Si al tirón de actividad económica que se produce habitualmente en España en verano le sumamos un eclipse, no es de extrañar que los precios y las cifras de ocupación hotelera a principios de agosto se hayan desbocado en algunas regiones. Un análisis reciente del portal inmobiliario Booking señala que en algunas zonas como Soria, León o Palencia, que se encuentran en la franja donde el fenómeno se observará mejor, se han registrado incrementos en las búsquedas de hasta el 500%. Y, como ocurre cuando se impone la ley de oferta y demanda, los precios también se han movido al alza.

Por otro lado, el Ministerio de Economía estima que este fenómeno solar, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, atraerá a nuestro país casi medio millón de turistas más de lo habitual. De esta estimación, 280.000 serán españoles que se moverán por el territorio para conseguir la mejor perspectiva y 160.000 serán extranjeros que llegarán por nuestras fronteras y se dejarán alrededor de 1.500 euros de media, lejos de los 340 que gastarán los nacionales. En total, casi 348 millones de euros llegarán a la economía, según estima el Gobierno.

“Estamos observando un crecimiento muy significativo de las búsquedas de alojamiento en destinos desde los que el eclipse podrá contemplarse en buenas condiciones”, señala Pilar Crespo, responsable de Booking en España. Es la franja que va desde Asturias, pasando por zonas como Soria o Castellón y Baleares. Las estimaciones apuntan a que las reservas en esta franja se habrían incrementado un 76% y los precios, en torno a un 85%.

Otro informe, en este caso de Analistas Financieros Internacionales (AFI), estima que la distribución del gasto asociado a este evento se repartirá en esa franja, aunque también impactaría significativamente en otras comunidades donde el eclipse no será del 100%. “La Comunitat Valenciana se sitúa muy destacada en primer lugar, con 130,6 millones de euros. A continuación, aparecen Madrid, con 54,76 millones, y Castilla y León, con 37,54 millones. Tras ellas se sitúa un segundo escalón integrado por Aragón, Galicia, País Vasco y Cataluña”, recoge el documento.

Basta con realizar una búsqueda rápida por los portales inmobiliarios para comprobar que los precios por habitación rondan por abajo los 500 euros y sobrepasan los mil en otros casos en regiones tradicionalmente poco turísticas como Soria. En Castellón, los más rezagados pueden encontrar apartamentos por 3.200 euros o habitaciones por 500 euros. Asturias es otra de las ubicaciones estrella y plataformas de comercio hotelero como SiteMinder apuntan a un incremento de precios medio que ronda el 80%. Una noche en la capital asturiana ronda los 400 euros a menos de una semana del eclipse.

Mientras los informes y las estimaciones se suceden, los bares y restaurantes también esperan rentabilizar este fenómeno. Un análisis de CoverManager, sistema de gestión de reservas y eventos, estima en un 32% el incremento de las reservas para comer o cenar en Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón. Por capitales, León lidera el aumento nacional de comensales con un 112,8% más de reservas previas, seguida por A Coruña (92,7%), Castellón (76,4%), Segovia (71,2%) y Zaragoza (42,1%).

Como ocurre con cualquier acontecimiento capaz de concentrar a cientos de miles de personas en pocos días, el eclipse dejará una factura económica positiva, pero también pondrá a prueba la capacidad de algunos territorios para absorber una demanda extraordinaria justo cuando las protestas por el turismo masivo alzan la voz en zonas como Barcelona, Palma, San Sebastián y Granada contra un modelo que, según denuncian los vecinos, expulsa a las personas de los barrios y dispara el precio de la vivienda.

Justo después de la medianoche del 5 de agosto, veintiocho misiles cayeron sobre Kiev y su región circundante. Las tripulaciones de los sistemas Patriot de Ucrania no interceptaron ninguna de las ojivas balísticas. Por la mañana, 17 personas habían muerto y 44 resultaron heridas. Lo que los misiles alcanzaron importaba tanto como el número de fallecidos. Cayeron sobre el centro de clasificación de Nova Poshta en Kiev, la mayor empresa de transporte de paquetes del país, y en dos complejos de almacenes y una planta de cerámica gestionados por Epicentr, la mayor cadena de bricolaje de Ucrania. Las instalaciones pertenecientes a los grupos de alimentación Novus y Fozzy también sufrieron daños. Epicentr declaró que los misiles habían destruido en minutos lo que le había tardado décadas en construir.

Moscú cuenta una historia diferente. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los sitios ocultaban vínculos militares, y ambas versiones no pueden conciliarse de forma independiente. Pero un solo ataque prueba poco; un patrón prueba mucho. Depósitos de paquetes, almacenes de alimentos, astilleros de suministros de construcción y reservas de alimentos han sido alcanzados semana tras semana a lo largo del verano. Un centro de clasificación postal en Sumy, una terminal en Poltava, una sucursal de carga en Cherníhiv: Nova Poshta por sí sola cuenta con una serie de estos ataques y cifra sus pérdidas por bombardeos en 7,3 millones de dólares durante los primeros cuatro meses del año. Independientemente de lo que Moscú afirme sobre cualquier edificio en particular, el objetivo que revela la secuencia no es la destrucción de un ejército. Es la destrucción de la maquinaria que mantiene viva a una economía civil.

Esa maquinaria es la parte que los analistas militares ignoraron durante un siglo. Las guerras se interpretaban a través del choque de formaciones en el frente. Esta se está librando contra el tejido conectivo situado detrás del frente: la estantería, la furgoneta de reparto, la cámara frigorífica, la fábrica de azulejos. Cuando un misil de largo alcance aterriza en un almacén minorista a cien kilómetros de cualquier trinchera, el objetivo no es una brigada. Es el empleo, el suministro y la base impositiva que financia la defensa del propio Estado.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente Zelenski en tecnología de defensa, lo expresó claramente tras el ataque: el enemigo, escribió en Facebook, está atacando todo sin distinción —almacenes minoristas, tiendas de alimentos, centros logísticos, depósitos de materiales de construcción—. Lo llamó una nueva fase de la guerra de desgaste. La formulación es exacta. El desgaste solía significar el desgaste de soldados y proyectiles. Ahora significa desgastar a las empresas que visten, alimentan y reconstruyen a una nación de 30 millones de habitantes.

La suposición cómoda sobre las economías en tiempos de guerra es que se doblan y se adaptan, que las empresas descentralizadas sortean los daños. Eso se cumple cuando los choques son financieros. Fracasa cuando los propios activos físicos del comercio son el objetivo. Una moneda se puede defender desde un búnker; un centro de distribución de 40.000 metros cuadrados no se puede trasladar bajo tierra. Epicentr calcula que tardará unos dos años en reconstruir sus plantas destruidas y, entretanto, está trasladando parte de la producción de cerámica al extranjero. Multiplíquese eso por una docena de empresas y el resultado no es un bache temporal, sino un vaciamiento lento: inversiones de capital congeladas, empleos borrados lejos de los combates, producción exportada a países donde el techo sigue en pie.

El coste llega por partida doble. Primero para las empresas, que pierden en una hora años de capital acumulado. Segundo para el tesoro público, que debe o bien reemplazar lo destruido o ver cómo desaparecen los ingresos que generaba. Reconstruir un almacén que vuelve a ser arrasado al mes siguiente no es reconstrucción; es un subsidio pagado al atacante. Por eso el argumento de que Ucrania simplemente puede "adaptarse" malinterpreta el problema. La adaptación presupone que el choque es superable a nivel de empresa. Cuando los activos fijos de la empresa son el objetivo, no queda nada con qué adaptarse.

Nada de esto se queda dentro de las fronteras de Ucrania, razón por la cual debería preocupar a los lectores muy lejos de Kiev, incluidos los del Golfo, donde economías enteras se construyen sobre la promesa de que los bienes y el capital se mueven de manera fiable a través de la logística global. La lección que enseñan los ataques de agosto es que los modelos utilizados para fijar el precio del riesgo comercial están mirando la variable equivocada. Durante una generación, las altas esferas corporativas y las aseguradoras clasificaron a los países según índices de estabilidad política: ciclos electorales, riesgo de golpe de Estado, calificaciones soberanas. La variable relevante ahora es la vulnerabilidad física a los ataques de precisión. Un gobierno estable no puede proteger un centro de distribución de un misil balístico disparado a 500 kilómetros de distancia, y la tecnología que ha hecho que tales ataques sean rutinarios sobre Kiev está proliferando, no disminuyendo.

Las aseguradoras ya se están adaptando. Los seguros de riesgo de guerra y de daños materiales para activos en regiones disputadas se están repriciando hacia una inestabilidad permanente, y esa recalibración de precios no se revierte cuando se firma un alto el fuego; es el recuerdo de la vulnerabilidad, y no el estado actual del frente, lo que fija la prima. Para cualquier economía de centro logístico cuya propuesta de valor es que la carga llega a tiempo, ese cambio en la forma en que se valora el riesgo físico no es un problema europeo lejano. Es un anticipo de las preguntas que tarde o temprano se le plantearán a cualquier Estado dependiente de la logística por parte de quienes aseguran su infraestructura.

Los observadores de la ONU le han puesto una cifra a esta tendencia. Las bajas civiles en Ucrania han aumentado cada mes de 2026; la oficina calificó recientemente a julio como el mes más mortífero para los civiles desde abril de 2022, después de que el balance de junio con 293 muertos estableciera su propio sombrío récord. El motor no son los combates en la línea de contacto, sino las armas de largo alcance que alcanzan ciudades que el frente nunca toca: los mismos misiles que convirtieron los almacenes de una cadena de bricolaje en un campo de escombros.

La respuesta internacional se ha centrado en el apartado humanitario: convoyes de ayuda, refugios, fondos de emergencia. Eso trata el síntoma. La herida estructural es la demolición deliberada de la capacidad comercial, y no puede ser vendada con ayuda humanitaria. La respuesta de Zelenski —interceptores o, a falta de ellos, sanciones a la producción de misiles que sigue mayormente intacta— apunta a la única defensa real: no se puede reconstruir lo que sigue siendo golpeado, por lo que la prioridad es evitar que sea golpeado. A falta de eso, Ucrania se enfrenta a una desindustrialización orquestada desde el aire, una que seguirá configurando su economía mucho después de que terminen los disparos. Los países que observan desde una distancia segura deben comprender que no son espectadores de un problema ucraniano. Se les está mostrando, en tiempo real, lo que el próximo tipo de guerra le hace a todo lo que una economía moderna está construida para mover.

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Imran Khalid es analista geoestratégico y columnista de asuntos internacionales.

El verano es un maratón para los trabajadores de muchos sectores, sobre todo para el de la hostelería y el comercio, que exprimen al máximo la temporada alta. Terrazas llenas, reservas a tope y el turismo en su momento dorado del año. También el empleo, que supera los 22,5 millones de afiliados y alcanza un nuevo récord impulsado por la entrada en el mercado laboral de 66.045 cotizantes más de nacionalidad extranjera y 24.318 de nacionalidad española, pone su granito en este periodo de actividad desenfrenada. Son precisamente el comercio, la hostelería y la sanidad los sectores que más personas incorporan durante estos meses, pero también aquellos donde la actividad frenética se nota más en las dinámicas de trabajo y las horas extra se hacen más visibles.

Aurora ha trabajado en varios restaurantes de la costa asturiana para sacarse un extra en verano. “Lo que te dicen es que hay que aguantar sin descansar, que hay que aprovechar el tirón, pero muchas veces estás agotada”, relata. “Ganas dinero, pero luego te pasas un mes en el fisio”, puntualiza. Las jornadas se alargan y las horas extra son la norma: “Te quedas por no dejar tirados a tus compañeros o porque no quieres quedar mal y quieres que te sigan llamando…”. Son dinámicas que se acentúan en los sectores con alta estacionalidad, que necesitan compensar el bajón de actividad en otras épocas del año, pero que atropellan los derechos laborales.

Este lunes el sindicato Comisiones Obreras emitió un informe en el que señalaba que cada semana 436.000 personas asalariadas realizan 2,54 millones de horas extra que no se pagan ni se compensan con descanso, un volumen equivalente a la creación de 68.000 empleos a jornada completa y que supone un coste de 3.378 millones de euros anuales. El dato es demoledor si además tenemos en cuenta que en España hay 2,3 millones de parados, según datos de julio.

En trabajos como la hostelería, con jornadas largas y un considerable desgaste físico, la cuestión cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que, según CCOO, los trabajadores de este sector realizan una media de 7,5 horas extraordinarias semanales no compensadas, un dato por encima de la media nacional (5,8 horas). El comercio, otro sector con un pico de actividad en verano, también está entre las ramas profesionales donde más se alarga de forma invisible la jornada: un 8,5% de las horas trabajadas de más no se compensan de ninguna forma.

“En la hostelería se ha normalizado la idea de que ‘sabes cuándo entras, pero no cuándo sales’. Los propios turnos ya incorporan un exceso implícito de jornada, la prolongación de los cierres de servicio no se compensa y no se respetan las condiciones pactadas en convenio”, explica a infoLibre Paco Galván, responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO. De hecho, señala que en época estival este problema se agrava: “En un país que ocupa las primeras posiciones mundiales en recepción de turistas y donde la actividad aumenta durante el verano, la realización de horas extras crece hasta el punto de que en la mayoría de los establecimientos se entienda como una práctica habitual”, concluye.

“En mi caso, no me importa tanto porque lo entiendo como un trabajo de paso, pero no me plantearía dedicarme a esto”, explica Aurora a infoLibre. La joven, de 27 años, prefiere no dar su nombre porque “aunque es un secreto a voces” –algo que corrobora Galván– puede suponerle un problema.

Sobre las causas, el delegado sindical alude a un modelo laboral que no se termina de ajustar a las cargas de trabajo que impone el sector: “Las plantillas no están dimensionadas en función del volumen de actividad necesario. Existe un abuso de la pseudocontratación parcial que afecta en gran medida a mujeres, jóvenes y personas migrantes, que han de alargar sus jornadas de forma habitual para poder finalizar los servicios”.

Otro grupo profesional que vive en los meses estivales un fuerte pico de actividad es el comercio. “El verano intensifica la presión sobre las plantillas, sobre todo en zonas de alta afluencia turística. Durante estas temporadas, las empresas aplican estrategias de ‘flexibilidad interna’ basadas en modificaciones de horarios a la carta y en la ausencia de conciliación, eliminando descansos a cambio de una disponibilidad total”, explica a infoLibre Eugenio Gámez, de la secretaría sectorial de comercio de CCOO. Gámez enumera mensajes como “debes acabar la tarea antes de marcharte” o “debes entrar antes para tenerlo listo”, que se transmiten a las plantillas y que en su opinión ahondan en la precarización en un periodo donde, precisamente, “el trabajo debería estar mejor planificado y mejor retribuido”, concluye.

Si atendemos a los datos de la Federación de Servicios de CCOO, el número de horas extras no pagadas realizadas semanalmente en el conjunto de este sector es de 243.917. “Las empresas que emplean estas prácticas lo convierten en una forma de adoctrinamiento. Se normaliza la extensión de la jornada por 'vocación' o ante la posible promoción dentro de la 'carrera profesional', cuando lo que realmente se produce es el impago del salario correspondiente y, por tanto, de su cotización”, protesta Gámez.

Además del coste que implican las horas de trabajo invisibles para los trabajadores, las estimaciones se traducen en datos económicos. “Las horas extras no pagadas en hostelería evidencian una situación de explotación laboral y fraude social a través de menores ingresos públicos en cotizaciones, IRPF e impuestos no pagados vinculados a los salarios no abonados”, protesta el representante de los trabajadores de la hostelería. “Esto hace que sí nos tengamos que plantear hablar de un término tan de moda en la actualidad como es el absentismo, pero en este caso de ‘absentismo patronal’”, concluye.

Tanto en el ámbito de bares y restaurantes como en el comercial, los dos representantes coinciden en que el problema es un modelo laboral instalado en dinámicas perniciosas. "Cuando estas horas se realizan de forma habitual, continuada y sin planificación, resulta evidente que deberían haberse consolidado como jornada ordinaria", protesta Gámez. O en su defecto, haberse traducido en un refuerzo de plantilla, pero no ha sido así.

A lo largo de este año, el Ministerio de Trabajo ha tratado de legislar en torno al registro de la jornada laboral para tratar de sacar a flote todas las horas extra que no se compensan; sin embargo, la propuesta permanece atascada. El ministerio que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz lleva meses tratando de que se aplique un registro horario digital e interoperable, al que tenga acceso directo Inspección de Trabajo, pero la propuesta no encuentra el camino para su aplicación.

Mientras tanto, los representantes de los trabajadores apuntan que la atención mediática sobre este hecho ha tenido cierta incidencia y la tendencia se ha corregido ligeramente. "En 2025 se observa una leve corrección, con una ligera reducción de las horas extraordinarias totales en el sector, pero el problema sigue siendo estructural. Las empresas han pasado de un modelo de 'horas extras masivas' a otro de 'adoctrinamiento disciplinar', basado en la parcialidad y en una disponibilidad y flexibilidad total 24/7", concluye el responsable de comercio.

Con la creciente centralidad de la competencia geopolítica, el concepto de seguridad se ha asentado como una dimensión transversal en la gran mayoría de las políticas de la Unión Europea. Esta lógica también ha alcanzado la esfera económica. El término "seguridad económica" ocupa ya un lugar central en el debate comunitario, desde la Estrategia de Seguridad Económica presentada por la Comisión Europea en 2023 hasta el informe Draghi sobre competitividad.

A diferencia de la competencia geopolítica de la Guerra Fría, que operaba entre bloques relativamente estancos con reducida relación comercial, esta nueva etapa de rivalidad se despliega en un contexto de economía globalizada, sustentada en densas y complejas redes de interdependencia. El resurgir de los intereses nacionales por encima de las estructuras multilaterales está configurando un mundo caracterizado cada vez más por la confrontación económica, la coerción y la instrumentalización de las dependencias. Todo ello ha expuesto las profundas vulnerabilidades que padece la UE y que amenazan directamente al proyecto comunitario.

Por ello, hoy resulta insuficiente definir la seguridad desde un prisma únicamente militar. Hace falta adoptar una visión integral que conciba la seguridad como algo transversal, que se juega simultáneamente en el terreno de la defensa, la energía, la industria, las cadenas de valor y la tecnología. Lo que durante décadas se trató como política comercial, con la eficiencia y la obtención de crecientes beneficios como principales objetivos, se ha convertido, nos guste o no, en política de seguridad.

La inserción de este enfoque en la esfera económica suele generar recelo, sobre todo entre los sectores más liberales, que continúan concibiendo el libre mercado como un bien en sí mismo. Sin embargo, este recelo suele ir asociado al error de hacer equivaler seguridad económica con oposición al mercado global. Nada más lejos de la realidad.

La madurez de la UE exige reconocer los beneficios del libre mercado y de la interdependencia económica, pero también asumir que este esquema, en un contexto de rivalidad geopolítica, puede generar vulnerabilidades que rivales sistémicos u otros países, incluso socios, pueden explotar. Lo vemos con ejemplos recientes como la utilización del gas como herramienta de presión por parte de Rusia tras la invasión de Ucrania, las restricciones a la exportación de materias primas críticas impuestas por Pekín como represalia geopolítica, y las estrategias comerciales coercitivas de la administración Trump.

La solución, evidentemente, no pasa por la autarquía. Para una economía abierta como la europea, integrada en cadenas de valor globales de las que depende el bienestar de sus ciudadanos, esa salida no es viable ni deseable. Los costes serían inasumibles. La seguridad económica consiste en evitar la ingenuidad respecto a quién tiene la capacidad de estrangular suministros críticos y actuar en consecuencia, no en levantar muros.

¿Qué implica, entonces, la seguridad económica en tiempos de interdependencia? Implica, en primer lugar, mantener la apertura comercial, pero incorporando las consideraciones de soberanía y resiliencia necesarias para asegurar que la UE pueda moldear su futuro en vez de limitarse a reaccionar ante shocks externos. En segundo lugar, implica asumir que no todas las relaciones comerciales ofrecen el mismo grado de fiabilidad, y que conviene distinguir entre dos tipos de afinidad con nuestros socios. La primera es funcional, es la que mantenemos con actores que comparten el interés en un mercado global, aunque no necesariamente nuestros principios políticos. La segunda es de valores y hace referencia a la que construimos con países comprometidos con las mismas estructuras democráticas y multilaterales. Ambas son necesarias, pero no son intercambiables, debido a que no se pueden depositar las mismas expectativas de fiabilidad y confianza en un socio funcional que en un aliado que comparte nuestros valores.

Pero el objetivo no es solamente reducir vulnerabilidades a través de la diversificación de socios fiables. Un elemento igualmente esencial de la seguridad económica es reforzar nuestra competitividad global y nuestra posición en las cadenas de valor más relevantes. En otras palabras, hay que hacerse imprescindibles en el entramado económico mundial. Un actor del que otros dependen tiene mucha más capacidad de disuasión y negociación que otro que simplemente ha diversificado sus proveedores, pero carece de relevancia en las estructuras de producción mundial. Europa ya cuenta con activos de este tipo como las máquinas de fotolitografía que emplean tecnologías de luz ultravioleta extrema, sin la cual Estados Unidos ni China pueden fabricar los semiconductores más avanzados.

Todo ello solo es posible a escala comunitaria. Los Estados miembros por sí solos carecen de la masa crítica necesaria para disuadir a terceros de guerras comerciales o presiones económicas. Una respuesta fragmentada a este nuevo contexto solo se traducirá en duplicidades e ineficiencias que acabarán por erosionar el mercado común europeo, que es, precisamente, el principal activo estratégico del bloque.

Esta nueva orientación de la política económica europea, pasando de una lógica basada en la eficiencia a otra diferente, que incluye también la seguridad, comportará costes a corto y medio plazo. Relocalizar industria crítica en la Unión Europea o en países afines, reducir importaciones de productos esenciales procedentes de actores no fiables, aunque los vendan más baratos, o construir capacidades propias en sectores estratégicos no saldrá barato.

No obstante, la alternativa es no hacer nada y esperar a que nadie explote nuestras vulnerabilidades. Esta posición resulta difícil de sostener cuando incluso el mayor aliado de la historia de la UE trata de obtener beneficios políticos coaccionándonos económicamente. Como todo, las posibilidades de que la Unión Europea sobreviva a un contexto tan competitivo pasan por asumir un papel proactivo que no nos deje desprotegidos ante factores externos. Pasan, en definitiva, por dejar de confundir apertura con indefensión.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

Donald Trump ha vuelto a colocar a España en el blanco de sus advertencias. Esta vez lo ha hecho acusando al país de ser una “causa perdida”, llamándolo “socio pésimo” y reclamando que se detenga el comercio. El ataque vuelve a partir del mismo punto de fricción que ya ha marcado otros choques con Madrid: el gasto en defensa y el papel de España dentro de la OTAN.

Pero este no es un episodio aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza a España como ejemplo negativo para presionar a sus aliados europeos y reforzar su discurso sobre quién cumple y quién no con sus exigencias militares. Su forma de actuar mezcla el reproche público, la amenaza económica y una puesta en escena pensada para elevar el coste político de la discrepancia.

Por ahora, muchas de esas advertencias hacen más ruido que daño. Algunas no llegan a materializarse, otras se diluyen en un pulso diplomático y varias funcionan más como instrumentos de presión que como decisiones con efectos inmediatos.

Desde que el mandatario republicano empezó su segunda andadura en la Casa Blanca, en enero de 2025, España ha estado en el objetivo de sus críticas, generalmente a consecuencia del gasto militar español. Al terminar el primer año de mandato, amagó con imponer aranceles y llegó a deslizar la idea de una expulsión de la OTAN. Este año 2026, la dinámica no ha cambiado y, a propósito de la guerra en Irán, el tono ha ido subiendo, aunque siempre con más ruido que medidas concretas. Este es un resumen de sus amenazas.

En una de sus primeras medidas y delirios, cuando el presidente republicano salió con un cuadro en la mano con los aranceles que iba a imponer a medio mundo, Trump ya situó a España en el punto de mira. En aquel momento, amenazó al Gobierno con "aranceles del 100%" al encuadrar por error a España dentro de los BRICS (un acrónimo formado con las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que plantearon una divisa global alternativa al dólar para negociar.

En el conflicto surgido entre Airbus y Boeing, el mandatario estadounidense sí impuso aranceles, pero no a España sino a productos europeos (la UE es un mercado único y no se pueden imponer aranceles a un miembro de forma aislada), lo que afectó de manera indirecta a las exportaciones españolas, como el aceite de oliva, el vino, las aceitunas o los productos agroalimentarios. En ese conflicto, que más tarde se resolvió con un acuerdo entre la UE y EEUU, se llegaron a imponer durante unas semanas unos aranceles del 25%.

Con motivo de las reuniones de la Alianza Atlántica, Trump siempre ha tenido palabras gruesas contra España. Hace poco más de un año, en 2025, en la reunión de la OTAN en La Haya, el presidente de Estados Unidos cargó desde el Air Force One —el avión presidencial— contra Sánchez por el gasto en defensa. “España es un problema, la OTAN está teniendo un problema con ellos, y eso es muy injusto para el resto de los socios”, aseveró.

Aunque llevaba meses lanzando advertencias, fue entonces cuando empezó a insistir con más fuerza en que España debía elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB. A su juicio, Madrid llevaba años aportando menos de lo que le correspondía: “España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran muy buenos negociadores, o no estaban haciendo lo correcto”, manifestó. También advirtió de que la Alianza tendría que “lidiar” con el Gobierno español por esta cuestión.

El Ejecutivo respondió exhibiendo una carta entre Pedro Sánchez y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la que defendía que España podía cumplir sus compromisos de capacidades militares con un gasto equivalente al 2,1% del PIB. Rutte, por su parte, consideraba que para alcanzar esos objetivos sería necesario llegar al 3,5%. La solución pactada fue dejar margen a España para estudiar su aportación y cumplir los compromisos sin asumir de entrada el objetivo del 5% reclamado por Trump.

Ya en la cumbre, el presidente estadounidense volvió a señalar a España. En sus redes sociales compartió un artículo de prensa en el que se afirmaba que “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”. Después insistió en que EEUU estaba cerca del billón de dólares en gasto militar y amenazó al Gobierno de Sánchez con “tener que pagar el doble” por no elevar su gasto al 5%. “Es el único país que no va a pagar la cantidad completa. Quieren quedarse en el 2%, creo que es terrible”, afirmó al anunciar que duplicaría los aranceles previstos para España. No pasó.

Ahora, en la última cumbre en Ankara (Turquía) El presidente volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a un Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España".

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró.

Horas más tarde, y ya de vuelta en el Air Force One, el presidente rebajó el tono con España y con los socios de la Alianza Atlántica al asegurar que hubo una "unidad tremenda" en la cumbre.

Trump reconoció desde el avión que "tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó el mandatario que no precisó qué importe era ni cuando se producirá. ¿Una nueva medida de presión para atacar a España en unos meses?

Después de amenazar con aranceles, Trump elevó aún más el tono y llegó a amenazar con la expulsión de España de la OTAN. “Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. “Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados”, insistió el mandatario, que seguía centrando sus críticas en la negativa española a elevar el gasto en defensa.

Trump defendía que a España le había ido bien "gracias a muchas cosas" que se habían hecho en el seno de la Alianza, por lo que no entendía que el Gobierno de Sánchez no asumiera el incremento del gasto militar que reclamaba.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también tuvo que escuchar sus reproches. Trump afirmó ante él que España no era “un compañero de equipo” y le pidió que hablara con Sánchez: “Con la excepción de España, todos están cumpliendo al 100%, y usted podría resolver el problema de España muy fácilmente. Creo que ya lo sabe”, le insistió.

Una vez más, proponía represalias para España así como la expulsión como solución última.

A principios de 2026, se comprometió a "hablar con España". Después de presentar en Davos la Junta de Paz, acompañado por su amigo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y por el ex primer ministro británico Tony Blair, presumió de haber “conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN” para subir el gasto en defensa. “Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España (...). Tendremos que hablar con España”, apuntó.

Durante esta segunda legislatura de Trump en la Casa Blanca, sus acusaciones contra España han girado en torno al comercio, los aranceles y la OTAN. En un encuentro con Volodímir Zelenski, aseguró que "estaba pensando en imponerles un castigo comercial [a España]". Una vez más, Trump utilizaba la amenaza comercial para castigar a un Gobierno al que consideraba "increíblemente irrespetuoso con la OTAN por no asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar".

La amenaza no tuvo efectos inmediatos. Bruselas recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea y que respondería “apropiadamente” ante cualquier medida contra un Estado miembro. Dos días después, Trump insistió en que España merecía una “reprimenda” por su posición, pero admitió que el asunto dependía de la OTAN y de Madrid. La presión quedó, una vez más, en palabras.

Otro de los focos de tensión fue el uso de las bases de Rota y Morón. Hasta la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), Trump criticó la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que EEUU utilizara esas instalaciones en suelo español para desplegar tropas y apoyar ataques contra Irán. La decisión de Moncloa irritó al presidente estadounidense, que volvió a endurecer su discurso contra España.

Trump amenazó, al igual que hizo en Ankara, con cortar las relaciones comerciales y llegó a sugerir que EEUU podría utilizar esas bases si quisiera. Moncloa mantuvo su posición y, semanas después, cerró también el espacio aéreo a todo avión estadounidense que participara en la guerra de Irán. La medida afectó a operaciones militares y abrió un nuevo frente diplomático con Washington.

La ajustada victoria de Trump en las elecciones de 2024 frente a Kamala Harris —49,91% frente al 48,43%— ya anticipaba una segunda etapa marcada por la polarización. También el final de su primer mandato, con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, había dejado claro que Estados Unidos seguía profundamente dividido.

Pese a todo, Trump volvió a la Casa Blanca, aunque su popularidad ha ido cayendo desde la toma de posesión. A aquella ceremonia acudió la plana mayor de Silicon Valley, y el presidente llegó a nombrar consejero a Elon Musk, que más tarde abandonaría el Gobierno.

La actuación del ICE, el secuestro y detención de Maduro, el bombardeo a narcolanchas, la guerra de Irán, sus intentos aún sin resultados para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, las amenazas arancelarias, sus bravuconadas sobre Groenlandia o las islas Chagos y su enriquecimiento a través de las criptomonedas no han pasado desapercibidos. Ni entre la opinión pública estadounidense ni entre una comunidad internacional cada vez más crítica con el presidente.

Las amenazas de Trump, tanto a España como a otros países, han funcionado a menudo como herramienta de negociación antes de acuerdos comerciales o diplomáticos. El patrón suele repetirse: lanzar advertencias contundentes para forzar cambios en negociaciones comerciales, militares o energéticas. En algunos casos lo ha conseguido. En otros, como con España o China —que respondió con más aranceles—, no.

Si nada se tuerce, que es mucho decir, todo parece indicar que a partir de este lunes 18 de mayo podremos pagar con Bizum en todo tipo de establecimientos comerciales conforme se vayan adhiriendo al servicio, ampliándose así las alternativas de las que disponemos los consumidores para pagar por nuestras compras en España.

En una anterior tribuna que titulé “Ni al pagar nos vamos a librar”, anhelaba y alentaba el despliegue de esto que parece que ya, por fin, al menos en España, sí. Así que me parece una noticia (muy) positiva, aunque pueda parecer irrelevante, que además de con dinero en efectivo y con tarjeta, podamos pronto también pagar con Bizum en todas partes.

Creo que no es irrelevante porque la dependencia inercial y autoimpuesta que asumimos en la eurozona durante las más de dos décadas de existencia de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) es, llegados a este punto, absurda. Que durante todo 2025 en la eurozona los pagos con tarjeta siguieran representando el 57% de todos los pagos digitales, y en España el 67% (¡dos de cada tres!) es resultado de no contar con una alternativa a las tarjetas con las que tantas cosas pagamos a diario. Tantas como los más de 9.700 millones de pagos con tarjeta realizados en los más de 2,8 millones de datáfonos solo en España, por más de 286.000 millones de euros, a razón de 29 euros de ticket promedio. Estos datos de pagos con tarjeta que traslado directamente de la web del Banco de España y que este informa al Banco Central Europeo, son proporcionados por Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S.A. (STMP), operador privado del sistema de pagos con tarjeta en España tras la fusión en 2018 de los tres sistemas existentes entonces (ServiRed, 4B y EURO 6000), del que son accionistas las entidades bancarias.

Al pago con tarjeta le seguían de lejos en 2025, por intensidad de uso, los pagos desde cuenta, tanto en modalidad transferencia (17%) —entre las que ya son mayoritarias las instantáneas como Bizum—, como en adeudos o domiciliaciones (12%).

Es maravilloso que Bizum fuera el medio por el que se ordenaron tres de cada cuatro transferencias instantáneas el año pasado en España, la mayor parte (dos de cada tres) para realizar pagos entre particulares, y casi uno de cada diez para pagos en comercio electrónico. Es maravilloso porque la estrategia de la Comisión Europea y del Eurosistema sobre pagos minoristas sitúa a los pagos desde cuenta en el centro de los objetivos de soberanía y autonomía estratégica de Europa. Dicho de otro modo: es maravilloso que la estrategia de canibalizar los pagos con tarjeta con un medio de pago 100% europeo pueda ser pronto una realidad en España.

“Hacer un Bizum” es posible desde 2016 para pequeños pagos entre amigos y familiares, un espacio hasta entonces cautivo del dinero en efectivo. A partir del 18 de mayo puede ayudarnos también a independizarnos de soluciones norteamericanas de las que no tenemos absolutamente ningún control ni garantía de permanencia del servicio cuando a Trump se le tuerza el gesto.

Y es que el amenazante Gobierno USA puede obligar, por ejemplo, a Visa y Mastercard, empresas norteamericanas, a denegar el servicio a personas como Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios Palestinos ocupados desde 1967, o a casi diez jueces y juezas de la Corte Penal Internacional que han participado en investigaciones contra sus ciudadanos o contra Israel por crímenes de guerra. Su inclusión como "Nacionales Especialmente Designados" o "SDN" en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU implica el bloqueo de sus activos en el país y la prohibición a cualquier persona estadounidense —como Visa o Mastercard— de tratar con ellas.

Por supuesto que pagar con tarjeta seguirá siendo imprescindible o más conveniente durante un tiempo en algunos casos de uso, como cuando paguemos fuera de la eurozona o cuando los turistas extracomunitarios, carentes de una cuenta de pago en la zona SEPA, nos visiten y paguen por sus compras y consumos aquí con sus tarjetas internacionales. Es interesante constatar, hablando de turismo, que dos tercios de las compras pagadas con tarjetas internacionales en España, según STMP, se concentran en cinco provincias: Barcelona (18,6%), Baleares (15,2%) y Madrid (14,4%), Málaga (8,3%) y Alicante (6,5%).

Para que realmente podamos celebrar la independencia europea de las tarjetas gringas son precisos, en mi opinión, cuatro elementos, y en este orden: 1. incentivos correctos; 2. pedagogía sin dejar a nadie fuera; 3. liderazgo de las administraciones públicas; y 4. alcance paneuropeo.

Sobre la importancia de los incentivos correctos, debe quedar claro que cualquiera de las opciones de cobro (efectivo, tarjetas y Bizum) supone un coste para el comercio: por la custodia, gestión, seguridad y fraude en el caso del dinero en efectivo; por el servicio de aceptación de opciones de pago digitales en el caso de las tarjetas y de Bizum. Las estadísticas del Banco de España sobre las tasas de descuento, que son las comisiones que de media pagan los comercios por cada euro de transacción capturada por sus datáfonos, informan de un promedio del 0,38% del importe de cada transacción, con un mínimo de 0,23% (superficies de alimentación) y un máximo de 0,92% para hoteles y transporte de viajeros. Y me llama la atención que las comisiones de las denominadas "Categorías de bajo importe" que agrupa categorías comerciales (excepto autopistas) cuyo importe medio de compras con tarjeta de pago no excede de 15 euros y cuyos precios, en general, están condicionados por un determinado marco regulatorio, como el transporte urbano, son las que soportan las comisiones que más crecen, junto con la categoría de “Caridad y solidaridad”. Y me surge la pregunta de por qué es cuatro veces más caro —para el punto de venta— cobrar con tarjeta un servicio de transporte público que una compra de alimentación en una gran superficie comercial. Este es el tipo de preguntas que creo que toca hacerse a la hora de diseñar las tarifas comerciales para los puntos de venta si queremos que pagar con Bizum prenda.

Sobre la inclusión y la pedagogía, no podemos permitirnos dejar abandonados colectivos cautivos del efectivo y las tarjetas como, por ejemplo, cuentas tuteladas o básicas que no dispongan de servicio Bizum, pero sí de tarjetas de prepago asociadas. Y no creo que deban escatimarse recursos en demostraciones, explicaciones, tutoriales, campañas informativas —también presenciales, por ejemplo, en los centros de mayores— para que la adopción sea un éxito, si es que se quiere que la adopción sea un éxito, claro.

Sobre el liderazgo de las administraciones públicas, creo que deben i) ser las primeras en universalizar el botón de pago con Bizum; ii) negociar “duro” con los prestadores del servicio de aceptación de pago con Bizum para que los incentivos sean correctos; y iii) garantizar que el pago con Bizum funcione como la seda, sin fricciones.

Sobre el alcance paneuropeo de la alternativa a las tarjetas basada en las transferencias instantáneas SEPA, ahora mismo son dos las iniciativas europeas las que afirman estar a tope tras sucesivos gatillazos desde el fallido Proyecto Monnet de 2012, y que solo tendrán sentido interconectadas. Una es el consorcio EuroPA (European Payments Alliance), inicialmente constituido por Italia, Portugal y España (con Bizum); el otro es EPI (European Payments Initiative) y su marca comercial Wero, desplegada en Francia, Alemania y Bélgica.

Estaré expectante a las novedades y a los logros, que seguro serán muchos y rápidos, para contarlos aquí.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Últimamente el comercio global se tropieza con la política internacional y las consecuencias se van trasladando de manera progresiva desde unos sectores a otros. El conflicto en Irán ha vuelto a poner en el centro las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, por las que se mueven dos tercios del comercio internacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea. Así, el cierre del Estrecho de Ormuz está incidiendo sobremanera en los precios de los combustibles y la energía, pero también en otros ámbitos comienzan a sentirse las consecuencias del conflicto y ven peligrar su abastecimiento de materias primas. Uno de ellos es el del aluminio, como lo son los fertilizantes, el helio o el cereal.

Un informe sectorial explica que el 22,9% de las importaciones españolas de aluminio primario proceden de nodos logísticos en el Golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar y Arabia Saudí) que han sido afectados bien por los bombardeos, bien por los bloqueos comerciales. A esto se suma, explica Gonzalo de Olabarria, secretario general de la Asociación Española del Aluminio (AEA), el embargo comercial que pesa sobre Rusia y que impide adquirir allí esta materia prima. “Con la suma de las interrupciones en estos dos mercados calculamos que puede estar comprometido hasta el 32% del suministro de aluminio en España”, recalca. En total, unas 218.000 toneladas, que suponen una “elevada exposición” del sector al devenir de la guerra. 

El freno a la producción de dos grandes industrias, una en Catar y otra en Bahréin, es lo que más preocupa ahora mismo. “La paralización de operaciones en Qatalum (Qatar), tras los ataques a infraestructuras de gas en Ras Laffan, y la declaración de fuerza mayor por parte de Aluminium Bahrain (ALBA) han retirado del mercado más de 2,3 millones de toneladas de capacidad de producción, más del doble de lo que toda la industria española transforma en un año”, explica la patronal en un informe. 

A nivel europeo, el 14% de las importaciones de aluminio procede del Golfo Pérsico, según un informe de la consultora financiera S&P Global. En esta región se genera un 23% de la producción primaria de aluminio del mundo y a Europa llegaron 1,4 millones de toneladas métricas en 2025, principalmente en forma de lingotes —que luego transforman las industrias—, barras de alambre, láminas y chatarra. 

La externalización de este tipo de industrias hacia otros países, explica Olabarria, tiene que ver con una forma de producir que exige grandes consumos de energía. “Hace 25 años en Europa se producía el 10% del aluminio mundial, pero en 20 años hemos perdido gran parte de la capacidad de producción, que se ha externalizado a otros países. El aluminio primario es intensivo en energía, por tanto, si los precios de la energía no son competitivos, las empresas deciden no producir en los países donde los precios son más altos”, explica Olabarria, que cifra la producción europea actual en el entorno de un 1% de toda la producción mundial.

Los bolsillos de los consumidores tampoco salen indemnes de estos movimientos tectónicos en las grandes cadenas de suministro. Aunque esto afecta primeramente a las industrias de ingeniería, construcción o reparto, el efecto termina llegando al producto final. "A nivel industrial estamos hablando de semiproductos —que luego terminan siendo partes de otros— pero que son clave, por ejemplo, para los paneles solares, la producción de cable, el transporte o las propias ventanas", enumera el secretario general.

Así, si el petróleo y la energía tienen un efecto transversal y casi inmediato —hemos visto la gasolina y el gasóleo subir casi a diario—, aquí opera algo más parecido a un efecto dominó. "El conflicto ha escalado a niveles superiores, aumentando el riesgo de que las disrupciones se extiendan más allá de la logística y las rutas de transporte hacia cierres reales de producción o daños en infraestructuras", señala Mathieu Racheter, analista del grupo financiero suizo Julius Baer. Algo que en su opinión hará que a corto plazo prevalezca una "elevada" incertidumbre en los mercados y, por tanto, en las empresas que dependen más de ellos.

Un reciente informe de Naciones Unidas titulado Las disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Implicaciones para el comercio global y el desarrollo, señalaba que, después del petróleo, el gas y sus derivados son los químicos, los contenedores y el grano seco los productos más frecuentes en esa ruta. Además, recoge que el tránsito a través del estrecho ha caído un 97% de media entre febrero y la primera semana de marzo. Por ejemplo, si el 27 de febrero atravesaron el estrecho 141 barcos, para el día 7 de marzo la cifra había bajado a cuatro.

Otra materia prima que está atascada en este conflicto son los fertilizantes, ya que un tercio del comercio marítimo mundial de este producto pasa por el estrecho. Unas 16 millones de toneladas, en su mayoría urea (67%) y fosfato diamónico (20%) que son componentes clave en la agricultura. En España, sectores como el del aceite avisaban la semana pasada de que "el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes" presionarían sobre los costes. "La guerra de Irán está provocando un aumento considerable del precio del gasóleo y de los fertilizantes, precisamente en plena época de preparación del olivar y de abonado", señalaba la patronal. Ante este escenario el Gobierno ha centrado una parte de su paquete de medidas en el sector, con descuentos en el gasóleo que también llegarán a los transportes.

En cuanto a los fertilizantes, "se han encarecido alrededor de un 25%, mientras que la urea, uno de los productos más utilizados en el abonado de cultivos, ha registrado una subida cercana al 30%, situándose actualmente en torno a los 600 euros por tonelada", apuntan desde la asociación de agricultores Asaja.

Otro producto que pierde flujo con el bloqueo es el helio, un gran desconocido que es clave para la fabricación de chips. Según apunta la agencia Bloomberg, la interrupción de la producción de gas natural licuado en Ras Laffan (Catar) ha dejado fuera de operación a cerca de un 30% del suministro global. El otro gran productor es Estados Unidos, pero consume una gran parte internamente. "El helio desempeña un papel esencial en múltiples sectores, con especial relevancia en la fabricación de semiconductores, donde se utiliza en enfriamiento de obleas, detección de fugas y procesos de grabado", explican los analistas.

Los cereales son otro punto sensible. Aunque no están tan expuestos como los derivados del petróleo o los fertilizantes, la especulación en los mercados que se deriva del conflicto ha hecho que su precios suba. En este caso, Irán es uno de los países importadores, principalmente desde Brasil, y ha suspendido todas las exportaciones de este producto por el momento, tal como explicaba el diario británico Financial Times. Además, este ámbito se cruza con el atasco en los fertilizantes, que corre el riesgo de mermar la producción. De hecho, los diez principales destinos de los fertilizantes que cruzan Ormuz son India, Estados Unidos, Turquía, Tailandia y, precisamente, Brasil, principal suministrador de trigo a Irán. Paradojas del comercio global.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes en un comunicado, informa EFE. 

"La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur", indicó el Ejecutivo comunitario.

Explicó que, con el envío de su "nota verbal" a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea ha dado el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo; Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos "desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión", recordó la Comisión, que agregó los sectores sensibles de la economía de la UE "están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".

El tejido industrial europeo se ha deteriorado en las últimas décadas. Dependemos en gran medida de China para la tecnología verde y de Estados Unidos para la defensa. La pandemia del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la guerra comercial que azota el tablero global y acontecimientos recientes como el cierre del estrecho de Ormuz han evidenciado la fragilidad de las cadenas de suministro europeas. Esta preocupación se refleja en las recientes propuestas europeas para acelerar la capacidad industrial en sectores prioritarios, como la denominada Industrial Accelerator Act.

En este contexto, el dinero público europeo no puede ir destinado a financiar dependencias críticas que limitan nuestra autonomía. Es una cuestión de seguridad. China ya tiene su plan Made in China 2025, Estados Unidos el Buy American y la Inflation Reduction Act. Sin embargo, Bruselas ha operado durante demasiado tiempo bajo una lógica de libre mercado global que hoy se está reconfigurando bajo el impacto de la competencia geopolítica.

En un escenario de competencia geoeconómica entre grandes potencias industriales, la UE debe empezar a tomar decisiones dirigidas a fortalecer la base industrial europea, especialmente en sectores estratégicos —desde la defensa y los semiconductores hasta las tecnologías limpias y digitales— donde la dependencia externa puede generar serias vulnerabilidades sistémicas.

En este sentido, el debate sobre cómo condicionar la contratación pública y las subvenciones a criterios de preferencia europea debería formar parte de la respuesta de Bruselas. Debemos impulsar sectores industriales propios que nutran nuestras áreas estratégicas, apuntalando aquellos ámbitos donde la Unión ya ostenta una ventaja competitiva, como la robótica avanzada, la industria aeroespacial o la biotecnología. No se trata de proteccionismo indiscriminado, sino de reducir, en la medida de lo posible, las dependencias críticas hoy usadas como armas coercitivas.

Sería irreal plantear que la UE produzca en masa teléfonos móviles y televisores a corto plazo, ya que no tenemos la base industrial para ello y las cadenas de valor de estos productos están altamente globalizadas. Ahora bien, Europa debe mantener y reforzar la industria que todavía tiene y que será esencial para asegurar la autonomía estratégica. En vez de adquirir de forma masiva sistemas de defensa antimisiles estadounidenses, la UE puede priorizar, siempre que resulte operativamente viable, el desarrollo y la adquisición de sistemas producidos en territorio europeo. En vez de importar tecnología limpia china sin ningún tipo de miramiento estratégico, los Estados miembros pueden optar por fortalecer sus propias bases industriales en este campo.

Priorizar proveedores europeos en sectores estratégicos cuando exista financiación pública de por medio no es incompatible con el fortalecimiento de nuestra competitividad ante Estados Unidos y China. De forma complementaria, Bruselas, guiada por el informe Draghi, debe continuar profundizando en la mejora de las condiciones para que las firmas europeas sean más competitivas a nivel global.

Además, esta estrategia debe acompañarse de una política activa de diversificación de socios comerciales y del refuerzo de los acuerdos con economías afines, para que la reducción de dependencias críticas no se traduzca en aislamiento, sino en una inserción internacional más equilibrada.

Pero el quid de la cuestión es cómo reducir vulnerabilidades y cómo encajar en un entorno marcado por la seguridad económica. Hoy en día, las interdependencias en las cadenas de valor globales son ineludibles. Aun así, a través del fortalecimiento del tejido industrial europeo, la Unión todavía puede aspirar a desempeñar un papel indispensable en las cadenas de valor globales.

La UE debe consolidar posiciones estructuralmente irremplazables en los sectores de mayor valor añadido, controlar tecnologías críticas y mantener capacidades manufactureras que otros actores no puedan sustituir fácilmente. El objetivo no es romper las relaciones de interdependencia con otros actores, algo irreal debido a la hiperconectividad comercial, sino aprender a gestionar estas relaciones mediante el fortalecimiento de la influencia de la industria europea en el comercio internacional. En un mundo de interdependencias inevitables, el reto no es aspirar a la autosuficiencia absoluta, sino reducir vulnerabilidades y aumentar nuestra capacidad de influencia.

Es verdad que no podemos pretender asumir la producción total, o casi total, de bienes estratégicos. Nuestro tejido productivo no está preparado para ello. Pero sí podemos lograr ser relevantes mediante el refuerzo gradual de nuestras capacidades industriales. El hecho de comprar europeo en sectores estratégicos no debe entenderse como un capricho proteccionista, sino como un medio para fortalecer la resiliencia económica. También puede servir para consolidar una base manufacturera propia y los empleos asociados, favorecer la coherencia climática y la protección de derechos sociales dentro del modelo europeo, así como contribuir a nivelar un terreno de juego hoy desigual. No se trata de cerrar la economía europea, sino de sostener una apertura respaldada por una base industrial sólida y menos vulnerable.

La respuesta seguramente llega tarde y no será gratuita. Reforzar la base industrial europea implicará inversión, coordinación y la inevitable asunción de costes políticos y económicos en el corto plazo. Pero en un entorno donde las dependencias se convierten en instrumentos de poder, la inacción sería aún más costosa.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, detenido ayer por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción, ha manifestado este sábado su "certeza de no haber cometido irregularidad alguna y, mucho menos, que esta tenga que ver con beneficio personal cualquiera" y se ofrece a colaborar con la justicia, según informa EFE.

En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, Baño asegura que es el "más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible" y se pone a disposición de la Justicia para que "podamos aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir, sin que, desde ningún punto de vista, pueda hacer nada más en estos momentos".

Finalmente, agradece "el trato recibido en todo momento por los efectivos de la Policía Nacional con los que se ha colaborado con total transparencia, facilitando toda la información requerida".

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante fue detenido ayer por la mañana, en su condición también de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), por la Policía Nacional en relación a un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

En paralelo al arresto de Carlos Baño y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la brigada judicial de la Policía Nacional de Alicante procedieron también ayer a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

Baño fue trasladado al mediodía a la Comisaria Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde fue interrogado y, asistido por su abogado Ignacio Gally, se acogió a su derecho a no declarar en unas diligencias declaradas secretas, y quedó en libertad con cargos.

En el comunicado que ha emitido este sábado, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante señala que el registro de la sede de Facpyme, de la que es presidente, por parte de miembros de la Policía Nacional parece ser que es "por una investigación en curso instada por la Fiscalía y declarada secreta, sobre la Campaña de Bonos Comercio".

Afirma asimismo que no prestó declaración en sede policial "al no conocer el contenido de la causa y de la acusación" y a instancia de su abogado.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que el Tratado sobre Gibraltar permitirá que el Campo de Gibraltar “se beneficie de mejores y mayores actividades económicas" en un enclave que calificó de "estratégico".

Montero ha realizado estas declaraciones tras reunirse en Algeciras (Cádiz) con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, que ha presentado un estudio de viabilidad para declarar a la comarca Zona Económica Especial, una iniciativa dirigida a la UE que ha recibido el apoyo de la ministra.

"Compartimos plenamente los objetivos que se plantean, el compromiso del Gobierno para estudiarla es total", ha dicho Montero, que ha agregado que el estudio y tramitación para conseguirlo será "un proceso largo", por lo que ha instado "a no perder un minuto y, en paralelo, aprovechar el Tratado de Gibraltar, que reconoce "de manera explícita" la necesidad de dotar a la comarca de mayor "dinamismo económico".

"Gibraltar y el Campo de Gibraltar conforman un enclave geoestratégico crítico, muy importante", ha resaltado la vicepresidenta, que ha añadido que el Gobierno siempre ha defendido que esa importancia "se traduzca en términos económicos".

Ha apostado así por lograr "mejores indicadores en un tiempo rápido que permitan superar los diferenciales que todavía existen a nivel social respecto a otros lugares de la península".

La ministra ha asegurado que "la prioridad número uno sigue siendo el desarrollo del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, sin duda beneficioso para toda Andalucía, y no solo para el Campo de Gibraltar", así como la implantación de unas condiciones "fiscales y económicas" que permitan a la comarca "competir en igualdad de condiciones con otras zonas".

Montero ha subrayado que el Tratado "dará seguridad a los trabajadores transfronterizos y traerá una armonización fiscal entre Gibraltar y la comarca".

"Una de las partes más complicadas del Tratado ha sido la introducción de un impuesto indirecto en Gibraltar muy similar al IVA, el diferencial más importante que teníamos. Esto se ha conseguido, así como medidas específicas sobre el tabaco", ha reseñado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sido detenido este viernes por la mañana por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia e incentivar la actividad del comercio local tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

Aunque es mayoritariamente conocido por encabezar la Cámara de Comercio, Baño ha sido detenido en su calidad de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

En paralelo al arresto y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la brigada judicial de la Policía Nacional proceden a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la citada patronal Facpyme.

Estaba previsto que Carlos Baño participara a las 11:30 horas de este viernes en la presentación ante los periodistas de un informe sectorial de turismo en la sede de la Cámara, pero el acto comenzó sin su presencia y sin que se diera cuenta de que había sido arrestado.

Fuentes del organismo cameral han informado a EFE de que la Policía Nacional no ha acudido a sus instalaciones para registro alguno y que carecen de noticias de lo sucedido.

Los bonos consumo sujetos a esta investigación se refieren a una de las medidas estrella del mandato de Carlos Mazón al frente de la Diputación de Alicante (2019-2023) con el doble objetivo de ayudar al comercio local y ayudar a las familias tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19.

De esta manera, la Diputación dirigió entre 2022 y 2024 unos 58 millones de euros a este programa mediante el que se subvencionaba el 50 por ciento de las compras de consumidores en establecimientos locales adheridos, mientras que el resto del importe era abonado por el cliente.

La investigación trata de dilucidar si Facpyme, presidida por Baño, se habría beneficiado económicamente al ejecutar las campañas a través de una sociedad instrumental.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dijo este viernes a un juez que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, que el Tribunal Supremo declaró ilegales, informa EFE.

"El CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026", informó Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la Oficina de CBP, en un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de EEUU.

El director ejecutivo extendió estas consideraciones a la orden del 5 de marzo, relacionada con el caso Atmus, sobre la batalla legal por el rembolso de los aranceles, en la que el juez también ordenó "liquidar" todas las operaciones de importación, no liquidadas y las ya liquidadas pero aún no definitivas, sin tener en cuenta los aranceles por emergencia de Trump.

El escrito de Brandon Lord se presentó antes de que el juez Richard Eaton diera inicio a una audiencia sobre el asunto de la devolución del dinero por los aranceles en Nueva York.

El Tribunal Supremo invalidó el pasado 20 de febrero los aranceles impuestos por Trump al considerar que excedió sus poderes al aplicar la ley de emergencia para declararlos.

Una mayoría del Alto Tribunal negó que el mandatario tuviera facultades para utilizar en tiempos de paz la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, en la que Trump había fundamentado su guerra comercial.

A raíz de este fallo, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU., que tiene la jurisdicción en este asunto, ordenó esta semana al Gobierno de Trump que no aplicara los aranceles impuestos por la IEEPA en los procesos aún abiertos y abrió la puerta a que se devolviera en los casos en los que ya se había cobrado.

El CBP cifra en aproximadamente 166.000 millones de dólares la cuantía recaudada por los aranceles impuestos por la ley de emergencia. Según dijo, en torno a 20,1 millones de operaciones de importación no estaban liquidadas a fecha de 4 de marzo.

Las relaciones diplomáticas entre Washington y Madrid no pasan por su mejor momento. A las tensiones habituales —por las presiones para que España aumente su gasto en defensa en la OTAN— se sumaba esta semana otro componente más. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negase a colaborar con Estados Unidos para que el ejército americano pudiese usar las bases de Rota y Morón en la operación para bombardear Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, enunció una de sus amenazas habituales: cortar “todas las relaciones comerciales con España”. Este jueves reiteró sus quejas con otras declaraciones públicas en las que señalaba que España no era "un jugador de equipo". "No vamos a serlo con ellos tampoco", concluía.

El órdago, que por el momento no se ha concretado en ninguna medida, tendría una difícil implementación teniendo en cuenta que las políticas de comercio exterior se negocian en bloque con la Unión Europea. Además, la interconexión de las cadenas comerciales entre países del mercado único haría que una hipotética sanción terminase por afectar a otros países europeos. De hecho, Bruselas señaló ayer que defendería a España en caso de que EEUU tomase represalias e insistía en que la política comercial era “común”, por lo que salvaguardarían “los intereses de la UE”, advirtió el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Pero hay una segunda posibilidad, y es que el entorno estadounidense se vuelva más hostil para las empresas españolas en lo relativo a realizar operaciones o acceder a contratos públicos. Constructoras como ACS, Sacyr o Ferrovial optan a un contrato público para construir una autopista en Carolina del Norte y el banco Santander también tiene en marcha una gran operación para adquirir una filial en EEUU. Además de eso, muchas cotizadas tienen allí un importante nicho de mercado.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha insistido a lo largo de la semana en que es importante mantener la calma. "Hay enormes intereses cruzados, de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas", declaraba este miércoles. "Hemos contactado a 1.600 empresas con intereses en EEUU para ayudarles", concluyó. Pero, ¿qué intereses hay en juego?

Josep Ragull, profesor de economía de OBS Business School, explica que para entender esta interconexión hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que vendemos a EEUU son semielaborados, es decir, piezas o productos que son parte de otros que se fabrican allí. "Si restringe o entorpece la entrada de empresas españolas, los fabricantes americanos tendrán que ir de nuevo al mercado, buscar otros proveedores y eso les va a salir más caro", explica. Además, puntualiza que muchas empresas españolas ya producen allí en grandes cantidades. "Es habitual que las empresas americanas, cuando ven que dependen mucho de socios externos, les pidan que tengan producción en Estados Unidos. Es el caso del sector farmacéutico y de empresas como Grifols", concluye.

A nivel global, España exportó en conjunto al país norteamericano por valor de 16.716 millones en 2025, un 8% menos que en el año anterior, y las importaciones alcanzaron los 30.174 millones, un 7% más. Es decir, compramos a EEUU más de lo que les vendemos. Así, el déficit comercial, como se denomina en la jerga técnica a la brecha entre importaciones y exportaciones, se situó en los 13.458,4 millones de euros. De hecho, la factura de la errática política arancelaria hizo que solo en la primera mitad de 2025 las exportaciones hacia Washington cayeran un 5,1%. "Estados Unidos no está entre nuestros mercados principales porque apenas representa el 4% del volumen de exportaciones. Aunque hay sectores, como el aceite o el farmacéutico, que pueden estar más expuestos", explica Ragull.

En un repaso por las grandes compañías que operan allí, hay desde grandes constructoras hasta bancos, compañías del sector alimentario y energéticas. Según una lista elaborada por la aseguradora pública Cesce en 2024, las empresas con mayor volumen de negocio en EEUU eran energéticas como Repsol, Endesa o Gas Natural. También, en el grupo de las textiles aparece Inditex (con una facturación de 15.000 millones) o El Corte Inglés. Más abajo hay otras conocidas como Airbus (supera los 3.600 millones), Santander Technology (1.700 millones), El Pozo Alimentación (con una cifra de negocio de 1.662 millones) o varias cooperativas de aceite de oliva como Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) o Cosur (con sede en Jaén y 876 millones). 

En enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, visitaba la Casa Blanca y lograba un acuerdo para invertir en Venezuela después de que Trump atacase el país sudamericano y encarcelase a su presidente, Nicolás Maduro. Imaz explicó en aquel momento que la empresa estaba preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y triplicar su producción hasta los 135.000 barriles diarios. De hecho, en sus cuentas anuales, la compañía señala que el grupo está compuesto por 630 sociedades con presencia en 30 países, “principalmente en España y Estados Unidos”. 

Otra gran cotizada que tiene operaciones en marcha en EEUU es el Banco Santander. La presidenta de la entidad, con 4,3 millones de clientes allí y la compra del banco estadounidense Webster Financial Corp por 10.300 millones de euros en marcha, ha llamado a la calma esta semana. “Estoy segura de que las relaciones volverán a ser excelentes muy pronto”, señalaba la presidenta desde Nueva York. Con la compra de esta filial, Estados Unidos se convertiría en el tercer mayor mercado para el Santander después de España y Reino Unido. 

La constructora ACS también tiene allí un bastión para su negocio. Estados Unidos y Canadá son los mayores mercados de la firma, aportando un 63% a la facturación de 2025. La filial estadounidense de la compañía, Turner, aportó al resultado de la compañía un 25,3% más que el año previo, con un beneficio de 857 millones. La compañía que preside Florentino Pérez está además postulándose junto con Ferrovial, Acciona y Sacyr para construir una autopista en Carolina del Norte, con un presupuesto de 2.700 millones. 

Estos son solo algunos ejemplos, aunque la lista es larga. En el sector farmacéutico, la cotizada catalana Grifols también posee en EEUU un mercado muy relevante, con más de 300 centros de donación de plasma y dos grandes plantas de fabricación, así como contratos con los programas federales de Medicare. También en defensa hay cierta exposición por el contrato para actualizar los sistemas de combate de varias fragatas españolas.

La tensión en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán duplicó los costes del transporte entre el Golfo Pérsico y Marruecos, además de aumentar los tiempos de tránsito y encarecer los envíos procedentes de China, según fuentes del sector consultadas por EFE.

El presidente de la Asociación Freight Forwarders de Marruecos (AFFM), Rachid Tahri, indicó este miércoles que a causa del conflicto actual se ha definido un sobrecoste de guerra adicional sobre los transportistas que oscila entre 3.000 dólares (2.500 euros) para un contenedor de 20 pies y 4.000 dólares (3.400 euros) para un contenedor de 40 pies.

Un contenedor de 20 pies entre Dubái y Casablanca costará ahora 6.000 dólares (unos 5.500 euros), explicó a EFE Tahri, quien precisó que la mitad del importe corresponde a una suerte de sobreseguro por la situación bélica en la zona.

Otro impacto está relacionado con los retrasos en las entregas, debido al aumento de los tiempos de tránsito, ya que las navieras se verán obligadas a rodear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.

Esta ruta añadirá varios días al trayecto y elevará los costes, lo que terminará afectando la disponibilidad de contenedores y obligará a los transportistas a reorganizar sus operaciones. "Se trata de un efecto en cascada", advirtió Tahri, quien prevé un nuevo aumento de los costes del transporte -que ya han subido con 700 dólares- y del suministro de bienes desde China, a raíz del cierre del Estrecho de Ormuz.

El impacto de la guerra ha sacudido el transporte marítimo de mercancías en todo el mundo. La naviera danesa Maersk anunció este miércoles, con efecto inmediato, la suspensión temporal del servicio en siete países de Oriente Medio.

La decisión afecta a Emiratos Árabes Unidos, Omán (excepto el puerto de Salalah), Irak, Kuwait, Catar, Baréin y los puertos saudíes de Dammam y Jubail, señaló Maersk en un comunicado, en el que informó de que hará excepciones con medicinas, productos alimenticios críticos y otros productos esenciales.

Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores en el mundo, ya había anunciado el pasado domingo, un día después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, la suspensión temporal de la circulación de sus buques por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo mundial, por el aumento de las tensiones en la zona.

La compañía ha reconfigurado además sus rutas tradicionales a través del estrecho de Bab el Mandeb, que da entrada al mar Rojo, y por el Canal de Suez, desviándolas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que implica circunnavegar todo el continente africano.

Las otras principales navieras dedicadas al transporte marítimo, como Mediterranean Shipping Company (MSC) y CMA CGM, han suspendido también en los últimos días la circulación por el estrecho de Ormuz.

El Gobierno de España ha respondido a las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, señalando que "si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU". Para valorar todo ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará este miércoles una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa a las 9 horas.

Además, aseguran que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro".

Así lo han indicado fuentes del Ejecutivo después de que Trump haya dicho durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca que cortaría todas las relaciones comerciales con España. Incluso, el mandatario ha sugerido un "embargo" contra el país después de que el Gobierno no permitiera a EEUU usar las bases de Morón y Rota para su ofensiva en Irán.

Moncloa no ha hecho referencia a la amenaza de Trump sobre el uso de las bases militares en España y ha recalcado que España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo.

De la misma forma, las fuentes citadas han subrayado que se trata de una potencia exportadora de la Unión Europea y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, con quien aseguran que se mantiene una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa.

En todo caso, explican que la voluntad del Gobierno es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional, ya que aseguran que lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado pidiendo a los aliados de España que respeten al país y ha acusado a Pedro Sánchez, de perjudicar los intereses del país.

"Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación", ha afirmado a través de X. Feijóo ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera "un terrible aliado" el que falla es él, algo que perjudica "los intereses de España".

España, ha afirmado Feijóo, es "un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente" y es "mucho más que su mal Gobierno".

El líder del PP ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera "un terrible aliado" el que falla es él, algo que perjudica "los intereses de España".

Según Feijóo, aunque "caben opiniones distintas" sobre la "crítica" situación internacional, lo que "ya no admite discusión" es que la política exterior del Gobierno es "una constante irresponsabilidad" y que "la frivolidad tiene consecuencias".

Por "intentar ganar unos votos", ha agregado, no se puede "poner en riesgo" la seguridad, la estabilidad y la posición de España en el mundo.

Cuando él llegue al Gobierno, ha prometido, España "volverá a ocupar su sitio" en Europa, en la OTAN y "en todas partes" y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha reaccionado a las amenazas de Trump, y ha asegurado que "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor". "Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", ha escrito en X.

Entrevistado en la Sexta, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar, ha hecho hincapié en que España es un país soberano que toma sus propias decisiones y así seguirá siendo, por lo que no permitirá el uso de las bases para atacar Irán, ni aumentará el gasto en Defensa.

"Basta de la política del matón y de la ley del más fuerte", ha escrito en otro mensaje en X la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid. A su juicio, en tiempos de retroceso global toca defender la soberanía y el respeto entre países, por lo que España "no va a ceder ante amenazas", y PP y Vox "tienen que dejar de ser lacayos del trumpismo y defender los intereses" del país.

En declaraciones tras asistir a un acto sobre entornos digitales, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que se sienten muy orgullosos de haber evitado el uso de las bases por parte de los aviones estadounidenses para "perpetrar una agresión imperialista" en otro país y ha reivindicado la soberanía española para tomar esas decisiones y decir "no a la guerra".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay, según informa EFE.

"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea.

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.

"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

Así, aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente" en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

El Ejecutivo comunitario puede proceder con la aplicación provisional sin la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

La UE sí ha puesto en marcha, por otro lado, salvaguardias para proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios locales o incrementos en las importaciones de productos sénsibles, un añadido que fue clave para convencer a países y eurodiputados reticentes al pacto por la presión del campo. Tras la ratificación de Uruguay y Argentina, Von der Leyen confió en que Brasil y Paraguay "sigan pronto su ejemplo".

"Y es una muy buena noticia. Porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico", declaró, un pacto que aseguró que "abre innumerables oportunidades, reduce miles de millones en aranceles, y permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados y escalas con las que antes solo podían soñar". Además, recalcó que también proporciona a Europa "una ventaja estratégica por ser la primera en actuar en un mundo de fuerte competencia y horizontes cortos".

Von der Leyen enfatizó que el acuerdo es "uno de los pactos comerciales más importantes de la primera mitad de este siglo", entre "socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas ofrece resultados positivos para todos". "Europa se está volviendo más fuerte y más independiente", avisó, y aventuró que las empresas, trabajadores y ciudadanos comunitarios "cosecharán los beneficios".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con subir los aranceles a los países que decidan "jugar" con el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes declarados por el mandatario bajo poderes de emergencia, en un duro revés a su política económica y que podría amenazar acuerdos bilaterales comerciales, informa EFE.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han 'estafado' a EEUU durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco", escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje de Trump es una continuación de sus duras críticas contra la mayoría del Tribunal Supremo, que determinó que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gravámenes "recíprocos" y de otra índole con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Esos aranceles supuestamente recíprocos llevaron a varios países a realizar acuerdos bilaterales con Washington para rebajar el aumento porcentual de las tasas impuestas a sus exportaciones, algo que ahora se enfrenta a un nuevo marco legal y posiblemente a porcentajes menores de los que pactaron.

La publicación del presidente estadounidense coincidió con la decisión este lunes del Parlamento Europeo de paralizar la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea y EEUU firmaron el pasado verano ante la incertidumbre generada por la sentencia del Supremo.

Poco después de darse a conocer la decisión el pasado viernes, el mandatario estadounidense insistió que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron "influenciados por intereses extranjeros" y aseguró que los países que "han estado estafando" a EEUU "durante años están eufóricos" tras el dictamen.

Aunque no ha quedado claro en la opinión del Supremo, esta decisión podría significar el reembolso de entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados por la Administración Trump con los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, que oscilan entre el 10% base hasta el 50%. En respuesta al fallo, Trump anunció un arancel global del 10%, que luego aumentó al 15%, bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso.

Importantes socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos la UE y China, tratan de buscar claridad sobre estos nuevos gravámenes y la vigencia de los pactos comerciales firmados con Washington.

En el caso del bloque europeo, una gran mayoría de sus productos han estado sujetos a un arancel del 15%, pero la UE no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0% -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.

Ahora, Bruselas quiere saber si el Gobierno estadounidense va a seguir cumpliendo su parte del trato o si los aranceles del 15% que ha anunciado Trump este fin de semana modifican lo acordado.

Pekín dijo este lunes que está "evaluando" el contenido y el impacto del fallo de la Corte Suprema estadounidense y reiteró su oposición a las medidas "unilaterales", al tiempo que criticó el "proteccionismo", a poco más de un mes de la visita de Trump a China, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá un arancel global del 10% tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de anular parcialmente los aranceles y apuntó que lo hará "dentro de tres días" y amparado en una ley de 1974, informa EFE.

“Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 (de la Ley de Comercio de 1974), además de los aranceles normales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras, para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”, declaró Trump.

La Ley de Comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15% durante períodos de 150 días.

Trump, que aseguró que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer aranceles, explicó que va a recurrir a tres leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, pero que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión del Supremo.

"Es un proceso un poco más largo. Intenté simplicar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo", aseguró en su comparecencia ante la prensa apenas tres horas después de que su medida estrella haya sido parcialmente anulada por el poder judicial estadounidense.

Además de la Ley de Comercio de 1974, también mencionó la Ley de Expansión Comercial de 1962, firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en plena Guerra Fría, y que le permitió ampliar la autoridad presidencial para negociar acuerdos comerciales y modificar aranceles.

También apeló a la Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930 (o Smoot-Hawley), una norma estadounidense aprobada el 17 de junio de 1930, que aumentó los aranceles de importación a niveles históricamente altos, con el propósito de proteger a las industrias y agricultores estadounidenses de la competencia extranjera.

El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial, ya que considera esos gravámenes un impuesto y por lo tanto requieren de la aprobación del Congreso.

El presidente, visiblemente contrariado por la decisión judicial, aseguró que "la Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular de los aranceles de la IEEPA".

"Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, imponer un embargo total, pero no puedo cobrarle a nadie ni un dólar por ello. Es ridículo, pero no importa, porque tenemos otras maneras, muchas otras maneras", concluyó Trump.

Los eurodiputados a cargo del pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos acordaron este miércoles una cláusula para suspenderlo si el presidente estadounidense, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia, informa EFE.

De esta forma, se pusieron de acuerdo para avanzar en la ratificación del pacto, al que también quieren añadirle una cláusula de extinción en marzo de 2028 y un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington para reducir aranceles a derivados de acero y aluminio.

Esto significa que el acuerdo UE-EEUU, cerrado en el verano de 2025 para evitar la escalada arancelaria entre ambos, podrá votarse en la comisión de Comercio del Parlamento Europeo el próximo 24 de febrero y en el pleno de la Eurocámara en marzo para posteriormente negociar el diseño final con los países de la Unión Europea.

Entre los términos acordados figura la opción de que Bruselas revise el acuerdo en su conjunto si la administración Trump no reduce los aranceles a productos derivados del acero desde el 50% actual al 15%, base que cubre la mayoría de los productos europeos que se exportan a Estados Unidos.

Si el acuerdo se implementa en los términos acordados el pasado verano, los mismos productos estadounidenses entrarían en la UE libres de aranceles, al igual que lo harían todos los bienes industriales.

"Tenemos esta propuesta de compromiso como señal de buena voluntad, pero si EEUU no reduce los aranceles para estos más de 400 productos en seis meses restableceremos nuestros aranceles (del 10%) automáticamente", señaló el negociador jefe del Parlamento Europeo para este acuerdo, el socialdemócrata Bernd Lange.

Por otro lado, el Parlamento Europeo apuesta por que el acuerdo "caduque" de manera automática en marzo de 2028, momento en el que Bruselas y Washington tendrían que renegociarlo. También la negociadora popular, la croata Željana Zovko, subrayó que el acuerdo es "equilibrado y mira hacia delante", y asegura que los intercambios de la Unión Europea con su socio comercial más relevante "pueden continuar".

El acuerdo llevaba semanas en la cuerda floja por la falta de consenso en el Parlamento Europeo sobre cómo incluir este tipo de salvaguardias después de las amenazas sobre la soberanía de Dinamarca y Groenlandia de Trump a comienzos de 2026, pero finalmente ha salido adelante con una amplia mayoría de populares, socialdemócratas, liberales y verdes.

Tras el voto en pleno en marzo, la Eurocámara deberá pactar la forma final del acuerdo con los países de la Unión Europea, que acordaron su posición negociadora antes de los anuncios de Trump sobre Groenlandia y no incluyeron este tipo de cláusulas.