La Comisión Europea propuso este martes reducir a la mitad las importaciones de acero libres de aranceles permitidas en la Unión Europea y duplicar el gravámen que se aplica a partir de esa cuota hasta el 50%, a fin de luchar contra el exceso de capacidad de producción global en el sector, debido sobre todo a la subsidiada industria china. 

La medida, que aún debe ser aprobada por la Eurocámara y por los Estados miembros, sustituirá a partir del 30 de junio de 2026 a la actual salvaguarda comercial para el acero y endurece sus condiciones para hacer frente a la situación "absolutamente insostenible" que afronta la industria europea por la competencia desleal de terceros, según fuentes comunitarias. 

En concreto, la propuesta propone reducir en un 47%, hasta los 18,3 millones de toneladas, la cuota de importaciones libres de aranceles y elevar del 25% actual hasta el 50% el gravámen aplicado a partir de ese umbral, lo que supone reducir los volúmenes sin tarifas a niveles de 2013, cuando el problema de sobrecapacidad global aún no había comenzado. 

Además, el Ejecutivo comunitario prevé obligar a que los importadores informen del país en el que se produjo la primera fundición y vertido del acero para mejorar la transparencia sobre el origen del metal y evitar que se eludan aranceles o sanciones declarando una procedencia distinta, por ejemplo, tras realizar solo una pequeña transformación en otro país.

Bruselas busca así hacer frente al problema global de exceso de producción en el sector del acero, que hace que su mercado se vea inundado de importaciones abaratadas gracias a subsidios y otras políticas estatales, sobre todo procedentes de China e India, pero también del sudeste asiático. 

La situación ha hecho que en la última década la cuota europea en el mercado mundial del acero haya caído al 8% y la capacidad de producción instalada en el continente al 67%, a lo que se suma ahora la guerra arancelaria por la que Estados Unidos ha impuesto un arancel del 50% a todo el acero europeo y que podría generar un desvío aún mayor de importaciones de terceros hacia la UE. 

Bruselas lleva años intentando negociar una solución al problema en foros internacionales y sobre todo con China, a la que considera "principal responsable" del exceso de capacidad global pero, lejos de desaparecer, el problema "esté empeorando". De ahí que la Comisión no vea "otra opción" que limitar las importaciones para evitar una situación que podría ser "fatal" para la industria europea, explicaron fuentes comunitarias. 

El Ejecutivo comunitario no ha incluido en la propuesta una asignación por país de los 18,3 millones de toneladas libres de aranceles puesto que prevé negociarlas "tan pronto como sea posible" con los países interesados en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 

Con esta oferta, Bruselas quiere empujar a sus socios comerciales, sobre todo aquellos más afines, a buscar soluciones comunes al problema global de sobrecapacidad en el sector, por lo que a la hora de fijar posibles asignaciones nacionales tendrá en cuenta si hay acuerdos en este sentido, además de otros factores.

La Comisión tendrá especial consideración con los países candidatos a la adhesión a la UE o los que tengan necesidades de seguridad inmediatas, como Ucrania, pero solo prevé eximir de la salvaguarda a los miembros del Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein).

Los mayores proveedores de acero a la UE, y principales afectados por el endurecimiento del arancel, son Turquía, India, Corea del Sur, Vietnam, China, Japón, Reino Unido y Ucrania. 

Por otro lado, la Comisión espera que la medida dé un aliciente a Estados Unidos para negociar la situación del acero, después de que este quedase fuera del acuerdo comercial de julio que garantizó un arancel tope del 15% al grueso de productos europeos. 

"Creemos que ofrecerá una base para entablar negociaciones con EEUU sobre la adopción de medidas conjuntas para abordar el exceso de capacidad, pero también para examinar la relación bilateral que tenemos sobre el acero y, con suerte, encontrar un mejor trato que el 50% actual", explicó un alto funcionario.

El anuncio de este fin de semana por parte de Donald Trump, en el que ha señalado que implementará aranceles del 25% a México y Canadá y del 10% a China a partir de este martes, ha provocado un inicio de semana frenético en los mercados. A la espera de que se concreten las medidas relativas al comercio con la Unión Europea, los selectivos abrieron en números rojos, y en España, componentes del Ibex 35 como Arcelor Mittal, Indra, Fluidra o BBVA (todas con presencia en México) llegaron a caer por encima de un 4%. Al cierre de la sesión, las más perjudicadas eran Indra y Fluidra, ambas con pérdidas por encima del 4%. “Como era de esperar, hemos entrado en un periodo de ruido político e incertidumbre general […] Consideramos, en gran medida, que los aranceles son una herramienta de negociación para alcanzar otros objetivos, como abordar la inmigración y la crisis de los opioides”, explica Norbert Rücker, jefe de economía e investigación en la institución bancaria suiza, Julius Baer. Y pese a que se lo esperaban, el susto en las bolsas europeas se ha dejado notar: el DAX alemán se dejó un 1,10%; el FTSE 100 inglés, un 1,04%; el CAC francés, un 1,2% y el Euro Stoxx 50, cayó un 1,2%.

Por otro lado, los acontecimientos se han ido sucediendo y en la tarde del lunes, Trump decidía pausar “un mes” los aranceles a México y Canadá tras hablar con Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau. Esto no cambió el rumbo de los mercados, que ya se habían estabilizado y muchas estaban cercanas al cierre, pero sí rebajó la tensión entre ambos territorios. “Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

Las nuevas medidas proteccionistas de la administración norteamericana no se han concretado aún a nivel europeo, pero el presidente estadounidense mantiene su amenaza y “hay pocas esperanzas” de que Europa salga intacta, explica a infoLibre Tom Van der Heyden, profesor de economía en OBS Business School. “Nadie se esperaba que la segunda administración Trump fuera a cambiar el rumbo yendo por un camino más conciliador”, explica el experto, aunque la premura de las medidas (lleva dos semanas en el cargo) ha asustado a los mercados.

Independientemente del país, todas las empresas con negocios o intereses económicos en China, México o Canadá han arrastrado a las bolsas a la baja porque en una economía global, los resultados de muchas corporaciones dependen de operaciones más allá de sus fronteras. “Por ejemplo, en el caso de empresas que operan en México, como BBVA, si asumimos que el país puede entrar en recesión, eso se podría traducir en menos negocio, menos actividad, menos crédito y menos clientes, por lo que la empresa lo notaría”, explica el economista de OBS. Y este, es solo un ejemplo.

Pero también hay contrapartida para Estados Unidos. “Esos aranceles los acabarán pagando los consumidores americanos porque va a subir la inflación”, explica el profesor, quien matiza que, aunque la economía americana es fuerte y podrá absorber los incrementos, se calcula un aumento de casi medio punto que los ciudadanos podrían notar en el bolsillo. El mismo Donald Trump hizo mención a esta posible dinámica y reconoció que los aranceles podrían causar “dolor”, pero que “valdría la pena el coste”.

De hecho, muchos sectores españoles contienen la respiración por si finalmente el presidente norteamericano se decantase por aplicar a Europa la misma política que a Canadá, China o México. A nivel nacional, las semimanufacturas (productos químicos, farmacéuticos o material de construcción), bienes de equipo (maquinaria industrial y aparatos eléctricos) y alimentación, serían los productos más expuestos si se penaliza a Europa, según un estudio de BBVA Research publicado en enero. “El impacto se podría ver con especial claridad en la industria automotriz y la construcción, donde la subida del coste de insumos como el acero, el aluminio o la madera encarecerá la producción y afectará a la demanda”, explica el analista de mercados de eToro, Javier Molina. De hecho, la siderúrgica Arcelor Mittal ha perdido un 1,84% en Bolsa a lo largo de la jornada del lunes. En conjunto, el selectivo español se dejaba en la sesión un 1,3%, aunque cerraba por encima de los 12.200 puntos.

En términos absolutos, por el lado de las exportaciones, Estados Unidos es el sexto destino para las mercancías españolas y representa el 4,9% del total de las ventas al exterior. Así, pese a que la balanza comercial sufrirá sacudidas, tanto CaixaBank Research, como los expertos de BBVA Research señalan que la exposición es relativamente baja. Esto se debe a que España tiene menos volumen de intercambio con Norteamérica que otros países europeos, explica Van der Heyden. 

Pero también importamos. En concreto, EE UU es nuestro quinto proveedor y la tasa ha ido aumentando en los últimos años. En 2024 la cifra alcanzó los 28.380 millones de euros, por compras correspondientes a productos energéticos (35,2% del total), semimanufacturas (29,2%), sobre todo productos químicos, y bienes de equipo (21,4%), en especial material de transporte y motores, según detalla un estudio de CaixaBank Research. 

Por regiones, si los peores augurios se cumplen, algunas zonas que dependen más del comercio con la primera economía del mundo sufrirían más. Los expertos de BBVA calculan que las más afectadas serían, por un lado, la Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco (bienes de equipo) y, por otro, Cataluña, por su actividad en exportación de productos químicos. En cuanto al ámbito de la alimentación, que es tercer sector más expuesto, el informe señala que son Andalucía y Cataluña las regiones más expuestas, con un impacto particular en el aceite de oliva. “Aunque hay otros países que pueden sostener parte de la demanda, como China, pero quiénes venden a EE UU sufrirán el impacto”, explica el economista de OBS. 

Los tiempos de la economía no son los de la diplomacia, pero una y otra suelen estar muy cerca. Tras conocerse esta mañana la noticia, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares no descartaba la posibilidad de que llegasen los aranceles a Europa, pero ha mandado un mensaje de tranquilidad, señalando que la Unión Europea “tiene la firmeza, la determinación y los instrumentos para afrontar cualquier tipo de agresión comercial”. Sin embargo, lanzaba un guiño al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y afirmaba que España es un “aliado natural” de Estados Unidos. “Creemos en el libre comercio, nadie gana con una guerra arancelaria porque produce inflación en todos los sitios”, concluyó.

En la misma línea se pronunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se mostraba partidario de dar una respuesta conjunta a nivel europeo, aunque pedía prudencia porque ese es un escenario que aún no se ha dado. “Protegeremos nuestras industrias si es necesario y protegeremos, por supuesto, a nuestras empresas”, concluyó.

Desde Sumar, el portavoz del partido, Ernest Urtasun, hablaba de “guerra comercial” y llamaba también a organizar una respuesta conjunta a nivel europeo. “La Unión Europea debe ser capaz de construir una respuesta multilateral del conjunto de la sociedad internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio”, ha dicho.

Menos diplomáticos se mostraban desde Podemos. “Nuestro Gobierno debería reaccionar condenando públicamente esa guerra comercial y promoviendo una reacción conjunta de la Unión Europea para defender nuestros intereses y nuestra economía”, apuntaba la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez. “No se puede permitir que Trump haga lo que le dé la gana y que nuestro Gobierno simplemente mire para otro lado sin reaccionar, porque lo siguiente será coaccionarnos para imponer aumento del gasto militar”, concluyó.

Antes incluso antes de comenzar su mandato presidencial, Donald Trump ya ha obtenido su primera victoria: en pocas semanas, ha logrado la caída de Justin Trudeau. El primer ministro canadiense anunció su dimisión el pasado 6 de enero, tras nueve años al frente del gobierno. Permanecerá en el cargo hasta que el Partido Liberal designe a su sucesor antes de convocar elecciones anticipadas.

Aunque Trudeau era cada vez más impopular, incluso entre los suyos, debido a sus políticas, al regreso de la inflación y al aumento del coste de la vida, podía haber aguantado hasta las próximas elecciones, previstas inicialmente para octubre. Donald Trump volvió a barajar todas las cartas en cuestión de días: su anuncio, el 25 de noviembre, de que subiría los aranceles un 25% a todos los productos importados de Canadá –y también de México– nada más entrar en la Casa Blanca ha sido fatal para el primer ministro canadiense.

Minimizando los riesgos de una guerra comercial con Estados Unidos, Justin Trudeau quiso continuar su política como hasta entonces, lo que provocó la dimisión de su ministra de Economía, Chrystia Freeland, el hundimiento de su apoyo dentro del Partido Liberal y su propia dimisión.

Pero Justin Trudeau no había escatimado esfuerzos para volver a entablar cuanto antes un diálogo con Donald Trump. Al día siguiente del anuncio de posibles sanciones aduaneras contra Canadá, acudió a Mar-a-Lago, la residencia del presidente americano en Florida, para prometerle lealtad e intentar iniciar negociaciones. Lo mismo que ya hizo en 2018.

Por aquel entonces, Donald Trump ya había entrado en guerra contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, que eliminaba la mayoría de las barreras aduaneras entre los tres países. Tras largas discusiones, se firmó un nuevo acuerdo que no cambiaba prácticamente en nada las relaciones entre Estados Unidos y Canadá.

De vuelta a Canadá, Justin Trudeau se mostró convencido de que sería posible, una vez más, encontrar puntos en común con Donald Trump. Y volvió a la política interior, anunciando ayudas y bajadas de impuestos para recuperar a una ciudadanía inquieta de cara a las próximas elecciones generales, aunque en total desacuerdo con su ministra de Economía, Chrystia Freeland.

Para sortear la oposición de quien fue durante mucho tiempo su aliada, Justin Trudeau le propuso cambiar de cartera. La reacción de la ministra fue inmediata: dimitió y publicó una vitriólica carta denunciando las decisiones de Justin Trudeau: “Nuestro país se enfrenta ahora a un grave desafío [...]. Debemos tomarnos esta amenaza muy en serio. Eso significa mantener seca nuestra pólvora fiscal para que tengamos las reservas que podríamos necesitar ante una guerra arancelaria.”

La línea del frente se ha trazado ahora en Canadá. Hay quienes están convencidos de que pueden sortearse las amenazas arancelarias de Donald Trump y que será posible negociar con él en algún momento. Y están los que temen un segundo mandato de Donald Trump, en el que podría permitirse hacer todo lo que no se permitió hacer durante el primero.

Algunos sólo lo vieron como una broma de mal gusto. El día de Navidad, Donald Trump estaba muy inspirado cuando se lanzó a esbozar su visión geopolítica para su segundo mandato. Aprovechando su estado de ánimo, dijo que quería recuperar el control del Canal de Panamá y comprar Groenlandia a Dinamarca. En cuanto a Canadá, según él debería convertirse en el 51º Estado de Estados Unidos.

Parece que la idea le interesa especialmente. Durante su primer mandato, Donald Trump ya había planteado la idea. Para él, todo apunta hacia esta integración. Pero lo que más atrae al presidente republicano es la riqueza mineral y energética de su vecino.

El gobierno de Trudeau, lejos de sus grandes declaraciones sobre la lucha contra el cambio climático y la necesaria transición energética, ha impulsado el desarrollo de sus recursos mineros y de combustibles fósiles. Las provincias de Alberta, Columbia Británica y el Extremo Norte se han convertido en un paraíso para los gigantes de la minería y el petróleo. Con la mayor discreción, Canadá se ha convertido en el cuarto productor de petróleo, por detrás de Arabia Saudí, Estados Unidos y Rusia, con más de 6 millones de barriles diarios.

Estados Unidos se ha aprovechado rápidamente esos recursos producidos a sus propias puertas. Cada vez depende más de las importaciones de petróleo, gas, electricidad, carbón, mineral de hierro, uranio y otros productos procedentes de Canadá. Tanto es así que el déficit comercial de Estados Unidos con su vecino no para de aumentar, superando los 50.000 millones de dólares en los diez primeros meses de 2024. Una cifra que tiene el efecto de un trapo rojo para Donald Trump.

El presidente electo, decidido a hacerse con el control de todas las materias primas estratégicas, empezando por el gas y el petróleo, y determinado a reindustrializar el país, cree que la forma más fácil de lograr sus objetivos es anexionarse Canadá y echar mano de las riquezas y la energía canadienses que Estados Unidos necesitará cada vez más.

“Creo que podemos llegar a un buen acuerdo que permita a nuestros dos países ser más seguros, más ricos y más fuertes”, afirmó el líder del Partido Conservador canadiense, Pierre Poilièvre, que parece ser el favorito para las próximas elecciones, pero se niega a creer en una guerra comercial con Estados Unidos. Dice estar convencido de que es posible negociar con la nueva Administración estadounidense.

Amoldándose a la visión de Donald Trump, el líder del Partido Conservador no parece imaginar que Canadá tenga otra opción que depender de una economía extractiva. Cree que hay que desarrollar cada vez más la explotación de los combustibles fósiles y la producción de electricidad que necesita Estados Unidos. Presas, centrales nucleares, oleoductos... todo le parece concebible. Incluso promete relanzar el Keystone XL, un proyecto de oleoducto –detenido por Joe Biden– destinado a encaminar hasta el centro de Estados Unidos el petróleo de esquisto producido en las arenas bituminosas de Alberta.

Respondiendo a las exigencias americanas, Pierre Poilièvre cree poder establecer un cierto equilibrio de fuerzas con Donald Trump. Recuerda que los precios de los productos energéticos y mineros importados por Estados Unidos son mucho más bajos que los de los mercados mundiales.

Sin embargo, Canadá se ve penalizada en este tira y afloja: nunca ha querido realmente alejarse de su dependencia de Estados Unidos. Una situación que ahora se vuelve peligrosa. Para recuperar cierta autonomía, los dirigentes políticos se afanan en hablar de planes de refinerías y de terminales de exportación de gas licuado para poder vender su producción de petróleo y gas en los mercados mundiales y escapar al control estadounidense.

Pero, ¿tendrán tiempo y dinero para salir de su dependencia de Estados Unidos? Al sentirse con ventaja tras su primer éxito en la política interior canadiense, Donald Trump parece decidido a aprovechar la situación: “Canadá debe convertirse en el Estado número 51 de Estados Unidos”, repitió tras el anuncio de la dimisión de Justin Trudeau.

Traducción de Miguel López

La Unión Europea apenas cuenta con yacimientos de petróleo y gas, excepto los offshore del Mar del Norte y algunos en Rumanía; el holandés de Groninga, el mayor del continente, acaba de ser clausurado. Por ese motivo, se ha convertido en el mayor importador de gas natural del mundo: necesita comprar fuera el 83% del que utiliza. En 2023 trajo en barco un total de 120.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado; el resto, hasta los 400.000 millones que consumen los Veintisiete, le fue suministrado a través de gasoductos. El 21% de la electricidad y el 38% de la calefacción, tanto doméstica como industrial, se genera y funciona con gas.

Europeas son también algunas de las mayores petroleras y gasistas del mundo, cuyo negocio de extracción se extiende por África, Asia y América. Entre ellas se cuentan las españolas Repsol y Cepsa. La compañía presidida por Antonio Brufau es una de las 20 mayores compañías del sector. En 2022, además, encabezó el Íbex 35 en facturación –34.809 millones de euros–, espoleada por la guerra de Ucrania. La casi centenaria Cepsa, hoy propiedad de Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dabi, y del fondo de inversión estadounidense The Carlyle Group, presume de ser la mayor petrolera europea que no cotiza en Bolsa.

Ambas compañías explotan yacimientos en Argelia, de donde procede el 5% del gas que compra Europa y el 42% del que adquiere España. Repsol posee también pozos en Libia y hasta 2021 los tuvo en Irak. En marzo de 2023 Cepsa vendió a la francesa TotalEnergies su negocio en Abu Dabi. Por lo que su negocio en la zona que comprende África del Norte y Oriente Próximo se limita ahora a sus cuatro yacimientos en el desierto argelino.

Es más, las dos españolas trabajan juntas, asociadas con la italiana ENI, la estadounidense Occidental Petroleum y la indonesia Pertamina, para extraer crudo en Ourhoud, el segundo mayor yacimiento de Argelia. Además, Repsol explota desde 2017 junto a la alemana Wintershall el yacimiento de gas Reggane Norte, así como los de Menzel Ledjmet Nord y El Merk junto con la indonesia Pertamina.

A su vez, Cepsa opera en solitario otros tres campos en medio del desierto: Rhoude El Khrouf, Bir El M’Sana y Timimoun II. En los yacimientos argelinos, las españolas comparten el negocio con la estatal Sonatrach, porque en el país norteafricano los hidrocarburos son propiedad del Estado, que licita y adjudica los contratos.

Sonatrach, un auténtico gigante del sector, figura como la undécima petrolera más grande del mundo y como la principal empresa de Argelia: de su actividad depende el 26% del PIB del país. También es la compañía que más gas ha quemado en sus yacimientos durante la última década. Una práctica que en inglés se llama flaring y que proporciona a los pozos de petróleo y gas esas características llamaradas constantes que adornan las antorchas en altura donde se produce la combustión. Se trata de un mecanismo utilizado como sistema de seguridad –aunque no únicamente por ese motivo– para aliviar la presión en las explotaciones. No sólo en los pozos donde se extraen tanto el crudo como el gas, también en las refinerías o en las plantas de regasificación, por ejemplo.

La quema en antorcha es muy contaminante. El gas natural –metano– debe salir del circuito, y puede hacerlo tal cual, directamente a la atmósfera, lo que se denomina venteo. Como se sabe, el metano es el principal gas de efecto invernadero: atrapa 84 veces más calor en la atmósfera que el dióxido de carbono (CO₂) durante 20 años. También puede quemarse, transformándolo en su mayor parte en CO₂. En ese caso se emite mucho menos metano, pero la combustión produce óxido nitroso, hollín, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles… todos ellos contaminantes perjudiciales para la salud humana –pueden provocar problemas respiratorios, cáncer y hasta partos prematuros–, la flora y la fauna.

De 2012 a 2022, Sonatrach quemó 97,26 billones de metros cúbicos de gas (bcm), lo que se tradujo en unas emisiones de 235 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente o CO₂e [el CO₂e es el resultado de multiplicar la masa de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global, obteniendo así su valor equivalente en dióxido de carbono]. Así lo revela la investigación Burning Skies, conducida por la red de periodismo de investigación medioambiental EIF (Environmental Investigative Forum) junto con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), así como la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica). Utilizando datos geográficos y de satélite proporcionados por el Grupo de Observación de la Tierra del Payne Institute for Public Policy y la ONG medioambiental Skytruth, completados con una investigación en fuentes abiertas, Burning Skies ha vinculado miles de señales de combustión a más de 650 infraestructuras petrolíferas y de gas situadas en 18 países de África y Oriente Próximo. Así se han estimado las emisiones de 2012 a 2022, y atribuido a las empresas operadoras, por cada yacimiento petrolífero, planta de gas natural licuado (GNL) o refinería.

Esas cantidades convierten a Sonatrach en la primera empresa contaminante del norte de África y Oriente Próximo, incluso por delante de otros grandes como BP, ENI y Exxon. Daraj, socio de EIC en esta investigación, ha preguntado a Sonatrach por estas cifras, pero el gigante argelino no ha querido hacer ningún comentario.

A su vez, Argelia es el sexto país del mundo y el segundo país de la región donde más gas se quema en antorcha, con un total de 102,19 billones de metros cúbicos, que se convirtieron en 260,6 millones de toneladas de CO₂e en la última década. Representan el 20% de las emisiones de toda la región. En la zona sólo le gana Irak, con 158,63 bcm de gas quemado y unas emisiones de 400,4 millones de toneladas de CO₂e, de acuerdo con las estimaciones de Burning Skies.

Los números son aún más sangrantes si se tiene en cuenta que en Argelia la ley prohíbe la combustión rutinaria de gas en antorcha desde 2019, aunque ya en 2005 se habían aplicado restricciones, también al venteo. En teoría, sólo se puede quemar gas previa autorización, en determinados casos y con límites temporales. Desde 2019, además, se gravan con impuestos ambas prácticas: unos 90 dólares por cada 1.000 metros cúbicos quemados o venteados. La ley incluso prevé sanciones en caso de incumplimiento –750 dólares diarios–, pero no se sabe de que se haya impuesto nunca ninguna.

De esas cifras récord de gas quemado, una parte es responsabilidad de Repsol y Cepsa. En Argelia, las dos empresas españolas han emitido 2,7 millones de toneladas de CO₂e, tras arder 1,02 bcm de gas desde 2012 hasta 2022, según los análisis de EIC. En concreto, Repsol ha quemado 0,12 bcm, que se convirtieron en 0,3 millones de toneladas de CO₂e. Las cantidades de Cepsa son superiores: 0,94 bcm de gas combustionado y 2,4 millones de toneladas de CO₂e emitidas. Repsol comenzó a quemar en Ourhoud y Reggane Norte sólo en 2017.  Curiosamente, el año en que más gas quemaron ambas compañías fue el último, 2022: los yacimientos de Cepsa doblaron combustión y emisiones respecto al año anterior, mientras que los de Repsol las multiplicaron por 28. Para hacerse una idea del volumen de gas que se vierte a la atmósfera, desperdiciando el recurso y contaminando el entorno, bastan un par de comparaciones. Los 0,2 billones de metros cúbicos de gas que ambas compañías quemaron en 2022 en Argelia equivalen al consumo de luz y calefacción de las viviendas de toda la provincia de Bizkaia en un año, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en Bizkaia hay 563.000 viviendas.

Si las comparaciones se aplican a las cifras de toda la década, el billón de metros cúbicos de gas que Cepsa y Repsol quemaron en Argelia habría sido suficiente para cubrir durante un año el consumo de luz y calefacción de 2,5 millones de hogares españoles, a razón de una media de 400 metros cúbicos por vivienda. Ese es el número de hogares de toda la Comunidad de Madrid, según el censo de 2021 del Instituto de Estadística madrileño.

Finalmente, si lo que se comparan son las emisiones contaminantes, los 2,7 millones de toneladas de CO₂e expulsadas por Cepsa y Repsol en la última década en Argelia equivalen a las producidas por la industria y la construcción de toda España en un solo año, 2022, según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus Cuentas Ambientales. Pero también se acercan a las emisiones conjuntas anuales de las ciudades de Alicante y Castellón, que suman más de medio millón de habitantes, según los respectivos inventarios municipales de emisiones de gases de efecto invernadero. Y superan la cantidad de CO₂ generada por Sevilla y Zaragoza, que rozan, cada una, los 700.000 habitantes.

En España, Cepsa y Repsol también queman gas en antorcha. En sus refinerías. La decena de las que funcionan en el país emitieron en 2022 un total de 9,6 millones de toneladas de CO₂e, un 6% más que el año anterior, tal y como recoge la última edición del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Transición Ecológica. El informe otorga a estas emisiones una “relevancia significativa”.

Del total expulsado por las refinerías, 3,9 millones son “emisiones fugitivas”, generadas en la extracción o procesamiento del petróleo y el gas y que no se aprovechan. Estas han crecido nada menos que un 203% desde 1990, debido a que las refinerías procesan cada vez más crudo. De esos 3,9 millones de toneladas de CO₂e, el 7%, 0,27 millones, procedió de la quema en antorcha, según el inventario de Transición Ecológica. Es decir, todas las refinerías de España emiten casi la misma cantidad de CO₂e que Repsol desde las antorchas de sus dos yacimientos de Argelia. Repsol es la propietaria de cuatro de ellas y una quinta –Tarragona– la comparte al 50% con Cepsa, que a su vez posee otras tres. BP tiene una más, en Castellón.

Ambas petroleras –también la estatal Sonatrach– están adheridas a la iniciativa del Banco Mundial Zero Routine Flaring by 2030, que tiene como objetivo suprimir la quema de gas en antorcha para ese año. Por tanto, informan de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los informes de gestión que publican cada año, y de la parte de éstas que atribuyen tanto a la combustión de gas como al venteo.

En el informe de 2023, Repsol reconoce unas emisiones de 0,7 millones de toneladas de CO₂e procedentes de las antorchas de sus explotaciones en todo el mundo, cuatro veces más de las que produce mediante venteo. También cifra en 0,38 millones de toneladas la cantidad de gas que quemó ese año. Da más detalles en sus respuestas al cuestionario del Carbon Disclosure Project (CDP), que mide el impacto ambiental de las mayores empresas del mundo y que la compañía cuelga en su página web. Dice que la combustión en antorcha representa el 4% de sus emisiones de alcance 1 –las que se producen directamente en la actividad normal de la empresa–. Y que el 43% de ellas procede de los yacimientos de petróleo y gas, 0,24 millones de toneladas; el resto, de las refinerías.

Pero no desglosa sus emisiones por regiones. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones de EIF y EIC, sólo en Argelia las antorchas de los yacimientos en los que participa Repsol emitieron en 2022 casi una tercera parte de las producidas en todos los campos y refinerías que tiene repartidos por el mundo, si ésa fuera la cifra real de sus emisiones.

En el caso de Cepsa, su último informe anual reconoce unas emisiones mundiales de 0,07 millones de toneladas de CO₂e en 2022, muy lejos de las 0,3 millones de toneladas sólo en Argelia que resultan de las estimaciones de EIF y EIC. En 2023, la cifra es aún menor: 0,04 millones. En sus repuestas al cuestionario de CPD, Cepsa asegura que su quema de antorcha no es “relevante”, por lo que carece de un “objetivo cuantitativo específico” para reducir esa práctica industrial. Aun así, cifra en un 2,2% –la mitad que Repsol– la cuota que el flaring tiene en su cómputo total de emisiones de alcance 1 –directas– y 2 –las indirectas, generadas por la energía suministrada a la compañía–. Cepsa reconoce que en 2023 han aumentado precisamente esas emisiones porque ha crecido la actividad de sus refinerías. En las españolas, sus emisiones de alcance 1 el año pasado sumaron más de tres millones de toneladas de CO₂e, a las que añade 733.097 toneladas de sus plantas petroquímicas de Palos de la Frontera (Huelva) y Puente Mayorga (Cádiz).

A diferencia de Repsol, Cepsa sí desglosa sus emisiones por territorios. En Argelia sólo reconoce unas emisiones globales de alcance 1 de 84.800 toneladas de CO₂e y de 25.861 toneladas de alcance 2. Un total de 110.661 toneladas de CO₂e que proceden tanto de las antorchas como de fugas.

Las estimaciones realizadas por EIF y EIC, por tanto, confirman que las cifras de emisiones que facilitan las petroleras están infraestimadas.

Así, la BBC publicó en septiembre de 2022 una investigación basada en datos del Banco Mundial, que utiliza satélites para monitorizar las emisiones de gases de efecto invernadero de los pozos petrolíferos y de gas. Según sus indagaciones, las empresas no habían declarado casi 20 millones de toneladas de CO₂e procedentes de la quema de gas en antorchas en 2021. Las mismas emisiones, destacaba la televisión británica, que producen 4,4 millones de vehículos en un año.

Otra investigación, realizada por Environmental Defense Fund (EDF), una organización estadounidense de defensa del medio ambiente, reveló en 2021 que las empresas emiten 3,5 veces más metano de lo que comunican a la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de EEUU (EPA). Al menos las que trabajan en la Cuenca Pérmica, “el mayor campo petrolífero del mundo”, 222.739 kilómetros cuadrados entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México. Para llegar a esa conclusión, utilizaron satélites y helicópteros con cámaras de infrarrojos. Y descubrieron que el 11% de las antorchas funcionaba mal: el 5% estaban apagadas y el resto no quemaban correctamente el gas. Casi el 60% fallaba más de una vez a la semana.

Es más, aunque las petroleras declaran que las antorchas queman el 98% del metano con el que se las alimenta, la investigación de EDF desveló que, en realidad, no ardía más que el 91%. Y no es una diferencia pequeña: una reducción de sólo un punto porcentual en la eficiencia de las teas se traduce en un aumento del 50% de las emisiones resultantes, asegura el Banco Mundial.

“En otros países del mundo, las antorchas son aún más ineficientes, queman por debajo del 91% del gas”, advierte Daniel Zavala-Araiza, investigador de EDF y de la Universidad de Utrecht. La industria, explica, asume ese 98% de eliminación del metano, pero si, además, “las teas se apagan, el flujo de metano se mantiene y las empresas no informan de las incidencias, las emisiones reales son altísimas”.

infoLibre ha preguntado a Cepsa y Repsol por la discrepancia entre las cifras publicadas en sus informes anuales y los resultados de Burning Skies. Cepsa dice que no puede analizar los datos de la investigación de EIC, porque “desconoce” cuáles son sus fuentes –pese a que se le especificaron–. La empresa no ha respondido a las preguntas sobre cuestiones específicas que se le ha enviado y que se reproducen al final de esta información. Se limita a afirmar que cumple “con toda la normativa y regulaciones vigentes en los países que opera”. Y, en Argelia, en concreto, cumple con la ley relativa a actividades de hidrocarburos.

“Todas nuestras instalaciones cuentan con el preceptivo estudio de impacto ambiental conforme a los requerimientos legales exigidos por la normativa vigente de los respectivos países”, añade la petrolera. Cepsa sólo ofrece una explicación genérica de lo que eso significa: ”Identifica y caracteriza los valores naturales” de las zonas afectadas por la actividad de sus instalaciones, evalúa los potenciales impactos ambientales y establece “medidas preventivas y correctoras”.

Repsol, por su parte, sólo incluye en sus cálculos de emisiones los yacimientos en los que es operador, pero no aquéllos en los que tiene una participación accionarial. Ese “criterio operacional”, explica, “no es un cómputo de Repsol”, sino “una metodología reconocida por el GHG Protocol [elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible] y ampliamente utilizada en el sector del petróleo y el gas”. De esta forma, excluye de su cómputo los yacimientos de Argelia –Reggane Norte, Menzel Ledjmet Nord, El Merk y Ourhoud– y Libia –El Sharara– en cuya propiedad participa junto con otras compañías públicas y privadas. Como aduce que su participación accionarial es minoritaria, Repsol argumenta que “es el operador el que tiene el control y, por tanto, el poder de decisión” sobre las medidas que deben tomarse para reducir la quema de gas en antorcha y las emisiones contaminantes. Eso sí, la petrolera declara su “compromiso” para “tratar de influir en las decisiones” de sus socios en los yacimientos donde no es el operador.

Sin embargo, en su página web Repsol publicita ampliamente su larga presencia en Argelia, un país que considera “estratégico”, así como los “proyectos de explotación” en los que “participa” la compañía: “La producción media de Repsol en Argelia en 2023 es de más de 60.000 barriles/día (el 2% de la producción neta global del grupo), de los que cerca del 60% es gas”.

De hecho, la petrolera española posee el 36% de Groupement Reggane Nord, el operador de Reggane Nord; el 35% de Ourhoud y el 32% de Akakus Oil Operations, operador del bloque NC-186 en El Sharara, en Libia, según aparece en su página web.

La extracción de petróleo y gas en el norte de África es sólo una pequeña parte del negocio tanto de Repsol y Cepsa. En la década que ha analizado EIC, la compañía de Brufau también ha explotado yacimientos en Estados Unidos, Reino Unido, Noruega –en el mar del Norte – Bolivia y Perú. En 2022 vendió los de Canadá y Ecuador, en 2021 los de Vietnam, Malasia e Irak. Según los datos de emisiones del Banco Mundial, donde más gas ha quemado Repsol en esa década ha sido en Malasia –1,7 bcm–, tal y como reconoce además en sus respuestas al cuestionario de CDP, seguido de sus pozos en aguas británicas del Mar del Norte –1,6 bcm–. Finalmente, entre 2012 y 2018, quemó 0,03 bcm de gas en Casablanca, la única plataforma petrolífera de España, situada en la costa de Tarragona.

Cepsa también tiene yacimientos en Malasia, donde quemó 0,8 bcm de gas en la década, además de Tailandia, según recoge la estadística del Banco Mundial. A partir de 2022 ha vendido explotaciones en Abu Dabi, Colombia y Perú.

Pese a las iniciativas internacionales y las promesas de los gobiernos y las compañías adheridos a ellas, la quema de gas en antorcha no se ha reducido de forma significativa en los últimos 10 años, tal y como reconoce IOGP (International Association of Oil & Gas Producers), la asociación que reúne a las principales petroleras del mundo. De hecho, en 2023 el flaring creció un 7% respecto al año anterior, alcanzando los 148 billones de metros cúbicos, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial publicados en su más reciente informe de seguimiento. Además, se trata del mayor volumen de los últimos cinco años. Lo que se traduce en unas emisiones contaminantes de 381 millones de toneladas de CO₂e. El Banco Mundial también admite que la reducción de la quema en antorcha “se ha estancado en la última década”.

Sin embargo, empresas como Repsol prometen reducir esta práctica contaminante –y antieconómica– en un 50% en 2025 respecto a 2018 y suprimirla por completo en 2030. La IOGP culpa a “la falta de infraestructuras, la distancia a los mercados, las limitaciones de la inversión de capital y la ausencia de un marco reglamentario eficaz y efectivo” del escaso brío con que las petroleras se dedican a acabar con las antorchas y a aprovechar el gas que ahora se despilfarra.

Por el contrario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), sostiene que el 40% de las emisiones de metano podría evitarse “sin ningún coste neto”, porque el coste de las medidas de reducción es inferior al valor de mercado del gas natural. En precios máximos, además, desde la invasión rusa de Ucrania. Según sus cálculos, harían falta 100.000 millones de dólares hasta 2030 para recortar las emisiones de metano, menos del 3% de los ingresos netos obtenidos por la industria del petróleo y el gas en 2022.

Porque la tecnología para acabar con la quema en antorcha existe, explican a infoLibre los expertos consultados. Aun así, la reutilización del gas que ahora arde en las teas “no es sencilla”, precisa José Antonio García Fernández, profesor de Ingeniería Química de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. “El caudal que llega a la antorcha es variable, por lo que no resulta manejable, hace falta un caudal constante para su aprovechamiento energético, para producir electricidad o para su consumo”, explica. De forma que habría que cambiar los procesos para reducir las emisiones variables de gases combustibles. Tratándose de un mecanismo de seguridad, apunta, “si hay un problema en la planta, la única forma sencilla de solucionarlo es enviar el gas a la antorcha”.

No sólo es lo más fácil. Ocurre también que el gas asociado a la extracción de petróleo es un recurso que no interesa –sólo interesa el crudo– y se quema. Fue lo que desveló la investigación emprendida en 2022 por el equipo de Luis Guanter, catedrático de Física Aplicada en la Universitat Politècnica de València y experto en el uso de satélites para detectar y medir las emisiones de metano. Descubrieron que la estatal Pemex quemaba sistemáticamente el gas en una plataforma de la costa de Campeche, en el Golfo de México, a razón de 100 toneladas por hora.

La combustión rutinaria de gas quedó al descubierto gracias al apagón que sufrieron las antorchas de ese yacimiento durante 17 días en diciembre de 2021. Los satélites detectaron entonces las emisiones de metano que se liberaban directamente a la atmósfera desde las teas, inactivas quizá por una avería en las instalaciones. La cantidad de gas fue tal que, sólo en esos 17 días, se expulsó a la atmósfera el equivalente al 3% de las emisiones anuales de México.

En su informe anual, Repsol dice que está “buscando soluciones viables técnica y económicamente para minimizar la quema rutinaria de gas cuanto antes”. Pero en la encuesta de CDP explica que la reducción conseguida en el último año se debe, principalmente, a que ha vendido los yacimientos más intensivos en flaring, en Malasia y Ecuador. Es decir, ya no están en su inventario… pero siguen contaminando en el de la malaya Hibiscus Petroleum y la canadiense New Stratus Energy.

Este periódico ha preguntado a ambas petroleras por las medidas que están adoptando para reducir la quema de gas en antorcha. Repsol asegura que ya ha alcanzado, antes de la fecha prevista –2025–, la reducción prometida de flaring en un 50% respecto a 2018. Y, a fin de llegar al nivel cero de emisiones para 2030, dice que buscará “soluciones para medir de forma más precisa” las emisiones –con drones y avionetas– y separar las quemas rutinarias de las que no lo son. También para reutilizar el gas y generar calor o electricidad en el propio campo, reinyectarlo o darle una salida comercial. La petrolera no contestó a infoLibre qué porcentaje de sus quemas son rutinarias, pero según las estadísticas del Banco Mundial, éstas superan el 57%. Una cifra muy alejada del 1,7% declarado por BP o del 17,5% de TotalEnergies.

Pese a sus buenas intenciones sobre el papel, la petrolera española fue multada en diciembre de 2023 por la North Sea Transition Authority (NSTA) con la mayor sanción que el organismo había impuesto hasta ese momento, 160.000 libras –191.530 euros–, por quemar y ventear 73 toneladas de gas sin permiso en Fulmar, en el Mar del Norte.

Por lo que respecta a sus refinerías en España, Repsol dice haber instalado “uno o más compresores de recuperación de gas para reutilizarlo como combustible”. Y Cepsa menciona que tiene tres proyectos para “maximizar la recuperación de energía y minimizar la cantidad de gas que se quema”, pero no precisa más. También asegura que ha reducido 15.000 toneladas de CO₂ por refinería con las medidas que ha puesto en marcha.

En otros países, como en Congo, se está reconduciendo el gas asociado a la extracción del petróleo para alimentar centrales eléctricas, asegura la IOGP, mientras Petronas captura ahora el gas que antes ardía en sus campos offshore en Indonesia. En Argelia, el Banco Mundial elogia la reducción del 5% conseguida en 2023, la mayor de todos los países, y que atribuye a los proyectos de recuperación de gas puestos en marcha en el campo de Hassi Messaoud, el mayor del país, así como en otros de Tiguentourine, Ohanet y Tin-Fouye-Tabankart.  

El enfoque de Noruega es distinto. Desde los años 90 grava con impuestos a las empresas que operan en el mar del Norte y queman o ventean gas: 65,35 euros por tonelada de CO₂ quemada y 1,17 euros por metro cúbico venteado o emitido. Con semejante desincentivo económico, la quema en antorcha de gas de Noruega equivale ahora al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las plataformas del Mar del Norte, mientras que la del Reino Unido en la misma zona representa el 25%, según denuncia el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Cinco veces más, por tanto, pese a que los campos offshore británicos producen la mitad de barriles de petróleo que los noruegos.

En noviembre de 2023, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acordaron un reglamento de emisiones de metano en el sector energético que prohíbe tanto la quema como el venteo rutinarios de gas desde el mismo momento en que entre en vigor. Pero no prohíbe las importaciones de gas o petróleo que se hayan producido superando determinados límites de emisiones. Sí que establece que, a partir de enero de 2027, sólo se puedan firmar contratos de suministro si el combustible fósil se ha extraído fuera de la UE cumpliendo los mismos requisitos de medición y control de emisiones impuestos a las empresas europeas.

El problema es que el reglamento no fija ningun límite de emisiones ni de intensidad de metano en la producción del gas y el petróleo. La Comisión lo hará más adelante y las empresas no tendrán que cumplirlo hasta 2030. Estados Unidos, en cambio, sí lo ha hecho ya, recuerda Daniel Zavala-Araiza, y ese límite, apunta, puede servir de referencia para la UE.

“Es insuficiente”, critica el reglamento Marina Gros, de Ecologistas en Acción. No sólo porque no fije un objetivo concreto de reducción de emisiones, añade, sino porque tampoco contempla una estrategia para el abandono de los combustibles fósiles. Es más, Gros advierte de que establece plazos demasiado dilatados: hasta 2026 no habrá una base de datos común sobre emisiones, hasta 2028 las empresas no estarán obligadas a informar de la intensidad de metano de su producción y hasta 2030 no tendrán que demostrar que cumplen con ese límite de emisiones.

Ecologistas en Acción también considera “débiles” las sanciones a las petroleras incumplidoras, que se dejan a la elección de los Estados miembros. Sólo se especifica que las multas deberán ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Y censura que el reglamento no amplíe a las importaciones las medidas que sí deben cumplir las empresas en la UE sobre la quema en antorcha y el venteno, así como sobre detección y reparación de fugas.

Zavala-Araiza, en cambio, defiende un “sano escepticismo” sobre la eficacia del reglamento. “Por primera vez habrá datos reales, recogidos de forma independiente, gracias a los satélites y no proporcionados por la industria, que permitirán poner metas claras de reducción de emisiones”, asegura el investigador. A su juicio, se trata de una “revolución de datos”, necesaria para abordar la emergencia climática.

El investigador de EDF elogia que la UE esté “demostrando liderazgo” y “mandando señales” a otros mercados, como el asiático, al utilizar su poder de compra como primer importador mundial: “Es un cambio de paradigma”.

Al tiempo, alaba los impuestos disuasorios aprobados por Estados Unidos y Noruega. “Supone un cambio de mentalidad: los productores [de petróleo y gas] ya no miden en metros cúbicos, sino en dólares o coronas”.

La lista de importaciones vetadas de Rusia ha crecido poco a poco desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero un producto clave para la economía rusa ha pasado desapercibido, los fertilizantes. El acceso a gas barato, unido a unas reservas de minerales clave, sitúan a este país como el mayor exportador de abonos del mundo, y la Unión Europea necesita estos químicos baratos para producir alimentos baratos, por eso ha decidido dejarlos al margen pese a que son una enorme fuente de ingresos para el Kremlin. La compra de fertilizantes nitrogenados a empresas rusas decayó tras el inicio de la guerra, pero en 2024 aspira a recuperarse por completo. En España, los datos apuntan incluso a que este año podrían rozarse unas importaciones récord.

Los datos de la Comisión Europea desvelan que en los primeros seis meses de 2024 han repuntado las compras de fertilizantes a Rusia, con 2,59 millones de toneladas frente a los 1,73 millones de 2023, cifras que ya rozan las de 2022, el año en que se inició el conflicto. En España esa subida es todavía más intensa, con 163.433 toneladas entre enero y junio, la segunda cifra más alta de la década y solo superado por 2021, cuando se importaron en la primera mitad del año 155.382 toneladas de fertilizantes. Las cifras hasta abril están validadas por Eurostat, mientras que las de mayo y junio se estiman a partir de encuestas aduaneras de la Comisión Europea.

Los fabricantes de fertilizantes europeos han aprovechado el conflicto para presionar a Bruselas y reclamar que incluya a este sector entre sus sanciones en aduanas, donde ya no pueden pasar decenas de productos para limitar la capacidad del presidente Vladímir Putin de financiar su guerra a través de la recoleta de impuestos. La principal prohibición es a la entrada de productos petrolíferos y derivados por vía marítima, así como al carbón, al acero, al cemento, al asfalto y otras materias primas. El último en incorporarse a la lista es el gas natural que llega por barcos, el segundo mayor activo económico de Rusia, que desde hace unos días está parcialmente vetado. Dejar al margen de las sanciones a los fertilizantes no es un asunto menor porque es una de las principales partidas de exportación de Moscú y el tercer producto más importado en España desde Rusia, tras el gas natural y las legumbres, según los datos de comercio exterior del Gobierno español.

La patronal europea de productores de abono quiere que los fertilizantes se sumen a la lista para deshacerse así de su mayor competidor, que riega los campos europeos con químicos baratos. "A nosotros nos afecta el producto ruso no por la cantidad, sino por la diferencia de precios. Ellos no soportan los requisitos europeos de medioambiente, tienen un coste del gas subvencionado y disfrutan de ayudas estatales anticompetitivas. Además, esos beneficios podrían ayudar a financiar la guerra", señala Paloma Pérez, secretaria general de Anffe, la patronal española de los fertilizantes.

La asociación europea Fertilizers Europe realiza ahora una intensa campaña en Bruselas para frenar la entrada de químicos de Rusia con el argumento de que las importaciones crecen mientras el 10-20% de la industria del amoniaco europea está cerrada temporalmente por la inflación. También relacionan directamente los ingresos rusos por este producto con la invasión de Ucrania. Argumentan que el 1 de octubre de 2023 Rusia introdujo un arancel a la exportación de abonos de hasta el 10% con el objetivo específico de financiar su ejército. Además, el 1 de enero de 2024 entró en vigor en ese país un impuesto sobre los beneficios empresariales de 2021 y 2022 del 10%, lo que equivale a 600 millones de euros solo desde el sector de los fertilizantes. "Esto significa que cada tonelada de fertilizante exportada a la UE contribuye directamente a financiar la guerra en Ucrania", opina la patronal europea. Según Eurostat, el año pasado la UE pagó 1.680 millones de euros por esta mercancía a empresas rusas. Y en 2022, debido a la inflación, más de 3.200 millones.

En España, los abonos rusos son indispensables para la agricultura, aunque no tienen tanto peso como en otros países vecinos. En toda Europa representaron en 2023 una quinta parte de la entrada de fertilizantes. En Países Bajos alcanzaron el 31% del total, en Polonia el 35%, y en Alemania el 77%, según Eurostat. Pero en España supusieron el 9,7% de las importaciones del año pasado. La razón es que España tiene una mayor diversidad de vendedores por su ubicación, y sus principales socios por tamaño son Egipto, Bélgica, Rusia, Portugal y Marruecos. De hecho, el sector químico español también se queja de que Egipto es un caso similar al de Rusia, ya que tiene acceso a gas barato y nula legislación ambiental. "Es imposible competir contra estos productos porque rompen el mercado", comenta Paloma Pérez.

El dominio ruso del mercado europeo de fertilizantes proviene de su acceso a gas natural barato, puesto que es el segundo mayor productor del mundo de este combustible tras Estados Unidos. El gas es indispensable para fabricar los abonos nitrogenados, que son los más comunes en Europa, porque se combina con nitrógeno para producir amoniaco mediante el proceso químico Haber-Bosch. Ese amoniaco se emplea después para producir urea o nitrato de amonio, los abonos más comunes en Europa. Rusia es además uno de los grandes productores de potasio y fósforo, que son la base para los otros dos tipos de fertilizantes más usados. Egipto también es un importante productor de gas, mientras que Marruecos tiene las mayores reservas del mundo de fósforo.

En todo caso, Europa también produce abonos y es capaz de cubrir el 70% de la demanda de nitrogenados, el 32% de los fosfatados y el 15% de los potásicos. Francia, Alemania, Polonia y España son los principales productores. La Comisión Europea es además consciente del peligro de depender del abono ruso, y a finales de 2022 lanzó una recomendación para reducir su uso en el campo, con la promoción de prácticas como la agricultura ecológica, la rotación de cultivos o la plantación de leguminosas, que son plantas capaces de atrapar el nitrógeno del aire y no necesitan abonos externos. Sin embargo, en un comunicado publicado el pasado mes de marzo, el equipo delegado en este asunto de la Comisión reconoció que "Rusia sigue siendo un enorme exportador y su porcentaje sobre las importaciones de la UE se ha incrementado recientemente" pese a los intentos de buscar nuevos socios como Egipto, Marruecos o Argelia.

También hay una fuerte oposición dentro de Europa a los cambios en las importaciones porque supondría una subida de precios para los productores, al igual que sustituir la entrada de abonos por la producción interna encarecería los alimentos. Una alternativa es eliminar directamente los abonos en la producción agrícola europea mediante técnicas de agricultura ecológica, pero el sector primario y los partidos conservadores europeos son contrarios porque habría que transformar el sector de arriba a abajo. La estrategia Del campo a la mesa, el pilar agrícola del Pacto Verde Europeo, propuso en 2020 reducir un 50% el uso de abonos en 2030, pero la oposición frontal de los agricultores, del Partido Popular Europeo y de partidos de extrema derecha han paralizado este punto.

La Comisión Europea ha dejado en manos de las autoridades españolas decidir si toma medidas tras la detección de Hepatitis A en fresas importadas desde Marruecos y ha afirmado que los productos contaminados no llegaron a los consumidores. "En el contexto de estas notificaciones de alerta, corresponde a los Estados miembro decidir qué medidas son adecuadas, lo que podría incluir la devolución o eliminación de los productos contaminados", ha explicado el portavoz responsable de seguridad alimentaria, Stefan de Keersmaecker, según informa Europa Press.

Asimismo, ha indicado que la notificación emitida este lunes en el portal comunitario RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), que alertaba de "presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos" detectada en un punto de entrada de España, no entraña "riesgo grave", por lo que no es necesaria una actuación rápida en ningún otro Estado miembro de la UE distinto del que notifica el asunto.

Por tanto, ha explicado que el Ejecutivo comunitario dejará en manos de las autoridades españolas decidir qué medidas son adecuadas al tiempo que ha destacado que la prioridad fundamental de la Comisión es la salud de sus ciudadanos y que, por esa razón, la UE tiene algunas de las normas de seguridad alimentaria "más estrictas del mundo".

El portavoz ha añadido, además, que se trata de un procedimiento "regular" y ha asegurado que se hicieron controles pertinentes para evitar que los productos llegaran a los consumidores.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha condenado los ataques producidos en la frontera francesa contra camiones que importaban productos españoles, al considerar que "atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea (UE) y que perjudican los intereses de los afectados".

Fuentes del Departamento que dirige Luis Planas han asegurado a Europa Press que se han puesto "en contacto con las autoridades francesas a fin de que se restablezca la normalidad y no se reproduzcan estos incidentes".

Como consecuencia, a través de la Embajada española en París (en particular entre los ministerios de Agricultura e Interior de ambos países), el paso fronterizo está abierto desde las 15 horas y no ha habido nuevos incidentes. El Gobierno ha expresado su deseo de que estos actos ilegales no se vuelvan a producir.

Este mismo jueves, 19 de octubre, los viticultores franceses se han organizado en Narbona para llevar a cabo una operación sorpresa y frenar las importaciones de vino españolas, según ha informado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Los manifestantes han parado los camiones en la A-9 en el paso fronterizo de Le Boulou, bloqueándoles el acceso y, posteriormente, vaciando algunos vehículos y destrozando la mercancía, incluyendo cisternas de vino.

Las importaciones de gas natural a España procedentes de Rusia se dispararon un 151,4% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado, alcanzando los 5.465 gigavatios hora (GWh), según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) recogidos por Europa Press.

Esta cifra sitúa a Rusia como el tercer principal proveedor de gas natural a España, con el 17,2% del total en el mes. No obstante, este gas procedente de Rusia al país registró un volumen inferior al del pasado mes de enero, cuando alcanzó los 6.372 GWh.

Además, buena parte de este gas natural tiene como destino final otros países, ya que España posee una potente infraestructura de regasificación.

En febrero, Argelia volvió a consolidar su papel como principal suministrador de gas natural a España, recuperado en este inicio de 2023 tras haberse visto derrocado de ese lugar el año pasado por Estados Unidos, y con 7.481 GWh el país africano surtió el 23,5% del total del gas al país.

Le siguió Estados Unidos, con 7.189 GWh —el 22,6% del total—. Este mes se importó también GNL procedente de Reino Unido por primera vez desde que se dispone de datos.

En febrero descendieron las importaciones netas de gas natural un 21,2% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 26.831 GWh. Disminuyeron tanto las importaciones realizadas a través de gasoducto (-28,1%), como las de GNL (-18,5%).

En el año móvil las importaciones netas de gas natural ascendieron a 362.389 GWh, con una caída del 6,5% interanual. Mientras, las importaciones de gas natural bajaron un 16,0% en febrero frente al mismo mes de 2022 y se situaron en 31.825 GWh. El 32,5% se importó a través de gasoducto y el 67,5% restante como GNL.

Por zonas geográficas, aumentaron interanualmente los suministros procedentes de Oriente Medio (+100,4%) y de Europa y Euroasia (+76,0%), mientras descendieron los de América Central y del Sur (-49,8%), América del Norte (-43,2%) y África (-23,8%).

En lo que respecta a las exportaciones de gas natural, aumentan un 30,1% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado y se situaron en 4.994 GWh, de las cuales el 67,7% se exportaron a través de gasoducto y el 32,3% restante como GNL.

Italia se erigió en el principal destino de las exportaciones de gas natural, con 1.454 GWh y el 29,1% del total, seguido de Francia (1.415 GWh, 28,3%).

En el año móvil, las exportaciones de gas natural se situaron en 73.187 GWh (+88,3 % interanual), el 64,3% realizadas por gasoducto y el 35,7% restante en forma de GNL.

La renta disponible de los hogares ha caído un 4,3% este año, más de lo que se recortó durante la crisis financiera, por culpa de la inflación desbocada. De no ser por la crisis de precios, la renta de las familias españolas habría subido un 3,5% en euros corrientes, es decir, lo mismo que creció durante la época de recuperación, entre 2015 y 2019. Este es uno de los datos que ha destacado Raymond Torres, miembro del Consejo Económico y Social (CES) y presidente de su Comisión de Trabajo, en la presentación de una jornada sobre Perspectivas de la Economía Española.

La inflación es la gran protagonista este año, ha subrayado Torres, hasta el punto de que es la responsable de que la economía española sea ahora “un 4% más pobre”, tal y como se refleja en la relación de intercambio, la diferencia entre el aumento de los precios de las importaciones, un 25%, y el de las exportaciones, un 10%. Ese desfase, explicó, se traduce en una pérdida de ingresos para todo el país. El reto es, por tanto, cómo repartir esa pérdida de renta.

Los hogares ya la están sufriendo, pese a la resiliencia del mercado de trabajo. España tiene ahora ocupados al 70% de sus activos de entre 20 y 64 años, el máximo de la serie histórica y por encima del nivel alcanzado en el tercer trimestre de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria empujó a la economía hasta su tasa mínima de paro. Torres citó los 400.000 nuevos puestos de trabajo creados desde diciembre de 2021 y el efecto de la reforma laboral en el aumento de los contratos indefinidos, que se han multiplicado por cuatro.

“No entendemos del todo lo que está pasando en el mercado laboral”, confesó el economista, que atribuyó el crecimiento del empleo en medio de las turbulencias de precios y la desaceleración económica a dos factores. Primero, el cambio demográfico que está reduciendo el número de jóvenes que entran en el mercado laboral mientras aumenta el número de quienes se jubilan y se ha detenido la llegada de emigrantes. Segundo, un cambio de gestión de las plantillas de las empresas, que con la reforma laboral están dando más estabilidad al empleo. Por su parte, el presidente del CES, Antón Costas, habló también de un cambio en la cultura empresarial, que ya no defiende la temporalidad como antes.

El panorama, en cualquier caso, sigue abonado a la incertidumbre. Aunque Torres coincide con el Banco de España en que el cuarto trimestre la economía cerrará en positivo, no está tan seguro de lo que ocurrirá en 2023. “La cuesta de enero puede durar tres meses…”, advirtió. El sobreahorro acumulado durante la pandemia, con una tasa del 25% en el segundo trimestre de 2020, una cifra histórica, según destacó, se ha quedado en el 8,5% en el segundo trimestre de este año. Con ese colchón, los hogares han resistido la inflación y mantenido el consumo, el motor de la economía española. Pero que se agote el ahorro –se han perdido 10.000 millones en depósitos bancarios desde el verano– puede empezar a notarse en las tiendas. Entonces llegará el momento en que se produzca un efecto escalón, cuando se acabe el ahorro. Ya están o han estado en recesión técnica –dos trimestres seguidos con PIB negativos– Alemania, EEUU o Países Bajos. Y ello pese a que, a su juicio, la inflación ha tocado techo, tras suavizarse los cuellos de botella en las cadenas de suministro y bajar los precios de las materias primeras y los fertilizantes.

Aun así, la economía española debe seguir luchando contra la inflación “con una estrategia de anestesia local”, en palabras de Antón Costa: focalizando las ayudas en los hogares y empresas más débiles. Tanto Torres como Costas aludieron a la importancia de un pacto de rentas que vaya más allá de los salarios –como han firmado en Portugal y Alemania, citaron–. Y a los impuestos a energéticas y bancos. “Los beneficios caídos del cielo han dejado de ser un término demagógico para ser utilizados como un concepto de política fiscal por la CEOE, la UE, Estados Unidos e incluso por la academia”, resaltó Antón Costas. También señalaron ambos la importancia de los Fondos de Recuperación europeos, que pueden ser “la única partida expansiva en los próximos años”. 

El precio del petróleo sigue descendiendo, y ha tocado los 100,01 dólares el pasado viernes, después de alcanzar los 117 a principios de junio. El precio ya ha recuperado, por tanto previos al inicio de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo los precios de la gasolina y del gasóleo siguen muy por encima, ¿por qué no ha tenido, de momento, impacto? El analista financiero Javier Santacruz responde en tres claves: la mayoría de los contratos actuales son a plazo, es decir, se firmaron cuando los precios eran superiores a los de ahora. La segunda razón, el poder de las grandes (y pocas) refinerías para mantener más tiempo unos márgenes altos en el refino. El tercer motivo es la debilidad del euro: compramos el petróleo fuera y cuánto más débil es el euro frente al dólar, más nos cuesta importar la energía. 

“Hay que tener en cuenta que la mayor parte del petróleo en general se negocia a futuro, con precios futuros fijados de hace tres meses, seis, un año…”, señala Javier Santacruz. Esta es una práctica habitual en el mercado de materias primas: los agentes negocian la compraventa de productos pactando un precio, cantidad y una fecha de vencimiento. “Los precios del petróleo que están cayendo fuerte son los que están al contado, tal que hoy. Sin embargo la mayor parte de la energía se compra a plazo”, indica el analista.

La filosofía del mercado de futuros es la del agricultor que quiere proteger sus ventas ante inclemencias climáticas: si vende hoy a un precio determinado y pacta la entrega del producto en el futuro se asegura de que cobrará, aunque una tormenta se lleve por delante su cosecha. Esta es la manera que utilizan los productores, no solo de materias primas vegetales, también animales, minerales y, como es este caso, fósiles. “Este procedimiento lo que hace es retrasar las bajadas de los precios, los precios dentro de tres meses depende de lo que estemos fijando hoy, y ahí ya se empezará a notar al precio final al que se vende a los consumidores. Si la mayor parte son compras que se hicieron hace tres meses, va a tardar un tiempo en notarse la bajada en los carburantes”, explica Santacruz. 

Otro motivo que aduce el analista es el poder de negociación que tienen las grandes refinerías en Europa. “El precio que se paga por el producto incluye el margen industrial (lo que te cobran por hacer el producto refinado), los costes del transporte y los de distribución. Estos últimos han estado caros en los últimos meses, porque ha habido muchos problemas logísticos derivados de la pandemia. Pero esos problemas ya están disolviéndose, los cuellos de botella están resolviéndose. Lo que queda es que la industria del refino está sometida al dictamen de dos o tres competidores”, explica el analista. 

Con esto el analista indica que la industria tiene una libertad mayor de fijar precios. “Cuando la energía sube, los márgenes suben de manera rápida, pero cuando los márgenes bajan, lo hacen de una manera más lenta. Estamos hablando de grandes empresas como BP o Shell… son las que tienen las grandes infraestructuras de refino, las que abastecen a la mayoría de países”, señala Santacruz.

La última clave está en la situación del euro. El 9 de agosto de 2021, hace un año, podíamos comprar 1,17 dólares con un euro. El día que empezó la invasión de Ucrania, el 24 de febrero, podíamos comprar 1,13 dólares. Con ese mismo euro podemos comprar 1,02. Es una caída interanual del 13% y de casi el 10% desde que empezó la guerra. El hecho de que las empresas europeas exportan el petróleo en dólares supone que con el mismo dinero tenemos una capacidad de compra en el exterior mucho menor.  

“Si Estados Unidos va muy por delante en las subidas de tipos de interés, como ha pasado en los últimos meses, lo que provoca es que el dólar se revalorice. Nosotros, al tener que comprar el petróleo en dólares, el coste de las importaciones aumenta. En nuestro caso, además, se ha disparado, es mucho mayor que en otras ocasiones. Hacía casi 20 años que el euro no estaba en paridad con el dólar. La bajada de los carburantes va a ser todavía más lenta porque al tener que comprar en una moneda más barata lo que se está haciendo es diluir más en el tiempo el coste de esas importaciones”, explica Javier Santacruz. “Si el euro hubiera estado a un nivel normal, en torno a 1,10 o 1,15 dólares, la bajada del precio del petróleo se trasladaría de una manera menos lenta. Tenemos un palo en la rueda”, concluye. 

Estaba Joe Biden aún en plena campaña electoral contra Donald Trump en 2019 cuando prometió convertir a Arabia Saudí en un “paria”. EEUU, dijo, no va a vender ni un arma más al régimen dictatorial que acababa de asesinar al periodista Yamal Kashoggi en el Consulado saudí en Estambul. Además, Washington lleva años sometiendo con sanciones a Irán y Venezuela, otros dos parias de la escena mundial, que tienen así enormes dificultades para vender su producción de crudo. Sin embargo, la necesidad de aislar económicamente a Rusia y de detener la escalada de los precios del gas y el petróleo ha empujado a Biden a comerse sus palabras y negociar con quien hasta ahora era poco menos que el diablo, a fin de recuperar los miles de barriles que puedan suministrar bolivarianos y ayatolás.

Por el mismo brete está pasando la UE. La Comisión Europea decidirá el día 21 si autoriza la importación de trigo de Argentina y de maíz de Estados Unidos. Hasta ahora, el primero no cumplía los requisitos fitosanitarios comunitarios por la posible presencia de pesticidas en niveles superiores a los permitidos en Europa. Bruselas también tiene vetado el cereal transgénico norteamericano, argentino y brasileño. De estos granos depende el alimento del ganado, que puede quedarse sin pienso en España si no consigue nuevos suministros en tres o cuatro semanas, advierte el director general de la Asociación Nacional de empresas para el Fomento de las Oleaginosas (Afoex), Jorge de Saja.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, avanzó en el Congreso de los Diputados, que España había solicitado a Bruselas que relajara sus exigencias de calidad agroalimentaria para permitir esa solución. Las importaciones españolas de maíz desde Ucrania sumaron 2,7 millones de toneladas en 2020, el 22% del consumo nacional destinado a fabricar piensos para el ganado. También se refirió a las importaciones de aceite de girasol, del que Ucrania es primer suministrador de España con medio millón de toneladas anuales. Según dijo, puede sustituirse por otras grasas vegetales, como el aceite de oliva. Pero el sector no es tan optimista. De Saja asegura que de aceite de girasol España tiene existencias para las próximas cinco semanas, si se mantiene una demanda normal; un poco más de margen que para el pienso. Desde hace 15 años, Ucrania es el proveedor estratégico de girasol español, explica el responsable de Afoex. Ahora sólo puede importarse de Argentina, donde sólo hay suficiente para el consumo español de un mes. “El problema no es sólo que se haya cerrado el grifo de Ucrania, sino que, además, lo importábamos los primeros seis meses del año, por lo que estamos ante un problema acuciante, se nos ha cortado el flujo”, lamenta. El último barco con girasol destinado a España salió de Ucrania el 25 de febrero, “y por los pelos, porque otro lo hundieron en aguas de Rumania”, apunta. Ahora debe de estar navegando a la altura de Italia y no llegará a Sevilla hasta dentro de 10 días. Rusia sí está permitiendo la salida desde el Mar Negro de sus barcos cargados con cereal, pero con destino en los países del Magreb, donde la falta de pienso podría tener consecuencias mucho más graves que en España, alerta José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas (Accoe).

Con ayuda del girasol argentino, De Saja dice que el sector podrá llegar a mayo, de forma que en junio ya pueda recurrirse a la cosecha nacional y a las europeas. “Estamos animando a los agricultores de Castilla-La Mancha a sembrar girasol de ciclo más corto para que pueda recogerse en verano”, asegura. Porque no hay más alternativas. Sudáfrica también produce, pero “es imposible traerlo, está demasiado lejos”. Y China ya ha comprado todo el que siembra la India.

Por consiguiente, habrá suministro para aguantar hasta que las cosechadoras empiecen su trabajo en España, pero será más caro, “por la subida del petróleo, lo fletes y la mayor distancia”, enumera Álvarez.

Además, aunque la guerra sea corta, se tardará mucho tiempo en recuperar la cadena de suministro. El girasol se somete ya a una primera transformación en Ucrania: se mezcla con un producto llamado hexano para convertirlo en “tortas”, que se refinan después en España. Es un material muy inflamable, por lo que sus tanques han sido vaciados por razones de seguridad. Las tortas también se utilizan para proporcionar proteína al pienso, pero en este caso, aclara el dirigente de Accoe, la alternativa es accesible: soja o colza, de los que no hay carencia.

De momento, los supermercados españoles han restringido las compras de aceite de girasol para el consumo particular. Para la industria alimentaria, que la utiliza profusamente en sus elaboraciones, Jorge de Saja ofrece como opción, además del aceite de oliva, otros aceites vegetales como el cártamo. El problema estriba, de nuevo, en que ambos son más caros.

En cualquier caso, De Saja reprocha al ministro de Agricultura su lentitud y “poca valentía” a la hora de pedir permiso en Bruselas para las importaciones americanas de cereal. “No ha reaccionado con la rapidez que debía”, critica. A su juicio, el Gobierno español no tendría por qué esperar a la decisión comunitaria, sino que podría haberse “movido unilateralmente”. También lamenta que España haya recortado su producción de girasol desde el millón de hectáreas que alcanzó en los años 80 hasta las actuales 600.000, una tendencia que ahora se está revirtiendo, resalta.

El campo español también depende de los fertilizantes, que sólo en un 8% se traían de Rusia. De hecho, matiza la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), el principal suministrador del sector es el norte de África. Al menos de los nitrogenados, cuyo coste en un 80% depende del gas natural, que es la materia prima para fabricar amoniaco y éste la base para conseguir urea, el fertilizante con el que se abonan las plantas. Desde el 2 de febrero, Rusia prohibió exportar nitrato amónico, para evitar el desabastecimiento de sus propios agricultores. La importación de fertilizantes no ha hecho más que crecer en los últimos años, explica Anffe, por lo que confía en que ahora “se pueda sustituir parte del producto importado por producto nacional”, como la potasa, de la que hay una mina en Barcelona, siempre que los costes energéticos y de materias primas, ahora disparados, se moderen.

España también debería reemplazar a Rusia en su cartera de suministradores de materias primas minerales. El país eslavo es uno de los principales productores mundiales de metales básicos como el aluminio, el níquel o el paladio. No obstante, la industria española se abastece sobre todo de materiales de segunda fusión, o secundarios, explican fuentes de Confemetal, la patronal del sector. Es decir, importa mucha chatarra, destinada por ejemplo a la siderurgia eléctrica –sólo queda una siderurgia integral, que se nutre de hierro para fabricar el acero, y está en Gijón– o recicla baterías para producir plomo.

Aun así, para sustituir al aluminio ruso, se puede recurrir a China, el principal productor mundial, pero también a la India y Canadá, donde la multinacional Rio Tinto posee 16 plantas. En acero, Rusia es el quinto productor mundial, por detrás de otros como China, la India, Japón y Estados Unidos. Cuestión aparte es la posición de Pekín en el tablero geopolítico, que condiciona también sus relaciones comerciales: se ha negado a calificar de invasión el ataque a Ucrania, rechaza las sanciones a Rusia impuestas por Occidente y prefiere adoptar un perfil de mediador.

Para el níquel, que ha vivido días violentos en los mercados de metales y es un producto muy cotizado por su uso en múltiples aleaciones y en la fabricación de aceros sofisticados, la alternativa a Rusia –tercer productor mundial– es Indonesia, el país con mayores reservas, el 22%, y con mayor producción, 760.000 toneladas en 2020, según el Servicio Geológico de EEUU. Le siguen Filipinas y Nueva Caledonia, pero son proveedores más fiables, destaca Confemetal, Australia y Canadá.

Rusia también es el primer productor mundial de paladio, un metal que se convirtió en una moda en los mercados porque su uso en los catalizadores de los tubos de escape de los coches de gasolina lo revalorizó por encima del oro hace unos años. Pero también se obtiene en Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos.

Claro está que todas estas opciones serán siempre más caras. “A un determinado precio, merece la pena poner en explotación lo que antes no era rentable”, explican fuentes de Confemetal, “de modo que si hay problemas de desabastecimiento serán por poco tiempo, los elevados precios que se pagarán por la escasez de producto y la fuerte demanda desharán la falta de oferta”.

El problema más grave es la energía, el petróleo y el gas. La dependencia de Rusia es el talón de Aquiles de la guerra económica que libra la UE con Putin. En enero y febrero de este año España sólo trajo de Rusia el 7,8% del gas natural que importó, según las cifras de Enagás, el gestor del sistema gasista. Y tiene a mano una alternativa fácil que es Argelia, “un socio energético fiable”, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Del país norteafricano, tradicionalmente el principal proveedor español, procedieron los dos primeros meses del año el 24,3% de las importaciones. El año anterior habían equivalido al 39% La razón del descenso es el cerrojazo que Argel dio al gasoducto Medgaz el pasado octubre por culpa del litigio diplomático con Rabat por el Sáhara Occidental. Pero ya se ha comprometido con el Gobierno español a cumplir con los contratos en vigor. El segundo proveedor español es Estados Unidos, con un 18,8% de la cuota de las importaciones en 2021. Que en enero y febrero de este año aumentaron hasta el 33,8%, y superaron a las compras a Argelia. El tercer suministrador es Nigeria.

Además, España posee seis plantas regasificadoras, que suponen una cuarta parte de la capacidad europea. Alemania no tiene ninguna. Por tanto, España también puede servir de puerta de entrada al gas natural licuado y transportado en barco que ahora necesita el resto del continente y ya no le llega por tubo desde Rusia. Esos metaneros vendrán de Catar, Estados Unidos o Noruega, por ejemplo. Pero tienen el mismo hándicap que las otras alternativas antes citadas: son más caros.

En cualquier caso, y ya antes de que estallara la guerra, la actividad de las regasificadoras se había disparado. Según los datos de Enagás, que es la propietaria de las seis plantas, el número de buques descargados creció un 68,8% en febrero respecto del mismo mes de 2021 –27 frente a 16—y en un porcentaje similar también aumentó el volumen de gas descargado, hasta los 26.460 gigavatios hora.

Para hacerse una idea de cuánto gas descargaron estos barcos en un mes, puede bastar el dato de que la ciudad de Barcelona consume en un año 15.896 gigavatios hora.

A fin de suplir el petróleo ruso, la UE ha vuelto la vista a Estados Unidos, Noruega, Catar, Azerbayán, Argelia… Irán puede añadir un millón de barriles diarios a la oferta mundial, pero Venezuela bastantes menos de la mitad. La aportación de Arabia Saudí y Emiratos Árabes puede sumar otros dos millones de barriles. Rusia, tercer productor mundial produjo 7,3 millones de barriles al día en 2019 y exporta la mitad, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Es decir, con esos barriles adicionales no se podría cubrir el agujero en la oferta que deja el crudo ruso. Y la OPEP, a la que pertenece Rusia, tampoco parece por la labor de abrir el grifo para frenar la escalada de precios. El pasado día 2 acordó aumentar la producción sólo en 400.000 barriles diarios. Los 10 países que integran el cartel producen el 40% del crudo mundial. De forma que las esperanzas de que la gasolina baje de los dos euros donde ya se ha instalado esta semana en España no son muchas a corto plazo.

Una semana después del estallido de la guerra en Ucrania, los tan temidos efectos económicos de la invasión han comenzado a asomarse en España. La empresa de venta al por mayor Makro se ha visto "obligada", según ha podido confirmar infoLibre, "a limitar" la venta de determinados artículos "a una unidad por cliente y día". Lo mismo ocurre en la cadena Vegalsa-Eroski y Mercadona han tomado acciones similares. ¿Qué artículos? Algunos sobre los que, desde el primer día, se advirtió sobre una posible falta de suministro: aceite de girasol, alto oleico o preparados para frituras.

"La terrible situación que vive Ucrania en estos momentos está provocando desajustes en el suministro de productos que proceden de la zona en conflicto, como los aceites vegetales. En Makro nos estamos viendo afectados por este problema. Se trata de productos esenciales en la hostelería y por el momento tratamos de dar servicio a nuestros clientes con el stock del que disponemos actualmente pero debido a la incertidumbre nos hemos visto obligados a limitar la venta de estos artículos a una unidad por cliente y día", explican sus fuentes que, por otro lado, no se atreven a darle una fecha de fin a la situación. "Al ser una situación provocada por una causa de fuerza mayor no podemos adelantar cuándo finalizará, pero por nuestra parte haremos todo lo que esté en nuestra mano para seguir apoyando a la hostelería en estos momentos complicados", añaden.

Fuentes de Makro aseguran que "todo el mercado se está viendo afectado" por este "problema global". Según publica El Periódico, decisiones similares han tomado ya en la cadena de alimentación Vegalsa-Eroski que limitará a un máximo de cinco botellas de aceite de girasol en los en los supermercados Familia y Eroski y dos cajas los Cash Record. Medida similar han tomado en Mercadona, que ha impuesto un límite de cinco litros por cliente.

De hecho, según ha podido comprobar infoLibre este viernes por la mañana, Carrefour no permite comprar más de seis botellas de aceite de girasol por persona, aunque fuentes de la cadena de hipermercados han negado que se haya producido una limitación de productos por la guerra en Ucrania.

La advertencia de que podría pasar ya se produjo el primer día. España, como país miembro de la Unión Europea, depende en gran medida de las importaciones de ciertos productos de los países protagonistas del conflicto. El más conocido es el gas natural, puesto que el 40% del que se abastece el continente procede de Rusia. Los segundos, alimentos como el cereal, el maíz, el trigo y, también, el aceite de girasol. Por ejemplo, según los últimos datos de la Comisión Europea, el 34,7% del cereal que llegó al Viejo Continente procedía de Ucrania. En nuestro país, antes de que estallara la pandemia, algo más del 11% del primer cereal importado por nuestro país procedía de suelo ucraniano. En cuanto al maíz, el Estado oriental era nuestro principal socio comercial. Cuatro de cada diez toneladas que llegaron a España del exterior tenían su origen en territorio ucraniano. "Tiene una cuota del 38,2% en valor y del 40,5% en volumen", según se recoge en un informe del Ministerio de Industria.

¿Y qué pasa con el aceite? Algo similar. Según un informe publicado por Agrodigital el pasado mes de septiembre, la Unión Europea importó aceite de Ucrania por un valor de 1.579,5 millones. España se llevó el 20%. Del total del sector agroalimentario, la importación de aceite de girasol de España representa el 33,3%.

Según otro informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el año 2018 España importó 320.237 toneladas de aceite de girasol procedente de Ucrania. Nuestro país fue su quinto comprador en este producto.

En toda la UE, según los mismos datos, el segundo producto más importado de Ucrania es el grupo de aceites de girasol. En 2018 pagó a Ucrania por este producto 863,27 millones de euros.

La falta de suministro, en cualquier caso, no es única del aceite. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este viernes que la guerra también está empezando a afectar a las compras españolas de maíz y de arcillas para el sector cerámico procedentes de Ucrania y de materias primas para el sector textil procedentes de Rusia. La ministra, en declaraciones a TVE, ha dicho que nuestro país, en cualquier caso, "es uno de los países de la UE menos perjudicados", pero que tiene que empezar a "buscar alternativas".

"La escasez [de algunas materias primas] ya se está traduciendo en mayores precios. Por eso es importante adoptar un plan de respuesta a esta guerra. Estamos trabajando para minimizar estos impactos", ha declarado. Estos dependerán, ha añadido, del tiempo que se alargue el conflicto, aunque ha asegurado que ya se está trabajando con las empresas exportadoras y con las que tienen inversiones en Rusia y que este mismo viernes se celebrará una nueva reunión de trabajo para analizar cuál es la situación, ver cuáles son las preocupaciones y tratar de darles una respuesta.

"Hemos creado un gabinete para tutelar la información que nos dan las empresas y de momento vemos tranquilidad", ha sentenciado.

Por su parte, la patronal de logística UNO advirtió el pasado lunes de que, junto al alimentario y al energético, los sectores de la automoción y de la tecnología también se verán afectados por la guerra. Según un comunicado de la organización, tanto Rusia como Ucrania "son abastecedores relevantes de metales que intervienen en la fabricación de automóviles, dispositivos tecnológicos y electrodomésticos".

En concreto, según el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, "Rusia acumula casi un 10% de las reservas mundiales de aluminio, níquel y cobre. Asimismo, produce un 40% de todo el paladio, que es un elemento básico para la industria automovilística". "Por su parte, Ucrania es un gran proveedor de níquel, que se utiliza en la producción de los chips electrónicos", añade.

Unas 15.000 empresas españolas mantienen relaciones comerciales con Rusia y Ucrania, según los registros del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Exportan e importan hacia o desde los dos países donde acaba de estallar un conflicto bélico de difícil pronóstico. En riesgo se han puesto 11.300 millones de euros en operaciones de intercambio españolas con ambos territorios.

El Gobierno español minimiza la importancia del volumen de relaciones comerciales con Rusia y Ucrania: representan el 0,7% y el 0,2% de las exportaciones españolas, informa Europa Press. Aun así, hay nombres destacados del Íbex 35 con intereses en ambos países y marcas reconocidas que verán afectados sus negocios. De momento, Inditex, Mango, Tendam y Tous han cerrado todas sus tiendas en Ucrania y ni siquiera están operativos sus canales online. El grupo de Amancio Ortega cuenta con 79 establecimientos en el país gobernado por Volodímir Zelenski, de todas sus marcas, desde Zara hasta Uterqüe, donde emplea a 1.170 trabajadores. En Rusia Inditex tiene 527 tiendas y un canal de venta en internet. Todas se mantienen abiertas. El grupo gallego se ha limitado a explicar que sigue “muy de cerca la situación” y que irá tomando “las decisiones adecuadas a los acontecimientos”.

El Club de Exportadores de Inversores Españoles ya ha advertido de que el conflicto bélico ocasionará una “importante caída” de las exportaciones españolas a Rusia y Ucrania, mientras que está por ver el impacto en otros países como España de las sanciones que se impongan al Gobierno de Vladimir Putin. Una de ellas es la desconexión de Rusia del mecanismo SWIFT, que permite realizar transacciones bancarias en todo el mundo. Las empresas a las que ha preguntado infoLibre al respecto creen que aún es pronto para saber cuánto les puede afectar en su operativa. Inditex, por ejemplo, confía en no resultar demasiado perjudicada si la onda bélica en Ucrania termina por sentirse en las cadenas de suministro globales. Más de la mitad de su aprovisionamiento, destaca, se realiza “en proximidad”, desde sus centros de producción en Marruecos, Portugal y Turquía. El resto procede de Asia.

Mango ha clausurado igualmente sus 14 tiendas en Ucrania “para velar por la salud y seguridad” de sus equipos y clientes. A diferencia de Inditex, que sólo posee locales en propiedad, el grupo de Isak Andic reparte sus establecimientos entre tiendas propias y en franquicia. En Rusia sigue operando su canal de venta por internet y mantiene abiertas sus 130 tiendas.

Tendam ha cerrado las tiendas de Women’Secrets y Springfield que tiene en Ucrania, todas ellas en régimen de franquicia con un socio local: en 2021 eran 12 de Women'Secrets y ocho de Springfield. El grupo, que también posee Cortefiel y Pedro del Hierro, mantiene operativas en cambio las 52 tiendas propias de su marca de lencería en Rusia y las cuatro franquiciadas de Springfield, así como su canal online.

Lo mismo ha tenido que hacer la joyería catalana Tous, que cuenta con nueve tiendas en el país invadido. También poseen locales allí Bimba y Lola –dos en Kiev– y la cadena de bisutería y complementos Parfois –ocho–, así como la marca de porcelanas Lladró –dos en Ucrania y 20 puntos de venta en Rusia–.

Más allá del textil, el Grupo Fuertes, fabricante de los embutidos El Pozo, mantiene una inversión en el mayor productor de carne de Rusia, el Grupo Cherkizovo. Que, además, había ampliado a finales del pasado mes de enero. Ahora posee el 11,12% de la empresa, con la que lleva una década de asociación. Con Cherkizovo compartía hasta ahora la propiedad de Tambov Turkey, una empresa de producción de pavo. Cuando Fuertes anunció su nuevo porcentaje en el capital social de Cherkizovo, que factura 1.400 millones de euros anuales, declaraba su apuesta “por un mercado estratégico firme y de futuro como es Rusia”. Ahora expresa su “preocupación” por el conflicto recién abierto en la zona, pero advierte de que es “prematuro” evaluar el impacto que éste puede tener en su inversión.

Según los datos del Ministerio de Industria y Comercio, la inversión bruta española en Rusia desde 1993 asciende a 2.106 millones de euros, por sólo 60,66 millones en Ucrania. En sentido inverso, el flujo ha sido mucho menor: 545,9 millones de inversiones rusas en España y únicamente 36,5 millones las ucranianas.

También hay empresas con plantas de producción en Rusia. Entre ellas, tres dedicadas a fabricar componentes para el sector del automóvil. Gestamp posee cuatro instalaciones en el país eslavo, cuya producción se dirige al mercado local, explica la compañía. “Nada indica que nuestras plantas ni las de nuestros clientes vayan a cesar en su actividad, no hemos tenido ninguna variación sobre nuestro día a día”, añade. Cie Automotive cuenta desde 2015 con una planta de componentes de inyección de aluminio de alta presión en la región de Samara y Grupo Antolín con dos centros en San Petersburgo y Moscú. La empresa no ha querido comentar los riesgos a los que se enfrenta por culpa de la guerra con Ucrania porque “es un tema geopolítico”.

La primera ministra británica, Theresa May, ha advertido este domingo a los disidentes de su partido de que si no la apoyan podría "no haber Brexit"Brexit" y ha defendido la posición negociadora pactada recientemente entre los miembros de su gabinete para un Brexit "blando".

"Mi mensaje al país este fin de semana es sencillo: necesitamos mantener la vista en el premio. Si no, nos arriesgamos a que no haya Brexit"Brexit, ha afirmado May en un mensaje publicado en Facebook.

Este discurso parece respaldar los análisis que cuestionan sus apoyos dentro del Partido Conservador después de las dimisiones de su ministro para el Brexit, David Davis, y su ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson.

Este domingodimitió otro asesor gubernamental, Robert Courts, quien también es diputado, con el argumento de que no puede defender ante sus votantes el acuerdo logrado por May.

Para May, su propuesta de acuerdo para un "movimiento de mercancías sin fricciones" es la "única opción" para evitar afectar políticamente a Irlanda del Norte y el proceso de paz y preservar así la unidad de Reino Unido.

Davis le ha reprochado que es "un argumento sorprendentemente deshonesto" y ha asegurado que esta versión del Brexit permitiría a la UE perjudicar a los productores británicos. "Que no quepa duda: con la actual propuesta del Gobierno seguiremos con los dedos pillados y la UE lo utilizará sin piedad para castigarnos por marcharnos y perjudicar nuestra futura competitividad", ha advertido.

La facturación del comercio electrónico en España alcanzó en 2016 la cifra de 24.185 millones de euros, lo que supone un 20,8% más que en 2015, según los últimos datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En el cuarto trimestre de 2016, las ventas del comercio electrónico avanzaron un 25,4% interanual, hasta los 6.656 millones de euros.

Por sectores, las industrias con mayores ingresos en el último trimestre del año pasado fueron las agencias de viajes y operadores turísticos, con un 10,7% de la facturación total; el transporte aéreo, con un 9,3%, y las prendas de vestir, con un 7,2%.

El número de transacciones registradas en los tres últimos meses de 2016 superó los 117 millones de operaciones, lo que representa una subida del 35,7% respecto a los 86,5 millones del mismo trimestre del año anterior, informa Europa Press

En este contexto, el marketing directo y la venta de discos, libros, periódicos y papelería lideraron el ranking de transacciones, con un 8,1% y un 6,4%, respectivamente.

En cuanto a la segmentación geográfica, las páginas web de comercio electrónico en España acumularon el 53,4% de los ingresos en el cuarto trimestre de 2016, de los cuales un 13% son procedentes del exterior, mientras que el 46,6% restante correspondía a compras con origen en España a webs en el exterior.

Déficit exterior

En este contexto, el saldo neto exterior, la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios webs españoles y lo que se compra desde España al extranjero, arrojó un déficit de 2.241,2 millones de euros en el cuarto trimestre de 2016.

En concreto, el volumen de negocio de las transacciones con origen en España hacia el exterior fue de 3.104,4 millones de euros, un 32,7% más que en el cuarto trimestre de 2015, mientras que las ventas desde páginas españolas hacia el exterior alcanzaron una facturación de 863,2 millones de euros, un 11,7% más.

Asimismo, los datos de la CNMC recogen que el 93,4% de las compras desde España hacia el exterior se dirigen a la Unión Europea, seguidas de Estados Unidos (3%), siendo el transporte aéreo, las prendas de vestir y el marketing directo lo sectores más demandados.

En el caso de las compras realizadas en España desde el exterior, el 72,4% proviene de la UE. Las áreas de actividad relacionadas con el sector turístico (que agrupa las agencias de viajes, transporte aéreo, transporte terrestre, alquiler de automóviles y los hoteles) acaparan el 60,2% de las compras.

Por otro lado, los ingresos de comercio electrónico dentro de España (compras hechas en España a páginas españolas) aumentaron un 22,4% interanual entre octubre y diciembre de 2016, hasta los 2.688,4 millones de euros. El sector turístico supone el 27,5% de la facturación dentro de España, seguido de los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (10,1%); electrodomésticos, imagen y sonido (8,2%), y Administración Pública, impuestos y Seguridad Social (7,1%).

El Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde a las nuevas normas que obligan a los importadores europeos de minerales a comprobar el origen de sus mercancías para evitar que este comercio financie conflictos armados y alimente violaciones de derechos humanos en los países exportadores, según ha informado Europa Press.

El reglamento, que ha sido aprobado por el pleno de la Eurocámara con 558 votos a favor, 17 en contra y 45 abstenciones, se refiere a las importaciones a la Unión Europea de estaño, wolframio, tantalio y oro.

En concreto, estas reglas exigen a los grandes fabricantes que informen sobre las medida de verificación adoptadas para garantizar que se abastecen de forma responsable. Los materiales reciclados y los pequeños importadores, como dentistas o joyeros, quedarán exentos para evitar una carga burocrática desproporcionada".

Los eurodiputados han introducido en la negociación de la normativa el hecho de que las comprobaciones de diligencia debida deben ser obligatorias para todos los importadores de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales, y oro procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo. Las autoridades nacionales serán las responsables de asegurar el cumplimiento de estas reglas y de imponer sanciones en caso necesario.

Además, el reglamento incluye una disposición mediante la cual las grandes compañías que no importan directamente de zonas de conflicto pero sí utilizan minerales en sus productos pueden presentar de forma voluntaria un informe anual sobre las medidas de diligencia que hayan adoptado.

Por otro lado, la Comisión Europea debe elaborar una lista de funciciones y refinerías de la UE, así como una guía sobre las zonas de conflicto y de alto riesgo. Bruselas también tendrá que evaluar los resultados del reglamento en lo relativo a su impacto sobre el terreno y al cumplimiento por parte de las empresas europeas.

La nueva normativa debe ser ahora aprobada por los Estados miembros en el Consejo de la UE, antes de ser publicada en el Diario Oficial. La obligación comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2021, con el fin de dar tiempo a los países a designar a las autoridades competentes y a los importadores a familiarizarse con las reglas.

El líder del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, Gianni Pittella, ha celebrado la aprobación del reglamento y ha asegurado que se trata de un "hito" para tener un comercio de minerales basado en "valores". "El 95% de todos los minerales de conflicto importados a Europa estarán cubiertos por la nueva legislación", ha enfatizado.

Por su parte, el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, ha dado la bienvenida a este "avance legislativo" pero ha subrayado al mismo tiempo que "sigue habiendo insuficiencias", por lo que el grupo del Parlamento Europeo al que pertenece, Los Verdes, "seguirá presionando a la Comisión Europea".

"La legislación de Estados Unidos es mucho más avanzada al incluir también las empresas que producen los bienes finales de consumo, especialmente las empresas de smartphones y tablets, no quedan obligadas por esta legislación", ha defendido.

Este crecimiento del PIB del 0,8% iguala a los registrados en los tres trimestres previos (tercer y cuarto trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016) y es una décima superior a la estimación que realizó el INE a finales del mes pasado (0,7%). Con el repunte trimestral del PIB entre abril y junio se encadenan ya doce trimestres de avances, informa Europa Press.

El consumo de los hogares siguió creciendo en el segundo trimestre (+0,7%), aunque a un ritmo tres décimas inferior al del trimestre anterior. Por el contrario, el gasto público retrocedió un 1,6%, en contraste con el avance del 0,7% que había experimentado entre enero y marzo. El gasto de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares también pisó el freno y se redujo un 0,3% en el segundo trimestre, frente al crecimiento del 0,7% que registró en el primer trimestre.

Mientras que el consumo de los hogares desaceleró su ritmo de avance en el segundo trimestre, la inversión lo incrementó un punto, desde el 0,3% del primer trimestre al 1,3% en el segundo. Dentro de la partida de inversión, la dirigida al sector de la construcción volvió a tasas positivas y aumentó un 0,9%. También aceleró la inversión en bienes de equipo, que avanzó un 2,2%, por encima del aumento del 0,9% registrado en el primer trimestre.

Más demanda exterior

En el segundo trimestre, las exportaciones crecieron un 4,3%, frente al descenso del 0,4% que experimentaron en el trimestre anterior, mientras que las importaciones subieron un 2,7%, acelerando en 2,3 puntos el crecimiento trimestral del periodo enero-marzo.

La tasa interanual del PIB, por su parte, se situó en el 3,2% en el segundo trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, y acumula ya 10 trimestres en positivo, con crecimientos superiores al 3% en los últimos cinco trimestres.

El INE ha explicado que la desaceleración en la variación interanual del PIB es consecuencia de una menor contribución de la demanda nacional, que aportó tres puntos en el segundo trimestre, ocho décimas menos que en el trimestre anterior, y de una mayor contribución de la demanda externa, que pasó de restar cuatro décimas al PIB en el primer trimestre a aportar dos décimas en el segundo. Los dos principales componentes de la demanda nacional (consumo e inversión) desaceleraron sus tasas interanuales respecto al trimestre anterior.

En concreto, el consumo de los hogares creció un 3,6% interanual en el segundo trimestre, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que el consumo de las instituciones sin fines de lucro avanzó un 1,5%, dos décimas menos. Además, el gasto de las Administraciones Públicas moderó su crecimiento interanual más de dos puntos, hasta el 0,1%.

Menos inversión

Por su lado, la inversión registró un crecimiento interanual del 4%, lo que supone 1,1 puntos menos que en el trimestre anterior. La inversión en construcción moderó su avance interanual un punto, hasta el 2,1%, mientras que la inversión en bienes de equipo se incrementó un 7,8%, en contraste con el aumento del 9,3% registrado en el trimestre anterior.

En el segundo trimestre, la contribución de la demanda exterior neta al PIB fue de cuatro décimas, en contraste con las dos décimas que restó al crecimiento de la economía en el primer trimestre. Esto fue consecuencia del buen comportamiento de las exportaciones, que aceleraron tres puntos su crecimiento interanual, desde el 3,8% al 6,8%, mientras que las importaciones ampliaron 1,2 puntos su avance interanual, hasta el 6,6%.

Desde la óptica de la oferta, la industria, la agricultura y la construcción presentaron en el segundo trimestre un peor comportamiento interanual que en el primer cuarto del año, al contrario que los servicios, cuyo valor añadido bruto creció un 3,6%, la misma tasa que en el primer trimestre. Por contra, la agricultura empeoró dos puntos su tasa interanual, hasta el 3,5%; la industria recortó la suya una décima, hasta el 2,6%, y la construcción moderó su crecimiento interanual seis décimas, hasta el 2,2%.

El empleo se ralentiza tres décimas

En cuanto al empleo, el INE asegura que esta variable, medida en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, creció entre abril y junio un 0,6% respecto al trimestre anterior, tres décimas menos que en el primer trimestre.

En tasa interanual, el empleo registró un avance del 2,9%, tres décimas menos que en el trimestre anterior, lo que supone la creación neta aproximada de 484.000 empleos equivalentes a tiempo completo en un año. Este comportamiento, junto con la variación experimentada por la jornada media, dan como resultado una desaceleración de tres décimas en la tasa anual de horas efectivamente trabajadas, desde el 3,2% al 2,9%.

En el segundo trimestre, la ocupación en los servicios desaceleró una décima su crecimiento interanual, hasta el 3,3%; la agricultura recortó más de tres puntos su tasa interanual, hasta el 2,1%, y la industria empeoró ocho décimas su tasa interanual, hasta el 1,6%. Por el contrario, la construcción aceleró dos décimas el avance de puestos de trabajo, hasta el 1,1%.

El empleo asalariado, por su parte, creció un 3,2% interanual en el segundo trimestre, tres décimas menos que en el trimestre anterior. Con todo, la productividad aparente por puesto de trabajo equivalente subió tres décimas, hasta el 0,4%, mientras que el crecimiento de la productividad aparente por hora efectivamente trabajada mejoró dos décimas, hasta el 0,3%.

En este contexto, la remuneración de los asalariados pasó del 3,4% al 4% por la desaceleración del número de asalariados (del 3,5% al 3,2%) y por el aumento en nueve décimas de la remuneración media por asalariado (del -0,1% al 0,8%). Así, el crecimiento del coste laboral por unidad de producto (CLU) se situó en el 0,4%, una décima menos que la variación experimentada por el deflactor implícito de la economía (0,5%).

CEOE y UGT advierten sobre la desaceleración

La CEOE ha destacado el "dinamismo y la fortaleza" de la economía española durante el segundo trimestre, si bien ha advertido de la "tendencia a la desaceleración" de todos los componentes de la demanda interna, especialmente de la construcción.

A su juicio, la demanda interna podría continuar recortando su avance en los próximos trimestres, lo que reduciría el ritmo de crecimiento del PIB. A ello podría añadirse el efecto de la incertidumbre exterior sobre la evolución de las exportaciones.

Por su parte, UGT califica de "decepcionante" la evolución de la economía española, ya que, aunque aumenta un 0,8% en el segundo trimestre, "se ha desacelerado" y crece "cada vez a un menor ritmo", por lo que reclama un cambio de estrategia económica que se sustente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017.

La opción del "in" contó con el apoyo de nombres relevantes dentro de la política británica, a uno y otro lado del arco parlamentario: el ministro de Finanzas, George Osborne; el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn; o el primer ministro, David Cameron, que decidió hacer campaña por la permanencia el pasado 20 de febrero, después del acuerdo alcanzado con la Unión Europea que consolidó a Londres con un "estatus especial" dentro de la UE al otorgarle una serie de concesiones simbólicas. La opción del abandono, por su parte, contó con el respaldo del partido euroescéptico UKIP y su líder, Nigel Farage, así como la del exalcalde conservador de Londres, Boris Johnson.

Sin embargo, la campaña no se quedó en casa. La importancia de la consulta llevó a líderes internacionales a ambos lados del Atlántico a pronunciarse sobre el polémico Brexit. El presidente de EEUU, Barack Obama, pidió a Reino Unido la permanencia en la UE, argumentando que su pertenencia al bloque europeo ha magnificado su papel internacional. En la misma línea se pronunciaron durante estos meses el Banco Central Europeo (BCE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Un Brexit podría acarrear un grave daño regional y global al afectar a las relaciones comerciales establecidas", advirtió Maurice Obstfeld, economista del FMI. Durante un discurso pronunciado en Londres, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló que la ruptura supone un "riesgo importante" para la economía mundial.

Una salida que podría influir directamente sobre la economía de España. "Podría verse afectada negativamente, teniendo en cuenta las estrechas relaciones entre ambos países", adviertió el servicio de estudios de Bankia en un informe publicado el pasado 29 de febrero bajo el título Brexit: un escenario adverso muy incierto. En la misma línea se pronuncia Analistas Financieros Internacionales (Afi) en el estudio Brexit-El próximo reto para la Unión Europea: "España no será inmune al contagio, dados sus fuertes vínculos con el Reino Unido". Pero, ¿sobre qué aspectos de la economía española podría influir la salida de Reino Unido de la UE? Los economistas consultados por infoLibre ponen el foco en las relaciones comerciales, la inversión directa, el sector financiero y los flujos migratorios y turísticos.

1. Las relaciones comerciales con las islas

Reino Unido es un mercado importante para España. Desde hace diez años, nuestro país registra un superávit comercial –1,1% del PIB español en 2014– con las islas británicas, tanto en productos como en servicios, según datos ofrecidos por los dos informes. Una diferencia importante con el resto de países de la zona Euro. "Es uno de los dos únicos países, con Alemania, con un saldo comercial positivo con Reino Unido", señala en conversación con este diario Santiago Carbó, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Bangor. 

Uno de nuestros principales socios comerciales. En concreto, es el quinto destino más importante para las exportaciones españolas de bienes y servicios –por detrás de Francia, Alemania, Portugal e Italia–, suponiendo en torno a un 6,9% del total, y el sexto mayor proveedor de nuestro país, siendo el origen del 4,3% de las importaciones españolas. Del total de bienes que España exporta a los británicos, un 30% son productos relacionados con el transporte; un 12% corresponde a máquinas; un 10% son bienes vegetales; un 8,3% son productos químicos y un 7,2% son productos alimenticios, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OIC) recogidos por Afi.

Nick Greenwood, de Analistas Financieros Internacionales y autor del informe, aseguró que se pueden producir "impactos negativos sobre la economía británica" que pueden afectar directamente a España. El economista señala que para nuestro país, el Reino Unido es un mercado "muy importante" en el caso de las exportaciones de bienes, "sobre todo en temas de coches, aviones o alimentación", con un peso importante en las exportaciones españolas. "Esos sectores sí podrían verse afectados", completó el analista en conversación con infoLibre.

José Moisés Martín Carretero, miembro de Economistas Frente a la Crisis, está convencido, por su parte, de que las relaciones comerciales, aunque se sigan manteniendo, van a estar "muy dificultadas" y las barreras que implicará el Brexit se notarán "a medio y largo plazo". "La salida implica que salgan del mercado único", recalcó el economista, que se mostró convencido de que no se van a instaurar aranceles y de que el Reino Unido terminará manteniendo un formato similar al de países como Norguega o Suiza.

Carbó, sin embargo, considera que en el ámbito comercial para España "quizá no es tan traumático", porque los ingleses "ya se han acostumbrado" a consumir nuestros productos. Con todos estos elementos encima de la mesa, añade que todavía es pronto para pronunciarse al respecto: "No sabemos los términos de la renegociación, no sabemos qué estatus va a tener Reino Unido" tras la votación a favor de la salida de la UE. 

En este sentido, el informe de Analistas Financieros Internacionales recoge cuatro posibles escenarios: un modelo como el noruego, que "permitiría al Reino Unido tener acceso al mercado común y tener libertad para establecer acuerdos de libre comercio"; un acuerdo bilateral como en el caso suizo, que permitiría al país "mantener acceso al mercado común" en aquellas áreas en las que acepte la regulación europea; acuerdos puntuales de libre comercio; o cláusula de la nación más favorecida, buscando una independencia total de la UE.

Una opinión similar tiene el economista Juan Laborda, que señaló en conversación telefónica con este diario que un posible impacto en las relaciones comerciales depende mucho de la fuerza de la libra con respecto al euro una vez que Reino Unido salga del club comunitario. En su opinión, tanto la divisa británica como la europea van a sufrir una pérdida de valor: La salida "tendrá consecuencias para la arquitectura europea, será un ataque directo a su línea de flotación, que ya tiene grietas en relación a la cohesión. En este caso, se puede depreciar el euro". Por este motivo, el economista sostiene que "la relación entre Reino Unido y España, en lo que es la balanza comercial, no se debería ver afectada".

El profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) Javier Santacruz remarca en esta línea que "en el terreno de lo estrictamente comercial no hay demasiadas cosas". "Tenemos algún producto, agroalimentarios principalmente, pero realmente lo más importante que Reino Unido tiene de relación con España por el lado comercial es el turismo, y por el lado inversor toda la participación que las empresas españolas tienen allí, que podría verse afectada", completó en conversación telefónica con este diario.

2. Inversión directa española en suelo británico

En este sentido, la firma Ipsos Mori sondeó la opinión de las compañías extranjeras que tienen filiales en territorio británico sobre el Brexit. Según los resultados, un 79% de los socios de la Cámara de Comercio de España en las islas consideran que la salida tendrá efectos negativos para el funcionamiento de sus negocios en el Reino Unido, mientras que un 3% cree que se producirá un impacto positivo y el 18% no tiene las consecuencias muy claras. Además, el 59% de las compañías españolas estiman que la ruptura podrá reducir sus inversiones de cara al futuro en el mercado británico.

Reino Unido es el principal destino de la inversión directa española en el extranjero, con un 14% del total en el año 2013, alcanzando en esa fecha los 48.000 millones de euros. Según los datos recogidos en el informe de Afi, esta se concentró principalmente en el sector financiero, de telecomunicaciones y de abastecimiento energético, con un 35% (16.600 millones de euros), 32% (15.200 millones de euros) y 15% (7.300 millones de euros), respectivamente.

Así, podrán verse afectadas empresas como Banco Santander –su filial británica fue la que más aportó al banco español en 2014, representando un 19% de su beneficio–; Inditex –más de un centener de tiendas y por encima de 4.000 empleados–; Iberdrola –a través de Scottish Power, uno de los principales generadores eléctricos de Reino Unido–; Ferrovial –el 34% de sus ventas en 2014 provino de Gran Bretaña–; FCC –genera allí un 10% de sus beneficios– o Banco Sabadell –que adquirió el TSB en marzo de 2015–.

"Dentro del Reino Unido hay intereses económicos muy fuertes, sobre todo en el sector energético, en el que destaca Iberdrola con Scottish Power", señala Santacruz, quien recuerda que todas las operaciones de empresas como Ferrovial, "que opera en algunos de los aeropuertos más importantes de Londres", podrán verse afectadas "tanto por la imposición de aranceles" como por las consecuencias que el Brexit tendrá sobre la libra, una opción que puede generar "problemas" a todas las empresas que tienen parte de su negocio allí. "Ese tipo de cosas afectan de forma directa a España", asevera. Sin embargo, el economista recuerda que todas estas compañías, con la progresiva caída de la libra, ya se han cubierto las espaldas con la compra de coberturas.

En la misma línea se posiciona Laborda, quien asegura que "se pueden paralizar algunas de las tomas de decisiones" a la hora de realizar inversiones de firmas españolas en suelo británico, principalmente a causa del "tipo de cambio" y del "poder económico y político". El economista expresó sus dudas sobre el papel de Londres como principal plaza financiera del mundo si, como se ha confirmado, el Brexit se impone. Ante un choque de confianza en la economía, "los beneficios de las empresas españolas pueden verse reducidos", apuntó Greenwood.

Carbó, por su parte, muestra dudas sobre lo que va a pasar con las compañías españolas: "Yo, sinceramente, creo que no afectará a las que ya se hayan hecho. Pero en el caso de las futuras, habrá que ver". El miembro de Economistas Frente a la Crisis, sin embargo, no cree que el Brexit "afecte mucho a las decisiones de inversión de España allí". "Perderían la seguridad jurídica que ofrece la UE. Pero ya está. Se quedarían con la que ofrece Reino Unido, que es bastante alta", completó en una conversación anterior al referéndum de este jueves.

El sector financiero

Greenwood también pone el foco en las consecuencias que tendrá la salida sobre el sector bancario español. Según el informe de Analistas Financieros Internacionales, "España está particularmente expuesta al sector financiero británico a través de Banco Santander y Banco Sabadell". Según los datos ofrecidos por Afi, Santander UK es depositario de entre el 10% y el 20% de las cuentas corrientes británicas, mientras que el TSB, propiedad del Sabadell, tiene depositadas en torno al 5%. "Si aumenta la morosidad tras la salida, podrían verse afectados los resultados de los bancos españoles allí", detalla el economista a este diario.

Una opinión que comparte Santacruz, que dice que "la afectación puede ser muy grande". "El modelo de negocio que pueden mover allí los bancos españoles será menor", puntualiza, si tras la salida de la UE el club comunitario se queda sin uno de sus principales mercados –la Unión Europea supone el 46% de la inversión directa extranjera en el país–. Todo este impacto se podría ver incrementado, según señala, por una depreciación muy fuerte de la libra, que acabe cayendo "más de lo esperado".

Juan Laborda ve con mayor preocupación que se genere un "movimiento global de aversión al riesgo", pero añade que esto se producirá "en todos los lados". Carbó, por su parte, no cree que las filiales en suelo británico de las entidades financieras españolas se acaben enfrentando a un problema de impago de la deuda a causa del Brexit: "Seguirán pagando. Si se produce un impago será por otros motivos distintos". En esta línea, el profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Bangor recuerda que los bancos "tienen sus propios mecanismos de contingencia" para hacer frente a situaciones complejas.

Algo que también señalan desde Afi en el informe: "La estructura subsidiaria de los bancos españoles debería limitar el impacto" del Brexit. Sin embargo, los bancos españoles podrán elegir "si dar apoyo desde la matriz o no a sus entidades subsidiarias". Además, añaden otro problema en el medio plazo: que las entidades financieras y sus filiales en el suelo británico se vean obligadas a afrontar mayores costes regulatorios al tener que adaptarse a un nuevo marco normativo.

3. La importancia del turismo

Los expertos sitúan la última consecuencia económica para España en los flujos migratorios y en el sector turismo. Los británicos son los principales clientes del sector turístico extranjero en nuestro país. En el año 2015, llegaron a suelo español un total de 15,7 millones de turistas procedentes del Reino Unido, lo que supuso un 23% del total y un aumento de cuatro puntos y medio en comparación con el año anterior, que gastaron 14.057 millones de euros. En términos hoteleros, efectuaron el 26,3% de las pernoctaciones. "El superávit de la balanza española de turismo y viajes frente a Reino Unido supera los 6.000 millones de euros", señala el informe de Bankia.

Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro país tienen su residencia permanente un total de 300.000 británicos –tercera nacionalidad, por detrás de rumanos y marroquíes–, mientras que otro medio millón viven en España de forma temporal. En sentido contrario, el suelo británico se ha convertido en el principal destino de los emigrantes españoles, un 14% del total. Según las cifras que maneja Bankia Estudios, cerca de 200.000 ciudadanos procedentes de España viven en el Reino Unido.

"Los flujos migratorios son muy importantes en este caso. Aunque todo depende del acuerdo final al que se llegue, esto podría verse afectado", sentencia Greenwood en conversación con infoLibre. Santacruz, Carbó y Laborda, por su parte, aseguran que las consecuencias dependerán del valor de la libra respecto al euro después de la salida. "Si cae de forma fuerte, los británicos tendrán menor poder adquisitivo y, por lo tanto, el gasto que realicen en turismo será menor en España", apunta el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Sin embargo, su compañero de Economía y Finanzas de la Universidad de Bangor considera que no se resentirá mucho el sector turístico: "Ahora mismo hacemos control de pasaportes, tenemos una moneda distinta...", asevera.

En este último argumento también centra su punto de mira Martín Carretero, que ve un impacto "muy pequeño": "El Reino Unido no está en el espacio Schengen, por lo que la circulación ya está controlada aunque pertenezca al club", explicó. El miembro de Economistas Frente a la Crisis no quiso finalizar la conversación con este diario sin antes dar otra pincelada sobre las posibles consecuencias: "Creo que la clave está en otros aspectos, como por ejemplo el tema de las balanzas internas de la UE y el saldo presupuestario. El presupuesto de la Unión Europea se va a ver muy afectado. Y eso tendrá importancia posteriormente a la hora de ver cómo se desarrollarán las políticas comunitarias y de cohesión".

Xin Wang es investigador en el Instituto de Desarrollo Sostenible y de Relaciones Internacionales (IDDRI), un centro de estudios de Ciencias Políticas. Nació y creció en Tianjin, el puerto del norte de China donde dos explosiones enormes en dos almacenes han dejado 114 muertos. En una entrevista con Mediapart, Xin describe Tianjin, tercer puerto mundial por su importancia según las autoridades americanas (American Association Port Authorities), como un elemento estratégico de la política comercial de China. A modo de comparación, esta misma institución americana clasifica el primer puerto francés, Le Havre, en el lugar 58º del ránking de puertos mundiales.

Pregunta. En el puerto de Tianjin, en China, las autoridades reconocen la presencia de una grave contaminación de cianuro. Tras las enormes explosiones que tuvieron lugar el 12 de agosto en varios almacenes, que dejaron 114 muertos en centenares de heridos, ¿qué representa esta instalación en el país?

Respuesta. Es un lugar muy importante a varios niveles. Históricamente, el puerto de Tianjin siempre ha sido crucial por su proximidad geográfica con la capital, Pekín. Durante la primera guerra del opio, antes de 1850, este puerto fue la última muralla contra los occidentales. Hoy, sobre el plano administrativo, se trata de uno de los cuatro municipios que tienen el estatus de provincia, como Pekín, Shanghai y Chongqing. Los jefes de estas ciudades tienen rango de ministro y a veces más influencia política en el seno del partido que un ministro de Estado. Hay que saber que la ciudad de Tianjin es inmensa y se compone de varios distritos. El centro está a un centenar de kilómetros del puerto. También hay zonas rurales.

P. 

En el plano comercial, ¿Tianjin es estratégico para China?

R. Durante la apertura de la economía, en 1978, Tianjin se convirtió en el puerto más grande del norte de China. El objetivo era entonces atraer las inversiones extranjeras por la creación de zonas económicas especiales, con facilidades fiscales, aduaneras, logísticas. El puerto fue considerado prioridad por el Gobierno central y desde entonces no ha dejado de crecer. Numerosas empresas extranjeras se presentan en la región, como Airbus, que dispone de líneas de montaje en Tianjin. La actividad industrial es intensa y estos últimos años el sector terciario se está desarrollando igualmente. Tanto en la importación como en la exportación, Tianjin es totalmente estratégico.

P. ¿La política de desarrollo del puerto y sus alrededores ha evolucionado recientemente?

R.- Las elecciones políticas para el desarrollo del puerto y de la zona costera son aseguradas por una comisión, una especie de comité de gestión compuesto de funcionarios. Esta estructura tiene actualmente el objetivo de volver la zona portuaria más viva. La comisión incitó a la población a instalarse en la costa. El objetivo es mezclar las actividades industriales y los barrios. Como el crecimiento económico es muy fuerte en la región, los precios inmobiliarios han aumentado mucho estos últimos años. Deberían pararse con esta tragedia.

P.- ¿La catástrofe del 12 de agosto puede tener consecuencias comerciales e incluso políticas?

R.- No, no creo. Debido a su tamaño, su posición en el norte y a algunas decenas de kilómetros de Pekín, el puerto de Tianjin es irremplazable. Se trata del principal punto de entrada y salida de mercancías y materiales de producción en la gran región pequinesa. Ningún otro puerto puede compararse con él. En cambio, podría haber consecuencias en la gestión del riesgo induatrial en el país. El ministro de la Oficina General –un ministerio que se encarga de la gestión del riesgo ligado a las actividades industriales del país— se presentó en el lugar. Habrá un antes y un después de Tianjin. Podría incluso dar lugar a un debate sobre la forma en la que la evaluación del crecimiento económico debe tomar en cuenta los factores de seguridad, medio ambiente y no solamente el PIB.

Traducido por: Marta Semitiel

Aunque no gusta al Gobierno, la verdad es que la incipiente recuperación de la economía descansa en dos pilares que no controla: la fuerte caída de los precios del petróleo y las rebajas de tipos de interés del BCE. El ahorro en petróleo se calcula entre 15.000 y 20.000 millones al año, mientras que el descenso en los tipos de interés ha aliviado en 17.000 millones la carga de la deuda desde 2012. Pero el viento favorable puede cambiar. España ha disparado las importaciones de petróleo justo cuando el mercado del crudo da muestras de haber tocado fondo, según señalan firmas de análisis como Morgan Stanley.

Tras registrar un promedio de 110 dólares por barril desde 2011 hasta mediados de 2014, el crudo Brent, de referencia en Europa, cayó por debajo de los 50 dólares en enero. Ahora remonta tímidamente -ronda los 59 dólares- a pesar de que la estrategia del mayor productor de la OPEP, Arabia Saudí es mantener la producción alta y los precios bajos para garantizar que el petróleo no pierde posiciones frente a la producción nueva no convencional de hidrocarburos (fracking).

Problemas a medio plazo

"A medio plazo, el panorama es incierto y preocupante" explica el exdirector del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), Javier García Breva. España importa prácticamente todo el petróleo que consume y la factura es elevada, en torno al 4% del PIB anual. Para un país que depende en un 76% del exterior para cubrir sus necesidades en energía, un cambio en la orientación de los mercados puede ser muy negativo si no se controlan los desequilibrios.

Eso es, precisamente, lo que está sucediendo. Las importaciones de disparan justo cuando el mercado del crudo da síntomas de que puede estar iniciando un nuevo ciclo. Lo dicen los datos de la corporación Cores, encargada de gestionar las reservas. En febrero, según la corporación, las importaciones crecieron un 28,4% respecto al mismo mes de 2014. En los dos primeros meses de 2015, el aumento de las compras fue del 8,5%.

La fiebre importadora en España coincide con una circunstancia que presiona al alza los precios del crudo. Las reservas de las grandes compañías, BP, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell y Total, se redujeron el año pasado. De 80.000 millones de barriles equivalentes de petróleo (Bep) a 78.600. Es la mayor caída en siete años, según El Periódico de la Energía. Las grandes empresas acumulan menos reservas porque los precios del petróleo no invitan a invertir en exploración y los descubrimientos son menores. No falta petróleo, es que se busca menos.

Reducción de gastos

Martijn Rats(Morgan Stanley) ha destacado en sus informes la rapidez con la que las compañías petroleras han reducido gastos (un 22%) hasta cifras cercanas a las de 1986. Todo encajaría si la demanda permaneciera estable o inlcuso a la baja. Pero si la Agencia Internacional de la Energía no se equivoca, la demanda va a crecer en los próximos años, con lo que será difícil que los precios del barril vuelvan a los niveles de hace unos meses, aunque sin descartar algún episodio de bajada  puntual.

Las petroleras también creen que los precios del petróleo han tocado fondo. Operaciones como la recién anunciada compra de la norteamericana BG por parte de Royal Dutch Shell por 64.000 millones de euros respondería, según fuentes empresariales, a la convicción de que los precios van a remontar.

Otro gigante

Royal Dutch Shell pretende formar con BG un gigante de la energía valorado en más de 200.000 millones de librasgigante de la energía (272.000 millones de euros). La de Shell constituye la mayor operación del sector en una década. Los expertos consideran que sólo es un primer movimiento. Todo apunta una oleada de fusiones y adquisiciones similar a la que hubo en el sector después de la última gran caída del precio del petróleo a finales de los noventa.

La compra de BG supera en más de seis veces la compra de la candiense Talisman por la española Repsol. La adquisión, por 10.000 millones de euros, es la mayor operación internacional realizada por una empresa española en los últimos cinco años. Permitirá a Repsol situarse entre las 15 compañías petroleras privadas más grandes. Pero la pregunta es obvía: una vez abierto el baile de compras y de fusiones ¿Repsol es un objetivo?. Nadie lo descarta. Siempre ha existido la posibilidad, admiten fuentes de la empresa "y nada ha cambiado en ese sentido".