El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido este jueves enviar los casos de corrupción contra el expresidente Inácio Lula da Silva (2003-2011) a la Justicia Federal de Brasilia, después de que uno de sus jueces, Edson Fachin, anulara el pasado 8 de marzo las condenas que pesaban contra él al considerar que el tribunal de Curitiba en el que fueron dictadas no era el órgano competente para hacerlo, según informa Europa Press. Seis de los once jueces, entre ellos Fachin han decidido que los procesos deben ser enjuiciados en Brasilia, puesto que los hechos que se le imputaban estaban relacionado con esa ciudad, mientras que otros dos magistrados, Alexandre de Moraes y Ricardo Lewandowski votaron para que fueran derivados a la Justicia de Sao Paulo.

No obstante, los derechos políticos del expresidente Lula continúan intactos y todavía podría presentar una hipotética candidatura a las presidenciales de 2022, ya que el Supremo rechazó un recurso de la Fiscalía para tumbar la anulación de las condenas.

El pasado mes de marzo, Fachin consideró que el Juzgado Federal de Curitiba, responsable de los casos Lava Jato relacionados con Petrobras, no tenía autoridad legal para juzgar a Lula, puesto que las acusaciones contra él no estaban relacionadas directamente con la petrolera brasileña.

Posteriormente a esa votación, el Supremo también ha ratificado por amplía mayoría que Sergio Moro actuó con parcialidad cuando ejerció como juez instructor del caso del apartamento de Guarujá en 2017, en el que el expresidente fue condenado por corrupción, tras un recurso presentado por la defensa de Lula.

La votación se ha producido tras aprobar hace un mes una demanda de habeas corpus presentada por Lula en 2018 en la que acusó a Moro de parcialidad e irregularidades durante el proceso que impidieron que tuviera un juicio justo.

Un año después la petición del expresidente cobró mayor relevancia cuando salieron a la luz una serie de mensajes telefónicos en los que se podía leer como Moro guiaba a la acusación e incluso proponía testigos contra el expresidente brasileño.

Una parte de los jueces del Supremo ya avaló las tesis de que Moro, quien acabó siendo ministro de Justicia del actual presidente, Jair Bolsonaro, habría actuado con parcialidad, por lo que se anularon todas las condenas, obligando a los fiscales a empezar de nuevo con las investigaciones.

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice las investigaciones sobre el presidente, Michel Temer, acusado por la Policía de recibir sobornos del gigante de la construcción Odebrecht, implicado en escándalos de corrupción en varios países de la región.

La Policía advertía de un posible trato de favor a Odebrecht entre 2013 y 2015Odebrecht y aludía como prueba a la supuesta entrega de 10 millones de reales (más de 2 millones de euros) al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer en 2014, año en el que el actual jefe de Estado ocupaba la Vicepresidencia de Brasil.

La investigación, que toma como base el testimonio de un antiguo directivo de la constructora, Cláudio Melo Filho, salpica también al ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco, y al jefe de Gabinete de Temer, Eliseu Padilha.

La Fiscalía brasileña ya ha puesto en duda varias veces actuaciones de Temer, pero en este caso Dodge ha solicitado al Supremo que paralice las pesquisas hasta que concluya el mandato, ya que el presidente tiene inmunidad para enfrentarse a supuestos delitos cometidos antes de asumir el poder, según una nota recogida por la Agencia Brasil.

Obreros trabajan en la construcción de la línea 2 del Metro, en la capital panameña. Cinco estaciones serán habilitadas por la empresa Odebrecht para atender a los miles de peregrinos que se espera asistan a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) . | EFE

Al menos 34 personas siguen desparecidas tras el derrumbe de un edificio en llamas en el centro de la ciudad brasileña de São Paulo, según un nuevo balance divulgado el martes a última hora por los Bomberos, que no descartan que haya víctimas atrapadas entre los escombros.

Más de un centenar de familias residían en este inmueble de 26 plantas que en su día sirvió como sede para la Policía Federal. El inmueble permanecía ocupado desde hacía siete años y las autoridades locales se comprometieron a prestar ayuda a las personas que se quedaron en la calle, según informó Europa Press.

El portavoz de los Bomberos, Marcus Palumbo, aclaró que no todos los desaparecidos tienen por qué estar entre los escombros, ya que no está claro cuántas personas había en el interior del edificio o si parte de ellas optaron por no presentarse ante las autoridades locales.

Entre los desaparecidos, sin embargo, sí figura un hombre que cayó desde un octavo piso en el momento en el que iba a ser rescatado por los Bomberos y el edificio se vino abajo, informó la Agencia Brasil.

Los Bomberos se dieron un plazo de 48 horas para no mover la parte estructural del inmueble, de tal forma que se limitaran por ahora a tareas de limpieza y a rastrear a posibles víctimas. Hasta que se haya descartado la presencia de víctimas, no utilizarán maquinaria pesada para retirar escombros.

El juez brasileño Sergio Moro ha dado este jueves al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hasta la tarde del viernes para entregarse a las autoridades para empezar a cumplir pena de cárcel, según ha informado el diario local Folha de Sao Paulo.

En su documento, ha sostenido que da este plazo al exmandatario "con motivo del cargo que ocupó" y ha recalcado que deberá entregarse antes de las 17.00 horas (hora local) de este viernes, 6 de abril.

La orden de Moro llega un día después de que el Tribunal Supremo Federal (STF) el recurso de habeas corpus presentado por el exmandatario, que implica su ingreso inmediato en prisión por la condena por corrupción.

Contra esta decisión no cabe recurso, por lo que sólo quedaba que Moro cumpliera la formalidad de solicitar de nuevo la ejecución de la condena, detallando el centro penitenciario, para que el líder izquierdista sea encarcelado.

Lula ha sido condenado por un juez federal y por un tribunal regional a doce años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.

El exdirigente sindical ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales —el STF y el Tribunal Superior de Justicia— para revertir la condena. Una vez firme, la sentencia impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

Hasta entonces, Lula podrá intentar inscribirse y, en caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que decida. Si consiguiera finalmente el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón a Moro, los votos que haya recibido serán anulados.

El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, ha imputado este martes a los expresidentes Luis Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff junto a otros seis miembros del Partido de los Trabajadores (PT) por "organización criminal".

Janot ha indicado que los ocho miembros del PT, entre ellos Lula da Silva y Rousseff, cometieron crímenes de corrupción, blanqueo de dinero y formación de un cártel en relación con la petrolera estatal Petrobras.

Las imputaciones se derivan de las investigaciones abiertas por el Tribunal Supremo Federal por la Operación Lava Jato, y se trata además de la primera vez que se presentan cargos criminales contra Rousseff, apartada del poder en 2016.

Janot ha sostenido que los ocho miembros del PT recibieron 1.485 millones de reales (cerca de 400 millones de euros) en pagos ilegales, apuntando a Lula da Silva como "ideólogo" de la organización, según ha informado el diario local O Globo.

En su documento, ha indicado que el expresidente recibió supuestamente 230,8 millones de reales (unos 62,1 millones de euros) entre 2004 y 2012 de parte de las empresas Odebrecht, OAS y Schahin con recursos desviados de contratos firmados con Petrobras.

Asimismo, ha subrayado que esta organización habría actuado entre 2002, cuando Lula da Silva se impuso en las presidenciales, hasta mayo de 2016, cuando Rousseff abandonó la Presidencia a causa de un juicio político.

En el caso de la exmandataria, Janot ha dicho que habría entrado a formar parte de la supuesta organización criminal en 2003, cuando accedió al puesto de ministra de Minas y Energía.

"Desde allí contribuyó decisivamente para que los intereses negociados en forma de pagos pudieran ser cumplidos, especialmente en el ámbito de Petrobras, de la que fue presidenta del consejo de administración entre 2003 y 2010", ha señalado.

Los otros seis imputados son la senadora Gleisi Hoffman, presidenta del PT; los exministros Antonio Palocci, Guido Mantega y Paulo Bernardo; el prefecto de Araraquara, Edinho Silva; y el extesorero del PT Joao Vaccari Neto.

Janot ha reclamado que todos ellos paguen 6.800 millones de reales (alrededor de 1.831 millones de euros), cifra que incluye la devolución del dinero presuntamente desviada y las reparaciones por daños morales y materiales.

La operación Lava Jato se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en el gigante sudamericano. Ha salpicado a decenas de políticos y empresarios y ha dado lugar a la apertura de causas derivadas, como la de Odebrecht, que ya ha cobrado entidad propia.

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha asegurado este jueves que está siendo perseguido por sus "enemigos políticos" ante la Justicia en relación con la condena impuesta por un tribunal de primera instancia a nueve años y medio de prisión por corrupción y blanqueo de dinero.

"Desde que no pueden vencerme mediante la política, utilizan los juzgados", ha aseverado el exdirigente y cofundador del Partido de los Trabajadores (PT) durante la manifestación que ha tenido lugar en una de las principales calles de la localidad de Sao Paulo.

La organización de las protestas en contra de la condena impuesta por el juez federal Sergio Moro ha contado con la participación del PT, formación de la que Lula es líder honorífico.

La Policía brasileña ha registrado, además, varias manifestaciones en otras ciudades del país, desde Río de Janeiro hasta Belo Horizonte, Porto Alegre y Fortaleza.

Durante sus dos mandatos al frente de la Presidencia entre 2003 y 2010, el expresidente contribuyó a descender el número de personas por debajo del umbral de la pobreza en el país, pero también provocó un aumento del déficit público.

Lula da Silva, que es uno de los principales favoritos de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2018, no podrá presentarse si su condena es ratificada por un tribunal de segunda instancia.

Corrupción y operación Lava Jato

El juez Moro señaló el 12 de julio que existen pruebas suficientes para condenar a Lula, que se ha convertido en el primer exmandatario en ser sentenciado por corrupción en Brasil.

Además de los nueve años y seis meses de prisión, el fallo también contempla la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 19 años.

Lula está siendo investigado en el marco de la operación Lava Jato, que analiza la trama corrupta en torno al gigante Petrobras. Según la Fiscalía, éste se habría beneficiado del dinero desviado de la petrolera para la compra y reforma de un tríplex en Guarujá (Sao Paulo). El dinero procedía de la compañía brasileña OAS, que habría utilizado el inmueble como soborno a cambio de contratos.

El expresidente de OAS José Aldemário Pinheiro Filho también ha sido condenado en este caso, por corrupción activa y blanqueo de dinero. No obstane, los 10 años y ocho meses que ha dictado el juez para él quedarán reducidos gracias a un acuerdo de delación firmado con las autoridades.

El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo Federal (TSF) una denuncia contra el presidente, Michel Temer, y contra el exdiputado del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) Rodrigo Rocha Loures por un delito de corrupción pasiva.

Janot ha solicitado que Temer pierda su mandato "principalmente por haber actuado en violación de sus deberes para con el Estado y la sociedad", según ha recogido el portal G1 de O Globo.

En el documento que acompaña la denuncia, el procurador general pide al magistrado Edson Fachin -responsable de la investigación de la trama de Petrobras en el Supremo- que este caso sea enviado a la Cámara de Diputados después de que los dos acusados entreguen su defensa al tribunal, para lo que tienen un plazo de 15 días.

Con esta denuncia queda formalizada la acusación contra el mandatario, que ahora juzgará el Supremo si cuenta con la autorización de la Cámara. Es la primera vez que un presidente de la república es denunciado ante el alto tribunal en el ejercicio de sus funciones.

Desde la asesoría de la Presidencia han señalado que el Palacio de Planalto no hará ningún comentario al respecto de esta decisión.

El Código Penal brasileño define el delito de corrupción pasiva como el acto de "solicitar o recibir, para sí mismo o para otra persona, de forma directa o indirecta, incluso sin asumir el cargo público o antes de hacerlo, pero en razón de él, una ventaja indebida" o "aceptar la promesa de tal ventaja".

Este delito puede ser sancionado con penas de entre dos y doce años de prisión. La acusación de Janot se basa en las investigaciones abiertas a partir de la declaración de los propietarios de la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, en el marco de la 'operación Lava Jato'.

Temer también está siendo investigado por obstrucción a la Justicia y por participación en organización criminal, delitos para los cuales la fiscalía todavía no ha presentado ninguna denuncia.

El presidente de Brasil, Michel Temer, ha reiterado este lunes que no renunciará a la Presidencia del país sudamericano incluso si es acusado formalmente por el Tribunal Supremo de Brasil, de acuerdo a una entrevista publicada este lunes por el diario Folha de S. Paulo.

"No renunciaré. Destitúyanme si quieren, pero si me retiro estaría admitiendo la culpa", sostuvo Temer, tras negar acusaciones de corrupción y de obstrucción a la justicia en una extensa investigación sobre pago de sobornos.

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil difundió el viernes las grabaciones en las que Temer presuntamente ordena al empresario Joesley Batista que mantenga los pagos al ex jefe de la Cámara de Diputados y su entorno después de que Cunha entrara en prisión para garantizar su "silencio" sobre los casos de corrupción que afectan al nuevo Gobierno.

Batista, propietario de JBS, la mayor productora de carne del mundo, grabó sus conversaciones con Temer, en las que éste le explica que "es importante mantener" los pagos mensuales a Lucio Funaro, el hombre de confianza de Cunha en el Congreso, para "garantizar el silencio". Las entregas periódicas ascendían a 400.00 reales (unos 110.000 euros) y, en total, el presidente pagó a Cunha unos 5 millones de reales (1,3 millones de euros) cuando ya estaba preso.

Desde que se destapó el caso, la semana pasada, el presidente se ha negado a dimitir y este sábado pidió al STJ la suspensión de la investigación, poniendo en tela de juicio la autenticidad de la grabación.

En el marco del interrogatorio, Lula ha asegurado que "nunca" hubo ninguna intención de adquirir un tríplex, en referencia a la vivienda de lujo que la compañía brasileña OAS habría entregado al exmandatario como soborno.

Moro sospecha que Lula recibió un soborno de 3,7 millones de reales (más de un millón de euros) como pago por sus favores políticos a la empresa constructora a cambio de la adjudicación de contratos públicos, cantidad que habría recibido, no en dinero, sino a través de la reforma de un dúplex, convertido en tríplex de lujo, ubicado en Guarujá (Sao Paulo).

El expresidente ha reconocido que visitó el inmueble que, según su testimonio, OAS pretendía vender a su familia, pero ha asegurado que nunca pidió que e reformara. "Lo que sé, del día que fui, es que había muchos defectos en el edificio", ha explicado.

En el marco de su interrogatorio ha cuestionado las pesquisas y ha señalado que la Fiscalía debe de tener "al menos" un documento que demuestre quién es el propietario del tríplex "para poder decir" que es suyo.

Ante estas declaraciones, el magistrado ha asegurado que se encontró un documento sobre la adhesión de otra unidad al dúplex en la vivienda del exmandatario, si bien éste no tiene ninguna firma. "Tal vez quien acusa sepa cómo fue a parar allí", replicó el presidente.

"Lo que quiero es que se pare con las ilusiones y que se me diga cuál es el crimen que cometí. El delito lo habría cometido si hubiera comprado el apartamento, si tuviera un documento que demuestra que lo compré, si me hubieran dado una llave, si hubiera dormido allí alguna vez, si mi familia hubiera dormido allí y si hubiera una escritura pública", ha defendido.

Lula ha negado en todo momento haber ordenado al expresidente de OAS, Léo Pinheiro, a destruir toda prueba que demostrara los sobornos a su partido, tal y como el propio Pinheiro aseguró recientemente.

Hábeas corpus

La declaración comenzó sobre las 14.15 horas, media hora después de que Lula, con una corbata con los colores nacionales, llegara a la sede de la Justicia Federal, donde numerosos simpatizantes que expresaron su apoyo con pancartas y consignas.

Lula intentó evitar hasta el último momento esta comparecencia con tres recursos de hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Justicia, que los ha rechazado todos y ha mantenido en pie la citación cursada por el juez federal que instruye 'Lava Jato'.

El líder izquierdista tiene abiertas hasta cinco causas penales por corrupción, a pesar de lo cual se mantiene a la cabeza de los 'presidenciables' para 2018, por delante de la líder ecologista Marina Silva, el conservador Aécio Neves e incluso el presidente, Michel Temer, al que ganaría con el mayor margen, según los últimos sondeos.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha defendido los costes de organizar el Mundial de fútbol, ha prometido castigar la corrupción y ha asegurado que en los tres últimos años el país ha gastado 212 veces más en salud y escuelas que en los estadios, pese a lo que denuncian los manifestantes críticos con la organización de este evento.

En este contexto, la mandataria brasileña ha afirmado que el gasto público en salud y educación está "entre las líneas de presupuesto que más han crecido" y, a menos de 48 horas de la inauguración de este torneo internacional, ha pedido a sus compatriotas que den "una cálida bienvenida" a los hinchas visitantes.

Tras un año de protestas por los cerca de 11.000 millones de dólares que Brasil ha gastado para organizar el Mundial, Rousseff ha afirmado que las inversiones en estadios, terminales de aeropuertos y otras obras de infraestructura brindarán beneficios a largo plazo al país. "Nosotros hicimos todo esto para los brasileños", ha añadido la mandataria, reiterando que las obras públicas implementadas para el torneo "no se irán en las maletas de los turistas".

El torneo, que comienza este jueves con el enfrentamiento entre las selecciones nacionales de Brasil y Croacia en la ciudad de São Paulo, es el Mundial más caro desde que comenzó la competición hace 84 años. Rousseff ha intentado hacer hincapié en lo que se ha logrado, mientras los residentes de las 12 ciudades que serán sedes de los partidos se quejan de que muchos de los proyectos prometidos sufren demoras.

Por otra parte, la presidenta ha rechazado el "falso dilema" de que el gasto del Mundial de alguna forma haya afectado la inversión en salud, educación y otros servicios públicos. Asimismo, ha asegurado que se está realizando una auditoria en la que se incluyen todos los gastos y ha prometido castigar cualquier hecho de corrupción. "Si se demuestra cualquier irregularidad (...) los responsables serán castigados", ha declarado.

El gobernador del estado brasileño de São Paulo, Geraldo Alckmin, ha amenazado este domingo con despedir a los trabajadores del metro que sigan adelante con la huelga indefinida iniciada el pasado jueves, tras la decisión del Tribunal Regional Laboral que considera ilegal esta huelga.

"Quiero dejar claro que quien no vaya a trabajar incurre en la posibilidad de ser despedido por causa justa, ya que la huelga es abusiva", ha sostenido, según ha informado el diario brasileñó Folha.

La asamblea de los trabajadores del Metro de São Paulo aprobó este domingo en asamblea seguir adelante con la huelga, un conflicto laboral que podría afectar al Mundial de Fútbol, cuya inauguración está prevista para el próximo viernes precisamente en São Paulo.

El dictamen judicial impone además una subida del 8,2%, la misma que ofrecía la empresa, y fija además una multa de 500 reales brasileños (unos 163 euros) por cada día que prosiga la huelga que deberán pagar el Sindicato de Trabajadores del Metro y el Sindicato de los Ingenieros del Metro.

"Tienen un Mundial, el mayor evento deportivo del mundo. El gobierno del estado tiene elecciones a finales de año. Tienen que negociar. Tenemos que enfrentarnos al Gobierno", ha afirmado el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, Altino dos Prazeres, en declaraciones al diario O Globo antes de la votación asamblearia.

Dos Prazeres ha asegurado que los trabajadores tienen el apoyo de la población. "No queremos perjudicar el Mundial. Queremos resolver nuestro problema", ha argumentado tras la asamblea.

El Tribunal Regional Laboral de São Paulo ha decidido por unanimidad de sus ocho integrantes ilegalizar la huelga. Uno de los jueces, Rafael Pugliese, ha explicado que la huelga es "abusiva" porque "el transporte de metro es un servicio social y debe ser garantizado en unos mínimos". Pugliese justifica el fallo también por el incumplimiento del auto preliminar que imponía servicios del 100% en hora punta y 70% en las horas valle y los trastornos provocados por la protesta.

Durante las negociaciones, Metro llegó a retirar la propuesta de subida del 8,7% y solicitó a los jueces que aplicara un reajuste salarial conforme al IPC oficial, del 5,2%. Sin embargo, el juez Pugliese ha argumentado que aplicar una subida menor "sería un retroceso para las negociaciones".

Una de las abogadas de los trabajadores, Eliana Ferreira, ha indicado que éstos podrían aceptar el reajuste, con lo que podría ponerse fin así al conflicto laboral, que amenazaba con afectar al Mundial de Fútbol. "El 5,2 es irreal y no recompone los salarios (...) Si no aceptan nuestra propuesta, por lo menos que lo hagan con las propuestas que habían realizado", ha argumentado.

El príncipe Felipe se quedó en tierra. No pudo volar a Brasil por una avería técnica en el avión Airbus A-310 en el que iba a desplazarse hasta São Paulo para atraer inversiones y vender la marca España. Lo cierto es que no pudo encontrar un medio de transporte alternativo para el heredero, como reconoció la Casa del Rey, razón por la cual se decidió suspender el viaje de dos días. Ni él ni el resto de la delegación pudieron tomar un avión gemelo, porque estaba en revisión, ni cabía cambiarse a un aparato más pequeño, un Falcon, porque tiene menor autonomía y habría exigido más escalas, ni pudieron optar por un vuelo en una aerolínea comercial, porque "no cuadraban horarios o estaban llenos". De modo que tuvieron que cancelarse las entrevistas bilaterales previstas –entre ellas, con los expresidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso– y la presencia de Felipe en varios actos empresariales. Algo insólito, como afirmó resignado el hijo del rey: "Es la primera vez que me pasa y ya tengo unos añitos".

El Estado dispone de siete aviones –dos Airbus A-310 y cinco Falcon 900B– para viajes oficiales, y son los que integran el 45 Grupo del Ejército del Aire, creado en 1956. En uno de los A-310 iba a viajar, en la madrugada del lunes, el príncipe, acompañado del personal de la Casa del Rey, dos secretarios de Estado –el de Comercio, Jaime García-Legaz, y el de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia–; la directora general de Turespaña, Marta Blanco; la consejera delegada del Icex, Coriseo González, y 15 periodistas. En total, unas 40 personas. Cuando estaba preparándose el despegue, saltó la alarma. Había un problema con el sistema de funcionamiento de los flaps, los dispositivos de sustentación de la aeronave. La incidencia no era menor. Como advertían desde la Zarzuela, era el mismo fallo que causó el siniestro de Spanair en agosto de 2008, en el que murieron 154 personas. 

Los técnicos intentaron sustituir la pieza dañada con otra idéntica extraída del otro A-310, que no se encontraba en la base de Torrejón de Ardoz, sino en las instalaciones de EADS en Getafe, ya que el aparato se encontraba en "revisión técnica programada" –Defensa no pudo precisar desde cuándo–, por lo que este avión gemelo no se podía emplear. Al final, se colocó la pieza en el ala izquierda del A-310, pero cuando habían pasado siete horas, se comprobó que la "calibración exacta" necesaria requería un tiempo adicional del que no se disponía para llegar a tiempo a los actos programados en Brasil, el primero de los cuales, la entrevista de Felipe con el gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, estaba previsto a las 16.30 hora española. "No es como cambiar un fusible y ya está. Hay que comprobar que se coordina con los demás sensores. El sensor debe probarse en condiciones parecidas a las de vuelo, en un banco de pruebas. Se exigen unos protocolos que cumplir que llevan su tiempo", indicaron fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por infoLibre. El comandante decidió cancelar el vuelo, sobre las ocho de la mañana de este lunes. "La seguridad es prioritaria e ineludible. No se puede volar si no hay las garantías correspondientes", añadieron. 

No hace falta un tercer Airbus

¿Qué opciones se abrían? La primera, viajar en un Falcon, una aeronave más pequeña, configurado para una capacidad de 12-14 pasajeros –en el A-310 caben unos 50-60–, no parecía viable, ya que estos aparatos tienen menor autonomía de vuelo, lo que habría requerido más escalas y, en consecuencia, otro plan de vuelo de distinto, que hay que planificar "con antelación suficiente", y no había tiempo material para hacerlo. El Ejército del Aire sí dispone, para otros cometidos –no para viajes de Estado– de otro tipo de aparatos, como los Hércules, que son muy lentos, pequeños e incómodos.

¿Por qué no hay un tercer Airbus? "Las necesidades de transporte de las autoridades españolas del Estado se cubren perfectamente con un par de aviones. Lo demás sería derroche. No sólo por el mantenimiento, sino por las tripulaciones, porque no puedes tener un aparato aparcado, sino que han que mantenerlo en forma con una serie de horas de vuelo al año. Si hubiera un Airbus más sería inútil", señalaron en Defensa, el departamento que dirige Pedro Morenés, que no obstante no precisó el coste de mantenimiento de estos A-310. Los Airbus entraron en servicio en España en septiembre de 2003, después de ser adquiridos de segunda mano a Air France. Llevan 31 años funcionando, porque su primer vuelo lo operaron en 1982. El que iba a utilizar Felipe fue la misma nave que le llevó a él y a su esposa, Letizia, en su gira norteamericana y el que se utilizó para trasladar al último relevo del destacamento español en Yibuti de la Operación Atalanta de la UE contra la piratería en el océano Índico. 

En cualquier caso, como reconocieron en la Zarzuela y en Defensa, "nadie solicitó al Ejército del Aire un transporte alternativo". Se pensó en un desplazamiento en línea regular. Las cuatro aerolíneas que vuelan hasta São Paulo son Iberia, Air Europa, Tam y Air China. "Miramos las opciones comerciales y no cuadraban ni por horario ni por plazas. Los aviones iban llenos, y no puedes desalojar a los pasajeros, porque no se trata de encontrar una plaza para el príncipe, sino para el personal que le acompaña", alegaban fuentes oficiales de la Zarzuela. Iberia, por ejemplo, subrayó a este periódico que, aunque no podía relevar el índice de ocupación del vuelo a São Paulo de la mañana, sí es cierto que ese tipo de desplazamientos "de largo radio suelen ir muy llenos siempre". La institución explicó que los príncipes o la reina viajan "muy frecuentemente" en líneas regulares, siempre en clase business, acompañados de escoltas y ayudantes. El rey es el único que, por seguridad, nunca se desplaza en aviones comerciales. 

Mensajes en vídeo como remedio

Al final, la Casa del Rey decidió suspender el desplazamiento. "No era un viaje oficial como tal, no era una cumbre ni una toma de posesión de un presidente latinoamericano, sino un viaje de trabajo en el que el príncipe acudía a reforzar las gestiones de los empresarios. Si hubiera sido un viaje oficial, se habría entonces apostado por ir en un Falcon con otro plan de vuelo. Pero este no era el caso. No era para tanto". 

El príncipe, como remedio, grabó ayer en la Zarzuela en vídeo todos los discursos que tenía previsto pronunciar, con la intención de que se emitan allí. Estaba previsto que el primero se emitiera anoche en un acto diseñado para promocionar el turismo de España entre la comunidad judía de Brasil. El resto se difundirán hoy: en un foro empresarial, en la presentación de la nueva edición del diario El País en portugués y en una cena con empresarios. La fórmula es semejante a la que usó el rey para dirigirse a los jefes de Estado y de Gobierno en la pasada Cumbre Iberoamericana de Panamá, a la que no pudo acudir por encontrarse convaleciente de su operación de cadera. Las entrevistas bilaterales con Alckmin y los expresidentes Luis Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso "se recuperarán en la primera oportunidad que se encuentre". 

Otros fallos de importancia

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, se quedó también en España. Este diario no pudo confirmar en Exteriores si también lo había hecho su homólogo en la cartera de Cooperación e Iberoamérica, Jesús Gracia. 

¿Y el hecho de que no pudiera viajar el heredero a Brasil no daña la marca España, una de las obsesiones del Gobierno? En la Zarzuela y en el Ejecutivo lo negaron y trataron de quitar hierro al asunto. "Nada que ver con eso. Incidencias ocurren todos los días en todas las flotas. La casualidad ha sido que el otro Airbus estaba en revisión", justificó Defensa. El A-310 de la Fuerza Aérea Española sufrió en 2005, por ejemplo, un fallo en el sistema eléctrico que le impidió despegar de la Guayana Francesa, y en él viajaba el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Otros aviones de transporte de autoridades han padecido asimismo averías de importancia.

El Gobierno brasileño de Dilma Rousseff anunció este lunes un nuevo aplazamiento "de por lo menos un año" de la licitación de la primera línea de tren de alta velocidad de América Latina, que unirá Río de Janeiro y São Paulo, y por la que pujaban consorcios de España, Francia y Alemania. Quien informó de la decisión fue el presidente del órgano del que depende la subasta, la Empresa de Planeamiento y Logística (EPL), Bernardo Figueiredo. La decisión se tomó después de conversar con los países interesados. Francia decía estar dispuesta a participar ya en la licitación, pero España había reclamado "más tiempo" y Alemania, por su parte, que se atrasase más de un año, según dijo Figueiredo en rueda de prensa. 

En principio, los grupos interesados en la licitación tenían que entregar sus ofertas definitivas el próximo 16 de agosto. El calendario fijado por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de Brasil para el concurso público tenía fijado el 19 de septiembre para la apertura pública de las ofertas económicas y el 23 de ese mes, el anuncio del oferente favorito, del eventual adjudicatario. 

España tenía a dos consorcios que pujaban por el macroproyecto. Por un lado, uno promovido por el Ministerio de Fomento, compuesto por las empresas públicos Renfe, Adif e Ineco y las compañías privadas ACS, Talgo, Indra, Elecnor, Abengoa, Thales, Bombardier y Dimetronic. Por otro lado, el fabricante ferroviario CAF encabezaba otro con el que competir, aunque no había desvelado sus integrantes. El departamento que dirige Ana Pastor había buscado constituir un único gran grupo para concurrir por este macrocontrato, para así poder reeditar el éxito logrado en Arabia Saudí, donde a finales de 2011 un consorcio español logró hacerse con el AVE La Meca-Media, una de las mayores adjudicaciones logradas en el exterior. El pasado mes, FCC consiguió un contrato de 6.070 millones de euros para construir el metro de la capital saudí, Riad. 

Según el ministro de Transportes brasieño, César Borges, el Gobierno decidió aplazar la subasta a la vista de que apenas un grupo, el francés, había dejado claro que estaba listo para la disputa. El Ejecutivo quiso evitar que un solo participante compitiese, porque eso sólo podría generar controversia. Borges admitió no obstante que la decisión de reemprender la licitación en agosto de 2014 dependerá de una posterior evaluación política, dada la proximidad de las elecciones, informa el diario O Globo. 

"Atenuar" el efecto del accidente de Santiago

Las empresas españolas habían intensificado sus reuniones para tratar de "atenuar" el eventual efecto que pudiera tener el accidente ferroviario en Santiago de Compostela del pasado 24 de julio. Todo ello para defender la imagen de la alta velocidad española. No obstante, Borges ya había asegurado el pasado 1 de agosto que no impediría a Renfe participar en el concurso público. Las alarmas habían saltado porque el pliego del mismo impide concurrir a operadores involucrados en accidentes graves de AVE en los últimos cinco años. 

El tren bala de Brasil es un macrocontrato de unos 13.000 millones de euros, que contempla la construcción y explotación de una línea AVE de 511 kilómetros de longitud que unirá Río, São Paulo y Campinhas. El proyecto se ejecutará en dos fases. La primera, la que hasta ahora estaba en liza, está presupuestada en 2.450 millones y abarca la instalación de la denominada superestructura de la línea (los sistemas de electrificación, señalización, seguridad y telecomunicaciones, entre otros) y la explotación del servicio ferroviario durante un plazo de 40 años. 

La decisión de Brasilia llega tras la convulsión que vivió el país en junio pasado, con las protestas de los indignados, que luchaban por una sociedad más justa y por mejoras en el transporte público. Esas reivindicaciones pueden haber pesado en el ánimo del Ejecutivo de Rousseff.