El Ateneo de Madrid acoge este próximo jueves 26 de febrero la presentación de un manifiesto elaborado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y que cuenta con el respaldo de un centenar de juristas. El objetivo de este documento es reclamar que las pensiones queden protegidas en la Constitución.

Entre los firmantes se encuentran profesionales de reconocido prestigio como Manuela Carmena o Baltasar Garzón, magistrados en activo como Ignacio González Vega o Ximo Bosch y magistrados eméritos del Tribunal Supremo como Perfecto Andrés o Alberto Jorge Barreiro. También figuran académicos y constitucionalistas.

Una vez finalizado el acto, una delegación hará entrega del manifiesto a las fuerzas parlamentarias del Congreso, el mismo día en que se someterá a votación la revalorización de las pensiones.

La MERP ha anunciado la movilización por sus redes sociales y ha informado que su objetivo es "prohibir los recortes, la privatización del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo".

Este 18 de febrero, la Constitución se ha convertido en la más longeva de nuestra historia constitucional: 47 años, dos meses y quince días transcurridos desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. Atrás quedaron dos tumultuosos siglos de asonadas y amotinamientos que clausuraban sucesivos episodios constitucionales mayoritariamente conservadores. La democracia apenas vio la luz en dos momentos puntuales (1868 y 1931) rápidamente cortocircuitados por un sedicioso estamento militar al servicio de la reacción oligárquica.

Casi medio siglo de dictadura dura y pura en el siglo XX pone a las claras el hecho diferencial español respecto de las democracias constitucionales europeas y norteamericana. Habiendo alumbrado uno de los precursores textos constitucionales de la historia contemporánea (1812), ha habido que esperar a cumplirse el primer cuarto del siglo XXI para contemplar, con perspectiva, la plena (y envidiada) homologación del régimen constitucional español en el seno de las democracias occidentales.

La legítima satisfacción no debe traducirse en autocomplacencia que nos impida formular un juicio severo sobre los sempiternos enemigos que, desde siempre, han amenazado al constitucionalismo democrático español y que siguen tan presentes entre nosotros. Ejército e Iglesia fueron durante siglos muy útiles herramientas para abortar los sucesivos conatos de libertad y democracia. Hoy ya no lo son: las fuerzas armadas cumplen impecablemente con las funciones legalmente atribuidas bajo la dirección del poder constituido y la Iglesia católica –como estamento– ya no goza de una entidad social que le permita interferir en la política –aunque en no pocas ocasiones lo sigue intentando– para imponer su vetusta moral a una sociedad moderna y avanzada.

El principal enemigo de la Constitución sigue siendo el virus confrontativo inoculado en nuestra sociedad por élites cuyas ansias de patrimonialización del poder se han extendido a lo largo de siglos. La oligarquía que instrumentaliza a la “España que embiste” no reconoce en la Constitución sino una arquitectura formal al servicio de su propia supervivencia y no admite más constitucionalismo democrático que el representado por las instituciones representativas de la democracia formal.

El pacto constituyente de 1978 no fue virtud sino necesidad para quienes han usufructuado secularmente el poder político. Las derechas españolas no tenían otra alternativa tras el inevitable desmoronamiento de una dictadura unipersonal. Las izquierdas estrenaron un inequívoco patriotismo constitucional al constatar la oportunidad de constitucionalizar un programa ideológico democrático de avance, progreso y justicia social. La técnica constituyente sustentada en el loado consenso se materializó a través de numerosas vías y, sin duda, supuso un cúmulo de transacciones y cesiones de todo el espectro político que acabó posibilitando gobiernos de todos los colores bajo el paraguas de una Constitución abierta a múltiples interpretaciones ajena a la univocidad partidista.

El principal desafío de la Constitución más longeva de nuestra historia no reside ni en el texto ni en el espíritu de la Constitución sino, como siempre, en el talante leal/desleal de la política respecto del orden constitucional. La acción política española ofrece numerosos ejemplos de cruenta confrontación institucional que evidencian la ausencia absoluta de voluntad de convergencia. A principios de los 90 la política española inició un camino sin retorno hacia una confrontación fratricida ajena a los mandatos constitucionales preñados de valores y principios: sin reglas, con “el todo vale”, con el “quien pueda hacer que haga”. La antipolítica, sin matices ni límites. La Constitución volvía a ser mero ornamento dialéctico como siglos atrás.

La Constitución pervive y pervivirá porque, afortunadamente, el constitucionalismo normativo de esta era procura mecanismos jurisdiccionales que garantizan su efectividad por encima de la deslealtad constitucional de la política que sirve a intereses ocultos. Y porque los poderes invisibles ya no pueden recurrir al uso de la fuerza bruta para perpetuar su preeminencia social. Pero la confrontación política basada en la idea de negar al adversario y promover su exterminio cual enemigo está en las antípodas de un concepto de Constitución identificado como marco de convivencia pacífica capaz de cumplir las aspiraciones de toda la sociedad. El emponzoñamiento de la dialéctica y la acción política, cegando cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo, desvirtúa absolutamente los valores constitucionales y –que nadie lo dude– deteriora brutalmente la vida en común de los españoles hasta extremos insospechados aunque no llegue a ponerse en riesgo el orden constitucional.

Una efeméride como la que se ha cumplido este 18 de febrero nos interpela y obliga a recordar que la España de nuestra esperanza, a veces madre y siempre madrastra, dulce y amarga, dejó atrás en 1978 una reseca historia buscando cielos donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar…

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Artemi Rallo Lombarte es catedrático de Derecho Constitucional y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

ERC, EH Bildu y BNG han reclamado este martes la apertura de un proceso constituyente que reconozca explícitamente a Cataluña, País Vasco y Galicia como "naciones que conforman el Estado" y han invocado el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación, según recoge EFE.

Así lo demandan en una declaración conjunta en la que explica los motivos de su ausencia en el acto organizado por el Congreso con la presencia de los reyes para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Bajo el título 'Naciones con pleno derecho a decidir', estos grupos parlamentarios señalan que la Constitución de 1978 no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista.

Según denuncian, fue el resultado de un pacto condicionado por los límites impuestos por las estructuras de poder de la dictadura, que consolidó la negación de Galicia, Cataluña y País Vasco como naciones y su derecho a decidir e impuso un modelo social injusto para las mayorías sociales y trabajadores.

"Todo ello atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades. De aquellos polvos estos lodos", afirman.

Inciden en que la Carta Magna, lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible.

En su opinión, la experiencia de estas décadas evidencia que la llamada 'longevidad constitucional' no implicó la superación del déficit democrático de origen.

Argumentan que la negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que gallegos, catalanes y vascos puedan pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a sus aspiraciones nacionales y sociales.

Las tres fuerzas soberanistas de izquierda insisten en que el reconocimiento de la plurinacionalidad no puede ser retórico ni subordinado, sino político y efectivo.

"Nuestra coherencia política nos sitúa del lado de la ampliación de derechos, de la libertad de los pueblos y de la construcción de un nuevo horizonte político y social", aseveran.

Lamentan que la Constitución siga negando este horizonte y abogan por abrir un proceso constituyente que reconozca explícitamente a sus naciones, garantice el derecho de autodeterminación, permita ejercer la soberanía y posibilite construir, desde el respeto y la igualdad, relaciones basadas en la libre voluntad de los pueblos.

"Democracia es decidir. Las naciones son sujetos políticos. El futuro pertenece a los pueblos", concluyen.

El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma del Reglamento del Senado porque, entre otros motivos, habilitó los conflictos de atribuciones por demoras legislativas del Congreso, sin que este supuesto lo contemple la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según informa EFE.

El PSOE ha anunciado este lunes en un comunicado la presentación de este recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley reglamentaria aprobada el pasado noviembre por el pleno del Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta. Uno de los cuatro motivos del recurso es que introdujo la demora legislativa del Congreso como supuesto habilitante para presentar conflictos de atribuciones, mediante el nuevo artículo 108.6. Según los socialistas, supuso ampliar los supuestos previstos en la LOTC, ley de rango superior, y además invadir la autonomía de la Cámara Baja.

Un segundo motivo para el recurso se basa en el procedimiento de aprobación de la reforma del Reglamento, ya que durante la fase de ponencia se aceptaron correcciones técnicas que, según el PSOE, supusieron quince auténticas enmiendas fuera de plazo, las cuales, por tanto, no contaron con el preceptivo debate previo en el pleno.

El tercer motivo del PSOE para recurrir ante el TC es la nueva posibilidad desde noviembre de que una comisión del Senado pueda convertir en ley un texto procedente del Congreso que no ha sido votado por el pleno, porque se rechazaron las enmiendas o vetos y ningún grupo solicitó su elevación. Según el PSOE, eso contradice el artículo 75.2 de la Constitución e incluso el propio Reglamento del Senado en otros puntos.

El cuarto motivo del recurso, según explican los socialistas, tiene que ver con el denominado "veto presunto", por el cual el Reglamento desde noviembre equipara el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta del pleno a la aprobación formal de un veto, como establece la Constitución en su artículo 90 y ha consolidado la doctrina del TC, que limita las discrepancias entre las dos cámaras.

Los preceptos recurridos del Reglamento vigente son sus artículos 107.3, 108.6, 116.3, 122, 126 ter.1, 129.5, 143.2 y 143.5. Este es el tercer recurso de inconstitucionalidad interpuesto en esta legislatura por los socialistas ante el TC por reformas del Reglamento del Senado. El primero de ellos, presentado en 2023, contra la reforma que permitió demorar hasta los dos meses la tramitación de la ley de amnistía, concluyó en una sentencia de inconstitucionalidad del TC en marzo de 2025. El segundo fue contra una reforma posterior del Reglamento también referida a la tramitación de leyes que proceden con el carácter de urgentes desde el Congreso, el cual fue admitido a trámite por el TC el pasado noviembre.

A la primera Constitución Española la parieron en Cádiz. Fue en 1812 y la llamaron “La Pepa”. Al primer manifiesto feminista español también lo parieron en Cádiz, en 1857. Aquí, otra Pepa actuó de matrona.

Fue Josefa Zapata, fundadora, junto a Margarita Pérez de Celis, de El Pensil Gaditano, el periódico responsable de la publicación de “La mujer y la sociedad”, bautizado en las redes como el primer manifiesto feminista español (con permiso de una tercera Pepa: Josefa Amar y Borbón y su trabajo “Discurso en defensa del talento de las mujeres”, fechado en 1786).

La mujer y la sociedad está firmado por Rosa Marina, pseudónimo tras el que se podrían haber ocultado las mismas Zapata y Pérez de Celis. Como no hay acuerdo sobre esto en la comunidad investigadora, dejaremos a Josefa y a Margarita en el papel de “matronas” y no en el de madres de una criatura tan relevante para la construcción de una genealogía del pensamiento feminista español.

La figura de ambas pensadoras comenzó a ser recuperada casi al mismo tiempo que la democracia. En los años 70 del siglo XX, la coincidencia de la tercera ola feminista con el proceso de la Transición fue el caldo de cultivo perfecto para que la historiografía pusiera su vista en las socialistas gaditanas quienes, como muchos de sus contemporáneos, creían posible construir sociedades más igualitarias a través de la educación y el ejercicio de la justicia social.

De aquellos años son los trabajos del historiador y ensayista Antonio Elorza sobre el socialismo utópico español en el que quedan enmarcadas estas dos periodistas. En los noventa y principios de los 2000 la historiografía feminista las termina de sacar del olvido y las convierte en protagonistas centrales de estudios como los de Inmaculada Jiménez Morel, Mónica Bolufer y, probablemente, una de las historiadoras que más profundamente conoce a Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis: Gloria Espigado Tocino, profesora de la Universidad de Cádiz.

Y con esos mimbres académicos llegaron Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis a la cuarta ola feminista y a la divulgación en redes sociales.

Una búsqueda rápida en internet ofrece no pocas entradas en las que es posible conocer a las dos periodistas y pensadoras gaditanas. Hay textos, pódcast y algún vídeo. Son presentadas como lo que fueron: mujeres que cuestionaron el sistema y defendieron la igualdad entre sexos. Hay pocos detalles sobre sus vidas personales, aunque en algunos contenidos se subraya el hecho de que ninguna de ellas se casara y mantuvieran una amistad romántica, relación muy habitual entre las mujeres que encontraban en otras la seguridad y el espacio para desarrollar sus inquietudes intelectuales y, según estudios queer, sexuales.

En buena parte de esas entradas y contenidos aparece una imagen que permite ponerles cara y reforzar la idea de intimidad entre Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis. Ambas posan de pie muy juntas leyendo un libro que sostiene una de ellas, mientras la otra apoya sus manos sobre los hombros de su compañera. Pero ¿quién es quién? Ninguno de los pies de foto lo explica. Primera red flag.

Los escasos datos biográficos que las historiadoras han logrado documentar dicen que Josefa era 16 años mayor que Margarita. Sin embargo, en la imagen no parece haber una diferencia de edad tan evidente. Segunda red flag.

De hecho, esas dos mujeres no son Josefa Zapata ni Margarita Pérez de Celis. Son dos jóvenes burguesas de Ciudad de México (entonces, México D.F.) fotografiadas por el estudio “Cruces y Campas” en 1868. Así consta en la ficha de inventario número 453737 de la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, facilitada por Juan Carlos Valdez, director de Sistema Nacional de Fototecas de México.

Según los estudios de la investigadora mexicana Patricia Massé, “Cruces y Campas” se especializó en el retrato de personajes de la burguesía local y en la producción de tarjetas de visita en las que se representaban escenas donde sus protagonistas aparecían en acciones con las que pretendían comunicar su estatus, además de sus gustos y aficiones. No es casual que dos mujeres jóvenes eligiesen ser inmortalizadas en la imagen de esa forma. La lectura –en muchos casos– y la escritura –en una minoría de ellos– fueron la vía de escape para las señoras del XIX que no se conformaban con el rol doméstico que el sistema liberal pretendía otorgarles.

Josefa y Margarita no fueron retratadas juntas –que sepamos–. Pero a buen seguro que, como editoras de los Pensiles, compartieron multitud de veces la misma escena, leyendo y comentando los textos llegados a su redacción. Así que, aunque la imagen difundida no sea real, quizás no resulte tan imposible.

Elena Lázaro Real. Investigadora colaboradora en el Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género, Universidad de Granada. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Un perturbado se ha instalado en el despacho oval de la Casa Blanca y tiene a su disposición el botón rojo que puede desencadenar una guerra nuclear. Desprecia las reglas del derecho internacional (acaba de secuestrar a Maduro y su esposa), muestra su agresividad con las personas que luchan por los derechos civiles y manifiesta su complicidad con el genocidio que Israel sigue cometiendo en Gaza. En Rusia, un personaje inquietante de rasgos felinos que también dispone de un potente arsenal nuclear, de momento, ha decidido apoderarse de la zona de Ucrania conocida como el Donbás, manteniendo bombardeos constantes sobre la población civil. En China, primera potencia económica y tecnológica mundial, cuyas redes se han instalado en varios continentes, parece que sus apetencias territoriales se conforman con la anexión de la isla de Taiwán.

Pues bien, a pesar de todo este peligroso panorama, los institutos demoscópicos, según encuestas recientes, detectan que las principales preocupaciones de los españoles giran en torno a la vivienda, la sanidad, el paro, la  inmigración, la economía y la polarización política, por este orden. La especulación ha disparado los precios de compra; el alquiler de una vivienda, que como módulo familiar de vida está en trance de desaparecer. La construcción no parece incentivar a la iniciativa privada y los poderes públicos no trasmiten la sensación de volcarse en este sector. 

Según nuestro ordenamiento jurídico, la vivienda se considera como un bien inmueble, es decir como una cosa susceptible de apropiación y de convertirse en una propiedad privada. Pero, a continuación, el Código Civil en su artículo 348 matiza que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Esta delimitación y sobre todo el texto constitucional y las declaraciones internacionales sobre derechos humanos abren espacios para garantizar el derecho de todos al acceso a una vivienda digna según el artículo 47 de la Constitución Española (CE). Es el momento de citar a Norberto Bobbio cuando nos recordaba que proclamar derechos es sencillo, pero lo difícil es hacerlos reales y efectivos.

Los hogares han sido la cuna en la que se ha gestado la civilización. Los seres humanos necesitan de un espacio que les cobije para desarrollar todo el complejo de sentimientos afectivos que le llevan a formar una familia o un proyecto de vida compartido en comunidad con una sociedad igualitaria que facilite la más amplia gama de derechos para conseguir el libre desarrollo de su personalidad. El derecho al hábitat es un derecho fundamental.  Nos lo recuerda el artículo 10 (CE), según el cual: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Según su Preámbulo, una de sus aspiraciones pasa por promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Como precedente, podemos recordar que la Constitución Francesa de 1946 proclamaba: La Nación brinda al individuo y la familia las condiciones necesarias para su desarrollo. La cito porque la legislación francesa es la más avanzada en cuanto a la posibilidad de reclamar judicialmente el derecho a una vivienda digna.

Una interpretación gramatical, lógica y sistemática del artículo 38 (CE) deja al margen de la economía de mercado la vivienda porque la empresa –no los propietarios individuales– sólo tiene derecho a que se garanticen y protejan su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, cuestiones ajenas al derecho a una vivienda digna, que es un derecho fundamental y queda fuera de los principios rectores de la política social y económica.

La ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en su Exposición de Motivos, proclama que la Constitución española, en su artículo 47, dentro del capítulo III del título I de la norma fundamental –referido a los principios rectores de la política social y económica–, recoge el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.  

En mi opinión, la ley –reconociendo sus avances– no profundiza en la consideración del derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental. La Exposición de Motivos considera que es un derecho que afecta de manera directa al libre desarrollo de la personalidad. Es, por tanto, un derecho fundamental que debe ser equiparado, junto con la educación, al núcleo duro que se contiene en el Título I, Capítulo segundo Sección 1ª, en el que se reconocen los derechos fundamentales. En esta misma línea se ha expresado la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, en la que se pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental mediante disposiciones legislativas europeas y estatales aplicables, y que garanticen la igualdad de acceso para todos a una vivienda digna.

El Tribunal Constitucional, en una nota informativa de 22 de mayo de 2024, ha expresado las razones por las que considera que la ley (24 de Mayo de 2023) es constitucional en sus aspectos más cuestionados (declaración de zona tensionada y paralización de desahucios) que permiten controlar los precios y demorar los desahucios, pero deja en manos de las Comunidades Autónomas la decisión sobre estos relevantes aspectos. 

El modelo francés nos debe servir de pauta. En una decisión de 19 de enero de 1995, el Consejo Constitucional consideró que "la posibilidad de tener una vivienda digna es un objetivo con valor constitucional". La ley de 31 de mayo de 1990 dispone que "garantizar el derecho a la vivienda constituye un deber de solidaridad para toda la nación". La ley SRU de13 de diciembre de 2000 especifica el concepto de "vivienda digna". Obliga a tener al menos el 20% de vivienda social. Esta tasa se incrementa al 25% por la ley del 18 de enero de 2013 relativa a la movilización de suelo público en favor de la vivienda y el fortalecimiento de las obligaciones de producción de vivienda social.

La consideración del derecho a una vivienda digna como derecho fundamental tiene su apoyo en la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo 25.1, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, tanto a él o ella, como a su familia, la vivienda. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce tambié, en su artículo 11.1, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado incluyendo, entre otros, una vivienda igualmente adecuada. Por tanto, el único obstáculo para tomar esta decisión pasa por superar, racionalmente, los obstáculos que pone nuestro texto constitucional para modificar su contenido.  

Soy consciente de la complejidad de la reforma constitucional y sobre todo del apartado que recoge los derechos fundamentales. Por supuesto, habría que descartarla si lleva aparejada la disolución de las Cortes Generales. Pero creo que se pueden encontrar fórmulas alternativas como la prevista en el artículo 167 (CE), que, en principio, solo exige una mayoría de tres quintos de las Cámaras. En mi opinión no se trata de reformar o revisar el texto constitucional sino de ampliar y ensanchar el catálogo de derechos fundamentales. Su puede invocar el artículo 10 de la CE, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. No creo que esta posibilidad fuese inconstitucional. Si se consigue, se puede intervenir y planificar el porcentaje de vivienda social que debe construir la administración local y autonómica, la dedicación de suelo público a estos fines.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

El Senado ha vuelto a plantear al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno, también a instancias del grupo popular, mayoritario en la Cámara, en esta ocasión por no haber presentado y remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, según informa EFE.

Esta iniciativa parte de una decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, según recuerda la institución en un comunicado, cuando los senadores acordaron enviar un requerimiento al Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la iniciación del conflicto. "Ante la falta de contestación por parte de la Presidencia del Gobierno, la Cámara Alta ha presentado formalmente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre las dos instituciones", explica la nota del Senado.

Uno de los efectos que el PP pretende conseguir con la presentación de este conflicto -el Senado ya ha tramitado una docena en lo que va de legislatura- es que el Tribunal Constitucional fije un "plazo máximo" al Ejecutivo para que presente las cuentas públicas de 2026, además de anular las prórrogas que ha acordado desde 2023. 

Durante el debate plenario de octubre el PP tachó de "anomalía democrática" que el Gobierno no hubiera presentado los presupuestos, y tras una bronca discusión con reproches cruzados con los senadores de otros grupos, el requerimiento fue aprobado por 144 síes (todos del PP), 101 noes y 14 abstenciones.

El conflicto ante el Constitucional se sustenta en el convencimiento de que la falta de presentación del proyecto junto al "abuso indefinido de la prórroga presupuestaria" vulneran varios artículos de la Carta Magna. Porque, según los senadores, el no presentarlos incumple precisamente el cometido constitucional del gobierno de presentar cada año un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Por ello aseguran que las Cortes Generales "no pueden ejercer su competencia en materia presupuestaria" prevista en los artículos 66.2 y 134.1. y simplemente se "limita" la capacidad del Parlamento a modificar los textos o, en última instancia, aprobarlos o rechazarlos. Además inciden en que se habría vulnerado el artículo 23 de la Constitución, porque se impide la participación de los senadores en la función presupuestaria.

En cuanto al "uso abusivo" de la prórroga presupuestaria atribuido al Ejecutivo, con unas cuentas prorrogadas desde 2023, entiende que se hace "al margen" del Parlamento y contra la Constitución. Ante la falta de unos presupuestos actualizados, el gobierno asegura que pueden aguantar la legislatura hasta el 2027 ya que cuentan con los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

En otro ámbito, el Senado entiende que existe una relación directa entre la no aprobación de los presupuestos y la pérdida de la confianza parlamentaria otorgada en la investidura, y afirma que los dos precedentes en los que los presidentes del Gobierno adelantaron las elecciones al no poder sacar adelante sus presupuestos constituyen una "convención constitucional".

Ello sucedió en 1995, cuando Felipe González disolvió las Cortes después de perder el apoyo de CiU para aprobar las cuentas públicas, y en 2019, cuando Pedro Sánchez hizo lo propio una vez que el Congreso rechazó su proyecto presupuestario.

En suma, el Senado solicita al Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado su atribución constitucional para participar en la aprobación de los presupuestos, para modificarlos y para controlar la acción del Ejecutivo y por abusar de las prórrogas presupuestarias.

En consecuencia, reclama que las prórrogas sucesivas de las cuentas de 2023 sean declaradas nulas y pide al tribunal que aclare los efectos jurídicos del posible reconocimiento de inconstitucionalidad y establezca un plazo máximo para que el Gobierno presente los presupuestos.

La propia redacción del artículo introduce una segunda capa de complejidad al emplear conceptos jurídicos indeterminados como "vivienda digna y adecuada". Esta indeterminación ha permitido una interpretación laxa y mercantilizada del término. Así, para parte del sector inmobiliario, microviviendas de 20-25 m², con alturas inferiores a 2,10 metros y sin ventilación natural suficiente e incluso  inexistente, pueden ser publicitadas como "acogedoras" o "eficientes", burlando el espíritu constitucional. El Estado, en lugar de definir reglamentariamente unos estándares mínimos vinculantes de dignidad (superficie útil, condiciones de salubridad, insolación) que materialicen este precepto, ha permitido que el mercado, en muchos casos, establezca su propio y deplorable baremo. Una medida concreta y efectiva para revertir esto sería, efectivamente, la imposición de sanciones disuasorias a los propietarios y, especialmente, a las plataformas digitales que lucran con la publicación y transacción de este tipo de alojamientos,  obligándolas a ejercer un control activo. Pero para esto hace falta que haya voluntad  polírica y medios humanos para vigilarlo. 

El núcleo duro y a menudo olvidado del artículo 47 no es solo la vivienda como  objeto, sino el marco estructural que debe garantizarla. El texto impone al Estado tres obligaciones taxativas: Regular la utilización del suelo, atender al interés  general, e impedir la especulación. La primera se cumple formalmente a través de  leyes del suelo y planes urbanísticos, aunque a menudo al servicio de intereses  particulares. La segunda, "atender al interés general", se ha vaciado de contenido  hasta equipararse, en la práctica, con la facilitación de la rentabilidad del capital  inmobiliario y financiero, legitimando cíclicas burbujas que socializan pérdidas y  privatizan ganancias. Hubiera sido más preciso –y socialmente justo– que la Constitución priorizara de manera explícita el interés colectivo y de la mayoría social, subordinando el derecho a la libre empresa (art. 38) a esta finalidad superior,  como ocurre en otros ordenamientos que entienden la vivienda como un bien de  dominio público social. 

Es en el tercer mandato, "impedir la especulación", donde el fracaso es más  estrepitoso y constitucionalmente grave. No es una sugerencia, sino una orden  expresa cuyo incumplimiento es sistemático y flagrante. El artículo 47 establece un  círculo virtuoso: para impedir la especulación, se promoverán condiciones, se  establecerán normas y se regulará el suelo. La especulación inmobiliaria no es un  fenómeno abstracto; tiene mecanismos concretos: la compra para revender  (flipping), el mantenimiento de viviendas vacías en expectativa de revalorización (España supera los 3 millones), la conversión de vivienda permanente en  alojamiento turístico masivo y la financiarización del mercado, donde grandes fondos de inversión tratan las viviendas como activos financieros más que como hogares. El ejemplo de un piso en Ciutat Vella que en seis años pasó de comprarse  por 350.000€ y que se pretende vender por 780.000€, sin que haya tenido un uso  habitual), no es una anécdota, sino el síntoma de un modelo urbanístico  constitucionalmente desviado. 

Finalmente, el artículo de la constitución prevé un mecanismo clave de justicia  redistributiva: "La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". Este principio, inspirado en la doctrina de la captura de valor urbanístico, busca que los beneficios generados por decisiones  públicas (un nuevo metro, una recalificación, mejoras urbanas) reviertan en la colectividad que las hace posibles. Sin embargo, su aplicación es tímida y está llena  de fugas. Las plusvalías municipales gravan solo una parte de estas ganancias, y quedan fuera fenómenos igualmente generadores de valor, como las políticas  turísticas agresivas o las inversiones en infraestructuras que revalorizan barrios  enteros, beneficiando principalmente a los propietarios originales y a los  inversores, y contribuyendo a procesos de gentrificación y expulsión de la  población original. 

En conclusión, el artículo 47 contiene, en potencia, un programa constitucional antiespeculativo claro. Su problema no es su redacción, sino la voluntad política de desactivarlo. Exige una intervención pública contundente en el mercado del suelo  (revisando su calificación y usos), una fiscalidad agresiva sobre la vivienda vacía y  la reventa rápida, la definición legal imperativa de "dignidad" y, sobre todo, la voluntad de priorizar el acceso a la vivienda como derecho fundamental frente a su tratamiento como activo financiero. Quienes tienen la capacidad normativa –Gobierno, Parlamento, comunidades autónomas, ayuntamientos– tienen también,  hoy más que nunca, el deber constitucional de actuar. La inacción continuada no es neutral; es una forma activa de vulnerar el mandato constitucional y de alimentar una crisis social de primera magnitud.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha abogado este sábado por adecuar la Constitución a la "diversidad" territorial de España para hacer de ella un texto del siglo XXI y por incorporar a la misma nuevos derechos y libertades.

En su discurso en el acto de conmemoración de la Constitución, celebrado en la Cámara Baja, ha señalado que las leyes son de la ciudadanía, que "emanan de la voluntad popular y sus necesidades" y que se "transforman" según avanza la sociedad a la que representan.

Ha recordado, en este sentido, que sólo a través de acuerdos y del consenso se llega a propuestas que beneficien a la mayoría. Un consenso que ha puesto en valor como símbolo de la Transición, cuando Europa era "un puerto" y la promesa de la estabilidad que aspiraban los españoles. Diálogo, pacto e interés general son, según ha remarcado Armengol, la forma útil de hacer política. Ha defendido además los valores constitucionales, que son también -ha dicho- valores europeos.

"Son lo que nos ha llevado a ser lo que somos y defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados", ha proclamado.

Ha añadido que no se puede permitir que se cuestione o destruya la herencia europea de sanidad y educación pública, la atención a la dependencia y las políticas de redistribución de la riqueza.

En su intervención en el Salón de pasos perdidos del Congreso, y ante los invitados al acto, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el del Senado, Pedro Rollán, y representantes de altas instituciones del Estado, ha repasado algunos de los retos que hay por delante.

Es imprescindible, ha dicho, responder a la crisis de vivienda, erradicar la violencia contra las mujeres, luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas, así como potenciar las medidas de adaptación al cambio climático.

Hay también, ha añadido, que defender los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una "ventaja y un atractivo", y trabajar por la paz: en Europa, al otro lado del Mediterráneo y en otros lugares del mundo.

La presidenta del Congreso ha tenido además palabras de recuerdo con las víctimas de la dana y de los incendios forestales de este verano.

Y ha pedido seguir trabajando para que los 50 años desde el inicio de la democracia que ahora se cumplen, los 47 años de Constitución o los 40 años desde la adhesión a las comunidades europeas sean un "referente desde el que coger impulso para seguir avanzando" porque hay un gran legado que defender y un futuro que construir.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, han aprovechado los mensajes en el Día de la Constitución, a las puertas del Congreso, para lanzar duras críticas a Pedro Sánchez. “Este gobierno es el que más ha atacado a la Constitución en estos 47 años”, sostiene Feijóo, que ha añadido que el PP gobernará “en el cincuenta aniversario de la Constitución”, después de acusar también a Sánchez de violar la separación de poderes.

Ayuso, por su parte –y ojeando folios que llevaba en mano– ha minimizado lo ocurrido en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras la publicación de unos audios en los que el máximo responsable financiero pedía aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios de la empresa. Durante la conmemoración del Día de la Constitución, ha acusado al Gobierno de "exagerar hasta crear auténticos escándalos por cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de las comunidades del Partido Popular" y ha restado importancia a lo ocurrido al tacharlo de "rencillas entre los directivos".

"Lo que pido es que, en honor a la verdad, se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada, en una pugna entre directivos", ha dicho sobre los audios publicados en el diario El País en los que el CEO de Ribera Salud defendía rechazar pacientes para ganar más. Unas palabras que, a su juicio, "están sacadas de contexto". Asimismo, ha asegurado que su Gobierno ha llevado a cabo "una nueva inspección" que "arroja que este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6 sobre 10 de media".

La baronesa del PP ha añadido que "cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá respuesta contundente y sin paliativos", pese a que el Ejecutivo madrileño es responsable de la privatización en la gestión de la sanidad pública con empresas como Quirón, grupo para el que la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, ha trabajado como comisionista.

"No se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario, por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, como ha hecho esta semana", concluyó Ayuso, que ha negado que se reutilizara materia de un solo uso por parte del personal sanitario, como establecía un plan del hospital.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido después de Ayuso para hablar del que en el último año ha sido su gran pesadilla, el expresidente valenciano Carlos Mazón, al que sin embargo ha sostenido hasta el final. "Ha asumido responsabilidades políticas al más alto nivel", ha dicho Feijóo sobre la dimisión del expresident, que continúa como diputado en Les Corts. Según Feijóo, "el PP ha pasado página definitiva en la Generalitat con un nuevo president, Juanfran Pérez Llorca. Mazón, con todo, sigue siendo el líder del PP en la Comunidad Valenciana, y "no hay fecha para su relevo".

Feijóo ha evitado valorar el cruce de mensajes conocido estos días entre Mazón y su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, con la que era consellera encargada de Emergencias, Salomé Pradas, en los que el número dos del exjefe del Consell le pide a Pradas no confinar a la población y el propio Mazón le contesta "cojonudo" cuando la responsable de Emergencias le comenta que lo que más le preocupaba en ese momento era, entre otras zonas, el barranco del Poyo. "El señor Mazón nos ha dicho aquello que considera que es verdad", ha alegado Feijóo a preguntas de los medios en el acto por el 47 aniversario de la Constitución.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha acudido este martes al Congreso para explicar que su partido no va a participar en los actos organizados por las Cortes con motivo del Día de la Constitución, porque no está dispuesto a compartir espacio con el Gobierno y dar "una imagen de normalidad que no es cierta".

En declaraciones en el patio del Congreso, Millán ha asegurado que no van a participar en ninguna celebración junto a un Gobierno que todos los días da un paso más "en las escaleras del sótano de la inmoralidad" y que se encuentra "cercado por la corrupción" política y económica, ha denunciado.

"No podemos compartir espacio con un Gobierno que está pisoteando la unidad nacional, los símbolos de todos los españoles, que se encuentra en mitad de una negociación con el separatismo para seguir cediéndole lo que es de todos los españoles con tal de permanecer un rato mas en el poder", ha señalado en referencia a los acuerdos del PSOE con Junts.

Preguntada por el apoyo de Vox a la proposición de ley de Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia, cuya tramitación avanza en el Congreso también con el apoyo del PSOE, Millán ha subrayado que llevan medidas contra ese problema en su programa desde 2014 y ha estimado que son los socialistas quienes deben explicar su cambio de posición, tras haber negado el incremento de la inseguridad y la violencia en las calles.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Así consta negro sobre blanco en el artículo 47 de la Constitución Española el derecho a la vivienda. Y en este aniversario de los 47 años del texto es precisamente la vivienda el gran naufragio de la clase política, incapaz de ponerle freno a un mercado especulativo que no para de batir récords de ganancias y que está truncando las perspectivas personales de millones de ciudadanos, especialmente de los jóvenes. 

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el principal problema para el país (citada por el 40% de los ciudadanos), por encima de la situación política, la migración, la crisis económica y el empleo. Con unos niveles de preocupación muy altos principalmente entre los segmentos de población menores de 40 años.

A pesar de la aprobación de la ley de vivienda por parte del Gobierno de coalición en la pasada legislatura, el mercado no está controlado, sobre todo debido al bloqueo de las comunidades del Partido Popular a aplicar los topes de alquileres en las zonas especialmente tensionadas. Los socios del Gobierno, ante este panorama, presionan al PSOE para que tome medidas más valientes ante esa emergencia y han puesto en el centro de sus críticas a la titular del ramo, Isabel Rodríguez.

Algunos dirigentes de izquierdas llevan tiempo alertando, como es el caso de Gabriel Rufián (Esquerra Republicana), de que el Gobierno puede caer por la vivienda más que por los casos de corrupción. La Moncloa ha querido lanzar una señal horas antes de la conmemoración de la Constitución en el Congreso con la presentación el jueves de la nueva empresa pública de vivienda, que en una primera fase se encargará de gestionar unas 40.000 viviendas en régimen de alquiler asequible.

El texto constitucional encara también esta efeméride con una propuesta de modificación puesta encima de la mesa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para blindar el derecho al aborto, siguiendo los pasos de la reforma aprobada en Francia en marzo del año pasado. 

La propuesta de reforma ya pasó una primera vuelta en el Consejo de Ministros con la idea, impulsada por el Ministerio de Igualdad en colaboración con Justicia, de incorporar un apartado cuatro en el artículo 43. El texto planteado es: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. 

Este apartado se incluiría en el Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el Capítulo III, referido a los principios rectores de la política social y económica. Con esta reforma se quiere reforzar, a tenor del Ejecutivo, un sistema completo de protección, que recoge tanto la legislación vigente como la doctrina constitucional, garantizando que este derecho se ejerza en condiciones de igualdad y seguridad jurídica en todo el país en un momento de cuestionamiento de este derechos por parte de la ultraderecha en connivencia con algunos sectores del Partido Popular. 

Ahora mismo el texto ha sido enviado al Consejo de Estado, que emitirá su informe a finales de este mes o a principios de enero, según fuentes de esta institución. El Gobierno tiene que esperar a todos los informes consultivos para unificarlos y aprobar en segunda vuelta esa propuesta de reforma. Por ello, calcula que esto no se producirá hasta, al menos, dentro de seis meses.

El Gobierno quiere tramitar esta reforma a través del procedimiento ordinario, que requeriría de una aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboraría un texto alternativo, sometido de nuevo a votación. Si de nuevo, no se alcanzase un acuerdo, la reforma podría aprobarse con una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

La Constitución sí ha visto esta legislatura un acuerdo histórico para la reforma del artículo 49 para eliminar la palabra disminuido y sustituirla por persona con discapacidad. El cambio en la Carta Magna contó con un abrumadora unanimidad en el Congreso y en el Senado, a excepción del voto contrario por parte de los parlamentarios de Vox.

De esta manera, el texto constitucional en ese apartado queda así: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.

Con este segundo apartado: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Pero todavía hay que dotar de contenido esta reforma. Por eso, el Gobierno está reclamando el mismo consenso para aprobar los cambios de las leyes de dependencia y discapacidad que ya se tramitan en el Congreso. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha prometido desarrollar este artículo, pero ha criticado que el Ejecutivo no dote de memoria económica estas leyes.

Coincido plenamente con el que fue magistrado del TS José Antonio Martín Pallín acerca de que el fallo condenatorio al fiscal general del Estado (FGE) supone un auténtico golpe de Estado judicial.

Llevo tantos años en el mundo del derecho como esos señores que se sientan en la Sala II del TS y no puedo decir que me alegre de no estar en estos momentos activo en el foro judicial como abogado defensor, pero la decisión judicial me provoca una profunda desazón a la par que indignación.

He dedicado prácticamente toda mi vida adulta a la práctica del derecho como abogado penalista y a la enseñanza (yo más bien diría divulgación) del derecho como profesor universitario. A lo largo de ese tiempo, a nadie se nos escapaba que el TS, aparte de su función de velar por dar uniformidad al derecho, era un órgano profundamente conservador.

En materia de defensa de la Constitución resultaba chocante que cuando el TS utilizaba en su argumentación las garantías constitucionales,  que complementan el derecho a la defensa, lo hacía en supuestos como el caso Naseiro, tesorero del PP en 1990, que resultó absuelto de corrupción tras ser declaradas nulas unas grabaciones.

En 1986, tras 8 años de aprobación de la Constitución, el TS aún no había encajado el golpe de tener que someterse, en materia de derechos reconocidos en la Constitución, a la interpretación que de los mismos hacía el Tribunal Constitucional. Pese a existir ya una cumplida jurisprudencia del Tribunal Constitucional,  el TS se negaba a distinguir entre “legislación ordinaria” (de la que él tiene que velar en su interpretación y la que se aplica diariamente por juzgados y tribunales) y  la “legislación constitucional”, que debe ser tenida en cuenta por todos los órganos judiciales a la hora de interpretar esa legislación ordinaria; y ello, porque la Constitución ocupa la cúspide del sistema de fuentes del derecho, es decir, es la jerárquicamente superior a la hora de ser aplicada y a ella se tienen que avenir todos los jueces incluidos los magistrados del TS.  

Con la sentencia dictada en el caso del FGE,  el TS vuelve a reclamar para sí todo el poder, aunque toda la estructura institucional del Estado se resienta. Consentir que el FGE fuera a juicio ya en sí suponía una grave violación del principio de separación de poderes. Se olvidaron del derecho, se olvidaron de las garantías constitucionales del ciudadano García Ortiz por ser quien era, por no estar de acuerdo en que ocupara el cargo que ocupaba.

Dicen los periodistas de tribunales que el ponente de la sentencia, para condenarle, tiene que argumentar sobre la prueba indiciaria que les lleva a esa condena. Prueba indiciaria o indirecta, también llamada prueba de presunciones, porque no está basada en prueba directa de nadie que haya visto hacer al Sr. García Ortiz aquello por lo que se le acusa.

La prueba indiciaria es más susceptible de dar entrada, vía interpretación y/o argumentación, a la discrecionalidad judicial y sabemos, por lo menos los juristas,  que la discrecionalidad es una apertura al no derecho, a la arbitrariedad, al ejercicio del poder puro y duro sin sometimiento a reglas.

Dados los peligros que conlleva la utilización de esa prueba para condenar, dice el Tribunal Constitucional que para conformar esta prueba en términos de desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia se tienen que dar una serie de requisitos. A saber, los indicios tienen que ser múltiples, plurales y concordantes y apuntar de forma inequívoca a la realización del hecho por el acusado.

Cada indicio tiene que ser probado como los hechos mismos, así que de existir prueba en contra, no deberían ser tenidos en cuenta; por ejemplo en el indicio del borrado del móvil existen razones de seguridad del Estado que apuntan a que ello se haga con una cierta periodicidad, por lo que ese contraindicio debería ser objeto de valoración. En el indicio del filtrado a la prensa existen contraindicios basados en las declaraciones de periodistas sometidos a juramento que apuntan en otra dirección; por lo que si según el TS no es cierto lo que dicen: ¿se va a atrever el TS a juzgarlos como perjuros?

Es imposible, si se siguen los estándares de constitucionalidad que exige la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conformar una prueba indiciaria de carácter incriminatorio bastante como para destruir la presunción de inocencia del FGE.

Por ello no es necesario conocer la argumentación de la sentencia para afirmar como leemos estos días que la sentencia va a ser “esperpéntica”. 

Una instrucción claramente inquisitorial, predeterminada hacia la figura del FGE, que da pábulo a una nota de prensa de un sindicato ultraderechista; una instrucción que obvia cualquier tipo de investigación hacia otros posibles conocedores de un hecho que había dejado de ser secreto por mor de los propios urdidores de esta trama.

¿Cómo es posible que la entrada y registro en fase de instrucción y ocupación del móvil del FGE no fuera declarada prueba ilícita al desbordar de todo punto el alcance de la investigación? ¿No debería haber cobrado una especial vigilancia el respeto a los derechos fundamentales tratándose de un alto cargo del Estado?

El análisis de las vicisitudes previas a conocerse el fallo también merecen una reflexión: el momento elegido para filtrar el fallo (20-N); la rapidez en acordarlo en una semana escasa; el rápido relevo en su función de la magistrada encargada de la redacción de la sentencia (la ponente) por ser su criterio en derecho, obviamente, de carácter absolutorio, apuntan claramente a una ruptura del Estado de Derecho. Por ello estamos no ante una muestra más de activismo judicial, sino ante un auténtico golpe de Estado judicial.

A partir de ahora, que todo demócrata “haga lo que tenga que hacer” y que no se hizo durante la Transición: de la reforma del Régimen de Franco a la Ruptura Democrática. Luchar de nuevo por la defensa de las libertades, por la depuración de los órganos corruptos de la Administración del Estado, por un nuevo régimen democrático, LA REPÚBLICA, cuya decisión nos fue en su día escamoteada. Porque la  Monarquía de los Borbones (cuyo Rey Emérito reivindica la figura de Franco) es la que ha venido dando  cobertura a todos esos poderes que se han negado sistemáticamente a someterse a las propias reglas de juego que ellos se habían dado. 

Ello obliga a retomar esa idea de luchar por abrir un proceso constituyente en este país que traiga aires de renovación, de una nueva cultura política del entendimiento, del pacto, del respeto a la diversidad, de sensibilidad hacia todos aquellos que, pese a que la economía “va como un tiro”, lo están pasando mal, de respeto a las diversas identidades de los pueblos que conforman eso que ahora llamamos España. 

En definitiva, República, Federalismo y Redistribución Social (o socialista) de la riqueza. 

Y también,  Feminismo,  porque no es casual, en estos tiempos,  que hayan sido dos mujeres, magistradas del Tribunal Supremo, las que hayan sostenido con sensibilidad pero también con conocimientos jurídicos constitucionales que el único fallo posible era la ABSOLUCIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.  

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Pedro Santisteve es abogado penalista, exalcalde de Zaragoza.

Por todo ello, me he armado de valor y he decidido escribirle públicamente esta carta para confesarle sin ningún rubor que le tengo miedo a Vd y a sus compañeros de viaje; cada vez que les oigo vociferar azuzando el odio al distinto, al inmigrante, me pregunto qué será de mis hijos y de mis nietos. ¿Qué España les deparará el futuro? ¿Cómo será la España gobernada por alguien que predica abiertamente la discriminación entre ciudadanos por su origen y religión que profesan, como hace Vd. diariamente?

Hace muy pocos días estuvo Vd, Sr. Feijóo, en Soria y, cómo no, habló de esos invasores que vienen a vivir a costa de los españoles “de bien" y me acordé de mi primera visita a esa maravillosa provincia, habitada por gente austera, amable y solidaria, recorriendo sus pueblos, un 11 de agosto de 1970 conocí a la que hoy es mi mujer y compañera de vida. Formé una familia, tengo hijos y nietos, e igual que millones de trabajadores contribuyen al desarrollo de este país, serví al Estado durante más de 35 años como funcionario, me alegré y sufrí por igual todos los avatares de este país… pues bien, ya que me armé de valor para confesarle mis miedos, sin acritud, quiero hacerle saber mi negativa a integrarme (signifique lo que signifique este palabro) en la España que vd representa, esa España triste e insolidaria; hace muchísimos años decidí voluntariamente formar parte de una España que entonces luchaba por salir de la pobreza, el atraso y dejar atrás la dictadura, que gracias a la lucha de muchísimos hombres y mujeres es hoy un país moderno, democrático, diverso y acogedor, con una Constitución que nos ampara y nos obliga a todos; por cierto, no tengo ninguna duda de que entre esas exigencias lingüísticas, culturales y constitucionales que pretenden inculcar a los inmigrantes "que pretenden invadir el país para vivir del cuento y ensuciar la calle con su presencia", se les explicará lo que pensaba Aznar en 1979 de la Constitución y sobre todo el sentido del voto de los Diputados de su partido y, lo más importante (permítame la broma), que "Huelva no está en el Mediterráneo".

Qué estafa, Sr. Feijóo; Vd. que venía a ganar en buena lid al Sr. Sánchez y a no insultar, ¿qué ha pasado? Verle en su escaño en el parlamento, fuera de sí, con el rostro desencajado, gritando desaforadamente, le confieso que me produce vergüenza ajena, y como ya le dejé dicho más arriba, me da Vd miedo, cada vez que le oigo envenenando con sus soflamas la convivencia, y estigmatizando a los inmigrantes que no encajan en esa España soñada por Vd; me pregunto qué medida o medidas le quedan por proponer, para según Vd controlar la inmigración, ha propuesto tantas que sólo le queda que en una de las próximas giras que viene haciendo últimamente por España proponga que los inmigrantes que practican el islam y sobre todo si son pobres deberán llevar una media luna cosida a la solapa de su vestimenta para su control hasta que se proceda a su expulsión; ni a Vd ni a ninguno de los que propagan el odio por las calles de este país les molestan esas señoras tapadas hasta las cejas pertenecientes a esos países árabes ricos gobernados por sátrapas y que son recibidas entre aplausos en las tiendas de lujo del barrio de Salamanca de Madrid o las del Paseo de Gracia de Barcelona.

Sr. Feijóo, discúlpeme el atrevimiento, me permito proponerle una medida muy simple, solo una, pero hay que ser valiente, en alguno de esos discursos suyos culpando a los inmigrantes de las siete plagas de Egipto, diga que el día que llegue al Gobierno prohibirá que ninguna niña llevará el velo en ningún colegio público o concertado de este país, tendrá mi aplauso y el de muchísimos ciudadanos.

Sr. Feijóo, soy un Sr. mayor y también con el pelo blanco, y he vivido bajo la dictadura franquista, he vivido la transición, los gobiernos de distinto signo, y en ningún momento me he sentido discriminado, ni observado, pero desde que llegó Vd y se despojó rápidamente de su traje de moderado y empezó a competir con otros sembradores del odio en muy poco tiempo, ha logrado con sus arengas racistas inculcar en muchos ciudadanos el veneno del odio a un determinado colectivo de inmigrantes y eso estando en la oposición, qué no hará cuando llegue al Gobierno acompañado de los lobos, y es aquí cuando empiezo a tener miedo de Vd y preguntarme por qué tanta inhumanidad, por qué tanta miseria moral, por competir por unos votos. Que indecencia, Sr.Feijóo.

Antes de despedirme de Vd. quiero decirle respetuosamente que no logrará nada bueno para este país compitiendo con los lobos, le acabarán devorando.

Atentamente,

Mohamed Ahmed B.

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Mohamed Ahmed B. es socio de infoLibre.

En todas las sociedades la cuestión del aborto ha suscitado encendidos debates entre los que se autodenominan defensores de la vida que anatemizan y criminalizan a los defensores del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

En nuestro país, la controversia adquiere unos niveles de confrontación que no se producen en otras naciones. La Iglesia católica y los cuarenta años de dictadura bajo el nacionalcatolicismo siguen marcando nuestra vida presente. Los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional proclamaban: “La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación”. El Estado reconoce y ampara a la familia como fundamento natural de la sociedad. Asimismo, fomentará la natalidad incentivándola con los Premios nacionales de natalidad. El récord lo ostenta un matrimonio canario con diecinueve hijos.  

Sociológica y económicamente, este insólito fenómeno es impensable en estos momentos, pero subsisten las amenazas de criminalizar de nuevo el aborto o de recortar drásticamente las posibilidades de llevarlo a cabo. Las estadísticas indican una abrumadora derivación de la práctica de abortos a clínicas privadas ante el rechazo a realizar esta prestación médica a pesar del mandato constitucional y de la Ley General de Sanidad. Por ello creo que es el momento adecuado para plantear su constitucionalización a pesar de las dificultades que presenta el sistema de modificación del texto constitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad de la ley de 2010 ha suscitado el rechazo de algunos sectores políticos y grupos provida a los que me gustaría recordar que los que defendemos la libre voluntad de la mujer no somos los novios de la muerte. La Conferencia Episcopal reaccionó con una Nota que seguramente se esgrimirá durante el debate constitucional que se avecina.  Sostienen que el feto no es una cosa, es un ser humano (¿también un anencéfalo). “Es un verdadero sin papeles, candidato a la expulsión del seno materno” que pudiera dar lugar a interpretaciones extensivas en favor de la inmigración. Otra pieza: “Reiteramos que, con esta ley, los derechos y obligaciones del padre del no nacido quedan inhibidos y censurados”. ¿También de los violadores o maltratadores?  La decisión de la mujer es personal e intransferible.

Se anticiparon al debate sobre los Registros de los profesionales de la medicina que se oponen a la práctica de abortos, invitándoles a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Sería interesante conocer su posición sobre este tema, pero reconozco que no es de su competencia, aunque llevan un registro de apóstatas. Según la última ocurrencia del señor Nuñez Feijoó, la objeción de conciencia debe permanecer en la clandestinidad. Terminan adentrándose por caminos terrenales para afirmar que las democracias que autorizan el aborto se encaminan hacia el autoritarismo.    

Sin duda, la iniciativa de Francia para constitucionalizar el derecho al aborto ha sido el detonante que ha impulsado al Gobierno para presentar su proyecto de incluir en nuestro texto constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero nuestro sistema es rígido y hay que manejar y ensamblar sus posibilidades. Según el artículo 10 CE: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Precisamente por ello la Exposición de Motivos de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010 se justifica por el respeto a la dignidad de la persona y en el libre desarrollo de la personalidad como garantía de la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. 

La modificación constitucional no va a ser un camino de rosas. Si acudimos a los escasos precedentes de modificación del texto constitucional (Art. 13 derechos de los extranjeros, 49 sustitución de la expresión "disminuidos" por "discapacitados" y el 135 la preferencia de la deuda pública) la decisión estaba reforzada por el hecho de que se apoyaba en compromisos internacionales (Unión Europea y Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). De igual manera el articulo 95 de la CE, con el que se justificaron anteriores modificaciones, puede servir de apoyo a la inclusión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por la vía del artículo 43 de la CE que reconoce el derecho a la protección de la salud. 

La vigente ley orgánica (2023) que regula la interrupción voluntaria del embarazo recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relaciona la salud sexual y reproductiva de las mujeres con los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la educación y a la prohibición de discriminación. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 16, establece el derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad y el derecho a acceder a la información y a la educación que les permitan ejercer esos derechos. 

El Gobierno ha optado, acertadamente, por la vía del artículo 167 CE que permite la modificación constitucional sin necesidad de disolver Cortes, convocatoria de nuevas elecciones y celebración de un referéndum. Propone un nuevo apartado en el artículo 43 CE en el que se reconozca el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo proclamando que “El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. 

La tramitación es compleja. Si no se aprueba por la mayoría de tres quintos en ambas Cámaras (Congreso y Senado), se puede acudir a la creación de una Comisión paritaria (igual número de Diputados y Senadores) para conseguir un texto consensuado. Si fracasan, el texto inicial puede seguir adelante con la mayoría absoluta del Senado o con el apoyo de los dos tercios del Congreso de los Diputados. Si se aprueba el texto, se puede someter a referéndum si lo solicita una decima parte de los miembros de cualquiera de la Cámaras.

En todo caso el debate está abierto y cada uno de los Grupos parlamentarios va a tener que retratarse ante la opinión publica justificando su apoyo o rechazo. Se pueden sostener argumentos basados en la religión o en teorías filosóficas carentes de valor científico, pero en ningún caso se puede desconocer la supremacía de los valores constitucionales que consagran la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y su libertad de decisión. Nadie es partidario del aborto, ni es tan frívolo como para equipararlo a una operación de cirugía estética. Se trata de ayudar a la mujer embarazada para que decida libremente. En definitiva, que la tolerancia prevalezca sobre la intolerancia y  los dogmatismos morales, cuya supremacía es indemostrable si no es por la vía de la imposición y de la fuerza. 

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José Antonio Martin Pallin es abogado, ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

Eliminar el derecho al aborto se ha convertido en una de las grandes obsesiones de la ola reaccionaria que sacude las democracias occidentales. Y en España el Ayuntamiento de Madrid, con los votos del Partido Popular y de Vox, ha dado un paso inédito esta semana aprobando un texto para obligar a dar información a las mujeres por el supuesto síndrome postaborto, que carece de cualquier base científica.

El derecho al aborto se ha colocado en el epicentro del tablero político con el anuncio este viernes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar, como ya aprobó su partido en el pasado congreso de Sevilla, una reforma en la Constitución para blindar este precepto frente a las tentaciones de las derechas. Una medida también solicitada por sus socios de Sumar.

La propuesta legislativa convertiría a España en el segundo país, tras Francia, que recogería en su Carta Magna ese derecho. Una modificación que se haría a través del procedimiento ordinario de reforma de la Constitución, que requiere, como señala el redactado de la ley de leyes, una mayoría cualificada de dos tercios de las Cortes Generales.

El PSOE impulsa esa reforma legislativa advirtiendo de que las derechas ya están intentado impugnar el derecho en las instituciones donde gobiernan y con la idea de poder consolidarlo ante cualquier eventual llegada del PP y de Vox al Gobierno central. Para Moncloa se trata de “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”. En su doctrina el Tribunal Constitucional reconoce el aborto como un derecho esencial de las mujeres.

Y, además, la idea que tiene el Gobierno es, a través de modificaciones legislativas, impedir, como pretendían el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid, “la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo”. 

El Ejecutivo planteará la obligación de que toda la información que se brinde en materia de interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA): “Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome postaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones”.

El Partido Popular, en cambio, cerró la puerta de manera inmediata este viernes a esa reforma de la Constitución, después de que Génova incluso llegara a apoyar el texto aprobado en el Ayuntamiento de Madrid, aunque luego Martínez-Almeida recogiera un poco el cable. Para la dirección del PP, la actual ley es suficiente. La última reforma se aprobó en el Congreso de los Diputados hace dos años y contó con el voto en contra del PP, Vox y algunos diputados como Sergio Sayas (ex de UPN y ahora en las filas populares) y Ferran Bel (PDeCAT).

Los populares recordaron que sus votos son necesarios para sacar adelante esa reforma y mandaron un mensaje a Sánchez: “Que se olvide”. “El debate termina aquí”, emitió Génova 13 en un comunicado dirigido a los medios, donde denunció una supuesta cortina de humo del jefe del Ejecutivo ante los supuestos casos de corrupción que investiga la Justicia sobre su mujer y su hermano.

Vox, que impulsó la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, censuró también la idea de Sánchez y le pidió que “deje de jugar con la Constitución y con falsos derechos para tapar la corrupción que rodea a su entorno familiar y a su partido”. El partido de ultraderecha va a llevar el mismo texto a votación al pleno municipal de Valladolid.

La posición de la derecha en España contrasta con lo que pasó en Francia el año pasado en la votación en la Asamblea Nacional, donde la reforma salió adelante de manera abrumadora por 493 votos a favor y 30 en contra. La derecha tradicional y el partido de Marine Le Pen dieron libertad de voto a sus parlamentarios, ganando el sí entre los suyos (la propia líder de la ultraderecha se posicionó a favor). La Torre Eiffel se iluminó aquella noche con el lema Mi cuerpo, mi decisión.

Esta reforma llega en un contexto político en el que el Partido Popular trata de desgastar al PSOE en el flanco del voto femenino, que fue clave para que la coalición aguantara en las pasadas elecciones del 23J. Los socialistas sufrieron una importante pérdida de apoyos de las mujeres en las encuestas de junio especialmente por la conversaciones publicadas de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

En ese momento, el PSOE puso en marcha reformas internas con medidas como la expulsión del partido de los clientes de prostitución y con la aprobación de un nuevo organigrama con más peso de mujeres, empezando por la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró. Los socialistas han tenido un nuevo frente en estas semanas por la polémica por el fallo de las pulseras contra los maltratadores, con el PP ahondando en la brecha y consiguiendo la reprobación de la titular de Igualdad, Ana Redondo.

Lo sucedido en el Ayuntamiento de Jumilla con motivo de una petición de la comunidad musulmana para celebrar su fiesta tradicional del cordero en el polideportivo de la localidad nos debe preocupar a todos ante la deriva integrista y fascista promocionada en nuestro país por el partido político Vox con el apoyo complaciente del PP.    

El guion estaba escrito desde que algunos dirigentes de este partido propugnaban ni más ni menos que expulsar a 8.000.000 de emigrantes. Antes de que sigan adelante con tan demencial propósito, les aconsejaría consultar con los expertos del Ejército israelí que consideran logísticamente imposible expulsar a 2.000.000 de personas de Gaza. 

Hay que reconocer que Vox, al formular la petición de prohibir la fiesta musulmana del cordero, ha sido coherente con sus postulados, pero la señora alcaldesa, al tratar de cubrir con un ropaje administrativo tan inconstitucional pretensión, ha demostrado que comparte el “riesgo identitario”,dictando una resolución que vulnera de plano valores esenciales de nuestra Constitución. En unas declaraciones a un medio de difusión nacional, manifiesta: “Vamos a priorizar nuestras tradiciones y nuestra identidad”. 

Le recuerdo que vivimos en un país que ha deglutido, sin grandes traumas, la celebración de Papá Noel, el árbol de Navidad, Halloween y que ha convertido las cabalgatas de Reyes en una especie de desfile carnavalesco, y no ha pasado nada.   

Declara que se opone a la petición de la comunidad musulmana porque que lo que "priorizamos" en el Ayuntamiento son acontecimientos históricos. Cita la celebración de la Constitución y de Santiago Apóstol, patrón de España, ignorando que oficialmente que es solo el patrón de Galicia y de algunas localidades que lo han adoptado como tal, pero no es fiesta nacional. En relación con las fiestas patronales de Jumilla, no tengo nada que objetar.

Manifiesta que este sentimiento está arraigado en Jumilla. Es posible, pero no encuentro razón alguna para negar la utilización del polideportivo a otras culturas y religiones oficialmente reconocidas por la ley de libertad religiosa que comenzó otorgando rango preferente a las monoteístas (cristianismo, judaísmo e islamismo). Ofrece, como alternativa al polideportivo, el mercado y el parking. ¡¡Genial!!

En otros tiempos, el vino de Jumilla y el “maldito Cariñena” (La venganza de Don Mendo) se llevaban la palma en el ranking de vinos de mala calidad. El de Jumilla, en la actualidad, ha adquirido una calidad difícilmente mejorable. Es una tentación su consumo. Seguramente el concejal de Vox, cuando redactó su moción, se encontraba bajo los efectos de una libación abundante de sus magníficos caldos.

Hay que tomárselo con humor. De otra forma no se explica el contenido de un texto que parece tomado de revistas humorísticas. El título ya nos da la pista sobre el resto del contenido. Moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas. Repasemos algunos de sus pasajes: “España es una nación forjada sobre los fundamentos de la filosofía griega, el derecho romano y la civilización cristiana”. Aristóteles, Platón, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, sin enterarse. Que pérdida para la Real Academia de la Historia.  

Insta a las autoridades competentes a promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal, garantizando el derecho de los consumidores a productos arraigados en nuestra cultura alimentaria y apoyando a los productores que defienden nuestras costumbres, en especial locales.

Expresa que la Corporación Municipal rechace la realización de dicha conmemoración e impida la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional promovidas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica.

La nación tiene derecho a la propia cultura, mediante la cual el pueblo expresa y promueve su “soberanía” espiritual. Las consecuencias de no defender el ethos (gracias por el culteranismo) de nuestro pueblo afectan directamente la cohesión de nuestra patria, como advierte el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Y el CNI sin enterarse.

Henchido de fervor patriótico, pide al Ayuntamiento que impulse las medidas necesarias para recuperar en toda España las fiestas propias de nuestra nación, de modo que también en el ámbito festivo se reconstruya todo lo derribado: 25 de julio, Santiago Apóstol; 19 de marzo, San José; el Corpus Christi; la Ascensión; 29 junio, Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Se olvida de Santa Teresa de Jesús y de las innumerables advocaciones de la virgen en todos los rincones de España.

Por fin, el punto séptimo encuentra eco en el Grupo de Gobierno del PP, que se adhiere a la petición de instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites oportunos de modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales a fin de que el uso sea exclusivamente para el ámbito deportivo, o para actos y actividades organizados por el Ayuntamiento de Jumilla. 

El edil de Vox exclamó, con razón, “objetivo cumplido”. Dicho en términos bélicos: "cautivos y desarmados los principios constitucionales, las fuerzas reaccionarias e integristas han conseguido sus objetivos”.

Señora alcaldesa, se ha metido en un buen lío. Para determinar cuáles son las actividades exclusivamente deportivas, tendrá usted que consultar con el Consejo Superior de Deportes o con el Comité Olímpico Internacional ¿Cómo calificaría usted la petanca o el ajedrez? El entretenimiento de la petanca es de origen francés y el ajedrez nació en la India. No se olvide de la pelota vasca separatista y de las diferentes modalidades del juego de bolos.

En la parte final de su descabellada propuesta se atribuye al Ayuntamiento barra libre para decidir qué actos se pueden celebrar y cuáles no, sean o no de carácter deportivo. No olvide que, según la ley de libertad religiosa, el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución

Tenga cuidado al tomar decisiones arbitrarias o contrarias a la legalidad constitucional y ordinaria. Pueden ser constitutivas de delito (prevaricación y discriminación). Asesórese bien. No se fie de Abogados Cristianos, Manos Limpias o Hazte Oír. De todas formas, gracias por su iniciativa, los votantes ya saben lo que les espera.

El caso Montoro, el último conocido a través de los medios, es otro que acontece sobre un panorama no falto de corrupción. Sin embargo, este reúne unas características distintas del caso Cerdán o Ábalos, de momento. Es lamentable que esto siga ocurriendo en las capas más altas de nuestra estructura social, económica y política. Aquellos que tenían que ser el espejo donde poder mirarnos, en demasiadas ocasiones inducen conductas miserables, mezquinas y nada ejemplares. Al parecer, el virus de la codicia no tiene quien le ponga límites ni remedio.

El caso Montoro me ha traído a la memoria el acertado, a mi juicio, análisis que hacía Karl Marx, a mediados del XIX, de la función principal del aparato del Estado en la sociedad capitalista: perpetuar los intereses de la clase dominante, no siendo una entidad neutral ante los distintos intereses sociales. Marx concebía el Estado como un instrumento de dominación y así parece haberse producido en el caso que estamos conociendo.

Aquí tenemos un ejemplo: todo un ministro, todo un gobierno y toda una mayoría parlamentaria al dictado, presuntamente, de los intereses de poderosos grupos de presión: el Ibex 35, las empresas gasísticas, las eléctricas y otras. Es curioso que después de casi dos siglos, la crítica de Marx siga estando plenamente vigente.

Y esto sin profundizar en otro asunto especialmente vidrioso, la llamada “policía patriótica” que Marx también destacaba en su análisis del sistema capitalista. El Estado ejerce el monopolio de la violencia para reprimir cualquier desafío al orden establecido, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros instrumentos. Pues bien, cuando estas fuerzas del “orden” se ponen al servicio de los intereses de la clase dominante o de una parte de esta, se le está dando la razón a Marx, puesto que con esas actuaciones tratan de mantener a raya cualquier movimiento que amenace los intereses de los poseedores del capital.

Resulta sorprendente que continúen los mismos esquemas decimonónicos que ya denunciaba Marx. Quizá se producen de una forma más sutil, pero, a la postre, con los mismos objetivos e iguales consecuencias. Mientras se recortaban derechos sociales, las clases dominantes utilizaban la superestructura del Estado para que la política estuviera a su exclusivo y entero beneficio.

No hay democracia sin demócratas. No hay Estado de Derecho sin dirigentes que respeten las leyes y las hagan respetar. Entiendo que lo revolucionario hoy, sería hacer cumplir las normas democráticamente establecidas: desde los Tratados Internacionales hasta los reglamentos, pasando por supuesto por la letra y el espíritu de la Constitución, que hay que revisarla y mejorarla, sin duda, pero antes habrá que honrarla debidamente. De lo contrario, todo el esquema normativo que constituye la estructura del Estado social y democrático de Derecho, como la Constitución define España, en su artículo primero, se nos puede disolver como un azucarillo.

Salvo por lo que he sabido por los medios, no conozco de nada a las Sras. Ferrer y Teso, pero sigo sorprendiéndome ante la facilidad con la que las mujeres tomamos ese tipo de decisiones para —cito el texto de CadenaSer.com— “evitar prolongar la situación de interinidad en la sala ante la falta de acuerdo de los vocales”. Me suena a una conducta que busca favorecer la desconocida idea del interés general.

Los distintos medios de comunicación hablan de sector progresista y sector conservador. Esos términos puede que se correspondan con la realidad, pero no por ello dejan de inquietarme en cierta medida, porque se arrastra desde hace décadas una polarización en la justicia que funciona como espejo de la que existe en la vida política de nuestro país.

Al hilo de esa polarización, recuerdo que, en marzo de 2024, en pleno debate sobre el CGPJ, Benjamín Prado publicó en infoLibre un artículo titulado “Quién le pone el cascabel al juez”, que me pareció muy interesante. Preferí en aquel momento dirigirme a contacta@infolibre.es en lugar de escribir en los comentarios.

En aquel correo relataba que un par de meses antes había tenido un intercambio de opiniones con un amigo acerca de la judicatura y de la fiscalía en el que hice un análisis corto y sencillo: ¿En dónde reside la legitimidad democrática del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los jueces y magistrados que lo componen?

Me atreví a distinguir entre democracia directa e indirecta, es decir, las Cortes Generales y el Gobierno, aunque un ejemplo más complejo y a mi modo de ver más ilustrativo es el caso del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

Volviendo a España, los diputados y senadores son elegidos mediante sufragio directo, por lo que puede calificarse su origen como democracia directa. No así exactamente el Gobierno porque, aunque es posible que el Presidente y algunos ministros hayan resultado elegidos como diputados o senadores, es frecuente que existan miembros del gabinete ministerial cuyos nombres no figuraban en ninguna papeleta electoral, razón por la que calificaría al Gobierno de democracia indirecta siquiera en parte, sobre todo por cómo prevé la Constitución de 1978 que pueda constituirse un gobierno (con la mayoría parlamentaria y no con la lista más votada).

Pero vuelvo al CGPJ y, en concreto, a los jueces. Reza el artículo 117 de la ​Constitución que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

El Consejo cuenta con veinte miembros, doce elegidos por los jueces y ocho designados por Congreso y Senado.

Los doce miembros elegidos por los jueces son, a su vez, jueces y magistrados que han alcanzado una determinada categoría en la carrera judicial, que es una carrera administrativa (con sus particularidades) como la de cualquier otro funcionario público.

La designación por parte de las Cortes de los ocho miembros restantes ha sido el epicentro de la polémica porque eso parece implicar la presunta politización del Consejo. A mi modo de ver, estos ocho miembros son elegidos mediante democracia indirecta, es decir, sus nombres no estaban en ninguna papeleta electoral, pero quienes aparecían en las papeletas —los diputados y senadores— los han designado siguiendo un procedimiento previsto en textos jurídicos en vigor. 

Respecto a los doce jueces y magistrados elegidos por los jueces, la osadía me lleva a preguntarme en dónde radica su legitimidad democrática. Jueces y magistrados acceden a la función pública por el sistema de oposición, como lo he hecho yo misma y tantos otros funcionarios en España y más allá de sus fronteras. ¿Es, por tanto, la oposición la que garantiza la legitimidad democrática de esos doce miembros? En caso afirmativo, ¿eso es democracia directa o indirecta?

Me hago esas preguntas porque el artículo 117 de la Constitución, que ya he mencionado, habla de inamovilidad, que es característica de la función pública (salvo sanción de separación del servicio por razones administrativas o penales que puedan imponerse a los funcionarios).

También habla el artículo 117 de responsabilidad. En castellano, en un solo vocablo, “responsable”, se funden dos conceptos que en lenguas como el inglés y el francés son palabras diferentes con significado bien distinto:

Por esa fusión parece como si en nuestra lengua primara la idea de estar a cargo de para difuminar la de rendir cuentas por estar a cargo de.

También se menciona la independencia en el artículo 117. El legislador, esto es, los padres de la Constitución y los miembros de las Cortes cuando esta fue promulgada, querían blindar la independencia del Poder Judicial garantizando la independencia de cada juez en el ejercicio de las funciones que le son propias y es tal independencia la que hace casi imposible ponerle el cascabel al gato, pues no existe jerarquía entre los jueces y lo más parecido a la idea de jerarquía es la sentencia de una instancia jurisdiccional superior que desmantele la sentencia anterior, de manera que las personas quedamos a expensas de los procedimientos judiciales y sus vericuetos (las leyes de enjuiciamiento son antiguas y los medios con los que cuenta la justicia, muy escasos) sin que nos atrevamos plantear, por ejemplo, una reclamación en queja por cómo el juez o el tribunal conduce el asunto, y ello por un temor reverencial a sufrir algo parecido a represalias de parte de los inamovibles.

Siguiendo con la independencia que establece el artículo 117, en derecho comparado hay ordenamientos jurídicos que prevén que no vuelva a la judicatura un juez que entra en política (como miembro de un Parlamento, de una Corporación Local, de un Gobierno nacional o regional). No es que la ley le prive de sus derechos como funcionario, es que la ley (el imperio de la ley, el legislador, que es la democracia directa) ha sido adoptada en una votación en un parlamento decidiendo que esto sea así para evitar una potencial contaminación de la función de impartir justicia por el hecho de haber navegado en las aguas de la política.

En el intercambio de pareceres con mi amigo yo me preguntaba sobre la democracia directa e indirecta aplicada a la judicatura. Confieso que no he hallado una respuesta que me tranquilice tanto como me gustaría y que la retirada esta misma semana de las dos magistradas del llamado sector progresista no hace más que contribuir a mi intranquilidad.

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Isabel Torné es socia de infoLibre.

Anunció el día de antes que se iría si alguien no hablaba en español y lo hizo, o sea que fue consecuente con lo que había dicho que haría y cumplió su promesa. Advertiré a los lectores que la coherencia será lo único bueno y positivo que destacaré en este artículo de Isabel Díaz Ayuso, que el pasado 6 de junio hizo el más absoluto ridículo en la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en Barcelona cuando salió por patas al escuchar al lehendakari y al Molt Honorable (no el valenciano, que desde el pasado 29 de octubre se ha convertido más bien en el Molt Mentider) expresarse en sus respectivas lenguas. Espero, al menos, que cerrara la puerta al salir de la sala. Por cierto, parece que en el PP se ha puesto de moda abandonar el puesto de trabajo, pero eso lo hace cualquier currela de este país y lo sancionan y lo despiden. Y como esta mujer es insaciable, el jueves volvió a justificar su indiferencia hacia el euskera y el catalán y tildó de cateto a quien no defienda la lengua de Cervantes. Lo diré sin subterfugios, paleta es ella por despreciar las lenguas de su país. Esta charlatana, cada vez que abre la boca, sube el precio del pan. Con este nuevo espectáculo de la presidenta madrileña podemos decir definitivamente no que haya perdido el norte, sino todos los puntos cardinales del sistema de referencia cartesiano.

Recordemos exactamente qué dijo lady MadriZ (sin ánimo de manosear el tema musical homónimo de Leiva cuando formaba parte del grupo Pereza): «y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me saldré, o por el camino ya veré lo que hago con esos pinganillos. Ya les digo que no me los pienso poner». Sé sincera, tronca, no es que no quisiste ponerte el pinganillo, es que no podías porque ya debías de llevar uno a través del cual tu ventrílocuo Miguel Ángel Rodríguez te dictaba lo que tenías que decir como si fueras Doña Rogelia, y la verdad es que sí, uno en cada oreja debe de ser bastante incómodo y todo un lío. Evidentemente, quién me busca me encuentra, y como lingüista y hablante de una de esas lenguas que ella tanto denigra no pensaba quedarme callado ante este atropello, un gesto grosero de intolerancia y desdén de una patana monolingüe que se cree ama y señora de todo. Por fortuna, España es plural y tolerante, no como ella.

Defender y hablar nuestras lenguas cooficiales es preservar la identidad de un pueblo, mientras que rechazarlas dice mucho de la ignorancia de quien lo hace. Los idiomas son historia, memoria, futuro, y por eso conviene cuidarlos y conservarlos. No lo digo yo, sino el artículo 3.3 de la Constitución: «La riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». En efecto, la diversidad lingüística es un tesoro, no un obstáculo, y quien niegue esto, como la lideresa gata, se lo tiene que hacer mirar urgentemente. A la derecha no le molesta aprender inglés, celebrar Halloween o regalar por Papá Noel, pero nuestra riqueza idiomática y cultural la destroza por puro supremacismo lingüístico. ¿Esta bobalicona se ha parado a pensar qué opinarán los votantes del PP a nivel nacional que hablan catalán, euskera o gallego? Parece como si los populares no hubieran entendido todavía que el castellano no es la única lengua del Estado. Proteger un idioma no solo es permitir que exista, también es garantizar que tenga espacios de uso real, sobre todo institucionales, y el Congreso de los Diputados o una Conferencia de Presidentes lo son. Negar el uso de las lenguas cooficiales no une, excluye, y Ayuso, por enésima vez, las utiliza para separar a un país, lo que no puede ser más lamentable, sobre todo si en alguna ocasión se le ha pasado por la cabeza hacerle un Casado a Feijóo y aspirar a gobernar el país.

Antes de que los defensores del argumento según el cual el uso del servicio de traducción e interpretación automático mediante pinganillo es un gasto superfluo e innecesario se rasguen las vestiduras, diré que es un razonamiento del todo absurdo. Quien se escandalice por la existencia de unos cuantos funcionarios del Estado que desarrollan este trabajo también lo tendrá que hacer por otros muchos despilfarros estructurales. En realidad, no les molesta el coste, sino lo que representa. El dinero destinado a intérpretes en la Administración General del Estado no compite con el presupuesto, por ejemplo, para sanidad ni para enfermedades graves como el cáncer, el alzheimer o la ELA. Simplemente son partidas diferentes gestionadas también por ministerios diferentes.

Quien salió pitando al escuchar la intervención en euskera de Imanol Pradales no lo hizo por no querer usar un auricular, sino por puro cálculo político, y a mi entender le salió muy mal. Su objetivo era reventar la cumbre y quitarle protagonismo a Feijóo. Me parece ridículo abandonar la reunión cuando el lehendakari utiliza su lengua e incorporarse cuando Alfonso Rueda, de su partido y presidente de la Xunta, fala galego. Si con su despropósito pretendía conseguir atención mediática, la tuvo toda. Ya sabemos que la Quironesa vive de agitar las aguas y el barro, y esto, desgraciadamente, le da votos. Y si tan en contra está del pinganillo, imagino que no sería tan escrupulosa y se lo habría puesto unos días después en caso de haber asistido al acto organizado por Marine Le Pen en el que su guía espiritual, Santiago Abascal, intervino hablando un francés macarrónico. Quelle honte!

Sabemos por experiencia también quién odiaba y no respetaba la existencia en España de otras lenguas que no fueran el castellano hasta el punto de prohibirlas oficialmente. Afortunadamente, el lema «Una, grande y libre» acabó el 20 de noviembre de 1975. Han pasado casi cincuenta años y tenemos derechos lingüísticos y culturales que hay que cumplir, como por ejemplo, la amenaza actual del PP i Vox de instar a las Cortes Valencianas a modificar la LUEV para que Alicante sea considerada una ciudad castellanohablante. También tenemos conocimiento de quién hablaba catalán en la intimidad y con Jordi Pujol a raíz del Pacte del Majestic, ¿no? Lo más gracioso es que la que ahora dice que estamos en una dictadura es quien quiere que solo se hable ecuatoriano, o sea, otra Paca. No respetar las lenguas de tu país es de ser muy inculta. Y como en el PP son tan antinómicos que dicen y hacen una cosa y la contraria, ahora que el Gobierno central se tambalea y que no sabemos si este año Pedro Sánchez se comerá o no el turrón en la Moncloa, no me extrañaría nada que la derecha reaccionaria estuviera haciendo ya cursillos acelerados de catalán en línea por si acaso la aritmética parlamentaria les permite gobernar con el apoyo de Junts. El Parla.cat está en su punto álgido y va a todo trapo. Ánimo, el nivel A2 podéis alcanzarlo de aquí a la convocatoria de elecciones generales.

Muy lejos queda aquel tuit de esta maja chulapa en el que alababa las lenguas cooficiales en un acto por la Constitución organizado por su partido: «Discursos en catalán, galego, valenciano, mallorquín, castellano... #España». Por la boca muere el pez. Del vasco, no dijo ni mu, y si nos descuidamos trocea el catalán en tantas partes como hablas tiene. Le faltó incluir el ibicenco, el leridano y el alicantino. Quizás el mensaje lo escribió a las puertas de unas elecciones para ganar votos, o quizás fue cuando todavía disimulaba un poquito su radicalismo, pero el caso es que ahora está pasada de la raya y es más de Vox que el políglota de Abascal. Ya sabemos que la coherencia política es la línea editorial del PP, que donde dije digo, ahora dice Diego. Como sentenció un sabio, somos amos de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. La hemeroteca está ahí y a la novia del ciudadano particular le acabará pasando factura.

Como decía antes, la Trump española está perjudicando a su superior jerárquico. Esta manola a quien, lo diré en madrileño para que me entienda bien, le gusta la fruta no es una mindundi dentro de un partido que tiene una pieza podrida que le puede echar a perder todo el frutero. Porque, insisto, ¿quién le pide ahora los votos a los partidos nacionalistas periféricos de cara a una futura investidura después de tanto odio lingüístico? El gallego tiene el enemigo en casa. Por cierto, el de Ayuso y el PP también es un tipo de nacionalismo, centralista, muy español y mucho español. Y si tan patriotas son que solo quieren una lengua y una cultura en vez de vanagloriarse de la vasta riqueza lingüística de su país, que se miren el artículo 3 de la Constitución, que deja muy claro que catalán, euskera y gallego son idiomas españoles. Y también el castellano, por supuesto, pero el sancta sanctorum del ordenamiento jurídico no habla de español como ella hace, esto es un invento de los países hispanoamericanos alguno de los cuales ha visitado recientemente huyendo de las corruptelas que la acorralan en su tierra.

Sí, la niña mimada les ha salido rebelde, y si al principio pensaban que sería un revulsivo para el partido, ahora resulta que se ha convertido en un problema radiactivo más que en una solución para la derecha española libertaria y delirante, porque con comentarios y actuaciones como los de hace unos días, el PP no sacará ni un voto ni en Cataluña ni en el País Vasco. También son infumables, inauditas e impropias de toda una autoridad autonómica sus declaraciones barriobajeras de extrarradio sobre las cañitas a porrillo, las terracillas, las cervecillas y los vinillos. En este sentido, conviene recordar de donde ha salido esta señora tan descortés, de llevar las redes sociales de Pecas, el perro de la aristócrata Esperanza Aguirre, y esto creo que lo dice ya todo. Pero parece que ahora la que ladra es ella, no el cachorro de la condesa consorte de Bornos, grande de España.

Dos días después de poner pies en polvorosa, para acabar de arreglarlo, en la manifestación en Madrid convocada por su partido bajo el lema «Mafia o democracia», dijo que «la falta de libertad que se vive en España nos impide decir la verdad, España no es plurinacional, no somos extranjeros en nuestra casa». Por poco no dijo amén. Por lo que se ve, esta malandrina, la más patética del PP, no tuvo suficiente con el numerito que montó en la Ciudad Condal. Por un lado, habla de falta de libertad una cenutria que, indignadísima ella, profiere discursos fascistas desde un púlpito con micrófono en medio de una plaza de la villa y corte y se queda tan fresca. Si las imágenes fueran en blanco y negro, nos pensaríamos que eran del NODO. Si no hubiera libertad, ella ya estaría en prisión por el hatajo de barbaridades que dice día sí, día también. Y, por otro lado, el artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Es la segunda vez que, ¡oh sorpresa!, comprobamos que esta desconsiderada no se ha leído todavía la Carta Magna.

Y acabaré con una confesión. Durante la preparación de este escrito he consultado varios foros para testar la indignación generalizada hacia la frutera de Chamberí a raíz de su última rabieta institucional. Veía que mucha gente se refería a ella como IDA, y claro, la primera cosa que pensé fue que, como parece que no está muy bien de la cabeza, pues que querían decir que es una persona sin cordura, ida en su único idioma. Después un conocido me dijo que IDA es la abreviatura con las iniciales de Isabel Díaz Ayuso, y también me cuadra. Al día siguiente del show que protagonizó esta pueblerina me encontraba yo en Madrid, y mientras hacía cola a la entrada de un teatro en el barrio de Chueca, escuché como el chico que había detrás de mí le decía a un amigo: «yo no puedo con ella, no puedo, de verdad, se me revuelve el estómago y tengo que apagar el televisor». Hablaba de la susodicha, que le provoca exactamente el mismo repelús visceral que a mí. Allende los ríos Manzanares y Jarama podemos pensar que, como gobierna con mayoría absoluta, todo quisqui le vota, pero no, por suerte tiene también sus detractores. Una Ayuso, a veces, en estado puro, o también en efervescencia, como los comprimidos de un conocido antipirético que debe de tomar para bajar esos subidones repentinos de fiebre que le hacen decir tantos disparates. Como dirían los gallegos, o falar no ten cancelas.

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Òscar Banegas es filólogo y trabaja como técnico lingüístico en el Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante.