La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma en un informe que el exjugador del Barça Gerard Pique tuvo una "parte activa" como "intermediario" para negociar el contrato entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y una empresa saudí para trasladar al país la celebración de la Supercopa.

El juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) tiene encima de su mesa un nuevo informe policial, al que ha tenido acceso EFE, en la causa en la que está investigado el expresidente de la RFEF Luis Rubiales; su sucesor, Pedro Rocha; o Gerard Piqué, entre otros, por presuntos contratos irregulares en la Federación.

Uno de los contratos que se investigan es el que llevó la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí, en el que los agentes infieren que la "intermediación" que realizó Kosmos, empresa administrada por Piqué, "habría sido realmente ejercida en favor de la RFEF y no de SELA", empresa saudí.

Para seguir indagando, la UCO solicita a la jueza que curse una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que identifiquen las cuentas y movimientos bancarios de un conjunto de investigados, entre ellos Rubiales y Piqué o el FC Andorra Sade, desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad.

LaLiga anunció este domingo que denunciará de forma inmediata los insultos y gestos racistas recibidos por jugadores del Barcelona en el clásico contra el Real Madrid, jugado anoche en el estadio Santiago Bernabéu, ante la Policía Nacional y la unidad de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía General del Estado, según informa EFE.

A la conclusión del partido, en el que el Barcelona se impuso 0-4, se viralizaron en redes sociales vídeos de la celebración del gol de Lamine Yamal junto a Alejandro Balde en el que se escuchan insultos como "puto negro", "puto moro" o "a vender pañuelos al semáforo".

Los insultos hacia los jugadores azulgrana no fueron recogidos en el acta por el árbitro Sánchez Martínez, a pesar de que uno de sus asistentes se encontraba en el córner cuando Lamine y Raphinha fueron increpados. Fueron las redes sociales quienes hicieron público los insultos racistas hacia los jugadores.

En un comunicado, LaLiga señaló que durante el partido se observaron "intolerables conductas racistas" y condenó "enérgicamente estos hechos". "LaLiga continúa firme en su compromiso de erradicar cualquier tipo de conducta racista y odio dentro y fuera de los estadios. En el deporte no hay lugar para esta lacra", añadió.

Una denuncia a la que también se ha sumado el Real Madrid, el cual confirmó que "ha abierto una investigación" para "localizar e identificar" a "unos pocos aficionados" del conjunto blanco que profirieron insultos racistas tras el gol de Lamine Yamal con el fin de "adoptar las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes".

El club "condena de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y en el deporte, y lamenta profundamente los insultos que unos pocos aficionados profirieron anoche en uno de los córners del estadio".

El FC Barcelona anunció en julio de 2022 que había acordado pagar 45 millones de euros para fichar a la superestrella polaca Robert Lewandowski en un muy publicitado acuerdo de traspaso con el Bayern de Múnich. Fue un gran logro para el representante de Lewandowski, el agente Pinhas Pini Zahavi, que ha engrasado la maquinaria de muchos de los traspasos más importantes del fútbol europeo y es casi tan famoso como los jugadores a los que representa. Zahavi se declaró “muy contento” con el acuerdo y calificó el acuerdo con el Barcelona como “uno de los traspasos más difíciles” de su carrera.

Además, Zahavi se llevó una comisión multimillonaria por su trabajo. Diez días después de anunciarse el fichaje, los responsables del FC Barcelona recibieron un correo electrónico en el que se solicitaba un pago inicial de un millón de euros.

Sólo había un problema. La solicitud, que parecía ser del propio Zahavi, procedía sin embargo de una dirección diferente a la que el agente había utilizado en la correspondencia anterior con el FC Barcelona. Y pedía que el dinero no se enviara a Zahavi, sino a una cuenta en Chipre a nombre de Michael Gerardus Hermanus Demon, identificado en el correo electrónico como abogado.

Normalmente, cabría esperar que este tipo de irregularidades frenaran una transacción importante, sobre todo en el fútbol profesional, una industria cuyo valor se calcula en unos 550.000 millones de euros y que en los últimos años ha sido objeto de escrutinio global como paraíso no regulado para el blanqueo de dinero a gran escala.

El consorcio internacional de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, ha descubierto desde entonces que el club barcelonista, sin inmutarse, procedió a gestionar la transferencia del millón de euros.

El intento de pago llegó a oídos de los periodistas en la primavera de 2023, después de que Que t'hi jugues (¿Qué te juegas?), un programa de la Cadena Ser, obtuviera una copia del correo electrónico con la solicitud de la transferencia y la compartiera con OCCRP y sus socios Der Standard (Austria) y Paper Trail Media (Alemania).

Tres fuentes anónimas, todas ellas en la nómina del FC Barcelona en ese momento, confirmaron a OCCRP que el club había iniciado el traspaso de un millón de euros. Una cuarta fuente, que tenía conocimiento de la transacción bancaria, dijo que el pago fue bloqueado en última instancia por los responsables del departamento de compliance (cumplimiento) en el Banco de Chipre, que marcaron la transferencia como sospechosa.

En un correo electrónico al que ha tenido acceso OCCRP, la persona que decía ser Zahavi escribía a directivos del Banco de Chipre para presionar para que se aprobara la transferencia. El correo electrónico afirmaba que Demon, el titular de la cuenta chipriota, era un “intermediario para nosotros en las grandes transferencias de fútbol” y que “la comisión pagada por el FC Barcelona por el acuerdo de Lewandowski le pertenece”.

Una de las fuentes internas del FC Barcelona aseguró que la transferencia se había iniciado antes de que el personal se diera cuenta de que se había cometido un error y tratara de detenerla. No está claro si el personal del club contactó con el Banco de Chipre antes o después de que el banco decidiera bloquear el pago.

Las cuatro fuentes consultadas pidieron que no se revelaran sus nombres, alegando que se arriesgaban a perder sus empleos por hablar con los periodistas.

El propio Zahavi describió el intento de fraude a los periodistas de Que t'hi jugues, diciéndoles que alguien había enviado un “correo electrónico falso” en su nombre para intentar robar el dinero. El agente dijo que se enteró de la estafa después de que un directivo del club se pusiera en contacto con él para informarle de la petición de dinero. Según Zahavi, le dijo al directivo que no había enviado ninguna solicitud de pago y le aconsejó que comprobara si se trataba de un fraude. “Me abrazó y me dio las gracias”, revela el agente, por salvar al club de lo que calificó de “terrible error”.

El FC Barcelona se ha negado a comentar si intentó pagar. En un correo electrónico de mayo de 2024, un portavoz sólo indicó a OCCRP que los estafadores no “recibieron ninguna cantidad” del club. El Barça añade que denunció el intento de fraude a la policía catalana. Ésta, sin embargo, ha precisado a OCCRP que el club no ha presentado una denuncia formal.

Gracias a las redes sociales, OCCRP ha localizado a Michael Gerardus Hermanus Demon, el hombre que figuraba en la cuenta del Banco de Chipre. OCCRP, además, intentó transferir una pequeña suma a la cuenta a nombre de Demon en noviembre de 2023 y el banco le informó de que la cuenta había sido cerrada.

El consorcio se puso en contacto con Demon por correo electrónico el pasado abril. Él afirmó que no tenía conocimiento ni de la cuenta bancaria chipriota ni del pago del FC Barcelona. Aseguró que le habían robado la identidad. “No sé nada de todo esto y no tengo cuenta bancaria en Chipre. Por desgracia, he sido víctima de un fraude de identidad. La identidad fue robada/perdida en algún momento en 2022”, escribió a OCCRP. Demon no respondió a ninguna llamada o correo electrónico posterior de los periodistas autores de esta investigación.

Los registros públicos no muestran que Demon trabaje en el mundo del fútbol o tenga vínculos profesionales con Zahavi. Tampoco parece ser abogado. No se ha podido localizar su nombre en ninguna búsqueda de los colegios de abogados holandeses o internacionales.

Preguntado por la denuncia de usurpación de identidad de Demon, el Banco de Chipre defendió su protocolo de verificación de clientes, afirmando que es imposible utilizar documentos robados para abrir una cuenta. “Podemos validar la autenticidad de los pasaportes y documentos de identidad y asegurarnos de que el solicitante es efectivamente la misma persona que aparece en los documentos de identidad que facilita”, mantiene un portavoz del banco en un correo electrónico del pasado mes de abril. El banco indicó también que sólo activa una cuenta tras reunirse con el solicitante, en persona o por videollamada. Pero declinó hacer comentarios sobre el intento de transacción del FC Barcelona, apoyándose en sus políticas de confidencialidad.

Los expertos en el mundo del fútbol europeo que ha consultado OCCRP expresan su sorpresa, y resignación, ante la idea de que un gran club accediera a hacer un pago de semejante volumen basándose en un simple correo electrónico. “Los días de ‘envía esta cantidad a esta cuenta bancaria’ han quedado atrás”, advierte Andrew Mills, consultor deportivo que ha trabajado en traspasos de jugadores en la Premier League inglesa. “Como empresa, tienes que facturar. No puedes pedir el dinero sin más. Siempre debe haber un rastro de papel”.

Aun así, tanto él como otros expertos reconocieron que el tamaño y la complejidad de los grandes acuerdos futbolísticos, unidos al renombre de Zahavi, podrían haber facilitado que un potencial estafador encontrara una puerta de entrada para solicitar un traspaso fraudulento. “La falta de diligencia debida que se observa en ciertos departamentos de los clubes de fútbol es bastante asombrosa”, critica el inglés Kieran Maguire, autor de El precio del fútbol: comprender las finanzas de los clubes de fútbol. Añade que tampoco le “sorprendería” que el FC Barcelona intentara enviar el dinero basándose únicamente en un correo electrónico.

El mercado internacional de fichajes genera actualmente cerca de 11.000 millones de euros anuales en inversiones de los clubes, y las cinco grandes ligas europeas representan dos tercios de ese negocio. Según un informe de 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), las lagunas en la supervisión bancaria, el uso frecuente de cuentas en paraísos fiscales y las ingentes sumas de dinero que pueden obtenerse hacen que el mercado de traspasos sea vulnerable al fraude y a otros flujos financieros ilícitos.

Por su parte, las autoridades europeas han intentado frenar la corrupción en el fútbol, obligando a los clubes profesionales a implantar salvaguardias como la verificación de clientes y el control de las transacciones antes de 2029.

Pero, al menos por ahora, las páginas deportivas siguen plagadas de noticias sobre transferencias falsas, blanqueo de dinero y tramas de pagos fraudulentos. En 2018, el Lazio italiano fue víctima de una estafa por correo electrónico: pagó dos millones de euros a unos timadores que se hicieron pasar por el club holandés Feyenoord tras el traspaso del defensa Stefan de Vrij.

“Hay mucho dinero en juego, y mucha gente que quiere una pequeña porción del pastel”, avisa Maguire. “Un pequeño trozo sigue siendo mucho dinero”.

Jim Gee, especialista en delitos financieros y cibernéticos, es coautor de un estudio publicado en 2011 sobre el fraude en el fútbol profesional, un sector en el que descubrió un desequilibrio fundamental entre la deficiente contabilidad de los clubes y los controles en los clubes propiedad de ultrarricos. “En ese tipo de entorno poco estricto con gente poderosa dentro, es más probable encontrar corrupción y fraude”, describe Gee. “Esto [lo escribí] hace 10 años, pero no he observado que haya aumentado la regulación en el fútbol. La dinámica de poder sigue siendo la misma”.

El juez instructor del caso Negreira, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona Joaquín Aguirre, ha acordado investigar a la pareja del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Así lo acuerda el instructor en un auto que ha avanzado El Confidencial, y al que ha tenido acceso Europa Press este jueves, tras el hallazgo de cerca de 3 millones de euros en sus cuentas bancarias.

A principios de agosto, mes que Aguirre habilitó para continuar con la instrucción del caso Negreira, la Guardia Civil remitió un "voluminoso informe" al magistrado en el que señalaba que había localizado una cifra aproximada de 3 millones de euros en las cuentas de la pareja de Negreira, coincidiendo con la época en la que él fue número 2 del CTA (entre 1993 y 2018).

El exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, está investigado por presuntamente recibir pagos del FC Barcelona a través de sus empresas, supuestamente para conseguir favores arbitrales para el club blaugrana, por lo que también se investiga a los exdirectivos y expresidentes del Barça.

En mayo, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona anuló las imputaciones por presunto delito de soborno (cohecho) que el instructor del caso Negreira hizo sobre los investigados en esta causa.

La imputación pesaba sobre los expresidentes del club Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y Joan Laporta, el FC Barcelona como persona jurídica y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler. En el caso de Laporta, el tribunal concluyó que los delitos por los que estaba investigado están prescritos.

En junio el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona citó a declarar como investigados a los expresidentes del Fútbol Club Barcelona (FCB) Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además de a los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y al hijo del exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, en una fecha que todavía está por determinar.

El hotelero y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart y Roig Grupo Corporativo -empresa de Francisco Roig, expresidente del Valencia y hermano de Juan Roig- han entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que la presentadora Patricia Conde e Inversiones Ruiz Mateos desaparecen de ella, según informa Europa Press.

En concreto, Roig Grupo Corporativo ha ingresado en la lista de morosos con Hacienda, con una deuda de 9,4 millones de euros, mientras que Joan Gaspart ha entrado con una de 1,3 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha publicado este viernes el undécimo listado de grandes deudores de más de 600.000 euros con Hacienda, donde permanecen viejos conocidos para el fisco, como Agapito García Sánchez, que es uno de los contribuyentes que más debe al fisco, con una deuda que supera ligeramente los 15 millones de euros o la actriz María Paz Campos, conocida como Paz Vega, que adeuda a Hacienda más de 1,7 millones de euros, cifra algo inferior respecto al año pasado.

También siguen apareciendo en la lista el escritor César Vidal, con una deuda de 2,8 millones de euros, y la empresa del artista José Luis Moreno, Kulteperalia, que se mantiene con 951.000 euros.

En total son 6.084 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2023, lo que supone un 0,1% más respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado.

Según los datos facilitados este viernes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.237 millones de euros, un 0,2% más, aunque restando duplicidades -ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el importe sería de 12.620 millones de euros y por tanto, un 6,9% inferior.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha citado a declarar como investigados a los expresidentes del Fútbol Club Barcelona (FCB) Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además de a los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y al hijo del exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que "todavía no está programada la fecha" para estas declaraciones.

El exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, está investigado por presuntamente recibir pagos del FC Barcelona a través de sus empresas, supuestamente para conseguir favores arbitrales para el club.

En marzo, Negreira fue citado ante el juez y se acogió a su derecho a no declarar, y la cita fue acordada una vez el juez recibió el informe psiquiátrico del forense que examinó a Negreira.

El médico del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) que lo evaluó en octubre estimó que podía prestar declaración y el juez decidió convocarlo, una cita que se aplazó dos veces por motivos de agenda de los abogados.

El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha afirmado que la "policía patriótica" le investigó a él, al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, y al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, como principales "voces" de Cataluña durante el procés, tal y como ha recogido Europa Press.

"Era para taparnos la boca, para que no pudiéramos decir 'Visca Cataluña', poner las cuatro barras en la camiseta del Barça o hacer cosas que cada uno de nosotros entendíamos que era bueno para Cataluña", ha indicado en una entrevista de este lunes en Rac1.

Lo ha dicho a raíz de la información publicada por el mismo medio sobre que el FBI supuestamente participó en la Operación Cataluña engañado por el Estado a través de un agente catalán presuntamente acusado de narcotráfico. Rosell ha dicho estar muy indignado con el Estado por utilizar a "una policía Mortadelo y Filemón" contra él, engañando además al FBI y a las autoridades americanas, algo que ha asegurado que sospechaba.

También ha afirmado que utilizará la información para demostrar lo que lleva defendiendo muchos años: "Más pruebas de que otro juez tendrá que decir que no sirven de nada. Pero son más pruebas y las volveremos a utilizar para seguir adelante".

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. [...] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.

Seis años después, sigue siendo el mayor traspaso de la historia del fútbol. En agosto de 2017, el PSG perpetró el robo del siglo al arrebatar al FC Barcelona a su estrella Neymar por 222 millones de euros. Pero la factura, ya de por sí astronómica, podría haber sido aún mayor. Según la información a la que ha tenido acceso Mediapart, los abogados del PSG consideraban probable que las autoridades francesas reclamaran al club decenas de millones en impuestos y cotizaciones sociales por la operación. Pero el club consiguió, en sólo cuatro días, eliminar completamente ese riesgo y no pagar ningún impuesto, gracias a un favor concedido por el entonces ministro de Hacienda Gérald Darmanin (hoy ministro del Interior), en contra de las normas de la Administración que él mismo dirigía.  

Estas son las conclusiones de una investigación de Mediapart, basada en documentos inéditos de Football Leaks conseguidos por Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, así como en documentos judiciales ya revelados por los periódicos franceses Libération y L'Équipe.

La justicia se ha interesado por el fichaje de Neymar en el marco del extenso caso de los manejos del PSG, las investigaciones presuntamente ilegales (mediante la consulta de expedientes policiales) y las operaciones de desestabilización llevadas a cabo en el seno del club, así como el ejército digital comandado por el director de comunicación del club, Jean-Martial Ribes. 

Durante 11 años, hasta su marcha en mayo de 2022, Jean-Martial Ribes fue uno de los colaboradores más cercanos del presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi. El pasado 1 de diciembre de 2023 ha sido inculpado de siete delitos, entre ellos corrupción y tráfico de influencias en el caso Neymar. Ribes reclama su presunción de inocencia negando los cargos que se le imputan. 

El caso en cuestión comenzó en julio de 2017. El emir de Qatar, propietario del PSG, quiere resarcirse de la humillante derrota del club en la Liga de Campeones ante el Barcelona llevándose a Neymar. Como el club catalán se niega a venderlo, la única solución es pagar 222 millones de euros, el importe de su cláusula de rescisión. 

Pero eso plantea un importante problema fiscal. El contrato del delantero brasileño estipula que es él quien debe abonar esa suma al Barça para quedar libre. En consecuencia, el PSG tiene que pagar primero a Neymar los 222 millones, pero existe el riesgo de que ese pago esté sujeto al impuesto sobre la renta en Francia, pero sobre todo a las cotizaciones sociales que financian el sistema de seguridad social francés, como cualquier otra remuneración. 

Se trata de una cantidad muy importante de dinero y el PSG recurre a los mejores expertos. El 21 de julio, los abogados fiscalistas del club confirmaron en una nota confidencial conseguida por Football Leaks que "en Francia el riesgo de imposición es elevado". Y elaboraron cuatro hipótesis, según las cuales el fisco y las Urssaf (Uniones para la Recaudación de las cotizaciones de Seguridad Social y Prestaciones Familiares, los organismos que retienen las cotizaciones sociales) podrían reclamar entre 67 y 224 millones de euros. 

El 24 de julio, Ernst & Young presentó su análisis. "Sus abogados creen en esta fase que es probable que haya que pagar cotizaciones a la Seguridad Social", concluyó la consultora, calculando la posible factura en "el 40% del precio del traspaso", es decir, 88 millones de euros. 

Para el PSG eso sería catastrófico. A pesar de sus recursos casi ilimitados procedentes de sus yacimientos de gas, Qatar es reacio a pagar más de 222 millones de euros. El PSG quiere obtener, por tanto, la garantía de no tener que pagar ningún impuesto. El tiempo apremia y la oferta de contrato hay que enviársela a Neymar la semana siguiente.  

A las 20:00 horas del 24 de julio, el director de comunicación del club, Jean-Martial Ribes, pidió ayuda a su "muy buen amigo" Hugues Renson, diputado macronista y vicepresidente de la Asamblea Nacional hasta 2022. Gran aficionado del PSG, donde sueña con ser contratado algún día, prestaba habitualmente sus servicios al director de comunicación del club, y con la misma regularidad disfrutaba de asientos gratuitos en la zona VIP del Parque de los Príncipes. 

Ribes le pidió que fuera inmediatamente a un importante hotel de París, donde se alojaba con su jefe, Nasser Al Khelaïfi. El diputado macronista, que se encontraba en plena sesión en la Asamblea, aceptó salir del hemiciclo para reunirse con ellos a las 21:00 horas. "El tema era Neymar", confirmó Jean-Martial Ribes a la policía. Tras un breve encuentro, Hugues Renson regresó a la Asamblea. A las 22:14, le dijo a Jean-Martial Ribes que acababa de "hablar con Darmanin": "Lo tiene en mente y me dice que está trabajando en ello". 

Da la casualidad de que Gérald Darmanin, un político de derechas que apoyó a Emmanuel Macron y había sido nombrado ministro de Hacienda apenas dos meses antes, tiene mucha amistad con Nicolas Sarkozy, quien a su vez es extremadamente cercano al PSG y a Qatar. 

Hugues Renson señala que los "superiores" del ministro, es decir, el "presidente" y su equipo, también están implicados. ¿Emmanuel Macron supervisó personalmente el caso? Mediapart lo ha preguntado a El Elíseo, que no ha respondido. 

En cualquier caso, la intervención del diputado parece haber surtido efecto: esa misma noche, el director general del PSG, Jean-Claude Blanc, se reunió con el jefe de gabinete de Gérald Darmanin, Jérôme Fournel, que resulta ser el actual director de la DGFIP, la autoridad fiscal francesa.  A las 22:37, Fournel envió por email a Blanc, "tras nuestra conversación", una nota en blanco y sin firmar titulada "traspaso de jugador". 

La mano derecha de Gérald Darmanin escribe que la cláusula de rescisión no existe en la legislación francesa: no hay por tanto, "normas jurídicas expresas o indiscutibles" y no es posible predecir "al 100%" si la Administración decidirá que hay que tributar o no. 

Pero es pesimista respecto al PSG. “Las Urssaf se han pronunciado recientemente, en casos bastante parecidos, a favor de la responsabilidad fiscal en el marco de las inspecciones en el sector del rugby [...] Incluso con la mejor voluntad del mundo, será difícil que las Urssaf den un giro de 180 grados sobre esta cuestión", advierte, añadiendo que las Urssaf deben asumir en exclusiva la "responsabilidad jurídica" de la decisión, "bajo la estrecha supervisión del Tribunal de Cuentas".  

Pero, sorpresa, sorpresa: tras este sombrío diagnóstico, Jérôme Fournel sugiere vías para que el PSG eluda el pago de las cotizaciones sociales, en contra de las normas de la tesorería central de las Urssaf, que su ministro controla junto con el ministro de Sanidad. 

"Es por tanto indispensable que la solución que se presente a las Urssaf  –y hay que asegurarse de antemano– sea lo suficientemente diferente y alejada de los precedentes recientes como para dejarles un margen de interpretación", dijo al número dos del PSG, sugiriendo "varias soluciones técnicas". 

Jean-Martial Ribes, que recibió el memorándum, se lo pasó inmediatamente a Hugues Renson.  

Al día siguiente, el 25 de julio, Ribes volvió a llamar al diputado a las 9:43 para preguntarle si tenía "alguna noticia del ministro". A continuación, le envió una "nota ultraconfidencial" que contenía la propuesta de tributación cero del PSG, redactada a partir de las "soluciones" sugeridas el día anterior por el jefe de gabinete de Darmanin. "Tienen que aceptar esto para que podamos ultimarlo", explicó. 

“Activa superior (sic), es ahora o nunca", insiste el director de comunicación del PSG. “Si no sale adelante, repercutirá en muchas cosas (...). Es la operación deportiva del siglo, y la administración no debe frustrarla". 

A las 13:31, Hugues Renson le dijo que había recibido un mensaje de Darmanin indicando que "su director de gabinete está hablando" con el club. Jean-Martial Ribes le pidió que hiciera "presión". "Lo acabo de activar", respondió el diputado. 

Una hora más tarde, Jean-Martial Ribes se enteró de que se había programado una reunión arbitral al más alto nivel para las 18:30 horas en Bercy, la sede del ministerio de Economía, pero los directivos del PSG "no habían sido invitados". Se quejó a Hugues Renson, que pareció resolverlo. "Acaba de llamar el ministerio, ya está de camino [Jean-Claude Blanc], gracias amigo", le contestó Ribes.  

Un correo electrónico de Football Leaks confirma que Jean-Claude Blanc efectivamente asistió a la reunión. "El debate no está zanjado", declaró el número dos del club a su gente esa noche, añadiendo que se celebraría otra reunión decisiva en el ministerio "mañana a primera hora de la tarde". 

Al día siguiente, el 26 de julio, a las 15:05 horas, justo después de la reunión, Hugues Renson se encargó de anunciar la buena nueva a Jean-Martial Ribes: "Estuve con Gérald. Hemos charlado. Le parece bien. El calendario parece fijado. Y lo importante es que se presenten los documentos de los que hablamos. Nos van a proteger.” 

El diputado tenía razón: al día siguiente, el PSG recibió dos "dispensas" fiscales de Hacienda y de las Urssaf de la región de Île-de-France, en las que se informaba al club de que no tendría que pagar impuestos ni cotizaciones sociales por la cláusula de rescisión de Neymar. 

En la mañana del 3 de agosto, unas horas antes de que se hiciera oficial el traspaso del delantero brasileño, Gérald Darmanin, en su calidad de ministro de Hacienda, se congratuló de ello en France Inter, por "los impuestos que podrá pagar en Francia". 

"Es mejor que este futbolista pague sus impuestos en Francia que en otra parte", añadió, asegurando que "los intereses del país, y en particular sus intereses financieros, serán observados de cerca". Gérald Darmanin se cuidó de no mencionar la exención fiscal que acababa de conceder al PSG para facilitar su llegada. 

Neymar, que dejó el club en el verano de 2023, aportaba unos 24 millones anuales al Estado y a la Seguridad Social en concepto de impuestos y cotizaciones sociales sobre su salario, según un cálculo realizado por Mediapart gracias a los documentos de Football Leaks. Pero el argumento es más que discutible: nada indica que Qatar habría renunciado a comprarle si no se hubiera eliminado el riesgo de pagar impuestos sobre el traspaso. 

Contactados por Mediapart, ni Gérald Darmanin ni Jérôme Fournel han respondido a las preguntas que se la han formulado al respecto. 

Hugues Renson, por su parte, parece haber sido recompensado. El 4 de agosto de 2017, Jean-Martial Ribes le dio las gracias y le dijo que sus dos hijos estarían entre los "niños escolta" que acompañarían a los jugadores cuando saltaran al campo en el primer partido de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes, y el primero de Neymar con la camiseta del PSG. 

Un mes después, el diputado pidió y recibió, por el cumpleaños de uno de sus hijos, una foto de su vástago con Neymar con la dedicatoria del jugador. También en septiembre de 2017, el director de comunicación le invitó a los partidos del PSG contra el Lyon y luego contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. 

A fin de cuentas, fue un pequeño precio por un diputado que ayudó a eliminar un riesgo fiscal de varias decenas de millones de euros. Hugues Renson, ahora ejecutivo de Électricité de France (EDF), tampoco ha querido responder a las preguntas de Mediapart. 

Durante su detención, Jean Martial Ribes relativizó las influencias del exdiputado: "No creo que Hugues Renson tuviera poder para hacer nada. [...] Es un verdadero hincha del PSG [...], por eso está implicado de esta manera".  

Jean-Martial Ribes también aseguró a la policía que él mismo sólo había desempeñado un papel secundario en la operación: "Honestamente, yo no participé en esas negociaciones [...] Estaba fuera del tema. [...] Mi único papel fue poder ayudar a mi empresa en la medida de lo posible en un asunto muy importante". Añadió que fue "el director general del club, el señor Blanc" quien había tratado el asunto con Bercy. 

"Neymar es irrelevante para mi cliente, porque no ha participado en ninguna reunión con los servicios implicados", declaró a Mediapart su abogado, Romain Vanni. 

Contactados el PSG y su presidente, Nasser Al Khelaïfi, se negaron a responder. Jean-Claude Blanc, que dejó el club en febrero y ahora dirige la división deportiva de Ineos (accionista del OGC Niza y el Manchester United, entre otros clubes), también declinó hacer comentarios.

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Tras una primera temporada en 2016, Mediapart y 14 medios europeos agrupados en la red European Investigative Collaborations (EIC) publicaron en noviembre de 2018 la segunda temporada de Football Leaks, la mayor filtración de la historia del periodismo, basada en más de 70 millones de documentos obtenidos por Der Spiegel, lo que representa 3,4 terabytes de datos. Corrupción, fraude, dopaje, traspasos, agentes, evasión fiscal, explotación de menores, amaño de partidos, influencia política: Football Leaks han documentado el lado oscuro del fútbol como nunca antes.

Dado el enorme volumen de documentos, nos ha sido imposible aprovecharlos al máximo, a pesar de dedicarles meses de trabajo. Cuando publicamos nuestra investigación Football Leaks sobre el fichaje de Neymar, el 9 de noviembre de 2018, no éramos conscientes de la importancia del aspecto fiscal de la operación.

Descubrimos hace muy poco que la justicia había investigado este punto en el marco del caso sobre los manejros del PSG. Fue entonces cuando profundizamos en Football Leaks y desenterramos documentos relativos a los aspectos fiscales del fichaje de Neymar, que complementan la información obtenida por los tribunales.

Traducción de Miguel López

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que son ilegales las normas de la UEFA y la FIFA que les permiten autorizar las competiciones deportivas impulsadas por terceros, porque no son “transparentes, objetivas, no discriminatorias y proporcionadas”. También ha establecido que ambos organismos abusan de su posición dominante al imponer sanciones a quienes proyectan esos campeonatos privados. La sentencia responde así a las cuestiones prejudiciales que en mayo de 2021 presentó el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, donde European Superleague Company y A22 Sports, las dos empresas promotoras de la Superliga, habían denunciado a la UEFA y la FIFA, y pedido medidas cautelares para impedir que sancionaran a la docena de clubes que por entonces apoyaban el proyecto.

No habían pasado ni dos horas de la decisión del Tribunal de Luxemburgo, cuando el consejero delegado de A22 Sports, Bernd Reichart, explicaba las características de una nueva Superliga, sensiblemente distinta a la que se dio a conocer el 18 de abril de 2021. De los 20 equipos iniciales se pasa a 64, con una competición femenina y una plataforma de streaming llamada Unify que difundirá gratis todos los partidos. “El fútbol es libre del monopolio de la UEFA”, proclamó Reichart enarbolando la bandera de la libertad que ya han hecho suya desde Isabel Díaz Ayuso (PP) hasta Javier Milei y ha esgrimido este jueves también el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, principal artífice del proyecto: “Hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades”.

Pero, de momento, de esos 64 clubes, repartidos en tres divisiones, sólo tres están dispuestos a participar en la nueva competición: el Real Madrid, el FC Barcelona y el Nápoles. De los 12 socios iniciales de la Superliga, se han expresado en contra de regresar al proyecto el Manchester United, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. La Juventus, que se apeó el pasado junio, guarda silencio de momento. La única reacción ha sido la de su expresidente Andrea Agnelli, quien ha publicado un post en X –antes Twitter– con una estrofa de una canción de U2, la frase “love football” y el lema histórico del club italiano, “Fino allá fine” (Hasta el final).

El resto de los clubes españoles, británicos, alemanes y franceses que se han pronunciado rechazan participar en la competición impulsada por Florentino Pérez y Joan Laporta. El Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, que se opusieron desde el principio a la iniciativa, han reiterado su negativa. El Borussia Dortmund y el Roma, la Real Sociedad, el Valencia, el Villarreal y el Levante entre los españoles, y el Marsella entre los franceses son algunos más de los equipos que ya han dicho no a la Superliga. En el mismo sentido se han pronunciado las ligas inglesa, francesa, alemana, italiana y portuguesa. Sin faltar la española, con su presidente, Javier Tebas, a la cabeza.

Muy relevante es, en particular, el rechazo de la Premier League: cinco de los clubes inicialmente suscritos al proyecto de la nueva competición eran ingleses: además del Manchester United, el City, Chelsea, Liverpool y Tottenham. Todos abandonaron después de que los aficionados ingleses se echaran a la calle para protestar. “Creado por el pobre, robado por el rico”, se leía en las pancartas que atizaban contra los dueños de los clubes. Es más, el propio Gobierno británico, de la mano de su ministerio de Cultura y Deporte, ha dejado claro que seguirá adelante con su proyecto para reformar la gobernanza del fútbol, creando un regulador independiente con la facultad de prohibir a los clubes participar en competiciones no reconocidas por la Premier League, la UEFA o la FIFA.

Tampoco la Comisión Europea respalda el proyecto impulsado por Florentino Pérez. Sin mencionarlo expresamente, el comisario responsable de Modo de Vida, Margaritis Schinas, ha subrayado que “el fútbol europeo representa los valores de la cohesión y no algo reservado a las élites”. “El principio fundamental de Europa es la solidaridad”, ha sido su mensaje en las redes sociales, donde ha mostrado su apoyo a “un modelo deportivo europeo basado en valores” que no es “negociable”.

No obstante, Bernd Reinhart ha prometido “diálogo” a partir de ahora, además de hacer una “invitación” a los clubes. A preguntas de los periodistas, el consejero delegado ded A22 Sports no quiso precisar qué equipos secundan el proyecto. “No queremos dividir el mundo del fútbol, sino unirlo”, se limitó a contestar.

En cualquier caso, la Superliga debe aún allanar un camino en los tribunales que no ha hecho más que empezar. Porque ahora el juzgado de lo Mercantil deberá sentenciar de acuerdo con el dictamen del TJUE. Una decisión que es recurrible. Javier Tebas, gran enemigo de la Superliga, no perdió la ocasión de subrayarlo: “Le queda un recorrido como mínimo de ocho años”. A su juicio, las opciones del campeonato privado son “cero”.

También el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, ha desdeñado el nuevo formato presentado este jueves por Reichart, que considera “aún más cerrado” que el inicial. “Equipos como el Leicester, el Girona que ahora va de líder, el Atlanta… equipos ganadores de países más pequeños no pueden clasificarse para esta competición”, ha advertido en rueda de prensa. “Si lo llamas competición abierta, estás equivocado, intentan presentarla en público como abierta, y no es cierto”. Ceferin invitó al Real Madrid y al Barça a seguir adelante con su propuesta: “Pueden crear lo que quieran, espero que comiencen su máxima competición lo antes posible… con dos clubes”.

Tanto Tebas como Ceferin se agarran a un párrafo de la sentencia en la que, en efecto, el TJUE deja claro que no se pronuncia “sobre la compatibilidad del propio proyecto de la Superliga” con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque el juzgado español no se lo ha pedido. “La sentencia no avala la Superliga”, ha recalcado el presidente de LaLiga.

Ceferin, por su parte, ha dado la vuelta al varapalo del TJUE convirtiéndolo en una oportunidad para mejorar la regulación que, según dice, ya se reformó en 2022: “Éramos conscientes de que nuestro sistema de autorización era imperfecto y empezamos a trabajar en ello en 2021. Tenemos la confianza en que estas nuevas reglas [tal y como las establece la sentencia del TJUE] están en línea con el juicio del comité ejecutivo de la UEFA”, explicó su presidente, que no obstante se ha comprometido a revisarlas tras estudiar el dictamen del tribunal europeo, para garantizar que los criterios de admisión de las posibles nuevas competiciones organizadas por terceros sean “transparentes, objetivos y no discriminatorios”.

El nuevo formato de la Superliga presentado este jueves por A22 Sports ha enmendado también los elementos que más críticas suscitaron del proyecto inicial. Así, Reichart destacó que la participación de los clubes se basará en el “mérito deportivo”, no habrá “miembros permanentes” y los equipos seguirán vinculados con sus respectivas ligas nacionales. El ejecutivo alemán insistió varias veces en el carácter “abierto” de la competición y en la “tensión competitiva” que la gobernará. Además, se le ha añadido una competición de fútbol femenino con 32 clubes, dividida en dos ligas –en lugar de las tres del masculino–. En ambas modalidades se jugarán 14 partidos por grupo y temporada, todos ellos “emocionantes”. “Hay demasiados partidos con poco interés, sólo en las finales hay un pico de audiencia”, lamentó.

Además, esos partidos se podrán ver gratis a través de la plataforma de streaming Unify, que se financiará mediante publicidad. Lo que no aclaró Reichart cuando le preguntaron los periodistas es cómo se va a financiar el proyecto. Sólo dijo que en este momento está buscando “inversores” y que está más enfocado en Unify. También aseguró que los ingresos de los tres primeros años están garantizados, incluidos unos pagos de solidaridad de 400 millones de euros –el 8% de los ingresos–, lo que duplicaría la cantidad que se reparte ahora en la Champions League. Javier Tebas rebate estas cifras. “Es imposible mantener los números que dicen con fútbol gratis”.

El único apoyo explícito a Florentino Pérez ha llegado de Joan Laporta, que considera la Superliga una “oportunidad histórica para solucionar los problemas que hoy comprometen la futura viabilidad de la gran mayoría de los clubes”. Es el caso del FC Barcelona, ahogado en deuda y en números rojos. Laporta no sólo defiende que el nuevo formato de competición proporcionará a los clubes más recursos y permitirá a las ligas nacionales ser “más equilibradas y competitivas”. También arremetió contra los equipos que “pueden disponer de recursos financieros ilimitados y en ciertos casos ajenos incluso al mundo del fútbol”, en referencia a los llamados “clubes-estado”, como el Paris Saint Germain o el Manchester City, propiedad de los gobiernos de Qatar y Abu Dabi.

“Desde hoy, los clubes serán los dueños de su destino”, proclamó Florentino Pérez tras publicarse la sentencia del TJUE. Su rival, Javier Tebas, le acusa de haber “construido la historia y un relato” de que “mañana ya pueden hacer la Superliga”.

La centrocampista española Aitana Bonmatí cumplió los pronósticos y fue este lunes elegida la ganadora del trofeo del Balón de Oro, un reconocimiento más que culmina su excelente año y que alarga el dominio del fútbol femenino nacional en este galardón, mientras que su compañera Salma Paralluelo acabó en una brillante tercera plaza.

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección era prácticamente la favorita indiscutible a heredar el trono de su compañera y compatriota Alexia Putellas, vencedora los dos últimos años, y premio a una gran temporada donde logró prácticamente todo a nivel colectivo e individual.

Sin lugar a dudas, nadie ha hecho tantos méritos, individuales y colectivos como la de Sant Pere de Ribas, que en la temporada 2022-2023 levantó su segunda Liga de Campeones con el FC Barcelona y el histórico primer Mundial con la 'Roja', con el añadido de que en las dos competiciones fue elegida la mejor futbolista, prueba de su actual estado de forma con tan sólo 25 años.

Además, Aitana Bonmatí, que culminó la pasada campaña con los títulos de la Liga F y de la Supercopa de España, ya fue elegida el pasado mes de agosto la 'Mejor Jugadora de Europa' por lo que parecía complicado que alguien le pudiese arrebatar su primer Balón de Oro, que le entregó el tenista serbio Novak Djokovic.

Este es además el tercero consecutivo para el fútbol femenino español y el cuarto en total de un jugador o jugadora nacido en España tras el logrado por el fallecido Luis Suárez en 1960 (Alfredo di Stéfano, nacionalizado español pero argentino de nacimiento lo ganó en dos ocasiones 1957 y 1959). Trofeos todos ellos logrados por futbolistas que jugaban en el FC Barcelona, que elevó su nómina de Balones de Oro a un total de 15 y que le mantiene como el club más laureado en el palmarés de este reconocimiento.

Y como le sucediera en el premio a 'Mejor Jugadora de Europa', la española finalizó por delante de la delantera australiana Sam Kerr (Chelsea), que subió un puesto respecto a las dos anteriores ediciones y después de una temporada en la que fue campeona de la Superliga inglesa, semifinalista de la Champions y cuarta con su selección en el Mundial, mientras que el 'Top 3' reconoció el gran año de otra futbolista española, Salma Paralluelo.

La aragonesa, de 19 años, tuvo una campaña sobresaliente con el FC Barcelona y con la selección española. Con la 'Roja' fue clave en la Copa del Mundo con sus goles en cuartos de final ante Países Bajos y en las semifinales en Suecia, y el título logrado en Sidney la convirtió en la única jugadora en tener la triple corona mundialista ya que en agosto de 2022 ganó el Sub-20 y en noviembre de 2018 el Sub-17. La sueca Fridolina Rolfö (FC Barcelona) y la guardameta inglesa Mary Earps (Manchester United) completaron el 'Top 5'.

Del resto de jugadoras españolas que estaban nominadas a este Balón de Oro, la siguiente mejor clasificada fue la futbolista del Real Madrid Olga Carmona, autora de los goles que dieron a España el pase a la final del Mundial y la conquista del título y que terminó en la sexta posición, mientras que la centrocampista del FC Barcelona Patri Guijarro fue octava. La defensa Mapi León (FC Barcelona) y la delantera Alba Redondo (Levante) acabaron decimosexta y vigesimoprimera respectivamente.

La historia de amor entre el fútbol y las dictaduras no es nueva. Ya en el siglo XX, estados autoritarios europeos y americanos usaron el llamado “deporte rey” para hacer propaganda de sus valores, darse a conocerse al mundo o blanquear su imagen a nivel internacional. La Alemania nazi, la Italia fascista, la España franquista o la Argentina de la Junta Militar son ejemplos de cómo la política y el autoritarismo atraparon con sus tentáculos a un deporte que anualmente llega a millones de personas en todo el mundo. Todas esas dictaduras se aprovecharon del poder masivo del fútbol para, de una forma aparentemente inocua, tener una incidencia en un público masivo y entregado. Ahora, el eje de las dictaduras ha virado desde Europa al Golfo Pérsico, desde donde el dinero del petróleo está regando de millones a los principales clubes españoles. Tanto es así, que incluso la propia La Liga, ha tenido vínculos con Irán, dictadura de la cual cobró dinero por medio de una empresa fantasma china y con múltiples ingresos desde cajeros en Dubai, según reveló una investigación del consorcio OCCRP, del que forma parte infoLibre.

El fútbol no es solo uno de los deportes con más repercusión a nivel mundial, sino también uno de los que mayor impacto económico tiene, también en España. En 2019, un año antes de la pandemia, el impacto del fútbol profesional en España, según la consultora PwC, equivalía al 1,37% del PIB. Este año, tras unos ejercicios complicados derivados del Covid, el fútbol acrecentará sus ingresos en un 7% con respecto a la temporada anterior, hasta alcanzar los 3.900 millones de euros. 

Unas cifras completamente mareantes, pero que esconden un reverso tenebroso: la necesidad de los clubes españoles de recurrir a patrocinios procedentes de dictaduras árabes para conseguir liquidez y seguir moviendo la enorme maquinaria del fútbol. De hecho, el patrocinio es una de las principales vías de ingreso de los clubes de La Liga, que el año pasado obtuvieron más de 950 millones de euros gracias a esta vía de ingresos. A nivel europeo, las cifras que ingresan los clubes equivalen a un 37% de sus ingresos totales, según datos de la consultora Deloitte.

“El dinero de estas dictaduras es muy tentador, al final son una gran fuente de ingresos. Su dinero ha propiciado grandes vuelcos a nivel deportivo en los últimos años, como es el caso del Newcastle, que pasó rápidamente de pelear por el descenso a jugar la Champions, después de que lo comprara un fondo de inversión de Arabia Saudí”, explica Ángel Gonzalo, miembro de Amnistía Internacional, una de las organizaciones que más activamente ha denunciado el sportswashing, es decir, el blanqueamiento de la imagen internacional de las dictaduras por medio del deporte. 

Uno de los equipos que más recientemente han caído en la tentación del dinero de las dictaduras del Golfo Pérsico es el Atlético de Madrid. El equipo del oso y el madroño anunciaba por todo lo alto, el pasado mes de agosto, la incorporación de la aerolínea saudí Riyadh Air como su patrocinador principal en un acuerdo plurianual. Una alianza que se traducirá en unos ingresos para el equipo de unos 40 millones al año durante las próximas 4 temporadas, según el medio digital 2Playbook. A cambio, el club madrileño lucirá el logo de la marca en la parte delantera de la camiseta durante los partidos, además de otras acciones publicitarias. infoLibre no ha tenido respuesta del Atlético de Madrid al pedirle su versión sobre este patrocinio.

Las cifras del acuerdo llaman aún más la atención por la reciente creación de la aerolínea, en marzo de este año, y porque la alianza con el Atlético es el primer patrocinio deportivo que lleva a cabo la marca. Sin embargo, el propietario de Riyadh Air, el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí, no es precisamente un novato a la hora de invertir en el deporte rey. Este poderoso fondo, presidido por el principe heredero del país, Mohammed Bin Salman, ya posee, además del Newcastle, algunos de los clubes más importantes de la liga saudí. Entre ellos se encuentra el Al Nassr, donde juegan estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo o Sadio Mané. De hecho, gracias al dinero del petróleo, la liga árabe ha vivido este año una verdadera revolución incorporando a grandes estrellas del fútbol europeo, como Neymar, Karim Benzema o la joven promesa española Gabri Veiga.

Además, según publicaba el diario británico The Guardian poco después de la fundación de la aerolínea, Riyadh Air sería una pieza clave en la proyección internacional de la dictadura saudí, usándola no solo para diversificar su economía, muy dependiente del petróleo, sino también para fortalecer su poder blando y mejorar su imagen. Una imagen que se halla enormemente ligada a las flagrantes violaciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional, por ejemplo la represión de feministas, latigazos a personas LGTBI o encarcelamientos de periodistas, además de bombardeos sobre la población civil de Yemen.

Caso parecido es el del vecino del Atlético en la capital, el Real Madrid, que lleva años coqueteando con patrocinios provenientes de dictaduras de Oriente Medio. Esta temporada, el equipo blanco tiene como patrocinador principal a otra aerolíena de lujo que sigue unas lógicas parecidas a las de Riyadh Air, pero con muchísima más trayectoria, longevidad y experiencia en el patrocinio deportivo: Emirates Airlines. Las cifras son, una vez más, mareantes: entre 50 y 70 millones de euros, lo que significa el 20% de los ingresos del equipo blanco, según diversos medios.

Esta aerolínea tiene una vinculación muy estrecha, como su propio nombre indica, con los Emiratos Árabes Unidos, una dictadura que, según Amnistía Internacional, no respeta la libertad de expresión, tortura a los activistas proderechos humanos y tiene una “anacrónica desigualdad legal entre hombres y mujeres” . La compañía es propiedad de The Emirates Group, un holding aéreo público cuyo fundador es Ahmed bin Saeed Al Maktoum, miembro de la familia que actualmente rige los designios del emirato de Dubai. 

De hecho, la influencia del reino dubaití en el Real Madrid no termina ahí. Dubai también patrocina al equipo blanco con Visit Dubai, una iniciativa del Departamento de Economía y Turismo de Dubai, una institución que “tiene el mandato de ayudar al Gobierno a posicionar la ciudad como uno de los principales centros de la economía y el turismo mundiales, y a impulsar los indicadores de competitividad económica y turística de la ciudad”, según explica el club blanco en su página web.

Además, en el año 2009, el Real Madrid firmó un acuerdo de patrocinio con Saudí Telecom Company (STC), una compañía de telecomunicaciones de Arabia Saudí que hace poco más de un mes compró el 9,9% de las acciones de Telefónica por un valor de 2.100 millones de euros, convirtiéndose así en su máximo accionista. STC es propiedad también en un 64% del Fondo Soberano Saudí. La compañía telefónica, sin embargo, ya no figura entre la lista de patrocinadores del club blanco en su página web. El Real Madrid tampoco ha querido dar explicaciones a infoLibre sobre estos patrocinios vinculados a dictaduras árabes.

Con los millones sobre la mesa, parece difícil que los clubes se nieguen a corto plazo a aceptar el dinero de las dictaduras, aun a costa del deterioro que pueda sufrir su imagen. "Con toda la repulsa popular derivada con la celebración del mundial en Qatar, nosotros creíamos que los equipos se iban a replantear estas asociaciones. Sin embargo, no está siendo así. De hecho, el Mundial de 2034 probablemente se celebre en Arabia Saudí”, explica Gonzalo (Amnistía Internacional), que cree que actualmente a estos equipos les sigue compensando económicamente aliarse con este tipo de regímenes autoritarios pese al rechazo de la sociedad y, muchas veces, de sus propios aficionados.

“Los clubes al final son empresas privadas y van donde va el dinero. La FIFA en teoría se debería regir por los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Además, ellos mismos se han dotado de una serie de valores, igual que muchas competiciones domésticas y clubes, pero lo cierto es que no los cumplen”, explica el integrante de Amnistía Internacional. 

Uno de los casos más palpables de posible traición a los valores sucedió en el año 2010, cuando el FC Barcelona sustituyó como patrocinador en su camiseta a la agencia de las Naciones Unidas por los derechos de la infancia, Unicef, para poner a Qatar Foundation, una entidad sin ánimo de lucro fundada por el emir de Qatar. Posteriormente, el club blaugrana cambió este patrocinio por el de Qatar Airways, la aerolínea de lujo del emirato, alianza que se mantuvo hasta el año 2017, cuando fue sustituida por Rakuten. 

La otra opción para evitar este tipo de patrocinios es una regulación por parte de las organizaciones promotoras de los torneos. La Premier League ha tratado de avanzar en esta materia, reservándose el derecho a anular o validar los patrocinios vinculados a los propietarios de los equipos. Una medida que tomó la liga inglesa tras la adquisición del Newcastle por parte del Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí, pero que realmente no ha tenido demasiado impacto para frenar la entrada de dinero de las dictaduras árabes en el fútbol inglés. 

Sin embargo, el ente español que podría regular estos comportamientos, LaLiga, también tiene patrocinadores vinculados a regímenes autoritarios. La entidad presidida por Javier Tebas recibe dinero de Visit Saudí, la ya mencionada iniciativa vinculada al Gobierno de Arabia y encargada de promocionar el país como un destino turístico de primer orden. La asociación de clubes anunciaba dicha alianza en un comunicado donde explicaba que la asociación demostraba la “fuerte conexión histórica entre LaLiga y Arabia Saudí: durante más de 15 años los partidos de LaLiga han sido seguidos por millones de aficionados al fútbol en todo el territorio”. 

En el mismo comunicado, Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y embajador de La Liga, decía sobre el patrocinio que "el gran desarrollo del deporte y los eventos deportivos en Arabia Saudí suponen una oferta diferencial para el atractivo del destino, sumado a su interés cultural y sus sorprendentes paisajes”. En ningún lugar del comunicado –claro– se hace referencia a la situación política del país o de sus abusos en materia de derechos humanos. Tampoco La Liga ha querido responder a infoLibre sobre estos patrocinios.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga el caso Negreira, atribuye a todos los investigados del caso un presunto delito de cohecho, incluyendo el FC Barcelona como persona jurídica, según el auto consultado por Europa Press este jueves.

En esta causa que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, están investigados el propio Negreira, su hijo Javier, el Barça como persona jurídica, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club, Óscar Grau y Albert Soler, y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

En concreto, el juez atribuye a Negreira un presunto delito continuado de cohecho pasivo como autor, y a su hijo lo considera cooperador necesario, mientras que al FC Barcelona y a los exdirectivos investigados les atribuye un presunto delito de cohecho activo.

El instructor mantiene, como calificación alternativa al delito de cohecho, que los hechos supusieron un presunto delito de corrupción deportiva.

Los implicados han recibido este auto este mismo jueves, coincidiendo con los registros que la Guardia Civil hace en la sede del CTA por orden del instructor.

Por lo que ha investigado hasta ahora, el juez sabe que los pagos perduraron unos 18 años y que se multiplicaron desde los 70.000 euros anuales a los 700.000: "Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual".

El juez también deduce que "los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español".

Añade que el Barça prescindió de los servicios de Negreira en cuanto él cesó de la vicepresidencia del CTA, tras lo que él "envió una carta intimidatoria al expresidente del FC Barcelona Bartomeu indicándole, en esencia, que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club".

Para el juez, de esta carta "se desprende que Enríquez Negreira tenía conciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad".

En el auto, el juez Joaquín Aguirre expone que la Real Federación Española de Futbol (RFEF), de la que es parte el Comité Arbitral, "tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública", y por tanto añade que sus directivos deben ser considerados como funcionarios a efectos penales.

El juez también recoge la jurisprudencia sobre el delito de cohecho, que afecta a los funcionarios públicos cuando reciben pagos de un particular, es decir, un soborno.

Respecto a este delito, el juez avisa de que el cohecho "se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos".

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, la filtración que desnudó la cara sucia del fútbol europeo, ha sido condenado este lunes en Portugal a cuatro años de prisión, con suspensión de la pena, por lo que no irá a la cárcel. La jueza Margarida Alves lo ha encontrado culpable de un delito de extorsión en grado de tentativa, tres delitos de violación de correspondencia agravada y cinco delitos de acceso ilegítimo. El resto de los cargos que le imputaba el Ministerio Fiscal han quedado retirados en virtud de la amnistía concedida gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, y también por falta de pruebas.

Además de la condena suspendida, Rui Pinto tendrá que pagar una indemnización al fondo Doyen de 3.000 euros y a los abogados que del despacho PLMJ. João Medeiros 15.000 euros más, mientras que otros dos abogados tendrán derecho a 2.039 euros cada uno. También ha sido condenado el abogado Aníbal Pinto, en su caso a dos años de prisión igualmente con suspensión de pena. Y tendrá que compensar a Doyen con 2.500 euros.

En su sentencia, la jueza destaca que Rui Pinto tenía a su favor la edad cuando cometió los hechos, su falta de antecedentes penales, el arrepentimiento que expresó durante el juicio y el hecho de que pusiera a disposición de un consorcio de periodistas, la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto Expresso como infoLibre, los documentos que dieron lugar a investigaciones de interés público.

Fueron más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. Tras analizarlos la revista alemana junto con sus socios de EIC, esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

En la lectura de la sentencia del caso Football Leaks, la jueza explicó que “no era creíble” la alegación de Rui Pinto de que los correos electrónicos enviados al consejero delegado de Doyen, Nélio Lucas, proponiendo el pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones, eran sólo una provocación, ya que no esperaba que el gerente de Doyen contestara en absoluto. “El acusado sabía claramente que Nélio Lucas iba a responderle”, zanjó Margarida Alves.

La jueza subraya también que Rui Pinto actuó solo y que, en octubre de 2015, era el único poseedor de la información extraída de Doyen y de otras entidades. “No sólo era el cerebro del proyecto Football Leaks, sino que además era la única persona que tenía acceso a la información y a los archivos en ese momento”, señala. El hacker portugués siempre adujo que la extracción de los documentos había sido fruto de un trabajo colectivo, ejecutado por un grupo de personas del que él sólo era uno más. Pero Margarida Alves concluye que el argumento de Rui Pinto de que había otras personas en posesión de los archivos tampoco es creíble y que, si hubiera actuado solo, no habría podido decidir y controlar las conversaciones con Nélio Lucas.

“Nadie pide dinero a cambio de información si no la posee en exclusiva”, apunta la jueza. “Era únicamente el acusado Rui Pinto quien la tenía y gestionaba”, remató.

En cuanto al abogado Aníbal Pinto, la jueza señala que estaba “meridianamente claro” que acudió a la reunión de octubre de 2015 con Nélio Lucas –entonces bajo vigilancia de la policía judicial– “consciente del plan de Rui Pinto” de pedir dinero al fondo Doyen para dejar de publicar Football Leaks. “Ha quedado probado que los dos acusados se propusieron extorsionar al asistente de Doyen”, concluyó Margarida Alves.

La sentencia también responsabiliza a Rui Pinto de las publicaciones en el blog Mercado de Benfica. “Fue con la detención del acusado cuando cesaron todas las publicaciones en Football Leaks y Mercado del Benfica. ¿Es creíble que si el acusado hubiera actuado en grupo las publicaciones no habrían continuado?”, se preguntó la jueza.

A su juicio, “todo el plan [para extorsionar a Doyen] se llevó a cabo”, sólo que “no tuvo el resultado deseado por razones ajenas a su voluntad”; es decir, porque Doyen no pagó la cantidad propuesta por Rui Pinto y negociada por Aníbal Pinto. “Los acusados eran perfectamente conscientes de la ilegalidad de su comportamiento”, señala también Margarida Alves.

La sentencia condena también a Rui Pinto por cinco delitos de acceso ilegítimo, pero le absuelve de un sexto delito de este tipo, porque no se probó que hubiera accedido a la plataforma Score, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La jueza tampoco duda en calificar de “inconcebible” prever una “disminución de la culpabilidad” asociada al “supuesto interés público” de las publicaciones de Football Leaks. “El derecho al secreto [de las comunicaciones] prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Si no está bien para el Estado, mucho menos lo está para cualquier ciudadano”, dijo, señalando que el hacker también actuó por interés personal, chantajeando a Doyen. “En un Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la ley y le debe obediencia. No todo vale y nunca puede valer todo. La verdad no es un valor absoluto y no tiene por qué ser investigada a cualquier precio”, fue el argumento, seguramente polémico, expuesto por Margarida Alves.

Sobre los 68 delitos de acceso indebido a decenas de buzones de correo electrónico, la jueza señaló que este acceso se produjo en los sistemas de cinco entidades, entre ellas el fondo Doyen, el club Sporting de Lisboa y el despacho de abogados PLMJ. Y dictamina que debe ser absuelto de estos delitos en su versión agravada, beneficiándose de la amnistía por la visita del papa en la Jornada Mundial de la Juventud. La misma amnistía se aplica al delito de hurto simple de correspondencia. Sin embargo, se dictará una sentencia condenatoria por la violación de la correspondencia de los abogados de PLMJ, cuyos correos electrónicos fueron publicados en el blog Mercado del Benfica.

“Aunque Rui Pinto ha sido condenado, es un alivio que no se accediera a la petición de la fiscalía de sentenciarle a varios años de prisión”, ha declarado el abogado del informante portugués, William Bourdon, a EIC. El letrado aún no ha decidido si recurrirá la sentencia. “Lamentamos que el tribunal no haya atenuado su responsabilidad penal teniendo en cuenta el gran interés público de sus revelaciones”, ha explicado, “sin embargo, ha reconocido en su sentencia la contribución de Rui Pinto a la defensa del interés público, y es probable que esto influyera en el hecho de que no haya impuesto una pena privativa de libertad, al igual que el hecho de que Rui Pinto reconociera sus errores y aceptara sus responsabilidades”.

En un comunicado, Bourdon y los otros dos abogados que han defendido a Rui Pinto –Francisco Teixeira da Mota y Luisa Texeira da Mota– han elogiado la “independencia” del tribunal y que haya tenido en cuenta todas las explicaciones dadas por el portugués durante el juicio, además de los testimonios “muy convincentes”, recalcan, “de testigos eminentes”, confirmando el hecho de que es “uno de los mayores denunciantes [de corrupción] de los últimos años en Europa”.

Los abogados recuerdan, además, que Pinto “sigue siendo un testigo protegido”, debido a las amenazas que sufre, y “objeto de un insoportable acoso judicial ilustrado por las permanentes iniciativas legales emprendidas por los mayores clubes de fútbol de Portugal. Según destacan, ese acoso constituye “una prueba evidente de que existe en Portugal una comunidad de intereses que desea criminalizarlo ad vitam aeternam”.

Por ese motivo, no descartan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poner fin a esa “persecución judicial, que lesiona gravemente los principios fundamentales de un juicio justo”.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha imputado a Javier Enríquez, hijo del exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, por los pagos del Futbol Club Barcelona (FCB) a su padre, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press este viernes. El juzgado ha adoptado esta decisión a petición de LaLiga, que había pedido que el hijo de Negreira pasara a ser investigado en la causa a pesar de que la Fiscalía había decidido dejarlo fuera de las pesquisas, según ha confirmado El Mundo.

Las mismas fuentes han explicado que la causa se decretó secreta después de las personaciones, y que "se ha extendido el intervalo de investigación, los delitos y se ha incluido a Negreira Jr.", modificando así su condición de testigo a imputado.

En esta causa, el FC Barcelona está investigado como persona jurídica en la causa por los pagos al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira. También están investigados el propio Negreira, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

El pasado viernes, el juzgado aceptó al Real Madrid CF como acusación particular en la causa y descartó la personación del Consejo Superior de Deportes (CSD). La jueza argumentó la admisión del Real Madrid porque participa en La Liga y la presunta corrupción que se investiga para supuestamente favorecer al FC Barcelona habría afectado también al equipo madrileño.

Por contra, argumentó que el CSD es "un organismo de naturaleza meramente administrativa, con reconocimiento de competencias disciplinarias propias, instando la sanción de conductas que, en caso de exceder los límites del ámbito puramente deportivo", corresponden a las autoridades judiciales. También para justificar la exclusión del CSD, recordó que los organismos públicos no pueden actuar como acusación popular "salvo que exista habilitación legal expresa, la cual únicamente está prevista para el caso de violencia de género".

El CSD respeta la decisión del juzgado de instrucción de rechazar, en un auto que aún no es firme, su personación en este caso. No obstante, ha solicitado a la Abogacía del Estado que recurra esta decisión, al entender que hay cuestiones jurídicas discutibles.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, insistió este lunes que el club azulgrana "no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva", al mismo tiempo que reiteró que el caso Negreira "no es un delito de corrupción deportiva" y denunció el "linchamiento público" contra la institución, por lo que pidió a "instituciones y medios de comunicación" respetar el "principio de inocencia", según informa Europa Press.

"El FC Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva. El caso Negreira no es un delito de corrupción deportiva", reiteró Laporta durante una comparecencia ante los medios de comunicación para dar explicaciones por el caso Negreira.

El dirigente arrancó su intervención denunciando una "gigantesca campaña de desprestigio internacional", con afirmaciones "difamatorias que nada tienen que ver con la realidad". "En el Barça queremos ganar, y nos gusta mucho el cómo ganamos, jugando bien. No nos gusta ganar con ayudas arbitrales. Es obvio que tenemos detractores, que intenta erosionar nuestro prestigio, a veces por envidia, por sentimiento y otras veces por cuestiones extradeportivas", expresó.

"No lo van a conseguir, ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça pueda continuar siendo una institución o un club de referencia para el deporte mundial", agregó.

Laporta relató que el Barça cuenta con "asesoramiento profesional" de una persona con "trayectoria en el estamento arbitral" que realizaba su trabajo "con claridad y transparencia". "Este asesoramiento existía y esta en las facturas, pagadas por transferencia bancaria", comentó.

"Hay personas físicas de una entidad externa al club, que no el Barça, que han aprovechado el contexto para sacar un beneficio, nosotros defenderemos al honorabilidad del club, somos los primeros interesados en que se conozca el tema hasta el final. El FC Barcelona es una victima en esta cuestión. En ningún caso el Barça sería responsable".

El presidente azulgrana compareció junto a los 629 informes técnico-arbitrales, 43 CD's y 4 informes diversos que analizó la investigación externa, apelando a la "presunción de inocencia que el Barça no ha tenido a nivel mediático hasta ahora". "Ha sido sometido a una condena y linchamiento mediático sin juicio. Estamos asistiendo a un juicio salomónico, es intolerable e inexplicable", lamentó.

"LaLiga ha tenido una actuación poco prudente, irresponsable y una falta de profesionalidad evidente. Pido a Tebas deje de alimentar esta polémica. Está validando una hipótesis que es falsa", criticó al presidente de la patronal, antes de agradecer la "actuación prudente" de Luis Rubiales, presidente de la RFEF; José Manuel Franco, presidente del CSD; y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y la querella del árbitro Xavier Estrada Fernández por presunta corrupción en pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, y ha aceptado que LaLiga sea acusación particular en el caso.

En un auto consultado por Europa Press este miércoles, la jueza ha abierto las diligencias por los presuntos delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

La magistrada ha decidido que la Guardia Civil se encargue de la investigación y, una vez reciba la documentación de la investigación policial que ha ordenado, fijará fechas para tomar declaración a testigos e investigados.

Entre los testigos que la Fiscalía ha pedido citar en la causa están los exentrenadores del FC Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde.

Según la querella de Estrada, entre 2016 y 2018 Negreira cobró 1.392.680 euros del FC Barcelona a través de su empresa DASNIL 95 SL, de la que era gerente su hijo Javier Enríquez Romero, contra quien también se dirigía la querella pero que no ha resultado investigado.

Por su parte, la Fiscalía sostiene en la denuncia que presentó el viernes que entre 2001 y 2018 Negreira cobró del Barça más de 7,3 millones de euros a través de sus empresas DASNIL 95 SL y NILSAD SCP a cambio de "actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".

La jueza constata que la investigación de la Fiscalía ha recavado indicios que corroboran la querella de Estrada y como, a pesar de los cobros, Hacienda no ha detectado un "incremento patrimonial" de Negreira, la magistrada ve pertinente hacer una investigación patrimonial a él y a su entorno próximo.

Por eso, encarga a la Guardia Civil determinar el motivo de los pagos del Barça y el destino de esos pagos, además de identificar a las personas que ocuparon el cargo de director general, ceo o director ejecutivo y director financiero, tesorero o jefe del área económica del club entre 2011 y 2014.

A petición de Estrada, que presentó la primera querella por este caso, la jueza ha fijado una fianza de 10.000 euros para Negreira y su empresa DASNIL 95 SL para asegurar las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa.

Además de Negreira, pasan a estar investigados por esta causa el FC Barcelona como persona jurídica y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

La jueza también abre investigación contra los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa DASNIL 95 SL.

La denuncia de la Fiscalía sostiene que, a través de Rosell y Bartomeu como presidentes, el Barça "mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira, que entonces era vicepresidente del Comité Arbitral, para que les favoreciera en decisiones arbitrales.

La Fiscalía calcula que desde 2001 a 2018, Negreira cobró más de 7,3 millones de euros en pagos que supuestamente no correspondían a servicios de asesoramiento técnico reales, a lo que la fiscal señala: "Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".

Añade que las cuentas bancarias donde Negreira recibía los pagos "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador" que cobraban terceras personas por encargo de Negreira, a quien entregaban luego el efectivo.

Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que Negreira recriminó a Bartomeu en un burofax que la fiscal reproduce: "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido este martes un decreto en el que ordena que la Fiscalía Anticorrupción asuma el conocido como caso Negreira, un asunto que hasta ahora estaba en manos de la Fiscalía Provincial de Barcelona, al considerar que se trata de delitos de especial trascendencia, según ha informado el Ministerio Público y ha recogido Europa Press.

La decisión tiene lugar después de que el pasado viernes la Fiscalía Provincial presentara una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu por presunta corrupción por los 7,3 millones de euros que el club habría pagado al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018. Dicha denuncia se dirige también contra el propio Negreira y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler.

A partir de ahora será la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la que asuma la acusación en el caso Negreira, donde se apunta a posibles delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que los pagos que se efectuaron a Negreira por más de 7,3 millones de euros en 2001 y 2008 suponen "una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General" e incide en que las percepciones recibidas por Negreira "no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".

En concreto, en la denuncia se dice que dos empresas de Negreira giraron facturas al Barça "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real". La Fiscalía apunta que el árbitro facturó al club 2.971.673,01 euros entre 2014 y 2018.

El escrito añade que las dos cuentas bancarias en las que Negreira recibía los pagos "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador" que cobraban terceras personas por encargo del árbitro, a quien entregaban luego el efectivo.

Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que el árbitro recriminó a Bartomeu en un burofax que reproduce el Ministerio Público en su denuncia. "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial", señala.

En el marco de su escrito, la Fiscalía Provincial pide al juzgado que tome declaración en calidad de investigados a Negreira, Rosell, Bartomeu y el resto de denunciados, así como al representante legal del FC Barcelona.

Asimismo, solicita que se realice una investigación patrimonial a Negreira y a su "entorno familiar más próximo" para conocer el destino dado a lo cobrado. Requiere también que recabase de Negreira y del Barça la copia de las facturas acreditativas de las operaciones comerciales mantenidas desde 2011 y 2014.

Hasta el momento, está pendiente que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona se pronuncie sobre las peticiones efectuadas por el Ministerio Público.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha anunciado este lunes que se personarán en el caso Negreira en el "momento oportuno", es decir, si el juzgado admite la denuncia presentada por la Fiscalía, al tiempo que ha pedido al Fútbol Club Barcelona y a su presidente, Joan Laporta, que expliquen lo sucedido para saber si no es "tan grave como aparenta", según informa Europa Press.

"La intención del CSD es personarse pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante un Juzgado de Instrucción, ese juzgado tiene que admitirlo a trámite y ahí será cuando nosotros, con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa", ha asegurado en declaraciones en El programa de Ana Rosa de Telecinco.

En cuanto a por qué han tardado tanto en comunicar que se personarán, ha afirmado que quieren ser "responsables y coherentes". "Hay que dejar que las instituciones funcionen, que están funcionando muy bien. El tema surge en la Agencia Tributaria, pasó a Fiscalía y ellos han decidido denunciarlo. Vamos a ver si el Juzgado de Instrucción lo admite a trámite, vamos a seguir el proceso lógico", ha manifestado.

"Me preocupa este caso porque al deporte español no le viene bien, le viene mal. Lo que es malo para el fútbol, es malo para el deporte español. Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Es verdad que hay que investigarlo", ha reconocido.

Por ello, además, quisiera escuchar la versión del club blaugrana. "Le pediría al FC Barcelona un tipo de aclaración, que digan qué ha pasado. Podría no ser tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo y nos preocupa y supone un descrédito para el deporte y fútbol español", ha manifestado Franco.

"Pido al señor Laporta que nos aclare de una vez qué es lo que ha pasado, si hay cosas que las desconocemos, que las diga. La masa social del FC Barcelona también merece una explicación", ha reclamado.

Por otro lado, respecto a que el exdirector general del CSD, Albert Soler, esté implicado en el caso Negreira, ha asegurado que no tiene nada que ver con su salida del CSD. "No sé si Albert Soler lo sabía o no, yo lo desconocía totalmente. Pero cuando sale el caso, el señor Soler no estaba ya en el CSD. Pero hay muchos implicados y tendrán que aclararlo ante el juez. Eso está claro", ha apuntado.

"La nueva Ley del Deporte, aprobada en diciembre, marca un plazo de prescripción para infracciones muy graves de tres años, en línea con la ley de régimen jurídico del sector público. La nueva ley agrava las infracciones", ha comentado sobre la prescripción del posible delito y la implicación de Soler en la redacción de la nueva Ley del Deporte.

El Real Madrid se personará en el caso Negreira como parte perjudicada si se admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, una decisión tomada tras la reunión este domingo de la Junta Directiva del club blanco, que mostró su "profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos", según un comunicado emitido este domingo que recoge Europa Press.

"El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas", señaló la entidad madridista en un comunicado.

La decisión se ha tomado después de que la Junta Directiva tomase conocimiento "de las graves acusaciones" formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona, dos de sus presidentes, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, y los exdirectivos Albert Soler y Oscar Grau, "sobre la base de potenciales delitos, entre otros, de corrupción" en el ámbito deportivo, en el marco de las relaciones entabladas por el club azulgrana con el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Tras conocerse esta información, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha pedido a los socios y aficionados azulgranas que estén "tranquilos". Además, ha reconocido que no es "ninguna sorpresa" que el club blanco se haya unido al resto de equipos. "El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos", ha escrito en su cuenta de Twitter el líder del club catalán que también señla que "muchos tendrán que rectificar".

El viernes, la Fiscalía presentó una denuncia contra el FC Barcelona y sus expresidentes, además de contra el propio Negreira y los exdirectivos Grau y Soler. La Fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. La denuncia se ha presentado en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que ya recibió una querella del árbitro Xavier Estrada Fernández contra Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero por estos hechos.

Sin embargo, la Fiscalía deja fuera de su denuncia a Enríquez Romero, que era administrador único de la empresa de Negreira DASNIL 95 SL, porque no ha quedado acreditado que "conociera y compartiera el propósito de su padre".

El 21 de febrero, los clubes profesionales de LaLiga, a excepción de FC Barcelona y Real Madrid, expresaron su "rechazo" y su repulsa por los presuntos pagos a Negreira, mientras que LaLiga advertía de que actuaría "con firmeza".