La derecha tiene todas las de ganar. Mañueco revalidaría su mandato en Castilla y León en las próximas elecciones del 15 de marzo, según el barómetro de 40dB para El País y la Cadena SER. Pero no todo son buenas noticias para el candidato popular. Vox subirá cinco puntos, hasta llegar a los 18 escaños, mientras que el PP se quedaría con los mismos sillones: 31. 

Los del PP tampoco habría conseguido capitalizar una gran caída del PSOE, como parecía que iba a suceder por los últimos resultados en Extremadura y Aragón, en las que tuvieron sus peores resultados históricos. El partido tan solo bajaría dos puntos, de 28 a 26 escaños. 

Resultado: el PP dependería aún más de los de Abascal para conseguir llegar a cualquier acuerdo. Las 1.200 entrevistas con las que ha contado la encuesta asignan a Alfonso Fernández Mañueco un 31,1% de los votos, por lo que sumarían entre 28 y 33 escaños. PP y PSOE tendrían, por lo tanto, una diferencia de 2,7 puntos. 

Vox parte del 17,6% de los votos, logrados en los últimos comicios y conseguiría una subida hasta el 20,8%. Con ello, llegaría a alcanzar entre 16 y 20 escaños frente a los 13 de ahora. La subida es moderada si se compara con los resultados de Extremadura y Aragón. En las primeras consiguieron pasar del 8,13% de los votos a los 16,9% y en las segundas, del 11,24 al 17,84. 

Las izquierdas a la izquierda del PSOE se exponen a quedarse casi sin representación. En los pasados comicios, Izquierda Unida y Podemos concurrieron juntos, algo que no sucederá en esta nueva cita y, por ello, se arriesgan a dividir el voto. Según el barómetro, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo tan solo lograrían el 3,6% de los votos, por lo que solo pueden optar a un escaño (o a ninguno). Podemos-Alianza Verde tampoco tendría mejor suerte y solo lograría un 1,8%. 

Los partidos de ámbito provincial si tendrían mejores resultados. Unión del Pueblo Leonés (UPL) podría conseguir un escaño más, para pasar a los cuatro. Soria ¡Ya! podría mantenerse en sus actuales tres escaños o perder uno y Por Ávila lograría revalidar el único escaño que tienen ahora. 

Desde hace semanas, en los despachos y redacciones del sector de la comunicación español cada vez más personas se preguntan si Prisa está negociando algún tipo de acuerdo con Atresmedia.

No existe constancia pública de ningún pacto, ni publicitario ni empresarial. Pero los indicios se acumulan, y los protagonistas desmienten solo a medias la buena relación que han fraguado los dos grupos empresariales. Fuentes oficiales de Prisa, a preguntas de infoLibre, aseguran que su relación con Atresmedia “es la normal” que tienen “con colegas del sector”. Y que sus proyectos de aquí al año 2029 se resumen en el plan estratégico que la empresa presentó hace unos días. Pero declinaron responder en detalle preguntas directas sobre este asunto.

La expectación es comprensible. Prisa y Atresmedia representan dos culturas editoriales y dos líneas ideológicas que han competido durante décadas. La primera, propietaria de El País y la Cadena SER, ha sido durante generaciones el faro del centroizquierda mediático español. La segunda, con Antena 3, La Sexta, y Onda Cero, ha construido su identidad en coordenadas distintas. Un entendimiento entre ambas —de cualquier naturaleza— tendría implicaciones que van mucho más allá de la cuenta de resultados.

La primera señal de que ese entendimiento, pese a las explicaciones oficiales, va más allá de lo “normal” entre “colegas del sector” es la estrecha relación que han entablado, desde hace tiempo, Joseph Oughourlian, presidente ejecutivo de Prisa, y Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, ha trabado con el hombre fuerte de Prisa una sintonía que varios testimonios califican de cercana y de confianza.

El alcance de esa influencia tendría ya un precedente concreto y significativo. Una fuente con conocimiento directo de la dirección de Prisa atribuye al consejo de Casals la decisión de Oughourlian de cancelar, hace ahora un año, el proyecto de un canal de TDT que el grupo tenía avanzado. Esa cancelación no fue inocua: acabó provocando una ruptura con los accionistas españoles de la empresa, fractura que condicionaría el rumbo posterior de Prisa. Si la versión es cierta, la influencia de Casals sobre el presidente del grupo ha tenido consecuencias corporativas de primer orden.

El segundo indicio de esa especial relación entre grupos aparentemente rivales es más reciente y más concreto. El pasado martes, en un reservado de un lujoso restaurante de Madrid, se reunieron a comer Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia y número dos de su máximo responsable, José Creuheras; Javier Bardají, consejero delegado del grupo; Joseph Oughourlian, presidente de Prisa; y Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, la división que aglutina El País y la Cadena SER.

No es inusual que directivos de grandes grupos mediáticos se reúnan. Lo llamativo es la composición de la mesa: los dos máximos ejecutivos operativos de Atresmedia junto al presidente y la principal gestora de los medios de Prisa. Una reunión de ese nivel no es una visita de cortesía. Y el hecho de que se celebrase en un reservado, lejos de los espacios habituales de representación, añade una capa de discreción que nadie en el sector considera circunstancial.

Hay un tercer elemento, citado por otra fuente consultada por infoLibre, que expresa bien la orientación de Oughourlian. El presidente del grupo propietario de la Cadena SER no oculta su predilección por Carlos Alsina, buque insignia de Onda Cero Radio, propiedad de Atresmedia, en detrimento de Hoy por Hoy, el programa estrella de su propia emisora, dirigido y presentado por Àngels Barceló. Hasta el punto de sintonizar la emisora de Alsina cada mañana.

Para entender el posible significado de estos movimientos hay que situar a Oughourlian en el momento político y empresarial en que se encuentra. Desde la ruptura con los accionistas españoles, el presidente de Prisa ha emprendido un camino de afianzamiento personal en la empresa, a través de un blindaje con el fondo Pimco y rechazando una oferta en firme de ampliación de capital que hubiera dado el control del grupo al empresario Blas Herrero, propietario de Kiss Radio, al que Oughourlian ha llegado a referirse públicamente con desprecio.

El horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo a la continuidad de su actual presidente. El acuerdo alcanzado con Pimco, poseedor de la mayoría de los tramos críticos de deuda, incluye una “cláusula de permanencia” que actúa como un blindaje operativo: cualquier movimiento accionarial destinado a destituir a Oughourlian activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Esta personalización del riesgo crediticio ha trasladado la batalla por el control del grupo a la arena judicial, concretamente al Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid. Accionistas de referencia como Global Alconaba han impugnado formalmente este blindaje, calificándolo de “abuso de derecho” por condicionar la supervivencia de la compañía a la estabilidad de un solo cargo directivo.

Aunque la justicia ha denegado medidas cautelares para evitar un colapso financiero inmediato, el proceso principal sigue vivo y añade un factor de incertidumbre jurídica a las perspectivas del grupo. Hasta 2029, Prisa opera bajo una suerte de “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales.

A estas maniobras se añade el enfriamiento de la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El propio Oughourlian firmó en su día un artículo en el que comparaba al presidente del Gobierno con Franco, texto que cerró definitivamente cualquier puente de entendimiento con La Moncloa. En ese escenario de aislamiento, la búsqueda de un ancla de estabilidad —ya sea publicitaria o de otro tipo— con un grupo del tamaño de Atresmedia adquiere una lógica propia.

Oughourlian, sin embargo, insiste en que no tiene intención de vender ni de despiezar el grupo. En esa línea acaba de presentar un plan estratégico con el que pretende proyectar una imagen de estabilidad y continuidad, al menos, hasta 2030.

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros. Es la segunda cifra más baja que ha tenido el grupo en años, pero sigue siendo alta. De hecho, en 2025 aumentó en siete millones, rompiendo la tendencia de 2024, cuando el grupo logró recortar su endeudamiento en 82 millones de euros, pasando de 832 a 750 millones.

El plan estratégico presentado hace unos días fija dos objetivos que hay que leer conjuntamente para entender la lógica financiera del presidente de Prisa. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo —beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones— de 240 millones de euros anuales. El segundo es que, para entonces, la deuda neta no supere tres veces ese beneficio anual. Aplicando esa ratio al objetivo de beneficio, el techo de deuda implícito en el plan tiene que situarse, en el plazo de tres años, en torno a los 720 millones de euros.

La aritmética resultante es, a primera vista, modesta. Si la deuda actual es de 757 millones y el objetivo para 2029 es estar por debajo de 720 millones, el recorrido neto de reducción que los responsables del grupo se han autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años. Muy lejos de los 82 millones que el grupo redujo en el ejercicio de 2024.

La explicación hay que buscarla en la voluntad de no reducir agresivamente la deuda mediante la venta de activos o el recorte de gastos, sino en hacer crecer el negocio. Lo que quieren cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generación de dinero.

En ese sentido, el plan de Prisa ha sido presentado como una apuesta por el crecimiento del negocio —fundamentalmente digital, con la plataforma educativa Santillana y los activos de audio como vectores principales— más que como un plan de austeridad financiera al uso.

El camino implícito, si se traza una curva lineal entre el punto de partida real y el objetivo declarado, sería una reducción gradual de unos 10 millones de euros anuales: de 757 millones en 2025, pasando por 745 en 2026, 735 en 2027, 725 en 2028, hasta llegar a 715 millones en 2029, ya por debajo del umbral que marca el propio plan. Son cifras orientativas —Prisa no ha publicado objetivos de deuda año a año— pero sirven para visualizar la pendiente que el grupo considera manejable.

Hay dos matices que condicionan todo el escenario. El primero es que la ratio de deuda sobre beneficio operativo solo se sostiene si el beneficio crece de forma efectiva hasta los 240 millones previstos. Desde los niveles actuales, eso implica un crecimiento operativo muy relevante que el plan da por posible pero que el mercado juzgará conforme pasen los ejercicios. El segundo matiz es que el grupo no dedicará todo el flujo de caja generado exclusivamente a amortizar deuda: una parte irá a inversión para sostener precisamente ese crecimiento que hace viable la ecuación.

Lo que el plan de Prisa promete a sus accionistas, y en particular a sus acreedores, es una apuesta por hacer creíble que la transformación digital del grupo no solo es real, sino que, en un escenario de incertidumbre global, generará suficiente valor económico como para resolver por la vía del crecimiento lo que durante años no se pudo resolver por la vía de la reducción de costes.

Si lo consigue, habrá salido de una de las espirales de deuda más largas y complejas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de euros de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.

En cualquier caso, las fuentes consultadas por infoLibre sostienen que Oughourlian es perfectamente consciente de que un giro editorial brusco hacia la derecha de El País y la SER sería catastrófico para ambas marcas y para la audiencia de sus medios. Pero las señales de que algo está cambiando en los márgenes, de forma gradual y aparentemente calculada, se acumulan.

La incorporación de perfiles de derechas en las tertulias de la emisora de radio del grupo, un espacio hasta ahora dominado por voces de centroizquierda, no ha pasado desapercibida. También ha generado comentarios la frecuencia creciente con que los programas y contenidos de las cadenas de televisión de Atresmedia reciben un tratamiento informativo más que favorable en las páginas de El País.

Entre los últimos gestos que han llamado la atención está la decisión de Prisa de autorizar al presentador estrella de Hora 25, Aimar Bretos, uno de sus iconos periodísticos, a estrenar un programa en La Sexta, la emisora progresista de Atresmedia, que desde hace tiempo intenta buscar una fórmula que le permita recuperar la confianza de la audiencia. La periodista Ana Pastor, como propietaria de Newtral, la empresa que ha contratado a Bretos para su nuevo programa en La Sexta, se ha puesto en contacto con infoLibre para desvincular el fichaje de las decisiones empresariales que hayan adoptado o puedan adoptar de Prisa y Atresmedia. 

A muchos en el sector les ha sorprendido también la decisión de abrir el suplemento Ideas de El País, hace apenas unos días, con un artículo firmado por Carlos Rodríguez Braun, catedrático jubilado de Historia del Pensamiento Económico de perfil netamente neoliberal, dedicado a las bondades del liberalismo clásico y a la reducción al mínimo del Estado. La pieza, por su ubicación y su tono, fue interpretada por muchos como una señal de reposicionamiento editorial que pocos esperaban ver en ese espacio.

El interés que suscita un posible alianza entre Prisa y Atresmedia tiene que ver con las implicaciones relevantes para el pluralismo mediático en España. Ambos grupos concentran activos muy influyentes en distintos soportes —prensa, radio, televisión y plataformas digitales— y su aproximación estratégica podría reducir la diversidad real de actores con capacidad de fijar agenda informativa.

Además, existen obstáculos estructurales: algunas de sus marcas compiten directamente en el mismo mercado, como Cadena SER y Onda Cero en la radio generalista, lo que dificultaría una integración operativa plena —aunque el precedente de Antena 3 y La Sexta ofrece, al mismo tiempo, una solución–. Sin embargo, incluso sin una fusión formal, la cooperación en áreas como la comercialización publicitaria, la tecnología o la distribución de contenidos podría generar sinergias significativas y aumentar el poder de mercado del conjunto frente a otros grupos mediáticos.

Desde el punto de vista regulatorio y del pluralismo, el principal riesgo estaría en la concentración de capacidad de influencia informativa y publicitaria en un mercado ya muy concentrado. Las autoridades europeas llevan años alertando sobre este fenómeno en el ecosistema mediático, especialmente en países con pocos grandes operadores nacionales.

En el caso español, donde unos pocos grupos dominan gran parte de la audiencia en televisión, radio y prensa digital, un acercamiento entre Prisa y Atresmedia podría reforzar posiciones dominantes tanto en el mercado publicitario como en la formación de la agenda pública. Por eso, cualquier acuerdo relevante estaría previsiblemente bajo el escrutinio de autoridades de competencia como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y debería cumplir con un marco normativo europeo orientado a proteger el pluralismo y limitar concentraciones excesivas en el sector de los medios.

Con todo, la pregunta más relevante de fondo es qué significaría para la pluralidad informativa española que el grupo propietario de El País y la SER estrechara lazos —de cualquier tipo— con Atresmedia. Y también qué significaría para la independencia editorial de unos medios cuya credibilidad ha descansado históricamente en su distancia de los poderes económicos y en la coherencia de su línea ideológica.

Oughourlian no vende. Eso dice. Pero en el sector hay cada vez más quienes se preguntan si el grupo que preside está cambiando.

Como viene desvelando la investigación de infoLibre ‘Ayuso parte y reparte’, las diferencias en las líneas editoriales de los medios de comunicación se traducen en diferencias en el reparto de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prioriza a los medios afines para invertir dinero público en comprar espacios publicitarios. 

En el caso de las radios, la segunda mayor partida tras la publicidad online, la situación no es diferente. PRISA y Ábside Media, los grupos propietarios de las dos principales emisoras de España —SER y COPE— son los dos a los que más dinero se destina. Pero, a pesar de que las emisoras de PRISA tienen más audiencia, Ábside Media, que es propiedad de la Conferencia Episcopal Española, recibe más dinero.

Tres emisoras del grupo PRISA —Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial— figuran en el reparto de publicidad en radios: la Comunidad de Madrid gastó en ellas 1,26 millones de euros en 2024. Entre las tres sumaban al cierre de 2023 una media de 8,32 millones de oyentes diarios, según el Estudio General de Medios (EGM). Por parte del grupo Ábside Media son cuatro las que se cuelan en la lista —COPE, Cadena 100, Rock FM y MegaStar FM—, con un total de 1,36 millones de euros. En 2023 congregaban entre todas 6,23 millones de oyentes.

A pesar de que las emisoras de PRISA tienen una audiencia que supera en más de dos millones de personas a las de Ábside, el Gobierno autonómico gastó casi 100.000 euros más en las de la Conferencia Episcopal. La predilección del Ejecutivo de Ayuso por las radios de derechas es clara y no beneficia únicamente a la COPE y al resto de estaciones del grupo. De hecho, las que salen mejor paradas en proporción a su audiencia son Radio Intereconomía, del grupo de Julio Ariza, y esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos. Entre los tres grupos se llevan dos de los 4,6 millones que el Gobierno autonómico destinó a publicidad en radio el año pasado.

La COPE recibió el pago individual más elevado en el capítulo de radios del reparto publicitario. De hecho, incluso entre todos los medios, solo hubo seis abonos de mayor cantidad: cuatro a Telemadrid, la gran beneficiada de la publicidad institucional autonómica del año pasado, y dos a la edición internacional de National Geographic. 

El de COPE ascendió a 140.360 euros brutos, de los cuales la cadena finalmente recibió 116.000, tras descontar el IVA. Fue por una campaña para promocionar las villas de Madrid en el programa de Carlos Herrera. Además de cuñas en varias franjas horarias, la campaña incluía "entrevistas y contenidos acordados" con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. infoLibre ha preguntado a la Dirección General de Medios cuáles fueron los contenidos acordados, concepto que también aparece en un pago a Onda Cero de la misma campaña, pero no ha habido respuesta —tampoco sobre el resto de cuestiones que ha planteado este medio a la Comunidad—. Por ello, se desconocen los detalles del acuerdo publicitario, más allá de que el pasado 27 de septiembre Herrera entrevistó en su programa al consejero de Turismo, Mariano de Paco, y estuvieron hablando sobre esas villas madrileñas.

Por la misma campaña, aunque con menos cuñas y sin que se indicara el acuerdo de ninguna entrevista, la SER recibió 85.776 euros netos. Como adelantó infoLibre en la primera entrega de esta serie, los datos de audiencia de las dos principales radios de España, la SER y la COPE, no justifican las diferencias económicas que refleja el reparto de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid.

Mientras que en la cadena del grupo PRISA —9,6% de la audiencia nacional en 2023, según el informe anual de la Asociación para la Investigación en Medios de Comunicación (AIMC), la encargada del EGM— el gasto fue de 861.382 euros, en la COPE —con un 8% de la audiencia— fue de 831.551 euros. Es decir, la Comunidad de Madrid destinó a la principal marca del grupo de la Conferencia Episcopal 10.394 euros por cada décima de audiencia, frente a los 8.973 euros para la cadena SER. 

Pero estas dos grandes emisoras no son el único ejemplo de la diferencia de trato. La misma situación se extiende también a sus marcas temáticas. La cuarta radio con más dinero adjudicado en el reparto es Los 40, estación musical del Grupo PRISA. Con un 7,3% de audiencia en 2023 y una media de 2,69 millones de oyentes diarios, Madrid le asignó 399.374 euros en el último plan de medios, un aumento del 69,81% respecto al año anterior. Aún con la subida, Los 40 sale perdiendo proporcionalmente frente a su gran competidora de Ábside Media: Cadena 100.

Para publicidad en Cadena 100 se destinaron 281.027 euros, un 29,63% menos que a Los 40. Sin embargo, teniendo en cuenta la audiencia, el Gobierno de Ayuso invierte 7.395 euros en Cadena 100 por cada décima de audiencia, una cifra muy por encima de los 5.471 que gasta en Los 40. 

En el resto de radios musicales de ambos grupos sucede lo mismo. A las otras dos de Ábside Media, Rock FM y MegaStar FM, les corresponden 227.293 y 20.939 euros, respectivamente. Combinadas, suman algo más de 1,1 millones de oyentes diarios, mientras que Cadena Dial (PRISA) tiene 1,3 millones de oyentes, pero el reparto le asignó solo 4.153 euros, lo que corresponde a la ínfima cantidad de 119 euros por cada décima de audiencia, la cifra más baja, con muchísima diferencia, de todas las radios con los suficientes oyentes como para aparecer en las estadísticas anuales de la AIMC.

De hecho, la Comunidad de Madrid solo realizó una inserción publicitaria en 2024 en Cadena Dial y se incluyó en su página web, no en las emisiones radiofónicas. Los anuncios fueron para promocionar el concierto que dio por el Día de la Hispanidad el cantante colombiano Manuel Turizo en la Puerta de Alcalá. La misma promoción se insertó también en las mencionadas Cadena 100 y Los 40, pero también en Kiss FM y Europa FM.

En el reparto, detrás de la SER y la COPE, y antes que las marcas musicales de sus respectivos grupos, se sitúa Onda Cero, en la que el gasto fue de 583.412 euros el año pasado. A pesar de su tercera posición en la lista, a la radio del Grupo Planeta le corresponden más fondos que a cualquiera de las del grupo PRISA si se atiende a la proporción por audiencia: 13.568 euros por cada décima de audiencia, una cifra que, salvo las abultadas excepciones de esRadio y Radio Intereconomía, solo supera Radio Marca, propiedad de Unidad Editorial, con 15.248 euros por cada décima de audiencia. 

Europa FM, que, como Onda Cero y el diario La Razón, pertenece al Grupo Planeta, también supera a todas las emisoras de PRISA en relación dinero/oyentes con 188.614 euros asignados y 688.000 oyentes diarios, lo que supone una proporción de 9.927 euros por cada décima de share radiofónico. 

Aun así, el trato preferente que da la Comunidad de Madrid a las emisoras de Ábside Media, Planeta y Unidad Editorial no es el más destacado. En octubre de 2024, Ayuso participó en el 30 aniversario de Radio Intereconomía. La presidenta calificó este medio como "un faro y una luz para tantos". Lo cierto es que la emisora del Grupo Intereconomía es el faro dentro del reparto de la tarta publicitaria de su Gobierno. Ninguna otra radio sale tan beneficiada.

La presidenta, además, destacó en ese acto que el periodismo "no debe someterse a los juegos de poder". Pero no comentó nada sobre que su Gobierno estaba destinando ese año más de 250.000 euros en publicidad institucional a la emisora a pesar de su audiencia marginal.

Radio Intereconomía aumentó sus ingresos del reparto publicitario de la Comunidad de Madrid en un 40,23% respecto a 2023, con una asignación, concretamente, de 252.861 euros. Eso la sitúa como la séptima radio con más publicidad institucional de la lista, a pesar de su 0,1% de audiencia anual, según la AIMC, que ni siquiera recoge su cifra media de oyentes diarios al ser un dato tan bajo. En su caso, para hallar el dinero recibido por cada décima de audiencia ni siquiera hay que hacer una división.

Por otro lado, esRadio, la marca radiofónica del grupo Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, se sitúa como la quinta con más dinero asignado por la Comunidad de Madrid en 2024, con una cantidad de 398.446 euros, casi idéntica a la de 2023. 

Con un porcentaje de audiencia en 2023 del 1,5%, la cifra destinada a esRadio —a la que Ayuso ha concedido al menos tres entrevistas en el último año, la última este mismo 15 de septiembre— supone una asignación de 26.563 euros por cada décima de audiencia, muy superior a la de todas las demás radios de la lista, a excepción de Radio Intereconomía. 

Además, Onda Madrid, que es parte, junto con Telemadrid, de la empresa pública Radio Televisión Madrid —que ha multiplicado sus ingresos por tres respecto a 2023 y se ha convertido en el grupo que más dinero recibe—, aumenta su asignación en un 12,61% hasta los 98.113 euros. La AIMC no mide la audiencia de Onda Madrid, ni en porcentaje ni en media de oyentes diarios, pero atendiendo a los datos históricos, los únicos disponibles, entre 2003 y 2011 la cadena autonómica nunca superó el 0,1% de audiencia. 

Fran Llorente, el que fuera director de los servicios informativos de TVE, ha sido nombrado director Editorial y de Contenidos de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa, según el nuevo organigrama de la compañía anunciado este miércoles.

Pilar Gil, la nueva consejera delegada, no ha tardado ni 24 horas desde su nombramiento, el martes, en anunciar el nuevo organigrama, que apuesta por el talento interno para reforzar su estructura, con el objetivo de simplificarla y darle más agilidad, según un comunicado, que explica que Prisa Media seguirá manteniendo en España dos grandes áreas de negocio (Prensa y Radio y Negocio Audiovisual) y, a nivel global, siete direcciones transversales.

Según el nuevo organigrama, en el área de Radio, Jaume Serra, hasta ahora delegado de Prisa Media en Cataluña, será el director general de Radio y Negocio Audiovisual para España. Serra, que empezó a colaborar en la Ser a los 19 años en Radio Ser Empordà, ha dirigido Radio Lleida, Radio Girona, Radio Barcelona y Ser Catalunya.

De él dependerá Llorente, quien se incorporó a Prisa en 2021 tras su paso por los informativos de TVE, "durante la mejor etapa de la televisión pública", según Prisa. En RTVE dirigió también el área de Nuevos Proyectos, Estrategia e Innovación de RTVE, dando impulso a los contenidos digitales como el Lab RTVE o al canal joven Playz y poniendo en marcha la plataforma RTVE Play.

Ahora ha sido nombrado director Editorial y de Contenidos de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa, un cargo de nueva creación que sustituye al de Montserrat Domínguez, que era directora de contenidos. "Su experiencia, su trayectoria y su visión nos ayudarán a dar el salto definitivo al mundo digital y a convertirnos en una organización que piensa en audiovisual, sin perder el rigor ni la capacidad de enamorar a nuestros usuarios”, subraya el comunicado.

Montserrat Domínguez ha dirigido los contenidos de la Ser durante los últimos cuatro años, desde 2021. Previamente, fue subdirectora de El País entre 2018 y 2021 y directora de El HuffPost desde mayo de 2012. La periodista había entrado a trabajar en Prisa en 2018 para dirigir A vivir que son dos días. La nota de Prisa no menciona la salida de Montserrat Domínguez ni si ocupará alguna nueva posición.

En coordinación con Llorente, Miriam Hernanz se ocupará de la dirección de Prisa Vídeo. Hasta ahora era directora adjunta de contenidos de este área, tras incorporarse al grupo en 2021. Formó parte del equipo fundacional de RTVE Digital, liderando durante una década el Laboratorio de Nuevas Narrativas Audiovisuales. La compañía destaca que su visión dará impulso a nuevos formatos que alcancen a nuevos públicos.

Vanessa Hernández, hasta ahora directora general de Operaciones de Prisa Media, compatibilizará este cargo con la dirección general de Prensa.

En cuanto a las direcciones generales transversales, que dan servicio tanto a España como a América, Ana Ormaechea, periodista y experta en innovación y desarrollo digital, ha sido nombrada directora general de Producto Digital.

Pablo Delgado será el director general de Tecnología & Data mientras que la dirección general de marketing la asume Óscar Ocaña. Por su parte, Ignacio Soto, hasta ahora director general de Cadena Ser, coordinará el plan estratégico, que Prisa Media presentará a la vuelta del verano.

La junta de accionistas de Prisa ha aprobado todos sus puntos del orden del día, con más de un 82% de votos, en una sesión en la que su presidente, Joseph Oughourlian , ha afirmado que no se va a ir de la compañía y dejar "tirados" a los accionistas, al ser preguntado por una posible venta de su participación en el grupo de medios, informa EFE.

La Junta ha aprobado la mayoría de los puntos del orden del día este miércoles, por un 82,69%, exceptuando los referidos a delegar en el consejo de administración la facultad de aumentar el capital o de emitir bonos convertibles en acciones.

En la misma ha habido dos intervenciones, una de ellas por escrito (de la sociedad Aherlow Inversiones, vinculada a los Polanco), y otra verbal, de Adolfo Utor (Balearia), quien le ha reprochado a Oughourlian su gestión en Prisa y ha dicho no compartir el cese de Carlos Núñez, expresidente ejecutivo de Prisa Media y ex consejero delegado de Prisa, y el de José Miguel Contreras, exdirector de Contenidos de la compañía.

Entre otros puntos, se ha aprobado reducir los miembros del consejo de administración de 15 a 14, tras darse por amortizada la vacante que dejó Núñez en éste órgano. Por tanto, el consejo se quedará con 14 miembros, en lugar de 11 como se había anunciado inicialmente en el marco de un proceso de "reestructuración" del citado órgano y de "simplificación del modelo de gestión".

Oughourlian, que ha comparecido ante los medios de comunicación, ha asegurado que no "ha habido ni habrá" una oferta de compra de El País y la Cadena Ser por parte del Grupo Alconaba, al ser preguntado por la apertura de una negociación para la venta de estos medios. "Leo en los digitales que me han hecho una oferta por 400 millones". "Esta gente nunca me ha propuesto nada", ha afirmado.

El Grupo Alconaba es un holding empresarial liderado por el empresario Andrés Varela Entrecanales y al que está vinculado José Miguel Contreras. El nuevo canal de televisión que quería lanzar Alconaba provocó en febrero de este año una "guerra total" en el seno de la compañía, al rechazar Oughourlian que Prisa participara en el concurso para la nueva licencia televisiva. El pulso terminó ganándolo el presidente de Prisa y principal accionista, y acabó con la salida de la compañía de los principales valedores del proyecto televisivo: Contreras y Núñez.

Preguntado por si piensa vender su participación en Prisa, donde tiene casi el 30%, Oughourlian ha afirmado que es el presidente de todos los accionistas, que se debe a sus acreedores y que no se va a ir de la compañía "dejando tirada a toda esta gente". Se ha referido a accionistas, como Vivendi, a los que convenció para que entraran en Prisa, al empresario mexicano Carlos Slim, e incluso al propio Adolfo Utor, de Balearia. "Salir ahora después de haber limpiado la estructura financiera de la compañía, ni me lo planteo", ha dicho el presidente. Oughourlian aspira a que los equipos puedan trabajar en paz, y afirma que se ha quedado "decepcionado y sorprendido" por la actitud de algunos accionistas.

Prisa celebra este miércoles su Junta de Accionistas, que se celebrará marcada por el pulso mantenido en los últimos meses entre sus principales inversores por el control del grupo propietario de El País y la Ser. A las 12.00 está previsto que comience esta sesión, en la que, pese al contexto de discrepancias, se prevé que los puntos salgan adelante y, salvo sorpresas, se espera que se desarrolle con normalidad, según han dicho a EFE fuentes cercanas al grupo.

La reunión de la junta de accionistas se celebrará en un contexto en el que se está a la espera de resolución de una demanda interpuesta por Global Alconaba -que tiene en torno al 7 % del grupo- ante los Juzgados de lo Mercantil por un acuerdo que Prisa adquirió con su principal acreedor, Pimco, para refinanciar la deuda del grupo y por una ampliación de capital por 40 millones -el 10 % del grupo- que se efectuó a finales de marzo.

Global Alconaba acusa al presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, entre otros cometidos, de haber lanzado esta ampliación de capital con el fin de diluir la participación de los accionistas, salvo la de él que se mantiene casi con un 30% del capital, según consta en la demanda que presentaron.

Su participación se mantiene ya que después de la ampliación de capital convirtió bonos que tenía de Prisa en acciones.

Las tensiones dentro de Prisa salieron a la luz el pasado febrero a raíz de que el ya expresidente de Prisa Media Carlos Núñez presentara un proyecto de TV en abierto en el Consejo de Administración, una iniciativa que fue rechazada y que supuso su cese al día siguiente.

A partir de ahí se evidenció la existencia de dos bloques dentro del consejo, uno el encabezado por Oughourlian, fundador de Amber Capital, el primer accionista, y, en segundo lugar, el liderado por Global Alconaba, un grupo de empresarios encabezado por Andrés Varela Entrecanales.

En Prisa, el segundo accionista con más capital es el grupo francés Vivendi, que cuenta con un 11% de las acciones y que de momento no se ha pronunciado sobre a qué bloque apoya, al igual que Rucandio, que controla indirectamente algo más de un 7% del capital y cuyo consejero delegado es Manuel Polanco, uno de los que votó en contra de la ampliación de capital del grupo.

También, figura Adolfo Utor, de Balearia, que roza el 5% del capital, cercano a las tesis de Alconaba, además del banquero y empresario catarí Khalid bin Thani bin Abdullah Al Than, con algo más del 3% de las acciones, y el Banco Santander con el 3,15% de los derechos de voto, quienes no se han pronunciado.

El tener una mayoría en la junta de accionistas implica tener la posición de control en Prisa y el mando de la situación ante una posible venta de la compañía en su conjunto, incluyendo Santillana, o de los medios El País y la Ser, afirman fuentes cercanas a la operación.

Se espera que después de esta sesión se establezca el marco propicio para iniciar negociaciones al respecto, han dicho a EFE algunas fuentes.

Desde hace meses, las especulaciones sobre la existencia de posibles compradores del grupo se ha sucedido, al igual que de posibles precios de venta. Sin embargo, no se ha producido ningún anuncio formal de negociación al respecto.

La Junta de Accionistas de Prisa contempla aprobar la reducción de los miembros del Consejo de Administración de 15 a 14 miembros, sin que se contemple cubrir la vacante en éste órgano de Carlos Núñez, expresidente de Prisa Media.

A la junta de accionistas, entre otros puntos del orden del día, se llevará la facultad de aumentar el capital social de la empresa para los próximos 5 años hasta un 50% y con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, hasta un límite del 20 %, con el fin de poder actuar con más agilidad ante oportunidades del mercado.

El límite de la ampliación de capital es hasta el 50%, igual cuantía que figuraba en la que se aprobó en 2024, que pasa a revocarse.

Además, se prevé llevar la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación de Prisa.

Se mantendrán como consejeros ejecutivos, la directora financiera del grupo, Pilar Gil, y el presidente ejecutivo de Santillana, Francisco Cuadrado.

Primera decisión judicial en la guerra abierta en el grupo Prisa. La titular del Juzgado de lo Mercantil nº18 de Madrid, la magistrada Lucía Martínez, ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por Global Alconaba, representante de la parte española del accionariado y con el 7% de las acciones de la sociedad, en el pleito abierto contra el presidente y primer accionista de la empresa, Joseph Oughourlian. Lo hace al no apreciar razones de urgencia que justifiquen la suspensión de los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de finales de marzo inaudita parte, es decir, sin escuchar a los demandados. La jueza no entra aún en el fondo del asunto, que para Global Alconaba es "lo determinante".

La batalla judicial arrancó la pasada semana, cuando la parte española del accionariado decidió interponer una demanda en la que impugnaban dos de los acuerdos adoptados en el seno del órgano ejecutivo de la empresa propietaria del diario El País y la Cadena Ser. El primero, la ampliación de capital a través de la cual Oughourlian se había asegurado el control de la próxima junta general de accionistas de la sociedad, ya que dicho movimiento reducía el peso de Global Alconaba y otros accionistas minoritarios.

Los demandantes sostienen, en relación a esa ampliación, que no se aportó información suficiente ni se justificó debidamente la exclusión de su derecho de adquisición preferente, una postura que refuerzan alegando que la dilución que también debía haber sufrido el actual presidente se mitiga por la conversión en acciones de sus bonos convertibles, adquiridos a través de dos ampliaciones precedentes.

Además de este movimiento, impugnan también el acuerdo para aprobar el plan de refinanciación de la deuda, denunciando que dos de sus cláusulas evidencian una infracción de los deberes de lealtad y una situación de conflicto de interés.

En la primera decisión de calado en el caso, la magistrada ha decidido rechazar las cautelarísimas solicitadas por los demandantes. "La ausencia de una argumentación rigurosa relativa a este plus de urgencia y la carencia evidente de documentación esencial que, como reconoce el demandante, deberá aportar la demandada, me llevan a desestimar la solicitud y a continuar la tramitación ordinaria de las medidas cautelares", sentencia en su auto.

Ahora, la jueza ha convocado a las dos partes en conflicto a una vista de medidas cautelares el próximo 23 de abril. Los demandantes, no obstante, tienen pocas expectativas de que la magistrada acepte su solicitud. Otra cosa es la cuestión de fondo de la demanda. Eso es, para ellos, "lo determinante". Y tendrá que resolverse en los próximos meses.

La guerra en Prisa continúa. Tras conocerse que la empresa, propietaria entre otros del diario El País y la Cadena Ser, ha convocado una ampliación de capital por un valor de 40 millones con el objetivo de reducir la deuda, promovida por su presidente y primer accionista, Joseph Oughourlian, este jueves, Global Alconaba, representante de la parte española del accionariado y con el 7% de las acciones de la sociedad, ha interpuesto una denuncia contra el dirigente de Prisa y contra dicha ampliación de capital.

Con este movimiento, Oughourlian, enfrentado a este grupo accionarial español, se había asegurado el control de la próxima junta general de accionistas de la sociedad, ya que la ampliación reducía el peso de Global Alconaba y de otros accionistas minoritarios dentro de Prisa. Sin embargo, con esta denuncia, y con otra que presentarán en los próximos días ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas españoles tratan de demostrar que el presidente de Prisa ha abusado de sus atribuciones, en primer lugar con la ampliación de capital y después con una cláusula donde, según los denunciantes, pretende blindar su continuidad en el cargo.

En la demanda, alegan que Oughourlian, con su movimiento, ha tratado de "asegurar su posición de control de la Compañía y hurtar a los accionistas las facultades de nombramiento y de separación de los administradores". En este sentido, igualmente le acusan de "orquestar una serie de maniobras de forma simultánea" cuya finalidad es permanecer al frente de Prisa sin "lealtad hacia el interés de la sociedad y de los accionistas".

A su vez, Global Alconaba denuncia que tuvo conocimiento de la ampliación de capital poco antes de la reunión del consejo del 25 de marzo y en la cual no había derecho de suscripción preferente para los accionistas. "Prisa no puso a disposición de los consejeros la información necesaria sobre la que versó la sesión del Consejo hasta apenas cuatro horas antes de que ésta se celebrara y dispusieron de únicamente media hora desde que se les trasladó el documento sobre la ampliación de capital hasta la celebración de la sesión", señalan.

Así, consideran que no tuvieron tiempo de reaccionar a esa decisión, la cual también consideran contraria a sus intereses, ya que los participantes en la ampliación de capital fueron mayormente personas cercanas a Oughourlian. Además, durante el proceso este transformó sus bonos convertibles en acciones para que su peso en el accionariado no se redujera, manteniéndose en un 30%.

En este sentido, también acusan al máximo accionista de Prisa de caer en un conflicto de intereses: "Ha sido el presidente quien ha participado activamente en la negociación y en las condiciones y los términos de la refinanciación –y así lo ha asegurado él mismo en distintas ocasiones–. Lo anterior constituye un manifiesto conflicto de interés teniendo en cuenta que la cláusula garantiza al presidente que si se le sustituyera de tal posición, el préstamo concedido en virtud de la refinanciación vencería automáticamente. Ello implica que el Presidente se ha asegurado la permanencia en el cargo de la Presidencia del Consejo al menos hasta que la refinanciación sea amortizada íntegramente por Prisa", dice el documento. De este modo, denuncian igualmente que, pese a este conflicto de intereses, Oughourlian nunca se ausentó de la reunión ni de las votaciones donde se estaba decidiendo sobre estos asuntos, aunque sí se abstuvo en ellas, algo que consideran "insuficiente".

Por todo lo expuesto, los denunciantes piden que se declare "la nulidad de los acuerdos" adoptados en la reunión del 25 de marzo de 2025 "relativos a la refinanciación de la Sociedad y al Aumento de Capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada".

Este nuevo episodio de la confrontación entre los diferentes accionistas tiene lugar un mes después de que Prisa anunciara que no optará al nuevo canal de televisión en abierto que prevé licitar el Gobierno y que se centrará en las líneas de negocio que actualmente desarrolla tanto en prensa como en radio, así como en reducir su deuda.

El pasado 25 de febrero, el consejo de administración del grupo analizó el proyecto presentado por el entonces presidente ejecutivo de Prisa Media y consejero ejecutivo de Prisa, Carlos Núñez, –que dimitió un día después– sobre la oportunidad de optar a una nueva licencia televisiva en España, cuando se proceda a su licitación, con el objetivo de lanzar un nuevo canal de televisión.

Sin embargo, ese órgano rechazó dicho proyecto y acordó que el grupo continuaría focalizándose en reducir la deuda y reforzar su posición de liquidez, en línea con los “esfuerzos realizados” en los últimos años.

Con anterioridad, Núñez había afirmado en una entrevista en El País que un canal de televisión sería un paso natural dentro de la estrategia audiovisual del grupo, puntualizando que con ello no se debía comprometer su situación financiera. Al final del año pasado su deuda ascendía a 750 millones de euros, 82 millones menos que en 2023, lo que supone una reducción del 10%.

 El director general del grupo Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, rechazó este miércoles haber recibido presiones o amenazas por parte del Gobierno español o de Telefónica por su participación en el capital del Grupo Prisa.

De Puyfontaine, en una entrevista con EFE, rechazó también que el grupo francés de medios y comunicación quiera controlar Prisa, de cuyo capital tiene actualmente el 11 %. "No tenemos intención de hacernos con el control de Prisa", aseguró.

El alto ejecutivo francés manifestó su incomprensión por la serie de informaciones publicadas en España después de su breve encuentro con el ministro español de Transición Digital, Óscar López, y una reunión posterior con el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ambas en febrero.

De Puyfontaine afirmó que "es falso" que hubiera recibido presiones para que influyeran en la gestión de Prisa, al igual que rechazó que le hubieran amenazado con la no continuidad de los contratos publicitarios de Telefónica con Havas, filial de Vivendi.

"No he recibido amenazas de ningún tipo", aseveró, antes de añadir: "en mi posición, en caso de haber recibido amenazas, habría reaccionado de una forma muy diferente".

Recordó que con López se vio "unos minutos" en una mera toma de contacto "cordial" dentro de los muchos encuentros que mantuvo durante la Cumbre sobre Inteligencia Artificial que se desarrolló en París el 10 y el 11 de febrero. "No he tenido contactos ulteriores con el Gobierno", recalcó.

Sí detalló que mantuvo una reunión de trabajo con Murtra, como nuevo presidente de Telefónica, ya que mantienen "una estrecha colaboración desde hace muchos años".

"Tuvimos una conversación muy valiosa sobre el futuro de nuestra relación, incluido el trabajo que Havas ha realizado para Telefónica a lo largo de los años", añadió.

A pesar de todo, lamentó que "hubo muchas interpretaciones sin justificación" a esos contactos. "Soy un empresario que no quiere estar asociado a situaciones políticas de ningún tipo. Políticamente, soy agnóstico", insistió.

Sobre Prisa, recalcó el interés de Vivendi en trabajar en el seno del grupo español de medios "por su proyecto empresarial", con la mentalidad de desempeñar "el papel maduro de un inversor maduro" en líneas con sus objetivos empresariales dentro del potencial de la compañía.

Vivendi tiene actualmente el 11 % del capital de Prisa y puede, según los estatutos, alcanzar el 15 %, aunque el directivo no entró en si podrían llegar a hacerlo. "Para mi, no cambiaría nada", dijo. Lo que sí dejó claro es que no tienen intención de hacerse con el control del grupo español.

De Puyfontaine no aclaró si apoyan la continuidad de Joseph Oughourlian como presidente no ejecutivo de Prisa y tampoco avanzó qué posición podrían tomar en la próxima asamblea general de accionistas.

Sobre la posibilidad de que Prisa lanzara un canal de televisión, pareció posicionarse en contra de manera indirecta al señalar que, después de toda una vida en el sector de los medios, es consciente de que "se trata de proyectos que requieren una gran inversión de capital y que son más que inciertos".

"La prioridad de las prioridades es, ante todo, poder garantizar la sostenibilidad y la solidez" de Prisa, cuya situación financiara, aunque ha mejorado "sigue siendo frágil", debido a su deuda, recalcó.

Vivendi mantiene también un 1 % del capital de Telefónica. Preguntado sobre el futuro de esa participación, De Puyfontaine recordó que las telecomunicaciones "ya no forman parte del negocio principal" de su grupo, centrado en medios, comunicación y el negocio editorial, por lo que están en un "proceso de reflexión" sobre su continuidad en el sector.

En este sentido, recordó que el pasado sábado se oficializó la venta del 15 % de las acciones de Telecom Italia a Poste Italiene. El grupo francés aún mantiene un 2,51 % del capital del operador italiano.

Además de en Prisa, Vivendi está presente en España con la empresa publicitaria Havas, la editorial Anaya, la productora audiovisual Bambú, el estudio de videojuegos Gameloft Barcelona o la cadena de tiendas Relay en estaciones o aeropuertos, entre otros negocios.

De Puyfontaine aseguró que están "muy interesados" en explorar otras posibilidades de ampliar su presencia en el país.

Los consejos de administración de Prisa Media y El País han aprobado el nombramiento de Joseph Oughourlian como nuevo presidente de El País, según publica este domingo el periódico en su portada, informa EFE. La vicepresidenta de Prisa, Pilar Gil, desempeñará las funciones de consejera delegada del diario.

Oughourlian era ya el presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, propietario de El País y la Cadena Ser, desde febrero de 2021. Como nuevo presidente del periódico sustituye a Carlos Núñez, que era presidente y consejero delegado de El País y dimitió como presidente ejecutivo de Prisa Media el pasado mes de febrero.

Joseph Oughourlian es fundador y consejero delegado del fondo de inversión Amber Capital y desde hace cuatro años presidente no ejecutivo del grupo español de comunicación Prisa. A través de Amber Capital, es el mayor accionista de Prisa. Consejero del grupo de comunicación español desde 2015, pasó a ser vicepresidente en 2019 y en diciembre de 2020 presidente interino, tras la destitución de Javier Monzón.

Abrumado por el carrusel histórico-tremebundo que nos ha tocado vivir, esta mañana me dije: voy a leer el Huffington Post, necesito que alguien me lo explique despacito. En portada, dos noticiones. En una banda roja («En directo»), dice: “El avión del juicio final emprende vuelo en plenas negociaciones de paz: radares detectan una trayectoria inesperada”. ¡Caramba! Debajo, en una foto tomada por su peor enemigo, un retrato del mismísimo Vladimir Putin ilustraba un titular sensacional: «Ajo y tregua». Subtitulando, en tipografía Georgia, alguien se había molestado en aclarar el jeroglífico: el moscovita estaba esperando a que Trump le explicase sus acuerdos con Kiev.

Fascinado por esta pulcritud informativa, me entregué a las veleidades de la chispeante cabecera de Prisa, un grupo que enseña y entretiene. En su sección de destacados («Lo + del día»), encontré algunas perlitas que no me resisto a compartir. En la ristra últimas horas, una aparecía destacada con un redondel rojo: «Un pueblo español de 63 habitantes se convierte en el mayor exportador de bombas para Ucrania». No les sorprenderá que clicase como un miura al que le abren chiqueros. ¡Atención! En la noble villa burgalesa de Quintanilla Sobresierra, en el Páramo de Masa, hay una planta armamentística. ¿Brigadas internacionales? ¿Un agrupación gerontorrural que le pasa la pensión a Zelenski para que se compre unos misilitos sin que se entere su madre? Lo siento, no nos queda.

Decepcionado, vuelvo a «lo +», a ver si con la siguiente. Me debato entre dos opciones: «El dueño de un restaurante acude a comisaría para denunciar una cancelación de dos mesas a última hora» o «Confirman un choque de masas de aire parecido al de Filomena y la AEMET avisa con tiempo del golpe». Como me preocupa más el advenimiento de una glaciación que las singulares aventuras del hostelero airado, pincho en la segunda. Podemos respirar tranquilos: «Meteored matiza que estamos en primavera (meteorológica) y los efectos serán muy diferentes». Carajo, cuánto sobresalto estéril.

Un scroll un poco brusco me lleva a la sección de «destacados». La parrilla contiene ocho noticias (ejem) tildadas todas de «viral». Euprepio Padula (el más molón de la historia) da «una respuesta tajante» a Santiago Segura; Niño Becerra anuncia el décimo colapso económico de esta semana; Movistar alerta a sus clientes de algo que se obvia en el titular, en León, un café le sale muy caro a alguien; se monta un lío por un chocolate en el Mercadona, un vecino enfadado ha puesto un cartel en su portal y uno de los Gomaespuma ha respondido a Mario Vaquerizo.

Me propongo, como cruzada personal, encontrar al menos una noticia sin trampas en la portada de este respetable diario. ¡Un justo en Sodoma! En la sección de «actualidad» (¿qué será lo demás?) hallo un par de titulares bien formulados. Pincho en uno sobre la retirada de las tropas ucranianas en la región de Kursk y la alegría se disipa en un santiamén: es un corta y pega de EFE. Las de política nacional, tres cuartos de lo mismo: más agencias. Ay. Me sobresalta un ripio entre tantísimo rigor sobrevenido: «Un hombre prohíbe a los deshollinadores entrar en su casa y la negativa conduce a una operación policial a gran escala». Entradilla: «El descubrimiento provocó soprendió (sic) a las autoridades». La firma «Redacción HuffPost» (ya decía yo): el tipo cultivaba marihuana, ya ves tú.

Por cierto, el avión del juicio final no es un jinete del apocalipsis, sino una aeronave de la aviación estadounidense preparada para soportar ataques nucleares. Lo bautizaron «Doomsday» («Apocalipsis» en la lengua de Cervantes) porque los yanquis son unos flipados. Casi tanto como los editores del Huff.

El pulso interno en el Consejo de Administración del grupo Prisa, a raíz de la aspiración a un nuevo canal de televisión, tiene en las últimas horas sus primeras consecuencias en el organigrama de la empresa. El presidente ejecutivo de Prisa Media y consejero ejecutivo de Prisa, Carlos Núñez, ha dimitido este miércoles de sus cargos un día después de que el consejo de administración del grupo, propietario de El País y la Cadena Ser, rechazara concurrir a una futura licitación de un canal de televisión en abierto. El consejo de administración ha aceptado su dimisión, según ha comunicado Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, el órgano de gobierno de Prisa ha acordado proponer a la próxima junta de accionistas la reducción del número de consejeros de 15 a 11. Carlos Núñez siempre se había posicionado a favor del proyecto de una nueva licencia de TDT que aprovechara las sinergias de El País y la Cadena Ser con el objetivo de impulsar una televisión de línea editorial progresista.

Joseph Oughourlian, fundador Amber Capital y principal accionista del Prisa con un 29,5%, anunció en la reunión del consejo de administración de este martes la "renuncia" a participar en el concurso para una nueva licencia de televisión, y la decisión de centrar todos los esfuerzos en continuar reduciendo la deuda apalancada, que hoy asciende a 750 millones de euros. Oughourlian hizo ese anuncio contra el criterio de otros accionistas y directivos de Prisa, que llevan meses trabajando en el proyecto de ese nuevo canal de televisión cuyo concurso está previsto que se abra en las próximas semanas.

Fuentes del mismo consejo de administración aseguran a infoLibre que "la guerra solo acaba de empezar". Los impulsores del proyecto audiovisual, cuyo esqueleto de contenidos está muy avanzado, han iniciado contactos con el resto de accionistas de Prisa para constatar su posición y, en el caso de que se confirmen los apoyos recabados hasta ahora, sería en la junta de accionistas prevista para junio donde se dirimiría el pulso sobre ese proyecto de televisión y, por ende, una recomposición del accionariado de la compañía. "Oughourlian ha desatado la guerra total contra una parte de su propio equipo", destacaba otra fuente de la dirección de Prisa.

La primera consecuencia ha sido la salida de Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media, que hace sólo diez días anunciaba a través de una entrevista en El País: "Con nuestro desarrollo audiovisual, lo natural es lanzar una televisión". El reposicionamiento de Oughourlian, que no ha pillado por sorpresa a quienes venían percibiendo su oposición al proyecto, no ha dejado margen a Núñez para la continuidad, pese a que, desde el punto de vista de la gestión de Prisa, fuentes de su dirección reconocen que ha sido el principal autor de la mejora clara de resultados de la compañía, especialmente en El País y la Cadena Ser. Uno de los factores condicionantes del grupo de comunicación, su fuerte endeudamiento, se ha situado en el nivel más bajo en 20 años. 

Joseph Oughourlian, en una entrevista que publica este miércoles Expansión, diario económico perteneciente a Unidad Editorial, ya avanzó que el consejo de administración del grupo haría "una reflexión en los próximos días" sobre la continuidad de algunos directivos. Según Oughourlian, "un grupo de accionistas de Prisa" había propuesto al consejo "un proyecto de televisión que no ofrecía garantías", ya que contaba "con una financiación de solo 20 millones". En su opinión, en una cadena de televisión esa cifra "da para apenas cinco minutos". “Soy un accionista muy exigente –añade–, a mí me gusta tejer relaciones con los directivos, con los gestores de largo plazo. Al mismo tiempo, si la gente no cumple o no hace el desarrollo previsto, pues tendrán que buscarse otro puesto”.

Oughourlian, además, ha enviado este miércoles un correo electrónico a los trabajadores en el que les comunica la decisión de Prisa de no concurrir al concurso para una nueva licencia de televisión "tras haber llegado a la conclusión de que no es lo más adecuado para el futuro de nuestro Grupo" y que la apuesta en este momento es centrarse en las actuales líneas de negocio dentro de Prisa Media. Tras destacar los logros obtenidos por Carlos Núñez en su gestión, asegura que hará "todo lo que esté en mi mano para garantizar el futuro de Prisa".

Escribo este texto para dar testimonio de un ejemplo singular de compromiso político y capacidad profesional. Y también de una amistad muy grande que se extendió a lo largo de 41 años. Conocí a Miguel Barroso en 1983. Había militado en Bandera Roja, colaboró en El Viejo Topo y fue redactor de información nacional en el diario El País. Procedente del diario, se incorporó al Ministerio de Educación y Ciencia, primero como jefe de prensa y, posteriormente, como jefe del gabinete a partir de 1986. Mi última conversación con él fue el 27 de noviembre de 2023, cuando nos intercambiamos comentarios sobre un texto de El País. A lo largo de esas cuatro décadas, Miguel Barroso me impresionó siempre por una aguda inteligencia, una viveza incansable y un inmenso encanto personal.

Desde su puesto en el ministerio ejerció una influencia importante en decisiones sobre la política educativa. Ayudó a defender la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Ley de Reforma Universitaria, la Ley de la Ciencia. Durante su período en el ministerio, la proporción del gasto público en educación respecto del gasto público total pasó de representar un 8,03% a un 10%. El número de becarios se multiplicó por 2,81% en las universidades y por un 2,10% en las enseñanzas medias. Se crearon 14.828 unidades escolares nuevas en centros públicos, y se pusieron en marcha programas de educación compensatoria (de ayuda a colectivos desfavorecidos) y de educación especial (de ayuda a alumnos con particulares necesidades).

Ayudó en la preparación del libro La Reforma de la Enseñanza (1984). También en el desarrollo del Congreso de Intelectuales organizado por Ciprià Ciscar y Ricardo Muñoz Suay y celebrado en Valencia el 15 de junio de 1987. El congreso pretendía rendir homenaje al Congreso de Intelectuales Antifascistas que tuvo lugar en 1937. Acudí a él, y también lo hicieron Jorge Semprún, Joan Fuster, Juan Goytisolo, Manuel Vázquez Montalbán, Josep M. Ferrater Mora, Mario Vargas Llosa, Norberto Bobbio, José Manuel Caballero Bonald, Guillermo Cabrera Infante o Daniel Cohn-Bendit.

La influencia política de Miguel Barroso se extendió mucho más allá. Su contribución fue muy grande en la inesperada victoria del PSOE en 1993, tras ir cuatro puntos por detrás en intención de voto y devaluar el Gobierno socialista la peseta en un 4% en vísperas electorales. Tras la estrepitosa derrota de Felipe González por José María Aznar en el primer debate televisado de la campaña, sin que nadie se lo hubiera encargado, Felipe González me pidió ayuda para preparar el segundo debate. Acudí a Miguel Barroso y a José Miguel Contreras, porque su contribución era imprescindible. De esta forma, tras una intensa preparación, en el segundo debate celebrado el 31 de mayo de 1993, Felipe González se impuso de forma contundente a Aznar. El éxito de ese debate aumentó en cerca de cuatro puntos el voto socialista.

Miguel Barroso siguió siendo un asesor fundamental para los siguientes dirigentes socialistas. Así sucedió con Joaquín Almunia como secretario general del PSOE entre 1997 y 2000. De cara a las elecciones generales del año 2000, Almunia decidió introducir en el seno del partido elecciones primarias, de forma que el candidato socialista no fuera designado por organismos internos del partido (Comisión ejecutiva, Comité federal o Congreso nacional) sino por los afiliados del partido. La iniciativa fue muy audaz.

Comenté la estrategia de Almunia en un artículo en El País, titulado El valor de Almunia. Intentaba dar una respuesta a críticas bastante extendidas respecto de los procesos de oligarquización de los partidos políticos. Se argumentaba que las agrupaciones, como aquellas de organización territorial, habían ido languideciendo. Que la información y la influencia interna de los militantes era escasa. Se recordaba el artículo 6 de la Constitución, que definía a los partidos como “instrumento fundamental para la participación política”, y señalaba que habían de tener una “estructura interna y funcionamiento [que] deberán ser democráticos”. Es cierto que las elecciones primarias multiplican la influencia y el peso de los afiliados. Dijo una vez Willy Brandt que “los problemas de la democracia se curan con más democracia”. La decisión de Almunia fue una respuesta en esa dirección, audaz y valiente. La elección del candidato a la presidencia del Gobierno mediante primarias abiertas a todos los afiliados es el sistema actualmente vigente. Sin embargo, no existen soluciones mágicas. Las primarias son, en efecto, un proceso muy movilizador mientras dura el proceso de selección. Sin embargo, con posterioridad a la elección pueden dar lugar a una gran concentración de poder, con reducidos pesos y contrapesos. Manuel de la Rocha escribió el 18 de octubre de 2024 un artículo en El País titulado PSOE: los límites de la democracia partidaria. Siendo un firme partidario de las primarias, avisa de los riesgos de reducción del debate interno, de concentración de poder y de reducción de contrapesos internos. Es oportuno examinar la Ley de Partidos Políticos de 2002, elaborada por el gobierno de José María Aznar, para pensar en posibles reformas que promuevan una mayor democracia interna en los partidos.

Miguel Barroso ayudó a Joaquín Almunia en la campaña y en las relaciones de colaboración entre el PSOE e Izquierda Unida, liderada por Francisco Frutos. Su colaboración estaba guiada por lo que Joaquín Almunia calificó como una “causa común”: en palabras de Almunia, “la izquierda, los progresistas, tenemos que hacer causa común para superar nuestra división y representar a una sociedad que mayoritariamente es progresista y no quiere seguir en manos de la derecha”.

Miguel Barroso no pudo ayudar a Joaquín Almunia en la preparación de algún debate con José María Aznar en las elecciones generales del año 2000 porque éste se negó a debatir, privando a los ciudadanos de información política. Aznar ocupaba la presidencia del Gobierno y no quería correr riesgo alguno. Consiguió conservar el poder, obteniendo un 44, 5% de los votos, frente al 34,1% del PSOE y el 5,4% de Izquierda Unida. La clave del resultado fue un extenso voto exonerativo por parte del electorado femenino y de edad madura (que exculpaban al Gobierno de turno de responsabilidades por los problemas del momento). Como resultado de esas elecciones, en un gesto ejemplar, Joaquín Almunia dimitió como secretario general del PSOE.

Miguel Barroso fue un asesor importante en los sucesivos gobiernos socialistas. Así sucedió con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que fue amigo personal. Con él fue secretario de Estado de Comunicación en los años 2004 y 2005. En ese periodo consiguió la aprobación de las licencias de las cadenas televisivas La Sexta y Cuatro, así como de la ley de 2006 que contribuyó a despolitizar la televisión (los presidentes de la radio y televisión públicas pasaron a ser elegidos por el Parlamento). Asimismo, consiguió aprobar el Estatuto de la Redacción de la Agencia EFE, que reforzó la independencia de los periodistas. Ayudó a José Luis Rodríguez Zapatero en su debate televisivo de febrero de 2008 contra Mariano Rajoy, seguido por 13 millones de ciudadanos. El debate influyó mucho en la victoria electoral que dio lugar al segundo periodo de gobierno socialista con Rodríguez Zapatero.

Miguel Barroso siguió apoyando al gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. A lo largo de cuatro décadas fue un asesor político fundamental con los tres presidentes socialistas. Pero su profesión se situaba fuera de la política: era un profesional de la información y la comunicación. Por ello dejó la Secretaría de Estado y volvió a su profesión. Trabajó para Hispasat, fue director general de la filial de la FNAC en España y, posteriormente, director internacional de Comunicación y Marketing de la empresa en París. Trabajó también para Young&Rubicam, primero en España, posteriormente en Centroamérica y el Caribe. Y en marzo de 2021 pasó a ser consejero de PRISA y vocal de su consejo de administración.

Tuve una profunda amistad con él. A lo largo de los años posteriores, tuvimos frecuentes reuniones y almuerzos, los dos solos o acompañados de José Miguel Contreras. Quedábamos en el Café Gijón de Madrid, en la Librería La Central cerca de Callao, en el restaurante Di Maria de Ópera. A lo largo de su vida, su compromiso político fue constante. Comentábamos la política, los escritos o las entrevistas. Artículos publicados en El País, en infoLibre, en El Español, entrevistas en televisión o conferencias públicas. Discutíamos versiones falsas del debate entre González y Aznar en la campaña electoral de 1993. Lamentamos el insuficiente recuerdo de Ernest Lluch, el gran ministro e intelectual socialista. Me escribía que era “extravagante y desconcertante ver a Felipe y Guerra en esas actitudes”, “¿has visto el acto de presentación del libro de Guerra por González en El Ateneo este jueves?”, “el colmo es pedir un referéndum sobre la amnistía y decir que se arrepiente de haberlo convocado sobre la OTAN”, “¿se arrepiente del indulto al general Alfonso Armada?”.

Su vida fue, tristemente, demasiado corta. Pero a lo largo de los años mostró afectos profundos a sus amigos, lealtades perdurables, una aguda inteligencia, una inmensa capacidad profesional y un compromiso ejemplar con sus principios e ideas.

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José María Maravall es sociólogo y fue ministro de Educación y Ciencia entre 1982 y 1988

Salta la noticia: El País estrena, en exclusiva y para suscriptores premium, un impagable testimonio de la vida monclovita. Moncloa: cuatro estaciones. Viva Vivaldi. El periódico más leído de nuestra nación dedica una amplia entrevista a su réalisateur, Curro Sánchez Varela, en la que desgrana su currículo: un documental de Paco de Lucía (su padre), otro de Malú (su prima) y otro de Curro Romero (parentesco por determinar). «Se había convertido en un documental maldito», asegura el redactor, «que nadie se atrevió a emitir». Por algo sería.

Avance de minuto y medio. La cámara entra en las suntuosas salas del palacio de la presidencia. Dos empleados extienden, con gran alharaca, un mantel blanco sobre una mesa redonda. Voz en off sobre el trasiego del personal doméstico: «Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona». Cara del asesor parlante; retratos de Zapatero y Aznar pésimamente iluminados. Musiquilla de piano. «Pues sí que es verdad que la primera vez impresiona», comenta una zagala. Impactantes declaraciones. Unos criados sirven la mesa. Escena de Pedro Sánchez metiéndole prisa a los ministros: mira el reloj y exclama, «venga, vamos a empezar». Escenas de ayudantes explicándose cosas que ellos ya saben, pero para que las entienda el espectador. «En una semana… lo que ha avanzado esto». Ay va, la virgen. Llevan casco de obra y chaleco reflectante: no les falta un perejil. Una señora, con los brazos cruzados, mira ceñudamente por la ventana. Alguien explica el importantísimo papel de «los sherpas»: la avanzadilla presidencial. En un televisor de mentira, salen unos montañistas trepando el Everest. Vuelve Sánchez: los personajes se saben grabados y actúan regular. Más ayudantes declarando a cámara lo imprescindible y trascendental que es su trabajo. Un empleo adrenalínico. El presidente, en off: «A veces pienso que me conocen mejor que yo a mí mismo». Un señor calvo se sincera ante el documentalista: «Tenemos que saber lo que vale cada día, y cada día que estamos aquí vale un mundo». Ay, que me emociono.

¿Primer capítulo? El 20 de octubre. ¡Mañana! Me carcome la emoción, me mina el entusiasmo. ¿Qué reveladoras confidencias nos tendrá reservado este valeroso producto audiovisual? ¿Cuáles serán los motivos que han impedido su emisión hasta hoy? ¿Veremos al presidente cortándose las uñas de los pies? ¿Se descubrirá que la oposición ha sobornado al cocinero para que escupa en la sopa? Un país está pendiente del curso de estas revelaciones. ¿Quién le plancha los calzoncillos a Pedro Sánchez? ¿Cuál es su helado favorito? Los asesores, ¿nacen o se hacen? ¿Saldrá Ábalos apurándose un pitillo antes de esconderse en la bodeguilla del presidente González?

Lo que hubiese dado por estar en la reunión en la que los jefazos de PRISA decidieron que El País debía (¡debía!) ofrecer este largometraje a la opinión pública. «Pero si está maldito», avisó un consejero. «El espíritu de Polanco nos protege», sentenció otro.

Voy a comprar palomitas. Mientras tanto, repasaré la sección de nacional, que no me he enterado bien del asunto del fiscal general. La verdad es que, visto lo visto, no tengo motivos para desconfiar del posicionamiento editorial.

El fichaje de Juan Luis Cebrián por The Objective no es sino el colofón de una prolongada deriva que convirtió al gestor del éxito periodístico de El País en el urdidor del casi hundimiento del grupo Prisa, enajenándose por el camino el respeto de sus propios redactores y el resto de la profesión mientras hacía gala de una derechización que también intentó trasladar al periódico progresista de referencia en España.

La sorpresa, por tanto, debería ser contenida. Como también que se vaya a estrenar en el nuevo medio con una entrevista a Felipe González, que abandonó el consejo editorial de Prisa en 2021. Es inevitable trazar la similitud de las evoluciones, vitales e ideológicas, de ambos personajes. Y lo mismo puede decirse del medio que ha elegido para escribir el estrambote de una carrera tan laureada como polémica: Antonio Caño, exdirector de El País y brazo ejecutor de Cebrián en la etapa más negra del periódico, forma parte del consejo editorial del digital que ahora acoge a su mentor. Allí compartirá espacio de firma con otros viejos conocidos como Fernando Savater, Félix de Azúa, y Pilar Marcos, entre los ex de El País, o Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre los antiguos cargos políticos.

El ya expresidente de honor de Prisa ha contestado a la destitución fulminante sugiriendo que va a demandar a su antigua empresa –“Demostraré en los tribunales que no he incumplido el contrato de colaboración”– y anunciando que este sábado iba a enviar a la directora del periódico, Pepa Bueno, el artículo previsto para este mismo lunes. Fuentes de Prisa aseguran a infoLibre que no van a publicar ningún artículo más de Juan Luis Cebrián, aunque lo utilice como “artimaña jurídica”.

En un comunicado, el fundador de El País se despide del grupo que ayudó a levantar citando su Libro de Estilo, al primer presidente de Prisa, José Ortega Spottorno, e incluso a Calderón de la Barca. Termina invocando a la libertad de expresión. Lo mismo hizo Antonio Caño cuando fue despedido en 2021, también anunciando acciones legales que terminaron en un acuerdo con la empresa antes de llegar al juicio.

Quizá ninguno de los dos recordaba, por ejemplo, el día en que El País canceló el suplemento de 12 páginas con artículos de The New York Times porque éste había publicado un reportaje titulado Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda, en el que varios periodistas denunciaban presiones gubernamentales y de los acreedores. Uno de ellos era Miguel Ángel Aguilar, que fue despedido sólo dos días antes por las críticas vertidas en el diario estadounidense.

Eso ocurrió en 2015, pero para entonces Juan Luis Cebrián ya había mostrado ante los suyos que la foto donde posaba con el casco de Darth Vader y que Jot Down no publicó hasta tres años después de lo previsto –en marzo de 2019, cuando la revista ya no era distribuida por Prisa– era un más que fiel reflejo de la evolución, y del carácter, del personaje.

Fue en una reunión con el comité de empresa de El País, previa al primer y único ERE que ha sufrido el periódico en sus casi 50 años de historia, cuando Cebrián intentó justificar los 129 despidos de noviembre de 2012. “No podemos seguir viviendo tan bien”, les dijo a los redactores. Pero esa primera persona del plural no le incluía: en 2011 había cobrado 13 millones de euros –fijo, bonus y complementos–, mientras Prisa se apuntaba unas pérdidas de 451 millones, las ventas de ejemplares caían más de un 30% y la acción del grupo en Bolsa se desplomaba, dejándose el 90% de su valor respecto a 2007. Como calculó entonces Pere Rusiñol, experiodista de El País, con esa cantidad se podían haber contratado 400 redactores, cuyos sueldos fueron recortados en un 8% tras el ERE.

No fue la única incoherencia argumental de Cebrián esos días de crisis económica. También defendía la necesidad de rejuvenecer la plantilla. “La tercera edad en periodismo comienza a los 50 años”, esgrimió, tras calificar de “preocupante” que la edad media en el diario fuera de 53. Entonces él tenía 68 años y hoy ya cuenta 79.

Pero hasta allí, el ERE, las pérdidas millonarias y una deuda elefantiásica, Prisa había llegado de la mano de una gestión económica que puede tacharse de nefasta. Ahora también se recuerda cuando Maruja Torres, que había abandonado El País en 2013, dijo que Cebrián quería ser “un tiburón de Wall Street”, pero se quedó en “sardinita”.

No le faltaba razón: como publicó infoLibre en 2014, Propu (Promotora de Publicaciones), la empresa que era el accionista mayoritario de Prisa y cuyo consejero delegado era Juan Luis Cebrián, se dedicó a hacer operaciones especulativas de alto riesgo al menos desde 2003, con importes que alcanzaban los 360 millones de euros. Al principio le fue bien, pero en 2007 perdió 148 millones de euros por especular de forma agresiva y arriesgada con derivados sobre acciones de Prisa. Tal fue el batacazo que Propu demandó en los tribunales a Goldman Sachs, la firma que había utilizado para asesorarse y gestionar estas operaciones. Y perdió estrepitosamente. Primero un juzgado de Primera Instancia y después la Audiencia Provincial de Madrid fallaron a favor del banco de inversiones en una sentencia que Propu ya no se molestó en recurrir y es firme. En ella se desvelan todos los detalles de las operaciones de alto riesgo que resultaron en un auténtico fiasco nada más estallar la burbuja financiera en 2008.

Mientras Propu acusaba a Goldman Sachs de hacer “un asesoramiento negligente e ilícito” e incluso su director de inversiones llegó a declarar ante los jueces que “no sabía lo que era” y “no entendía” aquello que le presentaba el banco estadounidense, el tribunal consideró que Cebrián y el resto de los gestores de la empresa “conocían los riesgos que asumían” cuando apostaron por una subida del valor de la acción que nunca se produjo. Es más, Propu aumentó sus posiciones en 2007, pese a que Goldman Sachs le aconsejó en contra. Era, alegó el banco de inversiones, un “cliente profesional y sofisticado”, acostumbrado a operar con derivados. De hecho, las operaciones especulativas formaban parte de los objetivos de inversión establecidos expresamente en la cuenta que Propu abrió con Goldman Sachs en 2000.

En ese mismo año 2008, el de la quiebra de Lehman Brothers, Cebrián firmó la operación más polémica de Prisa: la OPA por el 100% de las acciones de Sogecable, la televisión del grupo. Una inversión de 3.000 millones de euros que disparó la deuda de Prisa por encima de los 5.000 millones. Esa carga insoportable dejó al grupo en manos de sus acreedores, que convirtieron la deuda en capital. Santander, La Caixa y HSBC se convirtieron en accionistas del primer grupo de comunicación español. También entraron fondos de inversión y un jeque catarí. Al acabar 2015, cuatro bancos y el fondo Amber controlaban el 42% del capital de Prisa. Mientras, la familia Polanco no dejaba de perder peso. Al cierre de 2009, poseía el 70,95% del grupo; en 2016 su participación se había quedado en el 10,7%. Hoy no supera el 7,6%.

Eran años en que Prisa encadenaba números rojos cada vez más elevados. Si empezó con unas pérdidas de 72 millones de euros en 2010, en 2013 se elevaron a 649 millones y en 2014 explotaron hasta los 2.263 millones –en 2023 ha perdido 33,5 millones–. Cebrián había sido su consejero delegado desde 1988 y su presidente ejecutivo desde 2012. Pero, además de la crisis económica general, de la crisis de la prensa en particular, y de los problemas de gestión, Cebrián tenía que afrontar otros retos de tiburón financiero venido a menos. En 2016 su nombre apareció asociado a los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca que destapó a defraudadores fiscales de todo el mundo.

Su segunda exmujer, Teresa Aranda, figuraba como apoderada de una sociedad llamada Granite Corporation Incorporated, domiciliada en las islas Seychelles. Aranda también era vicepresidenta de la Fundación Atman, que presidía Felipe González. En su patronato se sentaba además un empresario iraní, Massoud Zandi, a su vez socio junto al propio Cebrián y Antonio Navalón, entonces columnista de El País, de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo, actividades poco claras en Sudán del Sur y una deuda con Hacienda de 2,5 millones de euros en 2016. Navalón también apareció en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 2,08 millones. Cebrián siempre ha negado tener ni haber tenido sociedades en paraísos fiscales, pero perdió en los tribunales una demanda contra El Confidencial por "difamarle" publicando la información revelada en los Papeles de Panamá.

Mientras, en la redacción de El País se libraba otra batalla. Cebrián encargó a Antonio Caño, quien entonces era corresponsal en Washington, un informe interno sobre el periódico y los cambios que debían hacerse para frenar la pérdida de lectores. Caño lo envió por error a una cincuentena de periodistas y colaboradores del diario. infoLibre lo publicó. Era febrero de 2014 y Javier Moreno, que no sabía nada del documento, ejercía de director. El contenido del informe levantó ampollas: Caño planteaba cambiar a todo el equipo directivo e incorporar a los cuadros a jóvenes de 30 años, al tiempo que criticaba que se hubiera “arrinconado” al periódico “en un lado del espectro político”.

Ya entonces era patente el giro del periódico hacia la derecha, pero el documento lo ponía negro sobre blanco. Cebrián también había hecho notar su enfrentamiento con los periodistas que él consideraba “del 68”, en alusión a los movimientos sociales que irrumpieron ese año en todo el mundo, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el Mayo francés. Apenas 10 días después de desvelarse el informe, el consejo de administración de Prisa anunció el nombramiento de Antonio Caño como director de El País.

Sus cuatro años al frente del periódico fueron quizá los más abruptos de la historia del diario. Caño, que se consideraba a sí mismo un “conservador”, apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak y su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentó con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Una vez en la dirección, sus relaciones, y las de quienes nombró para formar su equipo, con la redacción no fueron buenas. Además del cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas. Cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo había considerado “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo con una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulos”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

Además, el Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión convocada al efecto al cabo de apenas un minuto, con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial, de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz sólo dos semanas después de que Cebrián dejara la presidencia ejecutiva de Prisa en 2018. El resto de su equipo fue despedido. Tres años después también lo fue el propio Antonio Caño.

Desde entonces, Juan Luis Cebrián ostentaba la presidencia de honor de Prisa, mientras escribía artículos de opinión y críticas de libros en el suplemento Babelia. Siempre ha dicho que su abandono de las funciones ejecutivas fue el capítulo final de una sucesión que había empezado a preparar en 2016.

En una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre de 2017, Cebrián alertó de “la falta de rigor y credibilidad, del basurero de opinión en el que se ha convertido internet, a través de toda clase de sistemas organizados para generar una política de desinformación, chantaje y bloqueo con motivaciones muy diferentes”. Habrá que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el expresidente de Prisa en el medio que acaba de contratarle, precisamente uno de los señalados por no ser precisamente escrupuloso a la hora de publicar bulos.

El Consejo de Administración de PRISA Media, en su reunión celebrada este miércoles, ha decidido la destitución de Juan Luis Cebrián como presidente de honor de El País, según ha informado la compañía en un comunicado.

En este sentido, apunta que el anuncio de su próxima colaboración como periodista en otro medio constituye un incumplimiento material de los términos del contrato de colaboración actualmente en vigor entre Juan Luis Cebrián y El País, en el cual se configuraba una relación exclusiva.

"La autorización para colaborar en otro medio, preceptiva para poder proceder con su nuevo proyecto, no fue solicitada ni comunicada en ningún momento por Cebrián, incumpliendo así su contrato", añade.

Por ello, el Consejo de Administración de PRISA Media considera de forma unánime que la condición de presidente de honor del periódico requiere un cumplimiento contractual que no se ha dado en este caso. En consecuencia, ha decidido su destitución.

El adjunto a la directora de El País y anteriormente subdirector de Opinión del diario, Jordi Gracia, será el nuevo presidente del Consejo editorial de Prisa Media, mientras que José Miguel Contreras, que es accionista y colaborador de infoLibre, ha sido nombrado director de Contenidos de Prisa Media. Así lo ha dado a conocer este viernes el Grupo Prisa, que ha detallado que Contreras desempeñaba hasta ahora la labor de asesor de Estrategia de la propia Presidencia del grupo, según ha informado Europa Press.

De este modo, ha indicado que, como responsable de Contenidos, cargo de nueva creación y dependiente del presidente de Prisa Media, "implementará la coordinación entre las diferentes cabeceras, apoyando el trabajo que ya realizan las áreas de Prisa Vídeo y Prisa Audio, de cara a maximizar el aprovechamiento de sinergias y el desarrollo de nuevas líneas de negocio".

En cuanto a Jordi Gracia (Barcelona, 1965), Prisa ha indicado que es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona y en la actualidad, adjunto a la dirección de El País, y codirector de la revista TintaLibre. Fue subdirector de Opinión de El País. Además, Gracia ha publicado diversos libros de historia intelectual como La resistencia silenciosa, Fascismo y cultura en España (que fue premio Anagrama de Ensayo 2004), A la intemperie, en torno a la experiencia del exilio y ha editado el epistolario de Dionisio Ridruejo, además de escribir su biografía, en La vida rescatada de Dionisio Ridruejo.

Es además coautor con Domingo Ródenas del libro de historia literaria Derrota y restitución de la modernidad, 1939-2010 y en 2011 publicó un panfleto contra el catastrofismo cultural sistemático, El intelectual melancólico, y otro falsamente dirigido Contra la izquierda. Sus últimos libros han sido una biografía de Ortega y Gasset y otra titulada Cervantes. La conquista de la ironía, el ensayo sobre Javier Pradera o el poder de la izquierda y ha sido editor y compilador de Los papeles de Herralde sobre la editorial Anagrama.

Respecto a José Miguel Contreras (Madrid, 1958), Prisa ha destacado que es doctor en Periodismo por la Universidad Complutense, donde obtiene el doctorado cum laude con su tesis Política y Televisión, y catedrático de Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha desarrollado una amplia carrera profesional en prensa, radio y televisión. Sus inicios son Radio 3 y en el departamento de radio de la UNED. En los años ochenta, trabaja en el grupo Prisa, como subdirector de Radio El País, redactor responsable de las páginas de radio y televisión del diario y, en 1989, como primer director de Programación de Canal+ España.

En 1991, ocupa el cargo de director de programas y deportes de Telemadrid. En 1993, crea GECA (Gabinete de Estudios de Comunicación Audiovisual), empresa de investigación en medios de comunicación. Trabaja como consultor en España (Antena 3, Telecinco, RTVE, Vocento, etc.) y en el extranjero (Colombia, Portugal, Brasil, Argentina, etc.) En 1996 es uno de los socios fundadores de Globomedia. Crea y dirige numerosos formatos como El Club de la Comedia, La Noche con Fuentes, Splunge, 59 segundos, Noche Hache, etc. Varios programas fueron ganadores de reconocimientos como el premio Ondas del grupo Prisa, en dos ocasiones, y el premio de la Academia de la TV.

Fue creador y director de varios espectáculos teatrales como 5 hombres.com, 5mujeres.com, La vida según San Francisco y Hombres, mujeres y punto. En 2006 es el principal promotor de la cadena de televisión La Sexta, donde ejerce como consejero delegado hasta 2012. En 2009 es designado presidente de UTECA (la organización empresarial de las televisiones privadas). Entre 2012 y 2015 desempeña el cargo de vicepresidente del grupo Atresmedia, donde forma parte del comité editorial.

Desde 2016, recupera su actividad periodística en diversos medios de comunicación como analista político (La Sexta, elDiario.es, infoLibre y la Cadena Ser) y experto en comunicación política, una de sus especialidades académicas. Desempeña la función de productor ejecutivo de formatos televisivos como El Intermedio y El Objetivo. Además, crea Lacoproductora, compañía que lanza proyectos originales como El Cielo Puede Esperar, para Movistar+; Por h o por b, para HBO; Palo y Astilla, para La Sexta; Todo es Gila, para Netflix o Días de Tele, para La1. La empresa forma parte en la actualidad del grupo Prisa.

Prisa Media, en su apuesta por la transformación digital y los contenidos propios, ha lanzado el canal de vídeo digital de El País para televisión conectada, según ha informado la compañía, según ha informado Europa Press.

En colaboración con Samsung TV Plus y la plataforma de televisión en streaming Tivify, la emisión recogerá la producción audiovisual del periódico con una programación diaria enfocada en reportajes, entrevistas, temas de investigación, ciencia y formatos de entretenimiento.

La parrilla de contenidos incluirá más de siete horas de programación diarias que se irán actualizando con nuevas producciones, sobre temas como la crisis climática analizada sobre el terreno desde escenarios como la Antártida o los glaciares de los Alpes, el deporte explicado en primera persona por sus protagonistas o entrevistas a líderes mundiales como Obama o Lula, así como la Guerra de Ucrania, la actualidad política o los últimos avances científicos.

El canal de El País estrenará también formatos de entretenimiento que se irán renovando semanalmente, como las recomendaciones de las mejores series de televisión de Serielistas, las partidas de ajedrez míticas explicadas por Leontxo García o las recetas de cocina de El Comidista.

El canal se podrá ver a través de Samsung TV Plus, el servicio gratuito de entretenimiento para Samsung Smart TV con más de 70 canales de diversas temáticas. El País también estará presente en la plataforma de televisión en streaming Tivify, en el dial 163.

Los títulos de Prisa se han disparado un 19,5% hasta los 0,668 euros en la sesión de este martes después de que el grupo francés Vivendi comunicara que aspira a pasar de un 9,9% hasta el 29,99% en el accionariado de la empresa española, lo que le convertiría en máximo accionista, según informa Europa Press.

Durante la sesión se han negociado más de 1,4 millones de títulos, más de tres veces el volumen habitual de negociación del valor.

La compañía francesa notificó el lunes al consejo de Prisa que había pedido permiso al Gobierno para llevar a cabo esta operación, solicitud que se encuadraría dentro del marco del escudo anti-opas para compañías estratégicas puesto en marcha por el Gobierno.

Para llegar a su objetivo, Vivendi deberá pactar con algún accionista significativo de Prisa, algo que aún no ha hecho ni para lo que ha comenzado negociaciones, según la comunicación del pasado lunes.

El grupo presenta este martes sus resultados y el próximo miércoles hará una conferencia con inversores.

El accionariado de Prisa

Vivendi entró en el accionariado el pasado enero, cuando compró su participación al banco HSBC. Actualmente posee un 9,93% del accionariado.

El grupo industrial es el segundo accionista del grupo editorial tras Amber, fondo que cuenta con el 29,84% del grupo y con el que recientemente cerró en Francia la compra de su 18% en la editorial Lagardère por 610 millones de euros.

Tras Vivendi, se sitúan en el accionariado Telefónica, que tiene un 9,4%, Rucandio SA, la sociedad de la familia Polanco, que tiene el 7,6%, el qatarí Jalid Thani Abdulá Al Thani, que controla el 5,13%, y el mexicano Roberto Alcántara, con el 5% a través de su sociedad Gho Networks, entre otros.

Con participaciones por debajo del 5% están Inversora del Carso, vehículo del multimillonario mexicano Carlos Slim (4,3%), Banco Santander (4,1%), el empresario mexicano Carlos Fernández González (4%) y los fondos de inversión Melqart Opportunities (2,2%) y Polygon (1%).

Vivendi ha pedido al Gobierno autorización para comprar acciones de Prisa hasta llegar al 29,9% de su capital social, el máximo legal para no tener la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), según ha notificado la empresa de medios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, informa Europa Press.

Vivendi ha aclarado que no está en negociaciones o conversaciones con ningún accionista del grupo de comunicación para la adquisición de dichas acciones, lo que trasluce su intención de acudir al mercado.

En concreto, la compañía francesa ha presentado ante la Subdirección General de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, una solicitud para la obtención de autorización del Consejo de Ministros a la adquisición de acciones de Prisa representativas de hasta un 29,9% de su capital social.

El grupo entró en el accionariado el pasado enero, cuando compró su participación al banco HSBC. Actualmente posee un 9,93% del accionariado.

Las acciones de Prisa cerraron a 0,56 euros este lunes, un 3,52% más que en la apertura gracias a un repentino repunte a finales de sesión.