Por primera vez en la historia de la democracia española, el Gobierno central ha publicado un informe de publicidad institucional que desglosa, medio a medio y campaña a campaña, cuánto dinero público fue a parar a cada cabecera, cada emisora de radio, cada canal de televisión o cada plataforma digital durante el ejercicio 2025. El documento, elaborado por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación, supera así en detalle todo lo publicado en los veinte años anteriores.

De momento, sin embargo, el informe no es completo, porque no desglosa la distribución de la llamada publicidad comercial —la ley actual no lo exige—, que depende de entidades como Renfe, Aena o Loterías del Estado y que, en conjunto, superó los 84 millones en 2025. 

El detonante es externo. Desde el 8 de agosto de 2025 es de obligado cumplimiento el  Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, conocido como EMFA, por sus siglas en inglés. Su artículo 25.2 obliga a todas las autoridades y entidades públicas a hacer pública anualmente, en formato electrónico, la distribución de su gasto en publicidad estatal. La información debe incluir las denominaciones legales de cada prestador de servicios de comunicación que haya recibido dinero, el grupo empresarial al que pertenece y el importe total y desglosado. El informe de 2025 es la primera respuesta española a esa obligación.

El Gobierno ha decidido no esperar a la modificación de la norma que regula esta materia para dejarla adaptada al reglamento europeo. La Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional sigue por tanto vigente, pendiente de que el Ejecutivo remita su reforma al Congreso de los Diputados. Pero el EMFA es de obligado cumplimiento y el Ejecutivo ha decidido cumplirlo, a diferencia de las comunidades autónomas, que siguen ocultando el reparto de su publicidad institucional.

La inversión total del Gobierno en 2025 ascendió a 88.078.848 euros, frente a los 70.430.604 euros del año anterior. El incremento es del 25,06%. El número de campañas también creció, de 108 a 120, un 11,11% más. De ellas, 26 superaron el millón de euros y concentraron el 86,15% de todo el gasto.

El soporte que lidera la inversión es el digital, con 20,85 millones de euros (el 27,60% del total de difusión, sin contar el gasto en producción y evaluación, partidas que no son compra de espacios en medios). Le siguen televisión (15,88 millones, 21,03%), radio (15,48 millones, 20,50%), publicidad exterior (10,53 millones, 13,95%) y medios impresos (10,09 millones, 13,37%). El cine apenas supuso 615.000 euros, el 0,81% del gasto en difusión.

El informe identifica quiénes se beneficiaron más. El grupo Prisa, la compañía controlada por el fondo británico de inversión Amber Capital, encabeza el ranking con 12.178.931 euros, el 16,63% de la inversión total por grupos. Su posición se sustenta en la Cadena SER, Los40, El País y Cinco Días, entre otras cabeceras. Atresmedia-Planeta recibió 8.929.631 euros (12,19%), apoyado en Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries, Onda Cero y Europa FM. Mediaset España captó 5.756.090 euros (7,86%), con Telecinco, Cuatro y sus canales temáticos como FDF, Divinity, Energy y Be Mad.

Los tres grupos juntos concentraron el 36,68% de toda la inversión pública en publicidad. Ningún otro grupo supera el 5%.

El resto del top diez lo completan, por este orden, el Grupo Vocento (3,65 millones, el 4,99%), apoyado en Abc y su extensa red de cabeceras regionales; Google (propiedad de Alphabet) (2,99 millones, 4,09%), fundamentalmente a través de YouTube; el Grupo Unidad Editorial (2,72 millones, 3,72%), con El Mundo, Marca y Expansión; la agencia especializada en publicidad en cines y soportes en espacios interiores 014 Media, S.L. (2,61 millones, 3,57%); el Grupo Prensa Ibérica, el más potente a escala local y el dueño de El Periódico de Catalunya (2,60 millones, 3,55%); el grupo Ábside Media, a través del cual los obispos controlan la COPE, (2,49 millones, 3,40%); y el Grupo Godó (1,86 millones, 2,54%), con La Vanguardia y RAC1 como principales referencias.

Entre los conglomerados que superan el 1% de la inversión total figuran también la filial española de un gran grupo británico de medios y publicidad exterior en estaciones y transporte público conocida como Global Media & Entertainment (1,79 millones); la empresa especializada en aeropuertos, mobiliario urbano, aparcamientos y centros comerciales Exterior Plus (1,78 millones), la central de publicidad en medios Delivery Media (1,51 millones), la compañía del tecnoligarca Mark Zuckerberg Meta Platforms (1,46 millones), RTVE (1,37 millones), Grupo Henneo, propietario de Heraldo de Aragón y 20 Minutos (1,32 millones), Spotify (1,29 millones), el Grupo Telefónica (1,24 millones), la plataforma de gestión de publicidad en medios conocida como Grupo Alayans (956.646 euros), NewixMedia, controlada por las televisiones autonómicas (890.290 euros), y la central especializada en televisión de pago y plataformas Pulsa Media Consulting (769.811 euros).

El resto está por debajo del 1%. infoLibre recibió, de acuerdo con el informe, 10.990,25 euros en todo el año 2025 (un 0,05%). 

La lectura del ranking por grupos revela una particularidad: varias de las entidades que aparecen como beneficiarias no son grupos editoriales, sino intermediarios técnicos o gestores de espacios publicitarios.

014 Media, séptima del ranking, no edita ninguna cabecera. Es una empresa especializada en la exclusividad de espacios en salas de cine y soportes de publicidad exterior. Su alta posición se debe a que gestiona una fracción muy amplia de la inversión del Gobierno en el soporte cinematográfico. Global Media & Entertainment y Exterior Plus operan en el mismo segmento: son gestoras de soportes exteriores (mupis, vallas, pantallas en infraestructuras de transporte) que no aparecen en los kioscos, pero sí en los contratos.

El caso más llamativo de intermediación es Grupo Delivery Media (13º del ranking, con 1,51 millones). Funciona como un agregador de soportes locales. Cuando el informe le asigna esa cantidad, el dinero no queda en una sola empresa: se distribuye entre cientos de medios de ámbito municipal, regional y comarcal. La lista completa, incluida en el informe, va del Diario de Burgos o el Diario de Ávila hasta portales como muchocastro.com, elsemanaldelamancha.com, murciadiario.com o pamplonaactual.com, entre muchos otros.

Lo mismo ocurre con NewixMedia, que gestiona la publicidad de las televisiones autonómicas agrupadas en la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos). Cuando el Gobierno compra espacio en las autonómicas, el importe consolidado figura bajo ese nombre. Y con Alayans Media, la comercializadora que representa a cabeceras del Grupo Henneo (20 Minutos, Heraldo de Aragón) y de varios grupos regionales.

La comparativa con 2024 revela cambios muy acusados en la distribución de dinero por departamentos.

Tres son los ministerios con mayor incremento en términos absolutos. En primer lugar, Política Territorial y Memoria Democrática, que pasó de 87.665 euros en 2024 a 7.058.494 en 2025 —el salto se explica por dos campañas: “El valor de las libertades y la democracia en España” (5.602.255 euros) y la sobrevenida de respuesta a la dana “Reconstruyendo juntos: respuesta y recuperación frente a la dana” (1.456.238 euros), que no estaba en el plan inicial—.

En segundo lugar, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que pasó de 125.446 a 5.971.097 euros, concentrados en la campaña de ciberseguridad del Incibe (5.661.994 euros). Vivienda y Agenda Urbana, por su parte, subió de 16.767 a 3.150.318 euros.

También crecieron de forma significativa Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (de 393.236 a 3.275.263 euros), Hacienda (de 4,81 millones a 7,19 millones), Derechos Sociales (de 2,63 millones a 5,42 millones) y Sanidad (de 2,15 millones a 4,31 millones).

En el otro sentido, Interior casi redujo a la mitad su inversión, de 10,32 millones a 5,87 millones. Agricultura bajó de 12,50 millones a 7,97 millones, aunque sigue siendo el tercer ministerio por gasto total. Industria y Turismo cayó de 4,32 millones a 1,40 millones. Y el Ministerio de Juventud e Infancia no ejecutó en 2025 ninguna de las campañas que tenía previstas, frente a 1,25 millones invertidos en 2024.

El ministerio que más gastó en términos globales fue Igualdad, con 11.885.646 euros (el 13,49% del total), seguido de Cultura (8.028.015 euros, 9,11%) y Agricultura (7.973.161 euros, 9,05%).

La campaña con mayor presupuesto fue la de sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria, con 7.190.017 euros. La de seguridad vial de la DGT fue la segunda, con 5.873.105 euros. A continuación, la de ciberseguridad del Incibe (5.661.994 euros), la de Memoria Democrática “El valor de las libertades y la democracia en España” (5.602.255 euros) y la de violencia de género del Ministerio de Igualdad (5.236.403 euros). El Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura sumó 4.416.291 euros.

Por detrás de estas destaca la campaña denominada “La naturaleza y riesgos de las cajas botín” del Ministerio de Derechos Sociales (1.932.836 euros), centrada en los riesgos del juego en el entorno digital juvenil, y las “Becas Seré” del Ministerio de Justicia (2.453.615 euros), para fomentar el acceso igualitario a la carrera judicial.

La publicación del informe estatal establece un parámetro de referencia que, a su vez, ilumina una zona de opacidad mayor: la de las Administraciones autonómicas. Ninguna comunidad autónoma española publica un informe equivalente. La mayoría ni siquiera hace pública la cuantía global de su gasto en publicidad institucional, que en conjunto supera con holgura lo que destina el Estado central.

El EMFA obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros a garantizar esa transparencia. Sin embargo, las Administraciones autonómicas no han adaptado sus marcos normativos ni sus comportamientos a la nueva legislación europea y el Gobierno central no tiene competencia directa para imponérselo. El resultado es que la mayor parte del dinero público destinado a medios de comunicación en España sigue siendo invisible.

Esa opacidad tiene consecuencias documentadas. En varias comunidades gobernadas por el PP y Vox existen indicios —en algunos casos producto de investigaciones periodísticas— de que fondos de publicidad institucional se están destinando a medios que difunden desinformación o que actúan como plataformas de comunicación partidista. Algunos de esos medios fueron creados expresamente sin estructura redaccional verificable ni audiencias acreditadas, con la publicidad institucional como principal o única fuente de ingresos.

En una resolución sin precedentes que amplía una vez más los límites de la regulación democrática de los medios de comunicación en Francia, la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) ha dictado un requerimiento formal a la cadena de noticias CNews, propiedad del magnate ultraderechista Vincent Bolloré, para que corrija de inmediato el “desequilibrio estructural" de sus emisiones si no quiere enfrentarse a la vía sancionadora, que contempla multas económicas millonarias o la revocación definitiva de su licencia para emitir.

La vía elegida, que en francés se denomina “mise en demeure” (“carta de emplazamiento”) es una orden jurídica mediante la cual una autoridad exige oficialmente a una persona o empresa que corrija un incumplimiento legal en un plazo determinado, funcionando en la práctica como un último aviso legal. 

En el ámbito regulatorio de los medios de comunicación, no constituye una sanción económica inmediata ni la pérdida de derechos, pero sí un paso administrativo obligatorio e indispensable para dejar constancia de la infracción. De este modo, si el operador decide ignorar la orden y reincidir en su conducta, la autoridad queda plenamente facultada por la ley para activar la vía disciplinaria dura e imponer multas millonarias, suspender emisiones o, en el caso más extremo, revocar de forma definitiva la licencia para emitir. 

La decisión, anunciada formalmente este lunes tras una denuncia de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) —el origen del procedimiento también es muy relevante—, se basa en una exhaustiva investigación que se inició en marzo de 2025. Tras visionar más de 146 emisiones y un total de 168 horas de programación, la Arcom ha acreditado que la señal propiedad de Bolloré ofrece un tratamiento “unívoco” y carente de contradicción real en la inmensa mayoría de sus debates de actualidad.

El informe del regulador concluye que tres cuartas partes de las secuencias analizadas exponen exactamente el mismo punto de vista. Según la Arcom, en la parrilla de CNews los hechos objetivos han pasado a ocupar un plano “secundario”, quedando fagocitados por mesas de opinión donde las escasas posturas discrepantes son tratadas de forma “aislada” o sufren una desvalorización sistemática.

La resolución detalla que los propios presentadores actúan como “prescriptores de la opinión que se debe adoptar”, limitando activamente el tiempo de intervención de las voces discordantes. El análisis del organismo identifica una hiperconcentración editorial y un sesgo permanente en varias temáticas clave. 

La inmigración y la seguridad son abordadas bajo una insistente relación causa-efecto para sostener discursos sobre el aumento de la delincuencia. La religión musulmana es retratada de manera recurrente como una “amenaza” global para el modelo social francés. 

La guerra en Ucrania se aborda a través de coberturas monográficas orientadas fundamentalmente a erosionar y criticar la ayuda internacional prestada por el Gobierno de Emmanuel Macron. El partido de izquierda La France Insoumise (LFI) es objeto de duros ataques en plató sin que se le conceda el derecho de réplica correspondiente. Y el tratamiento de la condena judicial a Marine Le Pen fue presentado formalmente por CNews como un “golpe de Estado judicial” o un “déni démocratique” (denegación democrática), silenciando cualquier interpretación jurídica alternativa.

Con esta medida, la Arcom aplica de forma pionera la jurisprudencia histórica del Consejo de Estado impuesta en 2024. Aquella sentencia determinó que el pluralismo no puede medirse únicamente de forma cronométrica —contando los minutos de palabra otorgados a los partidos políticos en base a sus resultados electorales—, sino que el supervisor está obligado a fiscalizar el equilibrio real en la diversidad de corrientes de pensamiento y opiniones que se muestran al público.

Esta resolución sitúa a CNews ante el escenario de castigos más severo de su historia. La cadena ya acumulaba un abultado historial de sanciones por parte de la Arcom: en julio de 2024 fue multada con 80.000 euros; en noviembre del mismo año recibió dos penalizaciones de 100.000 y 50.000 euros por falta de contradicción en los programas En quête d'esprit y Morandini Live; y el pasado mes de febrero volvió a ser multada por declaraciones de carácter discriminatorio. Sin embargo, la “puesta en demora” actual activa la cuenta atrás para medidas de mayor gravedad, justo a menos de un año de las elecciones presidenciales francesas.

Thibaut Bruttin, el director general de Reporteros Sin Fronteras, la entidad cuya denuncia desencadenó la auditoría, ha celebrado el paso dado por el regulador. Según él, la Arcom “ha tocado el fin del recreo” ante una cadena que prioriza el comentario ideológico sobre la información fiable. La ONG mantendrá la vigilancia para exigir nuevas sanciones si el canal no modifica sustancialmente su línea.

Por su parte, CNews ha rechazado de manera tajante los cargos formulados por la Arcom. En un comunicado oficial, la dirección del canal ha calificado la decisión del organismo público de “infracción injustificada” contra la libertad de expresión, el pluralismo del debate y la independencia editorial, y ha anunciado que recurrirá de inmediato la resolución ante la alta jurisdicción administrativa del Consejo de Estado.

La amonestación a la cadena privada coincide en el tiempo con otra resolución de la Arcom dirigida a las emisoras de la radio pública (France Inter y Franceinfo), instándolas a equilibrar la representación diurna del partido ultraderechista Rassemblement National (RN). 

No obstante, colectivos de periodistas y analistas de medios recalcan que ambos expedientes carecen de la misma naturaleza: mientras la radio pública ha asumido un desajuste temporal y de carácter técnico en el minutaje de los partidos políticos, el expediente de CNews responde a un modelo de negocio y de intervención cultural sistemático y duradero.

CNews pertenece al grupo Vivendi, propiedad del multimillonario Vincent Bolloré, una de las mayores fortunas globales. El magnate, conocido por utilizar su emporio mediático (que incluye Canal+, Europe 1, Paris Match o la editorial Hachette) como plataforma de difusión de las tesis de la extrema derecha francesa, mantiene también una relevante presencia estructural en España. 

A través de Vivendi, Bolloré es el segundo accionista de Prisa con el 11,8% del capital y cuenta con un asiento en su consejo de administración, una posición estratégica sobre medios clave como el diario El País y la Cadena SER que mantiene en alerta al sector de la comunicación y al panorama político español.

“Se acabó”. La periodista Àngels Barceló (Barcelona, 1963) puso este jueves fin, por sorpresa y de forma abrupta, a su etapa de siete años al frente de Hoy por Hoy, el programa estrella de la Cadena SER. “Hoy soy yo la que hablo”, dijo sin previo aviso al final de la emisión de este jueves. “Es el último Hoy por Hoy que hago. Se acabó. He acordado con la casa, y con su complicidad, que lo dejo aquí. Porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene”.

Fue la única explicación que ofreció, antes de añadir, a continuación, una metáfora reveladora. “Pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha”, subrayó.

La periodista había anunciado su renuncia a continuar en la cadena el pasado 22 de mayo, después de meses de tensiones internas entre algunos de los principales responsables de programas y Fran Llorente, director de contenidos designado dos años antes por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa. Un conflicto que se volvió especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere impulsar Oughourlian.

En los últimos meses se acumularon los indicios que apuntaban a que Prisa estaría modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

Barceló aprovechó su último programa para sacar pecho por los mejores datos de audiencia que Hoy por Hoy ha conseguido. “Que vengan a perseguirnos”, retó antes de agradecer “la complicidad de los oyentes” que les “han traído de la mano hasta aquí”. “Porque sin los oyentes nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Los oyentes nos han dado la fuerza para levantarnos todas las mañanas, para venir aquí, para decidir cómo lo hacíamos, qué poníamos, dónde íbamos, dónde conectábamos”.

En defensa de su trayectoria, puso en valor su compromiso con “la verdad, el compromiso de ser rigurosos”. “Hoy termina una etapa, comienza otra”, insistió, sin mencionar siquiera al que será su sucesor a partir del 31 de agosto, el periodista Aimar Bretos.

“Sed muy felices con lo que os toque”, añadió en referencia a los miembros de su equipo. “Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca. Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado del todo”, añadió en referencia a la cadena, “se pasa un tiempo de duelo, pero luego a gente es capaz de volverse a enamorar. O sea que enamórense; yo no me desenamoraré de la radio, de eso pueden estar bien convencidos”.

José Luis Sastre, la mano derecha de Barceló en los últimos años al frente del programa, abandonará también las mañanas y pasará a dirigir y presentar Hora 25, el programa informativo nocturno de la cadena, precisamente el que dejará libre el periodista que se hará cargo de Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto.

En un vídeo difundido por la SER, Sastre ha anunciado que dirigirá Hora 25, que se emite de 20:00 a 23:30 horas, y lo ha hecho junto a Esther Bazán, quien, por su parte, conducirá el primer tramo informativo de esta franja, desde las 20:00 hasta las 20:30 horas.

Esta reconfiguración de la parrilla de la cadena, forzada por la salida de Barceló, tendrá como consecuencia una mayor masculinización de los principales programas, que estarán dirigidos aún más por hombres. A falta de conocer qué hará ahora la emisora de Prisa con el resto de la programación, al frente de grandes espacios quedan únicamente Aida Bao (informativos del fin de semana) y Mara Torres, que dirige y presenta cada madrugada El Faro, un programa nocturno muy personal centrado en entrevistas en profundidad.

Barceló llevaba en la Cadena SER desde julio de 2005, donde comenzó al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo Hora 25 y, desde septiembre de 2019, dirige y presenta el magacín matinal Hoy por Hoy, líder de audiencia en la radio española.

La batalla electoral que viene ya ha comenzado. Falta menos de un año para la celebración de elecciones en diez comunidades (Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Canarias, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Murcia, además de Ceuta y Melilla) y en todos los ayuntamientos de España. Y poco más para las generales, si Pedro Sánchez mantiene su calendario, lo que convierte los próximos doce meses en un escenario en el que el reparto de contrapesos del ecosistema mediático jugará un papel esencial.

En esa ecosfera informativa siempre han tenido, en el caso español, un peso muy relevante los medios orientados editorialmente hacia posiciones favorables a la derecha. Así lo demuestran los datos demoscópicos disponibles acerca de la percepción que los ciudadanos tienen de cada periódico, radio o televisión, combinados con sus audiencias. Con cabeceras que, sobre todo en los últimos años, no han dudado incluso en apoyar abiertamente a partidos como el PP y Vox.

Ese desequilibrio se ha vuelto más acusado en los últimos meses, mostrando un sesgo que muchos observadores del sector de la comunicación creen que irá a más. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre confirman que el Gobierno da por agotados todos los intentos de reconducir la relación con el grupo Prisa, matriz de El País y la Cadena SER, después de que el presidente de la compañía, el gestor de fondos francoarmenio Joseph Oughourlian, decidiese hace un año poner fin al proyecto comandado por algunos accionistas minoritarios y una parte de los directivos del grupo para impulsar un nuevo canal de televisión en abierto, aprovechando que la reordenación del espacio radioeléctrico había dejado hueco a una nueva cadena.

En aquel momento, el presidente de Prisa llegó a comparar a Sánchez con Franco en un artículo en el que le acusó de “tratar de adueñarse” del periódico “desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”, en referencia a un supuesto intento de utilizar Telefónica para entrar en el capital de Prisa.

En la decisión de Oughourlian, que acabó con la salida de los directivos partidarios de la apuesta televisiva –entre ellos, el accionista mayoritario de infoLibre, José Miguel Contreras–, la marginación de los miembros del consejo que la apoyaban y la destitución de la periodista Pepa Bueno como directora de El País, pesó, según fuentes consultadas por este diario, la opinión de Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid, cuyo grupo audiovisual es líder de audiencia en España. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, mantiene una estrecha relación con el presidente ejecutivo de Prisa.

Otras versiones, en cambio, atribuyen aquel conflicto –que acabó dañando la credibilidad de un periódico que en los últimos años había aumentado notablemente su número de suscriptores digitales y había tenido éxito a la hora de reducir, al menos en parte, su enorme deuda– a su principal acreedor, Pimco, una de las gestoras más influyentes del mundo en bonos y deuda, un segmento clave para bancos centrales, fondos de pensiones, aseguradoras y grandes patrimonios.

Pimco significa Pacific Investment Management Company y nació en California en 1971. Hoy forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Oughourlian no es un estratega en el sector de la comunicación ni un empresario mediático al uso. En última instancia, es un gestor de fondos activista, alguien especializado en comprar acciones de empresas baratas y mal gestionadas, como era el caso de Prisa, cambiar la dirección, vender activos o reestructurar deudas —fase en la que se encuentra en estos momentos— y así hacer que la empresa valga más para poder venderla y ganar dinero.

Su ascendiente sobre Pimco, el principal acreedor de Prisa, es tan importante que esta empresa acabó cediendo a su exigencia de que la renegociación de la deuda quedase vinculada a su continuidad al frente de la compañía. Precisamente por haber facilitado información que no era veraz sobre este extremo, la CNMV sancionó a la matriz de El País hace unos meses. De hecho, tienen obligación legal de informar de ello a la próxima Junta General. 

Así que el horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo al propio Oughourlian. Cualquier movimiento accionarial destinado a destituirle activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Así que, hasta 2029, Prisa opera bajo un “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales. Pimco es, en la práctica, quien tiene la sartén por el mango.

Es en este contexto en el que ha tenido lugar un endurecimiento de la línea editorial de El País en contra del Gobierno tras la destitución de Pepa Bueno, primero, y más recientemente con el anuncio de la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER. Este mismo jueves se ha anunciado que será Aimar Bretos, actual responsable de Hora 25, quien conducirá desde septiembre el programa de mayor audiencia de la radio española, Hoy por hoy. 

A esto hay que sumar la decisión de Oughourlian, hecha pública esta semana, de reducir el consejo de administración del grupo de 14 a 11 miembros para echar de él al empresario Andrés Varela Entrecanales (propietario de algo más del 7% de las acciones), con la excusa de que es uno de los promotores de Siete, la empresa que se ha hecho con la licencia de un nuevo canal audiovisual en abierto en España y que comenzará sus emisiones el próximo otoño. 

Junto a Varela Entrecanales perderán su asiento en el consejo Isabel Sánchez —vicerrectora del Instituto de Empresa y doctora en Economía por la Universidad de California— y Béatrice de Clermont —exvicepresidenta de Desarrollo en Lagardère—, ambas alineadas contra Oughourlian.

Esta decisión ha sido recibida por el Gobierno como un paso más en la deriva del grupo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, la comentó con ironía: “La pluralidad editorial se traslada al Consejo”, anotó en la red social X.

El capital de Prisa, según el último registro de la CNMV (fechado el 13 de mayo de 2026), se articula en torno a un núcleo muy concentrado de accionistas significativos, entre los que sobresale el universo Amber/Oughourlian y varios socios internacionales y familiares.

Joseph Oughourlian figura personalmente con un 29,5% de las acciones, el mismo porcentaje que declara Amber Capital UK LLP, el fondo de inversión que él mismo fundó y dirige, con sede en Reino Unido. A este bloque se suma Oviedo Holdings S.à r.l., una sociedad holding luxemburguesa que posee otro 24,7% y que forma parte de la arquitectura de vehículos financieros a través de los cuales Oughourlian y Amber canalizan su participación en Prisa, sin actividad mediática propia, como puro instrumento inversor.

En el accionariado destaca también Vivendi SE, el grupo francés de medios y entretenimiento controlado por el multimillonario ultra Vincent Bolloré, con un 11,7%, que ya intentó en 2022 hacerse con el dominio del grupo y no pudo, precisamente por decisión del Gobierno. 

La razón es que Prisa es considerada una empresa estratégica, al ser dueña de dos de los medios de comunicación más influyentes de España. Eso permitió a Pedro Sánchez aplicar el real decreto antiopas aprobado durante la pandemia para proteger la industria nacional y que permite vetar que un extranjero posea más del 10% de empresas en sectores estratégicos —el Gobierno sí le permitió, el año pasado, pasar del 9,9 al 11,7% actual al convertir bonos durante la operación con la que Oughourlian redujo el peso de los accionistas críticos—.

También están entre los propietarios el holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales, y el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%.

Junto a ese núcleo duro internacional y financiero, perviven accionistas históricos y otros inversores relevantes que completan el mapa de poder de la compañía. Rucandio SA, de la que es socio Timon SA, el vehículo desde el que los herederos de Jesús de Polanco gestionan su presencia en el grupo, conserva un 7,6% de los derechos de voto. Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7% y representa la entrada de capital ligado a su conglomerado empresarial diversificado en telecomunicaciones, construcción y otros sectores.

Completan el cuadro el fondo Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Global Opportunities Fund (5,2%), que forma parte del entramado Amber, Banco Santander (4,1%, combinando participación directa e indirecta), el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària y uno de los cuatro socios del nuevo canal de TDT, y otros tenedores de menor tamaño.

La junta general de accionistas que previsiblemente sacará a Varela Entrecanales del consejo de administración de Prisa tendrá lugar dentro de un mes, el 29 de junio. Ese día, la propuesta de Oughourlian incluye también una operación de maquillaje del escaso valor de las acciones de la compañía. Se trata de llevar a cabo un contra-split de 10 a 1, que es como convertir 10 billetes de 30 céntimos en 1 billete de 3 euros: tienes menos “papeles”, pero el valor total es el mismo. No ganas ni pierdes dinero en el momento del cambio; lo que cambia es el número de acciones y el precio individual de cada una.

Las empresas hacen esto principalmente para mejorar su imagen. Cuando una acción cotiza a pocos céntimos, el mercado la ve como una empresa muy debilitada, de alto riesgo y propensa a movimientos especulativos bruscos. Al subir el precio artificialmente (de 0,30 € a 3 €), la empresa intenta parecer más sólida y estable (desde su salida a bolsa, las acciones de Prisa se han depreciado un 99,92%).

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros, la segunda cifra más baja en años, pero siete millones más que en 2024, rompiendo la tendencia positiva del ejercicio anterior, cuando el grupo había logrado recortar su endeudamiento en 82 millones.

El plan estratégico aprobado a comienzos de año fijó dos objetivos que hay que leer conjuntamente. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo de 240 millones de euros anuales. El segundo es que la deuda neta no supere tres veces ese beneficio, lo que sitúa el techo implícito en torno a los 720 millones. El recorrido neto de reducción que el grupo se ha autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años, muy lejos de los 82 que recortó en 2024.

La lógica no es de austeridad, sino de crecimiento. Lo que Prisa quiere cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generar dinero, con Santillana y los activos de audio como vectores principales.

El escenario tiene dos condicionantes. El primero es que la ratio solo se sostiene si el beneficio operativo crece efectivamente hasta los 240 millones previstos. El segundo es que no todo el flujo de caja irá a amortizar deuda: una parte se destinará a la inversión que hace viable ese crecimiento.

Si la apuesta funciona, Prisa habrá salido de una de las espirales de endeudamiento más largas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.

La Cadena SER no ha tardado ni una semana en despejar la incógnita. Aimar Bretos, director desde hace cuatro años del programa informativo nocturno de la emisora, Hora 25, será a partir de septiembre quien tome el relevo de Àngels Barceló al frente de Hoy por Hoy, el buque insignia de la radio de Prisa.

La renuncia de la periodista catalana a continuar se produjo hace una semana, después de meses de tensiones internas entre algunos de los principales responsables de programas y Fran Llorente, director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en mayo de 2024. Un conflicto que ha sido especialmente significativo con Barceló y que tiene que ver —según fuentes internas— con la reorientación ideológica que quiere impulsar Oughourlian. El pasado marzo, infoLibre desveló que Barceló no contaba con el respaldo del presidente del grupo.

El propio Bretos anunció este jueves, a través de un vídeo difundido por la emisora, que dirigirá y presentará Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto. En el mensaje, invoca los 40 años de historia del programa y la cadena de relevos que lo ha definido: “Hace 40 años nació Hoy por hoy, de la mano de un periodista donostiarra que nos ha hecho amar la radio a todos, Iñaki Gabilondo. 40 años después, es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que ha pasado por las manos y se ha hecho más grande y más bonito aún en las manos de Carles, de Pepa y de Ángel”.

El periodista aprovechó la ocasión para hacer una apelación explícita a la independencia editorial: “Con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia, de ese periodismo que tan bien saben hacer los enormes periodistas de esta redacción, de la Cadena SER”.

Aimar Bretos Loidi (San Sebastián, 25 de noviembre de 1986) dirigía hasta ahora Hora 25, el programa nocturno de mayor tradición en la radio española.

Estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y comenzó su carrera a los 15 años como colaborador en Otxoki Irratia, una emisora local de San Sebastián. Durante la carrera realizó prácticas en la COPE de Navarra.

En 2008 se incorporó a la Cadena SER en el equipo de informativos de fin de semana, dirigido entonces por Jesús Cintora. Pasó posteriormente a Hoy por Hoy, el programa que ahora va dirigir y presentar, donde trabajó como redactor bajo la dirección de Carles Francino primero, y de Pepa Bueno y Gemma Nierga después. Desde 2013 ejerció como sustituto habitual de Bueno en sus ausencias.

En 2019 fue nombrado subdirector de Hora 25, cargo que ocupó hasta julio de 2021, cuando el nombramiento de Pepa Bueno como directora de El País dejó vacante la dirección del programa. Bretos asumió entonces la conducción del espacio nocturno más longevo de la radio española. Desde hace varias semanas presenta en La Sexta el espacio La noche de Aimar.

¿Puede sobrevivir la libertad de creación cuando depende casi por completo del dinero y de las prioridades de un solo hombre? En Francia, esta no es una pregunta retórica. El debate ha estallado en el país vecino después de que Canal+, una pieza clave de la producción audiovisual francesa, haya anunciado que no volverá a dar trabajo a los 600 profesionales que se han atrevido a criticar las afinidades ultras de su propietario, el multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré.

El magnate francés, a quien muchos comparan con el australiano Rupert Murdoch, tanto por la acumulación de poder mediático como por sus preferencias políticas, nació en 1952 en un municipio a las afueras de París, en el seno de una familia acomodada. Fue él, sin embargo, quien multiplicó la fortuna familiar, construida a partir de una fábrica de cigarrillos.

Curtido en mil batallas financieras, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de Nicolas Sarkozy y salpicado como él por la corrupción, ha acumulado capital apoyándose en un emporio mediático que después ha usado descaradamente en beneficio de sus negocios y que, al mismo tiempo, ha puesto al servicio de la extrema derecha de su país.

En 2018, tras su imputación en varios casos de corrupción vinculados a sus negocios en África occidental, abandonó formalmente las funciones operativas de Vivendi, pero siguió en el consejo de administración del grupo y, aunque sus hijos Yannick y Cyrille se hicieron cargo del área de medios, a él se le sigue atribuyendo el control efectivo del conglomerado familiar.

El suyo es un imperio mediático y cultural levantado a base de compras encadenadas, hasta el punto de que hoy atraviesa casi todos los soportes del espacio público francés. Bajo su paraguas caben canales como Canal+, C8 o CNews; radios de referencia como Europe 1; semanarios de referencia como Paris Match o Le Journal du Dimanche (JDD); el gran grupo editorial Hachette —con sus sellos literarios y escolares—; y revistas y webs heredadas de Prisma Media, además de redes de quioscos y librerías extendidas por todo el país. Es, en la práctica, una constelación de medios generalistas, cadenas de información continua, editoriales y dispositivos de distribución que le permite intervenir desde la producción de libros hasta la agenda diaria de los programas de debate político.

Lo singular es que Bolloré ha convertido ese conglomerado en un instrumento de guerra cultural. En 2017, la antigua i-Télé renació como CNews, transformada en una cadena de opinión que multiplicó las tertulias al servicio de editorialistas ultras y que ofrece desde entonces una plataforma casi permanente al líder extremista Éric Zemmour, contribuyendo a que ideas xenófobas como la del “gran reemplazo” circulen en horarios de máxima audiencia como si fueran un punto de vista más. Para muchos, es el equivalente en Francia de la Fox News estadounidense.

Su toma de control del grupo de edición, prensa, radio y distribución Lagardère (matriz de Hachette) extendió esa lógica a Europe 1, al JDD y a Paris Match, mientras los sellos del grupo publicaban y relanzaban libros de dirigentes de la nueva derecha dura y de la extrema derecha, que luego encontraban un escaparate privilegiado en las antenas y portadas del propio sistema Bolloré.

La operación se acompañó de purgas y alineamientos internos: redacciones como las de i-Télé/CNews, Europe 1 o el JDD fueron desmanteladas o disciplinadas, y sustituidas por equipos más dóciles respecto a la nueva línea ideológica. Diversos análisis describen este proceso como la construcción deliberada de un polo mediático reaccionario, capaz de empujar el centro de gravedad del debate público hacia la derecha radical y de presentar a la extrema derecha como una opción perfectamente normalizada, invitándola a los platós y las portadas con la misma frecuencia –o más– que a las fuerzas de gobierno tradicionales. 

El resultado es que los medios de Bolloré no solo han amplificado a los ultras, sino que han contribuido a borrar la línea que antes excluía a la extrema derecha del perímetro aceptable del juego democrático.

En paralelo, los segmentos más rentables y respetables del grupo —el prestigio de ciertos sellos editoriales, la pata de entretenimiento de Canal+, las revistas familiares heredadas de Prisma— sirven de fachada y de fuente de financiación para los dispositivos abiertamente militantes.

Librerías y quioscos del grupo destacan los libros de líderes como Jordan Bardella o Éric Ciotti, mientras CNews, Paris Match o el JDD se ocupan de darles una cobertura preferente, cerrando así el circuito de promoción política dentro de un universo que se presenta, hacia fuera, como un simple actor normal del mercado.

Incluso la entrada en el terreno de la formación —con la compra de una escuela de periodismo en París— se interpreta como una pieza más de ese proyecto de largo plazo: formar periodistas y cuadros a la medida de una guerra cultural cuyo objetivo último, según varios observadores, es acompañar y acelerar la llegada de la extrema derecha al poder estatal, dotándola de un ecosistema mediático amigo.

Sin embargo, el poder de Vincent Bolloré desborda ampliamente las fronteras francesas: durante décadas construyó un entramado de negocios en África —logística portuaria, transporte ferroviario, publicidad y comunicación política— que le dieron una posición de influencia privilegiada sobre gobiernos y élites económicas del continente, y que hoy se proyecta también a través de sus inversiones mediáticas y digitales.

Sus redes de puertos y terminales de contenedores, desarrolladas bajo la marca Bolloré Africa Logistics y luego vendidas a Mediterranean Shipping Company (MSC) en 2022, se combinaron con la actividad del gran grupo de publicidad, comunicación y consultoría Havas –también propiedad de Bolloré– en campañas electorales y comunicación institucional, hasta el punto de que la justicia francesa ha acabado condenándole por intercambiar favores a través de servicios de consultoría electoral y concesiones portuarias en países como Guinea y Togo.

Ese sistema Bolloré ha sido descrito como una trama en la que la influencia mediática, la publicidad política y el control de infraestructuras estratégicas se retroalimentan, y donde la construcción del conglomerado audiovisual europeo de Vivendi se financia en parte con los beneficios acumulados en el área de influencia francesa en África.

En el espacio europeo, Bolloré ha convertido Vivendi en uno de los grandes grupos de medios y entretenimiento del continente, con ramificaciones en televisión de pago, canales de noticias, música, edición de libros y revistas, publicidad y plataformas digitales. Desde París, su influencia se extiende a través de Canal+ y sus filiales en varios países europeos, distribuidoras de contenidos, editoriales del grupo Hachette y redes de publicidad y relaciones públicas gestionadas por Havas, lo que le permite articular campañas y mensajes a escala regional. 

Analistas y observatorios de medios señalan que el modelo CNews—una cadena de información continua desplazada hacia el comentario militante, con una presencia masiva de voces reaccionarias— se ha convertido en referencia para otros proyectos mediáticos conservadores en Europa.

En España, la huella de Bolloré es menos visible para el gran público, pero significativa en términos de poder estructural. A través de Vivendi, su grupo se ha convertido en el segundo accionista de Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER, con el 11,8% del capital y presencia en el consejo de administración. Una posición que ha despertado recelos en el Ejecutivo español, que ha puesto límites a nuevos incrementos ante el temor de que el principal grupo de prensa y radio del país quede bajo la influencia de un magnate identificado con una agenda conservadora y una guerra cultural muy del gusto de Santiago Abascal y del ala dura del Partido Popular.

El universo Bolloré llegó a tener en España una participación relevante —en torno al 29%— en Mediaset España, heredada de su alianza con el entorno de Silvio Berlusconi, lo que le otorgaba una palanca adicional en el audiovisual español, pero acabó vendiéndola: la última parte, un residual del 1%, hace apenas tres años.

Más recientemente, el grupo ha reforzado su presencia en el ecosistema político-mediático español mediante la compra, a través de Havas, de la consultora de asuntos públicos Acento Public Affairs, fundada por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas.

Con esa operación, Bolloré se ha asegurado una plataforma de lobby con fuerte implantación en instituciones españolas y europeas, que complementa su posición en Prisa y, según algunos medios, sienta las bases de su enésimo intento de hacerse con la plataforma Movistar Plus+, en manos de Telefónica, en cuyo capital Vivendi ya tuvo una fuerte presencia en el pasado y en la que las decisiones dependen, en última instancia, del Gobierno de turno.

Aunque en España su influencia no ha cristalizado, todo el mundo en el sector de la comunicación da por hecho que, en cuanto la política le facilite las pistas de aterrizaje que necesita, en particular si PP y Vox consiguen hacerse con el Gobierno a partir de 2027, el desembarco de Bolloré estará asegurado. En particular, en medios tan sensibles como El País o la Cadena SER.

El ejemplo más reciente de su poder y de cómo lo ejerce se ha hecho muy visible estos días en pleno Festival de Cannes. En respuesta a un manifiesto público en el que unas 600 personas del sector cinematográfico, agrupadas en el colectivo Zapper Bolloré –algo así como “boicotear a Bolloré”–, denunciaban la influencia cada vez más opresiva del millonario ultraderechista en la creación audiovisual, Canal+, uno de sus principales resortes mediáticos, ha decidido enseñar los dientes. Lo ha hecho a través del director general de la cadena, Maxime Saada, quien ha anunciado que Canal+ dejará de trabajar con quienes suscribieron ese texto.

Una represalia que el sector se ha tomado como una exhibición del poder que Bolloré está dispuesto a ejercer sobre una profesión entera, clave para uno de los pilares de la cultura francesa. La decisión de cortar relaciones con 600 profesionales, aseguran, confirma la inquietud central del manifiesto: que resulta “oficialmente imposible” expresarse contra Bolloré sin exponerse a sanciones profesionales.

El manifiesto que tanto ha enfadado a Bolloré denunciaba “la emprise” –“la influencia”– del multimillonario sobre el cine francés y la progresiva dependencia de buena parte de la profesión del dinero procedente de su grupo. Se publicó después del despido del editor Olivier Nora en Grasset, una de las editoriales más prestigiosas de Francia, hoy integrada en el grupo del ultraderechista. Y de la entrada de Canal+ en el capital de UGC, uno de los grandes circuitos de exhibición cinematográfica de Francia y Bélgica, el tercer operador de salas del país y un actor importante también en producción y distribución que Bolloré tendrá derecho a controlar, según el acuerdo anunciado, a partir de 2028.

Los firmantes —entre ellos nombres tan distintos como Juliette Binoche, Swann Arlaud, Damien Bonnard, Adèle Haenel, Arthur Harari, Raymond Depardon o la directora de fotografía Caroline Champetier— reclaman “romper el silencio insidiosamente impuesto” y alertan contra la uniformización de las películas y la concentración de poder cultural en manos de un multimillonario abiertamente situado en la extrema derecha.

El episodio revela, según Mediapart, socio editorial de infoLibre, las fracturas internas del campo cinematográfico francés frente a la figura de Bolloré. Algunos cineastas y productores presentes en Cannes, como Pierre Salvadori o Dimitri Rassam, se han distanciado del manifiesto y se esforzaron en defender a Canal+ como sostén indispensable de la diversidad del cine francés, al tiempo que minimizaban los riesgos de injerencia ideológica. Las principales organizaciones representativas del sector, como la SRF o el sindicato de productores independientes, rehusaron firmar el texto, alegando que es “inapropiado en el contexto actual” y que los autores “gritan antes de tener dolor”.

Otros profesionales, en cambio, ven en la ofensiva de Bolloré la consecuencia lógica de unas dependencias financieras que “tienen al cine francés cogido por la garganta” y apuestan por reforzar los dispositivos públicos de financiación para limitar el poder disciplinario del capital privado.

La sublevación de una parte del sector audiovisual contra Bolloré tiene lugar apenas a un año de las elecciones presidenciales, en las que las fuerzas de ultraderecha impulsadas por el magnate ultra y su familia tienen muchas posibilidades de hacerse con la jefatura del Estado francés. En gran parte gracias a la “cruzada cultural” que Bolloré ha llevado a cabo y todavía lidera a través de sus medios, sus editoriales y su capacidad de decidir sobre los contenidos audiovisuales del cine francés.

Una cita decisiva que coincide en el tiempo con las elecciones en España, cuyo resultado Bolloré espera con impaciencia.

La derecha tiene todas las de ganar. Mañueco revalidaría su mandato en Castilla y León en las próximas elecciones del 15 de marzo, según el barómetro de 40dB para El País y la Cadena SER. Pero no todo son buenas noticias para el candidato popular. Vox subirá cinco puntos, hasta llegar a los 18 escaños, mientras que el PP se quedaría con los mismos sillones: 31. 

Los del PP tampoco habría conseguido capitalizar una gran caída del PSOE, como parecía que iba a suceder por los últimos resultados en Extremadura y Aragón, en las que tuvieron sus peores resultados históricos. El partido tan solo bajaría dos puntos, de 28 a 26 escaños. 

Resultado: el PP dependería aún más de los de Abascal para conseguir llegar a cualquier acuerdo. Las 1.200 entrevistas con las que ha contado la encuesta asignan a Alfonso Fernández Mañueco un 31,1% de los votos, por lo que sumarían entre 28 y 33 escaños. PP y PSOE tendrían, por lo tanto, una diferencia de 2,7 puntos. 

Vox parte del 17,6% de los votos, logrados en los últimos comicios y conseguiría una subida hasta el 20,8%. Con ello, llegaría a alcanzar entre 16 y 20 escaños frente a los 13 de ahora. La subida es moderada si se compara con los resultados de Extremadura y Aragón. En las primeras consiguieron pasar del 8,13% de los votos a los 16,9% y en las segundas, del 11,24 al 17,84. 

Las izquierdas a la izquierda del PSOE se exponen a quedarse casi sin representación. En los pasados comicios, Izquierda Unida y Podemos concurrieron juntos, algo que no sucederá en esta nueva cita y, por ello, se arriesgan a dividir el voto. Según el barómetro, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo tan solo lograrían el 3,6% de los votos, por lo que solo pueden optar a un escaño (o a ninguno). Podemos-Alianza Verde tampoco tendría mejor suerte y solo lograría un 1,8%. 

Los partidos de ámbito provincial si tendrían mejores resultados. Unión del Pueblo Leonés (UPL) podría conseguir un escaño más, para pasar a los cuatro. Soria ¡Ya! podría mantenerse en sus actuales tres escaños o perder uno y Por Ávila lograría revalidar el único escaño que tienen ahora. 

Desde hace semanas, en los despachos y redacciones del sector de la comunicación español cada vez más personas se preguntan si Prisa está negociando algún tipo de acuerdo con Atresmedia.

No existe constancia pública de ningún pacto, ni publicitario ni empresarial. Pero los indicios se acumulan, y los protagonistas desmienten solo a medias la buena relación que han fraguado los dos grupos empresariales. Fuentes oficiales de Prisa, a preguntas de infoLibre, aseguran que su relación con Atresmedia “es la normal” que tienen “con colegas del sector”. Y que sus proyectos de aquí al año 2029 se resumen en el plan estratégico que la empresa presentó hace unos días. Pero declinaron responder en detalle preguntas directas sobre este asunto.

La expectación es comprensible. Prisa y Atresmedia representan dos culturas editoriales y dos líneas ideológicas que han competido durante décadas. La primera, propietaria de El País y la Cadena SER, ha sido durante generaciones el faro del centroizquierda mediático español. La segunda, con Antena 3, La Sexta, y Onda Cero, ha construido su identidad en coordenadas distintas. Un entendimiento entre ambas —de cualquier naturaleza— tendría implicaciones que van mucho más allá de la cuenta de resultados.

La primera señal de que ese entendimiento, pese a las explicaciones oficiales, va más allá de lo “normal” entre “colegas del sector” es la estrecha relación que han entablado, desde hace tiempo, Joseph Oughourlian, presidente ejecutivo de Prisa, y Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, ha trabado con el hombre fuerte de Prisa una sintonía que varios testimonios califican de cercana y de confianza.

El alcance de esa influencia tendría ya un precedente concreto y significativo. Una fuente con conocimiento directo de la dirección de Prisa atribuye al consejo de Casals la decisión de Oughourlian de cancelar, hace ahora un año, el proyecto de un canal de TDT que el grupo tenía avanzado. Esa cancelación no fue inocua: acabó provocando una ruptura con los accionistas españoles de la empresa, fractura que condicionaría el rumbo posterior de Prisa. Si la versión es cierta, la influencia de Casals sobre el presidente del grupo ha tenido consecuencias corporativas de primer orden.

El segundo indicio de esa especial relación entre grupos aparentemente rivales es más reciente y más concreto. El pasado martes, en un reservado de un lujoso restaurante de Madrid, se reunieron a comer Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia y número dos de su máximo responsable, José Creuheras; Javier Bardají, consejero delegado del grupo; Joseph Oughourlian, presidente de Prisa; y Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, la división que aglutina El País y la Cadena SER.

No es inusual que directivos de grandes grupos mediáticos se reúnan. Lo llamativo es la composición de la mesa: los dos máximos ejecutivos operativos de Atresmedia junto al presidente y la principal gestora de los medios de Prisa. Una reunión de ese nivel no es una visita de cortesía. Y el hecho de que se celebrase en un reservado, lejos de los espacios habituales de representación, añade una capa de discreción que nadie en el sector considera circunstancial.

Hay un tercer elemento, citado por otra fuente consultada por infoLibre, que expresa bien la orientación de Oughourlian. El presidente del grupo propietario de la Cadena SER no oculta su predilección por Carlos Alsina, buque insignia de Onda Cero Radio, propiedad de Atresmedia, en detrimento de Hoy por Hoy, el programa estrella de su propia emisora, dirigido y presentado por Àngels Barceló. Hasta el punto de sintonizar la emisora de Alsina cada mañana.

Para entender el posible significado de estos movimientos hay que situar a Oughourlian en el momento político y empresarial en que se encuentra. Desde la ruptura con los accionistas españoles, el presidente de Prisa ha emprendido un camino de afianzamiento personal en la empresa, a través de un blindaje con el fondo Pimco y rechazando una oferta en firme de ampliación de capital que hubiera dado el control del grupo al empresario Blas Herrero, propietario de Kiss Radio, al que Oughourlian ha llegado a referirse públicamente con desprecio.

El horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo a la continuidad de su actual presidente. El acuerdo alcanzado con Pimco, poseedor de la mayoría de los tramos críticos de deuda, incluye una “cláusula de permanencia” que actúa como un blindaje operativo: cualquier movimiento accionarial destinado a destituir a Oughourlian activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Esta personalización del riesgo crediticio ha trasladado la batalla por el control del grupo a la arena judicial, concretamente al Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid. Accionistas de referencia como Global Alconaba han impugnado formalmente este blindaje, calificándolo de “abuso de derecho” por condicionar la supervivencia de la compañía a la estabilidad de un solo cargo directivo.

Aunque la justicia ha denegado medidas cautelares para evitar un colapso financiero inmediato, el proceso principal sigue vivo y añade un factor de incertidumbre jurídica a las perspectivas del grupo. Hasta 2029, Prisa opera bajo una suerte de “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales.

A estas maniobras se añade el enfriamiento de la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El propio Oughourlian firmó en su día un artículo en el que comparaba al presidente del Gobierno con Franco, texto que cerró definitivamente cualquier puente de entendimiento con La Moncloa. En ese escenario de aislamiento, la búsqueda de un ancla de estabilidad —ya sea publicitaria o de otro tipo— con un grupo del tamaño de Atresmedia adquiere una lógica propia.

Oughourlian, sin embargo, insiste en que no tiene intención de vender ni de despiezar el grupo. En esa línea acaba de presentar un plan estratégico con el que pretende proyectar una imagen de estabilidad y continuidad, al menos, hasta 2030.

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros. Es la segunda cifra más baja que ha tenido el grupo en años, pero sigue siendo alta. De hecho, en 2025 aumentó en siete millones, rompiendo la tendencia de 2024, cuando el grupo logró recortar su endeudamiento en 82 millones de euros, pasando de 832 a 750 millones.

El plan estratégico presentado hace unos días fija dos objetivos que hay que leer conjuntamente para entender la lógica financiera del presidente de Prisa. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo —beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones— de 240 millones de euros anuales. El segundo es que, para entonces, la deuda neta no supere tres veces ese beneficio anual. Aplicando esa ratio al objetivo de beneficio, el techo de deuda implícito en el plan tiene que situarse, en el plazo de tres años, en torno a los 720 millones de euros.

La aritmética resultante es, a primera vista, modesta. Si la deuda actual es de 757 millones y el objetivo para 2029 es estar por debajo de 720 millones, el recorrido neto de reducción que los responsables del grupo se han autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años. Muy lejos de los 82 millones que el grupo redujo en el ejercicio de 2024.

La explicación hay que buscarla en la voluntad de no reducir agresivamente la deuda mediante la venta de activos o el recorte de gastos, sino en hacer crecer el negocio. Lo que quieren cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generación de dinero.

En ese sentido, el plan de Prisa ha sido presentado como una apuesta por el crecimiento del negocio —fundamentalmente digital, con la plataforma educativa Santillana y los activos de audio como vectores principales— más que como un plan de austeridad financiera al uso.

El camino implícito, si se traza una curva lineal entre el punto de partida real y el objetivo declarado, sería una reducción gradual de unos 10 millones de euros anuales: de 757 millones en 2025, pasando por 745 en 2026, 735 en 2027, 725 en 2028, hasta llegar a 715 millones en 2029, ya por debajo del umbral que marca el propio plan. Son cifras orientativas —Prisa no ha publicado objetivos de deuda año a año— pero sirven para visualizar la pendiente que el grupo considera manejable.

Hay dos matices que condicionan todo el escenario. El primero es que la ratio de deuda sobre beneficio operativo solo se sostiene si el beneficio crece de forma efectiva hasta los 240 millones previstos. Desde los niveles actuales, eso implica un crecimiento operativo muy relevante que el plan da por posible pero que el mercado juzgará conforme pasen los ejercicios. El segundo matiz es que el grupo no dedicará todo el flujo de caja generado exclusivamente a amortizar deuda: una parte irá a inversión para sostener precisamente ese crecimiento que hace viable la ecuación.

Lo que el plan de Prisa promete a sus accionistas, y en particular a sus acreedores, es una apuesta por hacer creíble que la transformación digital del grupo no solo es real, sino que, en un escenario de incertidumbre global, generará suficiente valor económico como para resolver por la vía del crecimiento lo que durante años no se pudo resolver por la vía de la reducción de costes.

Si lo consigue, habrá salido de una de las espirales de deuda más largas y complejas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de euros de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.

En cualquier caso, las fuentes consultadas por infoLibre sostienen que Oughourlian es perfectamente consciente de que un giro editorial brusco hacia la derecha de El País y la SER sería catastrófico para ambas marcas y para la audiencia de sus medios. Pero las señales de que algo está cambiando en los márgenes, de forma gradual y aparentemente calculada, se acumulan.

La incorporación de perfiles de derechas en las tertulias de la emisora de radio del grupo, un espacio hasta ahora dominado por voces de centroizquierda, no ha pasado desapercibida. También ha generado comentarios la frecuencia creciente con que los programas y contenidos de las cadenas de televisión de Atresmedia reciben un tratamiento informativo más que favorable en las páginas de El País.

Entre los últimos gestos que han llamado la atención está la decisión de Prisa de autorizar al presentador estrella de Hora 25, Aimar Bretos, uno de sus iconos periodísticos, a estrenar un programa en La Sexta, la emisora progresista de Atresmedia, que desde hace tiempo intenta buscar una fórmula que le permita recuperar la confianza de la audiencia. La periodista Ana Pastor, como propietaria de Newtral, la empresa que ha contratado a Bretos para su nuevo programa en La Sexta, se ha puesto en contacto con infoLibre para desvincular el fichaje de las decisiones empresariales que hayan adoptado o puedan adoptar de Prisa y Atresmedia. 

A muchos en el sector les ha sorprendido también la decisión de abrir el suplemento Ideas de El País, hace apenas unos días, con un artículo firmado por Carlos Rodríguez Braun, catedrático jubilado de Historia del Pensamiento Económico de perfil netamente neoliberal, dedicado a las bondades del liberalismo clásico y a la reducción al mínimo del Estado. La pieza, por su ubicación y su tono, fue interpretada por muchos como una señal de reposicionamiento editorial que pocos esperaban ver en ese espacio.

El interés que suscita un posible alianza entre Prisa y Atresmedia tiene que ver con las implicaciones relevantes para el pluralismo mediático en España. Ambos grupos concentran activos muy influyentes en distintos soportes —prensa, radio, televisión y plataformas digitales— y su aproximación estratégica podría reducir la diversidad real de actores con capacidad de fijar agenda informativa.

Además, existen obstáculos estructurales: algunas de sus marcas compiten directamente en el mismo mercado, como Cadena SER y Onda Cero en la radio generalista, lo que dificultaría una integración operativa plena —aunque el precedente de Antena 3 y La Sexta ofrece, al mismo tiempo, una solución–. Sin embargo, incluso sin una fusión formal, la cooperación en áreas como la comercialización publicitaria, la tecnología o la distribución de contenidos podría generar sinergias significativas y aumentar el poder de mercado del conjunto frente a otros grupos mediáticos.

Desde el punto de vista regulatorio y del pluralismo, el principal riesgo estaría en la concentración de capacidad de influencia informativa y publicitaria en un mercado ya muy concentrado. Las autoridades europeas llevan años alertando sobre este fenómeno en el ecosistema mediático, especialmente en países con pocos grandes operadores nacionales.

En el caso español, donde unos pocos grupos dominan gran parte de la audiencia en televisión, radio y prensa digital, un acercamiento entre Prisa y Atresmedia podría reforzar posiciones dominantes tanto en el mercado publicitario como en la formación de la agenda pública. Por eso, cualquier acuerdo relevante estaría previsiblemente bajo el escrutinio de autoridades de competencia como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y debería cumplir con un marco normativo europeo orientado a proteger el pluralismo y limitar concentraciones excesivas en el sector de los medios.

Con todo, la pregunta más relevante de fondo es qué significaría para la pluralidad informativa española que el grupo propietario de El País y la SER estrechara lazos —de cualquier tipo— con Atresmedia. Y también qué significaría para la independencia editorial de unos medios cuya credibilidad ha descansado históricamente en su distancia de los poderes económicos y en la coherencia de su línea ideológica.

Oughourlian no vende. Eso dice. Pero en el sector hay cada vez más quienes se preguntan si el grupo que preside está cambiando.

Como viene desvelando la investigación de infoLibre ‘Ayuso parte y reparte’, las diferencias en las líneas editoriales de los medios de comunicación se traducen en diferencias en el reparto de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prioriza a los medios afines para invertir dinero público en comprar espacios publicitarios. 

En el caso de las radios, la segunda mayor partida tras la publicidad online, la situación no es diferente. PRISA y Ábside Media, los grupos propietarios de las dos principales emisoras de España —SER y COPE— son los dos a los que más dinero se destina. Pero, a pesar de que las emisoras de PRISA tienen más audiencia, Ábside Media, que es propiedad de la Conferencia Episcopal Española, recibe más dinero.

Tres emisoras del grupo PRISA —Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial— figuran en el reparto de publicidad en radios: la Comunidad de Madrid gastó en ellas 1,26 millones de euros en 2024. Entre las tres sumaban al cierre de 2023 una media de 8,32 millones de oyentes diarios, según el Estudio General de Medios (EGM). Por parte del grupo Ábside Media son cuatro las que se cuelan en la lista —COPE, Cadena 100, Rock FM y MegaStar FM—, con un total de 1,36 millones de euros. En 2023 congregaban entre todas 6,23 millones de oyentes.

A pesar de que las emisoras de PRISA tienen una audiencia que supera en más de dos millones de personas a las de Ábside, el Gobierno autonómico gastó casi 100.000 euros más en las de la Conferencia Episcopal. La predilección del Ejecutivo de Ayuso por las radios de derechas es clara y no beneficia únicamente a la COPE y al resto de estaciones del grupo. De hecho, las que salen mejor paradas en proporción a su audiencia son Radio Intereconomía, del grupo de Julio Ariza, y esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos. Entre los tres grupos se llevan dos de los 4,6 millones que el Gobierno autonómico destinó a publicidad en radio el año pasado.

La COPE recibió el pago individual más elevado en el capítulo de radios del reparto publicitario. De hecho, incluso entre todos los medios, solo hubo seis abonos de mayor cantidad: cuatro a Telemadrid, la gran beneficiada de la publicidad institucional autonómica del año pasado, y dos a la edición internacional de National Geographic. 

El de COPE ascendió a 140.360 euros brutos, de los cuales la cadena finalmente recibió 116.000, tras descontar el IVA. Fue por una campaña para promocionar las villas de Madrid en el programa de Carlos Herrera. Además de cuñas en varias franjas horarias, la campaña incluía "entrevistas y contenidos acordados" con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. infoLibre ha preguntado a la Dirección General de Medios cuáles fueron los contenidos acordados, concepto que también aparece en un pago a Onda Cero de la misma campaña, pero no ha habido respuesta —tampoco sobre el resto de cuestiones que ha planteado este medio a la Comunidad—. Por ello, se desconocen los detalles del acuerdo publicitario, más allá de que el pasado 27 de septiembre Herrera entrevistó en su programa al consejero de Turismo, Mariano de Paco, y estuvieron hablando sobre esas villas madrileñas.

Por la misma campaña, aunque con menos cuñas y sin que se indicara el acuerdo de ninguna entrevista, la SER recibió 85.776 euros netos. Como adelantó infoLibre en la primera entrega de esta serie, los datos de audiencia de las dos principales radios de España, la SER y la COPE, no justifican las diferencias económicas que refleja el reparto de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid.

Mientras que en la cadena del grupo PRISA —9,6% de la audiencia nacional en 2023, según el informe anual de la Asociación para la Investigación en Medios de Comunicación (AIMC), la encargada del EGM— el gasto fue de 861.382 euros, en la COPE —con un 8% de la audiencia— fue de 831.551 euros. Es decir, la Comunidad de Madrid destinó a la principal marca del grupo de la Conferencia Episcopal 10.394 euros por cada décima de audiencia, frente a los 8.973 euros para la cadena SER. 

Pero estas dos grandes emisoras no son el único ejemplo de la diferencia de trato. La misma situación se extiende también a sus marcas temáticas. La cuarta radio con más dinero adjudicado en el reparto es Los 40, estación musical del Grupo PRISA. Con un 7,3% de audiencia en 2023 y una media de 2,69 millones de oyentes diarios, Madrid le asignó 399.374 euros en el último plan de medios, un aumento del 69,81% respecto al año anterior. Aún con la subida, Los 40 sale perdiendo proporcionalmente frente a su gran competidora de Ábside Media: Cadena 100.

Para publicidad en Cadena 100 se destinaron 281.027 euros, un 29,63% menos que a Los 40. Sin embargo, teniendo en cuenta la audiencia, el Gobierno de Ayuso invierte 7.395 euros en Cadena 100 por cada décima de audiencia, una cifra muy por encima de los 5.471 que gasta en Los 40. 

En el resto de radios musicales de ambos grupos sucede lo mismo. A las otras dos de Ábside Media, Rock FM y MegaStar FM, les corresponden 227.293 y 20.939 euros, respectivamente. Combinadas, suman algo más de 1,1 millones de oyentes diarios, mientras que Cadena Dial (PRISA) tiene 1,3 millones de oyentes, pero el reparto le asignó solo 4.153 euros, lo que corresponde a la ínfima cantidad de 119 euros por cada décima de audiencia, la cifra más baja, con muchísima diferencia, de todas las radios con los suficientes oyentes como para aparecer en las estadísticas anuales de la AIMC.

De hecho, la Comunidad de Madrid solo realizó una inserción publicitaria en 2024 en Cadena Dial y se incluyó en su página web, no en las emisiones radiofónicas. Los anuncios fueron para promocionar el concierto que dio por el Día de la Hispanidad el cantante colombiano Manuel Turizo en la Puerta de Alcalá. La misma promoción se insertó también en las mencionadas Cadena 100 y Los 40, pero también en Kiss FM y Europa FM.

En el reparto, detrás de la SER y la COPE, y antes que las marcas musicales de sus respectivos grupos, se sitúa Onda Cero, en la que el gasto fue de 583.412 euros el año pasado. A pesar de su tercera posición en la lista, a la radio del Grupo Planeta le corresponden más fondos que a cualquiera de las del grupo PRISA si se atiende a la proporción por audiencia: 13.568 euros por cada décima de audiencia, una cifra que, salvo las abultadas excepciones de esRadio y Radio Intereconomía, solo supera Radio Marca, propiedad de Unidad Editorial, con 15.248 euros por cada décima de audiencia. 

Europa FM, que, como Onda Cero y el diario La Razón, pertenece al Grupo Planeta, también supera a todas las emisoras de PRISA en relación dinero/oyentes con 188.614 euros asignados y 688.000 oyentes diarios, lo que supone una proporción de 9.927 euros por cada décima de share radiofónico. 

Aun así, el trato preferente que da la Comunidad de Madrid a las emisoras de Ábside Media, Planeta y Unidad Editorial no es el más destacado. En octubre de 2024, Ayuso participó en el 30 aniversario de Radio Intereconomía. La presidenta calificó este medio como "un faro y una luz para tantos". Lo cierto es que la emisora del Grupo Intereconomía es el faro dentro del reparto de la tarta publicitaria de su Gobierno. Ninguna otra radio sale tan beneficiada.

La presidenta, además, destacó en ese acto que el periodismo "no debe someterse a los juegos de poder". Pero no comentó nada sobre que su Gobierno estaba destinando ese año más de 250.000 euros en publicidad institucional a la emisora a pesar de su audiencia marginal.

Radio Intereconomía aumentó sus ingresos del reparto publicitario de la Comunidad de Madrid en un 40,23% respecto a 2023, con una asignación, concretamente, de 252.861 euros. Eso la sitúa como la séptima radio con más publicidad institucional de la lista, a pesar de su 0,1% de audiencia anual, según la AIMC, que ni siquiera recoge su cifra media de oyentes diarios al ser un dato tan bajo. En su caso, para hallar el dinero recibido por cada décima de audiencia ni siquiera hay que hacer una división.

Por otro lado, esRadio, la marca radiofónica del grupo Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, se sitúa como la quinta con más dinero asignado por la Comunidad de Madrid en 2024, con una cantidad de 398.446 euros, casi idéntica a la de 2023. 

Con un porcentaje de audiencia en 2023 del 1,5%, la cifra destinada a esRadio —a la que Ayuso ha concedido al menos tres entrevistas en el último año, la última este mismo 15 de septiembre— supone una asignación de 26.563 euros por cada décima de audiencia, muy superior a la de todas las demás radios de la lista, a excepción de Radio Intereconomía. 

Además, Onda Madrid, que es parte, junto con Telemadrid, de la empresa pública Radio Televisión Madrid —que ha multiplicado sus ingresos por tres respecto a 2023 y se ha convertido en el grupo que más dinero recibe—, aumenta su asignación en un 12,61% hasta los 98.113 euros. La AIMC no mide la audiencia de Onda Madrid, ni en porcentaje ni en media de oyentes diarios, pero atendiendo a los datos históricos, los únicos disponibles, entre 2003 y 2011 la cadena autonómica nunca superó el 0,1% de audiencia. 

Fran Llorente, el que fuera director de los servicios informativos de TVE, ha sido nombrado director Editorial y de Contenidos de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa, según el nuevo organigrama de la compañía anunciado este miércoles.

Pilar Gil, la nueva consejera delegada, no ha tardado ni 24 horas desde su nombramiento, el martes, en anunciar el nuevo organigrama, que apuesta por el talento interno para reforzar su estructura, con el objetivo de simplificarla y darle más agilidad, según un comunicado, que explica que Prisa Media seguirá manteniendo en España dos grandes áreas de negocio (Prensa y Radio y Negocio Audiovisual) y, a nivel global, siete direcciones transversales.

Según el nuevo organigrama, en el área de Radio, Jaume Serra, hasta ahora delegado de Prisa Media en Cataluña, será el director general de Radio y Negocio Audiovisual para España. Serra, que empezó a colaborar en la Ser a los 19 años en Radio Ser Empordà, ha dirigido Radio Lleida, Radio Girona, Radio Barcelona y Ser Catalunya.

De él dependerá Llorente, quien se incorporó a Prisa en 2021 tras su paso por los informativos de TVE, "durante la mejor etapa de la televisión pública", según Prisa. En RTVE dirigió también el área de Nuevos Proyectos, Estrategia e Innovación de RTVE, dando impulso a los contenidos digitales como el Lab RTVE o al canal joven Playz y poniendo en marcha la plataforma RTVE Play.

Ahora ha sido nombrado director Editorial y de Contenidos de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa, un cargo de nueva creación que sustituye al de Montserrat Domínguez, que era directora de contenidos. "Su experiencia, su trayectoria y su visión nos ayudarán a dar el salto definitivo al mundo digital y a convertirnos en una organización que piensa en audiovisual, sin perder el rigor ni la capacidad de enamorar a nuestros usuarios”, subraya el comunicado.

Montserrat Domínguez ha dirigido los contenidos de la Ser durante los últimos cuatro años, desde 2021. Previamente, fue subdirectora de El País entre 2018 y 2021 y directora de El HuffPost desde mayo de 2012. La periodista había entrado a trabajar en Prisa en 2018 para dirigir A vivir que son dos días. La nota de Prisa no menciona la salida de Montserrat Domínguez ni si ocupará alguna nueva posición.

En coordinación con Llorente, Miriam Hernanz se ocupará de la dirección de Prisa Vídeo. Hasta ahora era directora adjunta de contenidos de este área, tras incorporarse al grupo en 2021. Formó parte del equipo fundacional de RTVE Digital, liderando durante una década el Laboratorio de Nuevas Narrativas Audiovisuales. La compañía destaca que su visión dará impulso a nuevos formatos que alcancen a nuevos públicos.

Vanessa Hernández, hasta ahora directora general de Operaciones de Prisa Media, compatibilizará este cargo con la dirección general de Prensa.

En cuanto a las direcciones generales transversales, que dan servicio tanto a España como a América, Ana Ormaechea, periodista y experta en innovación y desarrollo digital, ha sido nombrada directora general de Producto Digital.

Pablo Delgado será el director general de Tecnología & Data mientras que la dirección general de marketing la asume Óscar Ocaña. Por su parte, Ignacio Soto, hasta ahora director general de Cadena Ser, coordinará el plan estratégico, que Prisa Media presentará a la vuelta del verano.

La junta de accionistas de Prisa ha aprobado todos sus puntos del orden del día, con más de un 82% de votos, en una sesión en la que su presidente, Joseph Oughourlian , ha afirmado que no se va a ir de la compañía y dejar "tirados" a los accionistas, al ser preguntado por una posible venta de su participación en el grupo de medios, informa EFE.

La Junta ha aprobado la mayoría de los puntos del orden del día este miércoles, por un 82,69%, exceptuando los referidos a delegar en el consejo de administración la facultad de aumentar el capital o de emitir bonos convertibles en acciones.

En la misma ha habido dos intervenciones, una de ellas por escrito (de la sociedad Aherlow Inversiones, vinculada a los Polanco), y otra verbal, de Adolfo Utor (Balearia), quien le ha reprochado a Oughourlian su gestión en Prisa y ha dicho no compartir el cese de Carlos Núñez, expresidente ejecutivo de Prisa Media y ex consejero delegado de Prisa, y el de José Miguel Contreras, exdirector de Contenidos de la compañía.

Entre otros puntos, se ha aprobado reducir los miembros del consejo de administración de 15 a 14, tras darse por amortizada la vacante que dejó Núñez en éste órgano. Por tanto, el consejo se quedará con 14 miembros, en lugar de 11 como se había anunciado inicialmente en el marco de un proceso de "reestructuración" del citado órgano y de "simplificación del modelo de gestión".

Oughourlian, que ha comparecido ante los medios de comunicación, ha asegurado que no "ha habido ni habrá" una oferta de compra de El País y la Cadena Ser por parte del Grupo Alconaba, al ser preguntado por la apertura de una negociación para la venta de estos medios. "Leo en los digitales que me han hecho una oferta por 400 millones". "Esta gente nunca me ha propuesto nada", ha afirmado.

El Grupo Alconaba es un holding empresarial liderado por el empresario Andrés Varela Entrecanales y al que está vinculado José Miguel Contreras. El nuevo canal de televisión que quería lanzar Alconaba provocó en febrero de este año una "guerra total" en el seno de la compañía, al rechazar Oughourlian que Prisa participara en el concurso para la nueva licencia televisiva. El pulso terminó ganándolo el presidente de Prisa y principal accionista, y acabó con la salida de la compañía de los principales valedores del proyecto televisivo: Contreras y Núñez.

Preguntado por si piensa vender su participación en Prisa, donde tiene casi el 30%, Oughourlian ha afirmado que es el presidente de todos los accionistas, que se debe a sus acreedores y que no se va a ir de la compañía "dejando tirada a toda esta gente". Se ha referido a accionistas, como Vivendi, a los que convenció para que entraran en Prisa, al empresario mexicano Carlos Slim, e incluso al propio Adolfo Utor, de Balearia. "Salir ahora después de haber limpiado la estructura financiera de la compañía, ni me lo planteo", ha dicho el presidente. Oughourlian aspira a que los equipos puedan trabajar en paz, y afirma que se ha quedado "decepcionado y sorprendido" por la actitud de algunos accionistas.

Prisa celebra este miércoles su Junta de Accionistas, que se celebrará marcada por el pulso mantenido en los últimos meses entre sus principales inversores por el control del grupo propietario de El País y la Ser. A las 12.00 está previsto que comience esta sesión, en la que, pese al contexto de discrepancias, se prevé que los puntos salgan adelante y, salvo sorpresas, se espera que se desarrolle con normalidad, según han dicho a EFE fuentes cercanas al grupo.

La reunión de la junta de accionistas se celebrará en un contexto en el que se está a la espera de resolución de una demanda interpuesta por Global Alconaba -que tiene en torno al 7 % del grupo- ante los Juzgados de lo Mercantil por un acuerdo que Prisa adquirió con su principal acreedor, Pimco, para refinanciar la deuda del grupo y por una ampliación de capital por 40 millones -el 10 % del grupo- que se efectuó a finales de marzo.

Global Alconaba acusa al presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, entre otros cometidos, de haber lanzado esta ampliación de capital con el fin de diluir la participación de los accionistas, salvo la de él que se mantiene casi con un 30% del capital, según consta en la demanda que presentaron.

Su participación se mantiene ya que después de la ampliación de capital convirtió bonos que tenía de Prisa en acciones.

Las tensiones dentro de Prisa salieron a la luz el pasado febrero a raíz de que el ya expresidente de Prisa Media Carlos Núñez presentara un proyecto de TV en abierto en el Consejo de Administración, una iniciativa que fue rechazada y que supuso su cese al día siguiente.

A partir de ahí se evidenció la existencia de dos bloques dentro del consejo, uno el encabezado por Oughourlian, fundador de Amber Capital, el primer accionista, y, en segundo lugar, el liderado por Global Alconaba, un grupo de empresarios encabezado por Andrés Varela Entrecanales.

En Prisa, el segundo accionista con más capital es el grupo francés Vivendi, que cuenta con un 11% de las acciones y que de momento no se ha pronunciado sobre a qué bloque apoya, al igual que Rucandio, que controla indirectamente algo más de un 7% del capital y cuyo consejero delegado es Manuel Polanco, uno de los que votó en contra de la ampliación de capital del grupo.

También, figura Adolfo Utor, de Balearia, que roza el 5% del capital, cercano a las tesis de Alconaba, además del banquero y empresario catarí Khalid bin Thani bin Abdullah Al Than, con algo más del 3% de las acciones, y el Banco Santander con el 3,15% de los derechos de voto, quienes no se han pronunciado.

El tener una mayoría en la junta de accionistas implica tener la posición de control en Prisa y el mando de la situación ante una posible venta de la compañía en su conjunto, incluyendo Santillana, o de los medios El País y la Ser, afirman fuentes cercanas a la operación.

Se espera que después de esta sesión se establezca el marco propicio para iniciar negociaciones al respecto, han dicho a EFE algunas fuentes.

Desde hace meses, las especulaciones sobre la existencia de posibles compradores del grupo se ha sucedido, al igual que de posibles precios de venta. Sin embargo, no se ha producido ningún anuncio formal de negociación al respecto.

La Junta de Accionistas de Prisa contempla aprobar la reducción de los miembros del Consejo de Administración de 15 a 14 miembros, sin que se contemple cubrir la vacante en éste órgano de Carlos Núñez, expresidente de Prisa Media.

A la junta de accionistas, entre otros puntos del orden del día, se llevará la facultad de aumentar el capital social de la empresa para los próximos 5 años hasta un 50% y con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, hasta un límite del 20 %, con el fin de poder actuar con más agilidad ante oportunidades del mercado.

El límite de la ampliación de capital es hasta el 50%, igual cuantía que figuraba en la que se aprobó en 2024, que pasa a revocarse.

Además, se prevé llevar la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación de Prisa.

Se mantendrán como consejeros ejecutivos, la directora financiera del grupo, Pilar Gil, y el presidente ejecutivo de Santillana, Francisco Cuadrado.

Primera decisión judicial en la guerra abierta en el grupo Prisa. La titular del Juzgado de lo Mercantil nº18 de Madrid, la magistrada Lucía Martínez, ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por Global Alconaba, representante de la parte española del accionariado y con el 7% de las acciones de la sociedad, en el pleito abierto contra el presidente y primer accionista de la empresa, Joseph Oughourlian. Lo hace al no apreciar razones de urgencia que justifiquen la suspensión de los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de finales de marzo inaudita parte, es decir, sin escuchar a los demandados. La jueza no entra aún en el fondo del asunto, que para Global Alconaba es "lo determinante".

La batalla judicial arrancó la pasada semana, cuando la parte española del accionariado decidió interponer una demanda en la que impugnaban dos de los acuerdos adoptados en el seno del órgano ejecutivo de la empresa propietaria del diario El País y la Cadena Ser. El primero, la ampliación de capital a través de la cual Oughourlian se había asegurado el control de la próxima junta general de accionistas de la sociedad, ya que dicho movimiento reducía el peso de Global Alconaba y otros accionistas minoritarios.

Los demandantes sostienen, en relación a esa ampliación, que no se aportó información suficiente ni se justificó debidamente la exclusión de su derecho de adquisición preferente, una postura que refuerzan alegando que la dilución que también debía haber sufrido el actual presidente se mitiga por la conversión en acciones de sus bonos convertibles, adquiridos a través de dos ampliaciones precedentes.

Además de este movimiento, impugnan también el acuerdo para aprobar el plan de refinanciación de la deuda, denunciando que dos de sus cláusulas evidencian una infracción de los deberes de lealtad y una situación de conflicto de interés.

En la primera decisión de calado en el caso, la magistrada ha decidido rechazar las cautelarísimas solicitadas por los demandantes. "La ausencia de una argumentación rigurosa relativa a este plus de urgencia y la carencia evidente de documentación esencial que, como reconoce el demandante, deberá aportar la demandada, me llevan a desestimar la solicitud y a continuar la tramitación ordinaria de las medidas cautelares", sentencia en su auto.

Ahora, la jueza ha convocado a las dos partes en conflicto a una vista de medidas cautelares el próximo 23 de abril. Los demandantes, no obstante, tienen pocas expectativas de que la magistrada acepte su solicitud. Otra cosa es la cuestión de fondo de la demanda. Eso es, para ellos, "lo determinante". Y tendrá que resolverse en los próximos meses.

La guerra en Prisa continúa. Tras conocerse que la empresa, propietaria entre otros del diario El País y la Cadena Ser, ha convocado una ampliación de capital por un valor de 40 millones con el objetivo de reducir la deuda, promovida por su presidente y primer accionista, Joseph Oughourlian, este jueves, Global Alconaba, representante de la parte española del accionariado y con el 7% de las acciones de la sociedad, ha interpuesto una denuncia contra el dirigente de Prisa y contra dicha ampliación de capital.

Con este movimiento, Oughourlian, enfrentado a este grupo accionarial español, se había asegurado el control de la próxima junta general de accionistas de la sociedad, ya que la ampliación reducía el peso de Global Alconaba y de otros accionistas minoritarios dentro de Prisa. Sin embargo, con esta denuncia, y con otra que presentarán en los próximos días ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas españoles tratan de demostrar que el presidente de Prisa ha abusado de sus atribuciones, en primer lugar con la ampliación de capital y después con una cláusula donde, según los denunciantes, pretende blindar su continuidad en el cargo.

En la demanda, alegan que Oughourlian, con su movimiento, ha tratado de "asegurar su posición de control de la Compañía y hurtar a los accionistas las facultades de nombramiento y de separación de los administradores". En este sentido, igualmente le acusan de "orquestar una serie de maniobras de forma simultánea" cuya finalidad es permanecer al frente de Prisa sin "lealtad hacia el interés de la sociedad y de los accionistas".

A su vez, Global Alconaba denuncia que tuvo conocimiento de la ampliación de capital poco antes de la reunión del consejo del 25 de marzo y en la cual no había derecho de suscripción preferente para los accionistas. "Prisa no puso a disposición de los consejeros la información necesaria sobre la que versó la sesión del Consejo hasta apenas cuatro horas antes de que ésta se celebrara y dispusieron de únicamente media hora desde que se les trasladó el documento sobre la ampliación de capital hasta la celebración de la sesión", señalan.

Así, consideran que no tuvieron tiempo de reaccionar a esa decisión, la cual también consideran contraria a sus intereses, ya que los participantes en la ampliación de capital fueron mayormente personas cercanas a Oughourlian. Además, durante el proceso este transformó sus bonos convertibles en acciones para que su peso en el accionariado no se redujera, manteniéndose en un 30%.

En este sentido, también acusan al máximo accionista de Prisa de caer en un conflicto de intereses: "Ha sido el presidente quien ha participado activamente en la negociación y en las condiciones y los términos de la refinanciación –y así lo ha asegurado él mismo en distintas ocasiones–. Lo anterior constituye un manifiesto conflicto de interés teniendo en cuenta que la cláusula garantiza al presidente que si se le sustituyera de tal posición, el préstamo concedido en virtud de la refinanciación vencería automáticamente. Ello implica que el Presidente se ha asegurado la permanencia en el cargo de la Presidencia del Consejo al menos hasta que la refinanciación sea amortizada íntegramente por Prisa", dice el documento. De este modo, denuncian igualmente que, pese a este conflicto de intereses, Oughourlian nunca se ausentó de la reunión ni de las votaciones donde se estaba decidiendo sobre estos asuntos, aunque sí se abstuvo en ellas, algo que consideran "insuficiente".

Por todo lo expuesto, los denunciantes piden que se declare "la nulidad de los acuerdos" adoptados en la reunión del 25 de marzo de 2025 "relativos a la refinanciación de la Sociedad y al Aumento de Capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada".

Este nuevo episodio de la confrontación entre los diferentes accionistas tiene lugar un mes después de que Prisa anunciara que no optará al nuevo canal de televisión en abierto que prevé licitar el Gobierno y que se centrará en las líneas de negocio que actualmente desarrolla tanto en prensa como en radio, así como en reducir su deuda.

El pasado 25 de febrero, el consejo de administración del grupo analizó el proyecto presentado por el entonces presidente ejecutivo de Prisa Media y consejero ejecutivo de Prisa, Carlos Núñez, –que dimitió un día después– sobre la oportunidad de optar a una nueva licencia televisiva en España, cuando se proceda a su licitación, con el objetivo de lanzar un nuevo canal de televisión.

Sin embargo, ese órgano rechazó dicho proyecto y acordó que el grupo continuaría focalizándose en reducir la deuda y reforzar su posición de liquidez, en línea con los “esfuerzos realizados” en los últimos años.

Con anterioridad, Núñez había afirmado en una entrevista en El País que un canal de televisión sería un paso natural dentro de la estrategia audiovisual del grupo, puntualizando que con ello no se debía comprometer su situación financiera. Al final del año pasado su deuda ascendía a 750 millones de euros, 82 millones menos que en 2023, lo que supone una reducción del 10%.

 El director general del grupo Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, rechazó este miércoles haber recibido presiones o amenazas por parte del Gobierno español o de Telefónica por su participación en el capital del Grupo Prisa.

De Puyfontaine, en una entrevista con EFE, rechazó también que el grupo francés de medios y comunicación quiera controlar Prisa, de cuyo capital tiene actualmente el 11 %. "No tenemos intención de hacernos con el control de Prisa", aseguró.

El alto ejecutivo francés manifestó su incomprensión por la serie de informaciones publicadas en España después de su breve encuentro con el ministro español de Transición Digital, Óscar López, y una reunión posterior con el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ambas en febrero.

De Puyfontaine afirmó que "es falso" que hubiera recibido presiones para que influyeran en la gestión de Prisa, al igual que rechazó que le hubieran amenazado con la no continuidad de los contratos publicitarios de Telefónica con Havas, filial de Vivendi.

"No he recibido amenazas de ningún tipo", aseveró, antes de añadir: "en mi posición, en caso de haber recibido amenazas, habría reaccionado de una forma muy diferente".

Recordó que con López se vio "unos minutos" en una mera toma de contacto "cordial" dentro de los muchos encuentros que mantuvo durante la Cumbre sobre Inteligencia Artificial que se desarrolló en París el 10 y el 11 de febrero. "No he tenido contactos ulteriores con el Gobierno", recalcó.

Sí detalló que mantuvo una reunión de trabajo con Murtra, como nuevo presidente de Telefónica, ya que mantienen "una estrecha colaboración desde hace muchos años".

"Tuvimos una conversación muy valiosa sobre el futuro de nuestra relación, incluido el trabajo que Havas ha realizado para Telefónica a lo largo de los años", añadió.

A pesar de todo, lamentó que "hubo muchas interpretaciones sin justificación" a esos contactos. "Soy un empresario que no quiere estar asociado a situaciones políticas de ningún tipo. Políticamente, soy agnóstico", insistió.

Sobre Prisa, recalcó el interés de Vivendi en trabajar en el seno del grupo español de medios "por su proyecto empresarial", con la mentalidad de desempeñar "el papel maduro de un inversor maduro" en líneas con sus objetivos empresariales dentro del potencial de la compañía.

Vivendi tiene actualmente el 11 % del capital de Prisa y puede, según los estatutos, alcanzar el 15 %, aunque el directivo no entró en si podrían llegar a hacerlo. "Para mi, no cambiaría nada", dijo. Lo que sí dejó claro es que no tienen intención de hacerse con el control del grupo español.

De Puyfontaine no aclaró si apoyan la continuidad de Joseph Oughourlian como presidente no ejecutivo de Prisa y tampoco avanzó qué posición podrían tomar en la próxima asamblea general de accionistas.

Sobre la posibilidad de que Prisa lanzara un canal de televisión, pareció posicionarse en contra de manera indirecta al señalar que, después de toda una vida en el sector de los medios, es consciente de que "se trata de proyectos que requieren una gran inversión de capital y que son más que inciertos".

"La prioridad de las prioridades es, ante todo, poder garantizar la sostenibilidad y la solidez" de Prisa, cuya situación financiara, aunque ha mejorado "sigue siendo frágil", debido a su deuda, recalcó.

Vivendi mantiene también un 1 % del capital de Telefónica. Preguntado sobre el futuro de esa participación, De Puyfontaine recordó que las telecomunicaciones "ya no forman parte del negocio principal" de su grupo, centrado en medios, comunicación y el negocio editorial, por lo que están en un "proceso de reflexión" sobre su continuidad en el sector.

En este sentido, recordó que el pasado sábado se oficializó la venta del 15 % de las acciones de Telecom Italia a Poste Italiene. El grupo francés aún mantiene un 2,51 % del capital del operador italiano.

Además de en Prisa, Vivendi está presente en España con la empresa publicitaria Havas, la editorial Anaya, la productora audiovisual Bambú, el estudio de videojuegos Gameloft Barcelona o la cadena de tiendas Relay en estaciones o aeropuertos, entre otros negocios.

De Puyfontaine aseguró que están "muy interesados" en explorar otras posibilidades de ampliar su presencia en el país.

Los consejos de administración de Prisa Media y El País han aprobado el nombramiento de Joseph Oughourlian como nuevo presidente de El País, según publica este domingo el periódico en su portada, informa EFE. La vicepresidenta de Prisa, Pilar Gil, desempeñará las funciones de consejera delegada del diario.

Oughourlian era ya el presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, propietario de El País y la Cadena Ser, desde febrero de 2021. Como nuevo presidente del periódico sustituye a Carlos Núñez, que era presidente y consejero delegado de El País y dimitió como presidente ejecutivo de Prisa Media el pasado mes de febrero.

Joseph Oughourlian es fundador y consejero delegado del fondo de inversión Amber Capital y desde hace cuatro años presidente no ejecutivo del grupo español de comunicación Prisa. A través de Amber Capital, es el mayor accionista de Prisa. Consejero del grupo de comunicación español desde 2015, pasó a ser vicepresidente en 2019 y en diciembre de 2020 presidente interino, tras la destitución de Javier Monzón.

Abrumado por el carrusel histórico-tremebundo que nos ha tocado vivir, esta mañana me dije: voy a leer el Huffington Post, necesito que alguien me lo explique despacito. En portada, dos noticiones. En una banda roja («En directo»), dice: “El avión del juicio final emprende vuelo en plenas negociaciones de paz: radares detectan una trayectoria inesperada”. ¡Caramba! Debajo, en una foto tomada por su peor enemigo, un retrato del mismísimo Vladimir Putin ilustraba un titular sensacional: «Ajo y tregua». Subtitulando, en tipografía Georgia, alguien se había molestado en aclarar el jeroglífico: el moscovita estaba esperando a que Trump le explicase sus acuerdos con Kiev.

Fascinado por esta pulcritud informativa, me entregué a las veleidades de la chispeante cabecera de Prisa, un grupo que enseña y entretiene. En su sección de destacados («Lo + del día»), encontré algunas perlitas que no me resisto a compartir. En la ristra últimas horas, una aparecía destacada con un redondel rojo: «Un pueblo español de 63 habitantes se convierte en el mayor exportador de bombas para Ucrania». No les sorprenderá que clicase como un miura al que le abren chiqueros. ¡Atención! En la noble villa burgalesa de Quintanilla Sobresierra, en el Páramo de Masa, hay una planta armamentística. ¿Brigadas internacionales? ¿Un agrupación gerontorrural que le pasa la pensión a Zelenski para que se compre unos misilitos sin que se entere su madre? Lo siento, no nos queda.

Decepcionado, vuelvo a «lo +», a ver si con la siguiente. Me debato entre dos opciones: «El dueño de un restaurante acude a comisaría para denunciar una cancelación de dos mesas a última hora» o «Confirman un choque de masas de aire parecido al de Filomena y la AEMET avisa con tiempo del golpe». Como me preocupa más el advenimiento de una glaciación que las singulares aventuras del hostelero airado, pincho en la segunda. Podemos respirar tranquilos: «Meteored matiza que estamos en primavera (meteorológica) y los efectos serán muy diferentes». Carajo, cuánto sobresalto estéril.

Un scroll un poco brusco me lleva a la sección de «destacados». La parrilla contiene ocho noticias (ejem) tildadas todas de «viral». Euprepio Padula (el más molón de la historia) da «una respuesta tajante» a Santiago Segura; Niño Becerra anuncia el décimo colapso económico de esta semana; Movistar alerta a sus clientes de algo que se obvia en el titular, en León, un café le sale muy caro a alguien; se monta un lío por un chocolate en el Mercadona, un vecino enfadado ha puesto un cartel en su portal y uno de los Gomaespuma ha respondido a Mario Vaquerizo.

Me propongo, como cruzada personal, encontrar al menos una noticia sin trampas en la portada de este respetable diario. ¡Un justo en Sodoma! En la sección de «actualidad» (¿qué será lo demás?) hallo un par de titulares bien formulados. Pincho en uno sobre la retirada de las tropas ucranianas en la región de Kursk y la alegría se disipa en un santiamén: es un corta y pega de EFE. Las de política nacional, tres cuartos de lo mismo: más agencias. Ay. Me sobresalta un ripio entre tantísimo rigor sobrevenido: «Un hombre prohíbe a los deshollinadores entrar en su casa y la negativa conduce a una operación policial a gran escala». Entradilla: «El descubrimiento provocó soprendió (sic) a las autoridades». La firma «Redacción HuffPost» (ya decía yo): el tipo cultivaba marihuana, ya ves tú.

Por cierto, el avión del juicio final no es un jinete del apocalipsis, sino una aeronave de la aviación estadounidense preparada para soportar ataques nucleares. Lo bautizaron «Doomsday» («Apocalipsis» en la lengua de Cervantes) porque los yanquis son unos flipados. Casi tanto como los editores del Huff.

El pulso interno en el Consejo de Administración del grupo Prisa, a raíz de la aspiración a un nuevo canal de televisión, tiene en las últimas horas sus primeras consecuencias en el organigrama de la empresa. El presidente ejecutivo de Prisa Media y consejero ejecutivo de Prisa, Carlos Núñez, ha dimitido este miércoles de sus cargos un día después de que el consejo de administración del grupo, propietario de El País y la Cadena Ser, rechazara concurrir a una futura licitación de un canal de televisión en abierto. El consejo de administración ha aceptado su dimisión, según ha comunicado Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, el órgano de gobierno de Prisa ha acordado proponer a la próxima junta de accionistas la reducción del número de consejeros de 15 a 11. Carlos Núñez siempre se había posicionado a favor del proyecto de una nueva licencia de TDT que aprovechara las sinergias de El País y la Cadena Ser con el objetivo de impulsar una televisión de línea editorial progresista.

Joseph Oughourlian, fundador Amber Capital y principal accionista del Prisa con un 29,5%, anunció en la reunión del consejo de administración de este martes la "renuncia" a participar en el concurso para una nueva licencia de televisión, y la decisión de centrar todos los esfuerzos en continuar reduciendo la deuda apalancada, que hoy asciende a 750 millones de euros. Oughourlian hizo ese anuncio contra el criterio de otros accionistas y directivos de Prisa, que llevan meses trabajando en el proyecto de ese nuevo canal de televisión cuyo concurso está previsto que se abra en las próximas semanas.

Fuentes del mismo consejo de administración aseguran a infoLibre que "la guerra solo acaba de empezar". Los impulsores del proyecto audiovisual, cuyo esqueleto de contenidos está muy avanzado, han iniciado contactos con el resto de accionistas de Prisa para constatar su posición y, en el caso de que se confirmen los apoyos recabados hasta ahora, sería en la junta de accionistas prevista para junio donde se dirimiría el pulso sobre ese proyecto de televisión y, por ende, una recomposición del accionariado de la compañía. "Oughourlian ha desatado la guerra total contra una parte de su propio equipo", destacaba otra fuente de la dirección de Prisa.

La primera consecuencia ha sido la salida de Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media, que hace sólo diez días anunciaba a través de una entrevista en El País: "Con nuestro desarrollo audiovisual, lo natural es lanzar una televisión". El reposicionamiento de Oughourlian, que no ha pillado por sorpresa a quienes venían percibiendo su oposición al proyecto, no ha dejado margen a Núñez para la continuidad, pese a que, desde el punto de vista de la gestión de Prisa, fuentes de su dirección reconocen que ha sido el principal autor de la mejora clara de resultados de la compañía, especialmente en El País y la Cadena Ser. Uno de los factores condicionantes del grupo de comunicación, su fuerte endeudamiento, se ha situado en el nivel más bajo en 20 años. 

Joseph Oughourlian, en una entrevista que publica este miércoles Expansión, diario económico perteneciente a Unidad Editorial, ya avanzó que el consejo de administración del grupo haría "una reflexión en los próximos días" sobre la continuidad de algunos directivos. Según Oughourlian, "un grupo de accionistas de Prisa" había propuesto al consejo "un proyecto de televisión que no ofrecía garantías", ya que contaba "con una financiación de solo 20 millones". En su opinión, en una cadena de televisión esa cifra "da para apenas cinco minutos". “Soy un accionista muy exigente –añade–, a mí me gusta tejer relaciones con los directivos, con los gestores de largo plazo. Al mismo tiempo, si la gente no cumple o no hace el desarrollo previsto, pues tendrán que buscarse otro puesto”.

Oughourlian, además, ha enviado este miércoles un correo electrónico a los trabajadores en el que les comunica la decisión de Prisa de no concurrir al concurso para una nueva licencia de televisión "tras haber llegado a la conclusión de que no es lo más adecuado para el futuro de nuestro Grupo" y que la apuesta en este momento es centrarse en las actuales líneas de negocio dentro de Prisa Media. Tras destacar los logros obtenidos por Carlos Núñez en su gestión, asegura que hará "todo lo que esté en mi mano para garantizar el futuro de Prisa".

Escribo este texto para dar testimonio de un ejemplo singular de compromiso político y capacidad profesional. Y también de una amistad muy grande que se extendió a lo largo de 41 años. Conocí a Miguel Barroso en 1983. Había militado en Bandera Roja, colaboró en El Viejo Topo y fue redactor de información nacional en el diario El País. Procedente del diario, se incorporó al Ministerio de Educación y Ciencia, primero como jefe de prensa y, posteriormente, como jefe del gabinete a partir de 1986. Mi última conversación con él fue el 27 de noviembre de 2023, cuando nos intercambiamos comentarios sobre un texto de El País. A lo largo de esas cuatro décadas, Miguel Barroso me impresionó siempre por una aguda inteligencia, una viveza incansable y un inmenso encanto personal.

Desde su puesto en el ministerio ejerció una influencia importante en decisiones sobre la política educativa. Ayudó a defender la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Ley de Reforma Universitaria, la Ley de la Ciencia. Durante su período en el ministerio, la proporción del gasto público en educación respecto del gasto público total pasó de representar un 8,03% a un 10%. El número de becarios se multiplicó por 2,81% en las universidades y por un 2,10% en las enseñanzas medias. Se crearon 14.828 unidades escolares nuevas en centros públicos, y se pusieron en marcha programas de educación compensatoria (de ayuda a colectivos desfavorecidos) y de educación especial (de ayuda a alumnos con particulares necesidades).

Ayudó en la preparación del libro La Reforma de la Enseñanza (1984). También en el desarrollo del Congreso de Intelectuales organizado por Ciprià Ciscar y Ricardo Muñoz Suay y celebrado en Valencia el 15 de junio de 1987. El congreso pretendía rendir homenaje al Congreso de Intelectuales Antifascistas que tuvo lugar en 1937. Acudí a él, y también lo hicieron Jorge Semprún, Joan Fuster, Juan Goytisolo, Manuel Vázquez Montalbán, Josep M. Ferrater Mora, Mario Vargas Llosa, Norberto Bobbio, José Manuel Caballero Bonald, Guillermo Cabrera Infante o Daniel Cohn-Bendit.

La influencia política de Miguel Barroso se extendió mucho más allá. Su contribución fue muy grande en la inesperada victoria del PSOE en 1993, tras ir cuatro puntos por detrás en intención de voto y devaluar el Gobierno socialista la peseta en un 4% en vísperas electorales. Tras la estrepitosa derrota de Felipe González por José María Aznar en el primer debate televisado de la campaña, sin que nadie se lo hubiera encargado, Felipe González me pidió ayuda para preparar el segundo debate. Acudí a Miguel Barroso y a José Miguel Contreras, porque su contribución era imprescindible. De esta forma, tras una intensa preparación, en el segundo debate celebrado el 31 de mayo de 1993, Felipe González se impuso de forma contundente a Aznar. El éxito de ese debate aumentó en cerca de cuatro puntos el voto socialista.

Miguel Barroso siguió siendo un asesor fundamental para los siguientes dirigentes socialistas. Así sucedió con Joaquín Almunia como secretario general del PSOE entre 1997 y 2000. De cara a las elecciones generales del año 2000, Almunia decidió introducir en el seno del partido elecciones primarias, de forma que el candidato socialista no fuera designado por organismos internos del partido (Comisión ejecutiva, Comité federal o Congreso nacional) sino por los afiliados del partido. La iniciativa fue muy audaz.

Comenté la estrategia de Almunia en un artículo en El País, titulado El valor de Almunia. Intentaba dar una respuesta a críticas bastante extendidas respecto de los procesos de oligarquización de los partidos políticos. Se argumentaba que las agrupaciones, como aquellas de organización territorial, habían ido languideciendo. Que la información y la influencia interna de los militantes era escasa. Se recordaba el artículo 6 de la Constitución, que definía a los partidos como “instrumento fundamental para la participación política”, y señalaba que habían de tener una “estructura interna y funcionamiento [que] deberán ser democráticos”. Es cierto que las elecciones primarias multiplican la influencia y el peso de los afiliados. Dijo una vez Willy Brandt que “los problemas de la democracia se curan con más democracia”. La decisión de Almunia fue una respuesta en esa dirección, audaz y valiente. La elección del candidato a la presidencia del Gobierno mediante primarias abiertas a todos los afiliados es el sistema actualmente vigente. Sin embargo, no existen soluciones mágicas. Las primarias son, en efecto, un proceso muy movilizador mientras dura el proceso de selección. Sin embargo, con posterioridad a la elección pueden dar lugar a una gran concentración de poder, con reducidos pesos y contrapesos. Manuel de la Rocha escribió el 18 de octubre de 2024 un artículo en El País titulado PSOE: los límites de la democracia partidaria. Siendo un firme partidario de las primarias, avisa de los riesgos de reducción del debate interno, de concentración de poder y de reducción de contrapesos internos. Es oportuno examinar la Ley de Partidos Políticos de 2002, elaborada por el gobierno de José María Aznar, para pensar en posibles reformas que promuevan una mayor democracia interna en los partidos.

Miguel Barroso ayudó a Joaquín Almunia en la campaña y en las relaciones de colaboración entre el PSOE e Izquierda Unida, liderada por Francisco Frutos. Su colaboración estaba guiada por lo que Joaquín Almunia calificó como una “causa común”: en palabras de Almunia, “la izquierda, los progresistas, tenemos que hacer causa común para superar nuestra división y representar a una sociedad que mayoritariamente es progresista y no quiere seguir en manos de la derecha”.

Miguel Barroso no pudo ayudar a Joaquín Almunia en la preparación de algún debate con José María Aznar en las elecciones generales del año 2000 porque éste se negó a debatir, privando a los ciudadanos de información política. Aznar ocupaba la presidencia del Gobierno y no quería correr riesgo alguno. Consiguió conservar el poder, obteniendo un 44, 5% de los votos, frente al 34,1% del PSOE y el 5,4% de Izquierda Unida. La clave del resultado fue un extenso voto exonerativo por parte del electorado femenino y de edad madura (que exculpaban al Gobierno de turno de responsabilidades por los problemas del momento). Como resultado de esas elecciones, en un gesto ejemplar, Joaquín Almunia dimitió como secretario general del PSOE.

Miguel Barroso fue un asesor importante en los sucesivos gobiernos socialistas. Así sucedió con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que fue amigo personal. Con él fue secretario de Estado de Comunicación en los años 2004 y 2005. En ese periodo consiguió la aprobación de las licencias de las cadenas televisivas La Sexta y Cuatro, así como de la ley de 2006 que contribuyó a despolitizar la televisión (los presidentes de la radio y televisión públicas pasaron a ser elegidos por el Parlamento). Asimismo, consiguió aprobar el Estatuto de la Redacción de la Agencia EFE, que reforzó la independencia de los periodistas. Ayudó a José Luis Rodríguez Zapatero en su debate televisivo de febrero de 2008 contra Mariano Rajoy, seguido por 13 millones de ciudadanos. El debate influyó mucho en la victoria electoral que dio lugar al segundo periodo de gobierno socialista con Rodríguez Zapatero.

Miguel Barroso siguió apoyando al gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. A lo largo de cuatro décadas fue un asesor político fundamental con los tres presidentes socialistas. Pero su profesión se situaba fuera de la política: era un profesional de la información y la comunicación. Por ello dejó la Secretaría de Estado y volvió a su profesión. Trabajó para Hispasat, fue director general de la filial de la FNAC en España y, posteriormente, director internacional de Comunicación y Marketing de la empresa en París. Trabajó también para Young&Rubicam, primero en España, posteriormente en Centroamérica y el Caribe. Y en marzo de 2021 pasó a ser consejero de PRISA y vocal de su consejo de administración.

Tuve una profunda amistad con él. A lo largo de los años posteriores, tuvimos frecuentes reuniones y almuerzos, los dos solos o acompañados de José Miguel Contreras. Quedábamos en el Café Gijón de Madrid, en la Librería La Central cerca de Callao, en el restaurante Di Maria de Ópera. A lo largo de su vida, su compromiso político fue constante. Comentábamos la política, los escritos o las entrevistas. Artículos publicados en El País, en infoLibre, en El Español, entrevistas en televisión o conferencias públicas. Discutíamos versiones falsas del debate entre González y Aznar en la campaña electoral de 1993. Lamentamos el insuficiente recuerdo de Ernest Lluch, el gran ministro e intelectual socialista. Me escribía que era “extravagante y desconcertante ver a Felipe y Guerra en esas actitudes”, “¿has visto el acto de presentación del libro de Guerra por González en El Ateneo este jueves?”, “el colmo es pedir un referéndum sobre la amnistía y decir que se arrepiente de haberlo convocado sobre la OTAN”, “¿se arrepiente del indulto al general Alfonso Armada?”.

Su vida fue, tristemente, demasiado corta. Pero a lo largo de los años mostró afectos profundos a sus amigos, lealtades perdurables, una aguda inteligencia, una inmensa capacidad profesional y un compromiso ejemplar con sus principios e ideas.

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José María Maravall es sociólogo y fue ministro de Educación y Ciencia entre 1982 y 1988

Salta la noticia: El País estrena, en exclusiva y para suscriptores premium, un impagable testimonio de la vida monclovita. Moncloa: cuatro estaciones. Viva Vivaldi. El periódico más leído de nuestra nación dedica una amplia entrevista a su réalisateur, Curro Sánchez Varela, en la que desgrana su currículo: un documental de Paco de Lucía (su padre), otro de Malú (su prima) y otro de Curro Romero (parentesco por determinar). «Se había convertido en un documental maldito», asegura el redactor, «que nadie se atrevió a emitir». Por algo sería.

Avance de minuto y medio. La cámara entra en las suntuosas salas del palacio de la presidencia. Dos empleados extienden, con gran alharaca, un mantel blanco sobre una mesa redonda. Voz en off sobre el trasiego del personal doméstico: «Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona». Cara del asesor parlante; retratos de Zapatero y Aznar pésimamente iluminados. Musiquilla de piano. «Pues sí que es verdad que la primera vez impresiona», comenta una zagala. Impactantes declaraciones. Unos criados sirven la mesa. Escena de Pedro Sánchez metiéndole prisa a los ministros: mira el reloj y exclama, «venga, vamos a empezar». Escenas de ayudantes explicándose cosas que ellos ya saben, pero para que las entienda el espectador. «En una semana… lo que ha avanzado esto». Ay va, la virgen. Llevan casco de obra y chaleco reflectante: no les falta un perejil. Una señora, con los brazos cruzados, mira ceñudamente por la ventana. Alguien explica el importantísimo papel de «los sherpas»: la avanzadilla presidencial. En un televisor de mentira, salen unos montañistas trepando el Everest. Vuelve Sánchez: los personajes se saben grabados y actúan regular. Más ayudantes declarando a cámara lo imprescindible y trascendental que es su trabajo. Un empleo adrenalínico. El presidente, en off: «A veces pienso que me conocen mejor que yo a mí mismo». Un señor calvo se sincera ante el documentalista: «Tenemos que saber lo que vale cada día, y cada día que estamos aquí vale un mundo». Ay, que me emociono.

¿Primer capítulo? El 20 de octubre. ¡Mañana! Me carcome la emoción, me mina el entusiasmo. ¿Qué reveladoras confidencias nos tendrá reservado este valeroso producto audiovisual? ¿Cuáles serán los motivos que han impedido su emisión hasta hoy? ¿Veremos al presidente cortándose las uñas de los pies? ¿Se descubrirá que la oposición ha sobornado al cocinero para que escupa en la sopa? Un país está pendiente del curso de estas revelaciones. ¿Quién le plancha los calzoncillos a Pedro Sánchez? ¿Cuál es su helado favorito? Los asesores, ¿nacen o se hacen? ¿Saldrá Ábalos apurándose un pitillo antes de esconderse en la bodeguilla del presidente González?

Lo que hubiese dado por estar en la reunión en la que los jefazos de PRISA decidieron que El País debía (¡debía!) ofrecer este largometraje a la opinión pública. «Pero si está maldito», avisó un consejero. «El espíritu de Polanco nos protege», sentenció otro.

Voy a comprar palomitas. Mientras tanto, repasaré la sección de nacional, que no me he enterado bien del asunto del fiscal general. La verdad es que, visto lo visto, no tengo motivos para desconfiar del posicionamiento editorial.