El Instituto Cervantes ha acusado este miércoles a la Real Academia Española (RAE) de vulnerar las directrices básicas de la organización del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Algo que sucede después de que el director del Cervantes, Luis García Montero, denunciara el pasado martes que la RAE ha decidido unilateralmente que el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se celebre en Panamá. En un comunicado, el Cervantes ha asegurado que la "elección unilateral de Panamá sin el previo conocimiento del Instituto Cervantes vulnera la buena relación entre instituciones".

Según el organismo que preside Montero, la designación de la sede del CILE se consensúa entre el Instituto y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al Gobierno de España, "tal y como indica el punto 5 de las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua Española, firmadas en mayo de 2014".

El Cervantes ha agregado que los países aspirantes a albergar el congreso deben formalizar oficialmente su candidatura con una comunicación oficial de su Gobierno al Ejecutivo de España y a las instituciones organizadoras, el Instituto Cervantes y la RAE, "que decidirán de acuerdo con las circunstancias del momento". También ha subrayado que el Cervantes fundó estos congresos en 1997 y que luego, en 2001, se sumaron la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

Montero ha acusado a la RAE de utilizar a la Asale, lo que, a su juicio, ha provocado "daños a las relaciones institucionales y culturales con Panamá". "Ante el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos con el Instituto Cervantes, exige a la RAE una rectificación de su actuación y la vuelta a la senda responsable de mutua colaboración", concluye el comunicado.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, no asistió este martes a la reunión anual del Patronato del Cervantes, celebrada en el Palacio de Aranjuez y presidida por los reyes, como expresión de su "malestar" por "la conducta inexplicable" de García Montero, según indicaron a EFE fuentes de la RAE. De acuerdo a estas mismas fuentes, por el mismo motivo tampoco asistieron ni el secretario general de Asale, Francisco Javier Pérez, ni el académico y escritor Luis Mateo Díez, y señalaron que es la primera vez que esto sucedía.

La inasistencia, aseguraron, se comunicó ya hace unos días, aunque fue la misma mañana del martes cuando se conoció el último episodio del enfrentamiento entre los representantes de las máximas instituciones de promoción y estudio del español.

En un desayuno informativo previo a la reunión del Patronato, García Montero había acusado a Muñoz Machado de no contar con el Cervantes para tomar esta decisión, de la que se había enterado "porque se lo comentan otras academias". "No permitimos las ofensas a una institución de Estado como el Cervantes a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE", remarcaba el filólogo.

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, no ha asistido este martes a la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes, celebrada en el Palacio de Aranjuez y presidida por los reyes, como expresión de su "malestar" por "la conducta inexplicable" del director de esa institución, Luis García Montero. Tampoco han asistido, por el mismo motivo, ni el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Francisco Javier Pérez, ni el académico y escritor Luis Mateo Díez, y han señalado que es la primera vez que esto sucede.

La inasistencia, aseguran, se comunicó hace unos días, aunque ha sido la mañana del martes cuando se ha conocido el último episodio del enfrentamiento entre los representantes de las máximas instituciones de promoción y estudio del español, a causa de la elección de Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en 2028.

En un desayuno informativo previo a la reunión del Patronato, García Montero ha acusado a Muñoz Machado de no contar con el Cervantes para tomar esta decisión, de la que se ha enterado "porque se lo comentan otras academias". Esta disputa le ha llevado a volver a expresar su desencuentro público con Muñoz Machado. "No permitimos las ofensas a una institución de Estado como el Cervantes a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE", ha remarcado. "La Academia debería tener un filólogo de calidad como director, no un abogado de negocios", ha insistido García Montero.

En respuesta a esas declaraciones, la RAE ha asegurado que la decisión de designar Panamá como sede del próximo congreso no ha sido tomada por el director de la RAE, sino por la Asale, de la que forman parte 23 academias y que también preside Muñoz Machado. Según la RAE, la elección de Panamá se acordó "por unanimidad" durante el congreso de la lengua de Arequipa (Perú), celebrado en octubre pasado, pero no se comunicó entonces por decisión de las academias.

Entre otros motivos alegan el hecho de que "aún quedan tres años" para el próximo congreso y que "la situación de tensión y desencuentro que el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, provocó en Arequipa hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio". Sin embargo, el director de la RAE se lo comunicó personalmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día en que se regresó de Arequipa, sostienen.

Según García Montero, "corresponde al Cervantes proponer a las academias de la lengua una sede", ya que la secretaría general de los CILE corre a su cargo y fue el Cervantes quien puso en marcha el primero en 1997. 

Efectivos del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá han completado el mayor decomiso de cocaína de 2025 a nivel mundial y el segundo más relevante de los últimos cinco años en todo el planeta, solo comparable con los 13.000 kilos intervenidos en un contenedor en el puerto de Algeciras, en España, en 2024. Fue en un remolcador que navegaba rumbo Norte por el Pacífico Central. Allí se incautaron 13,5 toneladas de droga colombiana (peso bruto), según fuentes oficiales del país centroamericano.

Sobre la magnitud de la intervención, hay algunos decomisos que le superan en cantidad total, como las 22 toneladas localizadas en una explotación de Ecuador o los grandes alijos que llegaron en contenedor a Hamburgo, Filadelfia o el citado de Algeciras. Sin embargo, nunca antes se había incautado tanta cocaína en altamar en ningún lugar del mundo.

El barco, según detallaron las autoridades panameñas en la tarde de este martes —mañana en Panamá— estaba tripulado por diez personas, todas ellas detenidas en flagrancia, de nacionalidades nicaragüense, venezolana, ecuatoriana, peruana y colombiana, que eran plenamente conscientes del transporte que estaban realizando, cuyo destino probable era México, en primera instancia, y Estados Unidos.

La droga estaba repartida en 579 fardos por todo el buque, entre las bodegas y distintos habitáculos de su interior. Los 11.562 paquetes estaban marcados con logotipos muy variados, lo que indica claramente que eran distintas organizaciones criminales las propietarias, tanto en origen como en destino.

Algunos de ellos estaban dotados de cuerdas para facilitar su transporte a la hora de realizar la descarga de forma rápida y eficaz.

La operación se registró al Suroeste de isla San José, en el Pacífico Central, donde los medios de los que dispone el Senan, coordinados por la Procuraduría General de la Nación (PGN) desarrollaron la acción policial sin causar herido alguno.

El golpe, sin precedentes conocidos en el país centroamericano, se produjo después de que los agentes detectasen la singladura del remolcador a través de una ruta que no se correspondía con la habitual, lo que les llevó a sospechar, a seguirle y a localizar la sustancia.

Lo sucedido causará importantísimos quebrantos a las redes criminales, pues el valor estimado del monumental cargamento de droga supera los 300 millones de euros. Resulta, sin embargo, un ejemplo más de la inmensa producción que existe en estos momentos en Sudamérica, que permite que los narcos arriesguen con envíos que, en el caso de ser intervenidos, suponen pérdidas enormes para ellos.

El pasado 31 de agosto concluía en Nueva York la Presidencia de Panamá del Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Una presidencia a la que, a pesar de su excepcionalidad al ser el único Estado hispanohablante en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, no se le ha otorgado la atención merecida desde una España que se encontraba arrasada por la ola de incendios y sumergida en una espiral de crispación política. El poeta sevillano Antonio Machado escribió versos durante su estancia en Soria –"Campos de Castilla" 1912 – acerca de la España que "desprecia cuanto ignora". No deberíamos ignorar en este 2025 las lecciones de la diplomacia panameña. Un país de cuatro millones de habitantes sin ruido pero con inteligencia y firmeza que ha sido capaz de situar en la agenda internacional cuestiones de vital importancia para su economía –los tráficos marítimos y el canal– así como para sus valores como sociedad democrática avanzada –la protección de las mujeres y niñas en conflictos armados–.

Eloy Alfaro de Alba, el experimentado embajador panameño destacado en Nueva York ante la ONU, apostó desde la llegada el pasado 1 de enero de 2025 de su país al Consejo de Seguridad para un mandato bianual por una diplomacia basada en dos principios: diálogo y consensos. En el clima de polarización extrema del Consejo de Seguridad –como pude comprobar en primera persona durante mi intervención ante el Consejo el pasado 19 de agosto–, este comportamiento podría parecer ilusorio. Sin embargo, tras el cierre de la Presidencia panameña hay unanimidad entre los 15 miembros del Consejo en que esta ha sido una Presidencia que ha dejado huella; Panamá ha cumplido sus deberes y ha superado con nota el examen de la Comunidad Internacional persuadiendo –sin imposiciones ni amenazas– a los demás miembros del Consejo de incluir en el programa mensual de trabajo unas temáticas destinadas a reforzar su posición e influencia en Centroamérica y en la Comunidad Internacional.

El 11 de agosto en Nueva York, con el Presidente panameño José Raúl Mulino presidiendo la sesión flanqueado por el Canciller – de ascendencia vasca – Martínez-Acha y el Embajador Alfaro De Alba, el Consejo de Seguridad debatió monográficamente sobre seguridad marítima. No fue un debate fácil. Las acusaciones de "injerencia indebida" lanzadas por EEUU y respondidas con contundencia "ipso facto" por el embajador chino Fu Cong en relación al Canal de Panamá dejaban clara la trascendencia de las cuestiones sobre la mesa. Panamá se jugaba en el envite su imagen como gestor eficiente y neutral de la vía interoceánica así como pabellón del 14% de la flota mercante mundial. Y contra los agoreros, el país centroamericano salió reforzado del debate. De hecho la firme intervención del Presidente Mulino –ante las reiteradas alusiones al Canal– zanjó el debate al declarar solemnemente la "neutralidad" de la infraestructura y la "irreversibilidad" de la soberanía panameña sustentada en los tratados internacionales.

El 19 de agosto, Panamá sorprendió al dedicar el segundo de los dos debates abiertos mensuales del Consejo de Seguridad a una temática que –en la práctica– la mayoría de los Estados, dentro y fuera del Consejo, ya no consideran lamentablemente como una prioridad: la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos. Esta lacerante problemática, que debería interpelar a todos los Estados miembros de la ONU, había quedado progresivamente arrinconada en un Consejo de Seguridad desbordado por la interminable sucesión de crisis: Gaza, Ucrania, Sudan, Haití, Pakistán-India, Armenia-Azerbaiyán, Irán-Israel y un largo etc. Panamá cuenta en su haber con una larga tradición de apoyo a los derechos de las mujeres – señaladamente durante la Presidenta Mireya Moscoso ( 1999- 2004)– e implicación en resolución de conflictos bélicos que le han valido en los pasillos de la ONU el apelativo de la "Noruega de Centroamérica".

En Contadora, una paradisiaca isla del Pacífico panameño que recibe su nombre por ser el lugar donde los conquistadores españoles contaban las perlas antes de enviarlas a la metrópoli, surge a inicios de los 80 el grupo de países que apuestan por el proceso de pacificación en el istmo centroamericano. El contexto: el comunista Yuri Andropov en el Kremlin y el republicano Ronald Regan en la Casa Blanca con la guerra fría en su apogeo. La audaz idea, la compleja implementación y el firme liderazgo del "Grupo de Contadora" correspondió a la diplomacia panameña que supo sumar –despacio pero sin pausa– voluntades para conducir a la región a los "Acuerdos de Esquipulas" que recibirán el Nobel de la Paz en 1987. Por cierto, España, de la mano del socialista Felipe González, acompañó durante toda una década esos esfuerzos panameños jugando un rol clave de mediación entre la Casa Blanca y el gobierno sandinista de Nicaragua, así como con las guerrillas izquierdistas de El Salvador y Guatemala.

La XXXª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Madrid en 2026. Es un logro de primerísimo orden para la diplomacia española, así como de la tenaz labor y liderazgo del presidente Pedro Sánchez con su permanente atención a Iberoamérica. Esta nueva edición de la Cumbre prevé reunir –tras los últimos fiascos en asistencias e imposibilidad de consensuar declaraciones– a los 22 líderes de los Estados miembros, con el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres como invitado especial, en busca de avances concretos para la región. En Nueva York el éxito de una nación hermana y socio estratégico de España puede ser un buen recordatorio de que el trabajo duro y serio suele recibir recompensa. Las ocurrencias y los fuegos artificiales no duran mucho más allá. El multilateralismo, hoy amenazado más que nunca por la ola nacionalista y xenófoba, tiene una gran oportunidad en la Cumbre Iberoamericana en 2026. Tomemos nota del éxito panameño en Naciones Unidas y contribuyamos entre todos, con diálogo y consensos, al relanzamiento en Madrid del proceso multilateralita e integrador de las Cumbres Iberoamericanas.

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David Balsa Guldris es enviado especial de la Presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia ante Naciones Unidas.

Las investigaciones policiales avanzan al compás de los narcos. Las grandes cantidades de cocaína entre Sudamérica y Europa se siguen moviendo en contenedores marítimos, pero los duros golpes asestados por las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales en los últimos tiempos les han llevado a modificar su modus operandi.

Así, en 2025 siguen colocando grandes alijos siguiendo el esquema 'de empresa a empresa', pero no solo ese: apuestan, y de forma mayoritaria, por un goteo de cargamentos de entre 20 y 200 kilos repartidos en cientos de contenedores, casi siempre en el mismo lugar, para su ocultamiento: el sistema de motorización y refrigeración, conocido por los narcos como 'los ojos' del citado contenedor.

Como ejemplos, Narcodiario ha ofrecido muchos. Sin embargo, uno muy ilustrativo ocurrió este mismo fin de semana en el Canal de Panamá, donde fueron intervenidos cinco contenedores al mismo tiempo con droga en 'los ojos', para un total de 230 kilos incautados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La droga, como se puede apreciar en las fotografías, luce logos que la asocian a varias organizaciones criminales diferentes. Los puertos de Panamá son un enclave fundamental para comprender las tendencias del narcotráfico, pues buena parte de la droga que acaba en Europa pasa por ese enclave comercial antes de salir hacia el Caribe y el Atlántico. Y allí, en Panamá, más de la mitad de los decomisos de los últimos meses se localizan en 'los ojos'. Algo que también ocurre en Europa.

Este método de ocultamiento tiene varias ventajas que le sitúan como preferente, por delante del esquema 'de empresa a empresa' y también sobre el tradicional gancho ciego. La más importante de todas ellas es que no es necesaria la apertura física del contenedor ni el cambio de los precintos, algo que sí sucede con el gancho ciego, que, como saben los lectores de Narcodiario, consiste en la colocación de los paquetes de droga junto a la mercancía legal, normalmente en mochilas de deporte encima de la misma.

En ese caso, los narcos tienen que abrir los precintos y volver a colocar otros, normalmente clonados, lo que requiere cierta infraestructura logística que no necesitan los narcos cuando colocan los paquetes de droga en la zona de los motores para la refrigeración, que se sitúan en la parte trasera del contenedor y a los que se accede desde el exterior del mismo de forma clandestina.

Otro punto a favor de este sistema de 'los ojos' es su rentabilidad económica, pues en el mismo no es preciso acceder a las fuerzas de seguridad del puerto, ahorrándose así los sobornos. Tampoco se necesita acceder a empresas a ambos lados del Atlántico, pues no se precisa de tapadera alguna.

Así, en un momento en el que las autoridades de puertos como los de Róterdam o Amberes se preguntan los motivos del aparente descenso en la llegada de grandes alijos, una de las respuestas, tal vez la principal, radica en la diversificación a la hora de escoger los puntos de entrada y en el giro hacia la introducción de droga en menores cantidades y en puntos como 'los ojos', de fácil acceso en origen y en destino.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Los NarcoFiles, los más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de la Nación de Colombia analizados por 40 medios de comunicación, infoLibre y Narcodiario en España, describen con precisión el nuevo panorama del crimen organizado en todo el mundo. La filtración sitúa a España como lugar de encuentro de toda clase de mafias internacionales de la droga, pero también como puerta de entrada de los flujos de droga procedentes de Sudamérica y como incipiente zona de producción, con laboratorios de cocaína y grandes plantaciones de cannabis.

En cuanto a las entradas, además de las muy conocidas que emplean los narcotransportistas gallegos –veleros, lanchas rápidas, pesqueros o narcosubmarinos–, los NarcoFiles desvelan con todo lujo de detalles el camino que recorren los grandes alijos entre cargamentos lícitos de bananas, con origen en los puertos de la región de Urabá –el principal, el de Turbo–, dominada con puño de hierro por el denominado clan del Golfo, y destino en distintos países europeos. Así lo han revelado los medios IrpiMedia, de Italia, y Vorágine, de Colombia, asociados a OCCRP, el consorcio internacional de periodistas que, junto al Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), ha coordinado la mayor investigación periodística conjunta sobre el crimen organizado realizada hasta la fecha.

“Los desembarcaderos fluviales de Zungo y Nueva Colonia forman parte del puerto de Turbo, y son administrados íntegramente por Banacol y otra empresa bananera. En los embarcaderos hay almacenes con cajas de plátanos listas para ser cargadas, y justo detrás de los embarcaderos, las plantaciones. Y son puertos fáciles de usar para quienes ya se han infiltrado en la cadena de suministro del cultivo del banano. Desde allí los contenedores son llevados en barcazas a altamar y allí son izados a los portacontenedores que esperan en el puerto”, explica a IrpiMedia una fuente policial que investiga desde hace años el tráfico de drogas en Urabá. Los NarcoFiles apuntan a Banacol como financiadora de actividades paramilitares, cuyos antiguos miembros dominan hoy la producción de cocaína.

La empresa, que dice ser “víctima del flagelo del narcotráfico como lo son todas las empresas exportadoras”, niega haber sido “investigada por ninguna autoridad judicial nacional ni internacional sobre delitos relacionados con narcotráfico” y asegura que “nunca ha sido cuestionada judicialmente por las autoridades nacionales por acusaciones relacionadas con supuestos pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), toda vez que se ha demostrado que nunca lo ha hecho” [ver aquí la explicación completa de Banacol].

En cuanto a los dueños de la mercancía, Los Urabeños, ahora conocidos como el clan del Golfo, tienen desde hace años oficinas en España. En su día fueron descubiertos en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y, desde luego, mantienen posiciones fijas en Madrid. La banana es el principal producto de exportación de Colombia, debe salir rápido de los puertos y, por tanto, es un escondite perfecto para la cocaína que, ya no sólo viaja hacia Galicia, Valencia, Barcelona o Algeciras, en España, sino también hacia Róterdam, Amberes y Gioia Tauro, el gran puerto italiano.

Una antigua alianza entre mafiosos calabreses y sicilianos y colombianos, en la que ahora también participan los balcánicos, sigue muy vigente, con tratos directos en Sudamérica para los grandes envíos. A la provincia de Pontevedra, la cocaína llega desde Turbo desde hace décadas, pero no hay que retroceder demasiado en el tiempo para hallar elementos de prueba.

En 2019, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló la fase de explotación de la operación Cetil, destacada por Europol como la más importante del año en todo el continente. Fueron decomisados unos 6.000 kilos del clan del Golfo que salieron del puerto de Urabá y llegaron a distintos puntos: gran parte al puerto de Marín (Pontevedra), pero también a Valencia y a Países Bajos. Todo ello entre bananas. Para el rescate de estos cargamentos, sin embargo, no había gallegos, ni siquiera balcánicos. Eran marroquíes-holandeses, probablemente integrantes de la Mocro Mafia, la organización liderada desde prisión por Ridouan Taghi, el hombre que, según las autoridades, encargó el asesinato en plena calle del periodista Peter R. de Vries y mantiene amenazados al ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, y a la familia real holandesa.

Turbo también era el origen de los 7.200 kilos de cocaína incautados entre bananas este mismo 2023 en operativos conjuntos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia, en el puerto de Vigo, pero especialmente en el de Algeciras (Cádiz). Una organización histórica del Campo de Gibraltar tenía los contactos precisos en el Urabá antioqueño para recibir la mercancía. Su cabecilla, Damián R., sigue prófugo a pesar de los esfuerzos de las autoridades en España. Se le considera el enlace en la Península para hacer negocios con los colombianos en esta ruta.

Las seis terminales portuarias de Guayaquil (Ecuador), muy cerca de Colombia, son la segunda gran lanzadera mundial de cocaína. La sustancia llega a la ciudad del Pacífico por carretera desde los laboratorios del lado colombiano y parte en portacontenedores en dirección a Algeciras y Galicia, según explicó a Narcodiario el director antinarcóticos de Ecuador, Pablo Ramírez. El puerto de Valencia y los de Róterdam y Amberes, además de Gioia Tauro, en Italia, Le Havre, en Francia, y Hamburgo, en Alemania, también reciben alijos entre bananas.

“Estamos geográficamente ubicados entre dos países productores, por un lado está Colombia y por otro está Perú. De acuerdo con el último informe de la UNODC, el primer país es productor de 1.400 toneladas y el otro de 869, y, dentro de este ámbito, Ecuador no es productor, pero sí un país de acopio de forma previa al envío al exterior”. detalla Ramírez. “Tenemos debilidades, como son el ámbito marítimo y aéreo. El Estado está trabajando a través de varias estrategias, sobre todo tecnológicas, para detectar las embarcaciones y las aeronaves. Hemos establecido y fortalecido las inspecciones no intrusivas [en los contenedores]. Los seis puertos importantes de exportación están dotados de escáneres para ir avanzando en la inspección del 40%, 50%, 60% de los contenedores, con el objetivo de llegar al 100%”, avanza. Sin embargo, este año sólo han podido inspeccionar el 28,5% de los 329.000 contenedores que han salido de Ecuador, lamenta el jefe antidroga ecuatoriano. “El resto”, añade, “sale sin inspección, pero sí con un perfilamiento que nos permite tener una comunicación con países de todo el mundo, dar alertas al destino y de esta manera trabajar conjuntamente”.

Uno de esos contenedores llegó el pasado septiembre a Algeciras con 9.500 kilos de cocaína, el mayor alijo jamás incautado en España y también el mayor en todo el mundo desde 2021. Pablo Ramírez describe el camino que sigue la cocaína desde Colombia hasta su salida en los contenedores desde puertos ecuatorianos: “Tenemos tres pasos legales y 77 no autorizados. Toman los ramales de la sierra centro o de la costa, y van hacia Guayas, Manabí y también Los Ríos. Hemos identificado 23 puntos de acopio con nuestras intervenciones e incautado aproximadamente 30 toneladas de cocaína en estos centros. En esos puntos adecuan o modifican las estructuras de los contenedores introduciendo la droga en sus paneles de refrigeración, o en paredes, pisos y techos. Desde allí van hacia los puertos. En otras ocasiones contaminan el producto. El más perjudicado es el banano, en este caso mediante el sistema del gancho ciego o rip-off [introducir la droga sin que lo sepa la empresa y rescatarla en destino]. Los barcos salen hacia el Canal de Panamá y toman rumbo a Europa”.

La historia que llevó a Ecuador, en general, y a Guayaquil, en particular, a su situación actual, convertida en un auténtico Medellín de los 80 por el dominio de las redes narcos, nace hace 30 años, según detalla el alto cargo policial. “En los años 80 y 90 y ya en los 2000, hasta 2005, aproximadamente, teníamos presencia de los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos. A partir de 2010 y de forma más relevante desde 2017, hemos detectado la presencia de los cárteles de los Balcanes, a través de varias investigaciones y aprehensiones. Ya hay sentencias contra albaneses y tenemos investigaciones en curso muy importantes”. El cártel de los Balcanes se ha hecho fuerte también a este lado del Atlántico, y buena muestra son los recientes arrestos de Dritan Rexhepi, de Nenad Petrak, y Kristijan Palic, los tres refugiados en Turquía.

“Tenemos una ley migratoria universal que en su momento no requería ningún tipo de visa. Somos un país dolarizado y en esa época nuestra legislación era débil en cuanto al lavado de activos. Estas personas extranjeras comenzaban con la fachada de inversionistas lícitos y creaban empresas de exportación y también ejecutaban sus acciones ilícitas. Ahora intercambiamos información con el servicio de aduanas, con el servicio de rentas internas y con otros ámbitos de control, como el Ministerio de Agricultura, que da las licencias de exportación de banano, y ahí observamos si coinciden los pedidos, cómo son los pagos, las cantidades y los países de destino. Así hemos podido crear un centro de análisis de puertos y aeropuertos desde hace tres años. Ese perfilamiento de empresas a través de nueve o 10 indicadores nos ha permitido lograr importantes resultados e incautaciones”, explica Pablo Ramírez. Sobre el motivo que lleva a los narcos a emplear la banana para los envíos, no hay dudas: “Supone el 70% de nuestras exportaciones legales”.

Tras Colombia y Ecuador, los siguientes puntos de origen de la cocaína que llega en contenedores a Europa son Brasil, Panamá, Paraguay y Costa Rica. Desde Brasil destacaron durante años las rutas dirigidas por el ahora encarcelado en Bélgica Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter. Considerado uno de los grandes capos contemporáneos, es el responsable de envíos no sólo en portacontenedores, sino también en barcos pesqueros, con España como referencia.

Así ocurrió en el caso del Titán III, donde sus socios gallegos fueron condenados y él eludió el juicio tras fingir su muerte. Más tarde fue detenido en Budapest y de allí, extraditado a Bélgica. España y Brasil le siguen reclamando. Los puertos atlánticos de Brasil, con Santos como punta de lanza, son origen de numerosos cargamentos destinados a Europa a través de España. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos mafias brasileñas, están detrás de parte de estos negocios, con oficinas estables en puntos como las islas Canarias. Suelen apostar por el gancho ciego, ocultando la droga en toda clase de mercancías, muchas veces harinas o madera, que se envían de forma legal no sólo a España, sino también a Portugal.

En cuanto a Paraguay, los Narcofiles describen una hidrovía que permite mover los alijos de cocaína por el río Paraná desde los países productores hasta los puertos de salida. El destino final ya no es sólo España, sino también otros países de Europa. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de ese país está haciendo grandes esfuerzos por descabezar a las grandes redes delictivas asentadas en la región.

Costa Rica y su puerto de Limón es otro de los lugares más calientes de Latinoamérica a la hora de enviar grandes partidas de cocaína en contenedores hacia España. Su cercanía con los países productores y su rápido acceso al Canal de Panamá suponen una ventaja para los narcos. La desventaja con la que tienen que lidiar aquí los narcos es la presencia de Estados Unidos en la zona, que ayuda a las autoridades locales.

Por último, el caso de Panamá es particular, pues sus terminales portuarias hacen de puente para la mayor parte de los envíos procedentes de Ecuador y, en algunos casos, también de Colombia, por lo que mucha de la cocaína está en tránsito. Además, es un punto de recepción de grandes cantidades de droga que llegan en narcolancha tanto por el Pacífico como por el Atlántico.

En el país centroamericano entra en juego la corrupción, un factor clave a la hora de hacer pasar los grandes alijos por las terminales, lo mismo para su carga como para su recepción y posterior salida a los canales de distribución. “Si no existiese corrupción, tanto en los puertos de salida como en los puertos de entrada, no habría opción de llevar a cabo el transporte de cocaína”. Así lo declaró el propio jefe del clan del Golfo en España en el documental Narcogallegos que puede verse en la plataforma Movistar Plus+ en España y en todo el mundo a través de streaming en Kanopy.

La filtración de los NarcoFiles también revela las nuevas estrategias que, de un tiempo a esta parte, emplean los narcotraficantes para mover la cocaína que entra por los puertos de Europa, entre bananas o cualquier otra mercancía legal. Por ejemplo, el ataque a los sistemas informáticos de los puertos, bien de forma directa a través de hackers, bien con sobornos a personal con acceso a los equipos de cada uno de los puertos. La investigación de OCCRP desvela las tretas empleadas por un pirata informático holandés que se introdujo en el sistema informático del puerto de Róterdam para obtener los números PIN de los contenedores. Así conseguía monitorizar los contenedores que iban a ser objeto de inspección.

Otro sistema utilizado es la modificación virtual del origen de ciertos envíos, evitando así que se incluyan en los canales de análisis e inspección.

La lucha contra la corrupción en los puertos se antoja, pues, esencial. Así lo describió a Narcodiario Macarena Arroyo, fiscal antidroga del Campo de Gibraltar. “Una organización que envía nueve toneladas de cocaína no se arriesga a perderlas durante un control, una vigilancia o un posicionamiento. Tienen unas rutas establecidas y capacidad para modificarlas y dirigirse a otros puertos, tienen capacidades logísticas. También disponen de medios para los desplazamientos posteriores por carretera. Pero el problema es la corrupción. Los narcotraficantes no envían nueve toneladas de cocaína a un puerto si no tienen garantizado y asegurado que van a llegar a su destino”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Las grandes empresas del IBEX 35 suelen incorporar en sus informes anuales, desde hace años y forzadas por las obligaciones legales y reputacionales de transparencia, una declaración en la que niegan tener presencia en paraísos fiscales o incluso se comprometen a no crear filiales en esos territorios de baja o nula tributación y opacos para la Hacienda española. Muchas de las mayores compañías precisan que no hacen negocios en los países incluidos en las listas de paraísos fiscales del Gobierno español y de la Unión Europea. Ambas son cortas, distintas y su composición varía con los años, cuando Bruselas y Madrid introducen o suprimen uno u otro territorio en decisiones que tienden a ser polémicas. Ninguna de ellas, además, incluye a los estados miembros de la UE que se consideran seudoparaísos por su laxitud fiscal: Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre.

Pese a esas precauciones, las 35 mayores compañías de España mantenían en 2019 un total de 740 filiales en países de baja o nula fiscalidad, según el último informe de la ONG Intermón Oxfam, publicado en noviembre de 2020. Entre ellas se encuentran las cuatro grandes empresas eléctricas, en el centro de la polémica ciudadana y política por los precios de récord que están cobrando en los últimos meses en el recibo de la luz. Precisamente este miércoles marcará un nuevo máximo histórico al alcanzar los 190 euros el megavatio hora (MW/h). De acuerdo con la información que las propias compañías publican en sus informes anuales de 2020, Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica poseen al menos 89 filiales en paraísos fiscales o en territorios con bajos impuestos. La mayoría corresponden a Iberdrola, que suma 58. Naturgy tiene 28. Red Eléctrica sólo dos y Endesa una.

En su Informe de Transparencia Fiscal, Iberdrola se prohíbe a sí misma constituir y comprar “sociedades residentes en paraísos fiscales o en territorios o países incluidos en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras”. Con una excepción: que la empresa se vea “obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta como parte de un grupo más amplio adquirido”. También asegura que entre sus “sociedades participadas controladas” no hay ninguna situada en paraísos fiscales de la lista española –que incluye a 32 países– ni en la lista negra de la UE –sólo 12 naciones–.

Pero si crea o adquiere una sociedad en un país de la lista gris de la UE –sólo nueve países– con el que España no tiene convenio para evitar la doble imposición, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán se obliga a sí misma a aprobar la operación en el consejo de administración. Es un procedimiento que Iberdrola denomina “seguimiento especial” y que también establecen Naturgy y Endesa.

Tales declaraciones y cautelas no son óbice para que Iberdrola posea un total de 47 filiales en Delaware (Estados Unidos), que no figura en ninguna de las listas anteriores, pero que exime de impuestos a las empresas allí registradas si no tienen actividad en el estado, ofrece grandes exenciones fiscales a las que sí la tienen y permite a los propietarios de las sociedades mantener su identidad en secreto. Así se ha convertido en el territorio de bajos impuestos favorito de las compañías del IBEX, adelantando incluso de los Países Bajos, por el número de filiales que han constituido en un pequeño estado del este con más empresas registradas que habitantes.

Iberdrola justifica su abultada presencia en Delaware por “su derecho mercantil y consolidada jurisprudencia” que, añade, proporciona “una gran seguridad jurídica en el ámbito mercantil”. Además, la eléctrica asegura que todas sus filiales en ese estado “tienen su domicilio fiscal y pagan los impuestos en los estados donde se encuentran los centros de actividad del grupo fiscal consolidado del que forman parte”. Niega, por tanto, que esas sociedades le reporten “ventaja fiscal alguna”. Por lo general, explica Intermón Oxfam, existe una sociedad en Delaware con el mismo nombre que otra situada en otro estado, de la que es filial (Atlantic Renewable, Avangrid Renweables, Vineyard Wind, PPM).

De Catar a Bermudas

La eléctrica tiene, además, sociedades en países de la UE con régimen fiscales preferenciales, baja tributación y opacidad: tres en Irlanda, de las cuales una es una financiera –Iberdrola Finance Ireland, DAC–, una en Países Bajos –Iberdrola International BV–, otra en Chipre –Rokas Aeoliki Cyprus, Ltd– y una más en LuxemburgoLuxemburgo –Iberdrola RE, SA–, una aseguradora. Finalmente, cuenta con Iberdrola QSTP LLC en Catar, otro país con fiscalidad laxa que estuvo en la lista negra de la UE hasta marzo de 2019.

En 2020 Iberdrola compró la australiana Infigen Energy, propiedad de dos sociedades radicadas en el paraíso caribeño de las islas Bermudas: Infigen Energy (Bermuda) Limited y BBWP Holdings (Bermuda) Limited, que la eléctrica dice haber liquidado ya. En su listado de filiales aparecen además otras tres sociedades con el mismo nombre, dos situadas en Luxemburgo y una más en Malta, todas ellas ya inactivas.

Finalmente, posee dos sociedades en Bulgaria, cuyo tipo del impuesto sobre beneficios es de sólo el 10%. Una de ellas es una inmobiliaria –Iberdrola Inmobiliaria Real State Investments–. También en Hungría, con el tipo de sociedades más bajo de la UE, un 9% –el de Irlanda es del 12,5%–, cuenta Iberdrola con una filial de renovables. Y en Costa Rica otra más de ingeniería.

A diferencia del resto de las eléctricas, Iberdrola publica los impuestos que paga “país por país”, una información que la UE aprobó antes del verano para las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros durante dos años y que aún no es obligatoria. Según sus propios datos, en 2020 la eléctrica de Sánchez Galán pagó 843 millones de euros en impuesto de sociedades por sus negocios en todo el mundo. De esa cantidad, 361 millones corresponden a España, pero no pagó ni un euro en Chipre, Costa Rica, Irlanda, Luxemburgo o Catar, por ejemplo. En Países Bajos, le devolvieron dos millones de euros. El año pasado se apuntó unos beneficios brutos de 5.053 millones de euros. “La constitución de sociedades del grupo Iberdrola obedece a criterios objetivos de negocio y no a estructuras de ingeniería fiscal”, concluye la eléctrica en su informe de transparencia fiscal.

Naturgy, seguros y sociedades de cartera

Naturgy suma 28 filiales en paraísos fiscales, aunque su información fiscal pública es mucho más reducida que la que proporciona Iberdrola. De hecho, sólo publica los beneficios que obtiene y los impuestos que paga en seis países –España, Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá–; el resto los agrupa bajo las rúbricas “resto de Latinoamérica” y “resto del mundo”. En su informe anual de 2020 niega tener filiales en los territorios de la lista negra española, como tampoco en 2019. Y cifra en 214 millones de euros el impuesto de sociedades abonado por sus beneficios globales, de los cuales 65 los ha pagado a la hacienda española.

Naturgy posee una aseguradora en Luxemburgo –Natural Re SA–, así como una firma de servicios financieros –Clover Financial and Treasury Services, DAC– y cinco comercializadoras en Irlanda. En Países Bajos cuenta con una sociedad de cartera –Unión Fenosa Gas Infraestructures BV– y una empresa de servicios financieros –Naturgy Finance BV–. En Panamá ha constituido dos sociedades de cartera –Distribuidora Eléctrica de Caribe SA y Generación Eléctrica del Caribe SA– y cinco filiales de distribución eléctrica, ingeniería y servicios. En Puerto Rico son cinco las firmas controladas por Naturgy, de las cuales tres son sociedades de cartera. En Costa Rica posee otras tantas, de generación eléctrica e ingeniería. Finalmente, en Singapur cuenta con una comercializadora de gas, Naturgy LNG Singapore Pte. Ltd. Pero, según sus propios informes, la compañía de Francisco Reynés está presente también en Omán y Taiwán. En 2019, además, hacía mención en su memoria del traslado de dos filiales –Buenergía Gas & Power Ltd y Ecoeléctrica LP– desde las Islas Caimán hasta Puerto Rico y de la liquidación de Gasoducto del Pacífico, también con sede en las mismas islas del Caribe.

Endesa y Red Eléctrica, sólo en Luxemburgo y Países Bajos

Endesa sólo informa de una sociedad en Países Bajos, International Endesa BV (IEBV), que liquidó en 2020. En su informe anual declara que sólo hace inversiones “en o a través de” paraísos fiscales “si existen importantes motivos económicos que lo justifiquen” distintos al de “minorar la carga tributaria”. “Endesa nunca ha utilizado entidades radicadas en paraísos fiscales con la finalidad de ocultar el verdadero titular de rentas, actividades, bienes o derechos”, sostiene. En cambio, “en el pasado” sí que ha tenido “alguna actividad no relevante” en otros países que, sin ser considerados paraísos fiscales por la Agencia Tributaria, “son considerados por determinados observadores externos” como territorios con una tributación más favorable que la española. No cita cuáles.

Endesa ganó 1.788 millones de euros brutos en 2020. Y pagó 229 millones en concepto de impuesto sobre sociedades.

Red Eléctrica Española (REE) dice en su memoria que no desarrolla actividad alguna en los paraísos fiscales de las listas española y europea, pero cuenta con una empresa de reaseguros en Luxemburgo,Luxemburgo Redcor Reaseguros, S.A (REDCOR), y una financiera en Países Bajos, Red Eléctrica de España Finance BV (RBV), constituida en 2003 para hacer emisiones de deuda, que trasladó a España el pasado mes de abril. Un portavoz de REE indica que instalarse en el Gran Ducado es una “práctica habitual” en el ámbito de los reaseguros por la “flexibilidad” que ofrece. La compañía asegura haber pagado 192 millones de euros en impuesto de sociedades en España en 2020, tras obtener unos beneficios de 726 millones.

La Audiencia Nacional ha cursado una comisión rogatoria a la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá para que se tome declaración a varios ex funcionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) en relación con los supuestos sobornos pagados para conseguir varios proyectos en los que estaba implicada la constructora FCC como parte de un consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht.

Según informa el diario panameño La Estrella, que cita fuentes judiciales, la solicitud realizada por la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, llegó la semana pasada a la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá.

La intención es que las autoridades panameñas interroguen a Federico Suárez, ex ministro de Obras Públicas; Jorge Ruiz, ex jefe de Operaciones del Ministerio de Obras Públicas; y Guillermo Sáez-Llorens, ex director de la Caja de Seguro Social; así como a Francisco Martinelli, Ricardo Francolini, Evelyn Vargas, Raúl De Saint Malo, Valentín Martínez y al ciudadano argentino Leonardo Rakover.

El motivo de esta comisión rogatoria serían una serie de transferencias bancarias que formarían parte de la red de cobro y pago de sobornos para adjudicar las obras de construcción de las líneas 1 y 2 del Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá. Es la segunda petición de asistencia judicial enviada a Panamá por este asunto.

La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht por la posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre los años 2009 y 2015. La constructora brasileña se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados a cambio de adjudicaciones.

El titular del Juzgado Central Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha imputado a FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A., que constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la firma brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá

Moreno cree que las mercantiles de FCC han podido estar implicadas en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción porque "presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton".

Facturas falsas

FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados y aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado por un importe de 82.768.849 euros entre los años 2010 y 2014 por servicios que no se habrían prestado para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

Para Moreno, las denuncias aportadas por FCC ponen de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de las tres empresas en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. Los ex directivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre 2010 y 2014.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez estima que la misma "debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa".

El pasado mes de noviembre, Alfonso Iglesia, representante legal designado por las mercantiles de FCC, declaró durante cerca de una hora ante Moreno. Además, varios ex directivos de FCC ya han comparecido en calidad de investigados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2.

Comisiones rogatorias internacionales cursadas a organismos equivocados o mediante conductos erróneos. O que se tradujeron tarde al inglés como paso previo a su envío. O en las que faltaban datos clave como el número de la cuenta sobre la que se requería información a un banco de Londres. E incluso otra que se había "extraviado" camino de Panamá y así lo terminó reconociendo el Ministerio de Justicia.  O una petición de ayuda judicial para que los peritos verificasen la autenticidad de una grabación y que la Guardia Civil tuvo dos años y medio en el cajón. Todo eso ocurrió en los más de siete años de instrucción sobre la oscura compra en 2012 de un ático de lujo en Estepona por el expresidente de Madrid, Ignacio González, cuya imputación sobreseyó este martes el juez que investigaba esta causa. Por qué en el caso del ático se enviaron rogatorias a organismos equivocados o con datos erróneos, por qué su traducción se demoró o por qué la Guardia Civil tardó dos años y medio en activar una petición de ayuda son aspectos para los que nadie ha ofrecido una explicación razonada. El sucesor de Esperanza Aguirre continúa investigado en otras dos macrocausas de corrupción: Lezo, donde se encuentra ya pendiente de juicio y en la que dos arrepentidos colombianos le han señalado como quien ordenó cómo repartir las mordidas para quedarse la mejor parte en una operación del gigante público Canal de Isabel II; y Púnica, donde figura entre los imputados de mayor relevancia por la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. 

Provisional y por tanto reversible pero solo si surgieran nuevos hechos incriminatorios de relevancia, el sobreseimiento del caso del ático se produce bajo el siguiente argumento: "A pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles". El juez concluye que nada demuestra la existencia de un delito de cohecho (soborno) ni de blanqueo.

No hay –sostiene el auto judicial– "indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado" para la compra del piso provenga, como sospechaban las acusaciones, del empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Primero el sindicato policial SUP y, luego, trabajadores de Telemadrid, los denunciantes observaban indicios de que el ático había sido un regalo en especie de Cerezo. ¿A cambio de qué? Pues en compensación por una operación urbanística que en el municipio madrileño Arganda aseguró un verdadero pelotazo a la constructora Martinsa. Y es aquí donde entra en escena el comisario José Manuel Villarejo, preso bajo la acusación de graves delitos desde noviembre de 2017. Fue Villarejo quien declaró en el juzgado de Estepona que, según un confidente del caso Gürtel, González había cobrado dos millones por una recalificación en Arganda. 

Junto con González y su esposa, Lourdes Cavero, Cerezo era el tercer protagonista de una investigación que ya en su fase inicial sufrió atascos con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Los retrasos, con episodios como los enunciados en el primer párrafo, persistieron en la etapa de Rafael Catalá. Tras su cese como titular de Justicia a raíz de la moción de censura de 2018, Catalá fue fichado en noviembre de ese año como patrono de la Fundación del Atlético de Madrid.

Extraído del sobreseimiento dictado por Eloy Marfil –el tercer juez que se hizo cargo de la instrucción–, los entrecomillados sobre el origen del dinero se refieren al manejado en la compra del ático. En realidad hubo dos adquisiciones: primero, en mayo de 2008, se hizo con la propiedad una extraña empresa domiciliada en Delaware (EEUU) y dirigida por un tal Rudy Valner, testaferro profesional según su propia publicidad. La sociedad se llamaba Coast Investors Llc y las pesquisas policiales pronto señalaron que tras ella se encontraba una compañía panameña, Waldorf Overseas Investments, como su verdadera propietaria. Residente en EEUU, Valner había comprado el ático de Estepona tras una negociación telefónica. O sea, sin verlo. Quien sí lo había visto era la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero. Al menos, así lo declararon bajo juramento el anterior propietario del inmueble y una agente inmobiliaria. El fiscal ni siquiera asistió a la declaración de los dos testigos.

Cuatro años después y cuando el sindicato policial SUP ya había interpuesto una denuncia por sospechas de corrupción, González y su mujer compraron la vivienda. No era un aterrizaje sorpresivo. Nada más adquirir Coast Investors Llc. el ático y pese a que los involucrados señalaron que no conocían a Valner, residente en California, González y su esposa habían alquilado el ático. En diciembre de 2012, ambos dejaron así de ser inquilinos para convertirse oficialmente en propietarios. Situado a medio kilómetro de la playa, con una superficie de casi 500 metros cuadrados, piscina privada, jacuzzi, sauna y tres plazas de garaje, la pareja escrituró la compra por 770.000 euros. En 2008, Coast Investors había pagado oficialmente 750.000 euros, es decir, solo 20.000 euros menos. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa adujeron desde el primer momento que sufragaron aquella compra gracias a la estratosférica indemnización por despido –unos 700.000 euros– abonada a Cavero por la patronal eléctrica Unesa.

El auto judicial que sobresee el caso alude a ese finiquito en el siguiente párrafo: "En este caso, no sólo no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles sitos en Estepona, sino que tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito. Así, ya en el oficio policial (...) de 30 de mayo de 2019 (...) se alude al origen no sospechoso de los fondos empleados, atendiendo, entre otros, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa (...) y al finiquito percibido por la señora Cavero Mestre en el año 2011 (...), de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito".

El misterio de la comisión rogatoria extraviada

Que los errores y los retrasos inexplicados han sido la tónica en estas diligencias judiciales quedó claro desde el inicio. Por ejemplo, en marzo de 2013, la primera jueza del caso ya libró una rogatoria dirigida al Lloyds Bank de Londres para que informasen sobre el beneficiario último de una cuenta corriente abierta a nombre de Coast Investors. Dos años más tarde y como publicó infoLibre en febrero de 2015, aquella rogatoria seguía atascada. La respuesta del Reino Unido ilustra lo que estaba pasando: "A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia requerida".  ¿Y qué datos faltaban? Pues nada menos que el número de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el que el banco británico Lloyd's TSB Bank debía suministrar la información vinculada a la compra del ático. El bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España terminó por dar al traste con la comisión rogatoria cursada a ese país, esencial para desentrañar la madeja societaria internacional que rodea al inmueble.

El verano de 2017 asestó otro golpe a la instrucción del caso. Dos años antes, en julio de 2015, trascendió que EEUU no había podido aportar la información pedida mediante otra rogatoria sobre las cuentas desde las que Coast Investors había pagado el ático en 2008. Y que no había podido porque España envió datos erróneos. La rogatoria se refería a dos pagos y dos cuentas. Y los números de las cuentas corrientes estaban intercambiados. 

Pero hubo todavía más golpes a la investigación. El 5 de mayo de 2016, había llegado al Ministerio de Justicia una rogatoria para que la cursara a Panamá. El departamento que entonces dirigía Rafael Catalá la envió, pero se confundió: la hizo llegar al Ministerio de Gobierno y no a la Procuraduría [Fiscalía] General del país. Casi un año después, el 15 de marzo de 2017, el ministerio de Catalá recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto el error. Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña. En enero de 2019, el juez Eloy Marfil preguntó a través de un escrito por qué el juzgado de Estepona no había recibido aún respuesta a la comisión cursada tres años antes.

Fue a partir de ahí cuando se supo que la rogatoria, aquella que por una confusión el ministerio de Rafael Catalá había remitido al organismo panameño equivocado, jamás llegó a su destino.  Lo expuso una funcionaria de Justicia en su respuesta al juez Marfil: "Teniendo en cuenta que las autoridades de Panamá comunican que no han recibido la comunicación original entendemos que se ha extraviado durante el envío".

Detrás quedaban otros episodios igualmente inexplicados. Por ejemplo, el que involucra a la Guardia Civil, que tardó dos años y medio en comenzar a atender la petición del juzgado de Estepona para que los peritos analizaran una de las más famosas grabaciones del caso: aquella fechada en noviembre de 2011 y donde, tras las primeras informaciones publicadas por El Mundo, el político madrileño expresaba al comisario Villarejo su temor a la difusión de los datos sobre el ático que ya entonces amenazaban con colocarle en el disparadero. El juzgado pidió la pericial el 15 de julio de 2015. Y la Benemérita no le contestó hasta el 4 de enero de 2018. Pero su respuesta no fue un informe sino un aviso de que o le confirmaba en un mes que el caso seguía abierto o  daría "de baja definitiva" la solicitud de pericial. Este periódico preguntó entonces al Instituto Armado el porqué de aquella demora de dos años y medio.  "Es la habitual en los análisis que realiza el departamento de ingeniería". Esa fue la respuesta.

La noticia de que el gestor suizo del rey emérito ya ha declarado ante la Fiscalía de Ginebra cómo en 2010 Juan Carlos I le entregó 1,7 millones transferidos por otro jefe de Estado, el sultán de Bahréin, ya ha tenido consecuencias. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, donde los audios de Corinna zu Sayn Wittgenstein activaron hace dos años las sospechas sobre las finanzas ocultas del padre de Felipe VI, ha lanzado a la Fiscalía ginebrina una petición: que envíe ya sin más dilaciones la comisión rogatoria cuyo contenido se considera clave para dirimir el futuro judicial de quien hasta junio de 2014 fue la máxima autoridad de España.

La solicitud, aseguran a infoLibre fuentes jurídicas, se ha producido por cauces extraoficiales. Y aunque el juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, guarda silencio, las fuentes consultadas aseguran que no es la primera vez que ha apremiado al responsable de la investigación que desarrolla el país helvético, Yves Bertossa, fiscal jefe de Ginebra. Ni las llamadas telefónicas ni los correos electrónicos poseen rango oficial para acelerar los trámites de una comisión rogatoria pendiente de ser recibida. Pero la misma existencia de esas conversaciones puede actuar como acelerante. Cursada por la Fiscalía Anticorrupción, el envío de las conclusiones de la comisión rogatoria que haya alcanzado el equipo de Bertossa se perfila determinante.

Apenas mes y medio después de que la Zarzuela reconociese la tenencia de fondos opacos en paraísos fiscales por parte de Juan Carlos I, esta nueva información sobre la supuesta entrega de dinero del sultán de Bahrein ha puesto sobre la mesa un hecho crucial: que las investigaciones sobre el asunto avanzan en Suiza mientras continúan paralizadas en España. Publicada el viernes por el diario El País, la noticia devuelve al gestor suizo Arturo Fasana al primer plano por su supuesto conocimiento de los fondos ocultos que, también supuestamente, manejaba Juan Carlos de Borbón mientras ocupaba el cargo de jefe del Estado. 

Si conocer su condición de beneficiario de una fundación panameña –Lucum– ya complicó las cosas en marzo, las nuevas revelaciones sobre el dinero entregado por Hamad bin Isa al Jalifa, rey de Bahrein, ensombrece aún más el panorama. Juan Carlos de Borbón y Hamad bin Isa Al Jalifa tuvieron dos encuentros a lo largo de 2010: en marzo, cuando el entonces rey de España acudió al Gran Premio de Fórmula 1, que tuvo como escenario ese pequeño pero rico país del Golfo Pérsico; y en noviembre, cuando se vieron en Abu Dabi.

Una vez que Suiza entregue a España todo lo avanzado en ese asunto, la Fiscalía Anticorrupción se verá literalmente en una encrucijada clave para el futuro procesal del monarca, inviolable hasta su abdicación en 2014 y a partir de ahí susceptible de ser penalmente investigado pero solo por el Tribunal Supremo. La Fiscalía no desvelará su posición hasta que conozca de primera mano el recorrido de las investigaciones realizadas en Suiza. Pero todo apunta a que bajo ninguna circunstancia prevé que el caso vuelva a manos de García Castellón.

En la Audiencia Nacional permanece en una especie de limbo jurídico con un "sobreseimiento provisional" la denominada pieza Carol, aquella que dentro del caso Villarejo abordaba todo lo derivado de los audios de la "amiga entrañable" del rey y cuyo archivo fue meteórico. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas una diligencias de investigación sobre el supuesto pago de mordidas a cambio de la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca en 2011. Según la aristócrata alemana cuyas afirmaciones grabó el comisario José Manuel Villarejo, Juan Carlos de Borbón cobró parte del dinero que se movió para que Arabia Saudí beneficiase al consorcio del que participaban empresas como OHL.

Aunque la idea más extendida es la de que Juan Carlos de Borbón no puede ser investigado por nada que sucediese antes de su abdicación porque como rey era inviolable, la Fiscalía Anticorrupción nunca ha descartado lo contrario: se le podría investigar penalmente si el hipotético dinero obtenido antes de junio de 2014 se hubiera movido para su blanqueo en fechas posteriores.

Otros juristas y expertos en materia tributaria sostienen, además, que cabe imputarle un delito fiscal si se confirma que mantuvo fuera de España fondos opacos no declarados en su declaración anual de ingresos. ¿Por qué? Porque una ley en vigor desde 2012 y pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) preceptúa que no prescriben las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero. 

El supuesto cobro de enormes cantidades –hasta 100 millones de dólares– pagadas por Arabia Saudí amenaza así con convertirle en un imputado por delito fiscal o blanqueo, aunque de momento esa amenaza continúa siendo incierta. Aun así, la amenaza se ve incrementada con el episodio del sultán de Bahrein. Según lo publicado por el diario El País, el fiscal ginebrino Yves Bertossa preguntó al gestor Arturo Fasana por qué el 7 de abril de 2010 Juan Carlos I recibió 1,9 millones de dólares [1,7 de euros] procedentes del sultán de Bahrein y que se abonaron en la cuenta abierta por la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud. Fasana respondió así: “Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abu Dabi y vino a mi casa a Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1,9 millones del rey de Bahréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visitas [trámite bancario para justificar un ingreso del cliente] y pedí al banco si podía entregar el dinero. Me dijeron que sí”. Fasana explicó en su declaración judicial que el rey emérito acudió a su domicilio particular con una maleta que supuestamente contenía el dinero.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la antigua "amiga entrañable" a la que en medio de la crisis económica Juan Carlos I transfirió fondos opacos multimillonarios que supuestamente procedían de Arabia Saudí, acaba de efectuar una especie de salida del armario mercantil. Desde el 31 de enero, y así lo atestiguan los documentos del Registro de Panamá a los que accedió infoLibre, la empresaria figura como directora de Solare Investors Corporation. Es decir, de la compañía que, a tenor de lo ya conocido de la investigación de la Fiscalía suiza sobre el pago de comisiones por al AVE a la Meca, recibió del rey nada menos que 65 millones de euros en junio de 2012. 

Sus portavoces, a los que infoLibre preguntó por el significado de ese paso, aseguran que su aparición pública en Solare, empresa "que posee", obedece solo a que "cambió de asesores en Suiza" pero no ofrecen más explicaciones [pincha aquí para ver el documento del Registro de Panamá]

En el trasiego de movimientos realizados desde la cuenta suiza de Lucum –fundación de interés privado y también panameña citada en el comunicado de la Casa del Rey, que confiere veracidad a que es Juan Carlos de Borbón su beneficiario– hay cinco sociedades sobre el tablero. Pero Solare es la que recibió el mayor traspaso. En 2015, y mediante un préstamo a otra sociedad panameña, Honeybird Group Corporation, Corinna adquirió una mansión al norte de Londres. En total, el dinero transferido por quien entonces era jefe del Estado le permitió adquirir cuatro inmuebles de lujo –dos en Suiza y otros tantos en Londres– y, como capítulo final, transferir 39,3 millones de euros a una cuenta bancaria en EEUU.

Según los datos de la Fiscalía suiza que el lunes difundió el diario El País, el rey ordenó en junio de 2012 transferirle a Corinna el "saldo" de Fundación Lucum porque "la nueva legislación fiscal" del país alpino le obligaba a cerrar la cuenta que poseía en el banco Mirabaud.

Acciones "al portador"

Solare Investors se había constituido el 16 de diciembre de 2011 en Panamá con un capital de 10.000 dólares, dos testaferros profesionales como presidenta y secretaria y dos "suscriptores" del mismo bufete de abogados que, oficialmente, adquirieron una acción por cabeza. De las otras 98, ninguna de las dos actas de juntas de accionistas depositadas en el registro del país centroamericano dice absolutamente nada. Lo que los papeles permiten saber es algo habitual en las sociedades que operan en paraísos fiscales: que las acciones podían emitirse no solo nominativas sino también "al portador", un método infalible salvo milagro o acierto pleno judicial para ocultar su verdadera titularidad. 

Justo a los dos meses de la cacería de elefantes en Botswana que en abril de 2012 puso al padre de Felipe VI en la cuerda floja llegó la transferencia de Fundación Lucum a Solare Investors. Corinna zu Sayn-Wittgenstein y sus abogados sostienen que aquello fue una "donación" legítima, un "regalo no solicitado" y por completo ajeno al pago de cualquier mordida relacionada con la adjudicación de las obras del AVE del desierto a un consorcio de empresas españolas. Aquella adjudicación reportó más de 6.500 millones en 2011 al grupo conformado por varias firmas, entre ellas Indra y OHL.

Mientras el padre de Felipe VI guarda silencio sobre el origen de los fondos ocultos que manejaba Lucum, los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein enfatizan que los 65 millones que en 2012 fueron a parar a la cuenta de Bahamas tras haber sido entregados por Arabia Saudí al rey en 2008. Y argumentan que el hecho de que transcurrieran tres años entre esa entrega y la adjudicación del tren del desierto avala la ausencia de vínculo entre esos dos hechos. Quienes conocen el caso de cerca no otorgan relevancia a ese razonamiento: porque una cosa es que la concesión oficial del contrato se produjese en octubre de 2011 y otra que con antelación a esa fecha no se hubieran registrado pagos ocultos. 

La Casa del Rey asegura en su comunicado que puso en manos de Juan Carlos I y de "las autoridades competentes" sendas copias de la misiva del bufete británico Kobre&Kim. ¿Pero cuáles son esas "autoridades competentes", máxime en caso de un relato trazado en un momento en que podía comprometer penalmente no al actual jefe del Estado –cuya inviolabilidad garantiza la Constitución y cuyo interlocutor es el Gobierno– sino al anterior monarca reinante? No se sabe.

El comunicado no aclara en ningún momento el origen de los fondos que a fecha de marzo de 2019 pudieran seguir depositados en la cuenta suiza de la fundación panameña Lucum, aquella para la que, sin su autorización previa ni su conocimiento –así lo asegura el comunicado oficial– el actual rey había sido nombrado beneficiario heredero de su padre. Esa fundación es una de las dos –la otra, Fundación Zagatka, se localiza en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal por la UE hasta octubre de 2018– vinculadas a los 65 millones de euros (100 millones de dólares) que el rey emérito habría recibido como regalo de Arabia Saudí.

Ni la Casa del Rey ni el Ejecutivo central han accedido a responder ni a la pregunta sobre quiénes son las "autoridades competentes" receptoras de la carta del bufete. Tampoco a las restantes preguntas que por la mañana hizo llegar este periódico a sus respectivos departamentos de comunicación. Pero lo que infoLibre sí ha podido confirmar es que la Fiscalía especializada en delitos de corrupción no supo nada de aquella misiva hasta que el comunicado de la Casa del Rey vio la luz el domingo al anochecer. Es decir, un día después de que el diario británico The Telegraph desvelase la historia y cuando el país entero se encontraba en pleno shock ante el escenario abierto por el avance del Covid-19 y la paralización de lo que hasta hoy era vida normal. 

¿Y tributó aquel dinero en España?

Tampoco el despacho que ahora representa al rey emérito aceptó despejar distintas incógnitas. Entre ellas figura la eventual tributación de fondos y la comunicación a Hacienda sobre la cuenta suiza abierta en oficinas panameñas del banco Mirabaud. ¿Incluyó en el IRPF el rey emérito las rentas emanadas de aquel depósito del Mirabaud? ¿Presentó ante Hacienda el modelo 720, que informa de los bienes del contribuyente localizados en el extranjero? De momento, no se sabe. 

Que el hipotético futuro penal de Juan Carlos I cobra ahora mayores opciones de convertirse en una realidad se desprende incluso del propio texto difundido por la Casa del Rey. Porque el monarca emérito anuncia en ese comunicado que ya ha designado abogado. Y que será este –el exfiscal anticorrupción Javier Sánchez-Junco– quien, "en el ejercicio del derecho a la defensa" canalice la divulgación de las informaciones que puedan afectarle.

¿Se refiere el padre del actual jefe del Estado al "derecho a la defensa" en la causa que desde el verano de 2018 investiga en Suiza la Fiscalía del cantón suizo de Ginebra y que es la que ha destapado la existencia de la fundación panameña Lucum, a la que se refiere la carta del bufete Kobre&Kim? ¿Se refiere, en cambio, a una posible causa susceptible de ser abierta en el Tribunal Supremo si, con los datos que la justicia helvética curse a España opta Anticorrupción por presentar una querella?

La Fiscalía se niega a revelar el contenido de las investigaciones sobre el AVE a la Meca que abrió en diciembre de 2018. Pero lo que las fuentes jurídicas consultadas sí corroboraron antes incluso de aquella fecha es que llamar a declarar como investigado a Juan Carlos de Borbón es perfectamente posible con la ley en la mano: nadie puede remover ni un papel de ningún posible delito cometido mientras ejercía la Jefatura del Estado pero sí puede rebuscar en el lote completo llegado el caso si lo que está en juego es, por ejemplo, un acto de blanqueo de capitales –afloramiento de fondos de origen ilegal– perpetrado después de su abdicación, en junio de 2014.

En espera de cómo evolucionen los acontecimientos, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya ha instado a la Agencia Tributaria a ordenar el inicio de una investigación tributaria a Juan Carlos I por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Gestha reclama que se haga "con la misma determinación" que el Rey Felipe VI ha mostrado con su padre.

Días antes de que The Telegraph publicase la información que detonó la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre, el diario suizo Tribuna de Ginebra había desvelado que en un banco local se localizaba una cuenta con 100 millones de dólares y abierta a nombre de una empresa panameña cuyo único beneficiario es Juan Carlos I. El diario informaba de cómo el dinero fue desembolsado en 2008 por el anterior rey de Arabia Saudí en lo que se considera un «regalo tan suntuoso y secreto» que la Fiscalía suiza está investigando por la sospecha de que pudo servir para blanquear dinero. Y se señala que en 2012, la suma que quedaba en la cuenta fue transferida a la ex amante de Juan Carlos, Corinna Zu-Sayn Wittgientein (ahora conocida como Corinna Larsen). ¿Queda algún dinero en esa cuenta o en alguna otra que pudiera estar conectada a la panameña Fundación Lucum o a la Zagatka de Liechtenstein? De momento, es otra incógnita.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han incluido de nuevo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscalesnegra , de la que salió en enero de 2018 y en la que también han entrado Islas Caimán, Palaos y Seychelles en una nueva revisión aprobada este martes por el bloque, según informa Europa Press.

Panamá formaba parte del grupo de 17 jurisdicciones que estrenaron la lista negra cuando fue aprobada por primera vez en diciembre de 2017 a raíz de varios escándalos, entre ellos precisamente el conocido como Papeles de Panamá. Pero el país centroamericano estuvo apenas un mes en dicha lista, puesto que los gobiernos europeos dieron por buenos sus compromisos en materia de transparencia fiscal.

Ahora, los Veintisiete han revisado la llamada lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal y en ella vuelve a estar Panamá por el hecho de que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la OCDE no le ha dado todavía la calificación de país "cumplidor en gran medida".

También entra en la lista negra otros tres países, que son Islas Caimán, Palaos y Seychelles y todos ellos se unen a los otros ocho que ya formaban parte de ella: Samoa Americana, Islas Caimán, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu.

Además, los Veintisiete han revisado algunos de los compromisos adoptados por países que se encuentran en la lista gris de paraísos fiscales, formada por aquellas jurisdicciones que han prometido a la UE adecuar sus sistemas fiscales a los estándares europeos e internacionales en los próximos meses.

Por ejemplo, en materia de transparencia, la UE ha dado a Turquía hasta el 31 de diciembre de este año para que realice "progresos tangibles" en la aplicación "efectiva" del intercambio automático de información tributaria con los Estados miembros.

Otros, como Bosnia-Herzegovina, Botsuana, Jordania, Maldivas, Mongolia, Namibia o Tailandia tienen hasta el 31 de agosto de este año para firmar el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de la OCDE y hasta el 30 de agosto de 2021 para ratificarlo.

Por otro lado, otras 16 jurisdicciones (Antigua y Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Cabo Verde, Curazao, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Montenegro, Nauru, Niue, San Cristóbal y Nieves y Vietnam) han salido de esta segunda lista tras haber adoptado las reformas necesarias para cumplir los principios de buen gobierno fiscal.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha destacado que la UE está "a la vanguardia" de los esfuerzos para combatir la evasión y la elusión fiscal tanto a nivel doméstico como fuera del bloque, así como que la lista 'negra' de la UE está provocando "mejoras reales en la transparencia fiscal global".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido a Estados Unidos medidas "económicas y de satisfacción" para víctimas de su invasión a Panamá en 1989, entre ellos al fotoperiodista español Juantxu Rodríguez, que murió disparado pocas horas después de que comenzara la invasión al país centroamericano, informa Europa Press

Así lo ha asegurado este viernes la cuñada de Juantxu y portavoz de la familia, Elisa Pavón, que ha destacado esta "decisión histórica" porque acaba con la "impunidad" para que "Estados Unidos no sea un gigante que vaya aplastando gente" y "abre vías y precedentes para otros compañeros como José Couso", cámara de televisión que murió en 2003 en Irak por el lanzamiento de un proyectil estadounidense contra un hotel de Bagdad.

En concreto, la CIDH expone en un informe vinculante que Estados Unidos "debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial" para "que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas". Además, obliga a EEUU a realizar una investigación para esclarecer "plenamente los hechos".

Según Pavón, Estados Unidos ha aceptado esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha indemnizado a tres víctimas civiles de la invasión de Panamá. Un anuncio que ha realizado este viernes en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

El acto, organizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), ha sido un homenaje para recordar a Juantxu Rodríguez en la víspera del 30 aniversario de su asesinato en Panamá, un 21 de diciembre de 1989. "Porque fue asesinado impunemente", ha asegurado el reportero y vocal de RSF Gervasio Sánchez.

"Alguien disparó sabiendo que era periodista e iba a matar, y ojalá algún día Estados Unidos acepte que fue responsable del asesinato de un reportero que estaba informando", ha apostillado Sánchez recordado que "nunca hubo autopsia" de la muerte de Juantxu Rodríguez, que tenía 32 años.

Además, la familia pretende solicitar, a través del National Security Archive, la desclasificación del expediente de Juantxu Rodríguez para intentar rescatar los carretes fotográficos "confiscados en su habitación del hotel Marriot y los de su bolsa y cámara tras su asesinato".

En el acto han participado también el presidente de RSF, Alfonso Armada, la secretaria general de FAPE, María Jesús Chao, el reportero de guerra Ricardo García Vilanova, y Javier Rodríguez, el hermano de Juantxu. "Después de 30 años a la familia nos sorprende gratamente que todavía la gente se acuerde de él, más allá de lo que podemos imaginar", ha dicho agradecido.

Elisa Pavón, ha relatado, tras visitar hace unas semanas Panamá, cómo en el país centroamericano se recuerda a Juantxu como "el fotógrafo de la invasión" por la ubicuidad que desplegó durante las primeras horas de la invasión estadounidense, y la trascendencia de las fotos de los tres rollos recuperados de aquel día. "Me he encontrado con personas que me han dado las gracias por esas fotografías, me han hablado de la importancia para reconstruir las historias de las nueve personas de la fotografía de la morgue, con las que han podido identificar a personas. Recorrió los principales escenarios informativos de un lugar que no conocía, y eso le destaca", ha narrado la cuñada del fotoperiodista.

En memoria de Juantxu, la Embajada de España en Panamá y su familia han inaugurado recientemente una exposición titulada La mirada interrumpida en el Centro Cultural de España de PanamáLa mirada interrumpida con fotografías de aquellos rollos que no habían visto la luz en el país centroamericano. Sin embargo, el reportero Gervasio Sánchez, que fue compañero de Rodríguez, está convencido de que existen más fotografías que requisó el ejército estadounidense tras el asesinato del fotógrafo. "Hizo un trabajo histórico, y lo hizo desde que comenzó la invasión hasta que le mataron. Y aquel trabajo se lo robaron de su habitación, porque dudo que sólo hiciera tres rollos. Su asesinato es un crimen de lesa humanidad de los que nunca prescriben, porque hasta en las guerras hay reglas", ha afirmado Sánchez.

Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente Jordi Pujol, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y medio de euros entre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos que incluyen ingresos en efectivo de origen desconocido, según un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que también ha identificado una nueva fundación del clan radicada en Panamá y en la que se llegaron a inyectar 600.000 euros.

Según el nuevo informe policial incorporado al sumario de la causa que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, de 193 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, Josep Pujol fue quien realizó la transferencia a la denominada 'Fundación Paty', de la que era su "primer beneficiario".

La UDEF ha redactado este informe en base a la documentación que se le ha remitido desde Andorra en respuesta a la comisión rogatoria emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que es el que instruye este caso.

Según el documento, alguno de los ingresos que suman dicha cantidad fueron realizados en efectivo por el propio Josep Pujol, pero también por el que fuera director de la antigua banca Reig Antoni Zorzano y por María Pallerola, a quien la Policía vincula con otras operaciones realizadas por el primogénito del clan y presunto 'cerebro' de la trama familiar, Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, alguno de los ingresos analizados en este informe, como uno por importe de 244.953,16 euros, se realizaron en cuentas en las que figura como titular el propio Jordi.

En otro de los puntos del informe, y como contestación a una de las comisiones rogatorias internacionales impulsadas por el juez De la Mata, se ha podido constatar que una de las transferencias realizadas en 1997 fue ordenada por la sociedad Colil Capital NV desde la entidad Banco Zaragozano. Añade que la entidad Bank of New York actuó como banco corresponsal de la operación.

Dicha mercantil se encuentra domiciliada en Curaçao, territorio autónomo de los Países Bajos y que la UDEF identifica como paraíso fiscal en el que la banca offshore offshorecontinúa siendo un importante sector de su economía. El director general de la compañía se identifica en el informe como Juan Manuel Rosillo.

Promotor hallado muerto en Panamá

Según recuerda la UDEF, esta persona fue un empresario que se introdujo en España representando a la promotora inmobiliaria Kepro para desarrollar el barrio de Diagonal Mar en Barcelona, cuando tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, siendo condenado a más de 6 años de cárcel en 1999 por delitos relacionados con un fraude inmobiliario masivo en la compra de terrenos. Huyó de España y se le localizó en Panamá, donde fue encontrado muerto en octubre de 2007 en el Hotel Ambassador.

La Policía destaca las conexiones entre Jordi Pujol Ferrusola y el conocido como 'John Rosillo' que aparecen referenciadas en publicaciones de prensa escrita, blogs de Internet e incluso en la sentencia en la que Rosillo fue condenado en España, puesto que el asesor fiscal de la familia Pujol fue testigo en la citada causa.

En otras de las subcuentas analizadas en este informe figuran abonos o cargos, contabilizados bajo el concepto 'Arbit', que generan una serie de cargos por comisión de cambio de divisa y que la policía identifica con algún tipo de moneda que no puede precisar.

Posible préstamo ficticio

Los investigadores dan especial importancia en su informe a un movimiento en especial, un supuesto préstamo de 2009 que, según la propia declaración de Josep Pujol, realizó al empresario Jorge Barrigón, dueño de Cat Helicopters, compañía que habría obtenido contratos públicos a cambio de trasladar "en múltiples ocasiones" a la familia Pujol a Andorra, según la Policía.

Pues bien, ese préstamo por importe de 960.000 euros, de los cuales 900.000 iban a ser empleados para una opción de compra de las acciones de una sociedad andorrana denominada Heliand S.A., es puesto en duda por la UDEF en su informe, ya que sospecha que fue ficticio y su fin verdadero era el blanqueo de capitales.

Según la UDEF, el objetivo era "dificultar y ocultar el origen y destino de los movimientos de dinero" que iban a quedar registrados en la cuenta de BPA que usaba Josep Pujol así como en dos cuentas de su hermano mayor Jordi, ya que el mismo día que el primero retiró el efectivo para el supuesto préstamo el segundo recibió en su cuenta una cantidad idéntica.

A pesar de que tanto Josep Pujol como Jorge Barrigón han tratado de justificar estos movimientos, los investigadores sospechan que "el destinatario final de esos 900.000 euros podría haber sido Jordi Pujol Ferrusola".

El préstamo, añaden, permite a ambos hijos de Jordi Pujol desvincular el dinero ingresado en sus cuentas del Andbank, cuyo origen es desconocido, para ingresarlo en la cuenta del BPA de Josep, justificando dichos ingresos a través de las dos devoluciones del préstamo, cuando en realidad "no procedería de la devolución del préstamo, sino de una serie de ingresos y retiradas de fondos cuyos orígenes son desconocidos y que intentan enmascararlos gracias al citado préstamo, el cual genera la cobertura necesaria para desvincular y ocultar la procedencia real de los ingresos realizados en la cuenta del BPA", resume el informe.

Sobre la 'Fundación Paty', la UDEF ha concluido que en la dirección de la misma figura la sociedad panameña Gesfund INC, en la que figuraban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculados en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats".

En la cuenta de la fundación, añade el informe, se contabilizó el abono mediante transferencia de 600.000 euros, cantidad cuyo origen radica en la cuenta que Josep Pujol tenía en Andbank.

El Gobierno de Reino Unido se está planteando recuperar las sanciones contra Irán que fueron retiradas por virtud del acuerdo nuclear firmado en 2015, en respuesta a la captura del petrolero británico Stena Impero en el estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, según ha avanzado The Telegraph y recoge Europa Press.

El diario británico apunta que el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, anunciará este lunes un paquete de medidas punitivas contra Irán, tanto diplomáticas como económicas. En un paso más, incluso podría pedir a la ONU y la UE que reactiven sus sanciones contra Irán, que también fueron retiradas por el acuerdo nuclear, de acuerdo con The Telegraph. "Vamos a considerar una serie de opciones", ha dicho este domingo el ministro junior de Defensa, Tobias Ellwood, preguntado sobre la reactivación de las sanciones contra Irán en Sky News. "Hablaremos con nuestros colegas y nuestros socios internacionales para ver qué se puede hacer", ha añadido.

Reino Unido es uno de los firmantes del acuerdo nuclear alcanzado en 2015 por las principales potencias mundiales e Irán, por virtud del cual el régimen de los ayatolás se compromete a limitar el desarrollo militar de su industria atómica a cambio de la retirada progresiva de las sanciones internacionales. Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear alegando un supuesto incumplimiento por parte de Irán. Los demás firmantes -Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China- se comprometieron a mantenerlo vivo, si bien la recuperación de las sanciones británicas podría minar este objetivo.

Ellwood ha subrayado que en estos momentos "lo más importante" es lograr una solución para el Stena Impero, así como "garantizar que otros barcos de bandera británica operan de forma segura en esas aguas para después mirar el cuadro completo", en alusión a la situación en el golfo Pérsico.

Reino Unido ya ha enviado una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU en la que informa sobre la captura del Stena Impero, asegurando que se trata de "una interferencia ilegal" por parte de las autoridades iraníes. "El barco estaba ejerciendo el legítimo derecho de paso en tránsito por un estrecho internacional, conforme al Derecho Internacional", según el cual "el derecho de paso no debe ser impedido, por lo que la acción de Irán constituye una interferencia ilegal", sostiene Reino Unido en la carta, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters.

El Ejecutivo de Theresa May ha asegurado que su prioridad es "reducir la tensión" porque no busca una confrontación con Irán, si bien ha apostillado que "las tensiones actuales son extremadamente preocupantes". "Es inaceptable y sumamente peligroso amenazar a los buques que realizan sus actividades legítimas", ha aseverado.

El embajador iraní en Londres, Hamid Baeidinejad, ha reaccionado a estas informaciones instando a Downing Street a "contener a las fuerzas políticas domésticas que quieren aumentar la tensión existente entre Reino Unido e Irán más allá de la cuestión de los barcos". "Esto es algo peligroso y poco inteligente en un momento sensible para la región", ha dicho en su cuenta oficial de Twitter, al tiempo que ha recalcado que la nación persa "permanece firme y está preparada para diferentes escenarios", sin precisar cuáles.

En un tono parecido, el portavoz para temas de Justicia del Partido Laborista, Richard Burgon, ha pedido al Gobierno que no se convierta en el "mensajero" del presidente estadounidense, Donald Trump, recordando lo ocurrido con la guerra de Irak. "No queremos acabar siendo los mensajeros o secuaces de Donald Trump", ha dicho Burgon en Sky News, abogando por que Reino juegue un "papel positivo" a favor de la reducción de las tensiones en Oriente Próximo y del acuerdo nuclear.

La versión iraní

El Stena Impero fue apresado el viernes con 23 personas a bordo -de Rusia, India, Letonia y Filipinas- mientras navegaba por aguas internacionales cerca del estrecho de Ormuz por una presunta violación del Derecho del Mar, según informó entonces la Guardia Revolucionaria.

Ya el sábado, el jefe de la Organización Marítima y de Puertos de la provincia iraní de Hormozgán, Alá Morad Afifipoor, detalló que el Stena Impero "colisionó con un barco pesquero" que intentó contactar con el petrolero británico, pero no obtuvo respuesta, por lo que dio aviso a las autoridades iraníes.

Además, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Ramezan Sharif, dijo que el Stena Impero navegaba por una ruta equivocada hacia el estrecho del Ormuz escoltado por un buque de guerra de Reino Unido para evitar, precisamente, que fuera interceptado por la República Islámica.

Conforme al relato de Teherán, los efectivos de la Guardia Revolucionaria pidieron al petrolero británico que se detuviera pero hizo caso omiso de los avisos, por lo que finalmente fue abordado con lanchas rápidas y un helicóptero, una actuación que quedó grabada en un vídeo que ha sido difundido en las últimas horas.

Toda esta escalada de tensión podría tener su origen en el pasado 4 de julio cuando un destacamento de los Marines británicos apresó el superpetrolero Grace 1, contratado por Irán, cuando navegaba cerca de Gibraltar ante la sospecha de que trasladaba un cargamento de crudo con destino a una refinería de Siria, lo que supondría un incumplimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el Gobierno que preside Bashar al Assad. Desde entonces, el Grace 1 permanece bajo custodia de las autoridades británicas en Gibraltar. La República Islámica ha pedido insistentemente a Reino Unido la liberación del superpetrolero y ha advertido de que adoptará represalias contra los británicos y los estadounidenses por esta acción.

La operadora pide permiso para visitar a la tripulación 

La operadora británica del petrolero Stena Impero ha formulado una petición oficial a las autoridades de la república islámica para visitar a los 23 integrantes de la tripulación, según ha confirmado la compañía en un comunicado. "Puedo confirmar que una solicitud formal de permiso para visitar a los 23 miembros de la tripulación se hizo a las autoridades en el puerto de Bandar Abbas", ha declarado el presidente y consejero delegado Erik Hanell a través de un comunicado.

"La solicitud ha sido reconocida, pero esperamos una respuesta formal. Mientras tanto, continuaremos cooperando y comunicándonos con todas las autoridades apropiadas", ha añadido. "Hay 23 marinos a bordo de nacionalidad india, rusa, letona y filipina. No se tiene constancia de heridos. La seguridad y el bienestar de nuestra tripulación sigue siendo nuestra prioridad", ha añadido.

Alemania pide "evitar la guerra"

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha advertido este domingo de que la actual escalada de tensión entre Irán y Reino Unido por la captura de buques podría llevar a una nueva "guerra" en el golfo Pérsico que ha urgido a evitar. "Se trata de evitar la guerra", ha dicho en una entrevista publicada por el dominical Bild am Sonntag. "Todos los esfuerzos (que llevamos a cabo) junto a los socios europeos y a los países de la región están dirigidos a este fin", ha apuntado.

El jefe de la diplomacia alemana ha augurado además que, "en el caso de que se produjera una escalada militar incontrolada, no habría ningún vencedor, solo perdedores". Así las cosas, "se necesita una diplomacia inteligente que mantenga abiertos los canales de comunicación (entre las partes), que encuentre formas de crear confianza y reduzca las tensiones, aun cuando esto parezca difícil".

Maas ha urgido a "hacer valer la voz de la razón y no dejar el campo a disposición de quienes quieren agravar el conflicto". En concreto, ha pedido a Irán que "no siga alimentando la espiral", lamentando que la situación es cada vez "más peligrosa".

Omán urge a Irán a liberar al Stena Impero

Omán ha urgido este domingo a Irán a liberar al petrolero británico, para frenar así la escalada de tensión en el golfo Pérsico. "El Sultanato (de Omán) hace un llamamiento a no exponer a la región a riesgos que afecten a la libertad de navegación", ha dicho la cadena estatal Oman TV en su cuenta oficial de Twitter. Además, la nación árabe ha pedido moderación a todas las partes, insistiendo en la necesidad de que resuelvan sus diferencias por vías diplomáticas.

Omán se suma así a Bahréin, que ha condenado "enérgicamente" la captura del Stena ImperoStena Impero y ha exigido a Irán que ponga fin de inmediato a sus acciones "irresponsables".

Panamá retira la bandera a un petrolero remolcado a Irán

La Autoridad Marítima de Panamá ha confirmado este sábado que ha comenzado el proceso para retirar el registro a un petrolero llamado RIAH, que fue remolcado a Irán después de que desapareciera de los mapas de seguimiento de barcos en el Estrecho de Ormuz el pasado 14 de julio.

Ante esta situación, Panamá ha iniciado este viernes el proceso para retirar la bandera a este buque, después de que una investigación haya determinado que el petrolero había "violado la normativa internacional de manera deliberada" al no informar de una situación inusual, según ha confirmado la autoridad en un comunicado. "Es completamente inaceptable que una de nuestras naves se vea involucrada en situaciones o actos ilícitos en cualquier parte del mundo", ha añadido.

Por su parte, Irán ha dicho que remolcó un barco en sus aguas desde el estrecho después de que el buque emitiese una llamada de socorro. Aunque Teherán no haya nombrado el barco, el RIAH es el único cuyos movimientos registrados parecen coincidir con esa descripción. Las autoridades estadounidenses han indicado que no están seguros de si el petrolero fue capturado por Irán o rescatado después de tener que hacer frente a una serie de fallos mecánicos, como afirma Teherán.

La autoridad marítima de Panamá ha avisado de que retirará la bandera a todos los barcos que violen sanciones internacionales o el Derecho Internacional en el marco de la disputa por la interceptación en Gibraltar de un petrolero iraní acusado de intentar burlar las medidas punitivas de la UE sobre Siria. Washington ha pedido una mayor seguridad para las embarcaciones en el Golfo.

Dos buques petroleros han sido evacuados este jueves tras sufrir supuestos ataques en el golfo de Omán, según han informado diversas fuentes a Reuters y recoge Europa Press. Aunque la agencia de noticias iraní IRNA había informado que uno de ellos se había hundido, posteriormente un responsable iraní ha contado a la cadena IRIB que el barco sigue ardiendo. Según la agencia estatal iraní IRNA, los equipos de búsqueda y rescate de Irán han rescatado a los 44 marineros de los dos petroleros, a los que han procedido a trasladar al puerto de Jask.

El grupo de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO), que forma parte de la Royal Navy, ha dado la voz de alarma al informar de que se había producido un "incidente" en el golfo de Omán, cerca de la costa iraní. "Reino Unido y sus socios están investigando" lo ocurrido, ha indicado UKMTO en un breve mensaje.

Los barcos afectados son el Front Altair, con bandera de las Islas Marshall y operado por la naviera noruega Frontline para la petrolera taiwanesa CPC, y el Kokuka Courageous, con bandera de Panamá y propiedad de una empresa japonesa. El primero de los barcos se dirigía de Qatar a Taiwán y ha registrado un incendio a bordo cuando se encontraba a 25 millas del puerto iraní de Jask. El segundo petrolero navegaba desde un puerto saudí hacia Singapur cuando ha sufrido un incendio a unas 28 millas de Jask.

El diario especializado en temas navieros Tradewinds ha contado que el Front Altair ha sido alcanzado por un torpedo cuando navegaba frente a las costas del emirato de Fujairá. La petrolera taiwanesa ha confirmado que ha sido alcanzado por lo que cree que sería un torpedo. Un portavoz de Frontline ha indicado al diario noruego VG que el buque que llevaba 75.000 toneladas de nafta, se ha incendiado. Sus 23 tripulantes han sido evacuados a un barco cercano, ha dicho el portavoz.

Por otro lado, el Kokuka Courageous, operado por la empresa de Singapur BSM, ha sufrido un incidente de seguridad que ha causado daños por lo que los 21 tripulantes han sido evacuados, según ha informado un portavoz de BSM. Uno ha resultado herido pero no reviste gravedad, ha aclarado. "El Kokuka Courageous sigue en la zona y no hay peligro de que se hunda", ha dicho el portavoz de BSM, afirmando que "el cargamento de metanol está intacto". El presidente de la naviera japones Kokuka Sangyo, Yutaka Katada, ha indicado en rueda de prensa en Tokio que el barco ha sido alcanzado en dos ocasiones en un lapso de tres horas antes de que toda la tripulación fuera evacuada. El primero de los ataques se produjo hacia las 6.00 horas. El barco transporta 25.000 toneladas de metanol, según la cadena nipona NHK.

Ninguno de los dos buques se ha hundido

Un responsable portuario citado por IRIB ha aclarado que ninguno de los dos barcos se ha hundido. De hecho, ha indicado que el fuego en el barco panameño ha sido extinguido y sus 21 tripulantes volverán a bordo tras realizarse inspecciones de seguridad, mientras que el otro barco sigue ardiendo.

La Armada de Estados Unidos ha asistido a los dos buques petroleros. "Hemos recibido dos llamadas de socorro a las 6.12 (hora local) y otra a las 7.00", ha dicho Joshua Frey, de la Quinta Flota estadounidense, con base en Bahréin.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunció el pasado mes de mayo que cuatro buques mercantes habían sido objeto de "sabotajes" cerca de sus aguas territoriales, en el golfo de Omán. Posteriormente, señaló como posible causa ataques con torpedos. Arabia Saudí acusó a Irán, que ha negado cualquier implicación en estos sucesos.

La tensión se ha vuelto a disparar en la región coincidiendo con el primer aniversario de la ruptura del acuerdo nuclear con Irán por parte de Estados Unidos, amenazando la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas mercantes más importantes del mundo, puesto que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico.

Preocupación en Irán

El ministro de Exteriores iraní, Mohamed Javad Zarif, ha considerado "sospechoso" lo ocurrido. "Supuestos ataques contra petroleros relacionados con Japón se han producido mientras el primer ministro Shinzo Abe estaba reunido con el ayatolá Alí Jamenei para conversaciones amplias y amistosas", ha escrito en su Twitter. "Sospechoso no empieza a describir lo que probablemente ocurrió esta mañana", ha considerado, defendiendo que "el Foro de Diálogo Regional propuesto por Irán es imperativo".

Por su parte, el portavoz de su departamento, Abbas Musavi, ha expresado la "preocupación" del Gobierno iraní. "Irán expresa su preocupación por el sospechoso incidente de hoy sufrido por un petrolero vinculado con Japón, que se produjo de forma simultánea al encuentro entre el primer ministro japonés y el líder de la Revolución Islámica", ha señalado en su Twitter. Teherán "contempla lo sucedido en contraste con las orientaciones y esfuerzos regionales y entre regiones para reducir las tensiones en la región", ha añadido Musavi.

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha lanzado un mensaje a la nación para alentar a los militares y a la población civil a que salgan a las calles en busca del "cese definitivo" de la "usurpación". El llamamiento ha tenido lugar tras la liberación del opositor Leopoldo López del arresto domiciliario a que estaba sometido. Desde la Base Aérea de La Carlota, Guaidó ha difundido un vídeo en redes sociales en el que, sin aludir a la presencia de López, lanza un "gran llamado a los empleados públicos" para "recuperar la soberanía nacional".

Juan Guaidó ha dado por iniciada la Operación Libertady ha sostenido que pretende "resistir hasta lograr una Venezuela libre" tras asegurar que cuenta con el apoyo de sus aliados internacionales a este "proceso irreversible de cambio".

Así te hemos contado en infoLibre minuto a minuto la crisis en Venezuela:

23.23. La Unión Europea ha reclamado "máxima contención" en Venezuela para evitar que haya muertes y aumenten las tensiones tras la liberación del dirigente opositor Leopoldo López por parte de militares y el inicio de la Operación Libertad para derrocar a Nicolás Maduro –acción que no legitimado pero tampoco ha censurado– y ha vuelto a apelar a una solución "política, pacífica y democrática" a la crisis en el país.

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha expresado el rechazo de la UE a "cualquier forma de violencia" y ha pedido "máxima contención para evitar la pérdida de vidas y una escalada de las tensiones" en un comunicado consensuado previamente con los Veintiocho.

22.33. Un grupo de 25 militares venezolanos ha pedido asilo en la Embajada de Brasil en Caracas, en el marco de la escalada de tensión que se ha desatado este martes en la nación caribeña, según ha informado el portavoz del Gobierno brasileño, Otávio Rego Barros.

Así lo ha avanzado la periodista brasileña Miriam Leitao, si bien Rego Barros lo ha confirmado posteriormente al ser preguntado sobre esta información, según relata el portal de noticias Globo1.

El portavoz gubernamental ha indicado además al diario brasileño Folha que el Gobierno de Jair Bolsonaro ha decidido otorgar el asilo a estos 25 militares que, al parecer, no serían de alto rango.

En los últimos meses, decenas de militares venezolanos han dado la espalda al presidente, Nicolás Maduro, pero la cúpula castrense se ha mantenido leal al dirigente bolivariano.

21.54. El líder opositor Leopoldo López y su familia se han refugiado como "huéspedes" en la Embajada de Chile en Venezuela, según ha informado este martes el ministro de Exteriores chileno, Roberto Ampuero.

López anunciaba en la madrugada de este martes (hora venezolana) que los militares que vigilaban su arresto domiciliario le han puesto fin porque han decidido retirar su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

El opositor venezolano fue condenado a casi catorce años de cárcel por incitar a la violencia en el marco de las revueltas opositoras de 2014.

21.32. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha revelado este martes que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mikel Moreno, y el comandante de la Guardia Presidencial, Rafael Hernández, habían accedido a que Nicolás Maduro abandonara el poder.

"Creemos que es muy importante que figuras clave del régimen que han estado hablando con la oposición durante estos tres últimos meses cumplan su compromiso de lograr una transición pacífica del poder", ha dicho Bolton en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

Bolton ha concretado que se refiere a Padrino, Moreno y Hernández porque "todos coincidían en que Maduro tenía que irse" y estaban dispuestos a hacer las gestiones necesarias para que otros altos cargos y militares les siguieran, pero, de acuerdo con el asesor estadounidense, se habrían echado atrás en el último momento porque Cuba y Rusia habrían alertado al presidente venezolano de estas maniobras.

21.00. Decenas de personas han resultado heridas por las cargas que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha efectuado contra la marcha en el centro de Caracas, encabezada por Juan Guaidó y Leopoldo López, que han bautizado como 'Operación Libertad'. La ONG venezolana Foro Penal ha informado de que hasta ahora hay once detenidos en el marco de las protestas de apoyo a la oposición en Carabobo, Táchira y Lara y Zulia.

Según ha informado el diario venezolano El Nacional, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se han desplegado en torno a la plaza Altamira donde habrían atropellado a un grupo de manifestantes. A la altura del municipio caraqueño de Chacaíto, la GNB ha cargado contra los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma dando lugar a los primeros disturbios, en los que se han registrado cerca de 40 heridos.

20.45. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este martes que su Gobierno está con el "pueblo de Venezuela y su libertad", horas después de que Guaidó y López dieran comienzo a la llamada 'Operación Libertad'.

20.30. Tras pedir junto a López, desde el capó de un coche y con megáfono en mano, a los venezolanos que tomen la calle hasta lograr una "Venezuela libre", ambos han liderado la marcha, desde la plaza Altamira, por la avenida Francisco de Miranda hacia el oeste de Caracas, donde se encuentra el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de Venezuela, aunque de momento se desconoce si este es su destino final.

20.15. Centenares de venezolanos residentes en España se han manifestado este martes en la Puerta del Sol de Madrid en favor de Juan Guaidó ataviados con banderas y al grito de consignas como "(Pedro) Sánchez, escucha, únete a la lucha"; "Esta causa es de todos"; "Por el regresar de Venezuela libre" o "Viva Leopoldo López".

A la concentración en Sol se ha desplazado el ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, quien  ha subrayado que "la nota especial es que la lucha de hoy es cívico-militar. Ya no solo vemos a ciudadanos para restablecer el orden sino a oficiales de la Fuerza Armada que dicen que no están dando un golpe, sino acatando el llamado del presidente constitucional".

20.00. El enviado personal de Juan Guaidó para España, Antonio Ecarri, ha agradecido que España haya pedido elecciones democráticas en Venezuela tras reunirse con responsables de Exteriores. Ecarri se ha mostrado convencido de que este martes es "el comienzo del fin" para el régimen de Maduro y ha insistido en que "esto no es un golpe de Estado" sino que es Maduro quien "se autoproclamó" el pasado mes de enero.

A su juicio, "cuando un régimen ciego y sordo ante el clamor de la sociedad se niega rotundamente a convocar elecciones, que es la única salida democrática, por algún lado revienta el problema". Ecarri ha expuesto que "hay sectores de las Fuerzas Armadas que exigen la reinstitucionalización del país y la convocatoria de elecciones libres y democráticas". Ecarri ha llamado a las Fuerzas Armadas a sumarse "a la exigencia de una convocatoria electoral" ante la posibilidad de una "insurrección popular o un pronunciamiento militar".

19.30. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela ha ordenado suspender la emisión de medios nacionales e internacionales, al tiempo que se han producido problemas de acceso a Internet, en plena escalada de tensión por el arranque de la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela (SNTP) ha denunciado la censura previa a medios de comunicación internacionales –BBC News Mundo y CNN Internacional– y nacionales –Radio Caracas, Efecto Cocuyo–. Asimismo, el sindicato ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que periodistas de la cadena nacional VPI, Efecto Cocuyo, Diario Nuevo Día y el portal El Informador de Venezuela han sufrido graves agresiones durante la jornada mientras hacían su labor informativa.

19.00. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha asegurado que las Fuerzas Armadas rechazan "rotundamente" el "intento de golpe de Estado" de Juan Guaidó y ha advertido de que los militares están dispuestos a "usar las armas" para frenar cualquier insurrección. Padrino ha declarado que "este acto anda buscando muertos, anda buscando derramamiento de sangre en la calles de Caracas. Todo el resto del país está en completa normalidad", que ha hecho a Guaidó y a sus apoyos "responsables" de toda violencia que pueda producirse, "de toda muerte que ocurra".

18.30. El Gobierno de Rusia que preside Vladimir Putin ha acusado a las fuerzas opositoras al Ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela de incitar a la violencia y de buscar un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, por lo que ha llamado a un proceso de diálogo que pueda evitar un derramamiento de sangre. "La oposición radical en Venezuela ha vuelto de nuevo a los métodos violentos de confrontación", ha señalado el Ministerio de Exteriores ruso.

18.00. Las reacciones en América Latina se han producido a lo largo de la jornada desde que el opositor venezolano de Voluntad Popular ha sido liberado de su arresto este martes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en referencia a la escalada de tensiones políticas y sociales en Venezuela: "Deseamos que haya diálogo, que se respeten los Derechos Humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo". Asimismo, ha reiterado su que posición implica "no intervención y autodeterminación de los pueblos" porque, ha asegurado, "el respeto al derecho ajeno es la paz".

Por su parte, el presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, ha mostrado su apoyo a Juan Guaidó en su cuenta de Twitter y declarado que su Gobierno "se solidariza con el sufrido pueblo venezolano, esclavizado por un dictador".  "Apoyamos la libertad de esta nación hermana para que finalmente viva una verdadera democracia", ha apuntado en Twitter.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha dado su "total apoyo al presidente Guaidó y a la democracia", y animado al pueblo venezolano a "erminar por la fuerza pacífica y dentro de la Constitución" con la "dictadura" de Maduro.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha llamado a militares y ciudadanos a ponerse "del lado correcto de la historia", a rechazar "la dictadura y la usurpación de Maduro".

El ministro de Exteriores de Argentina, Jorge Faurie, también ha ha trasladado el apoyo de Buenos Aires y el Gobierno de Mauricio Macri al "espíritu de libertad" que a su modo de ver impulsa Guaidó.

Por su parte, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha asegurado que ve en el liderazgo de Juan Guaidó "una salida democrática y pacífica" para el país.

17.00. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha reaccionado a las declaraciones de varias figuras del Gobierno estadounidense.

16.30. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha instado a actuar con "nervios de acero" frente al llamamiento lanzado por el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y ha asegurado que cuenta con la "lealtad" de los principales comandantes de las Fuerzas Armadas. Maduro ha asegurado en Twitter que ha conversado con los comandantes de todas las Regiones de Defensa Integral y de las Zonas de Defensa Integral, que han manifestado "su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria".

16.00. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, ha abandonado la zona de la base aérea La Carlota para dirigirse a una plaza de Caracas. En concreto, Guaidó tiene previsto desplazarse a la plaza Altamira de la capital venezolana, donde se han concentrado en las últimas horas militantes antichavistas, según testigos de la agencia de noticias Reuters.

15.30. La Armada venezolana ha difundido vía Twitter un mensaje de apoyo a Maduro. "La Armada se mantiene Rodilla en Tierra en total normalidad, pero alerta contra los Traidores a la Patria"Así, ha agradecido el apoyo de los "valientes" y ha asegurado que las Fuerzas Armadas "claramente del lado del pueblo, leales a la Constitución".

15.15. La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, ha ‏señaldo en su cuenta de Twitter: "Los venezolanos que se están apoyando de manera pacífica al presidente interino Guaidó tienen que hacerlo sin temor a la intimidación o la violencia".

15.00. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha confirmado que Washington respalda "por completo" las acciones llevadas a cabo por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, que este martes anunció la Operación Libertad para, con el apoyo de militares, acabar con la "usurpación" del régimen de Nicolás Maduro.

14.30.Las reacciones en España han llegado de la mano del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, como de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Borrell ha afirmado este martes que la situación en Venezuela está "en el escenario peor" de los que se habían imaginado, dada la división que están mostrando las Fuerzas Armadas en el país, y ha reiterado el llamamiento del Gobierno español a evitar un derramamiento de sangre. Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha pedido la "celebración inmediata de elecciones" en Venezuela para evitar un derramamiento de sangre". 

Asimismo, los líderes políticos españoles han multiplicado sus reacciones a lo que está aconteciendo en Venezuela vía Twitter. Aquí tienes algunas de ellas.

En el escenario internacional, la Unión Europea ha apelado a "una solución política y pacífica" a la crisis en Venezuela tras la liberación del dirigente opositor Leopoldo López por parte de militares pero ha evitado valorar sobre el fondo de esta acción si la apoya o la rechaza. No obstante, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha considerado que la liberación del opositor venezolano Leopoldo López "marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela".

14.00. Las reacciones no se han hecho esperar por parte de las voces de la oposición venezolana que, como Julio Borges consideran que "llegó el momento de materializar la Operación Libertad". Por su parte, Maria Corina Machado ha llamado a salir a la calle: "¡Es la hora de conquistar la libertad". "¡A la calle en toda Venezuela a consolidar la libertad! Toda Caracas: a La Carlota", ha reclamado en Twitter el diputado Freddy Guevara. La esposa de López, la activista Lilian Tintori, también ha llamado a acudir a La Carlota, epicentro ahora de la movilización opositora.

En el lado contrario, condenando lo que llaman "golpe de Estado", se encuentran líderes como el presidente de Bolivia, Evo Morales que, a través de Twitter, ha condenado el alzamiento militar que planea Guaidó.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también ha condenado el "movimiento golpista" que "pretende llenar de violencia" Venezuela.

13.40. El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha denunciado que se está produciendo un intento de "golpe de Estado" por parte de lo que ha calificado de "militares traidores". "Informamos al pueblo de Venezuela de que, en estos momentos, estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República", ha escrito en su cuenta de Twitter el ministro portavoz, Jorge Rodríguez.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, se ha opuesto con vehemencia a la maniobra militar de Guaidó y, a través de un mensaje en Twitter, ha asegurado que se mantendrán "firmes en defensa del orden constitucional y de la paz de la República".

13.35. Efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela leales al régimen de Nicolás Maduro han lanzado gases lacrimógenos contra militares y civiles que acompañan a Guaidó junto a la base aérea La Carlota, a las afueras de Caracas.

12.25. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha confirmado su salida del arresto domiciliario y ha explicado que ha sido "liberado" por "militares a la orden de la Constitución", en el arranque de lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha denominado "Operación Libertad". Según ha declarado López, Venezuela "ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad". "He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó", ha publicado en Twitter el líder del partido opositor al que ambos pertenecen, Voluntad Popular.

"Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe", ha proclamado López en su mensaje, difundido poco después de que apareciese en un vídeo junto a Guaidó y un grupo de militares. La citada base se encuentra a las afueras de Caracas.

12.20. El autoproclamado líder de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, está en la base de La Carlota, situada a las afueras de Caracas y a unos 15 kilómetros en línea recta del Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia. "Me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad", ha declarado Guaidó, bajo la premisa de que "el momento es ahora". "Momento de coraje y cordura para que llegue la calma a Venezuela", ha remachado. Guaidó ha asegurado que, en el arranque de la denominada "Operación Libertad" contra el régimen de Nicolás Maduro, cuenta con el apoyo de "un grupo muy importante" de miembros de las Fuerzas Armadas y no solo en Caracas, sino "en todo el país".

El integrismo religioso de la Iglesia evangélica instalado desde los 70 en Centroamérica ha ido introduciéndose en los gobiernos y dificultando la lucha de la mujer por la igualdad. La criminalización del aborto o la connivencia con la homofobia en gran parte de la región son algunas de sus consecuencias y, al tiempo, causas por las que se ha consolidado la violencia de género contra las mujeres y las niñas, así como contra las personas LGTBI. 

Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala (AMG), subraya que las iglesias evangélicas "son inoculadas en Centroamérica por EEUU, en el marco de la guerra fría, para neutralizar la creciente adhesión a la teología de la liberación" y "conllevan una agenda fundamentalista conservadora" en la región. Su influencia se debe a que han aprovechado "los vacíos de poder" que ha dejado la Iglesia católica y los ha llenado de las formas de pensamiento "más extremas y reaccionarias" que "se ceban especialmente contra lo femenino", espeta la presidenta de AMG. La experta en violencia de género explica que la supervivencia de las instituciones patriarcales nace de una "amplia tolerancia" de las sociedades de la región "hacia la misoginia" y agrega que la sociedad es el "caldo de cultivo del sexismo" que luego el Estado "institucionaliza" y la iglesia "sacraliza", en una rueda de imaginario colectivo que se retroalimenta.

La gobernabilidad de estos países pasa, según Mercedes Hernández, por una insuficiente "separación de los poderes estatales" y "la necesaria revisión de la independencia de los medios de comunicación". A esto se suma el hecho de que las iglesias evangélicas carezcan de "figuras que impugnen el control religioso sobre los cuerpos de las mujeres", como es el "único" caso de Católicas por el Derecho a Decidir. 

Entre las imposiciones de la moral evangelista en la política se encuentra la prohibición del abortoy la reticencia a rendir de cuentas por parte de los gobiernos a la hora de reflejar el incumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres. "Se les niega el derecho a tener derechos", señala Hernández para referirse a continuación a "la involución en materia de derechos humanos y los retrocesos en la agenda feminista en particular". Como en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, son dos asuntos polémicos en los que Centroamérica flojea. Aunque, en teoría, los países latinoamericanos admiten en algunos casos la interrupción del embarazo siempre que este sea fruto de una violación, o que suponga un riesgo de muerte para la mujer o para el feto, la realidad es que es prácticamente imposible que una mujer aborte legalmente. Las legislaciones centroamericanas se distinguen además por ser las más inflexibles en la cuestión del aborto a pesar de las altas tasas de violencia y feminicidios.

Las víctimas de violencia de género y sexual de la región centroamericana apenas disponen de atención especializada. Los marcos legales del Triángulo Norte –El Salvador, Honduras, Guatemala–, Panamá, Costa Rica, Belice y Nicaragua mantienen, a través de sus legislaciones, deficiencias en los servicios de salud o de información para la protección de los derechos de las mujeres. Honduras y Nicaragua muestran los peores sistemas de denuncias mientras que El Salvador es el más combativo a la hora de impedir el aborto. Son estimaciones de la iniciativa regional Mira que te miro, formada por un conjunto de asociaciones, universidades y organizaciones de 23 países de América Latina y el Caribe que monitorizan los derechos humanos, sexuales y reproductivos para forzar a los gobiernos a rendir cuentas sobre los compromisos adquiridos en el Consenso de Montevideo de 2013.

El país que más avanza en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, en línea con estos compromisos, es Costa Rica, mientras que El Salvador, Panamá y Belice se sitúan en la media y Guatemala, Nicaragua y Honduras están entre los cinco últimos de esa lista de 23.

En los países de la región prima la protección del derecho a la vida desde la concepción. Abortar en El Salvador puede suponer una pena de cárcel de entre seis meses y doce años, ampliables bajo supuestos delitos de homicidio. En Honduras el aborto fue ilegalizado en 2017 y se castiga con multas –tanto al personal médico como a la mujer– y penas de entre tres y diez años de cárcel para ella. También en Guatemala como en Panamá y en Costa Rica el aborto está penado con cárcel de uno a tres años. En Belice está penado con 14 años de prisión para el médico y la mujer. En Nicaragua se castiga con penas de uno a dos años de cárcel para la mujer y de dos a ocho para el médico.

Inseguridad, violencia y desprotección

Los datos disponibles de feminicidios en la región centroamericana dependen de la eficacia de cada Estado para abordar los problemas que adolecen las mujeres. Según el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala, 7.320 mujeres sufrieron agresiones sexuales y 6.200 mujeres fueron asesinadas violentamente durante el 2018, en su mayoría, menores de 29 años, niñas incluidas. El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contabiliza anualmente los feminicidios por cada 100.000 mujeres a partir de los 15 años de edad acontecidos en Latinoamérica, el Caribe y España por razones de género. Detectó 345 asesinatos en El Salvador, 221 en Guatemala, 235 en Honduras, 26 en Costa Rica, 18 en Panamá y 9 en Belice en el año 2017; mientras que los resultados de Nicaragua se remontan al 2013, con 67 feminicidios.

"La penalización del aborto es la institucionalización de la maternidad forzada", espeta Hernández. Se impone así la maternidad a mujeres o a niñas que, ocasionalmente, terminan optando por someterse a la práctica de abortos clandestinos. Algunas mujeres optan por buscar pastillas abortivas a precios asequibles a través de las redes sociales. De esta manera ponen en riesgo su salud, acaban con ella, o afrontan penas de cárcel por decidir sobre sus cuerpos. Así pues, esta prohibición conlleva que los derechos fundamentales de las mujeres sean vulnerados: el derecho a la autonomía, a la libertad de conciencia y reproductiva; el derecho a la salud y a la atención sanitaria; a la integridad física, a la dignidad, a la intimidad, la privacidad... Supone un obstáculo para los derechos humanos de las mujeres que oprime a las más vulnerables desde el punto de vista económico.

Los impedimentos al aborto libre, legal, seguro y gratuito son para Mercedes Hernández "una grave violación de los derechos humanos que, junto a otras violencias, atraviesa los cuerpos de las mujeres" y "conforman un conjunto muy heterogéneo de mecanismos de producción de obediencia" para mantenerlas bajo control. Además, la penalización del aborto no asegura que este deje de practicarse, sino que más mujeres que no desean ser madres tendrán más probabilidades de optar por interrumpir sus embarazos de forma insegura.

Las mujeres trans son más vulnerables a las maras y el crimen organizado en Centroamérica, así como los defensores de sus derechos, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH creó de 2011 a 2014 una relatoría sobre los derechos humanos de las personas LGTBI. Su informe sobre la Violencia contra las personas LGTBI determina como problemas sistémicos del colectivo la criminalización por razón de la orientación sexual o su identidad de género, los altos índices de violencia de los que son objeto y la impunidad relacionada, o su exclusión en el acceso a sus derechos fundamentales: salud, justicia, educación, trabajo y participación política, que en muchas ocasiones les obligan a migrar.

Contexto de las centroamericanas

Mercedes Hernández puntualiza que la violencia estructural en Centroamérica "tiene que ver con la discriminación histórica que sufren las mujeres en la región", si bien la violencia a manos de las maras es "una manifestación de esas discriminaciones históricas"; sin embargo, la gran mayoría de las mujeres asesinadas lo son a manos de "hombres cercanos a ellas". Ve necesario fijarse en que en "la despersonalización del crimen de género" subyace la idea "celosamente custodiada" de que "las mujeres, su vida y sus cuerpos son propiedad de los hombres". Observa también que "existen formas de violencia que, por estar tan normalizadas y aceptadas socialmente, se hacen más invisibles". Señala que "una de ellas es la idea de que el sufrimiento" forma parte de "ser mujer, que el miedo es inherente a la vida de las mujeres". "Ese estado de terror cotidiano –apunta– llega a ser no solo tolerado sino incluso embellecido y encontrado virtuoso".

A pesar de la creación de institutos nacionales de la mujer o el Plan de Equidad de Género, la acción política contra la violencia de género o la brecha salarial en la región resulta insuficiente. "Solo hay dos contrapesos y uno es resultado del otro", piensa Hernández: "Ninguna de estas mujeres está dispuesta a renunciar a las libertades". Los contrapesos de las instituciones patriarcales son, para la experta en violencia de género, el "incansable" movimiento feminista y "un gran bloque de las mujeres que, sin estar organizadas, no están dispuestas" a limitar sus derechos a "la reproducción y a los cuidados solamente".

El 93% de los 18 millones de personas que se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en América Latina son mujeres, en su mayoría afrodescendientes, según las estimaciones de la OIT del 2015. La distribución sexual y racial de los puestos de trabajo encasilla a las mujeres en roles de cuidados, en muchas ocasiones, sin contrato y bajo condiciones precarias.

Las mujeres afrodescendientes se enfrentan a la discriminación étnico-racial y de género, así como a la superposición de distintas formas de exclusión. Son consignas a las que se ha sumado la CEPAL, que en 2015 contabilizó 130 millones de personas afrodescendientes en 16 países latinoamericanos, entre los que se encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o Costa Rica. En su informe sobre las Deudas de la igualdad para con el colectivo de mujeres afrodescendientes, la CEPAL constata la desigualdad laboral y económica que sufren estas frente a las no afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. En Costa Rica, Nicaragua y Honduras, más de un 10% de las afrodescendientes se desempeñaban en 2016 en empleos domésticos mal remunerados y en condiciones de precariedad.