La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

España cerró 2025 con un déficit público de 40.330 millones de euros, un 2,39 % del PIB (incluido el impacto de la dana), con lo que cumple con el objetivo comprometido con Bruselas (2,5% del PIB) y marca el nivel más bajo desde el estallido de la crisis financiera.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda, el déficit público se redujo en 2025 en 10.937 millones de euros, un 21,3%, con respecto a 2024. Esto supone un descenso de 0,83 puntos con respecto al dato global de 2024 (3,22% del PIB).

Si se descuenta el impacto de la dana (3.550 millones), el déficit público habría cerrado en 36.780 millones, un 2,18% del PIB, 0,68 puntos menos que el dato de 2024 que incluía el gasto asociado a la catástrofe.

La ejecución presupuestaria ha sufrido fuertes oscilaciones en las últimas dos décadas, al pasar de los superávits del 'boom' inmobiliario (2005, 2006 y 2007) a los abultados déficits de la crisis financiera (superó el 11% del PIB en 2009 y 2011) y la pandemia (9,9% del PIB en 2020), con correcciones posteriores que, hasta ahora, no habían ido más allá del déficit del 2,6% del PIB anotado en 2018.

"Hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable", ha señalado el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en un comunicado.

El Ministerio de Hacienda ha explicado que esta corrección del déficit ha sido posible gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria, que aumentó un 10,4% en 2025, hasta los 325.356 millones de euros.

Según Hacienda, la mayor recaudación está relacionada con el crecimiento de la economía y las cifras récord de empleo, ya que la inflación explica solo 1,3 puntos de ese crecimiento.

La recaudación por IRPF ascendió a 142.466 millones, un 10,1% más, gracias al "dinamismo laboral"; la de IVA a 99.532 millones, un 9,9% más, por el impulso del consumo; y la del impuesto de sociedades a 42.266 millones, un 8,1% más, por los "altos beneficios obtenidos por las empresas".

El nuevo impuesto sobre las transacciones financieras recaudó 339 millones de euros.

En 2025, la administración central acumuló un déficit de 33.168 millones, un 29,26% menos y un 1,97% del PIB, a pesar del impacto de la dana.

Las comunidades autónomas, en cambio, duplicaron su déficit hasta los 6.650 millones (0,39% del PIB) debido a que la liquidación del ejercicio 2023, realizada en 2025, fue menos positiva que la del año anterior.

Ocho comunidades autónomas cerraron 2025 con superávit, encabezadas por Navarra (2,04% de su PIB) y Asturias (0,51%); mientras que los déficits más abultados se concentraron en Murcia (1,56%) y Comunitat Valenciana (1,54%).

La Seguridad Social registró un déficit de 5.580 millones (un 32,1% menos y un 0,33 % del PIB), una reducción que fue posible gracias a la buena evolución de las cotizaciones sociales.

Las corporaciones locales, en cambio, lograron un superávit de 5.068 millones (0,3% del PIB), un 28,4% inferior al de 2024.

El Gobierno de España, además de las transferencias ordinarias, le ha transferido un presupuesto de 129.000 mil millones de euros en los siete años de gobierno de España de izquierdas progresista, un 50% más de lo que recibió en la etapa de M. Rajoy, recortador de derechos y defensor de la Gürtel y las corruptelas del PP. Ayuso, no mienta ni manipule la verdad y la realidad de los hechos, son sus regalos fiscales y son solo en beneficio de quienes más dinero tienen, milongas las justas.  

Madrileñas y madrileños, si tu colegio de enseñanza pública no tiene calefacción, a tu centro de salud le falta personal, tus servicios sociales abandonados, tus universidades públicas y centros formación profesional públicos sin inversión u otros servicios los cierran o privatizan es culpa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no invierte. Acuérdate cuando vayas a votar o no olvides los regalos fiscales del PP, hechos por doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, dinero hay, que no te mientan, lo están desviando y han planificado la desinversión de lo público y de todo lo transferido por el Gobierno de  España, sí, el malvado Pedro Sánchez. 

Lo desvían para premiar con bajadas fiscales a sus votantes ricos, familias ricas, beatas y beatos con patrimonio, especuladores y donantes del PP con buena renta y sin olvidar a los jefes de la banca privada y grandes empresas y sus directivos. Ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid, es hora de levantarse y gritar, gritemos no, con mis impuestos no, más dádivas a los ricos y poderosos con dinero y exigimos el cumplimiento de inversión de las transferencias y el artículo 31 de la Constitución española, sostenimiento del gasto público, los tributos son para lo público, el sector público, el Estado del bienestar y necesita urgentemente inversión, tal y como está regulado en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la presidenta de las cañas y los vinos no está cumpliendo las leyes de financiación y la norma que regula las transferencias del Estado español a la comunidad, presupuestos finalistas, no son para capricho ni para regalos y menos para privatizar lo público, son en defensa de los servicios públicos de las madrileñas y madrileños de la Comunidad de Madrid y sus 179 municipios, que también existen. Ayuso, deje de robar y de desmantelar lo público para beneficiar lo privado.  

Trabajadoras y trabajadores; jubilados y pensionistas, que no te engañen ni embauquen los del PP y su banda de forajidos, las bajadas fiscales solo benefician a las rentas altas, los grandes patrimonios y que sepamos el nivel de renta de la Comunidad de Madrid, data más de siete millones de personas con rentas medias o  bajas, o sea, es a los ricos a quienes ayuda el desGobierno de Ayuso, unos miles de contribuyentes que no contribuirán por gracia de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso y luego donan al PP y les desgrava, el negocio perfecto del ayusismo, con nuestros impuestos benefician a sus donantes, colegas de vino y cañas, ricos poderos, accionistas y especuladores de lo público. 

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este viernes que el nuevo sistema de financiación autonómica aportará unos 16.000 millones de euros adicionales a las regiones en 2027, gracias a la cesión de una mayor parte de la recaudación de IRPF e IVA, según recoge EFE.

En la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, Montero ha señalado que la propuesta del Gobierno prevé incrementar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que se destina a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente.

Además, se incorporan a la cesta de tributos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.

Montero ha asegurado que el nuevo sistema de financiación autonómica reportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

En una rueda de prensa, la titular de Hacienda ha señalado también que los recursos que el nuevo sistema aportará a estas comunidades (todas menos Navarra y País Vasco) alcanzará ese año 2027, en que entraría en vigor si finalmente se aprueba, los 224.507 millones de euros, más de un 47% más que los 152.484 millones de 2023, que es el ultimo ejercicio liquidado.

Montero presentará este nuevo modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles para la próxima semana.

El Ministerio de Hacienda propondrá elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, según adelanta este viernes La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del pacto entre el Gobierno y ERC.

Este incremento, que supondría que la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones, se incluye dentro de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que este viernes presentará a los medios de comunicación la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La cesión de una mayor parte del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas incrementaría los recursos disponibles para financiar a las regiones en miles de millones de euros.

A modo de ejemplo, dado que en 2024 (último ejercicio cerrado) el IRPF recaudó 129.408 millones y el IVA, 90.541 millones, ese mayor porcentaje hubiera aportado en ese año 12.355 millones adicionales de financiación a las regiones: 6.470 millones de IRPF y 5.885 millones de IVA.

La propuesta que presentará este viernes Montero también dará a las comunidades autónomas la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Esto permitiría a las regiones obtener todos los recursos que les corresponden en tiempo real, sin tener que esperar dos años para obtener fondos adicionales cuando la recaudación supera las previsiones ni tener que devolver parte de las entregas a cuenta cuando las previsiones han sido demasiado optimistas.

Montero tendrá ahora que presentar la propuesta de reforma a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que todavía no ha sido convocado, aunque serán las Cortes quienes tendrán que aprobar el proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya avanzó el jueves tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "nadie pierde y todo el mundo gana" con la nueva propuesta, que, afirmó aportaría 4.700 millones de eros adicionales a Cataluña sin implicar una pérdida en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

Cada 22 de diciembre, España se detiene frente al televisor. El bombo gira con su estridente aunque familiar tintineo de bolas, mientras los niños de San Ildefonso cantan números largos y millones de personas revisan sus décimos, esperando que algún cántico les conceda el milagro de la Navidad. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no es solo un sorteo, es un ritual colectivo que apela a la esperanza de un cambio de vida.

Sin embargo, este juego propone tanto ganadores seguros como perdedores casi garantizados. Mientras la mayoría de los jugadores recupera poco o nada de lo invertido, El Estado, las administraciones de lotería, las entidades bancarias y la industria televisiva y publicitaria no compiten con el azar.

El resultado del sorteo es secundario. Pase lo que pase, ellos siempre ganan El Gordo.

La Lotería de Navidad de este 2025 juega con un total de 198 series, cinco más que el año anterior. Cada una está compuesta por 100.000 números, lo que eleva a 198 millones la cifra de décimos puestos a la venta. Si dicha cantidad de boletos se vendieran en su totalidad, el Estado alcanzaría una recaudación bruta de 3.960 millones de euros.

De esa cantidad, el 70% se destina a premios, lo que supone que este lunes se reparten 2.772 millones de euros. El 30% restante queda en manos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cuyo margen se reparte entre costes de producción, distribución y gestión, así como otros gastos operativos. No obstante, su finalidad principal es el refuerzo de las arcas públicas.

SELAE es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda. Su propietario es el propio Estado y, por ende, la ciudadanía. Teniendo en cuenta que se trata de una de las empresas más lucrativas de España (con un beneficio neto de 2.437 millones de euros en 2024 según sus cuentas públicas) su papel como fuente de ingresos para el Estado resulta clave. Solo este año pasado, la compañía abonó 812 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades y transfirió al Tesoro Público 2.275 millones de euros.

Tal aportación se traduce en un plus en la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones o las políticas de empleo.

Aunque estos resultados proceden del conjunto de sorteos que gestiona la entidad, el Sorteo Extraordinario de Navidad mueve por sí solo más dinero que las ventas combinadas de Euromillones, Lotería Primitiva y Bonoloto.

A esta recaudación hay que sumar la retención de Hacienda, que grava con un 20% la parte del premio que supere los 40.000 euros. En la práctica, esto se traduce en una retención de 72.000 euros por cada décimo premiado con El Gordo, 17.000 euros por cada segundo premio y 2.000 por cada tercer premio. 

De este modo, el verdadero impacto del 22 de diciembre se produce en la economía pública. La tradición nacional se convierte en un mecanismo indirecto de recaudación mediante el cual millones de personas aportan voluntariamente recursos al Estado, sin que ello se perciba como una carga fiscal adicional.

Los loteros son la pieza clave en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, la magnitud del concurso no les asegura la mejor rentabilidad, puesto que no perciben ningún porcentaje adicional por la venta de los grandes premios.

Sus ingresos proceden de una comisión fija por venta, en concreto el 4,5% del precio de cada décimo, lo que equivale a 0,90 euros por boleto. No hay excepciones ni existe ninguna bonificación ligada al importe del premio.

Sin embargo, sí se permite una remuneración adicional en la gestión del pago de los premios. Los establecimientos cobran una comisión por abonar los décimos premiados, fijada en un 2,5% cuando el importe anual pagado en premios no alcanza los 200.000 euros. A partir de esa cifra, la comisión se reduce al 1,25%. 

Más allá de los ingresos directos, que un premio importante recaiga en una administración suele traducirse en un beneficio intangible: visibilidad y reputación. La notoriedad asociada a haber vendido un gordo actúa como reclamo y suele provocar que aumente la afluencia de clientes en los años posteriores. El azar se convierte en una forma de publicidad difícil de cuantificar, pero su impacto puede generar fenómenos como el de Doña Manolita en Madrid, con estimaciones de venta cerca de 70 millones de boletos (según Business Insider España), que equivale a ganar 157 premios de El Gordo.

Entre los beneficios mencionados, la Lotería de Navidad también se convierte en un puente entre entidades bancarias y segmentos de clientes de alto valor. Aunque los bancos no obtienen ingresos directos por el pago de los premios de la Lotería de Navidad, el sorteo sí genera beneficios indirectos relevantes.

Los premios superiores a 2.000 euros solo pueden cobrarse en bancos autorizados por Loterías y Apuestas del Estado, como BBVA o CaixaBank. En muchos casos, el premiado no era cliente del banco previamente, de modo que el cobro del décimo se convierte en una oportunidad de captación de nuevos clientes.

Una vez ingresado el premio, el dinero suele permanecer durante un tiempo en el sistema bancario. Esa liquidez adicional refuerza el balance de la entidad y puede ser utilizada para concesiones de créditos o inversiones.

Además, tras el cobro del premio, las entidades suelen ofrecer servicios de asesoramiento financiero, como cuentas de ahorro, depósitos, fondos de inversión o productos de banca privada. Una parte de los ganadores acepta este acompañamiento, lo que se traduce en ingresos a medio y largo plazo a través de comisiones de gestión o inversión.

Este sorteo no es solo una cita con la suerte, sino uno de los mayores acontecimientos mediáticos del año en España. La retransmisión en directo, liderada por RTVE y seguida también por otras cadenas, se sitúa año tras año entre los programas más vistos de la temporada. En 2024, el sorteo congregó a más de 8 millones de espectadores, según datos de Kantar Media, monopolizando la atención televisiva durante toda la mañana.

Esta audiencia masiva convierte el espacio en un escaparate publicitario privilegiado, que permite a las cadenas vender los bloques de anuncios a precios superiores a los habituales. Según estimaciones de Infoadex, la inversión en publicidad relacionada con la Lotería de Navidad puede superar los 20 millones de euros cada año solo en medios tradicionales.

No solo eso, el fenómeno del Sorteo de Navidad ha sido aprovechado para la construcción de relatos memorables. Desde hace más de una década, su anuncio oficial se ha consolidado como uno de los acontecimientos publicitarios más esperados del año, hasta el punto de marcar simbólicamente el inicio de la Navidad en España. Anuncios como Carmina (2016, sobre una maestra jubilada que cree haber ganado el décimo), El bar de Antonio (2014, cuyo lema fue "El mayor premio es compartirlo") y Justino (el primer spot de animación de la Lotería de Navidad) han provocado lágrimas en más de un telespectador y han revolucionado el imaginario español sobre la Navidad.

Ninguno de los beneficios que genera este fenómeno sería posible sin los jugadores, el verdadera actor imprescindible de este esquema. Aunque, paradójicamente, rara vez gana un premio.

Según las predicciones de consignación publicados por Loterías y Apuestas del Estado para 2025, cada español habría gastado de media 76,08 euros en el Sorteo de Navidad, 2,2 euros más que el año anterior.

Las razones de este desembolso van mucho más allá de la mera expectativa matemática de ganar. Con unas probabilidades tan bajas (1 entre 100.000 de acertar El Gordo), no tendría sentido que la expectativa se centrara únicamente en el premio. Realmente, la Lotería de Navidad se ha convertido en una narrativa relacionada con la superstición, el costumbrismo y la oportunidad de compartir la ilusión con los seres queridos.

Pero, ¿es una pérdida de dinero? Aunque la mayoría de jugadores no vea el dinero llegar a su bolsillo, este no desaparece.

Como se explicó anteriormente, la Lotería de Navidad promete otros beneficios más allá del décimo agraciado. El jugador realiza una aportación indirecta al sistema del que se beneficia como ciudadano, por lo que la pérdida individual se transforma en un retorno colectivo.

Desde esta perspectiva, todos ganan.

Entre las muchas frases míticas que nos ha legado Pedro Calderón de la Barca me parece que se puede extraer una que, en los momentos actuales, adquiere una especial relevancia pública. La pronuncia Pedro Crespo, el Alcalde de Zalamea, cuando le piden que olvide el agravio que ha sufrido: «Al Rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios». Vinieron otros tiempos y los reyes ya no reciben su legitimidad de dios sino de la soberanía popular, que los convierte en ciudadanos con algunos privilegios del pasado como la inviolabilidad, pero no les exime del juicio crítico sobre comportamientos que son reprobables por no ser conformes a la ley. 

Desoyendo los consejos de su padre e incluso el ejemplo de su promotor y legitimador, Francisco Franco, que solo respondía ante Dios y ante la Historia, acaba de perpetrar un atentado contra la tradición, la historia y los historiadores. Escribir un diario puede ser un desahogo personal, pero elevarlo a la categoría de crónica de un reinado, escrita por el protagonista, lleva inevitablemente a la tergiversación subjetiva de lo que se narra y a un ajuste de cuentas con los que estima que han sido sus enemigos o le han perjudicado. Todavía está a tiempo de, en una más que previsible segunda edición, eliminar el subtítulo Reconciliación; déjelo simplemente en Memorias.

En sus entrevistas promocionales, afirma usted que no tiene cuentas pendientes con los tribunales y que ha sido exonerado de todos los hechos delictivos que le imputó la Fiscalía General del Estado. Quiero recordarle que hasta hace unos días esta manifestación no era enteramente cierta, pero ya puede decirlo sin faltar a la verdad. Lo que viene a continuación es la historia de un defraudador a la Hacienda Pública que se ha librado de las penas previstas en el Código Penal por haberse beneficiado de prescripciones, inviolabilidades y por el reintegro de cantidades defraudadas cuando ya los delitos se habían cometido.

En las Diligencias de investigación 40/2020 de la Fiscalía General del Estado que se cierran el 2 de febrero de 2022, se puede encontrar un cuadro completo de todas las actividades económicas irregulares que la Fiscalía imputa al rey Juan Carlos, como delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Todos aquellos que son anteriores al 18 de junio de 2014, fecha de la abdicación de su abdicación, los considera cubiertos por el manto de la inviolabilidad.

Según el documento citado, que la opinión pública y los medios de comunicación han tratado con guante de seda, el rey honorífico ha cometido, entre otros, diez delitos contra la Hacienda Pública al haber omitido el pago del IRPF en los periodos de tiempo en los que debía haber tributado. De los cinco primeros (años 2008 a 2012), según la Fiscalía, cuatro habrían prescrito y el último está exento de responsabilidad penal por aplicación de una interpretación de la inviolabilidad que abarca desde un asesinato hasta la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los otros cinco (años 2014 a 2018), se cometen cuando ya se había producido la abdicación, con la consiguiente pérdida de su condición de irresponsable para pasar a ser un aforado más ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La infracción era tan evidente que un grupo de personas, ante la flagrante inactividad de la Agencia Tributaria, decidimos interponer una querella por estimar que la regularización, es decir el pago de las cuotas defraudadas, se había producido cuando, según el Código Penal, ya no era posible realizarla.

Según el artículo 305. 4 del Código Penal el defraudador quedará exento de pena cuando se haya procedido por el obligado tributario, al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Estimábamos que este requisito no concurría sin perjuicio de que el pago podía llevar a la eliminación de la pena de prisión manteniendo sólo la de multa.

Reproduzco la cronología de los acontecimientos para dejar al criterio del amable lector o lectora, si se habían cumplido las previsiones legales para aplicar la exención de la responsabilidad penal. Las Diligencias de Fiscalía se inician el 5 de junio de 2020, en virtud de la abundante documentación bancaria con posible trascendencia tributaria, que hace necesario recabar el auxilio judicial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con pleno acceso a toda la información de trascendencia tributaria obrante en sus bases de datos.  

El representante legal de D. Juan Carlos de Borbón y Borbón fue notificado de la existencia de esta investigación por medio de dos notificaciones: la primera, mediante escrito de 24 de junio de 2020 y la segunda, por escrito de 6 de noviembre de 2020. Según enfatiza el escrito de la Fiscalía respecto de las notificaciones mencionadas: D. Juan Carlos de Borbón y Borbón ha tenido puntual conocimiento de la incoación de las presentes Diligencias de Investigación en las que ha podido personarse, tomar pleno conocimiento de su desarrollo e, incluso, intervenir en su tramitación. Se añade que dicha representación letrada acusó recibo de la indicada notificación.

Presentamos una querella, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que sustancialmente se basaba en estos antecedentes documentales y solicitábamos, entre otras pruebas, la incorporación del texto original de las dos comunicaciones mencionadas que demostraban que había tenido conocimiento formal de las investigaciones tributarias. A partir de este momento se producen una serie de incidencias procesales que, en síntesis, responden al conocido humorísticamente como método Ollendorf: "Usted plantee lo que quiera que yo le contestaré lo que me parezca”.

Como era de esperar, la querella fue desestimada. Nada dice sobre la prueba solicitada, pero sí afirma rotundamente que el defraudador no tenía ni idea de que le estaban investigando por posibles delitos tributarios. Interpusimos un recurso de súplica y se nos responde, en un escrito de poco más de cuatro líneas, que el recurso era inviable (sic). Quedaba la última bala del incidente de nulidad de actuaciones por habernos denegado diligencias de prueba. El 19 de noviembre pasado se desestima la incidente de nulidad de actuaciones por una Sala distinta de la que había rechazado el recurso de súplica y se omite, una vez más, cualquier referencia a las notificaciones. Majestad, tranquilo, es usted un contribuyente ejemplar, ha regularizado, con la colaboración de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y el Tribunal Supremo, sus deudas con Hacienda.

No voy a leer la versión que usted nos narra sobre los acontecimientos que han rodeado su vida, pero me preocupa e irrita su irrupción en nuestra tensionada vida política con declaraciones, al margen del texto, que demuestran una soberbia y una desconexión con la realidad que solo puede ser achacada a trastornos de la personalidad. Su respeto por la figura de Francisco Franco ya lo proclamó en el Discurso de la Corona de 22 de noviembre de 1975.

Le recuerdo que Hacienda somos todos y que está obligado, en el caso de que decida residir definitivamente en nuestro país, a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos haciendo una declaración veraz de los bienes y rentas que tiene en el extranjero. ¡Al César lo que es del César!

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

La fiscalidad en torno a las grandes tecnológicas es un tema que cada cierto tiempo resurge con fuerza en el debate nacional y europeo. Esta vez ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha vuelto a abrir el melón para pedir un impuesto más alto que ha denominado como “tasa Trump”. La idea, que detallaba la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, es que ese impuesto alcance el 15% para un sector que “ha operado sin reglas durante años y que ha tenido grandes beneficios operando con los datos de la población”, concluía. En el punto de mira están las llamadas big tech o GAFAM: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta y Microsoft.

Su modelo de negocio en “la nube” y la forma en la que funcionan ha hecho a los sistemas de control caminar siempre un paso por detrás. Por ejemplo, el juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid impuso a Meta una sanción de 542 millones por infringir la ley de protección de datos al emplear estos con usos publicitarios y lucrativos. De esta forma, ejercía una competencia desleal con respecto a los medios de comunicación tradicionales, considera la Justicia. Todo es nuevo en este ámbito, desde el modelo de negocio al pago de los tributos. Pero, ¿cómo es la fiscalidad de estas macroempresas que operan, muchas veces, sin presencia física o activos tangibles y que declaran el grueso de sus beneficios en países con ventajas fiscales como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos? 

Datos personales, algoritmos, plataformas, programas informáticos, aplicaciones, derechos digitales… El 8 de octubre de 2021 alrededor de 140 países de todo el mundo se reunieron para revisar las normas aplicables al impuesto de sociedades con un objetivo: “modernizar la fiscalidad de cara a la era digital y mitigar la competencia fiscal mundial”. El planteamiento tenía dos pilares: uno era crear un tipo impositivo efectivo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las empresas multinacionales, que entró en vigor en la Unión Europea en 2024. Pero en el otro pilar surgieron los problemas.

La propuesta pedía conceder a los países donde se encuentran los clientes de las empresas el derecho a gravar una parte de los beneficios, tengan o no presencia física en su territorio estas compañías. Y aquí fue donde Estados Unidos protestó y el acuerdo se estancó. “Este pilar, aún pendiente de aprobar, pretende reasignar parte de los beneficios de las big tech a los países donde realmente tienen usuarios y mercado, pero su implementación está siendo muy lenta por falta de consenso global”, resume Raquel Jurado, economista experta en fiscalidad y miembro del Consejo General de Economistas. De hecho, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, llegó a amenazar con represalias a los países que intenten hacer un seguimiento fiscal más exhaustivo.

Según un informe de la Comisión Europea, Estados Unidos, al que pertenecen la mayoría de las grandes multinacionales tecnológicas, alegó que este acuerdo perjudicaba “desproporcionadamente” a sus empresas. Para ponderar la magnitud de estas big tech (todas ellas estadounidenses) basta decir que juntas —y añadiendo la empresa de software Nvidia y Tesla a la cuenta—, rebasan los 20 billones en capitalización bursátil, una cifra que supera el PIB de China. Pero su alcance se mide también en lo más cotidiano: cuando compramos en Amazon o nos ponemos unos AirPods, cuando abrimos un ordenador, escribimos en un documento o abrimos Instagram. La nube se traduce en datos, algoritmos, plataformas y dinero, de forma que el negocio digital —que tan despistados ha tenido a los sistemas tributarios— se vuelve mucho más tangible. 

Hasta ahora, la estrategia de estas macroempresas ha sido trasladar el grueso de sus beneficios a países con sistemas fiscales beneficiosos, convirtiendo sus filiales en una especie de “clientes” de la compañía matriz, a través, por ejemplo, de la cesión de derechos de propiedad intelectual a las matrices para que luego cobren por ellos. “Las big tech en España tributan principalmente por el Impuesto sobre Sociedades a través de sus filiales, pero normalmente solo por una remuneración limitada, porque la mayor parte del beneficio se declara en otros países (Irlanda, Países Bajos…)”, explica Jurado.

Amazon posee siete filiales en España, pero su matriz europea está en Luxemburgo. En nuestro país, generó el año pasado unas ventas brutas de más de 8.000 millones, 3.350 millones de beneficios y, según sus propios datos, pagó 400 millones de euros en impuestos directos derivados de Sociedades, de la “tasa Google”, de derechos de importación o por la construcción o compra de terrenos. Por su parte, Microsoft, con sede en Irlanda, también cuenta con diversas filiales nacionales. La principal —Microsoft Ibérica— ingresó 1.688 millones y su beneficio después de impuestos fue de 35 millones tras un pago de tasas de 21 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 

En cuanto a la marca de la manzana, opera en España principalmente bajo Apple Retail Spain y Apple Marketing Iberia. Ambas sociedades dependen de Apple Retail Europe Limited, con sede en Irlanda y controlada, en última instancia, por Apple INC, con sede en California (EE UU). Sus ventas en Europa ascendieron a 33.861 millones, un 11% más que en el año previo, y en España Apple Retail facturó el año pasado 575 millones, ganó 21,4 antes de impuestos y pagó 4,6 en impuestos sobre beneficios, de acuerdo con su depósito de cuentas. Por su parte, Apple Marketing facturó 226,9 millones, obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 103 y pagó en impuestos aplicados sobre beneficios 25 millones. 

Meta, que agrupa a Facebook, Instagram o WhatsApp, trabaja en España a través de la sociedad Facebook Spain SL y sus números aquí no suelen ser buenos. En 2023 sus cuentas reflejan unas pérdidas de 36,3 millones, en 2024 (último ejercicio disponible) volvió a ofrecer unas pérdidas de 51 millones, con una cifra de ventas de 73 millones. La actividad de esta filial se ciñe en España, según sus cuentas, al negocio de la publicidad, todo lo demás pasa por su sede europea de Dublín. Sin embargo, la empresa matriz, con sede en California, ganó en conjunto el año pasado 62.360 millones, un 59% más. Su facturación, también de récord, llegó a los 164.501 millones. 

En su último encuentro con la regulación española, Meta ha sido sancionada por emplear los datos de sus usuarios sin consentimiento expreso para fines publicitarios. Algo que contraviene la ley y supone una competencia desleal por el mercado de la publicidad, una práctica abusiva a la que también se pretende poner límites.

Google (Alphabet), por su parte, ha tenido también algunos encontronazos con la Agencia Tributaria. En 2016 y 2017 el fisco les inspeccionó y la filial, centrada también en la venta de publicidad, pagó algo más de tres millones de euros para regular el impuesto de sociedades entre 2011 y 2015. El año pasado, su filial española ganó 78,5 millones de euros, con una cifra total de negocio de 328,5 millones. En impuesto de sociedades pagó, de acuerdo con su depósito de cuentas, 25 millones en 2024. Su matriz, en cambio, ingresó más de 88.000 millones, con un beneficio por encima de los 30.000.

En el caso de España, se han ido implementando medidas para gravar este tipo de empresas. La más conocida es la denominada “tasa Google”, que entró en vigor en 2021 y acumula una recaudación de 1.122 millones en estos cuatro años. La recaudación está muy por debajo de lo que el Gobierno estimaba en un primer momento (unos 969 millones anuales), pero ha ido aumentando. El último dato disponible en la Agencia Tributaria y relativo a 2024 llegó hasta los 375 millones, un 23% más que en el ejercicio previo. 

Este impuesto se aplica a ingresos derivados de servicios de publicidad en línea (ejemplo), de intermediación online y de transmisión de datos, un ámbito problemático como ya ha dejado claro la reciente multa a Meta. Deben pagarlo las compañías con una cifra de negocio superior a 750 millones y en las cuales el importe total de sus ingresos por servicios digitales del año anterior supere los tres millones de euros. De forma que a las multinacionales que deben abonarlo se les aplica un 3% sobre los ingresos generados por servicios digitales. Este impuesto, explica la economista, “grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en territorio español”, concluye.

La imposición de una nueva tasa, que Sumar pretendía incluir en los presupuestos generales del Estado, aún no es una “propuesta cerrada”, señalan fuentes del Ministerio, pero el debate lleva tiempo sobre la mesa y va más allá de las fronteras nacionales. “La dificultad para subirles más impuestos radica en que España no debería actuar unilateralmente: las normas de fiscalidad internacional deberían ser coordinadas”, señala la experta. Y concluye que “una vía realista” para hacerlo sería lograr una “coordinación a nivel internacional”.

El proceso para renovar la senda de déficit ha echado andar. Y el PP ya ha cerrado la puerta a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE a pesar de tener en su poder la mayoría de las comunidades autónomas y de que la propuesta colocada encima de la mesa por el Ministerio de Hacienda suponga un margen fiscal para las administraciones regionales en su conjunto de 5.485 millones de euros adicionales hasta 2028.

Ese abismo entre el Gobierno central y las administraciones del PP quedó reflejado en la reunión del lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien se encontró un frente constituido por las comunidades gobernadas por el PP, que se instalaron en el ‘no’ a pesar de esa capacidad de gasto extra que supone la hoja de ruta emprendida por el Ejecutivo central.

La nueva senda de estabilidad impulsada por el Gobierno, que pasa este martes su aprobación en Consejo de Ministros y que se enviará posteriormente al Congreso, fija para las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB en los tres próximos ejercicios. Esto supone, según los cálculos de Hacienda, un margen fiscal de 5.485 millones de euros.

Pero esa capacidad no está asegurada en estos momentos para las comunidades porque no goza de mayoría en la Cámara Baja. El Ejecutivo entiende, tras la reunión de este lunes, que Génova 13 no facilitará su tramitación en el Parlamento a pesar de que las autonomías populares son mayoría y podrían contar con más recursos para financiar competencias como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia.

El Gobierno quedará, si el PP no hace un sorpresivo giro final, otra vez en manos de Junts. Los de Carles Puigdemont ya hicieron caer, junto a populares y Vox, el último intento de Hacienda de aprobar una nueva senda en julio de 2024. Además, ahora siguen manteniendo que van a bloquear la legislatura. Según establece la ley de estabilidad presupuestaria (en el artículo 15.6), si el Ejecutivo no saca adelante los objetivos de estabilidad, tendrá que volver a presentarlos antes las Cortes en el plazo de un mes.

La intención de Hacienda es que esa votación, y la posible segunda ronda, se puedan celebrar en sesiones plenarias en el Congreso antes de que finalice el año. Y apelan directamente desde el Gobierno a los socios de investidura para que respalden los nuevos objetivos porque dan un mayor colchón de gasto a las autonomías. En caso de que se rechace las dos veces, el objetivo de las comunidades pasará a la estabilidad presupuestaria, es decir, un déficit cero. No podrán gastar más de lo que ingresan y perderán el colchón de déficit que el Gobierno propone para permitir algo más de gasto público.

La senda de déficit es el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. No obstante, si no sale, no impide al Ejecutivo que pueda presentar las cuentas públicas (sobre las que no tiene fecha aún). Pero sí supone una señal políticamente negativa de no tener ni siquiera una mayoría a la hora de distribuir esos objetivos de estabilidad en el conjunto de las administraciones.

No obstante, la propia vicepresidenta Montero puso la venda antes de la herida y recordó, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en caso de no salir su plan será la propia Administración General (AGE) la que salga beneficiada porque asumirá esa capacidad de margen fiscal que perderían las comunidades. El plan respecto a la AGE fija estas metas de déficit: 1,8% en 2026, 1,5% en 2027 y 1,4% en 2028. 

El Gobierno no ha logrado atraer al Partido Popular a pesar también de haber anunciado unas transferencias históricas para las autonomías. Las entregas a cuenta para el año que viene ascenderán hasta los 157.731 millones de euros (un 7% más que este año). A lo que hay que sumar, según trasladó Hacienda a los consejeros del ramo, la liquidación de 2024, que elevaría la cifra total hasta los 170.300 millones de euros.

Las comunidades del Partido Popular rechazaron la senda alegando principalmente que el reparto del déficit es “asimétrico” y tan sólo se da un 0,1% a las autonomías. Además, entienden desde el PP que todo es un “paripé” porque el Gobierno central no va a conseguir aprobar los presupuestos generales. Desde Hacienda rechazan, en cambio, esa crítica de “asimetría” porque indican que dentro del objetivo de la Administración General se incluye, por ejemplo, el 1,4% respecto a la Seguridad Social. Para los socialistas, se trata simplemente de una maniobra de Génova 13 pensando en su oposición a Pedro Sánchez y obviando los propios intereses de sus gobiernos regionales.

Este ‘no’ del Partido Popular también pone muy difícil la casilla de salida para el nuevo sistema de financiación autonómica. La idea que tiene el Ministerio de Hacienda es concretar ese modelo a las autonomías en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de enero. A María Jesús Montero le gustaría que se aprobara ese proyecto de ley durante esta legislatura y que estuviera ya en vigor en 2027. Al Gobierno le gustaría sacarla de la mano de PP (que pilota la mayoría de autonomías), aunque es consciente de que, ahora, ese respaldo parece imposible.

Hacienda no pone cifras concretas sobre ese modelo y no especifica qué intención tiene respecto a la cesión de impuestos a las autonomías para que tengan mayor capacidad fiscal. Lo que sí contempla es que haya espacios para la bilateralidad dentro del sistema multilateral de las comunidades del régimen común y sigue pensando que hay margen para introducir el polémico principio de ordinalidad que exigen las fuerzas independentistas catalanas.

El ejemplo más reciente es el de Pablo Meijide Doval. Hasta el mes de julio, este inspector de Hacienda del Estado, reconocido por su experiencia en IVA intracomunitario y con un extenso conocimiento de tecnologías digitales y gestión avanzada de oficinas tributarias, era el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo. Pero se ha pasado al otro lado. Desde hace cuatro meses, Meijide es el nuevo director fiscal de la multinacional gallega Inditex, en la que ha puesto al servicio de la multinacional gallega una larga carrera (17 años) dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

No es el único, naturalmente. Ni será el último. El nuevo fichaje de Inditex es uno más de los muchos que esta empresa ha incorporado a su plantilla con el indisimulado objetivo de poner años de conocimientos adquiridos gracias a un acceso privilegiado a la manera en que trabaja la Administración, en este caso Hacienda, al servicio de los intereses privados de una corporación.

Algo que tampoco es exclusivo de la empresa fundada por Amancio Ortega: muchos otros inspectores de Hacienda han pasado a ocupar altos cargos en bufetes que luego asesoran a empresas del IBEX. Es el caso de EY, PwC o del bufete Equipo Económico, creado por el exministro Montoro, y sometido a investigación judicial por la comisión de supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Otros, como Fernando Peña, escogieron el camino de hacer negocio ahorrándoles impuestos a los famosos, aunque a algunos la elusión fiscal les acabó saliendo cara.

El fenómeno se extiende a otros cuerpos sensibles de la Administración, como los abogados del Estado. Un gran número de ellos piden la excedencia para ponerse al servicio de la empresa privada. El saber acumulado durante años sobre el funcionamiento del aparato público pasa así a estar al servicio del capital privado para litigar, en muchos casos, precisamente contra el propio Estado.

Aunque Hacienda se negó a facilitar a infoLibre la cifra exacta, primero a través de los trámites de información habituales y después mediante solicitud a través del Portal de Transparencia, alegando que hacerlo les obligaría realizar “un laborioso y complejo” trabajo de reelaboración de datos, la Asociación de Inspectores de Hacienda calcula que alrededor del 15% del cuerpo está en excedencia y que muchos de ellos trabajan para grandes firmas privadas.

El censo actual de este cuerpo de inspectores, según datos oficiales, era a finales de agosto de 2.127 personas, la mayoría destinadas en Cataluña (350), Madrid (289), en la delegación de grandes contribuyentes (270) y en Andalucía (236). Si hacemos caso a la asociación, eso significa que en estos momentos en excedencia estarían más de 300 inspectores.

El Ministerio de Presidencia, en cambio, sí respondió a la petición de información de infoLibre sobre los abogados del Estado, aunque solo cuando este periódico la tramitó a través del Portal de Transparencia. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Félix Bolaños, en la actualidad gozan de excedencia reconocida 314 abogados del Estado, casi tantos como abogados del Estado en ejercicio (339). De los que han dejado de prestar servicios a la Administración, 232 lo han hecho alegando “interés particular”, la fórmula más habitual para pasar al sector privado. Algunos, incluso, tienen permiso para trabajar simultáneamente de un lado y del otro.

La mecánica es la misma que con los inspectores de Hacienda. Primero se accede a ambos cuerpos del sector público mediante oposición, luego se aprende todo acerca de cómo el Estado se defiende en sus litigios —con otras administraciones o con el sector privado— o se tiene acceso a los entresijos de las investigaciones fiscales a empresas o particulares. Y después, al cabo de un tiempo, esos mismos altos funcionarios acaban al servicio de bufetes o compañías privadas, a menudo para ayudarlas en sus contenciosos con la Administración. Todo, por supuesto, a cambio de nóminas mucho más elevadas.

“España se caracteriza por mantener una cultura de ‘facilitación’ de la fuga de cerebros de su Administración pública al sector privado”, confirma Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Admnistrativo de la Universidade de A Coruña. La excedencia voluntaria por interés particular “debería ser concedida muy restrictivamente”, añade, dado el interés superior de la calidad y continuidad del servicio público altamente especializado que prestan estos altos cuerpos del Estado.

Amoedo confiesa no haber conocido ningún caso en su trayectoria profesional en el que esa excedencia se deniegue por razones del servicio, tal y como permite la ley. “Se asume que es un derecho no restringible, ampliamente justificado por la enorme distancia entre la retribución del sector público y del privado”. 

La explicación de este fenómeno, a su juicio, está en la tendencia a “alimentar una particular y resiliente élite, una ruling class continua, entre la alta Administración y la alta empresa. Esta élite comparte contactos, formación e información sobre el Estado que constituye muchas veces la base del know how empresarial en variados sectores que viven directa o indirectamente del sector público, o dependen de un conocimiento sofisticado del derecho tributario”. 

Alimentar esta élite “anfibia” —así la denomina Amoedo, porque “habla el mismo lenguaje en el sector público y privado“— ha sido siempre prioridad frente a la descapitalización que supone para la Administración esta fuga de cerebros. Un problema que “se ha compensado con la convocatoria generosa de nuevas plazas de estos cuerpos”. En su opinión, “esta cuestión es un testimonio de la naturaleza simbiótica del capitalismo y el Estado que se fragua tras la Guerra Civil en España, y que continúa durante la democracia”.

La formación e información adquirida durante el ejercicio del servicio público en un alto cuerpo del Estado constituye un bien de alto valor en el mercado. Pero nuestra legislación de función pública carece de una regulación de los conflictos de intereses cuando se ejerce la excedencia por interés particular, precisa. Casi no “la hay para las relaciones laborales de alta dirección y “apenas se contempla la prohibición de trabajar en el sector privado durante dos años cuando se trata de altos cargos del Estado”. Dos restricciones, que añade, “se compensan económicamente”. 

Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, corrobora que la Administración tiene cada vez más problemas para retener talento. Muchos funcionarios muy especializados —inspectores, técnicos o ingenieros— “se marchan al sector privado porque encuentran mejores condiciones o más oportunidades”.

”Eso supone una pérdida importante: cada persona que se va se lleva consigo experiencia, conocimiento interno y capacidad operativa”. Si no se ataja, el Estado puede tener “dificultades para diseñar y ejecutar políticas complejas”. 

A medio plazo, explica Astrid Barrio, profesora de Ciencia Política en la Universitat de València, este asunto “plantea un desafío estructural, pues la Administración corre el riesgo de convertirse en un espacio formativo del que el sector privado se beneficia”. 

El tránsito de funcionarios con acceso a información sensible hacia empresas privadas, explica, “genera un riesgo potencial de conflicto de interés”. Aunque existen periodos de incompatibilidad o declaraciones de actividades, “no siempre cumplen su función de preservar el interés público”. Hay que ser consciente de que “es muy complicado implementar mecanismos de control que impidan que que la experiencia adquirida en el servicio público se traduzca en ventajas competitivas, que es precisamente lo que busca el mundo privado”.

Amoedo señala dos posibles formas de atajar esta práctica: "elevar las retribuciones de los altos cuerpos del Estado”, algo que resultaría “sindical y políticamente muy costoso” o “cerrar el puente de plata de la excedencia mediante una regulación más restrictiva que la actual”. 

Pero “ninguna de estas dos soluciones es realista: encontrarían demasiadas dificultades para ser aprobadas”. Esa es la razón por la cual, concluye, “continuará desarrollándose este particular circuito en el que el mérito y la capacidad se acreditan mediante una dura oposición pública, cuya rentabilización se incrementa y apropia por el sector privado”.

Según Barrio, convendría “repensar los incentivos” y la gestión del capital humano en el ámbito público, “por ejemplo garantizando salarios competitivos con el mundo privado o alargando los años de servicio mínimo antes de acogerse a una excedencia”. “Lo que no haría”, precisa, “sería llegar al caso extremo de los profesores de universidad como yo, que en caso de pedir una excedencia, a menos que sea forzosa, tenemos que volver a concursar”.

Idealmente “debería haber un equilibrio entre la legítima aspiración profesional y la obligación ética de salvaguardar el interés público”. Pero en realidad, concluye, lo que hace falta es “un compromiso ético interiorizado que combine responsabilidad individual y exigencia colectiva para evitar que la movilidad se convierta en un acceso privilegiado a información estatal”.

“Es un tema delicado”, sostiene López Ortega. Cuando alguien ha trabajado con información sensible o ha tenido responsabilidades estratégicas en la Administración y luego pasa a una empresa privada que opera en ese mismo ámbito, “hay riesgo de conflicto de interés”.

Y aunque en España hay normas que intentan evitarlo, como la Ley de Incompatibilidades o “los periodos de enfriamiento”, se aplican poco y con pocos recursos, advierte. “Otros países tienen marcos más estrictos. Lo que está en juego aquí no es solo evitar irregularidades, sino proteger la confianza ciudadana: que nadie piense que el servicio público se utiliza como trampolín hacia intereses privados”.

En opinión de esta experta en Ciencia Política, “es normal que un funcionario quiera desarrollarse profesionalmente, pero también tiene una responsabilidad con el interés público”. Y “ese equilibrio no siempre está bien resuelto. Tenemos algunas normas, pero falta una cultura institucional más fuerte, con formación en ética y con incentivos que premien la permanencia y el compromiso dentro del Estado”.

Más que “limitar la movilidad”, lo importante sería hacerlo “con transparencia y con reglas claras. Al final, el conocimiento que se genera en la Administración pertenece a todos los ciudadanos, no a quien lo gestiona temporalmente”.

“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, suelen decir derechas y ultraderechas. Lógico, la política fiscal es uno de los campos de batalla que los conservadores españoles eligieron hace ya años para ganar apoyos. 

Corría el año 2006 cuando Esperanza Aguirre propuso un sistema de “cheque escolar” que consistía en devolverles a las familias que llevaban a sus hijos a la privada el importe de sus impuestos que se hubieran destinado a la escuela pública. Así, se suponía que se les devolvía lo que habían abonado dado que no hacían uso de ese “servicio”, y de esa manera podían pagar con lo recibido la cuota de su centro elegido, o parte de ella. Era un planteamiento descabellado, mucho más si se extendía al conjunto de los servicios públicos ¿Quien no usa la sanidad pública por tener un seguro privado debe recibir también la correspondiente devolución? ¿Y quien no discurre por las carreteras porque nunca sale de su ciudad? ¿Y quien jamás ha pisado ni pisará un parque ni paseará por un sendero en la montaña? La propuesta se descalifica por sí sola, pero sirve para entender a la perfección lo que significa, en el fondo, la política fiscal: decidir qué es lo que queremos garantizar para el conjunto de la sociedad y lo que queremos dejar a la suerte de cada cual.

El último ejemplo de esta pugna lo estamos viendo en la reacción de la derecha contra la propuesta (quizá globo sonda) del Gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos. Es, sin duda, una idea para pensar despacio, darle cuatro vueltas y diferenciar entre distintos colectivos y situaciones. Lo que no tiene sentido –o sí– es proponer que, si los conservadores gobernasen, esas cotizaciones no se tocarían, o incluso se bajarían, y además los autónomos que facturasen menos de 85.000 euros no tendrían que pagar IVA. ¿Qué tiene que ver la cotización de los autónomos, destinada a sufragar asistencia sanitaria, prestación por incapacidad temporal, baja por maternidad o paternidad –entre otros servicios y ayudas– con un impuesto sobre el consumo como es el IVA? Es como esa publicidad de los grandes almacenes que periódicamente anuncia descuentos de “días sin IVA”, mintiendo descaradamente. Una cosa es un descuento del 21% y otra muy distinta que no se pague IVA, lo que es claramente ilegal. Cuesta entender cómo esas campañas no son prohibidas por el efecto perverso que tienen sobre una cuestión tan delicada.

En el fondo, los conservadores hacen un totum revolutum con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar. Sin unos ingresos adecuados, los servicios públicos, las prestaciones sociales y los mecanismos de redistribución no son viables. El Estado se convertiría así en algo mínimo ocupado de gestionar policía, ejército y poco más. Una idea, por otro lado, que cuando la derecha gobierna tampoco aplica, pero eso no les impide mantener el mantra. 

Aquí no acaba el problema. El pensamiento mágico aparece por la derecha cuando al mismo tiempo que proclaman la bajada o desaparición de impuestos, reclaman al gobierno de España que incremente el gasto en defensa hasta el llegar al 5%, como pide Donald Trump. La pregunta que hay que plantearse es obvia: Si el Estado recorta impuestos y recauda menos, ¿de dónde obtendrían los fondos para ese incremento del gasto militar? Si, lo han adivinado: de los servicios públicos.

Este pensamiento, por muy mágico –y antisocial– que sea, tiene buena acogida por parte de la población, entre otras cosas porque tampoco la izquierda ha conseguido dar con la forma de explicar que no se “paga a Hacienda”, sino que con los impuestos se financia lo que es de todos y con las cotizaciones –de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena– las prestaciones que llevan aparejadas. 

La primera incapacidad de la izquierda para hacer pedagogía en política fiscal la muestra el mismo lenguaje. No se “paga a Hacienda”, ni “al Gobierno”, ni mucho menos a Sánchez, sino que los ingresos van a unas cuentas comunes para sufragar los gastos comunes, tanto por parte de municipios como de Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Por si fuera poco, se sigue hablando del gasto en educación en vez de inversión en educación, del gasto sanitario en lugar de la inversión en sanidad, del gasto público en lugar de la inversión en servicios públicos. ¿O acaso no es una inversión tener un sistema educativo público de calidad que facilite el ascensor social, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades en el derecho a la vida, o una administración pública con recursos suficientes para garantizar la eficacia de los sistemas democráticos? En aquellos casos donde esto no existe, se comprueba el coste de no tenerlo. El 42% de los enfermos de cáncer en EEUU pierden en su tratamiento todos sus ahorros (ver aquí), los jóvenes japoneses se hipotecan de por vida para financiar sus estudios (ver aquí), ancianos en Líbano que no pueden dejar de trabajar porque no existe una pensión pública ni nada que se le parezca… Sí, eso ocurre hoy en no pocos países del mundo.

En España empezamos a tener ejemplos. ¿O acaso el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es el producto de años de recortes de inversiones en el sistema público, derivación de recursos a la sanidad privada, externalizaciones mal hechas y falta de medios? Si el dinero destinado a sanidad, como a educación o a tantas otras cosas no es una inversión, basta con probar a dejar de invertir y comprobar cuánto nos cuesta. El coste de no invertir.

El debate sobre la fiscalidad debe alejarse de las campañas electorales. Necesita rigor, mucha pedagogía y altas dosis de corresponsabilidad. Los expertos en políticas económicas del bienestar insisten en la importancia de completar la redistribución –las medidas que se aplican para distribuir la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria– con medidas de predistribución, las orientadas a prevenir las desigualdades desde el origen, asegurando que existen suficientes guarderías públicas gratuitas, el acceso universal a educación y sanidad de calidad, etc. Máxime, en un momento donde desafíos como la crisis climática, la revolución digital o el incremento de movimientos migratorios nos exigen buenas dosis de inversión pública para garantizar la cohesión social y, en última instancia, la propia democracia.

Debatamos sobre el incremento de cotizaciones, sobre su progresividad o su forma de enfocarlo, pero no olvidemos que en el fondo de la política fiscal reside el modelo de sociedad en que queremos vivir.

El Ministerio de Seguridad Social anunció este lunes una nueva escala de cotización para los trabajadores autónomos. La propuesta, que abarca 2026, 2027 y 2028, modifica los tramos mínimos de cotización elevando las cuotas entre 11 y 206 euros anuales para el próximo año. La medida ha provocado las críticas de la oposición y también la de los propios socios del Gobierno.

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que “no compartían” la medida e insistió en que “esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores”. Tanto Junts como Esquerra Republicana se han alineado en este rechazo y el Partido Popular ha hecho lo propio, como suele ocurrir cuando se abordan reformas fiscales. De un lado, los socios de Gobierno apelan a la progresividad fiscal y piden impuestos a las rentas altas. Del otro, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusaba al Ejecutivo de dar un “sablazo fiscal”. 

“Hay que crear una fiscalidad para los ricos y no tanto machacar a los trabajadores autónomos”, deslizaba Gabriel Rufián (ERC) en la sesión de control al Gobierno de este martes. Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, publicó en sus redes sociales un post en el que afirmaba: “Ni un voto de Junts irá a apretar más a los autónomos”.

Desde el Gobierno mantienen la posición y defienden que estas nuevas tablas responden a una reforma acordada hace tres años, cuando los agentes sociales firmaron un despliegue progresivo hasta 2032 del modelo de cotización por ingresos reales. “En 2022, autónomos, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para cotizar por ingresos reales, es decir, por lo que cobran. Un acuerdo que se ratificó en una ley, que por cierto salió gracias a los votos a favor el PP”, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

En la práctica, la medida eleva las cotizaciones en todos los tramos. Para 2026, por ejemplo, un trabajador con ingresos de entre 900 y 1.166 euros –menos del salario mínimo– tendría una cuota de 271,2 euros al mes, con una subida de 11 euros. En tramos superiores, por ejemplo, entre 1.700 y 1.850 euros, la cuota sería de 403 euros mensuales, con una subida de 33 euros. Y así hasta llegar a un aumento de 206 euros en los tramos con ingresos superiores a 6.000 euros, que pagarían una cuota de cerca de 800 euros. En los dos años sucesivos, estos tramos volverán a cambiar.

Desde el Ejecutivo se defienden señalando que este acuerdo se instauró atendiendo a que las pensiones y las prestaciones por baja o desempleo de este colectivo eran muy inferiores a la media y esta era la forma de elevar el importe de las mismas. En el fondo del debate, además de las pensiones, ha surgido el dilema de la progresividad fiscal y si el sistema exige realmente más a quienes más tienen o, por el contrario, es injusto con las rentas más bajas. 

Este es uno de los puntos que atacan desde Sumar. De hecho, señalan que las microempresas (con menos de diez trabajadores) pagan un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 16,5%, las pequeñas (con entre 10 y 49 empleados) pagan un 18,1%, las medianas abonan un 15,9% y las grandes, tan solo un 5%. “Ya hemos conseguido el mínimo 15% para multinacionales; ahora hay que reformar el Impuesto de Sociedades para acabar con esta injusticia”, señalan desde el ministerio de Trabajo. 

“Es un reflejo de cómo las personas con grandes patrimonios —que no son los autónomos— o personas con grandes fortunas, no tributan lo que corresponde a su renta o a su patrimonio, conforme dice la Constitución: con progresividad”, señala José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha). “No se puede decir que el sistema no sea progresivo, pero no lo es con toda la potencia con la que debería”, señala en referencia a las diferencias tributarias que se dan con las grandes empresas. “Esa progresividad queda partida”, concluye.

Mollinedo explica que el diseño del Impuesto de Sociedades favorece a las grandes compañías frente a los de menor tamaño. El experto apunta que el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados rondan el 18%. Y es este punto el que ha suscitado más quejas desde los socios del Gobierno.

En España hay un total de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, según el último dato oficial disponible, relativo a agosto. Por sector de actividad son los servicios los que más autónomos agrupan (2,5 millones), seguidos de la construcción con 421.000 y de agricultura (264.400) e industria (207.700). Según las mismas estadísticas, en agosto de 2025, 2,1 millones de trabajadores autónomos (61,6%) cotizaron por una base de cotización entre 1 y 1,5 la base mínima, seguidos de los que cotizan por la base mínima: 721.599 trabajadores (21,1%). Es decir, la gran mayoría se agrupan en la parte baja de la tabla, donde las rentas son menores. 

Sobre las pensiones y las prestaciones que recibe este grupo de trabajadores, los datos son reveladores de sus niveles de renta. El importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508 euros al mes, pero si se observa lo que cobran los autónomos, la pensión se desploma en casi 600 euros, hasta una mensualidad de 910 euros en septiembre.

“Era de esperar que esta reforma se produjera, porque se aprobó en 2022, pero el debate está en si tiene que ser en los porcentajes y en las cantidades que se han expresado. Sobre todo, porque probablemente sería necesario en estos momentos apostar más por una mayor progresividad”, señala Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de la confederación de pequeñas empresas catalanas, Pimec.  

En el fondo del debate está la justicia del sistema fiscal y cómo pueden salvarse estos aumentos que, si bien están destinados a engordar las pensiones, pueden comprometer el poder adquisitivo de los trabajadores en el presente. Otro punto que han propuesto desde el ministerio de Trabajo es un cambio en la forma de abonar el IVA, de manera que los autónomos y microempresas no tengan que pagar este impuesto hasta que no cobren ellos mismos la factura. “No tiene sentido que un autónomo pague el IVA de una factura antes de cobrarla. No es justo”, señaló Díaz durante un desayuno informativo a Europa Press. Además, también proponen que, en caso de pequeños autónomos y microempresas con facturaciones por debajo de 85.000 euros, solo tengan que hacer una declaración informativa anual.

Por el momento la medida está en la mesa de diálogo social, donde también se sientan los sindicatos y la patronal. La ministra Saiz, que ha recibido críticas a izquierda y derecha durante la sesión de control de este miércoles, ha pedido “tranquilidad” y “sosiego”, aunque por el momento no ha movido su postura.

La jefa de la inspección tributaria en Madrid, Mercedes Urbano, que inició en mayo de 2022 la investigación sobre el empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, detalló el pasado marzo en un juzgado los indicios que le llevaron a denunciar el caso a la Fiscalía por fraude fiscal: "Se utilizan facturas falsas". Además, añadió que González Amador "hace la regularización cuando ya le han pillado". El País, la Cadena Ser y elDiario.es publican este jueves la declaración de dos horas y media de la inspectora que explicó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, con argumentos técnicos, el caso por defraudar, presuntamente, 350.951 euros.

La jefa de la inspección tributaria detalló ante la jueza el trabajo que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2024, antes de que se conociera el caso. Durante ese año y medio examinó las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de las dos consultoras sanitarias de González Amador. Al comprobar que los hechos cumplían con los dos requisitos del delito de fraude fiscal —superaba los 120.000 euros defraudados por año y existía intención de delinquir— remitió a la Fiscalía el expediente de 187 páginas que incluía las 15 facturas que consideró falsas.

"Aquí tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública. Un primer delito del ejercicio 2020 por el que se acusa a la sociedad Maxwell Cremona de haber defraudado una cuota de 155.000 euros. Y un segundo delito en contra de la Hacienda Pública, igual por el Impuesto sobre Sociedades de 2021, al mismo obligado tributario, por un importe de 195.591 euros. Entendemos que hay dos delitos en contra de la Hacienda Pública, aunque los dos ejercicios están muy relacionados porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria", explicó la inspectora según se recogen en los audios publicados.

La jefa de la inspección tributaria también detalló los motivos por los que saltaron las alarmas en la Agencia Tributaria: los números de Maxwell Cremona no cuadraban. "Lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en 2020 respecto de 2019. En concreto, tiene unos ingresos de 2,3 millones de euros, aproximadamente", explica la inspectora a la jueza al tiempo que detalla que "el hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo": "Lo que es llamativo es que baja la tributación, lo que no nos resulta lógico. Si tengo 375.000 euros de ingresos en 2019 y paso a 2,3 millones en 2020, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. Y, por el contrario, nosotros verificamos que no".

En concreto, se trata de la justificación de varios trabajos con abultados ingresos: uno en México y otro en Costa de Marfil. En el país americano no encuentran el trabajo por el que la sociedad de González Amador había facturado supuestamente 620.000 euros en 2020. Y lo mismo sucede con el otro que era un encargo de una empresa por 900.000 euros.

"Cuando hemos detectado esta irregularidad, es el momento en que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Una factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Entonces, vamos a decir, esta regularización, la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria, cuando ya he necesitado procedimiento inspector [...]. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación", explica la jefa de la inspección tributaria.

Uno de los abogados de González Amador aprovechó su interrogatorio para preguntarle a la inspectora sobre cuándo tiene conocimiento de que es la pareja de Ayuso. "Esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder", responde la inspectora que repite esta idea ante las repreguntas del letrado.

El mismo día que declaró esta inspectora de Hacienda, también declaró durante cuatro minutos otra inspectora que fue la encargada de redactar el informe jurídico tras las averiguaciones de la primera.

El pasado 29 de mayo, la jueza dictó auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el marco de la pieza principal. González Amador recurrió en reforma ante la jueza pero esta rechazó su recurso al sostener que los indicios contra él se basan en informes de la Agencia Tributaria y en una serie de documentos que "ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales".

A la vez, continúa investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención, en la que las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que pagó a la mujer de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros.

El Consejo de Ministros dio este martes un paso más en la estrategia del Gobierno para legitimar la condonación de deuda a Cataluña haciéndola extensible al resto de las comunidades del régimen común (el País Vasco y Navarra tienen su propio modelo de financiación), aprobando el anteproyecto de ley que pretende regularla.

Sin embargo, la decisión de Alberto Núñez Feijóo de llevar su oposición a esta norma al extremo de prohibir a sus barones la posibilidad de acogerse a la quita, a pesar de las enormes dificultades que atraviesan las finanzas de varios de ellos, ha brindado a Pedro Sánchez una oportunidad de oro para poner a prueba la autoridad del líder del PP dentro de su propia organización.

Los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por más ingresos con los que hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella y mejorar su credibilidad financiera en los mercados, Feijóo les ha prohibido acogerse al procedimiento.

De momento, ninguno de ellos se ha salido de la foto y se mantienen firmes, aunque varios han especulado en el pasado con acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.

El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo. “¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?”, se preguntó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “¿Qué familia española en su sano juicio, si se le plantea una condonación de parte de su hipoteca, va a decir que no?”. “Esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo y que van a votar en contra cuando la quita llegue al Congreso”, concluyó.

Lo cierto es que los barones del PP tienen todavía margen para mantenerse del lado de Feijóo y no acogerse a la condonación. A la ley reguladora le queda todavía un largo trámite por delante. No saldrá del Consejo de Ministros rumbo a la Cámara Baja hasta finales de año, como muy pronto. Y después tendrá que hacer frente a una tramitación de meses que ni siquiera está asegurada: Sumar ya ha anunciado que presentará enmiendas y uno de sus socios, Compromís, ya ha dicho que está en contra del modelo.

Lo que es seguro es que la norma no estará lista a tiempo para las elecciones en Castilla y León (marzo) ni, casi con toda seguridad, para las andaluzas de junio, lo que no impedirá que vaya a ser un ingrediente importante del debate electoral entre candidatos. Como mínimo, habrá tiempo para decidir hasta 2027.

De momento, las comunidades del PP están rechazando la quita con un abanico de argumentos que van desde decir que penalizará a los territorios que menos deben hasta insinuar, contra toda evidencia, que solo servirá para mutualizar las deudas de Cataluña. Galicia ha anunciado ya que estudiará si recurrir judicialmente la condonación, a pesar de que está todavía lejos de llegar al Boletín Oficial del Estado.

La mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, llegó a afirmar que “es una irresponsabilidad política sin precedentes que beneficia a aquellos que peor han gestionado y pretende mancomunar la deuda que han provocado los independentistas catalanes”, obviando que las más beneficiadas serán precisamente comunidades con presidentes del PP. De hecho, de los 83.252 millones de deuda que el Estado se ofrece a asumir, casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, siete de cada diez euros.

“¿Dónde está el agravio?”, se preguntó la ministra Montero. “¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades que está denunciando el señor Feijóo y que repiten a coro los presidentes autonómicos a sabiendas de que esto beneficia a sus territorios?”. “Ya les digo yo”, añadió, “que por mucho que digan de cara a la galería, al final todos terminan firmando, porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio”.

En su formato actual, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas.

El modelo de reparto se conoce desde hace tiempo y se basa, sobre todo, en el criterio de población ajustada, un indicador que corrige la población real de cada comunidad según factores como edad, dispersión geográfica, superficie o insularidad, para repartir los recursos de manera más equitativa en función de sus necesidades de gasto. Pero tiene en cuenta otros factores: todas las comunidades deben beneficiarse de una reducción mínima de su deuda del 19% y compensar a las que tuvieron durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

En términos absolutos, las que más recibirán son Andalucía y Cataluña, con quitas de 18.791 y 17.104 millones, respectivamente. Pero en términos per cápita, la quita más cuantiosa será para la Comunitat Valenciana, con 2.284 euros por habitante ajustado. El mayor porcentaje de deuda perdonado será para Canarias con un 50% del total. Pero para beneficiarse de esa reducción deben aceptar la propuesta del Gobierno; de otro modo perderán la oportunidad.

Del criterio de población ajustada sale una condonación de 60.232 millones, a los que hay que sumar otros 11.514 millones al aplicar el mínimo del 19%. 10.590 millones más se calculan de elevar la asignación por habitante ajustado a las autonomías que entre 2010 y 2022 recibieron menos que la media, y a las que se les dará lo mismo por habitante ajustado que a la Comunitat Valenciana (2.284 euros).

A esta cifra hay que añadir un ajuste adicional: las comunidades que hayan usado sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF tendrán derecho a una condonación extra del 10%, si subieron el impuesto por encima de la media, y de un 5% para el resto. En total, 917 millones más. En la práctica, un castigo a las comunidades que, como es el caso de las gobernadas por el PP, redujeron impuestos.

La economía de Juan Carlos de Borbón parece ir viento en popa en la Perla del Desierto. Y la liquidación de la abultada deuda que mantenía con su círculo más cercano da buena cuenta de ello. Un lustro después de su aterrizaje en Abu Dabi, donde huyó en plena investigación sobre su fortuna, el rey emérito ya ha devuelto todo lo que le prestó su círculo cercano para saldar las deudas con Hacienda. Millones generados, según dicen en su entorno, con la venta de algunos derechos y algunas operaciones comerciales en las que participa el emérito a miles de kilómetros de distancia del fisco al que defraudó.

El monarca abandonó España en el verano de la pandemia. Lo hizo, según dejó escrito en una carta, para facilitar la labor a su hijo, Felipe VI, ante "la repercusión pública" que estaban generando "acontecimientos pasados de mi vida privada" –eufemismo para referirse a la aparición de la fortuna que ocultó al fisco–. Lo cierto es que por entonces la situación en Zarzuela se había convertido en insostenible, con un goteo continuo de informaciones sobre negocios oscuros y cuentas en paraísos fiscales. Tan a podrido olía todo que Felipe VI anunció su renuncia a la parte que le correspondiera de la herencia y a retirar la asignación económica anual a su padre.

Para comenzar su nueva vida, el emérito eligió la península arábiga. Justo, el epicentro de su fortuna oculta. En 2008, la autocracia saudí le transfirió 65 millones de euros a una cuenta opaca en Suiza. Y dos años después, el sultán de Baréin le regaló otros 1,4 millones. Pero el exjefe de Estado no eligió ninguno de estos dos Estados. Prefirió instalarse en Emiratos Árabes Unidos, donde también tiene un buen círculo de amistades plagado de jeques y príncipes. Y es desde ese pequeño país del golfo pérsico desde donde ha seguido el desarrollo y la culminación de las investigaciones que le han perseguido.

Pese a todo, el monarca ha esquivado el mazo de la justicia. Y una investigación penal contra él por fraude fiscal ya se torna imposible, a la luz del cerrojazo impuesto hace unos meses por el Tribunal Supremo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no se haya encontrado reproche alguno en sus acciones. Si el emérito se ha librado ha sido, más bien, por una combinación de prescripción, inviolabilidad y regularización fiscal. Porque la investigación realizada en su día por la Fiscalía del Alto Tribunal puso de manifiesto que Juan Carlos de Borbón ocultó durante años parte de su fortuna al fisco.

Así, el decreto de archivo del Ministerio Público puso de relieve que el emérito "no incluyó" en sus autoliquidaciones de IRPF "rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas" en un banco suizo por la fundación Lucum, cuyo titular real era el exjefe de Estado. Y llegó a cifrar en hasta 56 millones de euros lo que defraudó entre 2008 y 2012. Pese a estos hechos contrastados, la Fiscalía no presentó querella porque "los posibles delitos fiscales" cometidos hasta 2011 "estarían prescritos" y el de 2012 "no sería susceptible de reproche penal" porque "estaba protegido por la inviolabilidad" –su abdicación no se produjo hasta 2014–.

Más allá de su etapa como jefe de Estado y de Lucum, la investigación también abordó el uso de fondos de un empresario mexicano amigo suyo para "gastos particulares" del monarca o los "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos" originados por Juan Carlos I y abonados por la Fundación Zagatka, constituida en Liechtenstein por su primo. En ambos casos, al verse ya acorralado, el monarca decidió regularizar su situación con el fisco, lo que implica reconocer la deuda con Hacienda, para librarse del delito. En el primero, pagó 678.393,72 euros. En el segundo, 4,41 millones de euros.

Esta última cantidad, según se recoge en el decreto de archivo del Ministerio Público, procedía de los préstamos que le hicieron una docena de personas físicas y jurídicas. Un dinero que, según ha adelantado este miércoles el diario El Mundo, ya ha sido devuelto por el monarca. Esto supone que el emérito ha conseguido a lo largo de estos cinco años desde Abu Dabi recaudar más de cuatro millones para liquidar la deuda que tenía con el círculo de empresarios y aristócratas de confianza que le hicieron los préstamos para regularizar su situación fiscal.

Parte de esos ingresos proviene de la venta de sus derechos de imagen para la elaboración de un documental. Pero no solo eso. También, siempre según el citado medio, de su intermediación en operaciones comerciales. El papel del monarca como comisionista siempre ha sido un secreto a voces. Desde los últimos compases del franquismo, cuando en plena crisis del petróleo el dictador pidió ayuda al príncipe para que intercediese ante sus hermanos árabes. "A cambio de estos servicios, cobró una comisión y a todo el mundo le pareció muy normal", relata la periodista Rebeca Quintans en Juan Carlos I, la biografía sin silencios (Akal, 2015).

Unos negocios, sin embargo, realizados desde la más absoluta opacidad. En 2023, el emérito dejó de ser residente fiscal en España, si bien sus visitas al país son cada vez más frecuentes. Y esto le permite seguir engordando su fortuna lejos de la lupa del fisco español al que un día defraudó. O no dar explicaciones sobre quién financia los aviones en los que viaja o quién costea su vida en Abu Dabi. En este sentido, no obstante, la normativa de regalos de la Casa Real deja claro que los miembros de la Familia Real, a la que pertenece el emérito, "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".

Equipo Económico, el despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, logró construir en apenas unos años una cartera de clientes de lo más potente. En la lista figuran desde empresas gasistas, que centran buena parte de la investigación sobre el bufete que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, hasta auténticos gigantes del Ibex 35 –Telefónica, BBVA, Banco Santander o Ferrovial–. Y también firmas del sector de la salud. En concreto, según consta en la documentación incorporada a la causa, el despacho ingresó más de 300.000 euros de la sanidad privada en una década.

Un informe de la Agencia Tributaria, fechado en octubre de 2020 y elaborado a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, dedica todo un apartado a las operaciones con terceros del bufete registradas entre 2008 y 2019 y cuya suma total supere los 60.000 euros. En ese listado, elaborado a partir de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, se recogen más de un centenar de clientes, entre los que se encuentran instituciones, personas físicas y, sobre todo, empresas. Y es en este último grupo donde emerge Ribera Salud, que habría abonado a Equipo Económico, según el ente tributario, un total de 212.400 euros en ese periodo.

Esta firma es bien conocida dentro del sector sanitario. De hecho, fue la punta de lanza de un sistema de privatización por el que apostó el Gobierno de Eduardo Zaplana en la Comunitat Valenciana y que potenció en la Comunidad de Madrid otra de las máximas exponentes del neoliberalismo patrio: Esperanza Aguirre. Un modelo de colaboración público-privada a través del cual la Administración encarga a una empresa la construcción del centro de salud y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar atención sanitaria y no sanitaria a los ciudadanos de la zona.

El Hospital de La Ribera, ubicado en la localidad valenciana de Alzira, fue el primero en echar a andar bajo dicho sistema –de ahí que, popularmente, se le denomine modelo Alzira–. Y Ribera Salud, nacida entonces de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bancaja, fue quien se hizo con un jugoso contrato de gestión que impulsó en buena medida su negocio. Actualmente, el accionista de referencia de la compañía, que gestiona más de una quincena de hospitales –entre ellos el privatizado de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid– es el tercer grupo sanitario privado francés: Vivalto-Santé.

Ribera no fue, sin embargo, el único cliente del sector sanitario que recurrió a los servicios de Equipo Económico. También lo hizo Asisa, de quien la Agencia Tributaria recoge pagos al despacho por un total de 101.640 euros. Con una cuota de mercado del 12,6% y un volumen de primas de 1.515 millones de euros en 2024, según los últimos datos recogidos por la Fundación Idis –que aglutina al sector sanitario privado–, es una de las compañías líderes del negocio de los seguros de salud, solo por detrás de SegurCaixa Adeslas y Sanitas. Entre las tres se reparten el 58% del pastel.

Este diario se ha dirigido por correo electrónico a los departamentos de comunicación de ambas empresas, contra las que no se dirige la causa judicial, para conocer a qué responden los pagos recogidos por la Agencia Tributaria. Fuentes de Asisa han explicado a este diario que la colaboración tuvo lugar "en los años 2014 y 2015", cuando el bufete "realizó un informe" para asesorar a la compañía "en una reestructuración que tenía por objeto la constitución" de Grupo Hospitalario HLA, "el cual agrupa los hospitales propiedad de Asisa". Desde Ribera Salud, sin embargo, no se ha obtenido respuesta a cierre de esta edición.

Equipo Económico echó a andar allá por 2006 bajo el nombre Montoro y Asociados SL. Poco a poco, el negocio fue creciendo. En 2008 facturó, según un informe de los Mossos d'Esquadra, 2,9 millones de euros. Una cifra de negocios que solo un año después se incrementó en un 48,8%, llegando hasta los 4,34 millones. Y que alcanzó su punto más alto en 2012, el primer ejercicio con Montoro al frente del Ministerio de Hacienda: 6,67 millones, el doble que en 2008. "Todo ello en un contexto de la peor crisis económica sufrida por España", desliza la policía catalana en el mismo documento incorporado a la causa.

A partir de 2015, recuerdan los Mossos, se produjo una "sustancial disminución del importe neto de la cifra de negocios". "En este sentido, una de las explicaciones, podría ser la aparición de noticias en prensa digital denunciando el posible tráfico de influencias del despacho Equipo Económico SL a través de sus conexiones con el Ministerio de Hacienda. Estas noticias empezaron a publicarse durante el primer semestre del año 2015 y se sucedieron durante los siguientes ejercicios", completa el análisis policial. 

Hubo un tiempo en el que Fernando Peña Álvarez lo fue todo. O casi todo. Con un brillante currículo, tan solo le quedó ocupar un despacho ministerial. Llegó a ejercer funciones de asesor dentro del Gobierno. Y con el paso de los años se convirtió en uno de los asesores fiscales más cotizados por la jet set. Pero aquellos días de vino y rosas ya no son más que un recuerdo del pasado. El mazo de la justicia acaba de bajarlo directo a los infiernos. Quien fuera en su día todo un referente en materia tributaria, hoy no es más que el protagonista de una de las mayores condenas impuestas a un fiscalista. Ochenta años de cárcel. Una pena que, en su mayor parte, se deriva de los acuerdos alcanzados por sus clientes con Fiscalía.

Peña mostró interés por los impuestos desde su juventud. De ahí que se convirtiese en inspector financiero y tributario del Estado, siendo el primero de su promoción. De su enorme proyección de futuro da buena cuenta su papel como jefe del Servicio de Asesoramiento Técnico en el gabinete del Ministerio de Hacienda. O como asesor de asuntos financieros en Presidencia del Gobierno. Pero a finales de los ochenta decidió dar el salto al sector privado. No parecía contento con el sueldo de los empleados públicos. "La Administración debería cuidar el posible mantenimiento de los funcionarios, dándoles una buena carrera administrativa y unas mejores retribuciones", decía a comienzos de los noventa en televisión.

Fue a mediados de aquella década cuando echó a andar Nummaria, el despacho de asesoría fiscal y contable que ha sido su perdición. Ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital, llegó a contar con varios centenares de clientes. Algunos de ellos, vip. Pero todo se torció en la primavera de 2016, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron el bufete en el marco de unas pesquisas por un supuesto fraude fiscal. Nacía así el caso Nummaria, en el que se han visto implicadas más de una treintena de personas y que ha culminado esta semana con el duro golpe de la Audiencia Nacional.

La sentencia considera probado que el exinspector de Hacienda "realizaba" actividades "ilícitas" bajo la "cobertura de la asesoría fiscal". Y que para evitar ser detectado "creó un entramado" de sociedades en España y fuera de nuestras fronteras. Una compleja maraña de estructuras jurídico-económicas "diseñadas, implementadas y gestionadas" por el despacho cuya dirección "ejercía" Peña. Estas estructuras fueron utilizadas "para facilitar la opacidad de las operaciones", tanto de dicho bufete como de sus clientes, "bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas" que ostentaban algún derecho de crédito contra aquellos.

El mecanismo utilizado para evitar la tributación del Impuesto de Sociedades, el IVA o el IRPF consistía, normalmente, en el siguiente esquema. Las rentas de las personas físicas o de las sociedades operativas se desplazaban hacia un primer grupo de entidades –UTE o comunidades de bienes– que "tributan en régimen de transparencia", las cuales son titularidad (con un alto porcentaje de participación) de Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE). Estas últimas, a su vez, están participadas en su mayor parte por sociedades residentes en Reino Unido –las limited–. Y un gran número de estas, al mismo tiempo, por un puñado de sociedades costarricenses.

Una cadena, en definitiva, para el "transporte" de "rentas" desde "donde habrían debido tributar" hacia "donde no tributan". La sentencia vincula al fiscalista con un grupo de 22 sociedades, 6 comunidades de bienes, una sicav –sociedad de inversión de capital variable– y una fundación, todas ellas domiciliadas en Madrid y utilizadas tanto para esconder el patrimonio de Peña u ocultar las "cuotas tributarias de la actividad de asesoría fiscal y contable" como para utilizar de "instrumento polivalente" en las "estructuras de fraude" que el bufete diseñaba y comercializaba a sus clientes. Y con otras tres AEAI y una UTE.

En el extranjero, el fiscalista, que ha estado representado por el abogado y ex ministro del Interior Antonio Camacho –el mismo letrado que lleva la defensa de la mujer del presidente del Gobierno–, utilizaba para "ocultar parte de su patrimonio y de las rentas generadas por su actividad" sociedades, todas ellas "bajo su control", ubicadas en Suiza –Newbury Services SA y Dacsa International SA–, Panamá –Kingman Group SA, Bernina Overseas SA o Dollhouse SA– Costa Rica –Faverty Trading SA– o Portugal –Esferaguda Lda e Indicecardinal Lda–. La sentencia, del mismo modo, también vincula a Peña con otras en Canadá, Luxemburgo o Uruguay.

Algunas sociedades fueron empleadas en adquisiciones inmobiliarias. La costarricense Faverty Trading, por ejemplo, para la compra de "varios inmuebles" en Uruguay. Y las portuguesas Esferaguda o Indicecardinal para la adquisición de dos apartamentos en el país vecino. Y para "ocultar" que "poseía el control y la verdadera titularidad" de estas últimas, el capital social de las mismas era detentado por otras dos inglesas –Tanswell Trading Limited y Coralmead Trading Limited–, que a su vez pertenecían a las sociedades costarricenses Hillside Finance SA y Dudley International SA –en el caso de la primera– y a las uruguayas Parknaor SA y Keynes SA –en el caso de la segunda–.

Peña presentaba anualmente sus declaraciones por el IRPF y el IVA. El problema es que los importes declarados en las mismas resultaban "incongruentes con la verdadera dimensión" de la actividad profesional de asesor fiscal que realizaba en el despacho. "Incongruentes, asimismo, con los ingresos anuales que él mismo declara obtener de su actividad ante la entidad suiza UBS de 1.250.000 euros anuales y, también, con el elevado patrimonio que titulariza a través de sociedades, tanto en España como en el extranjero", recoge el fallo de la Audiencia Nacional, que llega a hablar de "más de cincuenta inmuebles".

Los magistrados cifran en cerca de 16 millones de euros lo defraudado por el fiscalista entre 2010 y 2015, ambos ejercicios incluidos –9,86 millones por el IRPF y 5,84 millones por el IVA–. Y es ahí, precisamente, donde radica casi la mitad de su condena: 32 años de cárcel por una docena de delitos contra la Hacienda Pública. "No nos encontramos con que el acusado tratara de buscar dentro de la legalidad la forma más favorable de tributar, lo que resulta legítimo en el ámbito de una economía de opción, sino de sortear esa legalidad acudiendo a un sistema que distorsionaba la realidad del hecho imponible hasta hacerla irreconocible", concluye el tribunal.

Los otros 48 años restantes, sin embargo, le han caído como cooperador necesario por los delitos cometidos por los clientes condenados en el mismo procedimiento. Precisamente, aquellos que evitaron dar la batalla judicial y reconocieron los hechos a cambio de penas más suaves. Cada conformidad alcanzada con la Fiscalía y cada condena derivada de la misma ha engordado más y más la pena contra el fiscalista, que, no obstante, no cumpliría más de nueve años de cárcel en caso de ratificarse la sentencia, contra la que aún cabe recurso. El Código Penal fija que "el máximo de cumplimiento efectivo" de la condena "no podrá exceder del triple del tiempo" por la pena más grave –tres años en este caso–.

El de Imanol Arias es uno de esos casos que ha arrastrado aún más hacia el fondo al asesor. El Ministerio Público pedía 27 años de cárcel para él. Y el actor decidió no arriesgar. De la mano del abogado José Antonio Choclán, especialista en conformidades, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Arias reconoció haber defraudado dos millones de euros a cambio de una pena de dos años y dos meses de prisión –si bien no ingresará en la cárcel–. Cinco delitos fiscales confesados por el actor que, al mismo tiempo, engordan en ocho años la condena impuesta al asesor en concepto de cooperador necesario.

La sentencia considera probada la participación del despacho Nummaria "en el diseño y funcionamiento" de la estructura empleada por Arias "para eludir el pago de impuestos por las rentas": "Peña no se ha limitado al mero asesoramiento jurídico mediante actos neutros ajenos a la dinámica de la comisión de los delitos tributarios; sino que sus actividades han sido decisivas en relación con la ideación y ejecución de esos delitos". Una "maniobra fraudulenta" que en el caso del actor consistía en la utilización de un "entramado societario" y el "uso fraudulento de la figura de la renta vitalicia" con el objetivo de aplicar una reducción en la tributación.

Ana Duato también recurrió a una estructura creada por Peña para transformar parte de las rentas de su trabajo como actriz en renta vitalicia, obteniendo una reducción de su tributación. Pero a diferencia de Arias, ella no pactó. Se enfrentaba a una petición de 32 años. Y ha salido absuelta. "No concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto en el ordenamiento tributario", recoge el fallo.

El mazazo judicial contra el asesor fiscal podía haber sido mucho mayor. La Audiencia Nacional ha librado a Peña del delito de organización criminal, por el que le pedía seis años de prisión –y que podría haber situado mucho más arriba la barrera de la pena máxima a cumplir–. Los magistrados no consideran probado que el despacho se pusiera en marcha para la comisión de delitos o que su funcionamiento evolucionase "hacia una actividad consistente principalmente" en ello. El único respiro para quien un día se codeó con las élites y hoy se ve en la cuerda floja. Un ingreso en prisión que, sin embargo, no será una realidad mientras no adquiera firmeza la condena impuesta.

El exentrenador italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con el ejercicio fiscal 2014, mientras que ha sido absuelto de otro igual relativo a 2015, según recoge EFE. 

La sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid le condena a la pena mínima prevista en la ley por el fraude de 2014 y le impone una multa 386.361,93 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

En lo que respecta al ejercicio 2015, el tribunal absuelve al acusado por no haber probado que viviese en España al menos los 183 días que exige la ley para estar obligado a tributar, dado que estableció legalmente su residencia en Londres en abril de ese año, cuando fue cesado por el Real Madrid, aunque mantuviese una vivienda en la capital española.

Antes del proceso penal, Ancelotti consignó 1.400.000 euros para pagar su deuda fiscal, el recargo de apremio y los intereses, por lo que ahora se le devolverá parte de esa cantidad.

La Fiscalía pedía 4 años de prisión para el extécnico del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil al acusarle de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que el italiano entrenó al Real Madrid.

El tribunal considera probado que el entrenador se valió de una estructura societaria domiciliada en Islas Vírgenes y en Londres para el cobro acordado por sus derechos de imagen, cedidos en un 50% al Real Madrid, club que se comprometió a pagarle por ese concepto 1.409.645 euros en la temporada 2013/2014 y 1.795.575 por cada una de las dos siguientes.

Durante el juicio, celebrado los pasados 2 y 3 de abril en la Audiencia madrileña, Ancelotti dijo que nunca pensó en defraudar a Hacienda y que él hizo lo que le dijeron el club y sus asesores, pidió su absolución y, en caso de ser condenado, solicitó que se le aplicara las circunstancias atenuantes de reparación del daño, al haber saldado la deuda con fecha de diciembre de 2021, y de dilaciones indebidas. 

El tribunal acuerda notificar la sentencia a la Agencia Tributaria para que haga los ajustes correspondientes sobre las cantidades abonadas por el entrenador.

Fuentes de la defensa del técnico han indicado a EFE que, además de devolverle buena parte de los 1,4 millones de euros que él ingreso a finales de 2021 por corresponder al ejercicio de 2015, la sentencia confirma que ese año su residencia fiscal estuvo en Londres.

Por ello, calcula que en lugar de tributar al 49% por sus ingresos totales (unos 18 millones de euros) debió hacerlo al 20%, con lo que la devolución de Hacienda podría rozar los 5 millones de euros.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción por el que reconoció cinco delitos fiscales, mientras que su compañera de reparto en Cuéntame, Ana Duato, ha sido absuelta.

"Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto", aseveró el actor al inicio del juicio, en el que ratificó el acuerdo al que llegó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que asumía haber cometido cinco delitos fiscales al haber defraudado 2.023.909 euros entre 2010 y 2014, y aceptó una condena de 26 meses de prisión y una multa.

Más de un año después, la sección segunda de lo Penal ha dictado la sentencia, en la que le impone la pena que aceptó y absuelve a 18 acusados, entre ellos Ana Duato, y a su marido, el productor Miguel Bernardeau, al considerar que no hay prueba suficiente para sustentar una condena. Al principal acusado, el asesor fiscal Fernando Peña, le sentencia a 80 años de cárcel.

En su resolución, la Sala condena a Imanol Arias por cinco delitos contra la Hacienda Pública y recuerda que el actor reconoció los hechos en el juicio y que, además, se encuentran corroborados por otros elementos probatorios. El tribunal le impone entre 4 y 6 meses por cada uno de los cinco delitos y aplica al actor -que reintegró al fisco 2,2 millones de euros, correspondientes a la deuda, intereses y responsabilidad civil- las circunstancias atenuantes de reparación del daño, confesión de los hechos y dilaciones indebidas. En su caso concurrirían las circunstancias previstas en el Código Penal para evitar la entrada en prisión.

Los magistrados hablan de "maquinación fraudulenta" cuando dan por probado que, en el caso de Arias, se ha realizado una maniobra de ocultación para eludir el pago del IRPF por las rentas originadas por sus servicios como actor, que consistía en utilizar un entramado societario y usar de forma fraudulenta la figura de la renta vitalicia.

El tribunal explica que Arias -para quien el fiscal solicitó en un principio 27 años de cárcel- tuvo intención de ocultar y engañar a la Hacienda Pública, utilizando "un entramado de sociedades interpuestas (que no aporta valor alguno a los servicios prestados) y, además, acude a la figura de la renta vitalicia para mejorar la tributación de una parte de las rentas".

Porque, señala, Arias debió tributar sus trabajos profesionales como rentas del trabajo IRPF y no como percepciones económicas de sociedades ni como renta vitalicia.

Además de Arias, otros ocho acusados llegaron a un pacto con las acusaciones y han sido condenados por delitos fiscales a penas de entre 8 años y 6 meses de cárcel. A todos, la Sala les aplica la atenuante de confesión de los hechos y la de dilaciones indebidas, al igual que a Peña. Algunos también resultan beneficiados por la atenuante de reparación del daño.

La sentencia, de 275 páginas, considera probado que el principal acusado, Fernando Peña, al frente del despacho Nummaria, creó un entramado societario dentro y fuera de España que facilitaba la opacidad de las operaciones del despacho y de sus clientes, "bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos".

La Agencia Tributaria (AEAT) ha devuelto ya 9.100 millones de euros a 12.577.000 contribuyentes al término de la campaña de la declaración del IRPF correspondiente a 2024, lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto al importe devuelto al cierre de la campaña de hace un año, según ha informado EFE.

Estas cifras suponen que ya se han abonado el 78,9 % de las devoluciones solicitadas en número y el 66,5% de los importes reclamados, según explica la AEAT este miércoles en un comunicado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 24.570.000 declaraciones, un 2,3% más que el año pasado, de las cuales 15.932.000 son con resultado a devolver y 6.934.000, a ingresar.

El plan "Le Llamamos" de asistencia telefónica personalizada ha sumado 1.188.000 declaraciones presentadas, un 5,3% más que el año anterior, y un año más ha sido el principal sistema de presentación.

La asistencia en oficinas ha crecido a un ritmo similar, con 873.000 declaraciones presentadas, un 5,1% más que el año pasado.

A través del servicio web "Renta directa", más ágil para rentas simples que no requieren modificación del borrador, se han presentado 1.019.000 declaraciones, mientras que a través de la aplicación móvil se han registrado 696.000 declaraciones, un 7,6% más.

Hasta el momento, se han presentado 44.900 declaraciones complementarias de contribuyentes que han rectificado su declaración a partir de la carta remitida por la Agencia, evitando de esa forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Este año se ha mantenido la campaña de envío de cartas -además de los avisos en la web y en la aplicación- a los contribuyentes que presentaron su declaración modificando información aportada por la AEAT, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información.

En paralelo a la campaña de renta se ha desarrollado también la correspondiente al impuesto sobre el patrimonio, a cuyo término se han contabilizado más de 226.000 declaraciones. El importe a ingresar ha alcanzado los 2.133 millones de euros.

La declaración la tienen que hacer los contribuyentes con cuota a ingresar, tras deducciones y bonificaciones, así como aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.