Si nada se tuerce, que es mucho decir, todo parece indicar que a partir de este lunes 18 de mayo podremos pagar con Bizum en todo tipo de establecimientos comerciales conforme se vayan adhiriendo al servicio, ampliándose así las alternativas de las que disponemos los consumidores para pagar por nuestras compras en España.

En una anterior tribuna que titulé “Ni al pagar nos vamos a librar”, anhelaba y alentaba el despliegue de esto que parece que ya, por fin, al menos en España, sí. Así que me parece una noticia (muy) positiva, aunque pueda parecer irrelevante, que además de con dinero en efectivo y con tarjeta, podamos pronto también pagar con Bizum en todas partes.

Creo que no es irrelevante porque la dependencia inercial y autoimpuesta que asumimos en la eurozona durante las más de dos décadas de existencia de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) es, llegados a este punto, absurda. Que durante todo 2025 en la eurozona los pagos con tarjeta siguieran representando el 57% de todos los pagos digitales, y en España el 67% (¡dos de cada tres!) es resultado de no contar con una alternativa a las tarjetas con las que tantas cosas pagamos a diario. Tantas como los más de 9.700 millones de pagos con tarjeta realizados en los más de 2,8 millones de datáfonos solo en España, por más de 286.000 millones de euros, a razón de 29 euros de ticket promedio. Estos datos de pagos con tarjeta que traslado directamente de la web del Banco de España y que este informa al Banco Central Europeo, son proporcionados por Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S.A. (STMP), operador privado del sistema de pagos con tarjeta en España tras la fusión en 2018 de los tres sistemas existentes entonces (ServiRed, 4B y EURO 6000), del que son accionistas las entidades bancarias.

Al pago con tarjeta le seguían de lejos en 2025, por intensidad de uso, los pagos desde cuenta, tanto en modalidad transferencia (17%) —entre las que ya son mayoritarias las instantáneas como Bizum—, como en adeudos o domiciliaciones (12%).

Es maravilloso que Bizum fuera el medio por el que se ordenaron tres de cada cuatro transferencias instantáneas el año pasado en España, la mayor parte (dos de cada tres) para realizar pagos entre particulares, y casi uno de cada diez para pagos en comercio electrónico. Es maravilloso porque la estrategia de la Comisión Europea y del Eurosistema sobre pagos minoristas sitúa a los pagos desde cuenta en el centro de los objetivos de soberanía y autonomía estratégica de Europa. Dicho de otro modo: es maravilloso que la estrategia de canibalizar los pagos con tarjeta con un medio de pago 100% europeo pueda ser pronto una realidad en España.

“Hacer un Bizum” es posible desde 2016 para pequeños pagos entre amigos y familiares, un espacio hasta entonces cautivo del dinero en efectivo. A partir del 18 de mayo puede ayudarnos también a independizarnos de soluciones norteamericanas de las que no tenemos absolutamente ningún control ni garantía de permanencia del servicio cuando a Trump se le tuerza el gesto.

Y es que el amenazante Gobierno USA puede obligar, por ejemplo, a Visa y Mastercard, empresas norteamericanas, a denegar el servicio a personas como Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios Palestinos ocupados desde 1967, o a casi diez jueces y juezas de la Corte Penal Internacional que han participado en investigaciones contra sus ciudadanos o contra Israel por crímenes de guerra. Su inclusión como "Nacionales Especialmente Designados" o "SDN" en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU implica el bloqueo de sus activos en el país y la prohibición a cualquier persona estadounidense —como Visa o Mastercard— de tratar con ellas.

Por supuesto que pagar con tarjeta seguirá siendo imprescindible o más conveniente durante un tiempo en algunos casos de uso, como cuando paguemos fuera de la eurozona o cuando los turistas extracomunitarios, carentes de una cuenta de pago en la zona SEPA, nos visiten y paguen por sus compras y consumos aquí con sus tarjetas internacionales. Es interesante constatar, hablando de turismo, que dos tercios de las compras pagadas con tarjetas internacionales en España, según STMP, se concentran en cinco provincias: Barcelona (18,6%), Baleares (15,2%) y Madrid (14,4%), Málaga (8,3%) y Alicante (6,5%).

Para que realmente podamos celebrar la independencia europea de las tarjetas gringas son precisos, en mi opinión, cuatro elementos, y en este orden: 1. incentivos correctos; 2. pedagogía sin dejar a nadie fuera; 3. liderazgo de las administraciones públicas; y 4. alcance paneuropeo.

Sobre la importancia de los incentivos correctos, debe quedar claro que cualquiera de las opciones de cobro (efectivo, tarjetas y Bizum) supone un coste para el comercio: por la custodia, gestión, seguridad y fraude en el caso del dinero en efectivo; por el servicio de aceptación de opciones de pago digitales en el caso de las tarjetas y de Bizum. Las estadísticas del Banco de España sobre las tasas de descuento, que son las comisiones que de media pagan los comercios por cada euro de transacción capturada por sus datáfonos, informan de un promedio del 0,38% del importe de cada transacción, con un mínimo de 0,23% (superficies de alimentación) y un máximo de 0,92% para hoteles y transporte de viajeros. Y me llama la atención que las comisiones de las denominadas "Categorías de bajo importe" que agrupa categorías comerciales (excepto autopistas) cuyo importe medio de compras con tarjeta de pago no excede de 15 euros y cuyos precios, en general, están condicionados por un determinado marco regulatorio, como el transporte urbano, son las que soportan las comisiones que más crecen, junto con la categoría de “Caridad y solidaridad”. Y me surge la pregunta de por qué es cuatro veces más caro —para el punto de venta— cobrar con tarjeta un servicio de transporte público que una compra de alimentación en una gran superficie comercial. Este es el tipo de preguntas que creo que toca hacerse a la hora de diseñar las tarifas comerciales para los puntos de venta si queremos que pagar con Bizum prenda.

Sobre la inclusión y la pedagogía, no podemos permitirnos dejar abandonados colectivos cautivos del efectivo y las tarjetas como, por ejemplo, cuentas tuteladas o básicas que no dispongan de servicio Bizum, pero sí de tarjetas de prepago asociadas. Y no creo que deban escatimarse recursos en demostraciones, explicaciones, tutoriales, campañas informativas —también presenciales, por ejemplo, en los centros de mayores— para que la adopción sea un éxito, si es que se quiere que la adopción sea un éxito, claro.

Sobre el liderazgo de las administraciones públicas, creo que deben i) ser las primeras en universalizar el botón de pago con Bizum; ii) negociar “duro” con los prestadores del servicio de aceptación de pago con Bizum para que los incentivos sean correctos; y iii) garantizar que el pago con Bizum funcione como la seda, sin fricciones.

Sobre el alcance paneuropeo de la alternativa a las tarjetas basada en las transferencias instantáneas SEPA, ahora mismo son dos las iniciativas europeas las que afirman estar a tope tras sucesivos gatillazos desde el fallido Proyecto Monnet de 2012, y que solo tendrán sentido interconectadas. Una es el consorcio EuroPA (European Payments Alliance), inicialmente constituido por Italia, Portugal y España (con Bizum); el otro es EPI (European Payments Initiative) y su marca comercial Wero, desplegada en Francia, Alemania y Bélgica.

Estaré expectante a las novedades y a los logros, que seguro serán muchos y rápidos, para contarlos aquí.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Últimamente el comercio global se tropieza con la política internacional y las consecuencias se van trasladando de manera progresiva desde unos sectores a otros. El conflicto en Irán ha vuelto a poner en el centro las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, por las que se mueven dos tercios del comercio internacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea. Así, el cierre del Estrecho de Ormuz está incidiendo sobremanera en los precios de los combustibles y la energía, pero también en otros ámbitos comienzan a sentirse las consecuencias del conflicto y ven peligrar su abastecimiento de materias primas. Uno de ellos es el del aluminio, como lo son los fertilizantes, el helio o el cereal.

Un informe sectorial explica que el 22,9% de las importaciones españolas de aluminio primario proceden de nodos logísticos en el Golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar y Arabia Saudí) que han sido afectados bien por los bombardeos, bien por los bloqueos comerciales. A esto se suma, explica Gonzalo de Olabarria, secretario general de la Asociación Española del Aluminio (AEA), el embargo comercial que pesa sobre Rusia y que impide adquirir allí esta materia prima. “Con la suma de las interrupciones en estos dos mercados calculamos que puede estar comprometido hasta el 32% del suministro de aluminio en España”, recalca. En total, unas 218.000 toneladas, que suponen una “elevada exposición” del sector al devenir de la guerra. 

El freno a la producción de dos grandes industrias, una en Catar y otra en Bahréin, es lo que más preocupa ahora mismo. “La paralización de operaciones en Qatalum (Qatar), tras los ataques a infraestructuras de gas en Ras Laffan, y la declaración de fuerza mayor por parte de Aluminium Bahrain (ALBA) han retirado del mercado más de 2,3 millones de toneladas de capacidad de producción, más del doble de lo que toda la industria española transforma en un año”, explica la patronal en un informe. 

A nivel europeo, el 14% de las importaciones de aluminio procede del Golfo Pérsico, según un informe de la consultora financiera S&P Global. En esta región se genera un 23% de la producción primaria de aluminio del mundo y a Europa llegaron 1,4 millones de toneladas métricas en 2025, principalmente en forma de lingotes —que luego transforman las industrias—, barras de alambre, láminas y chatarra. 

La externalización de este tipo de industrias hacia otros países, explica Olabarria, tiene que ver con una forma de producir que exige grandes consumos de energía. “Hace 25 años en Europa se producía el 10% del aluminio mundial, pero en 20 años hemos perdido gran parte de la capacidad de producción, que se ha externalizado a otros países. El aluminio primario es intensivo en energía, por tanto, si los precios de la energía no son competitivos, las empresas deciden no producir en los países donde los precios son más altos”, explica Olabarria, que cifra la producción europea actual en el entorno de un 1% de toda la producción mundial.

Los bolsillos de los consumidores tampoco salen indemnes de estos movimientos tectónicos en las grandes cadenas de suministro. Aunque esto afecta primeramente a las industrias de ingeniería, construcción o reparto, el efecto termina llegando al producto final. "A nivel industrial estamos hablando de semiproductos —que luego terminan siendo partes de otros— pero que son clave, por ejemplo, para los paneles solares, la producción de cable, el transporte o las propias ventanas", enumera el secretario general.

Así, si el petróleo y la energía tienen un efecto transversal y casi inmediato —hemos visto la gasolina y el gasóleo subir casi a diario—, aquí opera algo más parecido a un efecto dominó. "El conflicto ha escalado a niveles superiores, aumentando el riesgo de que las disrupciones se extiendan más allá de la logística y las rutas de transporte hacia cierres reales de producción o daños en infraestructuras", señala Mathieu Racheter, analista del grupo financiero suizo Julius Baer. Algo que en su opinión hará que a corto plazo prevalezca una "elevada" incertidumbre en los mercados y, por tanto, en las empresas que dependen más de ellos.

Un reciente informe de Naciones Unidas titulado Las disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Implicaciones para el comercio global y el desarrollo, señalaba que, después del petróleo, el gas y sus derivados son los químicos, los contenedores y el grano seco los productos más frecuentes en esa ruta. Además, recoge que el tránsito a través del estrecho ha caído un 97% de media entre febrero y la primera semana de marzo. Por ejemplo, si el 27 de febrero atravesaron el estrecho 141 barcos, para el día 7 de marzo la cifra había bajado a cuatro.

Otra materia prima que está atascada en este conflicto son los fertilizantes, ya que un tercio del comercio marítimo mundial de este producto pasa por el estrecho. Unas 16 millones de toneladas, en su mayoría urea (67%) y fosfato diamónico (20%) que son componentes clave en la agricultura. En España, sectores como el del aceite avisaban la semana pasada de que "el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes" presionarían sobre los costes. "La guerra de Irán está provocando un aumento considerable del precio del gasóleo y de los fertilizantes, precisamente en plena época de preparación del olivar y de abonado", señalaba la patronal. Ante este escenario el Gobierno ha centrado una parte de su paquete de medidas en el sector, con descuentos en el gasóleo que también llegarán a los transportes.

En cuanto a los fertilizantes, "se han encarecido alrededor de un 25%, mientras que la urea, uno de los productos más utilizados en el abonado de cultivos, ha registrado una subida cercana al 30%, situándose actualmente en torno a los 600 euros por tonelada", apuntan desde la asociación de agricultores Asaja.

Otro producto que pierde flujo con el bloqueo es el helio, un gran desconocido que es clave para la fabricación de chips. Según apunta la agencia Bloomberg, la interrupción de la producción de gas natural licuado en Ras Laffan (Catar) ha dejado fuera de operación a cerca de un 30% del suministro global. El otro gran productor es Estados Unidos, pero consume una gran parte internamente. "El helio desempeña un papel esencial en múltiples sectores, con especial relevancia en la fabricación de semiconductores, donde se utiliza en enfriamiento de obleas, detección de fugas y procesos de grabado", explican los analistas.

Los cereales son otro punto sensible. Aunque no están tan expuestos como los derivados del petróleo o los fertilizantes, la especulación en los mercados que se deriva del conflicto ha hecho que su precios suba. En este caso, Irán es uno de los países importadores, principalmente desde Brasil, y ha suspendido todas las exportaciones de este producto por el momento, tal como explicaba el diario británico Financial Times. Además, este ámbito se cruza con el atasco en los fertilizantes, que corre el riesgo de mermar la producción. De hecho, los diez principales destinos de los fertilizantes que cruzan Ormuz son India, Estados Unidos, Turquía, Tailandia y, precisamente, Brasil, principal suministrador de trigo a Irán. Paradojas del comercio global.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes en un comunicado, informa EFE. 

"La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur", indicó el Ejecutivo comunitario.

Explicó que, con el envío de su "nota verbal" a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea ha dado el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo; Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos "desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión", recordó la Comisión, que agregó los sectores sensibles de la economía de la UE "están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".

El tejido industrial europeo se ha deteriorado en las últimas décadas. Dependemos en gran medida de China para la tecnología verde y de Estados Unidos para la defensa. La pandemia del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la guerra comercial que azota el tablero global y acontecimientos recientes como el cierre del estrecho de Ormuz han evidenciado la fragilidad de las cadenas de suministro europeas. Esta preocupación se refleja en las recientes propuestas europeas para acelerar la capacidad industrial en sectores prioritarios, como la denominada Industrial Accelerator Act.

En este contexto, el dinero público europeo no puede ir destinado a financiar dependencias críticas que limitan nuestra autonomía. Es una cuestión de seguridad. China ya tiene su plan Made in China 2025, Estados Unidos el Buy American y la Inflation Reduction Act. Sin embargo, Bruselas ha operado durante demasiado tiempo bajo una lógica de libre mercado global que hoy se está reconfigurando bajo el impacto de la competencia geopolítica.

En un escenario de competencia geoeconómica entre grandes potencias industriales, la UE debe empezar a tomar decisiones dirigidas a fortalecer la base industrial europea, especialmente en sectores estratégicos —desde la defensa y los semiconductores hasta las tecnologías limpias y digitales— donde la dependencia externa puede generar serias vulnerabilidades sistémicas.

En este sentido, el debate sobre cómo condicionar la contratación pública y las subvenciones a criterios de preferencia europea debería formar parte de la respuesta de Bruselas. Debemos impulsar sectores industriales propios que nutran nuestras áreas estratégicas, apuntalando aquellos ámbitos donde la Unión ya ostenta una ventaja competitiva, como la robótica avanzada, la industria aeroespacial o la biotecnología. No se trata de proteccionismo indiscriminado, sino de reducir, en la medida de lo posible, las dependencias críticas hoy usadas como armas coercitivas.

Sería irreal plantear que la UE produzca en masa teléfonos móviles y televisores a corto plazo, ya que no tenemos la base industrial para ello y las cadenas de valor de estos productos están altamente globalizadas. Ahora bien, Europa debe mantener y reforzar la industria que todavía tiene y que será esencial para asegurar la autonomía estratégica. En vez de adquirir de forma masiva sistemas de defensa antimisiles estadounidenses, la UE puede priorizar, siempre que resulte operativamente viable, el desarrollo y la adquisición de sistemas producidos en territorio europeo. En vez de importar tecnología limpia china sin ningún tipo de miramiento estratégico, los Estados miembros pueden optar por fortalecer sus propias bases industriales en este campo.

Priorizar proveedores europeos en sectores estratégicos cuando exista financiación pública de por medio no es incompatible con el fortalecimiento de nuestra competitividad ante Estados Unidos y China. De forma complementaria, Bruselas, guiada por el informe Draghi, debe continuar profundizando en la mejora de las condiciones para que las firmas europeas sean más competitivas a nivel global.

Además, esta estrategia debe acompañarse de una política activa de diversificación de socios comerciales y del refuerzo de los acuerdos con economías afines, para que la reducción de dependencias críticas no se traduzca en aislamiento, sino en una inserción internacional más equilibrada.

Pero el quid de la cuestión es cómo reducir vulnerabilidades y cómo encajar en un entorno marcado por la seguridad económica. Hoy en día, las interdependencias en las cadenas de valor globales son ineludibles. Aun así, a través del fortalecimiento del tejido industrial europeo, la Unión todavía puede aspirar a desempeñar un papel indispensable en las cadenas de valor globales.

La UE debe consolidar posiciones estructuralmente irremplazables en los sectores de mayor valor añadido, controlar tecnologías críticas y mantener capacidades manufactureras que otros actores no puedan sustituir fácilmente. El objetivo no es romper las relaciones de interdependencia con otros actores, algo irreal debido a la hiperconectividad comercial, sino aprender a gestionar estas relaciones mediante el fortalecimiento de la influencia de la industria europea en el comercio internacional. En un mundo de interdependencias inevitables, el reto no es aspirar a la autosuficiencia absoluta, sino reducir vulnerabilidades y aumentar nuestra capacidad de influencia.

Es verdad que no podemos pretender asumir la producción total, o casi total, de bienes estratégicos. Nuestro tejido productivo no está preparado para ello. Pero sí podemos lograr ser relevantes mediante el refuerzo gradual de nuestras capacidades industriales. El hecho de comprar europeo en sectores estratégicos no debe entenderse como un capricho proteccionista, sino como un medio para fortalecer la resiliencia económica. También puede servir para consolidar una base manufacturera propia y los empleos asociados, favorecer la coherencia climática y la protección de derechos sociales dentro del modelo europeo, así como contribuir a nivelar un terreno de juego hoy desigual. No se trata de cerrar la economía europea, sino de sostener una apertura respaldada por una base industrial sólida y menos vulnerable.

La respuesta seguramente llega tarde y no será gratuita. Reforzar la base industrial europea implicará inversión, coordinación y la inevitable asunción de costes políticos y económicos en el corto plazo. Pero en un entorno donde las dependencias se convierten en instrumentos de poder, la inacción sería aún más costosa.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, detenido ayer por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción, ha manifestado este sábado su "certeza de no haber cometido irregularidad alguna y, mucho menos, que esta tenga que ver con beneficio personal cualquiera" y se ofrece a colaborar con la justicia, según informa EFE.

En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, Baño asegura que es el "más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible" y se pone a disposición de la Justicia para que "podamos aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir, sin que, desde ningún punto de vista, pueda hacer nada más en estos momentos".

Finalmente, agradece "el trato recibido en todo momento por los efectivos de la Policía Nacional con los que se ha colaborado con total transparencia, facilitando toda la información requerida".

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante fue detenido ayer por la mañana, en su condición también de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), por la Policía Nacional en relación a un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

En paralelo al arresto de Carlos Baño y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la brigada judicial de la Policía Nacional de Alicante procedieron también ayer a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

Baño fue trasladado al mediodía a la Comisaria Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde fue interrogado y, asistido por su abogado Ignacio Gally, se acogió a su derecho a no declarar en unas diligencias declaradas secretas, y quedó en libertad con cargos.

En el comunicado que ha emitido este sábado, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante señala que el registro de la sede de Facpyme, de la que es presidente, por parte de miembros de la Policía Nacional parece ser que es "por una investigación en curso instada por la Fiscalía y declarada secreta, sobre la Campaña de Bonos Comercio".

Afirma asimismo que no prestó declaración en sede policial "al no conocer el contenido de la causa y de la acusación" y a instancia de su abogado.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que el Tratado sobre Gibraltar permitirá que el Campo de Gibraltar “se beneficie de mejores y mayores actividades económicas" en un enclave que calificó de "estratégico".

Montero ha realizado estas declaraciones tras reunirse en Algeciras (Cádiz) con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, que ha presentado un estudio de viabilidad para declarar a la comarca Zona Económica Especial, una iniciativa dirigida a la UE que ha recibido el apoyo de la ministra.

"Compartimos plenamente los objetivos que se plantean, el compromiso del Gobierno para estudiarla es total", ha dicho Montero, que ha agregado que el estudio y tramitación para conseguirlo será "un proceso largo", por lo que ha instado "a no perder un minuto y, en paralelo, aprovechar el Tratado de Gibraltar, que reconoce "de manera explícita" la necesidad de dotar a la comarca de mayor "dinamismo económico".

"Gibraltar y el Campo de Gibraltar conforman un enclave geoestratégico crítico, muy importante", ha resaltado la vicepresidenta, que ha añadido que el Gobierno siempre ha defendido que esa importancia "se traduzca en términos económicos".

Ha apostado así por lograr "mejores indicadores en un tiempo rápido que permitan superar los diferenciales que todavía existen a nivel social respecto a otros lugares de la península".

La ministra ha asegurado que "la prioridad número uno sigue siendo el desarrollo del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, sin duda beneficioso para toda Andalucía, y no solo para el Campo de Gibraltar", así como la implantación de unas condiciones "fiscales y económicas" que permitan a la comarca "competir en igualdad de condiciones con otras zonas".

Montero ha subrayado que el Tratado "dará seguridad a los trabajadores transfronterizos y traerá una armonización fiscal entre Gibraltar y la comarca".

"Una de las partes más complicadas del Tratado ha sido la introducción de un impuesto indirecto en Gibraltar muy similar al IVA, el diferencial más importante que teníamos. Esto se ha conseguido, así como medidas específicas sobre el tabaco", ha reseñado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sido detenido este viernes por la mañana por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia e incentivar la actividad del comercio local tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

Aunque es mayoritariamente conocido por encabezar la Cámara de Comercio, Baño ha sido detenido en su calidad de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

En paralelo al arresto y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la brigada judicial de la Policía Nacional proceden a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la citada patronal Facpyme.

Estaba previsto que Carlos Baño participara a las 11:30 horas de este viernes en la presentación ante los periodistas de un informe sectorial de turismo en la sede de la Cámara, pero el acto comenzó sin su presencia y sin que se diera cuenta de que había sido arrestado.

Fuentes del organismo cameral han informado a EFE de que la Policía Nacional no ha acudido a sus instalaciones para registro alguno y que carecen de noticias de lo sucedido.

Los bonos consumo sujetos a esta investigación se refieren a una de las medidas estrella del mandato de Carlos Mazón al frente de la Diputación de Alicante (2019-2023) con el doble objetivo de ayudar al comercio local y ayudar a las familias tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19.

De esta manera, la Diputación dirigió entre 2022 y 2024 unos 58 millones de euros a este programa mediante el que se subvencionaba el 50 por ciento de las compras de consumidores en establecimientos locales adheridos, mientras que el resto del importe era abonado por el cliente.

La investigación trata de dilucidar si Facpyme, presidida por Baño, se habría beneficiado económicamente al ejecutar las campañas a través de una sociedad instrumental.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dijo este viernes a un juez que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, que el Tribunal Supremo declaró ilegales, informa EFE.

"El CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026", informó Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la Oficina de CBP, en un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de EEUU.

El director ejecutivo extendió estas consideraciones a la orden del 5 de marzo, relacionada con el caso Atmus, sobre la batalla legal por el rembolso de los aranceles, en la que el juez también ordenó "liquidar" todas las operaciones de importación, no liquidadas y las ya liquidadas pero aún no definitivas, sin tener en cuenta los aranceles por emergencia de Trump.

El escrito de Brandon Lord se presentó antes de que el juez Richard Eaton diera inicio a una audiencia sobre el asunto de la devolución del dinero por los aranceles en Nueva York.

El Tribunal Supremo invalidó el pasado 20 de febrero los aranceles impuestos por Trump al considerar que excedió sus poderes al aplicar la ley de emergencia para declararlos.

Una mayoría del Alto Tribunal negó que el mandatario tuviera facultades para utilizar en tiempos de paz la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, en la que Trump había fundamentado su guerra comercial.

A raíz de este fallo, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU., que tiene la jurisdicción en este asunto, ordenó esta semana al Gobierno de Trump que no aplicara los aranceles impuestos por la IEEPA en los procesos aún abiertos y abrió la puerta a que se devolviera en los casos en los que ya se había cobrado.

El CBP cifra en aproximadamente 166.000 millones de dólares la cuantía recaudada por los aranceles impuestos por la ley de emergencia. Según dijo, en torno a 20,1 millones de operaciones de importación no estaban liquidadas a fecha de 4 de marzo.

Las relaciones diplomáticas entre Washington y Madrid no pasan por su mejor momento. A las tensiones habituales —por las presiones para que España aumente su gasto en defensa en la OTAN— se sumaba esta semana otro componente más. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negase a colaborar con Estados Unidos para que el ejército americano pudiese usar las bases de Rota y Morón en la operación para bombardear Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, enunció una de sus amenazas habituales: cortar “todas las relaciones comerciales con España”. Este jueves reiteró sus quejas con otras declaraciones públicas en las que señalaba que España no era "un jugador de equipo". "No vamos a serlo con ellos tampoco", concluía.

El órdago, que por el momento no se ha concretado en ninguna medida, tendría una difícil implementación teniendo en cuenta que las políticas de comercio exterior se negocian en bloque con la Unión Europea. Además, la interconexión de las cadenas comerciales entre países del mercado único haría que una hipotética sanción terminase por afectar a otros países europeos. De hecho, Bruselas señaló ayer que defendería a España en caso de que EEUU tomase represalias e insistía en que la política comercial era “común”, por lo que salvaguardarían “los intereses de la UE”, advirtió el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Pero hay una segunda posibilidad, y es que el entorno estadounidense se vuelva más hostil para las empresas españolas en lo relativo a realizar operaciones o acceder a contratos públicos. Constructoras como ACS, Sacyr o Ferrovial optan a un contrato público para construir una autopista en Carolina del Norte y el banco Santander también tiene en marcha una gran operación para adquirir una filial en EEUU. Además de eso, muchas cotizadas tienen allí un importante nicho de mercado.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha insistido a lo largo de la semana en que es importante mantener la calma. "Hay enormes intereses cruzados, de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas", declaraba este miércoles. "Hemos contactado a 1.600 empresas con intereses en EEUU para ayudarles", concluyó. Pero, ¿qué intereses hay en juego?

Josep Ragull, profesor de economía de OBS Business School, explica que para entender esta interconexión hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que vendemos a EEUU son semielaborados, es decir, piezas o productos que son parte de otros que se fabrican allí. "Si restringe o entorpece la entrada de empresas españolas, los fabricantes americanos tendrán que ir de nuevo al mercado, buscar otros proveedores y eso les va a salir más caro", explica. Además, puntualiza que muchas empresas españolas ya producen allí en grandes cantidades. "Es habitual que las empresas americanas, cuando ven que dependen mucho de socios externos, les pidan que tengan producción en Estados Unidos. Es el caso del sector farmacéutico y de empresas como Grifols", concluye.

A nivel global, España exportó en conjunto al país norteamericano por valor de 16.716 millones en 2025, un 8% menos que en el año anterior, y las importaciones alcanzaron los 30.174 millones, un 7% más. Es decir, compramos a EEUU más de lo que les vendemos. Así, el déficit comercial, como se denomina en la jerga técnica a la brecha entre importaciones y exportaciones, se situó en los 13.458,4 millones de euros. De hecho, la factura de la errática política arancelaria hizo que solo en la primera mitad de 2025 las exportaciones hacia Washington cayeran un 5,1%. "Estados Unidos no está entre nuestros mercados principales porque apenas representa el 4% del volumen de exportaciones. Aunque hay sectores, como el aceite o el farmacéutico, que pueden estar más expuestos", explica Ragull.

En un repaso por las grandes compañías que operan allí, hay desde grandes constructoras hasta bancos, compañías del sector alimentario y energéticas. Según una lista elaborada por la aseguradora pública Cesce en 2024, las empresas con mayor volumen de negocio en EEUU eran energéticas como Repsol, Endesa o Gas Natural. También, en el grupo de las textiles aparece Inditex (con una facturación de 15.000 millones) o El Corte Inglés. Más abajo hay otras conocidas como Airbus (supera los 3.600 millones), Santander Technology (1.700 millones), El Pozo Alimentación (con una cifra de negocio de 1.662 millones) o varias cooperativas de aceite de oliva como Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) o Cosur (con sede en Jaén y 876 millones). 

En enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, visitaba la Casa Blanca y lograba un acuerdo para invertir en Venezuela después de que Trump atacase el país sudamericano y encarcelase a su presidente, Nicolás Maduro. Imaz explicó en aquel momento que la empresa estaba preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y triplicar su producción hasta los 135.000 barriles diarios. De hecho, en sus cuentas anuales, la compañía señala que el grupo está compuesto por 630 sociedades con presencia en 30 países, “principalmente en España y Estados Unidos”. 

Otra gran cotizada que tiene operaciones en marcha en EEUU es el Banco Santander. La presidenta de la entidad, con 4,3 millones de clientes allí y la compra del banco estadounidense Webster Financial Corp por 10.300 millones de euros en marcha, ha llamado a la calma esta semana. “Estoy segura de que las relaciones volverán a ser excelentes muy pronto”, señalaba la presidenta desde Nueva York. Con la compra de esta filial, Estados Unidos se convertiría en el tercer mayor mercado para el Santander después de España y Reino Unido. 

La constructora ACS también tiene allí un bastión para su negocio. Estados Unidos y Canadá son los mayores mercados de la firma, aportando un 63% a la facturación de 2025. La filial estadounidense de la compañía, Turner, aportó al resultado de la compañía un 25,3% más que el año previo, con un beneficio de 857 millones. La compañía que preside Florentino Pérez está además postulándose junto con Ferrovial, Acciona y Sacyr para construir una autopista en Carolina del Norte, con un presupuesto de 2.700 millones. 

Estos son solo algunos ejemplos, aunque la lista es larga. En el sector farmacéutico, la cotizada catalana Grifols también posee en EEUU un mercado muy relevante, con más de 300 centros de donación de plasma y dos grandes plantas de fabricación, así como contratos con los programas federales de Medicare. También en defensa hay cierta exposición por el contrato para actualizar los sistemas de combate de varias fragatas españolas.

La tensión en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán duplicó los costes del transporte entre el Golfo Pérsico y Marruecos, además de aumentar los tiempos de tránsito y encarecer los envíos procedentes de China, según fuentes del sector consultadas por EFE.

El presidente de la Asociación Freight Forwarders de Marruecos (AFFM), Rachid Tahri, indicó este miércoles que a causa del conflicto actual se ha definido un sobrecoste de guerra adicional sobre los transportistas que oscila entre 3.000 dólares (2.500 euros) para un contenedor de 20 pies y 4.000 dólares (3.400 euros) para un contenedor de 40 pies.

Un contenedor de 20 pies entre Dubái y Casablanca costará ahora 6.000 dólares (unos 5.500 euros), explicó a EFE Tahri, quien precisó que la mitad del importe corresponde a una suerte de sobreseguro por la situación bélica en la zona.

Otro impacto está relacionado con los retrasos en las entregas, debido al aumento de los tiempos de tránsito, ya que las navieras se verán obligadas a rodear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.

Esta ruta añadirá varios días al trayecto y elevará los costes, lo que terminará afectando la disponibilidad de contenedores y obligará a los transportistas a reorganizar sus operaciones. "Se trata de un efecto en cascada", advirtió Tahri, quien prevé un nuevo aumento de los costes del transporte -que ya han subido con 700 dólares- y del suministro de bienes desde China, a raíz del cierre del Estrecho de Ormuz.

El impacto de la guerra ha sacudido el transporte marítimo de mercancías en todo el mundo. La naviera danesa Maersk anunció este miércoles, con efecto inmediato, la suspensión temporal del servicio en siete países de Oriente Medio.

La decisión afecta a Emiratos Árabes Unidos, Omán (excepto el puerto de Salalah), Irak, Kuwait, Catar, Baréin y los puertos saudíes de Dammam y Jubail, señaló Maersk en un comunicado, en el que informó de que hará excepciones con medicinas, productos alimenticios críticos y otros productos esenciales.

Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores en el mundo, ya había anunciado el pasado domingo, un día después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, la suspensión temporal de la circulación de sus buques por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo mundial, por el aumento de las tensiones en la zona.

La compañía ha reconfigurado además sus rutas tradicionales a través del estrecho de Bab el Mandeb, que da entrada al mar Rojo, y por el Canal de Suez, desviándolas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que implica circunnavegar todo el continente africano.

Las otras principales navieras dedicadas al transporte marítimo, como Mediterranean Shipping Company (MSC) y CMA CGM, han suspendido también en los últimos días la circulación por el estrecho de Ormuz.

El Gobierno de España ha respondido a las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, señalando que "si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU". Para valorar todo ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará este miércoles una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa a las 9 horas.

Además, aseguran que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro".

Así lo han indicado fuentes del Ejecutivo después de que Trump haya dicho durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca que cortaría todas las relaciones comerciales con España. Incluso, el mandatario ha sugerido un "embargo" contra el país después de que el Gobierno no permitiera a EEUU usar las bases de Morón y Rota para su ofensiva en Irán.

Moncloa no ha hecho referencia a la amenaza de Trump sobre el uso de las bases militares en España y ha recalcado que España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo.

De la misma forma, las fuentes citadas han subrayado que se trata de una potencia exportadora de la Unión Europea y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, con quien aseguran que se mantiene una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa.

En todo caso, explican que la voluntad del Gobierno es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional, ya que aseguran que lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado pidiendo a los aliados de España que respeten al país y ha acusado a Pedro Sánchez, de perjudicar los intereses del país.

"Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación", ha afirmado a través de X. Feijóo ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera "un terrible aliado" el que falla es él, algo que perjudica "los intereses de España".

España, ha afirmado Feijóo, es "un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente" y es "mucho más que su mal Gobierno".

El líder del PP ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera "un terrible aliado" el que falla es él, algo que perjudica "los intereses de España".

Según Feijóo, aunque "caben opiniones distintas" sobre la "crítica" situación internacional, lo que "ya no admite discusión" es que la política exterior del Gobierno es "una constante irresponsabilidad" y que "la frivolidad tiene consecuencias".

Por "intentar ganar unos votos", ha agregado, no se puede "poner en riesgo" la seguridad, la estabilidad y la posición de España en el mundo.

Cuando él llegue al Gobierno, ha prometido, España "volverá a ocupar su sitio" en Europa, en la OTAN y "en todas partes" y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha reaccionado a las amenazas de Trump, y ha asegurado que "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor". "Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", ha escrito en X.

Entrevistado en la Sexta, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar, ha hecho hincapié en que España es un país soberano que toma sus propias decisiones y así seguirá siendo, por lo que no permitirá el uso de las bases para atacar Irán, ni aumentará el gasto en Defensa.

"Basta de la política del matón y de la ley del más fuerte", ha escrito en otro mensaje en X la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid. A su juicio, en tiempos de retroceso global toca defender la soberanía y el respeto entre países, por lo que España "no va a ceder ante amenazas", y PP y Vox "tienen que dejar de ser lacayos del trumpismo y defender los intereses" del país.

En declaraciones tras asistir a un acto sobre entornos digitales, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que se sienten muy orgullosos de haber evitado el uso de las bases por parte de los aviones estadounidenses para "perpetrar una agresión imperialista" en otro país y ha reivindicado la soberanía española para tomar esas decisiones y decir "no a la guerra".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay, según informa EFE.

"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea.

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.

"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

Así, aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente" en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

El Ejecutivo comunitario puede proceder con la aplicación provisional sin la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

La UE sí ha puesto en marcha, por otro lado, salvaguardias para proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios locales o incrementos en las importaciones de productos sénsibles, un añadido que fue clave para convencer a países y eurodiputados reticentes al pacto por la presión del campo. Tras la ratificación de Uruguay y Argentina, Von der Leyen confió en que Brasil y Paraguay "sigan pronto su ejemplo".

"Y es una muy buena noticia. Porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico", declaró, un pacto que aseguró que "abre innumerables oportunidades, reduce miles de millones en aranceles, y permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados y escalas con las que antes solo podían soñar". Además, recalcó que también proporciona a Europa "una ventaja estratégica por ser la primera en actuar en un mundo de fuerte competencia y horizontes cortos".

Von der Leyen enfatizó que el acuerdo es "uno de los pactos comerciales más importantes de la primera mitad de este siglo", entre "socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas ofrece resultados positivos para todos". "Europa se está volviendo más fuerte y más independiente", avisó, y aventuró que las empresas, trabajadores y ciudadanos comunitarios "cosecharán los beneficios".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con subir los aranceles a los países que decidan "jugar" con el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes declarados por el mandatario bajo poderes de emergencia, en un duro revés a su política económica y que podría amenazar acuerdos bilaterales comerciales, informa EFE.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han 'estafado' a EEUU durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco", escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje de Trump es una continuación de sus duras críticas contra la mayoría del Tribunal Supremo, que determinó que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gravámenes "recíprocos" y de otra índole con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Esos aranceles supuestamente recíprocos llevaron a varios países a realizar acuerdos bilaterales con Washington para rebajar el aumento porcentual de las tasas impuestas a sus exportaciones, algo que ahora se enfrenta a un nuevo marco legal y posiblemente a porcentajes menores de los que pactaron.

La publicación del presidente estadounidense coincidió con la decisión este lunes del Parlamento Europeo de paralizar la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea y EEUU firmaron el pasado verano ante la incertidumbre generada por la sentencia del Supremo.

Poco después de darse a conocer la decisión el pasado viernes, el mandatario estadounidense insistió que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron "influenciados por intereses extranjeros" y aseguró que los países que "han estado estafando" a EEUU "durante años están eufóricos" tras el dictamen.

Aunque no ha quedado claro en la opinión del Supremo, esta decisión podría significar el reembolso de entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados por la Administración Trump con los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, que oscilan entre el 10% base hasta el 50%. En respuesta al fallo, Trump anunció un arancel global del 10%, que luego aumentó al 15%, bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso.

Importantes socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos la UE y China, tratan de buscar claridad sobre estos nuevos gravámenes y la vigencia de los pactos comerciales firmados con Washington.

En el caso del bloque europeo, una gran mayoría de sus productos han estado sujetos a un arancel del 15%, pero la UE no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0% -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.

Ahora, Bruselas quiere saber si el Gobierno estadounidense va a seguir cumpliendo su parte del trato o si los aranceles del 15% que ha anunciado Trump este fin de semana modifican lo acordado.

Pekín dijo este lunes que está "evaluando" el contenido y el impacto del fallo de la Corte Suprema estadounidense y reiteró su oposición a las medidas "unilaterales", al tiempo que criticó el "proteccionismo", a poco más de un mes de la visita de Trump a China, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá un arancel global del 10% tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de anular parcialmente los aranceles y apuntó que lo hará "dentro de tres días" y amparado en una ley de 1974, informa EFE.

“Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 (de la Ley de Comercio de 1974), además de los aranceles normales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras, para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”, declaró Trump.

La Ley de Comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15% durante períodos de 150 días.

Trump, que aseguró que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer aranceles, explicó que va a recurrir a tres leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, pero que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión del Supremo.

"Es un proceso un poco más largo. Intenté simplicar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo", aseguró en su comparecencia ante la prensa apenas tres horas después de que su medida estrella haya sido parcialmente anulada por el poder judicial estadounidense.

Además de la Ley de Comercio de 1974, también mencionó la Ley de Expansión Comercial de 1962, firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en plena Guerra Fría, y que le permitió ampliar la autoridad presidencial para negociar acuerdos comerciales y modificar aranceles.

También apeló a la Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930 (o Smoot-Hawley), una norma estadounidense aprobada el 17 de junio de 1930, que aumentó los aranceles de importación a niveles históricamente altos, con el propósito de proteger a las industrias y agricultores estadounidenses de la competencia extranjera.

El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial, ya que considera esos gravámenes un impuesto y por lo tanto requieren de la aprobación del Congreso.

El presidente, visiblemente contrariado por la decisión judicial, aseguró que "la Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular de los aranceles de la IEEPA".

"Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, imponer un embargo total, pero no puedo cobrarle a nadie ni un dólar por ello. Es ridículo, pero no importa, porque tenemos otras maneras, muchas otras maneras", concluyó Trump.

Los eurodiputados a cargo del pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos acordaron este miércoles una cláusula para suspenderlo si el presidente estadounidense, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia, informa EFE.

De esta forma, se pusieron de acuerdo para avanzar en la ratificación del pacto, al que también quieren añadirle una cláusula de extinción en marzo de 2028 y un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington para reducir aranceles a derivados de acero y aluminio.

Esto significa que el acuerdo UE-EEUU, cerrado en el verano de 2025 para evitar la escalada arancelaria entre ambos, podrá votarse en la comisión de Comercio del Parlamento Europeo el próximo 24 de febrero y en el pleno de la Eurocámara en marzo para posteriormente negociar el diseño final con los países de la Unión Europea.

Entre los términos acordados figura la opción de que Bruselas revise el acuerdo en su conjunto si la administración Trump no reduce los aranceles a productos derivados del acero desde el 50% actual al 15%, base que cubre la mayoría de los productos europeos que se exportan a Estados Unidos.

Si el acuerdo se implementa en los términos acordados el pasado verano, los mismos productos estadounidenses entrarían en la UE libres de aranceles, al igual que lo harían todos los bienes industriales.

"Tenemos esta propuesta de compromiso como señal de buena voluntad, pero si EEUU no reduce los aranceles para estos más de 400 productos en seis meses restableceremos nuestros aranceles (del 10%) automáticamente", señaló el negociador jefe del Parlamento Europeo para este acuerdo, el socialdemócrata Bernd Lange.

Por otro lado, el Parlamento Europeo apuesta por que el acuerdo "caduque" de manera automática en marzo de 2028, momento en el que Bruselas y Washington tendrían que renegociarlo. También la negociadora popular, la croata Željana Zovko, subrayó que el acuerdo es "equilibrado y mira hacia delante", y asegura que los intercambios de la Unión Europea con su socio comercial más relevante "pueden continuar".

El acuerdo llevaba semanas en la cuerda floja por la falta de consenso en el Parlamento Europeo sobre cómo incluir este tipo de salvaguardias después de las amenazas sobre la soberanía de Dinamarca y Groenlandia de Trump a comienzos de 2026, pero finalmente ha salido adelante con una amplia mayoría de populares, socialdemócratas, liberales y verdes.

Tras el voto en pleno en marzo, la Eurocámara deberá pactar la forma final del acuerdo con los países de la Unión Europea, que acordaron su posición negociadora antes de los anuncios de Trump sobre Groenlandia y no incluyeron este tipo de cláusulas.

En una columna de la librería Tipos Infames, quizá no la has visto, hay una placa pequeña que dice: Entre estos libros dilapidó su tiempo Nano, llenando de luz y alegría a todos aquellos que le conocimos. Nano, Rafael Lasaletta, era amigo mío. Era amigo de todos. No era de Madrid, pero amaba la ciudad con sus historias. Era el capitán de su calle, Espíritu Santo, barrio de Malasaña. Era mayor que nosotras. Era, si tuviera que escoger una palabra, un lector. Murió de vida en 2021. Le echo de menos todavía muchas veces, sobre todo, cuando una página me asalta hermosa en algún libro. Antes, le hacíamos una foto y la compartíamos en un chat que se llamaba Pan, amor y fantasía, como la película italiana. Éramos tres. La tercera era la escritora Lara Moreno. Ahí se mezclaban las fotos de nuestros niños, paisajes, pantallazos, la literatura. 

El cierre de Tipos Infames se lleva muchas cosas, también nuestro escenario con él. Su despedida. Todas nuestras salidas cargados de libros y de vino, tambaleándonos calle abajo hacia nuestras casas. Se lleva el temblor en la voz al leer algunos poemas en su sótano, a mi padre respirando fuerte en la presentación de mi última novela porque me pongo militante, se lleva a mi hijo correteando entre las mesas desde que echó a andar. Se lleva, también, los cientos de lecturas que nos recomendaron Alfonso y Gonzalo, y antes Curro. Una librería es una tienda de libros, pero también es barrio, el que fue nuestro, un punto de luz, una chincheta en nuestro mapa sentimental. 

Esta semana fuimos a despedirnos de los Tipos Infames, abrazos, buena suerte, la última foto, salir rápido para no acabar de rompernos, que ellos siguen haciendo cajas y en pie y casi todo está bien. A veces, uno no acaba de saber de dónde le viene la pena, si es exterior o interior, y tampoco lo tiene por qué saber. Nos vamos con libros metidos en sus míticas bolsas que dicen: “Perdí mi juventud en Malasaña”. Que hayan corrido ríos acusando a los Tipos Infames de gentrificar Malasaña es uno de los tiros más errados que recuerdo. Qué tuvieron que hacer. ¿No poner vino? ¿No esperar que les fuera bien? ¿Poner una librería fea? Los que vivimos sus años primeros en aquellas calles sabemos la vida y casa que nos dio ir a encontrarnos allí, a celebrar la escritura cuando tocaba. Pero una tienda es un negocio, y a veces, deja de compensar económica o personalmente, o las dos a la vez. Detrás de los números, se revelan historias. 

Aquel tiempo de Malasaña ya no es el tiempo anterior a este, está más allá. Ese barrio, paseado y odiado por igual, es solo el espejo donde se refleja un cambio en las ciudades. Han pasado muchas cosas desde que las observamos transformarse. Han cambiado los comercios, los precios de la vida y la vivienda y los habitantes de sus edificios. Hemos cambiado nosotros también. Me pregunto si aquellos años dos mil fueron sentidos igual por quienes recorrían el barrio en los ochenta y noventa, si mi amigo aceptaba la transformación. Yo misma caminé su dureza de niña y todo era distinto. Pero hoy parece que hubiera cambiado un sistema entero y este no consigamos entenderlo. Supongo que será la ley del capital o ley de vida sin más, como todo aquello que también es infame y no queda otra que tragarlo como puedas. Hay algo que se ha estado rompiendo entre el año 2010 y ahora. ¿Será la juventud?

No lo escondo: cierra Tipos y me da rabia porque cerramos nosotros también. Se cierra un tiempo que ya fue. La última página de un libro que nos gustaba leer. Ya solo me quedará en Malasaña Lola, la mujer de Nano, en su puesto de vigía frente al atardecer que cae sobre Madrid. Leyendo novelas negras o a Camus otra vez. Nos han quitado muchas cosas, se ha arrasado un paisaje, la ciudad está en los huesos de lo que pudo haber sido, pero quedamos nosotros, guardianes de, al menos, una posibilidad, en resistencia contra el uniforme global a fuerza de memoria, lo intentaremos sin nostalgia y, quién sabe, quizá volvamos a tomar las calles para alguna rebeldía. Puede que no perdiéramos nada en Malasaña, quizá lo ganamos. ¿Quién dice que sea este un tiempo de derrota?

Sobre el papel, la estrategia parece ideal. Tras una semana de crisis con Washington por la cuestión de Groenlandia, la Unión Europea (UE) lanza una contraofensiva acercándose a una potencia emergente, también en tensión con Estados Unidos: la India.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, fueron recibidos con gran pompa en Nueva Delhi el lunes 26 de enero por el primer ministro indio, Narendra Modi. En pocas horas, se firmó entre ambos bloques un acuerdo de libre comercio, cuyas negociaciones se habían prolongado durante veinte años.

El acuerdo prevé reducir los aranceles indios hasta un 10% sobre 250.000 automóviles producidos en la UE, frente al máximo actual del 110%. Además, se reducirán o suprimirán los aranceles para el 96% de las exportaciones europeas a la India. Por su parte, la UE abre las puertas a los productos textiles y farmacéuticos indios, así como a las máquinas herramienta.

La aceleración de la firma de este acuerdo se presenta como una respuesta a Donald Trump. Al crear, en palabras de Ursula von der Leyen, una “zona de libre comercio de dos mil millones de personas”, el acuerdo entre la India y la UE buscaría así crear una especie de “tercer bloque” capaz de hacer frente al duopolio hegemónico formado por China y Estados Unidos. Por esa razón, la presidenta de la Comisión Europea no escatimó en superlativos y afirmó que el acuerdo firmado el 27 de enero en Nueva Delhi era “la madre de todos los acuerdos comerciales”.

Y, a primera vista, la narrativa funciona bastante bien. De hecho, la Unión Europea y la India comparten una especie de amor decepcionado con Estados Unidos. La semana pasada, la UE se dio cuenta brutalmente de que su viejo aliado estadounidense tenía la intención de hacerla su vasallo sin miramientos. Se ha suspendido la ratificación del acuerdo comercial desequilibrado alcanzado con Washington en julio por la misma Ursula von der Leyen. Y ahora, presa del pánico, la UE busca aliados en otros lugares.

Por su parte, Narendra Modi ha llevado a cabo durante mucho tiempo una política de acercamiento a Washington, que veía en la India un poderoso contrapunto a China. El país incluso se benefició, durante el primer mandato de Donald Trump y luego durante el de Joe Biden, de un importante flujo de inversiones estadounidenses en el marco de la política de friendshoring, es decir, en el marco de la reubicación de las plantas de producción fuera de China.

La India abordó por tanto el segundo mandato de Donald Trump con confianza. Pero, entretanto, las exigencias del presidente republicano se habían revisado al alza. El objetivo de la nueva Administración era, en primer lugar, reforzar el control sobre sus aliados, por lo que exigió a Nueva Delhi una alineación completa con sus posiciones. Algo inadmisible para Narendra Modi. La ideología del primer ministro, basada en el nacionalismo hindú, pretende convertir a la India no en un agente del imperialismo extranjero, sino en una potencia por sí misma.

Esa potencia debía construirse sobre la base de la prosperidad derivada de unas relaciones equilibradas entre las grandes potencias económicas mundiales. La India no podía aislarse de los inversores y del mercado chino solo para beneficiar al mercado estadounidense. Pero ese proyecto es inadmisible para Donald Trump, que considera que la India “se aprovecha” del mercado de su país para comprar productos chinos. Las negociaciones se deterioraron rápidamente en agosto de 2025 y los productos indios se vieron afectados por aranceles del 50% a su entrada en Estados Unidos.

La India y la UE comparten, por tanto, el rechazo al vasallaje a Estados Unidos. Al aliarse, ambos bloques pretenden al mismo tiempo demostrar que existen alternativas y crear un conjunto capaz de competir en términos de poder económico y político con las dos superpotencias del momento. Sobre el papel, todo es perfecto. Tan perfecto que incluso el primer ministro canadiense, Mark Carney, también un enamorado decepcionado de Estados Unidos, está pensando en irse a la India.

Pero este relato, que parece seducir a gran parte de la esfera mediática europea, olvida algunos elementos clave. El primero es que este discurso geopolítico se ha construido a toda prisa tras la crisis de Groenlandia. Las negociaciones comerciales entre la UE y la India comenzaron en 2007 y se reanudaron en junio de 2022. El reto para el capital europeo no era entonces el reequilibrio geopolítico. En realidad, la verdadera ambición de este texto es, desde el punto de vista europeo, continuar con un modelo cuyo fracaso ya es evidente.

Para comprenderlo, hay que entender que, durante dos décadas, China ha sido la gallina de los huevos de oro del capitalismo europeo, y en particular del capitalismo alemán. Con la entrada de la República Popular en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a finales de 2001, los miembros de la UE, y en particular Alemania, se beneficiaron de la apertura del mercado chino para vender productos de alta gama, como coches de lujo y máquinas herramienta de precisión, entre otros, al tiempo que se beneficiaban doblemente del bajo coste de la mano de obra china, que proporcionaba insumos baratos y permitía ejercer presión sobre los salarios nominales de los Estados europeos.

Fue una época dorada para el capitalismo alemán. Por supuesto, hubo daños colaterales: la especialización de la economía europea y la moderación salarial redujeron la capacidad productiva de varios países, entre ellos Francia, y degradaron a parte de su clase trabajadora, relegada a empleos de servicios poco productivos y mal remunerados. La actual crisis política y económica de la UE tiene su origen en esa estrategia. El aumento de gama y la agresiva guerra de precios de China pusieron fin a esa época, justo cuando las consecuencias sociales de ese sistema abrían la puerta a la extrema derecha.

Pero esta reorganización de la economía europea ha beneficiado a Alemania y a su zona de influencia en el este y el norte de Europa, es decir, a gran parte de la UE. Desde el punto de vista de los empresarios y de la Comisión Europea, ese “momento chino” siguió siendo el modelo. Cuando se iniciaron las negociaciones en 2007, se trataba de amplificar la lógica del momento y, luego, en 2013, cuando se intensificaron, se trataba de retomar el curso del crecimiento interrumpido por la crisis de 2008. Y luego, en 2022, cuando se reanudaron las conversaciones y Alemania entraba en una grave crisis estructural, se trataba de responder a estas dificultades.

En otras palabras, la idea del acuerdo no es crear un bloque geopolítico o responder a Washington, sino encontrar un nuevo El Dorado que sustituya a China. Y desde este punto de vista, la India era el mejor recurso. Pronto será la cuarta economía del mundo, con un PIB nominal de más de 3,9 billones de dólares en 2024, y el país goza de un dinamismo casi único, con un crecimiento previsto del 7,4 % para el año fiscal 2025-2026.

La India es pues un enorme mercado en crecimiento con, como guinda del pastel, salarios extremadamente bajos y, además, como chantilly sobre la guinda, unos salarios estancados en términos reales. El salario medio mensual indio en la industria es seis veces inferior al de China y veintiocho veces inferior al de Alemania. Por supuesto, los niveles de productividad indios son más bajos, pero la India ofrece, desde el punto de vista del capital europeo, oportunidades equivalentes a las de la China de los años 1990-2000.

La verdadera ambición del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India es, por tanto, esa. Desde el punto de vista de Nueva Delhi, el ejemplo chino de la década de 2000 es la referencia desde la llegada al poder de Narendra Modi. El líder nacionalista quiere repetir la misma jugada: convertirse en un taller barato de Occidente para acumular capital y tener los medios para convertirse en una gran potencia independiente.

El principal objetivo de este acuerdo no es por tanto concluir una alianza defensiva contra Estados Unidos, sino más bien intentar retomar una vieja receta, muy anticuada, para volver al crecimiento. Ursula von der Leyen ha retomado una cantinela que huele a la década de 2000: “Este tratado beneficiará a ambas partes.” El problema es que ahora sabemos —y pagamos un precio muy alto por saberlo— que el libre comercio crea perdedores y no garantiza la paz entre los pueblos.

Además, no se entiende muy bien por qué un acuerdo comercial de este tipo entre la India y la UE crearía un bloque geopolítico que compitiera con China y Estados Unidos, cuando, como ha demostrado Benjamin Bürbaumer en una obra reciente (China/Estados Unidos: el capitalismo contra la globalización, edit. La Découverte, 2024), la tensión entre estos dos países es producto de la globalización y de la intensificación de los intercambios comerciales entre ellos. Una vez que la India se convierta en un país central en la producción mundial, se convertirá en un competidor de la UE, a la que, por otra parte, habrá debilitado aún más.

Porque esa es la lección de la época: el caos actual no es enemigo de la globalización, sino su consecuencia y su producto. Intentar volver, aunque sea parcialmente, al régimen de los años 2000-2010 está condenado al fracaso. En el plano social, la entrada de productos indios a precios imbatibles devastará los sectores que aún existen en Europa, especialmente en el ámbito farmacéutico. A cambio, los beneficios relacionados con las exportaciones se limitarán a determinados productos de alta gama y se concentrarán en determinadas clases y países.

Pero incluso ese escenario, que, en teoría, al igual que en la década de 2000, permitiría ocultar los efectos negativos del acuerdo en Europa gracias al fuerte crecimiento de la industria alemana, no es seguro. En primer lugar, porque es posible que la India no tenga la capacidad de seguir el camino de China y, en segundo lugar, y sobre todo, porque China sigue siendo el elefante en la habitación de los sueños de Ursula von der Leyen. China es ahora un competidor directo de la UE en el mercado indio y Nueva Delhi no tiene intención de entrar en una alianza europea exclusiva, sino más bien de mantener su lógica de multilateralidad.

Para un país como la India, los productos y las inversiones chinas son y seguirán siendo esenciales. Y eso puede tener consecuencias desastrosas para Europa, ya que los productos indios inundarán el continente con precios imbatibles, gracias a los insumos chinos baratos y a los salarios muy bajos. Eso hará imposible cualquier reindustrialización del continente y destruirá incluso las industrias baratas que persisten en el sur y el este de Europa. Y, a cambio, las promesas del mercado indio para las industrias de alta gama se verán necesariamente reducidas, dada la terrible competencia china en la India.

Es decir, este acuerdo no es “la madre de todos los acuerdos”, sino más bien el hijo tardío, débil y enclenque de una globalización agonizante. Este acuerdo es la prueba de que Europa no consigue cambiar su software económico y político. La UE sigue atrapada en su visión del “comercio suave” y la centralidad de las exportaciones. La receta que ha debilitado a Europa es repetida una y otra vez por sus dirigentes con la esperanza de que finalmente haga milagros.

Dicho de otro modo, la narrativa del “bloque” indo-europeo contra Washington y Pekín oculta una realidad mucho más matizada. Ni en el plano geopolítico ni en el económico, un acuerdo de este tipo puede modificar los grandes equilibrios actuales. Sin contar que Europa, a cambio de unos pocos puntos más de crecimiento, está dispuesta a convertir a la India en una nueva potencia independiente en la escena mundial.

Por el momento, la India necesita el comercio exterior para, al igual que China, emerger como un actor imprescindible de la economía mundial. Ese estatus reforzará su capacidad para llevar a cabo una política de poder autónomo en la que los intereses europeos no tendrán ningún valor. De hecho, eso ya es así: la India es uno de los principales apoyos de Rusia y una vía de salida para su petróleo y su gas. En otras palabras, la India apoya efectivamente el esfuerzo bélico ruso, al igual que China. Por eso resulta irónico que los dirigentes europeos guarden silencio sobre este tema, cuando en otras circunstancias no dejan de presentarse como los principales apoyos de Kiev.

La alternativa a la extrema derecha de Donald Trump adoptará, por tanto, la forma de apoyo al crecimiento de un país gobernado por la extrema derecha hindú, que lleva a cabo una política de represión y violencia continua y cotidiana contra las minorías. Un país que aspira a convertirse en una gran potencia y que está en conflicto en la región con varios de sus vecinos.

Europa no se convertirá en aliada de la India con este acuerdo comercial. La India de Narendra Modi construye pacientemente su ambición y, ante el abandono de Washington, está organizando una respuesta multilateral que pasa por este acuerdo, así como por un acercamiento a Pekín y el mantenimiento de relaciones muy cordiales con Moscú.

El ejemplo del auge chino, impulsado por las inversiones estadounidenses y europeas atraídas por la idea de mejorar las tasas de beneficio, debería servir de advertencia. Pero para ello, la UE tendría que salir de una doble rutina: el cortoplacismo de sus posiciones geopolíticas y la debilidad de sus análisis económicos.

Traducción de Miguel López

La Unión Europea y la India prevén anunciar el martes en Nueva Delhi el cierre definitivo de las negociaciones para un histórico Tratado de Libre Comercio (TLC) tras 18 años de diálogo intermitente, informa EFE.

Bautizado por los negociadores como "la madre de todos los acuerdos", el pacto marcaría el fin del proteccionismo indio y busca reducir la dependencia estratégica de ambos bloques respecto a China. En el caso europeo, refleja además la aspiración de buscar nuevos socios y mercados prometedores en medio del caos geopolítico de la segunda Administración Trump.

Estas son las claves principales del acuerdo que sellarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi:

Para evitar que las diferencias técnicas hicieran descarrilar todo el proceso, los negociadores dividieron el pacto en tres tratados independientes pero vinculados políticamente, explico a EFE una fuente próxima a las negociaciones.

El núcleo duro es el Tratado de Libre Comercio (TLC), que elimina aranceles en el 90% de los productos; un segundo acuerdo de Protección de Inversiones para dar seguridad a las empresas; y un tercero sobre Indicaciones Geográficas (IG) para proteger productos con denominación de origen como el champán, el queso feta, el té Darjeeling o el arroz basmati.

El acuerdo contempla reducir los aranceles del 110% actual a un entorno del 40% inmediato para vehículos de lujo, con una bajada progresiva al 10% en los próximos años.

Bruselas también lograría ventajas en maquinaria industrial, aeronáutica, química y vinos, donde se aplicaría una rebaja gradual. A cambio, la UE abre sus puertas al textil indio. Sin embargo, para cerrar el pacto se han excluido los productos agrícolas sensibles como lácteos y cereales.

Bruselas aspira a que este marco fomente inversiones por valor de 100.000 millones de euros en la India durante los próximos 15 años, con el objetivo de triplicar la presencia de empresas europeas en el país más poblado del mundo.

El escollo principal es el mecanismo de resolución de disputas (ISDS). En las negociaciones se ha propuesto un sistema híbrido que protege a los inversores europeos frente a expropiaciones, pero garantiza el derecho a regular del Estado indio en temas de interés público para evitar demandas abusivas.

Para la India, la prioridad era la movilidad. Se firmará un Memorando de Entendimiento específico para facilitar la migración legal de talento. Esto crearía "vías rápidas" burocráticas para estudiantes, investigadores y trabajadores de alta cualificación tecnológica, ayudando a cubrir el déficit de ingenieros en Europa.

En sentido inverso, se ha pactado un marco de "interoperabilidad" que permite a las empresas europeas procesar datos en la India sin violar las estrictas normas de privacidad de la UE.

El mayor obstáculo técnico es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE que penaliza al acero indio. Para esto, la UE se compromete a apoyar la descarbonización industrial de la India mediante tecnología de hidrógeno verde y a reconocer los sistemas locales de créditos de carbono para evitar una doble imposición a las empresas indias.

La cumbre servirá para reactivar el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), la gran alternativa occidental a la Ruta de la Seda china. Aunque las obras están ralentizadas por la invasión de Gaza, Bruselas y Nueva Delhi reafirmarán su compromiso político para acelerar las conexiones portuarias y ferroviarias que unirán ambos continentes.

El pacto comercial viene acompañado de un Acuerdo de Seguridad y Defensa, que incluye cooperación en ciberseguridad y ejercicios navales conjuntos, elevando a la UE a socio estratégico de primer nivel para la India.

Este permitirá, por primera vez, el intercambio de información clasificada entre Bruselas y Nueva Delhi, lo que equipara a la India con socios como Japón e incluye cooperación en ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas marítimas y ejercicios navales conjuntos en el Indopacífico.

El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia, informa EFE.

"Ante las continuas y crecientes amenazas, incluidas las amenazas arancelarias, contra Groenlandia y Dinamarca y sus aliados europeos, no nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry (Escocia) hasta que Estados Unidos decida retomar un camino de cooperación en lugar de confrontación", dijo el jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

Trump ha amenazado a Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido con aranceles del 10% a partir del 1 de febrero si se oponen a su adquisición de Groenlandia, que ascenderían al 25% en junio.

"Es un ataque contra los intereses económicos y la soberanía territorial de la UE", aseguró Lange en una rueda de prensa.

En el acuerdo que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Bruselas aceptó aranceles del 15% para la gran mayoría de los productos europeos -entre ellos los automóviles y los semiconductores- y que Estados Unidos vendiera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Desde entonces, las exportaciones europeas se enfrentan a un arancel del 15% en Estados Unidos, pero la UE no ha empezado a implementar su parte del acuerdo, hasta que lo ratificara la Eurocámara, algo que ahora ha quedado pospuesto sine die.

Lange dijo que la comisión de Comercio del Parlamento Europeo pedirá el lunes formalmente a la Comisión Europea que active el mecanismo anticoerción contra Estados Unidos, ante las amenazas de Trump.

Precisamente está previsto que los líderes europeos discutan mañana esta cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en Bruselas para abordar hasta qué punto deben reconducir sus relaciones con el que hasta ahora era su principal aliado.

Los jefes de Estado y de Gobierno también debatirán mañana si aplicar represalias arancelarias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una posibilidad que la UE pudo haber aplicado el año pasado pero que decidió suspender para no entorpecer las negociaciones entre Bruselas y Washington que culminaron en el acuerdo de verano.

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen, según recoge EFE.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte "tiene el control total" sobre los procedimientos y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Además, en las últimas semanas se han estado sucediendo las protestas por parte de varios sectores como la agricultura o la ganadería en Francia o España, en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur. El sector primario europeo denuncia que este acuerdo les deja en una peor posición frente al producto latinoamericano, que tiene menos normativas y un coste de producción más bajo.

La Comisión Europea lamentó este miércoles que el Parlamento Europeo haya decidido remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE por considerar que las cuestiones que plantean los eurodiputados ya han recibido respuesta.

"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento", dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por la decisión. Añadió que, además, no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile.

Preguntado sobre si el Ejecutivo comunitario contempla aplicar provisionalmente el acuerdo antes de que se pronuncie el TJUE, explicó que la Comisión seguirá centrada en mantener el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué "pueden apoyar este acuerdo con confianza" y la "vital importancia" del mismo para la UE, tanto en términos económicos como para su "fortaleza geopolítica en el mundo".

El portavoz comunitario añadió que tras la decisión de la Eurocámara el tema lo discutirán probablemente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria que celebrarán mañana por la tarde, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos.