El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell y no ha obtenido ni el 26% del capital de la entidad, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con el control de la entidad catalana, según ha confirmado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47% del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50%, lo que le hubiese dado el control del banco catalán.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.

El misterio de la opa del BBVA al Banco Sabadell se resuelve un día antes de lo previsto, ya que la CNMV había dicho que anunciaría el resultado este viernes, y de la manera más inesperada con el fracaso de la oferta.

Después de más de 17 meses desde que se lanzó la opa, el mercado esperaba conocer si el BBVA conseguía la mayoría del capital del Sabadell, lo que parecía prácticamente imposible por el escaso respaldo de los clientes accionistas del banco.

Sin embargo, los analistas llevaban días pensando que lo más probable era que el BBVA consiguiera entre el 30% y el 50% del capital del Sabadell, lo que abriría la puerta a que la entidad, antes de renunciar a sus planes, rebajara su aspiración inicial y se animara a lanzar una opa al obtener más del 30%.

Se trataba del escenario más complejo, ya que el BBVA tendría que haber esperado que la CNMV le diera la guía para calcular el precio "equitativo" de esa segunda oferta y su consejo de administración tendría que haber decidido en tiempo récord si seguía adelante. Pero al final la opa ha fracasado porque el apoyo no llegó al 30 %, con lo que el BBVA pone fin a su aventura.

El banco vizcaíno no seguirá adelante con sus planes de compra del Banco Sabadell, después de que su opa haya fracasado, pero este mismo jueves ha anunciado que retoma "de manera acelerada" su plan de retribución al accionista y su estrategia en solitario.

A corto plazo, el BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas. Para empezar, el próximo 31 de octubre el banco iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros y el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros.

Adicionalmente, según ha informado en un comunicado, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), el banco pondrá en marcha otra recompra de acciones "significativa". El consejo de administración del banco ha reafirmado "de forma unánime" su compromiso con el nuevo plan estratégico y los objetivos financieros para el periodo 2025-2028, que mantendrán a la entidad "a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad".

En este periodo, el BBVA estima que su rentabilidad (ROTE) promedio se sitúe en torno a un 22% y que su ratio de eficiencia mejore hasta cerca del 35%.

Asimismo, prevé seguir creando valor para el accionista, con un incremento en el patrimonio neto tangible por acción más dividendos en el entorno del 15%. El banco recuerda que espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros y prevé disponer de 36.000 millones de euros para distribuir entre sus accionistas hasta 2028.

CCOO y UGT estiman una pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos por la OPA y posterior fusión entre BBVA y Sabadell, así como el cierre de entre 589 y 883 oficinas en España, con un impacto "especial" en Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia, ha informado Europa Press.

Estas cifras han sido dadas a conocer este viernes por los sindicatos en una carta remitida a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, en la que le trasladan su "profunda preocupación" por la operación que BBVA ha planteado sobre Banco Sabadell. La misma va firmada por los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo.

"Esta fusión produciría la destrucción de un gran número de empleos en ambas compañías" y también en otros sectores, según advierten en la misiva, ante la posible reducción de la capacidad de empresas y autónomos para acceder al crédito.

De hecho, también han realizado un análisis sobre lo que implicaría una fusión entre BBVA y Sabadell para la actividad creditica. Las organizaciones sindicales señalan que supondría una reducción del 8% en la disponibilidad de crédito, lo cual se traduciría en una disminución de más de 54.000 millones de euros en préstamos, una reducción que afectaría particularmente a las pymes, autónomos y a las familias trabajadoras.

"Las pymes y autónomos, que dependen del crédito como 'oxígeno' para sus operaciones, enfrentarían un aumento en los costes empresariales debido a la menor oferta de financiamiento", añaden al respecto.

Asimismo, CCOO y UGT alertan de que la fusión aumentaría la concentración bancaria en España, situándose por encima de la media europea.

A este respecto, sostienen que los dos principales bancos, CaixaBank y la entidad resultante de la operación entre BBVA y Sabadell, controlarían el 73,7% de las oficinas bancarias, "reduciendo la competencia en el mercado y afectando negativamente a los consumidores con peores precios y servicios financieros, menor remuneración de depósitos y un aumento de las comisiones".

A esto agregan un posible aumento de la exclusión financiera, principalmente, de personas mayores y de los habitantes de las zonas rurales.

"CCOO y UGT quieren manifestar su intranquilidad por el impacto laboral de esta fusión que, además de una más que probable pérdida de puestos de trabajo directos en la banca, y otra derivada de la contracción del acceso a los productos financieros por nuestras empresas y autónomos, también incrementará la precariedad laboral en el sector bancario. Además, el cierre de oficinas afectaría a empleados de todas las edades, exacerbando la desigualdad en el acceso de servicios bancarios, especialmente en regiones menos desarrolladas", sostienen las organizaciones.

Ante la "gravedad de la situación", Álvarez y Sordo solicitan a la CNMC que se den los pasos "necesarios", incluyendo la "denegación de la fusión solicitada", para mantener los niveles de empleo y se proporcione información más detallada y transparente para mitigar estos efectos negativos asegurando una competencia efectiva en el mercado bancario.

Cabe destacar que esta misma semana, en la presentación de resultados de BBVA, esta entidad dio más detalles sobre la operación que ha planteado. En concreto, ha especificado que serían 300 millones de euros los ahorros en personal que se conseguirían tres años después de producirse la fusión.

Preguntado en rueda de prensa sobre el número concreto que supondría el ajuste de plantillas, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, rechazó dar una cifra al explicar que se tratará de un proceso que se debatirá, precisamente, con los sindicatos.

Además, defendió que como las dos entidades —tanto BBVA como Sabadell—ya han hecho recientemente dos reestructuraciones que han implicado despidos de personal y cierres de oficinas, el recorte esperado es menor que en otros procesos similares, como fue el de CaixBank tras integrar Bankia.

Por otro lado, BBVA ha identificado que, producto de la operación con Sabadell, habría unas 870 oficinas localizadas a menos de 500 metros entre ellas. De este número, la entidad planea actualmente cerrar unas 300.

El principal motivo para la asistencia de Lagarde a este juicio, ya sea de forma física o a través de una videoconferencia, se basa en el informe publicado en junio del año 2012 por el FMI respecto a la banca española y, en especial, sobre la situación de Bankia en ese momento.

Durante su interrogatorio como testigo en este mismo juicio el pasado 26 de marzo, el exministro de Economía Luis de Guindos se refirió a las reuniones mantenidas con Lagarde en ese momento: "Ahí recuerdo reuniones privadas donde se define el principal riesgo de la economía mundial, la situación económica española, el sistema bancario, la posibilidad de contagio al Tesoro y de un rescate completo. Era una situación de enorme alarma y atención por los organismos internacionales", aseguró.

Durante su etapa como ministro, De Guindos se reunió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diversas ocasiones, en las que se le pedía que explicase cuál era la situación de la economía española. "Se consideraba que si España tenía un problema y tenía que ser rescatada, eso iba a provocar el contagio de otros países y además en un momento muy delicado de la economía mundial", explicó.

Preocupaciones del FMI

El exministro apuntó que existía un "nexo negativo" entre la situación de los bancos y la situación macroeconómica del país y que la inadecuada valoración de los activos inmobiliarios "era una realidad". Además de esta inadecuada valoración de los activos inmobiliarios, De Guindos señaló que un alto volumen de refinanciaciones puede ser reflejo de que un banco tiene problemas, ya que cuando es así deja de dar crédito a "la parte sana de la economía" y da crédito a "alguien que tiene dificultades para devolverlo", refinanciando para que no aparezca en el balance.

"Era una de las cuestiones que preocupaba desde el punto de vista del FMI, de la Comisión Europea y de todas las entidades internacionales de supervisión", afirmó. El FMI mandó una misión a España para hacer un análisis específico del sector financiero y De Guindos se reunió con la jefa de esta misión, "lo cual no era normal", para ponerle de manifiesto la difícil situación del sistema financiero y concretamente de Bankia, "entidad grande que más efecto negativo podía tener y contaminar el sector bancario".

En este sentido, el informe que el FMI emitió en junio (De Guindos ha negado su participación para que las conclusiones preliminares fuesen anticipadas) apuntando a que una gran entidad sistémica (Bankia) debía tomar medidas y sanear su balance no aceleró la crisis del banco, sino que fue "un elemento adicional" de reconocimiento de la situación.

En medio del creciente debate sobre la precarización y la sostenibilidad de las pensiones públicas, la información que las grandes entidades financieras están obligadas a difundir anualmente pone de manifiesto otra realidad muy diferente, la de los millonarios planes de ahorro a largo plazo que atesoran sus consejeros y que podrán rescatar cuando dejen sus funciones ejecutivas. Mientras tanto, la pensión media de jubilación de la Seguridad Social apenas llega a los 15.000 euros anuales: 1.077 euros brutos al mes. 

Según datos recopilados por infoLibre a través de la CNMV, trece consejeros de cinco bancos del Ibex 35 –todos los de este índice bursátil salvo Bankia, que no ofrece estos complementos retributivos– acumulaban 197 millones de euros en fondos de pensiones al cierre del pasado año. Siete de ellos cuentan con más de diez millones de euros en sus particulares huchas para la jubilación. Del total de 197 millones de euros, 11,4 millones de euros fueron aportados por las entidades financieras en 2017 y el resto en años anteriores.

Estos sistemas de ahorro que los ejecutivos generan a lo largo de su carrera profesional son independientes de otros conceptos retributivos, como los pagos en metálico o en acciones y otras retribuciones en especie. Su existencia es más habitual en el sector financiero, aunque se dan en otro tipo de compañías como las eléctricas, las constructoras o las telecomunicaciones.   

Las pensiones por entidades

Los consejeros que más derechos de cobro acumulan son los del Banco Santander. Hasta el año pasado, cuatro miembros de su máximo órgano de gestión tenían reunidos 124,1 millones de euros, de los que el 13% habían sido aportados por la entidad en 2017 (16,5 millones de euros).

La pensión más alta correspondió a Matías Rodríguez Inciarte, que abandonó el consejo de la entidad el pasado noviembre con un sistema de ahorro consolidado por valor de 48,2 millones de euros. Por otro lado, para cuando llegue su jubilación, la actual presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, tiene asegurado, por el momento, el cobro de 45,8 millones de euros. La suya es la pensión más alta no sólo del Santander, sino de todos los consejeros en activo de bancos que cotizan el Ibex 35. Por su parte, el actual consejero delegado, José Antonio Álvarez, tiene unos derechos de cobro acumulados de 16,2 millones de euros y el vicepresidente, Rodrigo Echenique, de 14 millones de euros. 

La segunda hucha para la jubilación más elevada del sector financiero es la del Sabadell, con un total de 36,8 millones de euros, de los que 3,6 fueron aportados durante el pasado ejercicio. La mayor cantidad de la entidad la acumula su consejero delegado, Jaime Guardiola, con 22,2 millones de euros, el 15% de ellos aportados durante 2017 (3,4 millones). Le siguen el presidente, Josep Oliu, con 8,5 millones de euros, y el director general, José Luis Negro, con seis millones. 

En el BBVA, el segundo banco con mayor capitalización bursátil del Ibex 35, hay dos miembros de su principal órgano de gestión que tienen cantidades acumuladas para cuando alcancen la edad de jubilación. Los mayores derechos de cobro corresponden al actual consejero delegado, Carlos Torres Vila, que cuenta en su hucha con 17,5 millones de euros. Por su parte, el consejero ejecutivo José Manuel González-Páramo, tiene derechos de cobro acumulados por valor de 842.000 euros. 

El plan de Francisco González

El actual presidente del BBVA, Francisco González, no aparece en la relación de consejeros que tienen derecho a una pensión con cargo a la entidad. Aunque eso no quiere decir que no lo tenga. Cuando cumplió 65 años, en 2009, externalizó el capital acumulado, que en la fecha era de 79,7 millones de euros, a una póliza de seguro de la que podrá disponer libremente cuando cese en sus funciones ejecutivas. 

La cuarta entidad en la que sus consejeros acumulan mayores derechos por pensiones es CaixaBank, con 17,2 millones de euros. De ellos, un 2% fueron aportados en 2017, apenas 355.000 euros. La cantidad más cuantiosa la atesoró el que fuera vicepresidente de la entidad hasta finales del pasado diciembre, Antonio Massanell, que se jubiló con una pensión de 13,9 millones. Por su parte, el consejero delegado de la entidad catalana, Gonzalo Gortázar, tiene acumulados tres millones, y el presidente desde 2016, Jordi Gual Solé, 250.000 euros.

Bankinter, por su parte, sólo tiene actualmente una consejera con un plan de ahorro a largo plazo activo. Es el caso de su consejera delegada, Dolores Dancausa, que acumula 600.000 euros, aunque la entidad no aportó nada en 2017. 

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha vendido el 7% de Bankia por un importe total de 818,30 millones de euros, a razón de 4,06 euros por título, con lo que sitúa su participación indirecta en la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri en el 60,63%, según informa Europa Press.

En concreto, el FROB, que posee la participación en Bankia a través de BFA, ha realizado esta operación a través de una colocación privada de un paquete de 201,55 millones de acciones entre inversores cualificados, llevada a cabo por los bancos de inversión UBS, Deutsche Bank y Morgan Stanley.

Los títulos se han colocado a un precio de 4,06 euros por acción, lo que supone un descuento del 2,71% en comparación con la cotización de las acciones de Bankia al cierre de mercado de ayer (4,17 euros, su máximo desde mediados de agosto), según ha informado este martes el FROB.

Al precio de colocación, el libro ha atraído una demanda 2,32 veces superior al importe vendido, en la que destaca, según el FROB, la alta participación de inversores internacionales. Tras esta venta, la participación que el FROB mantiene en Bankia asciende al 60,63%, porcentaje que se situará en el 60,93% después de la fusión prevista con BMN.

La venta se ha realizado en los términos habituales de este tipo de operaciones en el mercado de capitales y mediante un proceso comparable al empleados en otros países europeos para la desinversión en entidades públicas. Se trata de un procedimiento que cuenta con el soporte técnico y asesoramiento de expertos externos con experiencia previa en este tipo de operaciones (Nomura como asesor financiero del FROB y Rothschild como asesor de BFA).

Con esta operación, según ha explicado el FROB, se reactiva el proceso de reducción de la participación pública requerida por la normativa, y con él la senda de normalización completa de la entidad tras la inyección de capital público acometida en 2012, que en su momento logró su objetivo prioritario de estabilización y protección de los depositantes.

Favorecerá la liquidez, según el FROB

El FROB ha destacado además que la reducción de la participación del Estado permitirá incrementar la cantidad de acciones que circulan en el mercado, favoreciendo la liquidez y facilitando la ejecución de futuras operaciones de desinversión. De este modo, se amplía el rango de opciones a disposición del principal accionista y se mejoran las condiciones para tratar de maximizar la recuperación de ayudas del Estado.

Por el momento, el Estado ha recuperado 1.838 millones de euros de las ayudas públicas que se inyectaron en Bankia —22.424 millones de euros— tras la colocación de un 7,5% del banco por 1.304 millones de euros en 2014 y los dividendos con cargo a las cuentas de 2014, 2015 y 2016.

A finales de noviembre el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ya avanzó que los planes del Ejecutivo pasaban por privatizar la entidad "tan pronto como fuese posible", si bien instó a "no perder de vista" el principio de maximización del retorno de las ayudas públicas recibidas por el banco en 2012.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que el Estado, que aún controla una participación superior al 66% en Bankia, tiene la intención de privatizar la entidad "tan pronto como sea posible", si bien se buscará maximizar su valor, según informa Europa Press.

"Los planes del Gobierno pasan por privatizar Bankia tan pronto como sea posible, pero sin perder de vista el principio de maximización" del retorno de las ayudas recibidas por el bancoayudas recibidas por el banco, ha apuntado el titular de Economía este martes, cuando se cumplen cinco años desde la firma del Plan de Reestructuración de Bankia.

En estos cinco años, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri "ha ido cumpliendo con éxito y en plazo su plan de reestructuración", una "buena evolución" que "no se explicaría" sin el papel "fundamental" de su equipo de gestión, ha apuntado De Guindos, que ha presentado al primer ejecutivo de la entidad en un desayuno de Nueva Economía Fórum celebrado este martes.

Según ha apuntado el ministro, cuando se inició el Plan de Reestructuración de Bankia —que finaliza este año—, en 2012, España se encontraba "inmersa en una profunda recesión", con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos básicos, una situación que "derivaba en gran medida del sistema financiero".

El rescate financiero "evitó la salida de España del euro", ha puesto en valor De Guindos, para quien la finalidad de las ayudas públicas no fue "salvar a los bancos ni a los banqueros ni a los accionistas, sino proteger a los depositantes".

"Desde entonces, la trayectoria de Bankia ha ido en paralelo a la mejora de nuestro país", ha dicho el responsable económico del Gobierno, para quien "el sistema financiero español se ha convertido en uno de los más eficientes de Europa", pues el crédito "fluye hacia el sector privado con normalidad" y el stock de activos dudosos se ha reducido más del 45%.

Es posible que haya permitido a los representantes políticos de la burguesía catalana encontrar un relato digno para justificar el paso atrás que significará la ausencia de proclamación de una República Catalana independiente tan demagógicamente prometida y en realidad no deseada por ellos.

Lo que está claro es que tal ofensiva no ha resuelto la agitación política que ella misma ha generado. Ofensiva hoy empleada por la burguesía española para calmar los ardores de sus compinches catalanes, pero también llevada a cabo –desde hace más de una década y con la misma saña– contra el conjunto de la clase trabajadora para hacernos pagar la crisis que ha provocado.

No cabe duda que el deseo de poder expresarse democráticamente y con garantías, mediante un referéndum vinculante para decidir y establecer el marco en el que la población catalana quiere vivir, es un derecho que dicha población reclama con razón y que debemos apoyar sin reparo.

También debemos apoyar y reclamar la puesta en libertad de todos los detenidos ya sea por defender sus derechos laborales o derechos de expresión política, tanto en Cataluña, como en el resto de España.

Pero tampoco cabe la menor duda de que también tenemos que movilizarnos para poner un término a la desfachatez con la que actúa la burguesía, condenando al conjunto de la clase trabajadora, ya sea catalana o no, a la precariedad y la miseria con tal de preservar sus ingresos millonarios.

Un buen ejemplo de dicha desfachatez y de lo que preocupa realmente a la burguesía, son los ingresos efectuados por el sector bancario en este primer semestre de 2017. Este sector rescatado con nuestro dinero –a fondo perdido– ha ingresado alrededor de 8 000 millones de euros de beneficios, lo que representa aproximadamente un 20, 21% más de lo ganado en el primer semestre de 2016.

Este ejemplo, como los muchos otros que se podrían sumar, demuestra que la solución del problema no pasa exclusivamente por el cambio del régimen o la representación política que la burguesía utiliza para imponernos su dictadura económica.

Confiar y apropiarnos de las ilusiones que oportunistas y nacionalistas nos quieren vender, sea cual sea su nacionalidad, equivale a depositar nuestra cabeza en manos del verdugo y eso por mucho que dicho verdugo adorne sus discursos con la palabra “democracia”.

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Mario Diego es socio de infoLibre

El Govern presentará una solicitud de medidas cautelares para intentar suspender la orden del Ministerio de Hacienda de intervenir los gastos de la Generalitat después de que el vicepresidente, Oriol Junqueras, haya decidido dejar de informar semanalmente al Ministerio sobre la relación de gastos.

Lo ha dicho este lunes el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que las medidas cautelares buscan la suspensión del procedimiento porque "puede provocar un agravio importante" a la ciudadanía.

Se ha mostrado confiado en que las medidas prosperen porque hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que así lo indica: "No puede que el Consejo de Ministros acabe con la financiación autonómica, que es una ley orgánica", ha insistido.

Las medidas anunciadas este lunes se suman al recurso que presentará la Conselleria de Economía a la decisión anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque consideran que no está amparada bajo ninguna ley.

Aragonès ha afirmado que la celebración del referéndum no depende de los pagos que pueda hacer la Generalitat en los próximos quince días y ha considerado que si el Govern hubiese seguido justificando los gastos, el Ejecutivo central habría intervenido las cuentas de todos modos.

Preguntado por un eventual bloqueo de las cuentas de la Generalitat por parte de entidades bancarias, Aragonès ha manifestado que una medida de este tipo "no tiene base legal" para poder ejecutarse y ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de estar poniendo en riesgo los servicios públicos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado el rescate a la banca como "una decisión muy positiva", a pesar de conocerse la semana pasada que el Banco de España elevaba al 74% el dinero que no podrá recuperarse de todas las ayudas concedidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Rajoy hacía estas valoraciones tras ser preguntado por el portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, por las medidas que tiene pensado adoptar el Ejecutivo para "recuperar el dinero de los ciudadanos que usaron para rescatar a la banca".

El presidente ha replicado que, al llegar al Gobierno, ya se habían otorgado ayudas por valor de 15.617 millones, y que la reestructuración del sector financiero y la recapitalización de entidades se realizó "con transparencia y con el respaldo de socios europeos e internacionales", según informa Europa Press.

"La alternativa iba a ser la quiebra, que los depositantes perdieran todo su dinero y la ausencia de crédito, por lo que la recuperación económica y de la inversión hubiera sido imposible", ha aseverado el presidente del Gobierno, que ha defendido que otros países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia otorgaron "ayudas similares".

Los grupos políticos presentes en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorros y el rescate bancario reprocharon este martes al exgobernador del Banco de España Jaime Caruana su falta de autocrítica al analizar el papel de la institución durante su mandato.

Por una parte, el diputado socialista Pedro Saura manifestó que el papel del Banco de España durante la crisis de las cajas fue "importante" por su labor como supervisor. Saura consideró que los años en los que Caruana fue gobernador de la institución, de 2000 a 2006, fueron aquellos en los que "se gestó la burbuja" inmobiliaria, por lo que cuestionó los instrumentos con los que contaba el Banco de España para hacer frente a la crisis y sobre las medidas que pudo poner en marcha.

El segundo grupo político que replicó a Caruana fue Unidos Podemos a través de la diputada de En Marea Yolanda Díaz Pérez, que reprochó al ahora director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) que hablase de la crisis financiera como si de una "catástrofe natural" se tratara, al tiempo que le achacó que la crisis produjo "suicidios" en la gente corriente, mientras que una "élite" consiguió "enormes beneficios".

"Si usted y su cúpula hubieran tomado las decisiones correctas se podría haber evitado el rescate, el fraude de las preferentes, los sueldos astronómicos de los gestores, los blindajes de las jubilaciones, la concesión de créditos fallidos, el endeudamiento de por vida de las familias, los miles de desahucios, los suicidios... En definitiva, se habría evitado mucho sufrimiento a la ciudadanía", le espetó.

El diputado Francisco de la Torre, de Ciudadanos, afirmó que "la realidad" demostró que las entidades financieras realmente no estaban bien gestionadas y apuntó que "no parece que se tomasen medidas" por parte del Banco de España para poner freno a la burbuja inmobiliaria.

En su opinión, bajo la supervisión de órganos como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se llevaron a cabo actuaciones como la comercialización de participaciones preferentesparticipaciones preferentes, también durante el mandato de Caruana, por lo que le replicó que echa en falta "una visión crítica de todo esto".

Por parte del PNV intervino Idoia Sagastizabal, que reprochó a Caruana que durante su intervención no haya hablado "de ningún tipo de responsabilidad" y le cuestionó, entre otros aspectos, por qué las entidades financieras podían conceder créditos por el 80% del valor del inmueble.

El representante del Grupo Popular, Ramón Aguirre, contestó a Caruana que el Banco de España sí contaba con instrumentos suficientes para atajar la quiebra de las cajas de ahorro, así como con "todas las competencias y herramientas en su mano en materia de supervisión y regulación".

Según dijo, el Banco de España "sí hubiera podido hacer algunas aportaciones", como controlar las tasaciones inmobiliarias, limitar el valor de las hipotecas en función del valor de la vivienda y los pagos mensuales en función de la renta disponible del deudor, además de haber intervenido en la composición de los órganos de gobierno de las cajas.

Por último, el comisionado del Grupo de Esquerra Republicana Joan Capdevilla, que consideró a Caruana "colaborador necesario" del "sufrimiento" provocado por la crisis financiera, le cuestionó si deberían responder con su patrimonio las autoridades responsables en la crisis, así como qué opinión tiene sobre el exministro de Economía Rodrigo Rato, presidente después de Caja Madrid/Bankia.

Unidos Podemos quiere que la comisión de investigación parlamentaria del rescate bancario, la crisis financiera y las cajas de ahorro ponga "nombres y apellidos al agujero patrimonial de la banca", que provocó que tuviera que facilitarse ayudas públicas al sector financiero.ayudas públicas

Así figura en una propuesta de trabajo a la que ha tenido acceso Europa Press, remitida a la comisión que preside la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, y que firma el portavoz de Hacienda de Unidos Podemos, Alberto Garzón.

En ella, la coalición de izquierdas apuesta por iniciar los trabajos por la investigación de "cómo las políticas macro contribuyeron a transformar el modelo de negocio financiero y los incentivos de sus gestores", entre las que mencionan "políticas de crédito irresponsables motivadas por incentivos perversos", el "intento de tapar los primeros aumentos de la morosidad" o tasaciones de inmuebles realizadas por sociedades que controlaban las propias cajas.

"El agujero patrimonial tiene nombre y apellidos que desconocemos", concluyen, en un documento en el que exigen investigar todas las operaciones de crédito fallidas que crearon el enorme déficit patrimonial" del sector, ya que acusan al Banco de España de no haber ofrecido un análisis con "los grandes fallos que cometieron los gestores".

Emisión de preferentes desde paraísos fiscales

Otras de las cuestiones que reclaman analizar son las labores de supervisión del Banco de España y los productos financieros, apartado en el que Unidos Podemos pide abordar, además desde su perjuicio para el consumidor, desde "su instrumentalización como medida de expansión del negocio financiero y obtención de capital".

En este sentido, mencionan la emisión de preferentes en Islas Caimán, un paraíso fiscal, operación a la que recurrieron, acusan, casi una veintena de entidades. "Hay que investigar quiénes autorizaron y con qué fin se realizaron sistemáticamente el establecimiento de subsidiarias en Islas Caimán y la emisión de preferentes desde las subsidiarias radicadas en dicho paraíso fiscal", subrayan.

Aplazar hasta septiembre las comparecencias

Desde el punto de vista procedimental, Unidos Podemos apuesta, a diferencia de la posición mostrada por la mayoría de grupos, por aplazar las comparecencias hasta septiembre. Según lo manifestado tras las primeras reuniones, los grupos apostaban por iniciar cuanto antes -en julio, si no incluso en junio- con las comparecencias.

Al contrario, el grupo de trabajo liderado por Alberto Garzón opta por no iniciar esta fase de la investigación hasta el mes de septiembre, y así poder tener tiempo suficiente para poder recoger información y documentación hasta entonces. Así, advierten del riesgo de que los diputados se vean "ahogados en miles de hojas de documentación innecesaria y/o comparecencias que no proporcionan ningún valor adicional salvo para el compareciente o para el grupo propulsor".

"En esas condiciones, el coste de oportunidad de esta comisión podría ser terrible, para mayor satisfacción de los culpables de la crisis", apostillan, considerando "más adecuado" consensuar "parámetros principales de los bloques de trabajo al mismo tiempo que se obtiene la documentación para su investigación".

La presidenta de la Comisión, Ana Oramas, solicitó a los letrados de la comisión que reunieran las actas de todos los comparecientes que han desfilado en los últimos años por el Congreso y que puedan ser de interés para el estudio de la comisión, entre ellos los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado, los gobernadores del Banco de España o el expresidente de la CNMV Julio Segura, así como los que pasaron por las subcomisiones del FROB y de la reordenación del sistema financiero.

Se da por hecho que se citará a los responsables económicos de los últimos años (ministros y secretarios de Estado), los dirigentes de los órganos supervisores (Banco de España, CNMV), los gestores de las cajas rescatadas (Bankia, Catalunya Caixa, Caixa Galicia, CCM...) y de otras entidades financieras.Bankia

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba el pasado mes de abril que el Banco Popular era “solvente”, porque así se lo había comunicado el Banco de España. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, insistía dos días después en que también el Banco Central Europeo (BCE) había informado al Gobierno de que el Popular, intervenido este miércoles por las autoridades europeas ante una quiebra inminente, “no presentaba problemas de solvencia”. De hecho, el Banco de España sólo reconocía su preocupación sotto voce, mientras susurraba a la prensa que el único problema del Popular era de “gobierno corporativo, con un accionariado muy representado dentro del consejo” y decía apoyar el proyecto nonato de banco malo diseñado por el expresidente de la entidad Ángel Ron para liquidar el exceso de ladrillo tóxico que envenenaba sus balances.

Además, el banco recién comprado por el Santanderaprobó todos los tests de estrés a que le sometió desde 2011 la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) menos uno.

“Los supervisores no estuvieron atentos o no se atrevieron a tomar medidas drásticas en el momento adecuado”, razona el analista Juan Ignacio Crespo. “Está claro”, añade, “que no tomaron medidas a tiempo, tranquilizados por los trankimazines de las sucesivas ampliaciones de capital trankimazinesque iba completando el Popular”. El banco que desde febrero gobernaba Emilio Saracho lanzó cuatro ampliaciones de capital en cuatro años, la primera después de suspender las pruebas de esfuerzo europeas en 2012. La última, hace sólo un año, sirvió para mejorar el aprobado por los pelos obtenido por el Popular en los tests de la EBA del verano pasado, cuando quedó el quinto peor de los 51 bancos puestos a prueba. Las ampliaciones de capital debían ayudar a tapar un agujero que, por el contrario, no hizo más que aumentar hasta los 8.200 millones de euros que ha calculado la Junta Única de Resolución (JUR) antes de liquidar la entidad.

También el profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo cree que al Popular los organismos supervisores “le han dado más cancha” que la concedida a las cajas de ahorro. “Si esto mismo le hubiera ocurrido a una caja, habrían intervenido hace mucho tiempo”, apunta. Con un banco no se podía argumentar que “la gobernanza era mala porque la llevaban los políticos”, como se hizo con las cajas de ahorro, lo que, a juicio del economista, ha dejado al Popular “en una situación no deseable, que ha terminado desbordándose: cuando los depositantes pierden la confianza, ya no se puede parar”.

Juan Ignacio Crespo echa de menos que no se tomaran medidas para reducir el riesgo, sobre todo en lo que se refiere a los activos tóxicos inmobiliarios. El analista ve en el Popular una “vida gemela” a la de Caja Duero. Ambas entidades llegaron tarde al boom inmobiliario, en 2005, y “fueron corriendo detrás de precios y promociones”, recuerda. Cuando la burbuja pinchó, en 2008, la caída empujó a Caja Duero primero a una fusión con Caja España, después a su conversión en banco y finalmente a ser comprada por Unicaja.

Múltiples señales de que algo iba mal 

El Popular, en cambio, caminaba solo pese a las señales claras de que algo iba mal. García Montalvo destaca el nivel de provisiones, que no superaba el 35% frente al más de 50% de media que poseía el resto de la banca. Además, el profesor de la Pompeu Fabra reprocha al Banco de España que se haya comportado como en ocasiones anteriores, considerando cada problema como una “crisis pasajera”, una estrategia que considera “un error garrafal desde el principio” y que no se ha seguido “ni en Estados ni en ningún otro país”.

Desde luego, rechaza que el Banco Popular tuviera un problema de gobierno corporativo. “No conozco muchos casos en que un consejo de administración haya despedido a su presidente”, contrapone José García Montalvo en referencia a la salida de Ángel Ron de la entidad el pasado diciembre. Fueron los consejeros independientes quienes permitieron a la presidenta del comité de nombramientos iniciar el despido, explica el profesor de la Pompeu Fabra. “Parece que la gobernanza no funcionaba tan mal”.

Más signos de alarma: el pasado abril una auditoría de sus cuentas llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers desveló un agujero de 633 millones de euros. Aunque entonces el banco aseguró a la CNMV que el desfase no le obligaba a reformular las cuentas –con unas pérdidas de 3.485 millones en 2016 y 137 millones más en el primer trimestre de este año–, el anuncio coincidió en el tiempo con la dimisión de su consejero delegado y número dosnúmero dos, Pedro Larena, sólo siete meses después de haber accedido al cargo.

Al tiempo, Standard & Poor’s alertaba de que la situación de capital del que fue considerado durante años “el banco más rentable del mundo”, era “débil” y “limitada su capacidad para generarlo de forma orgánica”.

El millonario fichaje de Emilio Saracho, procedente de JP Morgan, tampoco ha dado el resultado que se esperaba. Buscaba una nueva ampliación de capital, imposible según iba desplomándose el valor de la acción en las bolsas. García Montalvo considera que, en realidad, Saracho tenía poco margen de maniobra cuando fue nombrado el pasado 20 de febrero: “Quizá estaba mal informado o pensaba que iba a tener más capacidad para convencer a posibles inversores”. Los bajistas, que apuestan por la caída de la acción, llegaron a hacerse con el 12% del capital mientras se sucedían los rumores sobre la salida de depósitos. Las noticias sobre el interés de Bankia, BBVA o Santander no fructificaban. En sólo cuatro días, el Popular perdió la mitad de su valor en bolsa, un 65% en el último año. Tras la intervención europea, la CNMV ha asegurado que prestó “la máxima atención” al Popular durante los últimos meses, y seguido “estrechamente la evolución de la cotización” del banco en cada momento. Pero en ningún momento llegó a suspenderla. Hay que recordar que, tras la venta al Santander, los 300.000 accionistas del Popular han perdido todo su dinero. También los poseedores de deuda híbrida y subordinada. Los CoCos (obligaciones convertidas en acciones) valen cero.

Las tests de estrés no sirven para detectar problemas

El Banco Popular desaparece menos de un año después de aprobar los tests de estrés de la Autoridad Bancaria Europea. Pero tanto García Montalvo como Juan Ignacio Crespo coinciden en que estas pruebas sólo detectan “los casos extremos”, los evidentes, como el del italiano Monte dei Paschi, recién rescatado. “Los tests se hicieron por primera vez en 2009 en Estados Unidos y su objetivo era estabilizar el sector bancario, dando confianza a los inversores, independientemente de cómo esté cada entidad”, explica el profesor de la Pompeu Fabra. Para Juan Ignacio Crespo, las pruebas de esfuerzo bancarias no son más que “quitamiedos”.

Ahora el Santander tendrá que digerir los 38.000 millones de activos tóxicos del ladrillo que han acabado por matar al Popular. “Si algún banco puede hacerlo es el banco de Ana Patricia Botín, es el que tiene mayor capacidad de gestión y mayor capacidad para conseguir esos 7.000 millones de euros previstos en la ampliación de capital”, aventura García Montalvo. “Si no descubre pérdidas adicionales”, añade Juan Ignacio Crespo, “será una buena operación para el Santander”. A juicio de este analista, no cabía otra solución: “El Gobierno tiene que estar aplaudiendo: el Santander se hace cargo, quitándole un problema sin coste para el contribuyente y planteando un provisionamiento de hasta el 70%, una cifra tremenda”.

García Montalvo, por su parte, apunta que los accionistas del Popular no son los únicos que han perdido sus inversiones durante la crisis. Ya les ocurrió, indica, a los del Banco de Valencia y a los poseedores de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –que también fue vendida por un euro, al Banco Sabadell–. También los accionistas del BBVA o del Santander, continúa, han perdido el 50% o 60% de sus inversiones desde el comienzo de la crisis: “Esta fiesta la han pagado muchos, no sólo el sector público, sino también inversores”.

Ciudadanos va a proponer que se cree una comisión en el Congreso para investigar el rescate de las cajas de ahorro españolas, determinar las "responsabilidades políticas" que correspondan por la gestión que se hizo y analizar "qué leyes hay que cambiar" para que no se vuelvan a repetir los mismos errores.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el presidente de C's, Albert Rivera, lamentó el aumento de la deuda pública que generó ese rescate mientras los que estaban en consejos de administración "tremendamente politizados", de cajas como Caixa Catalunya, Bankia, Novacaixagalicia o la CAM, "se lo llevaron calentito".

"Vamos a llevar esto al Congreso" para que "se investigue y se asuman responsabilidades" y para que "no vuelva a pasar nunca", anunció Rivera, que considera que órganos reguladores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los gobiernos de turno "no han hecho su labor".

Según el último informe del Tribunal de Cuentas, el rescate de las cajas de ahorro por parte del Estado se hizo "sin criterio" y sin el control necesario para "asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos".

Esto es, según el líder de Ciudadanos, "un escándalo en términos políticos y económicos". Además, considera que "alguna caja tendrían que haberla dejado caer" aunque "garantizando los depósitos".

Regular la dación en pago

Por otro lado, se ha referido a la sentencia de un juzgado de Barcelona que anula la cláusula que obligaba al titular de un crédito hipotecario a seguir abonando el pago de la deuda aunque esta ya hubiera pasado a ser propiedad de la entidad bancaria.

"Lo que hay que hacer es regularlo", señaló Rivera, recordando que el acuerdo de investidura que el PP y C's firmaron en agosto incluye un punto sobre la dación en pago. Pero ha advertido de que esta "tiene que ser garantista", en el sentido de que se aplique a aquellas personas "vulnerables" que no pagan su hipoteca porque no pueden.

Lo que plantea el pacto de investidura es una ley de segunda oportunidad que, entre otras cosas, prevé "flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres años con un alquiler que no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor".

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha cifrado en 415 millones de euros la exposición pública en Abengoa, sin contar con la participación de Bankia, y ha señalado que ahora lo importante es "saber cuál es la situación real" de endeudamiento de la empresa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Guindos ha afirmado que el Estado tiene una exposición en Abengoa a través del ICO, con 130 millones de euros, Cofides (75 millones de euros) y CESCE (210 millones de euros).

El ministro no precisó la exposición de Bankia, en la que el Estado tiene una participación del 64%, ya que señaló que la entidad financiera "se guía por criterios estrictamente de mercado como si fuera una empresa privada".

Asimismo, indicó que la banca española sólo tiene el 40% del total de la deuda bancaria de Abengoa, y que también existen emisiones en los mercados de capitales y una deuda "altísima" con proveedores.

Guindos destacó que Abengoa es una empresa "muy importante" desde el punto de vista "cuantitativo y cualitativo", dando empleo a cerca de 7.000 personas en España, pero subrayó que su "problemática fundamental" es el elevado apalancamiento, por lo que consideró que "lo primero es tener la información precisa de cuál es la situación desde el punto de vista de endeudamiento".

El titular de Economía, que desveló que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de la situación de Abengoa y que él mismo tratará el tema con el consejero andaluz, insistió en que el proyecto empresarial de la compañía "es viable e importante".

Buscar un socio industrial

Para ello, Guindos indicó que tras presentar el preconcurso ahora se abre un periodo de tres meses en el que es "muy importante" para Abengoa que haya acuerdo entre sus principales acreedores, así como "buscar un socio industrial".

"Abengoa no es una única empresa, tiene una estructura empresarial muy complicada. Los acreedores han nombrado a una compañía que está analizando cuál es la situación de endeudamiento, y eso es lo primero que hay que hacer, saber cuál es la situación real. Y a partir de ahí, cualquier actuación del Gobierno y del ICO va a ser constructiva, sabiendo también que hay limitaciones en la normativa europea de ayuda de Estado", dijo al respecto.

Asimismo, Guindos subrayó que cerca del 90% de los ingresos de Abengoa proceden del exterior, con especial presencia en América del Norte y del Sur, situándose su facturación en España en torno al 12%, por lo que "los ajustes que se hicieron para acabar con el déficit tarifario no es la causa fundamental de la problemática de Abengoa".

La lucha contra el lavado de dinero, el contrabando y el narcotráfico avanza. Pero no lo suficiente como para evitar sonrojos periódicos. El caso de Banco Madrid, intervenido, lo demuestraBanco Madrid. España se mantiene como uno de los núcleos fundamentales en las estructuras de lavado de dinero en Europa, según  el informe sobre el control internacional del lavado de dinero y el crimen financiero elaborado por el Departamento de Estado de EEUU, publicado en marzo de este año.

El avance en la lucha contra el blanqueo lo detalló el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en su último informe, referido al año 2013. “Los asuntos abiertos por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo alcanzaron en 2013 la cifra de 4.025, lo que representó un notable incremento (del 31,6 %) respecto a los asuntos del año 2012” sostenía el organismo.

Pero los avances son muy modestos. Según el departamento de Estado de EE UU, hay enormes coladeros en el sistema español por los que se escapa el dinero ilícito. "El nivel relativamente bajo de las sanciones reales impuestas por delitos de lavado de dinero es una debilidad, como lo es la capacidad limitada para manejar los casos de lavado de activos complejos en el sistema judicial en el momento oportuno", sostiene el documento.

Vigilancia por países

Esas debilidades del sistema español explican que el país se mantenga entre los Estados que EEUU engloba en las denominadas Jurisdictions of Primary Concern, los que merecen mayor vigilancia. El país figura (página 2 del informe) entre los Estados más relevantes por operaciones de lavado. El hecho de que en esa lista figuren también algunas de las mayores economías del planeta (Alemania, Austria, Japón e Italia entre otras) es sólo un magro consuelo.

España figura en el núcleo de los países blanqueadores desde hace años. En 2012, el informe de EEUU ya destacaba que "el acceso en España a las instituciones financieras europeas permite que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida vigilancia". El destino de esos fondos, pese a cinco años de crisis, eran –y siguen siendo–, la vivienda en las zonas costeras del Sur y el Este del país, además de "servicios, comunicaciones, automovilístico, obras de arte y sector financiero".

EEUU reconoce en sus informes el esfuerzo realizado por las autoridades para mejorar la situación. Pero destaca también, según la gaceta digital La Celosía, que el Gobierno ha aprobado con un retraso de cuatro años el reglamento que desarrolla la la ley contra el blanqueo de capitales o la orden que obliga a los bancos a registrar cuentas, número, nombre del titular y del beneficiario real, así como los detalles de su apertura y cancelación.

Retrasos y falta de sintonía

Los retrasos y la falta de sintonía entre los órganos de regulación y de supervisión bancaria explican en buena medida que España, pese a los avances, sea todavía un agujero negro en el sistema internacional de lavado de capitales.

La intervención de Banco Madrid, de hecho, puso de manifiesto diferencias entre el Banco de España, el órgano de supervisión de la banca y el Ministerio de Economía, el departamento del que depende la unidad de inteligencia financiera SEPBLAC. Aunque las declaraciones oficiales fueron siempre tranqulizadoras, el Banco de España destacó que su única función respecto a Banco Madrid –filial de la Banca Privada de Andorra, BPA– era vigilar su solvencia, lo que en efecto cumplió. La pelota pasaba así a la Secretaría de Estado de Economía, de la que depende el SEPBLAC.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales impuso en 2013, último año con datos oficiales, ocho multas a entidades financieras por blanqueo de capitales. Pero el Ministerio de Economía, del que depende la Comisión, no hace públicos los nombres de los bancos infractores. Las sanciones sumaron un importe de 5,25 millones de euros. Son sólo las administrativas. Las multas impuestas por condenas en los tribunales alcanzaron ese año la cifra récord de 655,87 millones de euros.

El Gobierno realizó el primer reembolso a la UE el pasado año, con una cantidad de 1.300 millones. España salió del rescate bancario en enero de 2014. Según el calendario pactado, el último pago del crédito está previsto para finales de 2027.El Gobierno

Aún así, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha confiado en que hayan nuevas "ventanas de oportunidad" este año para continuar acelerando las amortizaciones del rescate bancario. Los adelantos se traducen en una reducción de la emisión neta del Tesoro Público y por tanto, en el volumen de deuda y en ratio sobre PIB.

Ahorro de intereses

Además, los reembolsos del rescate financiero generan un ahorro de intereses que mejora la cifra de déficit público de España a través del capítulo de gastos financiero, según estimaciones del Ministerio de Economía.

La intención inicial del Ejecutivo de Mariano Rajoy pasaba por devolver 10.000 millones, según fuentes de Economía, con el fin de aprovechar que España se financia ahora más barato en los mercados.

La prima de riesgo española sigue ampliando sus mínimos gracias al plan de compra de deuda del BCE y se sitúa en el entorno de los 90 puntos básicos. Sin embargo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) frenó esta petición por su alto coste, que habría tenido que ser asumido por las autoridades españolas.

Envío de señales

Al margen de las cantidades, el Gobierno quiere mandar al mercado una "señal" de que la situación de la economía española ha cambiado de forma "drástica", según Guindos. El Ejecutivo pretende alejar la imagen de 2012, cuando las "enormes" dificultades de financiación obligaron a solicitar el rescate bancariorescate bancario.

De los aproximadamente 42.000 millones de euros de ayudas a la banca procedentes de la Unión Europea, 17.959 millones se inyectaron en BFA-Bankia, que además recibió 4.465 millones del Estado. La evolución de la entidad se está convirtiendo en una muestra fehaciente de la recuperación de la economía española.

Precisamente, Bankia captó la semana pasada 1.000 millones de euros en su primera emisión de cédulas hipotecarias desde febrero de 2012, antes de la nacionalización de la entidad. El cupón pagado por la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri fue inferior a los costes que asume el Tesoro Público para financiarse.

Además, la entidad nacionalizada propondrá a la junta general de accionistas el pago del primer dividendo de la historia de la entidad. La retribución propuesta sería de 1,75 céntimos de euro por acción con cargo a los beneficios del ejercicio 2014.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, informaron a Europa Press en fuentes del organismo.

Paralelamente, el Sepblac abrió un procedimiento administrativo contra la filial del banco andorrano BPA por infracciones graves y muy graves de la Ley de Blanqueo de Capitales.

El Sepblac, dependiente orgánicamente del Ministerio de Economía, trasladó su denuncia a la Fiscalía tras concluir un informe exhaustivo sobre la entidad cuya elaboración ha llevado casi un año, ya que se incoó en abril de 2014 y se ha finalizado en febrero.

Las conclusiones del informe ponen de manifiesto la existencia de indicios de delitos y operaciones sospechosas que tendrían que ver con una operativa diseñada para blanquear capitales de origen dudoso.

Anticorrupción estudiará ahora el informe y decidirá si los hechos denunciados son constitutivos de delito, supuesto en el cual presentaría una querella ante los tribunales de Justicia.

El consejo de administración de Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA por supuesto blanqueo de capitales, dimitió en bloque el pasado miércoles tras la celebración de una reunión extraordinaria.

El argumento esgrimido en ese momento para adoptar tal decisión fue el de facilitar el trabajo a los interventores designados por el Banco de España, aunque es probable que ya conocieran las conclusiones del informe del Sepblac.

Antes de su dimisión, el consejo de administración de Banco Madrid estaba compuesto por José Pérez Fernández, presidente de la entidad y exdirector del servicio de Supervisión del Banco de España; Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado; así como por los vocales Higini Cierco Noguer; Ramón Cierco Noguer (ambos miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el secretario Rodrigo Achirica Ortega.

El Consejo de Administración de Banco de Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA en el marco de una investigación de supuesto blanqueo de capitales, presentó su dimisión este miércoles durante una sesión extraordinaria para así facilitar el trabajo a los dos interventores, según han informado fuentes de Banco de Madrid.

El consejo de administración ha decidido por unanimidad presentar su dimisión en bloqueo "en defensa de los intereses de los empleados y clientes" y con el objetivo último de facilitar la actuación interventora iniaciada por el Banco de España, que ha designado como interventores de la entidad financiera a José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández, ambos empleados del organismo de supervisión. "Con esta medida, el Consejo de Administración cesante busca eliminar cualquier posible duda sobre la estabilidad de la misma", señaló el Banco de Madrid en un comunicado.

El consejo de administración de Banco Madrid estaba compuesto por José Pérez Fernández, presidente de la entidad y exdirector del servicio de Supervisión del Banco de España; Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado; así como por los vocales Higini Cierco Noguer; Ramón Cierco Noguer (ambos miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el secretario Rodrigo Achirica Ortega.

El Banco de España anunció este martes la intervención de Banco de Madrid después de que el Gobierno de Andorra interviniera BPA, controlada por la familia Cierco, tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales.

Banco Madrid se ha desmarcado de la denuncia de las autoridades del Tesoro de Estados Unidos que ha dado lugar a las actuaciones en curso, al recordar que en ella no se menciona en "ningún momento" a la entidad, sino exclusivamente a su matriz, BPA (Banca Privada Andorrana).

"Pese a la pertenencia a un mismo accionista, BPA y Banco Madrid son dos entidades totalmente independientes, cada una de ellas con sus propias estructuras operativas y que desarrollan su actividad con marcos regulatorios y legales distintos, los de Andorra y España, respectivamente", ha explicado el banco.

En una intervención extraordinaria, ha explicado que tras esta calificación, el Ejecutivo andorrano ha decidido intervenir la entidad para permitir que las investigaciones no sufran "retrasos ni contratiempos" y para garantizar la normal operativa del banco con sus clientes.

Martí ha destacado que se trata de un caso de "presuntas malas prácticas y no de una situación de riesgo de solvencia o problemas de balance", por lo que los clientes pueden estar tranquilos por sus depósitos.

El Tesoro de los Estados Unidos sospecha que BPA ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela, según ha publicado La Vanguardia.

El portavoz andorrano ha relatado que las autoridades americanas de lucha contra el blanqueo de dinero han abierto un periodo de 60 días para investigar el caso y, una vez escuchado a todas las partes, decidir sobre la aplicación de medidas para limitar la capacidad operativa de BPA en el futuro. Por todo ello, Martí ha aseverado que era "necesario e imprescindible actuar de forma responsable y decidida".

Así, el Institut Nacional Andorrà de Finances ha procedido a la intervención de BPA con la designación de dos interventores con el objetivo de "proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana".

Martí ha incidido en que Andorra "siempre ha cumplido con sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales", que y así lo han constatado las autoridades americanas, que han agradecido la cooperación de las autoridades andorranas. "El sistema financiero andorrano goza de una buena imagen y una buena reputación. Es nuestra responsabilidad garantizar que eso continúe siendo así en el futuro", ha remachado.

El Banco de España también interviene el Banco de Madrid

A raíz de esta noticia, el Banco de España también ha anunciado que interviene el Banco de Madrid. Cabe destacar que BPA ostenta el 100% del capital de Banco de Madrid, por lo que el organismo español considera necesaria su intervención al objeto de "asegurar la continuidad" de su actividad como entidad. El Banco de España ha designado como interventores de la entidad financiera a José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández, ambos empleados del organismo de supervisión.

El consejo de administración de la Sociedad Gestora de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) nombró este lunes a Jaime Echegoyen nuevo presidente del llamado 'banco malo' después de que la hasta ahora presidenta, Belén Romana, presentara su renuncia voluntaria al dar por superada su etapa en la sociedad.

Echegoyen, que ocupaba el cargo de consejero delegado, se hará cargo de la presidencia de la Sareb y será el principal ejecutivo de la compañía, según informó la sociedad.

Tras comunicar su marcha, Romana agradeció a los accionistas públicos y privados la confianza depositada en ella para poner en marcha un proyecto "tan apasionante como complejo" que, a su juicio, ha permitido cerrar la reestructuración del sector financiero español.

El consejo, que se reunió en sesión extraordinaria, lamentó la "decisión personal" de Belén Romana y destacó de forma unánime la tarea que ha realizado al frente de la compañía. "Sin su entrega, visión y liderazgo habría sido difícilmente imaginable la transformación de unos simples párrafos en el BOE en la realidad empresarial robusta en que se ha convertido hoy Sareb", indicaron.

Este órgano considera que Echegoyen, "por su capacidad de liderazgo, experiencia y por sus cualidades profesionales y humanas, es la persona apropiada para liderar Sareb en esta nueva etapa" en la que la sociedad pasará a contar con la colaboración de gestores profesionales, con vocación de servicio y un mayor alineamiento con los intereses de la compañía.

El nuevo presidente de la Sareb afirmó que Romana "ha sido un ejemplo para todos y ha asentado los pilares para que Sareb siga desarrollando su tarea". "No me cabe duda de que todos los profesionales que trabajan en la compañía continuarán con idéntica dedicación, compromiso y esfuerzo trabajando para culminar un proyecto tan relevante para la economía nacional como éste", ha añadido.

Echegoyen también agradeció la confianza que el consejo de administración ha depositado en él. "Asumo estas nuevas responsabilidades con un total compromiso y con el convencimiento de que Sareb cumplirá, como lo ha estado haciendo hasta ahora, el mandato que le ha sido encargado".