La Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento y archivo de la causa contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado de la compañía sevillana Manuel Sánchez Ortega por presuntos delitos societarios y de falsedad en la inversión de capital.

En el auto, consultado por EFE, la sección cuarta de la sala de lo Penal desestima el recurso de las acusaciones particulares y confirma el criterio del juez Ismael Moreno, que el pasado julio ya decretó el sobreseimiento provisional de la querella al no apreciar indicios de delito tras las pruebas practicadas en la investigación.

Las diligencias se instruyeron para averiguar si las cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su situación con anterioridad a su colapso financiero, que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de preconcurso, "eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía".

El auto de la sección cuarta, del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, rechaza las peticiones de las acusaciones particulares "ante los contundentes dictámenes" de los peritos acerca de que las cuentas de Abengoa "reflejaban la exactitud e imagen fiel de la sociedad mercantil".

Así pues, no puede apreciarse "ningún delito de falseamiento en las cuentas". De hecho, prosigue el documento, las cuentas muestran "la exactitud y la imagen fiel del grupo de empresas, sin necesidad de inútiles e innecesarias diligencias complementarias de ratificación de dichos dictámenes".

La sala también descarta que el archivo provisional se haya basado en una sola prueba, ya que, a lo largo de los años de instrucción, "se han practicado otras muchas, de naturaleza personal (declaraciones de inculpados, testificales y periciales) y documental".

Todas ellas, prosigue, "han venido a converger" en el auto del juez instructor.

En su exposición, la sección cuarta de la sala de lo Penal insiste en que "la determinación mostrada por los peritos judiciales" les hace que no puedan concebir, "ni siquiera indiciariamente, caracteres supuestamente delictivos a las conductas de los querellados".

A través de sus redes sociales y de su página web, el expresidente de Abengoa ha celebrado la decisión de la sala.

Esta llega "después de 10 años, desde que me echaron de Abengoa por imposición de Banco Santander (según sentencia de la Audiencia Nacional 1/2018) en plena ampliación de capital y en una maniobra que mató Abengoa, y tras una investigación exhaustiva de las cuentas, por una querella presentada con la sola intención de destruirme (...)", ha escrito Benjumea.

En 2018, la Audiencia Nacional ya absolvió a la excúpula de Abengoa del delito de administración desleal por el que las acusaciones solicitaban hasta cinco años de cárcel para Benjumea, tras descartar irregularidades en las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015.

Durante el juicio, la defensa del expresidente de Abengoa insistió en que su marcha se produjo como imposición de los bancos aseguradores de la fallida ampliación de capital.

Por su parte, la de Sánchez Ortega sostuvo que los 4,5 millones de euros que el ex consejero delegado de la compañía recibió eran una "contraprestación por no competencia impuesta en defensa de la propia sociedad" que estaba "bien" cuando la abandonó.

Argumentos que aceptó la sala, la cual sostuvo en su sentencia que en el momento de la firma de los contratos, el endeudamiento de Abengoa era "estable", y que la crisis se "aceleró" por la reacción del mercado ante la sucesiva salida de sus dos máximos ejecutivos, la repercusión de la ampliación, los retrasos en su negociación y las condiciones de los bancos.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 6 de agosto pasado a un empresario de Malgrat de Mar (Barcelona) acusado de explotar laboralmente a trabajadores sin papeles, a los que hacía contratos fraudulentos con datos de terceras personas y a los que obligaba a hacer jornadas de hasta 90 horas semanales por 850 euros, informa EFE.

Según ha informado este domingo la Policía de la Generalitat, la empresa se dedicaba a la gestión de residuos y servicios de limpieza públicos y privados en varios municipios, tanto de la provincia de Barcelona como de la de Girona, en localidades como Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna, Vidrieres, Maçanet de la Selva o Fogars de la Selva.

La investigación sobre uno de los empleados despertó las sospechas de los policías, puesto que el 27 de junio solicitaron a la empresa el horario que había desarrollado esos días, a lo que el dueño les aseguró que había estado trabajando y les mostró su contrato.

Este hecho evidenció que había irregularidades en la contratación, puesto que, aunque la empresa aseguraba que el individuo había estado trabajando, la realidad es que había sido detenido.

Los Mossos d'Esquadra contactaron con Inspección de Trabajo de la Generalitat, con la que hicieron el 24 de julio una entrada y registro en la empresa, donde detectaron a nueve personas que, o bien no disponían de documentos identificativos, o se acreditaban con copias de otros documentos que pertenecían a terceros.

Una vez que los agentes pudieron identificarlos correctamente, los agentes contactaron con la Policía Nacional, que confirmó que se encontraban en situación irregular en España.

Los agentes pudieron constatar que algunos de ellos habían comenzado a trabajar sin contrato y que, pasado un tiempo, la empresa les pidió que aportaran algún documento de alguien que estuviera residiendo legalmente en España para formalizar su relación laboral.

A otros trabajadores, el empresario les hacía directamente un contrato laboral a través de los datos de una tercera persona.

En todos los casos, los trabajadores, que se encontraban en situación de vulnerabilidad, cobraban menos de lo que constaba en su contrato laboral, trabajaban más horas de las regladas y no disponían de días de fiesta obligados, con jornadas laborales de 90 horas semanales de media por 850 euros mensuales.

Al día siguiente de la inspección, la empresa notificó a casi una veintena de empleados con contratos irregulares que no volvieran a trabajar.

El propietario de la empresa quedó detenido el 6 de agosto, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y por otro de falsedad documental.

Además, otras tres trabajadoras de la compañía investigada fueron denunciadas por los Mossos, acusadas de los mismos hechos.

La Inspección de Trabajo descarta que existan evidencias de que las prácticas que hacían los becarios mexicanos del musical Malinche, del productor Nacho Cano, implicaran "una relación laboral encubierta", ya que "han estado dirigidas a completar la formación teórica". Así figura en el informe de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio y al que ha tenido acceso EFE, que se remitió al juzgado que investiga a Nacho Cano por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

El informe detalla toda la investigación llevada a cabo desde que el día 27 de junio de 2024 los inspectores de Trabajo acudieron, a petición de la Policía Nacional, a la parroquia en la que ensayaban los becarios del espectáculo de Nacho Cano.

La Policía investigaba si, como denunció una de las becarias mexicanas del musical, hubo irregularidades en la manera en que esos jóvenes llegaron a España y trabajaron aquí, en un caso por el que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió a finales de julio un procedimiento penal contra Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo.

La Inspección remitió su informe al juzgado el pasado día 25 y en él desgrana cómo se hizo esa inspección en la parroquia y cómo se identificó y pidió documentación sobre los becarios, sus profesores y la empresa. Desde la empresa se aportaron contratos de trabajo del elenco de artistas, el documento de matrículas de 17 personas becadas y otro que certifica los recursos económicos que se les concedían, 8.400 euros que permanecían en la propia cuenta bancaria de Malinche The Musical Spain S.L. porque, dicen, "los becarios carecían de cuenta bancaria en España".

El informe, de unos 20 folios, concluye que "no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios en la referida empresa impliquen una relación laboral encubierta conforme al artículo 1.1 del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, sino que dichas prácticas han estado dirigidas a completar la formación teórica del becario". Y recuerda que una disposición adicional de la Ley General de la Seguridad Social establece la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación.

Sin embargo, esta disposición no incluye a los becarios de Malinche, "ya que estos alumnos realizan una formación no reglada, no incluida en el sistema educativo, por lo que no es necesaria la inclusión de los becarios en el sistema de Seguridad Social". El informe sostiene que "las personas becadas no están bajo el ámbito de organización y dirección del empresario, para la obtención de un rendimiento que redunde en la obtención de frutos para el desarrollo musical de Malinche en Madrid".

Concluye que los 17 becados realizan practicas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain S.L., "ya que no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena a la empresa, ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado". Fuentes de la acusación recelan de estos documentos y solicitarán que se les aporte el convenio de prácticas de estos estudiantes que les debería dar cobertura legal.

Precisamente, la becaria del musical que denunció a Nacho Cano y dio pie a una investigación judicial por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores declarará el próximo día 4 ante la magistrada que lleva el caso, por primera vez y en la que será la primera comparecencia relevante en la causa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a esta estudiante mexicana, Lesly Guadalupe O.F., ese día a las diez de la mañana para que declare como denunciante/perjudicada.

La becaria del musical Malinche que denunció a Nacho Cano y dio pie a una investigación judicial por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores declarará el próximo día 4 ante la magistrada que lleva el caso, por primera vez y en la que es la primera comparecencia relevante en la causa.

Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a esta estudiante mexicana, Lesly Guadalupe O.F., el día 4 a las diez de la mañana para que declare como denunciante/perjudicada. Se trata de la primera declaración relevante en este procedimiento penal, abierto el pasado 30 de julio, ya que hasta ahora no habían sido llamados a declarar en el juzgado ni la denunciante, ni los tres investigados ni los becarios del musical.

Estos 17 estudiantes mexicanos becados fueron llamados a declarar como testigos urgentemente a finales de agosto, pero finalmente no lo hicieron porque no se consiguió citar a una de las investigadas, Roxana Drexel, directora de operaciones de 'Malinche', lo que impedía que pueda garantizarse la posibilidad de contradicción entre las partes, como establece la ley.

Así el 1 de septiembre estos 17 estudiantes regresaron a su país y queda pendiente si serán citados para declarar por videoconferencia. Fue el pasado 30 de julio cuando el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid abrió un procedimiento penal contra el productor musical Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche, a raíz de la denuncia de Lesly..

Las fuentes también han confirmado que, en un auto dictado recientemente, la magistrada ha rechazado admitir en la causa los mensajes que aportó la defensa del artista para probar un posible chantaje por parte de Lesly, al considerar una prueba "irrelevante".

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza inadmite la prueba aportada por los letrados de Nacho Cano: una serie de mensajes de WhatsApp que ella envió a una de las integrantes del equipo de Malinche, investigada en la causa, en los que avisa de que podía demandarles y para evitarlo solicita 6.000 euros y una carta de recomendación. Luego acabó denunciándoles.

La considera "irrelevante para la investigación de los hechos objeto del presente procedimiento", en la que según recuerda ya se han ordenado diligencias como la declaración de los diecisiete bailarines del espectáculo o la petición de informes a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social.

"El objeto de este procedimiento es la investigación de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, por lo que, además de la declaración de la denunciante-perjudicada doña Lesly, contamos con otros medios probatorios, siendo irrelevantes las conversaciones que se aportan para esclarecer si los investigados han participado en los hechos imputados", dice el auto.

La magistrada añade que la letrada de Lesly impugnó esas conversaciones y pidió entregar el móvil de la denunciante para que se pudiera tener acceso a todos los mensajes, íntegramente, y "al volcado de todas las conversaciones o grupos en los que aparece la denunciante y los denunciados".

Y subraya que admitir la prueba de la defensa supondría admitir también esta petición de la acusación, lo que "supondría por un lado una dilación en el procedimiento con pruebas inútiles, y por otro un menoscabo para la dignidad de la víctima del presunto delito al contener las conversaciones datos de su vida privada ajena a este procedimiento".

Tras conocer esta decisión, la letrada de la denunciante, Beatriz Uriarte, ha dicho a EFE que "como se había previsto por parte de la víctima, las conversaciones mantenidas entre Lesly y la organización liderada por Nacho Cano no tienen ningún tipo de relevancia jurídica, más allá de que la joven expresó su malestar por las condiciones en las que se la trajo a Madrid y en las que se pretendía que volviera a su país". 

El Banco de España constata en su Informe Anual 2023 un "leve" incremento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial de los contratos fijos-discontinuos, tras la reforma laboral de 2021, según ha recogido Europa Press. Pese a ello, concluye que se ha producido un "ligero aumento" de la estabilidad laboral en el conjunto del mercado de trabajo español por el repunte "significativo" del peso de los contratos fijos en relación con el de los contratos temporales, propiciado por la reforma laboral.

En un apartado del informe, en el que analiza el grado de estabilidad del empleo, la institución subraya que, desde la aprobación de la reforma laboral, la ratio de temporalidad de la economía española "se ha reducido con intensidad", hasta situarse en el 16,5% a finales de 2023, frente al 25,4% de 2021, con un descenso más acusado en el sector privado, hasta el 13,2%, que en el público, donde la tasa de temporalidad se ha mantenido cercana al 30% en los dos últimos años.

"En conjunto, este descenso ha permitido una considerable convergencia de la ratio de temporalidad en España hacia la que se observa en el promedio del área del euro", destaca la institución, que señala que esta "intensa reducción" de la tasa de temporalidad también es observable en los registros de la Seguridad Social.

Así, la proporción de afiliados con un contrato temporal ha descendido desde el 30,4% de 2021 hasta el 14,9% en 2023, que se explica por un aumento de los contratos indefinidos a tiempo completo en 8,6 puntos, de los contratos indefinidos a tiempo parcial en 4,1 puntos y de los contratos fijos-discontinuos en 3 puntos.

En este sentido, la institución señala que los contratos fijos-discontinuos, "escasamente utilizados" en España antes de la reforma laboral, han más que duplicado su incidencia en la afiliación a la Seguridad Social, pasando del 2,4% en 2021 al 5,7% en 2023.

Por ramas de actividad, el Banco de España apunta que el descenso de la tasa de temporalidad ha sido muy generalizado, aunque "más intenso" en algunos de los sectores con mayores porcentajes antes de la reforma, como la construcción, la hostelería, las actividades artísticas, las actividades administrativas, la agricultura y los otros servicios.

"En todos estos sectores, salvo en el caso de la construcción, una parte significativa de la caída de la temporalidad desde la implantación de la reforma se explica por el empuje de los contratos fijos- discontinuos", asegura el organismo.

La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos intenta aproximar el grado de estabilidad del empleo en el mercado laboral español con un ejercicio descriptivo en el que deja claro que "no constituye una valoración causal de la reforma laboral de 2021", pues dicha evaluación exigirá tener en cuenta el impacto de las medidas aprobadas en múltiples dimensiones, considerar una perspectiva temporal amplia y analizar los posibles efectos asimétricos de la reforma sobre distintos grupos de trabajadores, empresas y sectores.

Utilizando datos de altas y bajas de la Seguridad Social para medir la rotación laboral, el Banco de España constata un descenso de la rotación a partir de la aprobación de la reforma, desde el 1,33% en el promedio del periodo 2015-2019 hasta el 1,12% en el promedio de 2022-2023.

Esta disminución, explica, es fruto del cambio en el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido y temporal, pues la rotación entre aquellos con contrato indefinido ha aumentado del 0,25% al 0,61% y sólo se ha reducido levemente entre los trabajadores con un contrato temporal, del 3,40% al 3,19%.

"La mayor rotación en los contratos permanentes desde la entrada en vigor de la reforma laboral viene reflejando los mayores flujos de entrada y de salida del mercado laboral de los trabajadores con contrato indefinido, en general, y, especialmente, de aquellos con contrato fijo-discontinuo. En particular, las tasas de baja de estos contratos han repuntado notablemente en relación con el período 2015-2019", sostiene.

De hecho, subraya que los contratos fijos-discontinuos presentaban con anterioridad a la reforma una tasa de baja que se situaba prácticamente a medio camino entre la del resto de contratos indefinidos y la de los contratos temporales. Sin embargo, desde 2022 esta tasa casi se ha duplicado, hasta situarse al mismo nivel que la que se observa para los contratos temporales.

En cualquier caso, el Banco de España apunta que, pese a este aumento de las tasas de salida de los indefinidos, la mayor estabilidad laboral de este colectivo, en comparación con la de los temporales, ha llevado a una reducción de la tasa de salida agregada. La institución, no obstante, precisa que este análisis está sujeto a algunas cautelas asociadas, por ejemplo, al hecho de que no permiten distinguir entre la rotación de los contratos creados antes y después de la reforma de 2021.

En el marco de este ejercicio para analizar el grado de estabilidad del empleo, el Banco de España calcula la tasa de supervivencia, a lo largo del primer año tras el alta, de los contratos iniciados en marzo de 2022 y la compara con la de los contratos iniciados en el mismo mes de 2017 y de 2018, sin verse, por tanto, afectados por la pandemia. En todo caso, insiste en que las diferencias no pueden interpretarse como evidencia causal de la reforma.

De acuerdo con su análisis, del conjunto de relaciones laborales creadas en marzo de 2022, un 16,1% siguen vivas un año después, porcentaje superior al observado en los contratos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018 (un 11% en promedio) y también mayor que la tasa de supervivencia que presentan los contratos firmados en marzo de 2021 (un 14,9%).

El Banco de España apunta que, de nuevo, esta mejora en la supervivencia del conjunto de las relaciones laborales se produce "a pesar de que la supervivencia de los contratos indefinidos, sin incluir los contratos fijos-discontinuos, se ha deteriorado tras la reforma laboral".

Así, el 48% de las relaciones laborales iniciadas en marzo de 2022 con un contrato indefinido permanecían vivas un año después, mientras que este porcentaje era del 52,5% en el promedio de los contratos indefinidos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018. "En conjunto, los resultados disponibles muestran un ligero aumento de la estabilidad laboral en el mercado de trabajo español tras la aprobación de la reforma de finales de 2021. Esto es así porque, a pesar de que se observa un leve aumento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial, en los contratos fijos-discontinuos, ha aumentado de forma significativa el peso de los contratos indefinidos en relación con el de los contratos temporales", concluye.

De este modo, pese a que la tasa de temporalidad española ha avanzado en convergencia con la de la UE, la institución cree que "existe margen para aumentar la estabilidad del empleo" en España. Así, por ejemplo, señala que, aunque los flujos de salida del empleo al desempleo han disminuido en España desde el 3,3% del empleo en los tres primeros trimestres de 2019 hasta el 2,8% en el mismo periodo de 2023, este porcentaje aún se mantiene sensiblemente por encima del observado en el conjunto de la UEM (un 1,2%).

El Banco de España también se ha referido a incrementar los incentivos para que los parados retornen al empleo, así como a clarificar las causas del despido objetivo para evitar que la posible introducción de indemnizaciones por despido improcedente acordes a las circunstancias del trabajador y más disuasorias, como planea llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, judicialice el despido y perjudique el empleo.

Así, más que centrarse en el despido improcedente, la institución considera que lo importante es seguir avanzando en la definición de las causas del despido objetivo ante la inminente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido injustificado en respuesta a la denuncia de UGT de que en España no es suficientemente disuasorio y de que la indemnización ha de tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha señalado que introducir este elemento en la regulación del despido, como prevé hacer la vicepresidenta Yolanda Díaz, hará que desaparezcan las indemnizaciones tasadas para pasar a otras que habría que aclarar por vía judicial, elevando así la incertidumbre. De ahí la importancia de clarificar el despido objetivo.

El Banco de España apunta que las indemnizaciones por despido procedentes en España (20 días por año trabajado) "son relativamente elevadas en el contexto internacional", mientras que el coste del despido improcedente (33 días por año de servicio) no está, sin embargo, entre los más altos.

En este sentido, "para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo", entiende que "podría resultar adecuado" seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos.

"Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo", apunta el Banco de España.

La institución reclama una "revisión exhaustiva" de las políticas de empleo ante una tasa de paro "persistentemente más elevada" que la de otros países y los retos que suponen los cambios tecnológicos que vienen de la mano de la robótica y la Inteligencia Artificial (IA), además del envejecimiento de la población. Este último, ha advertido Gavilán, no se solucionará únicamente con más inmigración y alargando la vida laboral de los trabajadores, sino que requerirá también mejorar las políticas formativas.

En el marco de esa revisión de las políticas de empleo por la que aboga, el Banco de España pide "incrementar los incentivos para el retorno al empleo de los parados", así como garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar la coordinación con las políticas activas de empleo. "Las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral", sostiene.

En este sentido, ve "deseable" una reforma de las políticas pasivas de empleo que introduzca cambios en la duración de las prestaciones y subsidios por desempleo, condicionándolos "posiblemente" al ciclo económico, y/o "sendas decrecientes" en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección 'ex ante'.

La institución considera que existe margen en España para "ajustar" los requisitos de elegibilidad, las tasas de sustitución de las prestaciones, su variación en función de la duración del desempleo y la propia duración máxima de las prestaciones, de forma que se pueda alcanzar un mejor equilibrio en "la disyuntiva entre sustitución de rentas e incentivos a la búsqueda de empleo".

Al mismo tiempo, aboga por permitir que determinados subsidios y prestaciones sean compatibles con el empleo, de manera temporal o permanente. Particularmente, considera que la conversión de parte de las prestaciones en complementos salariales cuando se encuentre un nuevo empleo contribuiría a facilitar la movilidad laboral y la salida del paro. "De esta manera, además, los incentivos al reempleo no se limitarían exclusivamente a una eventual disminución de las prestaciones/subsidios con su duración", argumenta.

El Banco de España pide además unificar todos los programas de rentas de subsistencia y de lucha contra la pobreza (subsidios, Ingreso Mínimo Vital y ayudas locales y regionales) para incrementar su cobertura y eficiencia, así como reforzar la coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo.

En lo que respecta a las políticas activas, insta a que el sistema educativo y la formación ocupacional modernicen y adapten sus contenidos a las nuevas tecnologías, así como que ganen peso las disciplinas STEM.

También aboga por que los servicios públicos de empleo diseñen perfilados profesionales y de emparejamiento de los desempleados con los empleos disponibles y por valorar "posibles colaboraciones y sinergias" con el sector privado.

Entre las medidas para afrontar los cambios demográficos, apuesta por fórmulas "más flexibles" para la contratación de los trabajadores de mayor edad; recolocaciones, reconversiones y formación profesional incentivadas; eliminación de salidas forzadas del empleo o una jubilación activa con mayores incentivos a compatibilizar pensión y salario.

La institución destaca que la principal característica del comportamiento reciente del mercado laboral ha sido el "considerable dinamismo" del empleo, asociado, en parte, al empuje del sector público, a la inmigración y al "atesoramiento de empleo" (empresas que deciden mantener la plantilla en periodos de menor actividad en previsión de futuras necesidades de demanda).

Todo ello contrasta con la evolución de la productividad del trabajo, "que apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia", y un crecimiento de las horas efectivamente trabajadas "sensiblemente menor". En este sentido, y de cara al objetivo del Gobierno de reducir la jornada laboral, pide que empresas y sectores dispongan de una "amplia flexibilidad" para evitar efectos negativos sobre los costes laborales, la productividad y el nivel de empleo.

Apunta, además, que en 2023 se produjo un aumento de los costes laborales por la subida de las cotizaciones sociales. Aunque esta medidas persigue reducir el "abultado" déficit del sistema de pensiones, los ejercicios de simulación del Banco de España señalan que un incremento de un punto en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%.

Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), la institución indica que, tras las subidas de los últimos años, la ratio entre salario mínimo y salario medio "habría superado los objetivos del 60% del salario bruto mediano y del 50% del salario bruto medio" establecidos por la UE. Como resultado, el porcentaje de trabajadores afectados por el SMI en España ha pasado de un 5,1% en 2018 a un 11,5% en 2023, "y se estima que éste se situará en el 12,7% en 2024".

El Banco de España considera "conveniente" que las próximas subidas del SMI tengan en cuenta los posibles efectos adversos que podrían suponer, en ausencia de mejoras en la productividad, para el empleo de determinados grupos de trabajadores.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concedió en 2022 un total de 18.565 autorizaciones a extranjeros contratados en sus países de origen, una cifra que casi iguala la de 2019, antes de la pandemia –18.987–. Se han recuperado así las contrataciones del conocido como Programa Gecco (Gestión colectiva de contrataciones en origen) desde los mínimos en que se hundió durante los años posteriores a la crisis financiera, cuando no se superaron, por ejemplo, las 2.767 de 2015, de acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el departamento de José Luis Escrivá. Aun así, este mecanismo proporciona apenas el 8,7% de los trabajadores agrícolas extranjeros del sector, que en el último trimestre de 2022 sumaban 212.300 activos, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para las organizaciones agrarias, se trata a todas luces de un porcentaje insuficiente. “Hay mucho trabajo en el campo”, resume Juan José Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Asaja. El 50% de las empresas agrícolas declara que tienen problemas para encontrar mano de obra, según la última encuesta del Banco de España, publicada el pasado mes de junio. Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG y él mismo empresario agrícola almeriense, precisa que en provincias como Almería y Granada ya se está empezando a notar la escasez de mano de obra. “Aún no es alarmante, no es que se vayan a dejar de recoger cosechas por falta de trabajadores, todavía no estamos en ese límite”, matiza, “pero sí que es cierto que cuesta trabajo encontrar personal”.

A su juicio, la contratación en origen es un sistema “modélico” que habría que impulsar: “Supone una puerta para venir a Europa de forma legal y segura”. Él mismo ha viajado a algunos países africanos a contratar contingentes de cientos de trabajadores y lo considera “casi una cuestión humanitaria, así no tienen que venir en patera o colarse en los bajos de un camión”.

Sin embargo, el mecanismo, que desde hace muchos años está limitado a los temporeros agrícolas –en un principio incluía también a trabajadores de la industria y los servicios–, está copado de hecho por las recolectoras marroquíes de fresas y frutos de rojos de Huelva. Según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, de los 18.565 permisos Gecco concedidos en 2022, 16.786 correspondían a trabajadores procedentes de Marruecos. Y son 16.881 los otorgados a trabajadores enviados a Huelva, el 91%. La segunda nacionalidad por número de autorizaciones es, a considerable distancia, la colombiana, con sólo 862. La segunda provincia con más contratados en origen es Albacete, y sólo ha traído a 384.

En realidad, sólo vienen trabajadores contratados en origen desde cinco países: Marruecos, Colombia, Ecuador –sólo 142 en 2022–, Honduras –633– y Senegal –141–. Pese a que España ha suscrito acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios también con Mauritania, Ucrania, República y Dominicana, además de contar con instrumentos de colaboración en esta materia con Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí, Níger, México, El Salvador, Filipinas, Paraguay y Argentina.

Este año, el ministerio ha modificado la orden que regula estas contrataciones en origen, para facilitar los trámites y obligar a las empresas a ofrecer contratos fijos discontinuos a los migrantes, en cumplimiento de la reforma laboral. Ahora la autorización se otorga para cuatro años, que permiten al migrante trabajar durante nueve meses en cada uno de ellos. En ese momento deben volver a su país y el empresario está obligado a llamarlos para que regresen en la siguiente campaña o temporada. Es lo que se llama “migración circular”. Al cabo de esos cuatro años, no obstante, el jornalero puede solicitar una autorización de residencia y trabajo de dos años, tanto para trabajar como asalariado o por cuenta propia.

Está por ver si estos cambios impulsan un mecanismo que llegó a ser casi residual en los años de la anterior crisis. En lo que ha transcurrido de 2023, ya se ha contratado en origen a 16.000 marroquíes, 1.000 colombianos, 500 hondureños y 117 senegaleses, asegura el ministerio.

Pero, más allá de la reciente flexibilización aprobada en la nueva orden, el mecanismo se enfrenta al bloqueo que, según destaca Andrés Góngora, mantienen desde la crisis financiera las Comisiones Provinciales de Flujos Migratorios, encargadas de autorizar las nuevas contrataciones. Integradas por empresarios, sindicatos, los servicios públicos de empleo y la Inspección de Trabajo, llevan años aprobando permisos sólo a los “repetidores”, pero denegando nuevas contrataciones, con la excepción de Huelva y alguna otra provincia más, explica el responsable de COAG. Porque tanto los servicios de empleo como los sindicatos priorizan desde hace más de una década la contratación de desempleados españoles o de migrantes ya residentes en España también en paro.

Con cifras de desempleados que rozaron el 26% en 2012 y que aún hoy se mantienen en el 11,6%, duplicando la media europea, tanto los servicios de empleo como CCOO y UGT no dudan en expresar sus recelos ante las medidas de José Luis Escrivá para incorporar más extranjeros al mercado de trabajo. Los sindicatos repiten que no hay un problema de vacantes pese a las quejas de los empresarios, sino de malas condiciones laborales, y reclaman que se prime la formación de los desempleados, ya sean españoles o extranjeros.

Tanto Juan José Álvarez como Andrés Góngora niegan que las condiciones laborales en la agricultura española sean precarias. Se paga el salario mínimo –1.080 euros al mes– o por encima del salario mínimo, detalla el dirigente de COAG, y, si se hacen horas extras, lo que es habitual, un temporero puede ganar entre 1.300 y 1.400 euros netos. Pero admite que el trabajo es duro, además de inevitablemente temporal o estacional por la naturaleza de la actividad, y a veces obliga a hacer viajes en coche de decenas de kilómetros cada día. “Es perfectamente legítimo que determinados perfiles laborales no quieran trabajar en el campo”, resume. Y descarta que la reforma laboral, que ha obligado a reconvertir los contratos temporales en fijos discontinuos, suponga “un problema”. “Yo, de hecho, los prefiero”, zanja.

Como explican Ana María López-Sala y Elena Sánchez-Montijano en un artículo publicado en la revista Cidob d'Afers Internacionals, el primer convenio que reguló las migraciones en las campañas agrícolas data de 1997. Lo firmaron CCOO, UGT, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Trabajo. En 2001 se aprobó el Plan Greco, que permitía el asentamiento del migrante. Ese año se suscribieron acuerdos bilaterales con Colombia, Ecuador, Marruecos y República Dominicana; en 2002, con Polonia y Rumanía, y con Bulgaria en 2003. Con la crisis, la reforma de la Ley de Extranjería en 2009 ya estableció la necesidad del retorno obligatorio de los temporeros.

Al tiempo, el número de trabajadores agrícolas extranjeros se multiplicaba exponencialmente. En 1987, según la EPA, no había más que 2.400. Llegaron a 10.000 en 1995. En 2000 ya eran 45.000. En el segundo trimestre de este año, las últimas cifras disponibles, los activos extranjeros en el sector agrícola alcanzan los 211.500. Es decir, su número se ha quintuplicado en 23 años. Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, son más aún: cotizando en el régimen especial agrario hay registrados 238.380 extranjeros, que representan el 33,3% de los trabajadores de este sector productivo. De ellos, el 75,5% procede de países extracomunitarios.

El pasado mayo, llegaron a Albacete 123 trabajadores senegaleses. En Lleida y Balears son colombianos los empleados este verano en la recogida de fruta. En 2022, los empresarios de Lleida contrataron en origen a 377 extranjeros, la cifra más alta desde 2013, pero aún por debajo de los 1.390 de 2011. En Almería, por el contrario, y pese a la importancia de la actividad agrícola, el año pasado sólo se empleó a 10 extranjeros utilizando este mecanismo, lejos de los 615 de 2010. La provincia, explica Andrés Góngora, cuenta con un gran número de trabajadores extranjeros residentes, por lo que apenas recurre a las contrataciones en origen.

El mercado laboral español ha demostrado una notable resistencia y dinamismo en los últimos tiempos, a pesar de que España sigue registrando la tasa de paro más alta de la zona euro, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la que la reforma del mercado laboral, introducida en 2021, contribuye a mejorar la calidad del empleo en el país.

"La reforma del mercado laboral de 2021 contribuye a mejorar la calidad del empleo en España", afirma el think tank para las economías avanzadas en su informe Perspectiva de Empleo 2023, donde destaca que un año después de su entrada en vigor, el número de contratos temporales se ha reducido en un 30% y la mayoría de los nuevos contratos son indefinidos, recortando la desproporción de contratos temporales entre España y otros países europeos de la OCDE.

De hecho, según el documento de la organización con sede en París, en el cuarto trimestre de 2022, la proporción de nuevos empleos con contratos temporales fue menor que en el cuarto trimestre de 2019 en 20 de los 28 países con datos disponibles, a pesar del fuerte ciclo económico en ambos períodos y, en promedio, la proporción de nuevas contrataciones con contratos temporales se redujo del 49% al 46%.

"Los mayores descensos proporcionales se registraron en Noruega, España, Suecia, la República Eslovaca e Irlanda, mientras que Lituania e Islandia vieron un aumento en la proporción de nuevas contrataciones con contratos temporales, aunque desde niveles inicialmente bajos", destaca la OCDE.

En este sentido, la OCDE advierte, no obstante, de que la eficacia de los contratos fijos-discontinuos, una nueva disposición introducida por la reforma laboral de 2021 para los trabajadores estacionales, en la mejora de la seguridad laboral de los trabajadores temporales "es aún incierta" y señala la necesidad de llevar a cabo una supervisión continua y una regulación potencialmente más estricta para garantizar nuevos avances.

En general, la organización destaca que el mercado laboral español "ha demostrado una notable resistencia y dinamismo en los últimos tiempos", como demuestra el crecimiento del empleo del 1,2% en el primer trimestre de 2023.

De este modo, la tasa de desempleo española ha alcanzado su nivel más bajo en décadas, situándose en el 12,7%, aún muy por encima de la media de la OCDE y la más alta entre las economías de la zona euro.

En este sentido, tras la sólida recuperación del 5,5% registrada por la economía española después de la crisis del coronavirus, la OCDE prevé que la expansión económica de España se modere hasta el 2,2% en 2023 y el 1,9% en 2024, por lo que anticipa que la tasa de paro del país se mantenga en un nivel relativamente alto (12,6%) durante el resto de 2023.

Por otro lado, la OCDE señala la caída de los salarios reales en prácticamente todos los países de la OCDE en el primer trimestre de 2023 como consecuencia del alza de la inflación.

En promedio, los salarios reales cayeron un 3,8% anual en el primer trimestre de 2023 respecto al año anterior entre los 34 países de la OCDE con datos disponibles, mientras que España experimentó un descenso del 1,2% en el año transcurrido hasta el primer trimestre de 2023.

"Este descenso es más contenido que el observado en otros países de la UE debido a la dinámica del crecimiento de los salarios nominales y de la inflación, especialmente durante el segundo semestre del año", explica la OCDE, recordando que, en este periodo, el crecimiento de los salarios nominales aumentó del 3,2% a algo menos del 4%, mientras que la inflación cayó de alrededor del 9% a aproximadamente el 6%, amortiguando la caída de los salarios reales.

Asimismo, a nivel general, la OCDE considera que hay espacio para que las ganancias absorban aumentos adicionales en los salarios, al menos para los trabajadores con salarios bajos.

En este sentido, el 'think tank' apunta que, en promedio en la OCDE, los salarios mínimos legales han aumentado significativamente en los últimos dos años, permitiendo que los salarios mínimos reales se mantengan al ritmo de la inflación mejor que los salarios promedio.

En el caso de España, la OCDE destaca que el salario mínimo nominal ha aumentado un 13,7% desde diciembre de 2020, en línea con la inflación, manteniendo el salario mínimo real constante, subrayando también que, incluso antes de la escalada de la inflación, los aumentos del salario mínimo en España fueron sustanciales, situando el país entre los miembros de la OCDE con el crecimiento más rápido en el salario mínimo legal.

Correos ya ha formalizado 19.400 contrataciones de refuerzo para el desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio, según informa Europa Press.

Además, la empresa pública ha afirmado que seguirá contratando a todos los efectivos que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del voto por correo en las elecciones, por lo que espera que la cifra siga aumentando, superando así ampliamente las 12.000 contrataciones que pidieron los sindicatos.

Correos ha llevado a cabo estas contrataciones de refuerzo teniendo en cuenta el incremento en el número de solicitudes de voto por correo recibidas, y la coincidencia del periodo electoral con las vacaciones de verano, de modo que también ha cubierto al 100% las vacaciones de la plantilla durante el mes de julio.

En este sentido, más de un 30% de los empleados que tenían previstas sus vacaciones en este mes han solicitado voluntariamente retrasarlas para estar disponibles durante la campaña, lo que indica, en opinión de la empresa, "el alto nivel de compromiso de la plantilla de Correos con el servicio público".

La empresa también ha realizado extensiones de horarios en 274 oficinas, especialmente en las zonas donde se prevé mayor afluencia, como en las áreas turísticas, una medida que se podrá ampliar a más oficinas en los próximos días, en función de las necesidades. También se contemplan aperturas extraordinarias en días no laborables como sábados y festivos.

De hecho, el pasado sábado, 8 de julio, se abrieron 225 oficinas en localidades de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares y está previsto que el próximo sábado, 15 de julio, se abran de forma extraordinaria, de 9.00 a 14.00 horas, 2.061 de oficinas en toda España, la gran mayoría de la red.

La apertura será exclusivamente para atender las necesidades de los ciudadanos relacionadas con el proceso electoral (entrega de documentación electoral avisada y admisión de voto por correo). Estas extensiones horarias y aperturas extraordinarias podrán ampliarse en función de cómo vaya evolucionando el proceso del voto por correo en las próximas jornadas.

Correos también ha reforzado la red de distribución con 250 PDA adicionales para la entrega de la documentación electoral. Además, buena parte de las contrataciones realizadas se destinan a reforzar la plantilla de reparto, especialmente en las zonas turísticas, para la entrega de la documentación electoral.

También está previsto realizar repartos en fin de semana. En concreto, el próximo sábado, 15 de julio, se realizará un reparto extraordinario en todo el país.

Este reparto extraordinario completa el realizado el pasado sábado, 8 de julio, en 586 unidades de distribución de toda España, en el que trabajaron 3.033 empleados de Correos entregando documentación electoral.

También se adaptarán las rutas de transporte para la remisión de la documentación desde el centro logístico a todas las unidades de distribución, en función de las necesidades.

De igual modo, se reforzará el servicio en todos los centros logísticos, incluyendo el ubicado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para la gestión de los envíos internacionales.

La crisis del coronavirus obligó a las autoridades a trabajar a contrarreloj. Y lo hizo tanto a nivel normativo como a la hora de comprar material, contratar servicios o levantar nuevas infraestructuras desde los cimientos. De ahí que en cuestión de pocas semanas se normalizase el uso de una fórmula excepcional en el ámbito de la contratación pública: la vía de emergencia. Una palanca de la que siguen tirando, tres años después del estallido de la pandemia, algunas administraciones públicas en casos que se alejan de las circunstancias especiales que la ley reserva para esta fórmula. Todo ello, a pesar de los continuos avisos que los organismos fiscalizadores han hecho sobre el abuso de esta vía de contratación.

La Ley de Contratos del Sector Público contempla la tramitación de emergencia para aquellos casos en los que la Administración tiene que "actuar de manera inmediata" como consecuencia de "acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional". Y se limita a esos supuestos porque dicha fórmula lleva aparejada una rebaja de las exigencias en el procedimiento. Sin necesidad de tramitar un expediente, el órgano de contratación "ordenar la ejecución de los necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida" o "contratar libremente su objeto" sin sujetarse a los requisitos formales establecidos. En definitiva, puede adjudicar directamente, a dedo.

Esta fue la fórmula que permitió a la Comunidad de Madrid poner en marcha de inmediato la construcción del proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria durante la pandemia: el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Y por la vía de emergencia se adjudicaron también los distintos servicios vinculados a este centro sanitario: lavandería, limpieza, alimentación, seguridad, mantenimiento... El azote permanente del virus podía justificar en aquel momento el uso de ese mecanismo de contratación para que el Zendal, que acabó costando el triple de lo presupuestado, pudiese echar a andar con rapidez. Ahora bien, antes o después tendrían que preparar un concurso público con competencia para todos esos servicios.

El problema es que el Gobierno regional se dedicó una y otra vez a renovar por la vía de la emergencia la realización de estas labores. Y lo hizo hasta hace no mucho. La pasada Nochebuena, el Ejecutivo madrileño adjudicó por más de medio millón de euros el mantenimiento del centro hospitalario a Serveo, la nueva marca de Ferrovial Servicios, que se ha hecho cargo de estas labores desde que el Zendal empezó a funcionar. Un encargo a dedo que puede ser el último. El pasado mes de febrero, tres años después del comienzo de la crisis sanitaria, la Administración autonómica puso ya por fin en marcha el procedimiento para la contratación por la vía ordinaria de este servicio en las instalaciones sanitarias.

El Ejecutivo madrileño también ha recurrido en los últimos meses a la vía de emergencia para poner en marcha un servicio de información y atención telefónica a la población ucraniana. "Estas actuaciones no pueden ser atendidas con los recursos propios de la Administración y requieren la contratación de servicios externos", se recoge en la orden por la que se adjudican estas labores a Ilunión Contact Center. Un documento en el que se justifica la tramitación por la vía de emergencia de la siguiente manera: "La situación actual se encuentra encuadrada en un acontecimiento catastrófico como es la actual crisis humanitaria derivada de la guerra de Ucrania". Para cuando se tomó dicha decisión, el conflicto en suelo ucraniano llevaba ya nueve meses activo.

La falta de recursos también obligó a la Xunta de Galicia a tirar de la vía de emergencia para contratar un servicio de asistencia jurídica. Todo se remonta al pasado mes de octubre, cuando entró en vigor la prohibición europea de pescar con artes de fondo en decenas de zonas del Atlántico Nororiental, lo que afecta a la flota pesquera gallega. Semanas después, la Administración gallega decidió participar como parte coadyuvante en los recursos de anulación interpuestos por el sector pesquero contra la resolución comunitaria. El problema es que la Asesoría Jurídica comunicó que no podía prestar esa asistencia jurídica en este caso por la insuficiencia de medios. De ahí que a comienzos de año la Xunta decidiese adjudicar estas labores al bufete de abogados Garrigues recurriendo a la emergencia.

La utilización de esta fórmula excepcional provocó hace un par de semanas un enorme revuelo político en Andalucía. En el centro de la disputa, una serie de contratos con clínicas privadas que se aprobaron por la vía de emergencia para dar una respuesta temporal a la crisis sanitaria y que, como consecuencia de las sucesivas prórrogas, aún siguen vigentes en la actualidad. Lo que en un principio iban a ser 70 millones, ahora son algo más de 242 millones, más del triple. Toda esta contratación ha generado una enorme controversia jurídica. Principalmente, según desveló elDiario.es, porque al menos 117 de esos millones fueron adjudicados amparándose, en parte, en un real decreto que lleva derogado desde mayo de 2021.

La vía de la emergencia también ha estado presente en los últimos compases de 2022 en la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias. Se utilizó para arreglar desprendimientos en carreteras, arreglar diques, hacer obras de protección frente a desprendimientos de piedras, instalar sistemas de auscultación de taludes o refuerzos de la señalización. Pero también para montar un nuevo cable de tractor en el funicular de Bulnes. Este contrato fue adjudicado por la vía de emergencia el pasado mes de noviembre por 69.863 euros después de solicitar ofertas a cuatro empresas distintas, si bien la Administración regional era consciente a raíz de las últimas inspecciones anuales de que el cable metálico que tira de los vagones estaba cada vez más deteriorado.

Los Gobiernos autonómicos no son los únicos que siguen utilizando este procedimiento de tramitación excepcional. También lo hace el Ejecutivo central. El pasado mes de enero, por ejemplo, pasaron por el Consejo de Ministros dos acuerdos relativos a contratos de emergencia para la reparación de un sistema de extinción de incendios en la Dirección General de Tráfico y para la adquisición de diferentes prendas de uniformidad reglamentaria destinadas al personal de la Policía Nacional. Este último, valorado en 1,1 millones de euros, fue adjudicado en su mayor parte a El Corte Inglés, quitando la parte relativa a los pantalones de uniforme de trabajo, un lote con el que se hizo Vestilab Clean.

Pocos días después, se adjudicó por el procedimiento de emergencia a Pharma Prospect un contrato de 417.784 euros para el suministro y distribución de manuales de miembros de mesa e impresos electorales con motivo de las elecciones del 28M. En este caso, el Gobierno central decidió pulsar el botón rojo ante la "ausencia de ofertas" en el contrato basado del acuerdo marco formalizado para este tipo de suministros, un "acontecimiento imprevisible". "Dado que ningún procedimiento de licitación abierta podría adjudicarse con la suficiente agilidad para cumplir los plazos de ejecución del contrato, se consideró imprescindible realizar la contratación por la vía de emergencia", recoge la resolución del Ministerio del Interior.

Jueves, 22 de septiembre. El reloj marca las 8:04 horas cuando miembros del Grupo Técnico Operativo de la Unidad Central contra la Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial acceden a una vivienda ubicada en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El inmueble pertenece a Alberto Luceño, investigado por estafa en el marco del denominado caso mascarillas. Los agentes buscan información sobre la vinculación del empresario con Leno, la empresa malaya a la que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó varios contratos de compra de material sanitario que permitieron a Luceño y su socio, Luis Medina, embolsarse más de cinco millones de euros en concepto de comisiones. Y encuentran, entre otras cosas, materiales que hacen sospechar a los investigadores que el empresario hubiera podido hacerse pasar por agente de la autoridad.

La entrada, tanto al domicilio como a un trastero anejo y a la sede de la mercantil Takama Investments, también del empresario, fue acordada nueve días antes por el juez Adolfo Carretero a petición de Anticorrupción, quien en su solicitud de registro hizo especial hincapié en las dudas sobre la autenticidad de los diferentes correos electrónicos que en los últimos meses habían llegado a la causa a nombre del dueño de Leno, San Chin Choon. Unos mails, enviados al juzgado encargado del caso, que venían a ratificar de principio a fin la versión de los dos investigados y que el Ministerio Público cree que han podido ser redactados por alguien que tiene el español como lengua materna.

En la solicitud de registro, que derivó en la creación de una pieza secreta y a la que ha tenido acceso infoLibre, el Ministerio Público comienza poniendo el foco justamente en dichos correos. Así, destaca que están enviados desde una dirección "que no coincide con las otras direcciones de correo electrónico de San Chin Choon que obran en la causa".o que están redactados "en inglés" a pesar de que Luceño siempre ha mantenido que el empresario malayo "no habla" ese idioma. "Presenta, además, varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna", apunta Anticorrupción.

En este sentido, ponen como ejemplo la aparición del término "indenfension", que "no existe" en inglés y que sería una "burda adaptación del término castellano indefensión", o la utilización de la palabra "sojabean", que "tampoco existe". "Vuelve a ser una burda transcripción de la respuesta que se daría en castellano", apuntan los fiscales en referencia a la contestación que el supuesto San Chin Choon dio sobre si conocía a Medina y Luceño.

"Hasta la fecha, tanto el otro investigado como varios testigos han aportado numerosos mensajes de correo electrónico y de Whatsapp que ayudan a comprender cómo tuvieron realmente lugar los hechos investigados. Llama la atención que el señor Luceño, por el contrario, no haya aportado ni un solo mensaje que corrobore lo manifestado en sus declaraciones, cuando parece evidente que tuvo que cruzar varios mensajes con San Chin Choon u otros responsables de la empresa Leno", afirma el Ministerio Público.

A ojos de Anticorrupción, el único "motivo razonable" para que Luceño no haya aportado a la causa ninguna de estas comunicaciones sería que "contradirían la versión que hasta ahora ha dado de los hechos". De ahí que el fiscal Luis Rodríguez Sol pidiese los registros a fin de incautar documentos o mensajes "relativos a las operaciones comerciales" bajo la lupa judicial. "La medida de registro de los dispositivos de almacenamiento digital tiene, como ya se ha dicho, la finalidad de encontrar mensajes con los responsables de la empresa Leno que ayuden a comprender cuáles fueron las relaciones reales del investigado con ellos", completa la Fiscalía.

Pocas horas después, el juez dio el visto bueno a la medida. En un auto emitido el 13 de septiembre, al que ha tenido acceso este diario, Adolfo Carretero señala que "con razón" Anticorrupción tiene sospechas de la "autenticidad" de los correos electrónicos. "Máxime cuando se contradice en fechas con las conclusiones de la Policía Científica, no cuadran los beneficios de las cuentas de las sociedades administradas por Luceño con lo que dice el documento", apunta el juez en su escrito, en el que autorizaba a la Policía Judicial a que haga "copias de los datos informáticos", averigüe el usuario y contraseña de cuentas informáticas de ordenadores o teléfonos, acceda a las cuentas de correo electrónico que localice y a sus mensajes o a descargar el contenido de los mismos.

En los registros se localizaron, entre otras cosas, elementos que hacen pensar que el investigado pudo haberse hecho pasar por agente de la autoridad. Así, según las actas del registro a las que ha accedido este diario, hallan un "portaplaca negro" con una "placa de agente de la autoridad". En concreto, del Centro Nacional de Inteligencia. "Tarjeta blanca y azul "CNI" y foto del investigado", recogen los encargados del registro. Esta descripción coincide con el aspecto de las identificaciones que se expiden para los empleados de La Casa. Los agentes también se encuentran con media docena de hojas de impresiones de tarjeta que hacen referencia al Cuerpo Nacional de Policía, al Ministerio de Defensa o al "DSN", siglas que se corresponden con el Departamento de Seguridad Nacional.

Los agentes, además, se incautaron de varias libretas y gran cantidad de documentación, entre la que se encuentra un archivador en cuyo lomo figuraba "máscaras kn 95", "test antígenos" y "guantes nitrilo". También intervinieron ordenadores, móviles o soportes de almacenamiento. Y realizaron capturas de pantalla de conversaciones mantenidas a través de WeChat y volcados de la información contenida en diferentes direcciones de correo electrónico. Sin embargo, hay uno del que no pueden obtener copia. Es de Proton Mail, un servicio que integra un cifrado de extremo a extremo. "No se pueden ver los mensajes de este correo ya que tiene una factura pendiente de pago", recogen las actas.

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar la investigación sobre los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez denunciados por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid al no apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos investigados".

En un decreto de este martes, recogido por Europa Press, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pone el foco en "la patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria".

Fue el pasado mes de abril cuando la Fiscalía acordó la incoación de diligencias para el esclarecimiento de hechos que revestían una "especial trascendencia". Se abrió entonces una investigación por cada una de las siete empresas "supuestamente favorecidas", entre las que estaban Beedigital --a la que la denuncia vinculaba con la ministra de Economía, Nadia Calviño-- e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid ya ha entregado al juez toda la documentación que obra en su poder sobre la segunda supuesta gran estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en los momentos más duros de la pandemia. A comienzos de junio, el organismo público hizo llegar al titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Israel Bartolomé, copia "completa y fidedigna" del "expediente original" relativo al contrato de compra a la consultora estadounidense Sinclair & Wilde de medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Una documentación, a la que ha tenido acceso infoLibre, en la que no consta contrato alguno y que desvela la participación de otra compañía en toda esta operación de compraventa de unos cubrebocas que nunca pudieron llegar a ser utilizados.

Es una carta recibida por la funeraria municipal la que pone de manifiesto la existencia de esta otra firma. La misiva está fechada a comienzos de octubre. La envía al consistorio el bufete de abogados luxemburgués Karp & Choucron en representación de la compañía Victorian Linen & Crafts, que según exponen los letrados "ha sido la encargada de proporcionar mascarillas al Ayuntamiento de Madrid a través del proveedor Sinclair & Wilde, con sede estadounidense". El despacho escribe al consistorio ante los infructuosos intentos de comunicarse con él. "Me pongo de nuevo en contacto con usted, ya que ninguno de nuestros anteriores correos ha sido respondido", arranca el escrito, que firma la abogada Joëlle Choucroun. Por aquel entonces, la Policía Municipal ya estaba tratando de dar con la cara visible de la consultora estadounidense, el empresario franco-israelí Philippe Solomon.

La letrada de Karp & Choucron puso en conocimiento del consistorio que su cliente no había recibido aún "ninguna información sobre la correcta recepción del pedido por parte de las autoridades municipales". "Es por esta razón que necesitaríamos urgentemente averiguar la conformidad del contrato establecido y, especialmente, la correcta recepción de dichas mascarillas (de modelo FFP2/KN95) a las autoridades municipales por escrito", finaliza la carta, que el bufete acompaña de un supuesto documento de transporte para el envío a España de la mercancía. Aquel papel, que se encabezaba con un "Air Cargo Manifest", reflejaba la cantidad y el tipo de los cubrebocas, así como el aeropuerto de salida, ubicado en China, y en el que se hizo la descarga –el de Lieja, en Bélgica–. Y también proporcionaba la fecha de aquel vuelo concreto: 4 de abril de 2020.

La información aportada por el despacho de abogados coincide al milímetro con la facilitada por el propio Solomon en una carta enviada a la funeraria municipal pocos días antes de aquel transporte. En la misiva, fechada el 28 de marzo de 2020 y también desconocida hasta la fecha, el empresario se disculpaba por el retraso en el envío de la mercancía, que estaba prevista para el día anterior. "Debido a las dificultades del mercado y por fuerza mayor, no podremos entregar los productos a su debido tiempo desde el Reino Unido", explicaba Solomon. En este sentido, informaba a las autoridades municipales que los bienes estarían listos para salir en carga el 4 de abril a través de Ethiopian Airlines. Y, en este sentido, aportaba el número de Air WayBill, que sirve para identificar el vuelo y que coincide con el que consta en el documento de transporte del bufete de abogados.

Pero, realmente, las mascarillas tardarían mucho más en llegar a la capital. Los documentos oficiales indican que la mercancía no pasó por la aduana de Barajas hasta el 23 de abril. Llegaron en un vuelo de Turkish Airlines, según figura en unas fotografías que el Ayuntamiento de Madrid facilitó a la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a la que encargó analizar la calidad de las mascarillas y la documentación que la acompañaban. Imágenes en las que se ponía de manifiesto, además, que quien se había encargado de suministrar todos esos cubrebocas a Sinclair & Wilde había sido una firma turca: Zero Entegre. De hecho, es la primera vez que el nombre de la firma representada por el bufete luxemburgués aparece en la causa que se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 30 de la capital tras la reapertura del caso.

El propio Solomon, tras ser localizado por infoLibre, explicó que hizo fabricar las mascarillas en Turquía tras, supuestamente, haber sido víctima de una estafa. Dijo que en un primer momento trabajó con el mercado chino. Pero que su proveedor "incumplió" lo acordado "después de haberle pagado", un caso del que, asegura, lleva desde "junio de 2020" esperando su resolución: "Demandé al chino y a su agente en Luxemburgo". "Tenía que tener las mascarillas entregadas según mi compromiso y por eso las hice fabricar en Turquía. Así que pagué dos veces 500.000 mascarillas para satisfacer a Madrid y mantener mi palabra", concluyó en respuestas a este periódico.

Sinclair & Wilde, Zero Entegre o Victorian Linen & Crafts no son las únicas firmas que han surgido al calor de esta operación de compraventa. En el contrato medió una empresa española: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. De hecho, algunas horas antes de que se produjese la licitación, la dueña de esta empresa ofrecía sus servicios al consistorio de la capital para "buscar la mejor oferta de suministro entre las fábricas con las que solemos trabajar". Ese correo electrónico llegó al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, quien se lo reenvió a la presidenta de la funeraria municipal, el organismo que se estaba encargando en aquella época de la compra de material sanitario.

Entre la documentación que figura en el expediente también hay dos recibos bancarios relativos al pago de la mercancía, el segundo de ellos emitido pocos días después de que las autoridades municipales solicitasen la devolución del primer pago tras haber detectado "determinadas irregularidades que pudieran dar incumplimiento al contrato". Una información que ha aportado a petición del juez Israel Bartolomé, quien tras reabrir el caso solicitó tanto a la funeraria municipal como al Ayuntamiento de Madrid "toda la documentación" sobre esta operación, incluyendo copia de los expedientes administrativos, comunicaciones intercambiadas en la gestación, negociación o concreción de la compraventa o reclamaciones ulteriores.

El juez también pidió el contrato formalizado. Sin embargo, a diferencia del caso que afecta a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, en esta ocasión no consta en el expediente aportado nada parecido. Lo único, una factura proforma donde en un par de líneas se especifican las condiciones de la venta.

La Comunidad de Madrid ocultó durante casi dos meses la existencia de una segunda empresa china en relación con el contrato para el suministro de 250.000 mascarillas del que se benefició el hermano de la presidenta regional. La participación de esta otra firma se dio a conocer cuando se descubrió que algunos de los certificados aportados por quien siempre se consideró proveedor de esos cubrebocas habían sido falsificados. Eso sí, desde el Ejecutivo madrileño se cuidaron mucho de mantener escondido el nombre de la nueva empresa vinculada a la adjudicación. Sin embargo, infoLibre ha logrado dar con ella a través de la documentación adicional que no consta en el expediente del contrato y que el Gobierno de Ayuso facilitó hace una semana. Se llama Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., Ltd. Y su principal rama de actividad es el aluminio y el plástico.

Hasta hace menos de una semana, la única información oficial facilitada sobre el contrato vinculado a Tomás Díaz Ayuso dejaba entrever que el fabricante de las mascarillas había sido la firma china Jiaxing Yinuo Busway Co. Hasta que se descubrió que esa compañía había aportado documentos falsos. Entonces, la Comunidad de Madrid sacó a la luz un nuevo fabricante. Eso sí, ocultando su nombre. En un nuevo certificado desconocido hasta ese momento, desvelado por El Español, la identidad del titular, así como su dirección, figuraba parcialmente tachada. Tan solo podían leerse dos palabras: "Zhangjiagang" –al principio– y "Equipment Co, LTD" –al final–. Zhangjiagang se corresponde con una ciudad industrial china de 1,2 millones de habitantes, en la que al menos 17 empresas, como puso de manifiesto El País, cuentan con un nombre que encajaría.

Este nuevo Certificate of Compliance, emitido por el italiano Ente Certificazione Macchine (ECM), sí es auténtico. Y la prueba de ello se encuentra en su número de serie: "0P200328E.ZXM00028". Un código que al introducirlo en la herramienta de verificación del propio organismo confirma su validez y devuelve una copia del certificado. En este caso, sin censura alguna, permitiendo así conocer la identidad de la segunda empresa china.

El titular del documento, que hasta ahora permanecía oculto, es Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., LTD, una sociedad ubicada en la Xincheng Industrial Zone, al este del gigante asiático, según consta en el documento elaborado por el ente italiano. Tal y como figura en su propia página web, la firma forma parte de un grupo de empresas que comenzó a levantarse hace más de tres lustros y cuyas principales ramas de negocio se encuentran en el sector del aluminio y el plástico. "Hemos desarrollado varias generaciones de equipos de producción completos para láminas de plástico de aluminio", señalan. Máquinas que exportan a Estados Unidos, Rusia, Australia, Polonia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Tailandia, Arabia Saudí, Brasil o España.

En su propia página web presumen de historia. Lo hacen en el apartado "honores de la empresa", donde ponen sobre la mesa más de una quincena de certificaciones de calidad. Entre ellas, una de Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., LTD, que opera, entre otras, bajo la marca CJM. A pesar de que el sector en el que desarrolla su actividad poco tiene que ver con el médico, no es de extrañar que la firma pudiese utilizar su maquinaria para confeccionar cubrebocas en lo más duro de la pandemia, como hicieron tantas y tantas compañías del gigante asiático durante aquellos meses –durante el primer mes de pandemia se duplicaron las firmas dedicadas a producir este material–. De hecho, el documento del Ente Certificazione Macchine está hecho para mascarillas de protección desechables. El modelo: CJM-900 A.

Este diario ha trasladado una serie de cuestiones a la empresa china a través de los correos electrónicos habilitados en su página web, sin que haya habido respuesta al cierre de esta edición. La Consejería de Sanidad tampoco aclara si fue Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment el proveedor final de las mascarillas, o si hay otras empresas, y si aportó más documentos adicionales para acreditar la calidad del producto. Del mismo modo, tampoco explica por qué motivo esa información sobre la existencia de otra empresa no constaba en el expediente oficial.

El nuevo certificado fue emitido por el organismo italiano el 28 de marzo de 2020. Cuatro días antes de que el Gobierno madrileño adjudicase por 1,51 millones de euros a Priviet Sportive SL, la sociedad de un empresario amigo de la familia Ayuso, un contrato para la compra de 250.000 mascarillas. Esta es la licitación de la que se benefició Tomás Díaz Ayuso. Según la versión de la presidenta, cobró al menos 55.850 euros, más IVA, por conseguir el material sanitario en China para Priviet y trasladarlo a Madrid. No obstante, la Comunidad de Madrid llegó a afirmar posteriormente, en un mensaje enviado a un grupo selecto de periodistas, que el montante total que el hermano había facturado a la empresa de su amigo en 2020 fue de 283.000 euros. Hasta la fecha, no se ha mostrado ni una de las facturas relativas a dicha relación comercial.

El documento, sin embargo, no vale como certificación que sirva de base para el marcado CE de los equipos de protección individual. El sistema Nando de la Comisión Europea recoge todos los organismos encargados de evaluar la calidad de los productos en el Viejo Continente. El Ente Certificazione Macchine es uno de ellos. Está habilitado para certificar maquinaria, equipos de radio, equipos a presión o sistemas de protección destinados al uso en atmósferas potencialmente explosivas. Pero no equipos de protección individual, algo que sí puede hacer, por poner un ejemplo, el Institut de Radioprotection Et De Sûreté Nucléaire francés. Y es algo que avisan: "Cualquier actividad realizada en relación con la directiva EPI ha sido una revisión voluntaria de la documentación técnica y no puede sustituir a una certificación CE de ninguna manera".

El Ejecutivo regional mantuvo oculto durante meses dicho documento. En febrero, el diario El País solicitó a la Consejería de Sanidad el "origen" de las mascarillas adquiridas por Priviet Sportive y el "expediente completo, contratos, memorias e informes" vinculados a la adjudicación. Se le concedió el acceso. Y se les facilitó un archivo con 71 páginas. Entre ellas, figuraba la "oferta del proveedor" y tres certificados diferentes: uno de ECM y los otros dos de los laboratorios chinos ACT Testing Technology Co y Shanghai Shifu Testing Lab Co. Todos a nombre de la compañía Jiaxing Yinuo Busway Co, que según desveló el citado periódico se dedicaba a hacer cableado eléctrico –aunque a comienzos de marzo de 2020 modificó su objeto social para incluir la elaboración de productos sanitarios–.

El problema es que los certificados que figuraban en el expediente no eran buenos. El europeo era falso. Y los chinos los habían elaborado empresas que no estaban autorizadas por el Gobierno del gigante asiático para evaluar equipos sanitarios de protección. Para cuando esto se supo, la Comunidad de Madrid maniobró. En la cuenta de Twitter, difundió la información de El País con el siguiente mensaje: "Esta noticia es falsa". Y una hora después, por la misma vía, adjuntó una de El Español con el siguiente tuit: "Hasta donde sabe la Comunidad de Madrid, esto es cierto". En esta segunda información se explicaba que Priviet cambió de proveedor tras detectar la falsedad de los documentos. Ahí es donde aparece el nuevo certificado del nuevo fabricante chino. Un documento que había permanecido oculto. Un papel que ni siquiera constaba en el expediente del contrato.

La adjudicación de la que se benefició el hermano de la presidenta madrileña está siendo investigada desde hace semanas por la Fiscalía Anticorrupción, que intenta aclarar si al calor de este contrato pudieron haberse cometido diferentes delitos, entre ellos un posible tráfico de influencias. De hecho, ya se ha interrogado al propio Tomás Díaz Ayuso o al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Paralelamente, la Fiscalía Europea también se encuentra investigando si en el marco de esa licitación se pudo haber cometido también un delito de fraude a las subvenciones o malversación de fondos comunitarios.

En los periódicos y radios de medio mundo se le presenta siempre como Philippe Hababou Solomon. Pero su identidad real es la de Philippe Haim Solomon. Es el empresario al que todo el mundo busca. El que se esconde tras la consultora estadounidense que protagoniza la segunda supuesta estafa contra el Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia. La Policía Municipal llegó a atribuirle un delito de estafa y contra la propiedad industrial tras haberle adjudicado por 2,5 millones de euros 500.000 mascarillas que nunca llegaron a utilizarse. Ni el consistorio de la capital, ni la policía neoyorquina, ni la justicia española han logrado llegar hasta él. infoLibre ha conseguido dar con este empresario franco-israelí. Bien posicionado en varios países africanos y de Oriente Medio, el consultor no entiende los motivos por los que se encuentra en el centro de la diana. Dice que la operación se hizo con arreglo a la ley. Y que, para nada, se encuentra "escondido".

Madrid, 23 de abril de 2020. El director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, Enrique López Ventura, recibe más de medio millón de mascarillas que han sido despachadas a través de la aduana del aeropuerto de Barajas. La mercancía forma parte de una compra que el consistorio de la capital ha hecho a través de Sinclair & Wilde Ltd, una consultora radicada en Delaware. Medio millón de mascarillas FFP2 de la marca EKO por las que está dispuesto a pagar 2,5 millones de euros, cinco euros la unidad. Un éxito que, en solo unos días, acaba tornándose en fracaso. A comienzos de mayo, López Ventura interpone una denuncia ante la Policía Municipal. Dice que existen "indicios para presuponer" que los cubrebocas "no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española, ni a la europea". El consistorio está convencido de que ha sido víctima de una estafa. Otra operación bajo sospecha que se une a la de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño y a través también de la empresa funeraria municipal.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que durante todo el verano intentó, sin éxito, contactar por correo electrónico con la persona al frente de Sinclair & Wilde. Incluso dos investigadores de la policía neoyorquina trataron de dar con el empresario en la dirección de la empresa que figuraba en las facturas. Pero, de nuevo, fue un fracaso. Las señas que se aportaban correspondían, realmente, a otra firma diferente. Al final, el asunto acabó poniéndose en manos de la justicia. Tampoco dio resultado. Fue archivado provisionalmente hace algo menos de un año por la imposibilidad de localizar al misterioso consultor. Ahora, como contó este diario, estudia reabrirlo a raíz de nuevas pistas aportadas por la Policía Judicial.

En conversación con infoLibre, el misterioso director general de Sinclair & Wilde al que todo el mundo busca mantiene que su identidad real es Philippe Haim Solomon, tal y como lo cita la Policía Municipal de Madrid en el atestado que hace llegar a la magistrada decana de los juzgados de instrucción de Madrid por un delito de estafa y contra la propiedad industrial. Sin embargo, lo cierto es que en buena parte de los países, sobre todo en Francia, siempre se le cita con otro nombre diferente: Philippe Hababou Solomon. Es, dice, la denominación con la que se quedó a nivel mediático tras el estallido en suelo galo del conocido como caso Benalla.

Poco después de conocerse que la causa judicial se encontraba bloqueada ante la imposibilidad de dar con el consultor de la supuesta segunda estafa al ayuntamiento de la capital en plena primera ola de la pandemia, este diario comenzó a indagar sobre la posible identidad del empresario perdido. Todas las pistas recopiladas se dirigían hacia Francia. Y apuntaban hacia el famoso caso Benalla, en referencia al exguardaespaldas de Emmanuel Macron que fue grabado, ataviado con un casco de la policía gala, golpeando a manifestantes durante el Primero de Mayo de 2018.

Una de las claves se encontró en una información publicada en el diario Mediapart, socio editorial de infoLibre. Bajo el titular "Los falsos documentos y las verdaderas mentiras del affaire Benalla", el periódico francés ponía sobre la mesa "varios documentos producidos por Alexandre Benalla" sobre los que recaía la sospecha de falsificación. Uno de ellos era, justamente, un supuesto contrato de "consejero" con Philippe Hababou Solomon con el que el exguardaespaldas de Macron trataba de justificar dos transferencias de 15.000 euros que el empresario había ingresado en la cuenta que Benalla tenía en un banco online.

Solomon no tuvo ningún problema en reconocer públicamente ese envío de dinero. Eso sí, dijo que se trataba de un préstamo, no de una remuneración. Así, aseguró que Benalla nunca había sido su empleado. Y que la firma que figuraba como suya en ese documento era falsa. Para corroborarlo, Mediapart reprodujo la original del empresario. Una rúbrica que coincide, como se puede apreciar en la imagen, con la que estampó el Philippe Solomon de Sinclair & Wilde en una carta que envió el 1 de abril de 2020 a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid actualizando la situación en la que se encontraba el envío del medio millón de mascarillas compradas por la capital.

A través de ese hilo se llega a las redes sociales del empresario, en las que se presenta como "consultor geopolítico internacional". No tiene demasiada actividad. Pero las mantiene, más o menos, actualizadas. Es ahí donde aparecen más detalles que apuntalan la investigación. El más importante tiene fecha del 22 de abril, un día antes de que el director general de Emergencias de la capital recibiese el pedido de Sinclair & Wilde. Es un mensaje en la red social Twitter acompañado de una imagen en la que se muestra el interior de un avión cargado hasta los topes de cajas: "Orgullosos de haber contribuido a la entrega de ayuda humanitaria a la ciudad de Madrid con 500.000 mascarillas de Turquía". La cifra y la procedencia del material coinciden al milímetro con el de la operación de compra a través de la consultora.

La cuenta de Twitter no tiene demasiados seguidores, aunque entre ellos figuran desde embajadores a periodistas. La presentación se acompaña de una fotografía que coincide con la que los medios galos publicaron en su momento sobre ese empresario franco-israelí que había saltado a la palestra con el caso Benalla. Y muchos de los contenidos son, directamente, informaciones en las que se hace mención al conocido mediáticamente en suelo galo como Philippe Hababou Solomon. El 12 de septiembre de 2020, tuitea una noticia de Jeune Afrique en el que se da al consultor un papel relevante en el acercamiento entre Chad e Israel. Seis minutos después, pone un mensaje en su perfil: "Feliz de haber sido el iniciador en la sombra y de haber contribuido a la paz y la cooperación entre los estados y gobiernos de Chad e Israel".

En contacto por escrito con este periódico, explica su versión y por qué hay dos nombres para una misma persona. "Tengo doble nacionalidad y mi identidad es Philippe Haim Solomon. Philippe Hababou Solomon es como me citaron en la historia de Benalla", responde por correo electrónico.

El empresario dice desconocer que el asunto haya estado abierto en un juzgado de la capital. Y se muestra "muy sorprendido" por el escándalo alrededor de dicha operación. "Fue una solicitud directa de compra y todo fue entregado incluso por carga especial. Hubo incluso una inspección de SGS y las aduanas turcas son muy estrictas", sostiene. No entiende por qué motivo aparece "involucrado" en este caso. Ni tampoco que nadie tratase de llegar hasta él. Sus "números" y "correos electrónicos" llevan existiendo "desde hace 20 años". "No estoy escondido en absoluto", recalca.

El atestado elaborado en su momento por la Policía Municipal sostenía que existían "indicios suficientes para presuponer" que "las mascarillas de la marca EKO" recibidas por el Ayuntamiento de Madrid no se ajustaban "a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea", por lo que resultaba entonces "imposible dotar al personal de los Servicios de Emergencia de aquellas". "Desde el mes de mayo se reitera a la consultora intermediaria de la compra los Certificados de Conformidad UE de Tipo y de Producción de las mascarillas FFP2, tal y como estaba comprometido en el contrato, no obteniendo en ningún caso respuesta de aquella, ni en sentido positivo ni negativo", continúa el documento.

Solomon, sin embargo, asegura que lo entregó todo. "No es cierto. Tengo todos los documentos de exportación de Turquía que mencionan: la certificación de la UE...", apunta el empresario, que insiste en que todo se hizo conforme a la "legalidad". "Seamos serios, entregué lo que se ordenó y nunca pagué comisiones a nadie, todo en la transacción fue legítimo. Hubo un retraso de un par de semanas en la entrega debido al desorden en ese momento, pero eso es todo", insiste en un intercambio posterior de mensajes móviles con este diario.

Sí hubo una empresa intermediaria, según ya reveló este periódico la semana pasada. Se trata de Aifos [lee aquí más sobre el contrato y las incógnitas del caso]

El pasado de este empresario franco-israelí está lleno de oscuros episodios. Es más, aparece por ellos en un cable de WikiLeaks. Está fechado en 2006. En él, se cita una información del diario Maariv: "Publicó un artículo sobre el nativo francés Philippe Hababou-Solomon, quien organizó eventos de recaudación de fondos en la década de 1990 –incluida una cena de gala con el entonces presidente Bill Clinton– para Robert Torricelli, que entonces era senador demócrata en New Jersey. Salomón pasó un tiempo en cárceles americanas y francesas. El periódico también escribió que Hababou-Solomon lavó dinero en casinos de Donald Trump en Atlantic City y casi compra un importante club deportivo israelí".

Según publicó en su día The New York Times, estuvo entre rejas en Francia por un asunto de "venta de cheques robados". Preguntado por todos estos casos, responde: "Es parcialmente cierto. Contribución ilegal a una campaña federal en 1996 en Estados Unidos. Son todas historias de hace 26 años". Ahora, casi tres décadas después, vuelve a saltar a la palestra por su papel en plena pandemia. Más allá de la operación con el Ayuntamiento de Madrid, Intelligence Online le vinculó en julio de 2020 con el escándalo por la baja fiabilidad de las pruebas covid de Biozek. Él, sin embargo, se defiende: "No es cierto. Un competidor trató de ensuciarme. Nunca vendí ninguno de los productos de Biozek".

"En mi línea de trabajo siempre tendré gente en mi contra, lo que significa que eres un jugador que cuenta. También tengo muchos aliados", sostiene el empresario. Más allá de los aspectos más controvertidos, Solomon quiere resaltar también su "trabajo diplomático" y sus "logros por la paz en diferentes situaciones". Habla de Libia, del Chad o de Israel. De hecho, es un personaje muy bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio. En enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, colgaba en sus redes sociales una fotografía junto a Umaro Sissoco Embalo, presidente de Guinea Bissau. "Felicidades a mi hermano, presidente electo", escribía.

Tanto es el peso que ha llegado a tener en algunos de esos países que incluso se le ha visto reunido con el emir de Qatar o ha tenido tarjetas de visita en las que se presentaba como "consejero especial del presidente de Sudáfrica en los países francófonos". Quizá de ahí viene el éxito que su consultora tiene con algunos Gobiernos. En su propia página web, Sinclair & Wilde asegura tener una "red inigualable" de "socios" que incluye a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presume: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo, Ghana, Qatar o Indonesia, de los que dice haber trabajado, en algunos casos, directamente para la Presidencia y, en otros, para algunos de sus ministerios o empresas estatales.

El reloj marca las 13:24 horas en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Fuera, decenas de cámaras y micrófonos se mantienen en guardia. Dentro, en una sala de las dependencias judiciales, Alberto Luceño. El empresario está frente al juez Adolfo Carretero. Es su primera declaración en la causa en la que se investiga el cobro de más de cinco millones de euros en comisiones al calor de varios contratos suscritos por el Ayuntamiento de Madrid para la compra de material sanitario durante lo más duro de la pandemia. Como puede, el comisionista trata de explicar al juez el origen y la validez de los distintos documentos con los que trató de justificar ante su sucursal bancaria el dinero que percibió en su momento desde Malasia. Mientras, presidiendo la sala, Carretero le aprieta en el interrogatorio.

–¿Usted que le dio [al banco]?

–El documento de reconocimiento de comisiones, la firma de agente exclusivo...

–¿Ninguno es falso?

–Ninguno es falso.

–¿Y por qué dice el fiscal que es falso?

–Eso no lo sé. Sólo ha habido una errata en una fecha.

–Una errata en una fecha.

Tanto en el caso de Medina como en el de Luceño, el juez instructor fue especialmente incisivo en todo lo relativo a la vinculación de ambos comisionistas con Leno, la empresa radicada en Malasia a la que el consistorio de la capital adjudicó los contratos para la compra de mascarillas, guantes y pruebas de diagnóstico rápido. Al fin y al cabo, entre los diferentes delitos que la Fiscalía Anticorrupción imputa a ambos comisionistas se encuentra el de falsedad documental. El Ministerio Público no se cree, y así lo manifiesta en su querella, que el que llevó las riendas de la operación fuera "agente exclusivo de ninguna empresa malaya". Ni tampoco que los documentos que aristócrata y empresario aportaron ante sus bancos sean "auténticos".

Siete minutos. Ese fue el tiempo que Carretero tardó en poner el foco en la relación comercial de Medina con la firma malaya. Lo hizo justo después de preguntarle por la manera en la que entró en contacto con el consistorio de la capital. "Dice usted que en el ámbito sanitario no tiene ninguna experiencia", arranca el juez. "No", responde el investigado. "¿Conoce a la empresa Leno en Malasia? ¿Ha ido allí, a Malasia?", continuó el magistrado. "No la conozco de nada", respondió el aristócrata. Es, en ese momento, cuando Carretero redobla la presión sobre el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria: "¿Y entonces por qué hay unos documentos que dicen que usted es agente exclusivo de Leno?". Visiblemente nervioso, el comisionista trata de defenderse: "Eso, de alguna manera, por decirle algo, es protocolario".

"En Asia sobre todo, cuando estás haciendo alguna operación con ellos, sí te hacen firmar estos documentos para acreditar que estás colaborando con ellos...", continúa Medina. Pero el juez le interrumpe y pone sobre la mesa el nombre del representante legal de la compañía. Confirma que el investigado tiene poca vinculación con el empresario malayo. Y continúa: "Con San Chin Choon nunca habló, pero tiene un documento firmado con él...". El magistrado parece sorprendido por el hecho de que el investigado no sepa "nada de nada" –como llega a decir en otro de los momentos de la grabación– de la compañía pero, al mismo tiempo, aparezca mencionado en algunos de los papeles que el Ministerio Público considera falsos como "agente exclusivo" de la misma.

Los documentos bajo la lupa judicial se encuentran aportados al sumario. Y, en ellos, se reconoce supuestamente a Luceño y Medina como agente "único y exclusivo" y "socio", respectivamente, en la adquisición y abastecimiento de productos cárnicos congelados, lo que incluye ave, vacuno, cerdo y cordero. "Otras commodities pueden incluir azúcar, soja, leche, aceite, entre otros productos agrícolas, o productos de protección sanitaria", recoge uno de ellos. Hay varias cosas que llaman la atención a Anticorrupción. Como que estén fechados mucho antes de la pandemia, a pesar de que la relación de Medina con la firma antes del covid había sido nula. O que en la cabecera incluyan las señas del FBI y la Interpol. "Me parece que es muy sólido por el tema de engaño", dijo al respecto Luceño sobre uno de los documentos, elaborado por él mismo y que lleva el encabezado de la Cámara de Comercio Internacional.

Pero no solo eso. Al Ministerio Público también le chirría lo de "agentes exclusivos". No le encaja que Medina y Luceño entregasen a sus bancos documentos exactamente iguales –en relación al texto y los supuestos encargos– pero en los que se hacía referencia a personas distintas: mientras que el del aristócrata les incluía a ambos como agentes, el del empresario hacía mención a él mismo y a un tal Chan Beng Kay. "¿Cómo puedo decir un día que mis agentes exclusivos para el pollo, la carne congelada, la soja y los productos sanitarios son Chan Beng Kay y Luceño y el mismo día decir que para los mismos productos mis agentes exclusivos son Luceño y Medina?", se preguntaba el fiscal durante la declaración que tomó al empresario en las diligencias previas de investigación.

En su comparecencia este lunes ante el juez, Luceño insistió en la validez de los papeles. "No hay ninguna falsedad en ningún documento", señala ante Carretero. Lo único, dice, "una errata en una fecha". "Es decir, que como se trabaja con borradores, yo se lo mando a una parte y a otra y se me olvidó cambiar la fecha", explica al instructor. Este fallo ya se lo comunicó al representante del Ministerio Público durante las pesquisas. En concreto, se refería a un contrato de confidencialidad en el que aparecía también la firma de Luis Medina. Un documento fechado en 2019, antes de que estallara la pandemia, pero que el investigado asegura que se hizo en plena crisis sanitaria.

El aristócrata también estuvo bien presente en el interrogatorio de Carretero a su exsocio.

–Ninguna falsedad en ningún documento. ¿Incluso las firmas son de San Chin Choon o de Medina? Medina dice que a San Chin Choon no lo conoce de nada –se escucha un ligero golpe en el audio–. Sin embargo, hay un documento de San Chin Choon en el que declara agente exclusivo a Medina.

–Porque se hace así en el comercio...

–Se hace así en el comercio...

–Me manda Luis la firma, yo se la mando a San Chin Choon, me la acepta y entonces esos documentos se presentan.

–De acuerdo, bueno.

Algunos minutos antes, el nombre del empresario malayo había salido a la palestra. "¿Usted tiene amistad con él?", cuestiona Carretero. "Bueno, amistad... Es una relación comercial", responde Luceño. "¿Y por qué este señor no quiere colaborar con la justicia española para nada, ni quiere testificar, ni quiere saber nada?", insiste el magistrado. "Yo me puse en contacto con él y me ha dicho que sí que va a declarar", contesta de nuevo el comisionista. "¡Ah, que va a declarar! Pues la noticia que tenemos nosotros a través de la comisión rogatoria es que se niega a testificar", desliza Carretero antes de pasar a preguntar sobre la fijación de precios en el marco de dichos contratos, sobre la comisión que percibieron o sobre la ocultación de la misma al consistorio. "No se lo dije, es normal", señala Luceño sobre esto último. "Será normal para usted", responde Carretero.

Durante su declaración como investigado, el empresario también asegura que nunca ha estado en las instalaciones de Leno. Y que a Chin Choon lo vio una vez en China en una "reunión" de "operaciones de pollo, de soja y demás". Todo ello, a pesar de tener una relación comercial con Leno desde dos años antes de la pandemia, que no cristalizó en ninguna operación concreta hasta que llegaron los contratos sanitarios del Ayuntamiento de Madrid. Algo que sorprende al juez.

–¿Cuántas operaciones ha hecho usted antes de esta con Leno?

–Ninguna.

–Es agente exclusivo de Leno pero no ha hecho ninguna.

–Sí, esto también es normal dentro del comercio internacional.

–Vale, es normal.

Un par de horas después de las comparecencias, Carretero retiraba a ambos los pasaportes y les imponía la obligación de comparecer cada quince días. Los "delitos", dice el juez, "son graves no solo por su enorme trascendencia pública", al ser cometidos "en la peor época de la pandemia", sino también porque "llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga". En su decisión, el juez también valora el hecho de que se disponga "de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa" y el riesgo existente de que el investigado pueda abandonar el país "para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la justicia española hasta el momento es nula".

La investigación judicial del caso mascarillas se topa con varios obstáculos en sus primeros días de vida. Dos semanas después de que el juez Adolfo Carretero admitiese a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el magistrado y las partes personadas en la causa se han chocado de frente con los dos primeros muros del procedimiento. Por un lado, la imposibilidad de retener a aristócrata y empresario las cantidades que, según las pesquisas del Ministerio Público, se embolsaron al calor de los contratos para la compra de material sanitario suscritos por el Ayuntamiento de Madrid con la firma malaya Leno –solo se ha podido embargar menos de un cuarto de lo que se reclama–. Y, por otro, la falta de colaboración de uno de los testigos clave en el caso, que serviría para arrojar luz sobre el papel real que ambos comisionistas jugaron en todo el proceso de compra del consistorio.

Anticorrupción cifró en 5,56 millones de euros las comisiones cobradas por Medina y Luceño, un dinero que se gastaron en embarcaciones, coches de alta gama, relojes de lujo, propiedades o productos financieros. El primero, se embolsó 4,65 millones. El segundo, 0,91 millones. Son, a ojos de la Fiscalía, las "ganancias del delito". De ahí, que en su querella solicitase al juez "el embargo preventivo" de esos bienes y cuentas bancarias hasta completar la cifra que se llevaron como intermediarios más lo impuesto en concepto de una posible responsabilidad civil. Sin embargo, el primer intento del juez por ejecutar dichas cautelares ha sido infructuoso. El magistrado se ha encontrado con que las cuentas bancarias y bienes que ha podido retener a aristócrata y empresario no cubren, ni de lejos, las cantidades exigidas por Anticorrupción.

Los dos comisionistas se deshicieron de parte del botín. En el caso de Medina, el magistrado se encontró con sus cuentas secas. En concreto, solo tenía 247,26 euros en una de ellas –las otras, según informó la entidad bancaria, se encontraban en números rojos–, a lo que habría que añadir el yate que adquirió por 325.515 euros: Feria. Ni rastro, sin embargo, de los bonos bancarios adquiridos por valor de 400.000 euros poco después de cobrar la comisión. El aristócrata empezó a vender los productos financieros algunas semanas después de comprarlos. Una parte, incluso, cuando Anticorrupción ya le había citado a declarar, según reveló elDiario.es. Ahora, el juez instructor ha imputado al aristócrata un delito de alzamiento de bienes, que se suma a la estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Tampoco el magistrado ha logrado retener a Luceño el total de lo que reclama el Ministerio Público. En sus cuentas bancarias, tanto las que estaban a su nombre como al de su empresa, se ha encontrado con 129.139 euros. A esto se le suma la vivienda que el empresario adquirió con su comisión en una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que pagó 1,1 millones de euros y que ya ha dado orden de bloquear al Registro de la Propiedad. Como ha ocurrido con el caso de Medina, el juez también se ha percatado en sus comprobaciones que Luceño se desprendió hace apenas dos semanas de parte de los coches de lujo que había adquirido con el dinero percibido al calor de los contratos sanitarios. Entre enero y abril, transfirió un Range Rover, un KTM X BOX y un Lamborghini Huracan Eco Spider.

Entre el dinero que se embolsaron y la posible responsabilidad civil, Anticorrupción reclama a ambos 6,78 millones de euros. Sin embargo, hasta el momento de elaboración de esta información solo se ha podido retener bienes por un total de 1,56 millones de euros. Es decir, menos de un cuarto de lo que se busca.

Por ello, el magistrado pidió a las partes que planteasen más cautelares económicas para asegurar las cantidades reclamadas. Más Madrid, Podemos y PSOE exigieron que se iniciasen averiguaciones en ambos casos para determinar qué otros bienes muebles e inmuebles tienen los investigados y proceder así a su embargo. Además, los socialistas también reclamaron, en el caso de Medina, que le embarguen "los derechos que puedan corresponderle" de la herencia de su abuela, quien fuera duquesa de Medinaceli.

El juez ya ha librado un exhorto al Juzgado de Primera Instancia Número 12 de Sevilla para que informe si en el mismo se encuentra abierto un procedimiento judicial por la herencia y, en ese caso, para que aclare si el aristócrata "es parte procesal como demandante y heredero". De ser así, solicita que "se embarguen preventivamente los derechos hereditarios del mismo".

Mientras, tal y como ha adelantado Público, Luceño ha decidido recurrir el embargo de sus bienes. El investigado, explica el citado diario, se ha escudado en la necesidad de hacer frente a algunos gastos personales y profesionales comprometidos. Así, hace referencia a la cuota de autónomos, el alquiler de una oficina y plazas de garaje, el pago de facturas o cuestiones referentes a la educación de sus hijos.

No ha sido el único jarro de agua fría que ha caído sobre el proceso judicial. En estas dos primeras semanas de vida, el magistrado también se ha encontrado con la negativa a colaborar con la justicia española de Dato Sri San Chin Choon. Este empresario es una pieza clave en la causa. Al fin y al cabo, figura en los documentos incluidos en el sumario como director gerente de la empresa Leno, la compañía radicada en el país asiático con la que el consistorio de la capital suscribió los contratos para la compra de material sanitario y de cuya cuenta bancaria salió posteriormente el dinero que llegó a Medina y Luceño.

Anticorrupción llevaba meses intentando dar con San Chin Choon. En mayo de 2021, se remitió una comisión rogatoria a las autoridades de Malasia para que tomasen declaración como testigo del empresario. "La asistencia solicitada tiene por objeto acreditar la comisión de los hechos que están siendo investigados por la justicia española en la presente causa", recogía entonces un escrito del fiscal Luis Rodríguez Sol, quien reclamaba que la solicitud se tramitase "con la mayor urgencia posible" y quien pedía en la misma que se requiriera al representante de Leno para que aportase "copias de los documentos que tenga en su poder y que sirvan para aclarar las siguientes cuestiones". "En particular, las comunicaciones realizadas por correo postal o electrónico, mensajes de telefonía sms, Whatsapp o similares, con Alberto Javier Luceño y Luis Ramón Medina", completaba.

Aquel escrito iba acompañado de 19 preguntas. Así, el Ministerio Público se interesaba por los motivos de las diferentes transferencias, el método para calcular el cobro de las comisiones, cuál habría sido el precio cobrado por los productos sin la intervención de Medina y Luceño, quién firmó diferentes documentos o si el aristócrata y empresario habían sido "los agentes exclusivos" de la firma Leno. Estas dos últimas cuestiones son clave. La primera, porque Anticorrupción cree que los dos comisionistas aportaron documentos falsos a las entidades bancarias cuando les pidieron explicaciones por los fondos millonarios que habían llegado a sus cuentas desde Malasia. Y la segunda, porque Luceño asegura que es agente exclusivo de esa compañía, algo que la Fiscalía rechaza en su querella.

Las autoridades malayas consiguieron identificar y localizar a San Chin Choon. Pero no aportará información alguna. "Como se negó a colaborar, lamentamos informar de que hemos sido incapaces de ayudar en la grabación de su declaración", se recoge en un reciente escrito del jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la Fiscalía de ese país, que aclara que "bajo" la legislación malaya "una declaración solo será grabada si la persona accede" a hacerla cuando un caso, como este, se encuentra en fase de investigación.

Otra de las piezas de este gran rompecabezas que continúa atascada es la que tiene que ver con Sinclair&Wilde, consultora afincada en Estados Unidos que está detrás de una segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Si bien el caso se conoció a través del sumario que afecta a Medina y Luceño, lo cierto es que el asunto lleva meses en la mesa de otro juzgado diferente. En concreto, el de Instrucción número 30 de Madrid. Sin embargo, la causa, como contó infoLibre, se encuentra sobreseída provisionalmente desde julio de 2021 ante la imposibilidad de dar con el empresario que negoció directamente con el propio consistorio de la capital. A "Mr. Philippe Solomon", el nombre al que la distinta documentación aportada sitúa al frente de una empresa poco relacionada con el comercio internacional de material sanitario, se lo tragó la tierra.

Aunque el caso siga cerrado de forma provisional, lo cierto es el asunto ha vuelto a reactivarse de nuevo. El impulso, según fuentes jurídicas, ha llegado tras un escrito policial alertando al juez de que el desaparecido consultor podría estar operando con otra identidad diferente. A esto, se suman otras claves aportadas por la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, en su declaración ante el fiscal. "A esa llegamos también a través de una intermediaria llamada Araceli", recalcó la alto cargo del consistorio en su comparecencia como testigo ante Rodríguez Sol, tal y como ha puesto de manifiesto este diario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este viernes en la legalidad del contrato público vinculado a su hermano y ha ironizado con que "solo falta la ONU" por fiscalizarlo, según informa Europa Press. Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas, en un acto en Brunete, sobre la solicitud de la Fiscalía Europea a la Fiscalía Anticorrupción de hacerse cargo de las diligencias abiertas por este contrato.

Ayuso ha hecho hincapié en que "la Fiscalía ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción", tal y como "manifestó en su auto hace semanas". Además, ha subrayado que lo mismo ha manifestado "la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente"; "la Intervención de la Comunidad, compuesta por funcionarios independientes", y "lo mismo que ha valorado la comisión de contrataciones de la Asamblea".

"Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", ha declarado.

Por su parte, fuentes del Gobierno regional han sostenido que la reclamación que realiza la Fiscalía Europa "es una acción con nula repercusión judicial", que, a su parecer, "no cuestiona la legalidad del contrato, que cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas".

Sugieren, estas mismas fuentes, que "dicha reclamación puede obedecer a que las diligencias abiertas por la Fiscalía española se aboquen a un rápido archivo de todo el asunto". "Se trataría, por tanto, de un intento de alargar el asunto en los medios de comunicación, al no tener recorrido en los tribunales", han sentenciado.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un nuevo informe de fiscalización sobre contratos públicos realizados por el procedimiento de urgencia con motivo de la pandemia en el que concluye que la mayoría de los mismos se adjudicaron tras consultar únicamente con una empresa y lamenta que, pese a ser una tramitación excepcional, no se atendieran los principios de libre competencia estudiando distintas ofertas para optar por la más ventajosa, informa Europa Press.

Se trata de su segundo informe relativo a los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la crisis sanitaria que, en esta ocasión se centra en los adjudicados por las Autoridades administrativas independientes y otras entidades públicas y fundaciones estatales.

En una nota de prensa recogida por Europa Press, señala que se han fiscalizado los contratos de la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, RTVE, Imprenta de Billetes, Instituto de Crédito Oficial, Museo Centro de Arte Reina Sofía, Museo del Prado, el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid y las Fundaciones Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, la de la Formación en el Empleo, y la Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.

Esta fiscalización, realizada a iniciativa propia del máximo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado, se enmarca dentro de un programa de control más amplio que sigue su curso y tramitación en el Tribunal.

El informe aprobado este jueves audita 134 contratos que fueron tramitados por el procedimiento de emergencia amparado por la pandemia por un importe aproximado de 11 millones de euros.

El fiscalizador concluye que los organismos actuaron dentro del marco legal que les amparaba para realizar contratos de emergencia, si bien en un número significativo de casos no se comprobó la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, ni su solvencia económica, financiera y técnica, ni que las prestaciones objeto del correspondiente contrato formaban parte del objeto social del contratista.

Asimismo, sostiene que las entidades debieron comprobar estos extremos salvo que tales comprobaciones fueran incompatibles con la urgencia que se quisiera atender en cada contrato; incompatibilidad que, en su caso, debería quedar acreditada.

Además, en la mayor parte de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa, lo que, destaca el tribunal, "habría constituido una buena práctica, adecuando la tramitación excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa".

En materia de recomendaciones el órgano que preside Enriqueta Chicano señala que, si bien en situaciones de emergencia, como la causada por la pandemia, la ley dispensa de la formación del correspondiente expediente de contratación, "esta omisión no debería ir más allá de los supuestos en que la emergencia sea tal que impida realizar el más mínimo trámite antes de iniciar la actividad contratada".

Asimismo, aconseja que, salvo en los supuestos en que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida, los órganos de contratación comprueben exigencias de derecho material, tales como la capacidad y solvencia del contratista y la compatibilidad del objeto social de este con las prestaciones objeto del contrato, y que soliciten ofertas de diferentes licitadores, y, en su caso, negocien los términos del contrato susceptibles de ello.

Año 2026. Dieciocho edificios de entre tres y nueve alturas se alzan a apenas un kilómetro del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Es la nueva Ciudad de la Justicia, el proyecto puesto en marcha por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La inmensa parcela concentra todas las sedes judiciales de la capital. Cuenta con un enorme aparcamiento público, bajos comerciales y varias cafeterías a las que acudir si los productos que ofrecen las máquinas de vending no resultan convincentes. Hay, incluso, un centro deportivo y una guardería privada. Todo es propiedad de la concesionaria, la firma que se encargó de la construcción de la infraestructura judicial. E ingresa por ello 6,7 millones anuales. Unos 268 millones durante las cuatro décadas que durará el contrato.

La colaboración público-privada es una de las señas de identidad de la Comunidad de Madrid. Durante las últimas décadas, los diferentes ejecutivos conservadores se han esforzado por asentar en la región un modelo de concesiones vinculado al levantamiento de grandes infraestructuras. Fue el sello de los siete hospitales que Esperanza Aguirre puso en marcha durante su segundo mandato, del metro ligero oeste que conecta tres de los grandes bastiones conservadores en la región –Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Aravaca– o de la M-45. Una fórmula que ha traído numerosos quebraderos de cabeza. La administración regional, por ejemplo, ya asume que pagará por la carretera 2.000 millones. Y eso que iba a costar 300.

El Gobierno de Ayuso, no obstante, está convencido de que esta es la fórmula adecuada para levantar la Ciudad de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre que acabó salpicado por la corrupción y que ahora recupera el Ejecutivo conservador. Y lo es, según sostienen en el estudio de viabilidad de la obra, por varias razones: porque el "riesgo operacional" se "transfiere al concesionario", porque el "impacto sobre la estabilidad financiera" de la región es "poco apreciable" al ser una empresa privada la que asume el enorme desembolso, porque "la contratación y gestión del personal" no tiene que "seguir los procedimientos encorsetados de la administración pública"...

El Ejecutivo regional espera que la primera piedra se coloque en 2023. Y que la infraestructura pueda estar lista tres años más tarde. La empresa que se haga con el jugoso contrato, que todavía no ha salido a concurso, deberá asumir el coste de la construcción de la infraestructura, así como su funcionamiento y mantenimiento. A cambio, la administración regional abonará un canon anual, que se comenzará situando en los 50 millones de euros. Y, además, podrá explotar durante las cuatro décadas que durará el acuerdo las instalaciones y los servicios adicionales que se contemplan en el proyecto.

El estudio de viabilidad, hecho público el pasado lunes, contempla varias vías de ingresos para la concesionaria. El más importante es el que tiene que ver con la gestión del aparcamiento: se prevé que por este concepto pueda embolsarse 142,88 millones de euros durante toda la duración de la explotación. La estimación de estas cantidades se ha hecho sobre la previsión de una rotación anual de 729.079 vehículos y 4.609 abonos anuales. Son cifras que vienen determinadas, exponen desde el Ejecutivo regional, por la "prevista afluencia de visitantes". "Previendo, incluso, el caso más desfavorable para estimar unos ingresos mínimos de explotación y asegurar la viabilidad de la misma", señalan.

Casi 54 millones de euros se calcula que la adjudicataria pueda ingresar por diferentes actividades económicas en las instalaciones. En este sentido, el proyecto incluye dos cafeterías. Pero también un centro deportivo y una escuela infantil privada. El primero ocupará una extensión de 4.500 metros cuadrados y se estima que alrededor de 5.200 personas pasen por sus clases de zumba o ciclo indoor –los abonos mensuales oscilarán entre los 25 y los 131 euros–. El centro educativo, por su parte, ocupará un espacio de 2.090 metros cuadrados y contará con 126 plazas. Se calcula que el precio de la matrícula ascienda a 100 euros, más una cuota mensual de 300 o 350 euros en función de si la plaza incluye o no comedor.

A esto se suma el alquiler de espacios a terceros. En concreto, más de 10.000 metros cuadrados que podrán ser alquilados para la prestación de diferentes servicios, desde estancos hasta farmacias. Por este concepto, la Comunidad de Madrid calcula que la concesionaria podrá embolsarse durante las próximas cuatro décadas 50,2 millones. Algo menos de la mitad, 21 millones, se calcula que podrá meter en sus cuentas la empresa que se haga con el contrato a través de la gestión de las máquinas expendedoras que se colocarán por las instalaciones judiciales.

En total, el Ejecutivo de Ayuso calcula que la adjudicataria percibirá por la explotación de todos estos servicios 268 millones de euros. Sin embargo, lo cierto es que esta cifra representa una mínima parte del dinero que recibirá la firma. El estudio de viabilidad sitúa la estimación de ingresos a lo largo de toda la concesión en los 2.373,3 millones de euros. Y el grueso, 2.105,3 millones, procede del canon abonado por la Comunidad de Madrid. Una cantidad que comienza en los 49,35 millones pero que, según los cálculos de la administración regional, irá variando con el paso del tiempo. Así, por ejemplo, el informe estima que la tarifa justo en la mitad de la concesión estará en los 56,72 millones de euros. Y el último pago ascenderá a 69,2 millones.

Habrá que ver, no obstante, si estas cifras son realistas. Y si la empresa que se haga con el proyecto no trata de modificar el canon. No sería la primera vez que ocurre. En mayo de 2011, tres años después de su inauguración, las constructoras de los siete hospitales semiprivatizados ya estaban exigiendo al Ejecutivo de Esperanza Aguirre un incremento de la tarifa anual de 9,2 millones de euros. Y friendo a la administración a recursos contencioso-administrativos. Litigios que siguen siendo habituales en la actualidad.

La concesionaria de la Ciudad de la Justicia, no obstante, tendrá que afrontar también un desembolso importante. Por un lado, deberá hacerse cargo de la construcción del proyecto, que le costará –ejecución de la obra, equipamiento inicial, reinversiones y otros gastos– 561,9 millones de euros. Por otro, tendrá que afrontar los gastos de personal, de explotación o de tributos, que se estima que le obligarán a poner sobre la mesa 804,53 millones durante todo el tiempo que dure la licitación. En total, la Comunidad de Madrid calcula que el beneficio de la concesionaria por el jugoso contrato puede superar los 230 millones.

Los jugadores de fútbol suelen tener una vida laboral más corta que la mayoría de los trabajadores. Superada la treintena, el reloj biológico les señala la puerta de salida. Pero muchos de ellos, sobre todo los de primera categoría, disfrutan de mayores posibilidades de reinvención que un asalariado medio. No todos se convierten en entrenadores –Zidane, Koeman, Del Bosque, Guardiola–, una reorientación casi lógica. O en comentaristas deportivos, como Julio Salinas. Los hay que llegan a actores, como Vinnie Jones. Otros, David Beckham, Mathieu Flamini, prueban en el mundo de los negocios. Y unos cuantos más siguen conectados a sus antiguos clubes, estirando un poco más nombre y fama para promocionar la marca donde se hicieron ricos.

El Real Madrid es generoso con sus antiguas estrellas. Jorge Valdano fue director deportivo primero y adjunto a la presidencia después. Emilio Butragueño lleva más de una década como director de Relaciones Institucionales. Otro histórico, Raúl González, fue contratado en junio de 2017 como adjunto al director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez. Su trabajo consistía en asesorar al Real Madrid, y no sólo en cuestiones deportivas, ayudar al club a gestionar su relación con los jugadores de los diferentes equipos, apoyar el desarrollo de los deportistas de la cantera, representar a los blancos en actos institucionales, comerciales y deportivos… Así consta en el contrato laboral al que ha tenido acceso infoLibre y que forma parte de los documentos de Football Leakscompartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC).

Para ello, el Real Madrid le exigió que se pusiera al tanto de la gestión de las diferentes áreas del club, de forma que pudiera “complementar su experiencia deportiva con el aprendizaje de las funciones corporativas básicas de la entidad”. “Viene a ayudarnos y a formarse en distintas áreas del club, aportando, qué duda cabe, su experiencia en Valdebebas”, resumía Sánchez Periáñez a su equipo directivo al anunciar su fichaje. A cambio, le pagaba un millón de euros brutos al año.

Mientras el club redactaba el contrato, se planteó la duda de qué categoría profesional debería tener Raúl, quien jugó con el Real Madrid durante 16 años y fue uno de sus máximos goleadores de todos los tiempos. ¿Director o responsable medio?, pregunta el director de Recursos Humanos, José María García Tomás, al director general del club, José Ángel Sánchez. Si se le nombra director, el cuantioso sueldo de Raúl elevará la retribución conjunta de todos los directores, que aparece publicada en el portal de transparencia de la web del Real Madrid, objeta García Tomás. A fecha de 30 de junio de 2019, el club pagaba 22,12 millones de euros en retribuciones a sus 43 directivos. Aunque en ese último ejercicio abandonaron sus puestos cinco de ellos, que fueron indemnizados con un total de 1,8 millones de euros, tal y como consta, en efecto, en el área de transparencia de la web.

Tampoco sabían cómo denominar su cargo en inglés. “¿Deputy to the CEO, assistant to the CEO? Para que no hubiera confusión posible con el puesto de la número dos de José Ángel Sánchez, Begoña Sanz Orea, deputy managing director.

El caso es que el paso de Raúl por la alta dirección de la empresa fue muy breve. Pese a tener un contrato indefinido, dejó el puesto sólo un año más tarde, cuando volvió al césped y pasó a entrenar a los cadetes, después al segundo equipo juvenil y luego al Castilla, donde continúa. El Real Madrid ha declinado contestar a las preguntas que infoLibre le ha enviado sobre los contratos a sus exjugadores.

El comité de empresa no puede saberlo 

En julio de 2016 había sido contratado, también con un millón de euros de sueldo –“nada menos, apostilla el director general”–, Ronaldo Nazario. Como asesor del presidente, Florentino Pérez, y embajador del club en Latinoamérica. A diferencia de Raúl, al brasileño se le ofreció un contrato mercantil, de prestación de servicios, pese a que los abogados del brasileño, el despacho Senn Ferrero, querían un contrato laboral y que se le pusiera en nómina. También pedían que tributara como no residente los primeros seis meses –con una retención del 19%– y después como impatriado –con una retención del 24%–. Es decir, con un IRPF muy por debajo del tipo máximo del 45% que le correspondería por su elevado sueldo en condiciones normales.

Sin embargo, el Real Madrid no estaba por la labor. Prefería un contrato de prestación de servicios con Ronaldo Nazario como autónomo. Y el motivo no es sólo fiscal, sino de transparencia –no quieren que trascienda– e incluso penal. “[Si se le hiciera un contrato laboral ordinario], Ronaldo estaría en el perímetro del comité de empresa, al que, para empezar, estaríamos obligados a dar copia de su contrato de trabajo”, objeta el director de Recursos Humanos, “no debemos hacerlo de ningún modo”.

Además, el club asegura que un contrato laboral puede incurrir en fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. “Sería una ficción que no responde a la realidad de la relación acordada con Ronaldo”, explica José Ángel Sánchez, quien además advierte de que el exjugador obtendría así “una tributación como impatriado muy privilegiada, que sin duda sería mirada con lupa” tanto por la Agencia Tributaria española como por la de su país de procedencia. No sólo pagaría a un tipo inferior al ordinario, sino que tampoco tributaría por las rentas que obtuviera en el extranjero, sólo por las españolas. Buena parte del futuro trabajo del brasileño estaba previsto que se desarrollara fuera de España.

La respuesta de Ronaldo: “Hablaré con el presidente”. Sus abogados argumentaban que el Real Madrid “ya corre esos mismos riesgos en otros casos”. Se referían, en concreto, al fichaje de Lorenzo Sanz Durán, hijo del expresidente madridista, que cobraba 100.000 euros al año, también con un contrato mercantil, al menos hasta el 30 de junio de 2018. Lorenzo Sanz hijo fue jugador de baloncesto del Real Madrid y director técnico de su sección de baloncesto cuando su padre aún presidía el club. Reapareció de nuevo en 2016, año en que empezó a trabajar para el Departamento de Comunicación. En mayo de ese año sustituyó a Fernando Romay en los comentarios de los partidos que retransmitía Real Madrid TV.

Los directivos blancos deciden entonces pedir un informe a Garrigues, que confirma la naturaleza mercantil de la relación con Ronaldo, e incluso acuerdan informar a la Dirección de Control y Auditoría Interna del club por el riesgo penal que implica. Así que el contrato fue finalmente de prestación de servicios. “Que al menos esté obligado cuando lo necesitemos, se podrían limitar sus apariciones a un mínimo de 10 al año”, exige el director general. Y se le renovó un año más tarde por el mismo importe. También a Lorenzo Sanz. Ambos en la misma fecha.

El delantero brasileño, que había jugado en el Real Madrid entre 2002 y 2007, se convirtió en el principal accionista del Real Valladolid en septiembre de 2018, cuando aún era embajador del Real Madrid –se le acababa de renovar en junio–. Pagó 50 millones de euros por el 51% de las acciones del club. Un año más tarde amplió su participación a casi el 73%.

Entre embargos judiciales e inspecciones fiscales

A otro galáctico, el también brasileño Roberto Carlos, el Real Madrid lo contrató el mismo año como embajador del club, en concreto para Asia. Pero el lateral, jugador blanco durante más de una década y después técnico en equipos de todo el mundo, desde Turquía y Rusia hasta la India, también quería entrenar. Así que entre viaje promocional y viaje promocional le colocaron como segundo entrenador del Juvenil A. También ejerce de comentarista en Real Madrid TV. En total, 750.000 euros, que a partir de octubre de 2017 subieron a 900.000. Sólo tres meses antes la justicia brasileña le había condenado a tres meses de cárcel por no pagar la pensión alimenticia a dos de sus hijos –tiene nueve–. Debía 17.000 euros a su exmujer. Y el jugador había alegado “problemas financieros” para no abonárselos. Ya en diciembre de 2016 le había llegado al club una orden de embargo de un juzgado de São Paulo.

Así que, cuando le sube el sueldo, el Real Madrid debe tener cuidado: “Con los embargos judiciales que tiene, no debemos hacer una subida con efectos retroactivos, ya que eso podría interpretarse como una maniobra del club, de acuerdo con el interesado, para ocultar temporalmente parte de su retribución a los juzgados”, advierte el director de Recursos Humanos, “con esta decisión convertiríamos en falsas las cantidades de su retribución que hemos certificado en el pasado a las autoridades judiciales”.

Además de sus problemas judiciales, Roberto Carlos compartió con muchos otros de sus antiguos compañeros otro tipo de banquillo, aquel en que le sentó Hacienda: fue también condenado por la Audiencia Nacional, en una sentencia de 2009 que luego confirmó el Tribunal Supremo, por no pagar dos millones de euros en concepto de IRPF entre 1996 y 1999. Los 1,2 millones de euros que el fisco le reclamaba al jugador, más los intereses, fueron abonados por el Real Madrid, tal y como se había comprometido a hacer el club en el momento en que Roberto Carlos los abandonó, según recogen los documentos de Football Leaks.