aprobación de un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

En este sentido, la CEE ha indicado que el texto presentado parte de un juicio "condenatorio" de toda la Iglesia, "realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado". A su juicio, ha señalado que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente "una parte del problema". "Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones", ha apuntado.

También ha expuesto que esta regulación "cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales". Además, ha recalcado que la Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación y que son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas "oportunas" en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia.

Igualmente, la CEE ha precisado que ya adelantó a Bolaños su valoración "crítica" sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También ha expuesto que le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema "en su conjunto".

En todo caso, en relación al plan presentado, la CEE ha considerado que son "valiosas" aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas. "En ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra", ha subrayado.

Asimismo, ha añadido que la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción del plan del Ejecutivo. "La Iglesia trabaja ya en la línea de la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad", ha asegurado para añadir que mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para "acompañarlas y repararlas".

Por su parte, el vicepresidente de la CEE, el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, ha señalado que desde la Iglesia de Madrid "desde hace ya años se está afrontando todo del acompañamiento, la prevención y la reparación tanto de víctimas como de supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia y también fuera de ella.

"En la misma Conferencia Episcopal, en la última plenaria, también establecimos una línea de dirección y un horizonte y es colaborar con el Estado para afrontar todas las dimensiones de este asunto en cuanto es prevención y en cuanto es reparación —ha añadido en una rueda de prensa preguntado por el plan del Ejecutivo—. Asumiendo nuestra responsabilidad como Iglesia y también colaborando con el Estado en todo lo que haga falta, partiendo también de los apuntes que daba el informe de Defensor del Pueblo".

Cobo ha señalado un "acercamiento" para implementar y para dar puntadas en cómo establecer esa colaboración. "Creo que estamos en ello siempre, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y también la necesidad del acompañamiento. Sólo a corto plazo, no sólo el acompañamiento penal, sino el acompañamiento en todo el proceso de restauración que necesitan y yo creo que esa es la dirección en la que estamos ahora mismo y esos son los acuerdos que se van llegando poco a poco", ha añadido.