El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplicado la ley de amnistía al exconseller de Acción Exterior de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y exalcalde de Agramunt (Lleida) Bernat Solé, que fue condenado a un año de inhabilitación por colaborar en el 1-O.

En un comunicado, ERC ha informado de la aplicación de la amnistía a Solé, aunque ha señalado que el tribunal ha desestimado el recurso por el que solicitaba la revisión y la anulación de la sentencia, así como el retorno íntegro del importe de la multa impuesta, de 16.000 euros.

El exconseller ha subrayado que "no habrá amnistía efectiva hasta que todas las personas que sufrieron la represión puedan rehacer sus vidas en plena libertad", mencionando especialmente al líder de ERC, Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado hasta 2031 y no puede ejercer de profesor universitario ni presentarse a unas elecciones.

Solé, que tras su paso por la política se reincorporó como profesor en un instituto, ha agradecido las muestras de apoyo recibidas durante los últimos años y especialmente a ERC, por asumir el coste de su defensa, y a la Caixa de Solidaritat por sufragar el coste de la multa impuesta por la sentencia.

La maquinaria jurídica alrededor de la amnistía entra en funcionamiento. Tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tanto los jueces como las defensas de varios encausados y condenados no han dudado en poner en marcha este martes el procedimiento para la aplicación –o no– del olvido jurídico en los diferentes casos por hechos vinculados al procés. Con la activación del mecanismo, se abre ahora un breve lapso de tiempo –diez días, por lo general– para que las partes puedan emitir su opinión. Y eso incluye, por supuesto, a la Fiscalía, que ha preferido mantenerse en segundo plano en esta fase inicial de puesta en marcha de la norma. Un Ministerio Público en el que la amnistía puede terminar abriendo una nueva guerra jurídica, sobre todo en lo que tiene que ver con el encaje de la malversación en la misma.

La ley establece que el olvido jurídico será aplicado por los órganos judiciales "de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal". Por eso, nada más entrar en vigor las defensas de los posibles beneficiarios han movido ficha de inmediato. Lo han hecho los abogados de los principales dirigentes de ERC –desde Oriol Junqueras, sobre el que aún pesa una condena de inhabilitación, hasta la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira–. También el del secretario general de Junts, Jordi Turull, otro de los condenados en el juicio del procés cuya pena de prisión fue indultada. O las del periodista Jesús Rodríguez o el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, ambos investigados en el caso Tsunami.

Y luego comenzaron a llegar los primeros movimientos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha activado el procedimiento en cinco casos. El primero afecta a Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, condenados por el 9N. El segundo, al expresident Joaquim Torra, castigado por desobediencia al no descolgar una pancarta a favor de los políticos presos durante la campaña electoral. El tercero, al exconseller Bernat Solè, sentenciado por su papel en el 1-O cuando era alcalde. El cuarto, al exdiputado de la CUP Pau Juvillà, condenado por no retirar lazos amarillos. Y la quinta es la causa que aún se sigue contra los llamados arquitectos del 1-O –Josep María Jové y Lluís Salvadó– y la consellera de Cultura, Natália Garriga.

El tribunal catalán ha dado a las partes diez días para que emitan una opinión sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la amnistía en cada uno de estos casos. El mismo plazo que se ha otorgado en los dos procedimientos abiertos por las protestas de Tsunami Democràtic, donde se investiga un supuesto delito de terrorismo. Uno, el que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional bajo la batuta del magistrado Manuel García-Castellón, es el que afecta a, entre otros, Marta Rovira. El otro, que instruye la magistrada del Supremo Susana Polo por la condición de aforados de los investigados, es el que gira alrededor del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg.

Menos tiempo, cinco días, es lo que el Alto Tribunal da a defensas, acusaciones y Ministerio Público para que se pronuncien tanto en la causa ya juzgada del procés como en la que aún cuelga por el 1-O, en la que están procesados el expresident Puigdemont, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig o la secretaria general de ERC –los tres primeros por malversación y desobediencia y Rovira sólo por el último de estos delitos–. En su providencia, el instructor de esta última, Pablo Llarena, pide a las partes que informen sobre dos cuestiones fundamentales. Por un lado, sobre la “aplicabilidad o inaplicabilidad” de la norma a los hechos que son objeto de investigación. Y por otro, sobre la pertinencia de mantener o alzar las “medidas cautelares” que pesan sobre los investigados.

Llarena, que mantiene así activa la orden de detención contra el expresident mientras escucha a las partes, solicita a defensas y acusaciones que hagan en sus informes "una particular referencia" no solo a si los hechos se entienden comprendidos en lo que se establece en la definición que se recoge en el artículo 1 de la Ley de Amnistía para los delitos de desobediencia y malversación, sino también a si se pueden considerar "excluidos" del ámbito de aplicación de la norma en base a los supuestos que se recogen en el artículo 2 de la misma. En concreto, y como si supiera perfectamente dónde está el punto de conflicto, Llarena pone el foco sobre uno de ellos: "Los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".

En la Fiscalía, que ha preferido quedarse a un lado en esta primera fase de activación de la norma –no tiene previsto impulsar de oficio la revisión de los procedimientos–, son conscientes de que los dos grandes puntos de conflicto alrededor de la ley girarán en torno a la malversación y el terrorismo. Los cuatro fiscales del procés –Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena–, sin ir más lejos, ya hicieron llegar la semana pasada un informe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el defendían a capa y espada que la amnistía no podía ser de aplicación para el delito de malversación, que es el que persigue a Puigdemont y por el que fue condenado, entre otros, Junqueras.

En aquel documento, difundido pocos minutos después de la aprobación definitiva de la norma en el Congreso de los Diputados y antes de su entrada en vigor, los fiscales del procés ponían el foco sobre la normativa europea y sobre el mismo precepto de la norma al que ha apuntado Llarena. Y defendían que en el 1-O existió un "indudable beneficio patrimonial e incluso enriquecimiento personal", lo que colocaría los hechos en el ámbito de exclusiones que marca la ley. "Con ánimo de lucro se apropiaron de los fondos públicos y asumiendo sobre ellos, extraídos de su función pública y legal, facultades de titularidad los destinaron al pago de quienes ellos mismos habían contratado", apuntaba aquel escrito.

Zaragoza y Moreno se han vuelto a reunir este martes con el fiscal general del Estado. En este nuevo encuentro, según explican fuentes fiscales, García Ortiz les ha solicitado que elaboren un "informe procesal" para dar respuesta al Tribunal Supremo, al entender que lo que le entregaron los fiscales del procés la pasada semana no era más que un documento "genérico" sobre la norma. No obstante, las mismas fuentes aseguran, en respuesta a lo publicado por algunos medios, que "en ningún momento" el máximo representante del Ministerio Público les ha indicado en qué dirección tiene que ir el informe. "Ellos pueden hacerlo en el sentido que estimen oportuno", aseguran las fuentes consultadas.

Los fiscales del procés tienen previsto defender a toda costa su postura alrededor de la amnistía. Algo que puede terminar por abrir una nueva guerra jurídica en el seno del Ministerio Público. Si el fiscal general rechazase el criterio de Zaragoza, Moreno, Madrigal y Cadena, podría elaborar él mismo otro informe contrario a las tesis que ellos plantean, lo que podría llevar a los cuatro fiscales a pedir que se active el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dicho precepto permite convocar, cuando haya discrepancias con un superior, a la Junta de Fiscales de Sala para que se pronuncien al respecto. Ahora bien, lo que diga este órgano no es vinculante. El superior puede ratificarse en su criterio.

Dicha batalla, de darse finalmente, debería desarrollarse a contrarreloj, dado que el tiempo máximo de respuesta que el Supremo ha dado a las partes para pronunciarse en los dos procedimientos vinculados al referéndum independentista es de solo cinco días. Sea como sea, lo que finalmente termine defendiendo el Ministerio Público en sus escritos ante el Alto Tribunal no tiene por qué anticipar nada. Serán los magistrados de la Sala de lo Penal y el instructor Llarena quienes tengan la última palabra sobre la aplicación o no de la medida de gracia en los casos vinculados al procés que tienen sobre la mesa.

Con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la amnistía entra en el terreno de lo desconocido. Tras meses de refriega política, comienza ahora una batalla jurídica que tanto magistrados como fiscales dan por hecho que será larga. Los jueces y tribunales encargados de aplicar la norma pueden plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si creen que la ley puede chocar con el derecho comunitario, un movimiento que implicaría, en la práctica, la suspensión del procedimiento –y, por tanto, de la aplicación de la amnistía– hasta que el órgano resuelva. Y el mismo efecto tendrán las cuestiones de inconstitucionalidad que se planteen ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal de Cuentas, de hecho, ya ha planteado la posibilidad de preguntar a Luxemburgo en el marco de la causa que tiene abierta contra 35 personas por el desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del procés. La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha dictado este martes una providencia en la que da diez días a las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre algunos artículos de la norma de olvido jurídico que podrían chocar con el derecho comunitario. En concreto, menciona la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", el "principio de cooperación leal", los principios de "igualdad y no discriminación" o los "principios de seguridad jurídica y confianza legítima".

La Audiencia de Barcelona ha ratificado la decisión del Juzgado de Instrucción 7 de procesar a 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas del 1-O en la ciudad. En un auto consultado por Europa Press este jueves, el tribunal rechaza todos los recursos que se presentaron contra el procesamiento de los policías y valida la decisión.

El instructor los procesó en enero de 2023, al acabar la investigación sobre las cargas en distintos colegios de la ciudad. De esta forma, el tribunal rechaza procesar a más agentes -como pidieron las acusaciones de Irídia, ANC y Òmnium- y archivar la causa para los procesados, como pidieron las defensas.

En el auto que ahora confirma el tribunal, el instructor concluyó que en el IES Pau Claris "claramente los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad, ya que, como se ha dicho en resoluciones anteriores en este juzgado y por diversos autos de la Audiencia de Barcelona, la actuación policial fue claramente desproporcionada en general".

En este se colegio se ha identificado al policía que saltó desde una escalera para dar una patada sobre un hombre y están procesados tres agentes que aparecen en vídeos lanzando escaleras abajo a varias personas.

Sobre la Escola Mediterrània, donde hubo 20 denunciantes y entre los heridos un hombre de 82 años, el juez relata a partir de las imágenes de la jornada: "Los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando hasta el punto de observarse personas empujadas al suelo, una persona con la cara ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas".

El juez ha constatado que el responsable del dispositivo incumplió la normativa policial al ordenar actuar de esta forma, y añade que "en este colegio se llevó a cabo una auténtica carga policial, que por su modo de llevarse a cabo y su falta de anuncio resultó en diversos resultados lesivos".

Procesa al jefe de este dispositivo, y a siete policías más, entre los que destaca de uno su "actuación especialmente grave": golpeó con la porra en la cara a varias personas ya desalojadas, dio patadas a una persona que intentaba levantarse del suelo y golpeó en la cara a otra persona que intentaba ayudarle.

En la Escoles Pies de Sant Antoni, las imágenes muestran "una actuación especialmente violenta y desproporcionada de los agentes", que golpearon sin aviso previo ni ninguna negociación, cuenta el juez. "Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios", y el juez subraya que el equipo que intervino en este centro es el mismo que fue al IES Pau Claris y a la Escola Mediterrània.

El juez procesa a varios policías por la actuación en el IES Víctor Català: un agente dio una bofetada a un votante, dos levantaron a una persona alzándola por una pierna y luego uno de ellos levantó a un anciano del suelo tirándole de las orejas.

El instructor añade una "especial mención" al policía que aparece en un vídeo dando un puñetazo en la cara a un hombre, y además de a ellos también procesa a un agente por tirar a una persona al suelo y luego golpearla, además de pisar intencionadamente la mano de una persona que está sentada en el suelo.

En el CEIP Prosperitat, 11 personas denunciaron lesiones, entre ellas un hombre que denunció "que fue arrojado por los agentes por unos escalos y sufrió una lesión en la oreja que necesitó puntos de sutura", como muestra su informe médico.

El hombre se ha querellado contra el policía y el juez ha decidido procesar al agente y al jefe del dispositivo en el colegio porque "como es de ver en las imágenes grabadas, se aprecian claros déficits en la actuación con respecto a la normativa y protocolos" policiales, y destaca que los policías no negociaron ni advirtieron de las cargas sino que usaron la fuerza a los pocos segundos de llegar.

"En algunos casos resulta claramente innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de personas de diversa índole entre la multitud, sin ninguna actitud agresiva y con personas de avanzada edad entre ellos", agrega el juez sobre el uso de la fuerza policial.

En el CEIP Ramon Llull, donde se recabaron una veintena de denuncias, el juez procesa a un policía por coger a una persona del cuello y arrastrarla.

Diez personas denunciaron actuaciones policiales en el CAP El Guinardó: el caso se archiva para el jefe del dispositivo porque no consta que diera ninguna una orden concreta para las cargas, pero el juez procesa a un policía por haber intervenido sin intentar antes una mediación o hacer una advertencia.

"En absoluto puede considerarse una advertencia previa suficiente el hecho de acercarse a la multitud con un altavoz y, sin solución de continuidad ni espera de ningún tipo, comenzar a lanzar a las personas de forma violenta fuera del lugar, de un modo claramente lesivo para algunas personas", argumenta el juez al procesarlo.

También está procesado el responsable del dispositivo en el CEIP Els Horts, por una actuación "claramente desproporcionada e innecesaria", y otros tres policías están procesados por presuntamente lesionar a dos mujeres en el CEIP Marenostrum.

También hay policías procesados por la actuación en el CEIP Àgora, donde el juez constata que hubo cargas usando la porra "de forma indiscriminada".

En el CEIP Dolors Monserda, el juez procesa a un policía por presuntamente lesionar a cuatro personas y otros dos por presuntamente lesionar a una persona, además de al su superior jerárquico: "No nos encontramos ante casos aislados o puntuales, sino que la actuación de los agentes investigados no pudo pasar desapercibida a dicho responsable y aun así no consta que intentara evitarlo o que diera las órdenes oportunas para que los hechos no ocurrieran", justifica el juez.

Respecto al CEIP Pau Romeva, un policía está procesado por una "actuación claramente dolosa, dirigida únicamente a causar lesiones al denunciante presuntamente como represalia por un insulto anterior".

En la Escola Infant Jesús, donde hay cinco denunciantes, el juez destaca "la especial circunstancia de que una vez iniciada la actuación policial, se optó por no entrar en el colegio y no se requisó material alguno, interpretando los responsables policiales que el auto dictado por el TSJC sólo autorizaba entrar en colegios de titularidad pública y no privada, como es el caso, dándose cuenta de esta circunstancia cuando ya se había iniciado la actuación".

Por eso, el juez considera que la actuación policial no tenía una finalidad concreta, "lo que supone en cierta manera una actuación policial gratuita y, por ende, mucho menos justificable". Procesa al responsable del operativo y a uno de los agentes.

La ley de amnistía es la clave de bóveda de la legislatura: el principal puente entre el PSOE y sus socios catalanes. La norma saldrá adelante previsiblemente este martes en el Pleno del Congreso con la vista puesta en su futura interpretación de los jueces y con un malestar profundo dentro del Partido Socialista, sus socios, Junts y ERC por las últimas decisiones judiciales, que hacen temer que Carles Puigdemont pueda quedar fuera de la medida de gracia por su supuesta implicación en los casos de la trama rusa y de Tsunami.

Su futura aplicación es el principal motivo por el que Junts especialmente y Esquerra están presionando en estas últimas horas al PSOE para tratar de tocar todavía el texto, con el fin máximo de los de Carles Puigdemont de que los delitos de terrorismo en general queden excluidos. La alerta es total en el espacio posconvergente por el futuro judicial del expresident y la posibilidad de que quede fuera finalmente de la ley de amnistía.

Los socialistas consideran que está bien armada la ley y que es plenamente constitucional. Desde Ferraz se traslada que no hay sobre la mesa ahora mismo cambios en el dictamen que aprobó la semana pasada la Comisión de Justicia del Congreso, en el que se incluyó en enmienda transaccional a última hora por la que podrán ser amnistiados delitos de terrorismo sin violaciones graves de derechos humanos. Junts no descarta todas las vías, incluida la de votar este martes en contra del dictamen, lo que haría que volviese a la Comisión y se abriera un nuevo plazo de un mes para la negociación en virtud del artículo 131 del Reglamento de la Cámara baja.

Las últimas decisiones judiciales ponen en riesgo que Puigdemont pueda terminar acogiéndose a la ley de amnistía y vuelva a España. Apenas horas antes del debate, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón prorrogó seis meses más la instrucción del caso Tsunami Democràtic. En el auto, el magistrado conserva la calificación de terrorismo para las protestas en Cataluña a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo por el procés. Observa que se trata de una organización “estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia” con la finalidad de “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público”. Asimismo, intenta apuntalar sus tesis con referencias al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de Nueva York de 1993.

Esta visión choca totalmente con la que tienen en el Gobierno y en el PSOE, donde se reitera que lo ocurrido durante el procés no puede ser calificado como terrorismo. Aunque públicamente no quieren entrar a chocar con el magistrado, fuentes socialistas subrayan su indignación por estas injerencias de sectores judiciales, también mirando a que el juez del caso Voloh Joaquín Aguirre, ha prorrogado la instrucción otros seis meses y apunta al apoyo “económico y militar” de Rusia al expresident catalán. 

Y es que puede que esta investigación termine excluyendo a Puigdemont de la amnistía al no poder aplicarse en casos de delitos de traición, contra la paz del Estado y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Fuentes socialistas subrayan que estas decisiones judiciales tienen “un objetivo muy claro” y reflexionan que el mero hecho de que influyan en el mismo Legislativo “ya es horrible”, tengan o no posteriormente recorrido en el proceso.

Para el independentismos estos movimientos judiciales evidencian la cruzada de parte de la magistratura para boicotear la ley de amnistía, especialmente para los casos de Carles Puigdemont y de Marta Rovira (ERC), que están en el punto de mira de la investigación de García-Castellón. Además, quieren que se aplique para aquellos involucrados en procesos por los CDR.

El Pleno de este martes supone la última gran oportunidad para retocar el texto que salió de la Comisión, aunque es muy difícil que se puedan introducir cambios, ya que nuevas enmiendas transaccionales sólo pueden votarse si no se opone ningún grupo (algo casi improbable porque el PP y Vox estarían en contra). Una de las vías es que se apruebe alguna enmienda de las que quedan vivas, pero los socialistas las han ido rechazado durante estas semanas a lo largo de las fases de ponencia y de la Comisión. Un último escenario no descartado por Junts es votar en contra de la proposición para que tenga que volver a la Comisión de Justicia y allí forzar una nueva negociación sobre las enmiendas (esto retrasaría un mes la negociación).

Una vez reciba el visto bueno del Pleno del Congreso, la proposición de ley pasará al Senado. Allí el PP pretende utilizar su mayoría absoluta para alargar lo máximo posible la tramitación durante dos meses, sin haber revelado todavía su estrategia de cómo quiere desmontar la ley en el trámite. No obstante, posteriormente volverá a la Cámara Baja y allí el PSOE y sus socios tienen la mayoría suficiente para sacar el texto con su redactado. 

Esto puede hacer que la ley ya esté publicada en el Boletín Oficial del Estado en el mes de abril. Luego su aplicación caso a caso se tendrá que ver por partes de los tribunales y abrirá la puerta al regreso de Carles Puigdemont a España. En el Gobierno creen, no obstante, que el expresident puede intentar concurrir de nuevo a las elecciones europeas del 9 de junio y no a las catalanas del año que viene.

Los populares durante estas horas están desplegando también su ofensiva dialéctica asegurando que lo que pasó en Cataluña fue terrorismo, como ha dicho la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Génova 13 explotar al máximo la ley de amnistía como arma contra el Ejecutivo y siguen intentado movilizar a la calle como con la manifestación del pasado domingo, donde reunieron a 45.000 personas en la Plaza de España en Madrid, según los datos de la Delegación del Gobierno. La portavoz del PSOE emplazó este martes a Alberto Núñez Feijóo a decir si considera, por ejemplo, terrorismo el asedio a la sede de Ferraz, donde ha habido una treintena de heridos, especialmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Esta ofensiva de algunos magistrados ahonda más la brecha que hay con el Gobierno, que se ha vivido con inéditas manifestaciones de jueces contra una ley no aprobada o el comunicado contra esta proposición por parte del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por el PP desde hace más de cinco años. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está tratando de apaciguar las aguas con los distintos órganos y representantes judiciales. 

Otra de las fases vitales para la ley de amnistía sería su revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional, que ahora esté en el punto de mira de la estrategia del PP de deslegitimación. El vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, lo calificó de “cáncer del Estado” y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, lo tachó de “tribunal de parte”. Además, el Gobierno y los populares se verán las caras el miércoles en Bruselas con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders, para iniciar la negociación para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. El plan de Bruselas es que esté resuelto en dos meses.

Estoy a favor de la amnistía para los hechos vinculados al procés republicano catalán y a la consulta popular del 1-O por ser justa en sí misma, no porque Sánchez necesite los votos de Junts y ERC.

Atiendo a los argumentos de personas que legítimamente están contra la amnistía. Desprecio los tópicos demagógicos de una cruzada "antisanchista" y anticatalanista. Entre ellos...

La oposición a una ley de amnistía puede argumentarse desde varios enfoques.

En la tradición jurídica española e internacional se contemplan tres medidas de gracia: indulto individual, indulto general y amnistía. Son cualitativamente diferentes.

En la Constitución de 1931, "las amnistías sólo podrán ser acordadas por el parlamento. No se concederán indultos generales". En la Constitución de 1869 se daba al rey la facultad de "indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes" (art. 73), pero el rey debía estar autorizado por una ley especial para conceder amnistías e indultos generales (art. 74). En la Constitución de 1876 correspondía al rey indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes, sin más referencia a medidas de gracia.

La Constitución define un marco institucional y de derechos/deberes, sin establecer todo lo permitido y todo lo prohibido, y sin sustituir al desarrollo legislativo. Si lo hiciera, no habría espacio para la democracia y la política. Una ley no puede oponerse a la Constitución, pero lo que no es anticonstitucional ni está obligado por la Constitución puede ser ilegal (por ley) o puede ser legal (por ley o por ausencia de regulación que lo coarte). La pena de muerte no es totalmente anticonstitucional en España, pues la CE permite que las leyes militares la incluyan en caso de guerra. La pena de muerte fuera de estado de guerra es anticonstitucional. En estado de guerra no es anticonstitucional, pero puede ser legal (si la incluyen las leyes militares) o ilegal (si no la incluyen).

No es cierto que todo lo que la CE no prohíba esté permitido ni que todo lo que no autorice esté prohibido. La CE ni prohíbe ni ampara fumar en determinados espacios públicos: la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, lo prohíbe, pero no es mandato constitucional y podría cambiarse por otra ley (¡no, por favor!). La CE ni prohíbe ni establece la Amnistía, que no choca con ningún artículo de la CE y no es anticonstitucional; en este momento es legal pues ninguna ley la prohíbe. El indulto individual no es anticonstitucional y está regulado por una ley de 1870 (actualizada en 2015), que ordena y limita esa potestad gubernamental.

¿Cómo se vinculan las medidas de gracia y la CE? Estas medidas se citan en general en tres artículos de la CE: el 62, relevante a efectos del tema que nos ocupa; el 87, que no admite iniciativas legislativas populares sobre medidas de gracia; el 102, que prohíbe medidas de gracia sobre responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno.

El artículo 62 letra i dice "[Corresponde al rey] (...) i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". No aparece en el marco de una definición o regulación constitucional de las medidas de gracia, sino en la descripción de las tareas del rey/reina; siendo España una monarquía parlamentaria, eso significa que el rey confirma las decisiones tomadas por el Gobierno de España (indulto) o por las Cortes Generales (amnistía).

La CE no cita el indulto individual ni la amnistía; sólo nombra el indulto general para prohibirlo. La CE no instituye, ni define ni regula las otras medidas de gracias aplicables, las deriva al sistema legislativo.

Si la voluntad de las Cortes Constituyentes hubiera sido prohibir la amnistía, la redacción de la letra i del artículo 62 hubiera sido "Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales o amnistías". No es creíble que lo olvidaran o quisieran ahorrarse 11 caracteres. "Por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucionalizar este tema" (acta ponencia constitucional, 3/11/1977): esto significa que la amnistía y el indulto no eran asuntos a regular en la CE. Los indultos individuales y las amnistías no son inconstitucionales, como tampoco lo sería una ley que las prohibiera. El indulto general sí es inconstitucional.

La Constitución da el mismo trato a indulto individual y amnistía: no se citan, se subsumen en "medidas de gracia". Da por hecho lo que jurídicamente es una amnistía (nota 4) o un indulto individual. Los indultos individuales y la amnistía no pertenecen al bagaje constitucional sino que forman parte de posibles tareas gubernamentales (Consejo de Ministros) o legislativas (Cortes Generales).

Sin embargo, contra la amnistía nos repiten un pseudoargumento: "La Constitución prohíbe el indulto general. La amnistía es más que el indulto general. Quien no puede lo menos, no puede lo más. Luego la amnistía es anticonstitucional".

La primera premisa es cierta. La segunda es muy discutible. La tercera es una trampa, pues oculta que el "quien" que no puede lo menos es distinto del "quien" que no podría lo más. La conclusión es falsa.

Dicen que la amnistía es más que el indulto general, sin precisar ese ser más, pero la diferencia entre ambas medidas es más cualitativa que cuantitativa: "es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa" (Sentencia Tribunal Constitucional 147/1986).

La principal diferencia cualitativa entre el indulto general y la amnistía es a quién correspondería conceder un indulto general (Gobierno) y a quién una amnistía (Cortes Generales). En Dictamen sobre una propuesta de ley de amnistía hay un análisis detallado.

En ciertos aspectos podría decirse coloquialmente que el indulto general es menos generoso que la amnistía (el indulto cancela pena, la amnistía también cancela el delito), pero el indulto general, si no lo prohibiera la Constitución, sería más arbitrario y caprichoso que la amnistía.

La prohibición del indulto general en las constituciones de 1931 y 1978 posiblemente responda a que ambas Cortes constituyentes considerasen que una herramienta del calado del indulto general, cercana a la amnistía, no debiera estar en manos de un gobierno y de meros reales decretos, mientras que la amnistía es competencia de las Cortes Generales, que "representan al pueblo español" y "ejercen la potestad legislativa del Estado". Esto nos lleva a la principal falla del sofisma basado en que "si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más", lo que no significa nada si no se precisa el sujeto al que se prohíbe lo menos y el sujeto al que se prohíbe lo más.

Que las Cortes Generales puedan hacer algo que está prohibido al Gobierno es muy habitual (división de poderes es división de competencias). Las Cortes pueden pedir al Rey que declare la guerra, cosa que no puede hacer el Gobierno. La cuestión "a quién se le prohíbe una medida de gracia" es esencial, dado que los indultos son competencia gubernamental y las amnistías competencia parlamentaria.

Aunque se admitiese que la amnistía fuera más que el indulto general, de ello sólo se podría deducir que "dado que el indulto general está prohibido al Gobierno, la amnistía también está prohibida al Gobierno". Efectivamente, pueden dar indultos individuales y no pueden dar amnistías. Pero de ninguna manera se puede deducir que "dado que el indulto general está prohíbido al Gobierno, la amnistía está prohíbida a las Cortes Generales". Ni siquiera es cierto que lo permitido al Gobierno está permitido a las Cortes Generales: el Gobierno puede dar indultos inviduales, las Cortes Generales no pueden. Las medidas de gracia no son cajas chinas encajadas unas en otras según tamaño, sino cajas con formas no encajables.

Cito a Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, profesora de la UCM:

"Creo que no se debe entender que la amnistía esté constitucionalmente prohibida por varias razones:

Releyendo la Ley de Amnistía de 1977. Efectos jurídicos e interpretaciones erróneas.

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2023, núm. 25-20, pp. 1-50."

Cuando dicen que "una Amnistía no cabe en la Constitución" suelen hacer referencia al principio constitucional de igualdad: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (art. 14). Entre quienes más insisten en esto están dirigentes políticos (como Ayuso o Abascal) que en numerosas ocasiones han condenado el "igualitarismo" y que tienen una visión jerárquica y elitista de la sociedad.

Esto no es nuevo, lo hemos visto en otras ocasiones. Tanto Vox como Alfonso Guerra o Joaquín Leguina son enemigos de la Ley contra la violencia de género de 2004 (apoyada en su momento por el PP), pues dicen que rompe la igualdad ante la ley, en la medida que da trato específico a las agresiones cometidas por hombres contra sus parejas o ex-parejas mujeres, sin que les importe la marcada diferencia en número, significado, consecuencias y virulencia entre las agresiones hombre contra mujer y las agresiones mujer contra hombre. Ni Vox, ni Leguina, ni Guerra se escandalizan ante la violación del artículo 14 de la Constitución que se comete en el artículo 57.1 de la propia Constitución cuando impone la discriminación de la mujer en la sucesión al trono, por la que Felipe VI es rey.

Estas "operaciones de despiste" y manoseos de la igualdad ante la ley se producen una y otra vez, especialmente por grupos privilegiados que dicen que va contra la "igualdad" o la "libertad" cualquier medida que limite sus privilegios. Casi todos los que dicen que un amnistía iría contra la igualdad ante la ley comparten una retorcida interpretación del artículo 56.3 de la Constitución, según la cual la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey abarca delitos ajenos a sus funciones (asesinato, violación, secuestro, fraude fiscal, conspiración para el golpe de Estado, cualquier cosa pensable). Esa interpretación es una bazofia moral, obviamente, y también política, porque no es lo que dice la CE.

El indulto individual o la amnistía no violan el principio constitucional de igualdad ante la ley. Las leyes se regulan y aplican de acuerdo a situaciones y circunstancias que no son uniformes. Es legítimo estar contra las medidas de gracia o presentar un proyecto de ley para prohibirlas, pero no son anticonstitucionales. Como casi todas las medidas políticas o legales, el indulto individual y la amnistía afectan especialmente a algunas personas. Cuando un gobierno dicta un indulto individual no se indulta a todas las personas presas, y cuando las Cortes aprueban una amnistía no afecta a la totalidad de las personas condenadas o encausadas. De hecho, el indulto individual, que nadie discute, es más "exclusivo" y singular que la amnistía.

Una persona puede ser indultada, por razones de justicia, equidad o humanitarias -o sin razones-, de un delito cometido en un periodo dado, sin que se de indulto individual a otra persona que cometiera el mismo delito en el mismo periodo. En cuanto a la amnistía, que no selecciona personas sino tipos de delitos y periodos en que se cometieron, si dos personas cometieron el mismo delito en las mismas fechas ambas será amnistiadas o no amnistiadas. Por otra parte, la amnistía no considera las situaciones individuales, sino que se fundamenta en el interés general y la convivencia social.

Estoy a favor de que existan el indulto individual y la amnistía. Creo en la necesidad de aplicar decisiones específicas, incluso extraordinarias, a situaciones específicas. Esas medidas de gracia no cuestionan la igualdad ante la ley. Se puede discrepar de indultos y amnistías concretas, y puede haber arbitrariedad (como en toda decisión política) o favoritismos en ellas. Por ejemplo, no está claro por qué Felipe González indultó en 1988 a Alfonso Armada y no indultó a Antonio Tejero, habiendo ambos sido condenados por la rebelión militar del 23-F y teniendo Armada rango superior y previa intensa cercanía a la Casa del Rey. Sin embargo, de la discrepancia con un indulto (o con su ausencia) o una amnistía no se puede saltar a una consideración general sobre las medidas de gracia como tales.

Ni el indulto individual ni la amnistía contradicen en nada el principio de igualdad establecido en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre con otros artículos de ella, con algunas leyes y con algunas medidas gubernamentales desigualitarias.

Ninguna ley prohíbe en España una amnistía. Podría haberla, pero no la hay; si la hubiese podría cambiarse y luego aprobarse una amnistía, pero no será necesario porque no la hay.

El indulto individual está regulado por la "Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto", última actualización 31/3/2015. Es competencia del Consejo de Ministros, vía Real Decreto. Es una medida de gracia de competencia gubernamental, pero regulada por ley. La concesión de indultos es competencia del poder ejecutivo, pero la manera de hacerlo está regulada por el poder legislativo desde 1870, y lo estaba cuando se aprobó la Constitución de 1978.

La amnistía es competencia del poder legislativo, de las Cortes Generales, a ejercer a través de ley orgánica. Nadie hay por encima de las Cortes Generales que pueda regular los procedimientos de concesión de una amnistía, competencia del poder legislativo. Si las Cortes quisieran, podrían hacer una ley reguladora de la amnistía, o incluso prohibirla, pero no lo han hecho y por tanto una ley de amnistía es un acto legislativo singular que establece su propio procedimiento, con la limitación de no violentar el marco constitucional: "al tratarse de una vía extraordinaria, debía regularse en la propia ley que la concediera, de manera que era normal que no se previera la amnistía como algo 'natural', lo que no impide que pudiera ser concedida para algún grupo de personas o de delitos, siendo el parlamento quien debería elaborar y aprobar la oportuna ley que la regulara" (Dictamen sobre una propuesta de ley de amnistía, Gº Rivas, LLabrés, Mira, Portillo y Rebollo).

He argumentado que esa amnistía no sería anticonstitucional y que sería legal. Pero no todo lo que sería legal es oportuno y positivo. Cosas que caben en la Constitución y que serían legales son francamente odiosas. Explicaré por qué apoyo una ley de amnistía (en espera de conocer su contenido). Explicación necesariamente política, a diferencia de la explicación de un indulto individual.

a. El origen del procés

El procés republicano-catalanista emergió con enorme fuerza en las Diadas de 2012 (Catalunya, nou estat d'Europa) y 2013 (Via Catalana cap a la Independència). No surgen de la nada: tenían un fuerte componente reactivo ante un maltrato a la democracia, a la sociedad catalana y a sus instituciones. En 2010, tras recurso presentado por el PP, principal responsable de lo ocurrido después, el Tribunal Constitucional (TC) realizó cambios en el texto del Estatuto de autonomía, anulando numerosos incisos y algún artículo completo, ante lo que se produjeron las primeras movilizaciones masivas de protesta, pese a que el TC había rebajado bastante lo exigido por el PP; cuatro miembros del TC, en su sector conservador, presentaron votos particulares por considerar la sentencia "benévola".

El Estatuto de Autonomía había sido aprobado por el parlamento catalán (120 a favor, 15 en contra del PP). Pasó al Congresos de los Diputados, donde se modificaron cerca del 50% de los artículos (pacto PSOE-CiU) y fue aprobado por 189 votos a favor y 154 en contra (PP y ERC). Finalmente fue ratificado en Cataluña por referéndum, con 73% de votos a favor y 21% en contra y con una participación del 49%. Pidieron el Sí CiU, PSC e ICV, y pidieron el No PP, ERC y CUP.

Desde la modificación del Estatut de Catalunya por el TC, Cataluña es la única comunidad autónoma cuyo estatuto vigente se considera impuesto desde fuera por gran parte de la población, que lo vivió y lo vive como un agravio, acentuado por los sistemáticos ataques de PP (y luego de Cs y Vox) contra el modelo educativo catalán de inmersión lingüística, en torno al cual había y hay en Cataluña un consenso que va más allá del independentismo.

b) Una represión desmedida

La represión aplicada a las movilizaciones sociales durante las fechas anteriores y posteriores al referéndum fue desmesurada, además de ser gestionada con intención "espectacular" (el piolín). Ordenar intervenciones policiales para impedir las votaciones del 1-O no estaba justificado, ya que, aunque fueran alegales, la organización y ejecución de consultas populares no estaba ni está considerada delito en el Código Penal. De hecho, los dirigentes republicanos que fueron juzgados por el TS no fueron condenados por rebelión ni por convocar la consulta.

La regulación constitucional y legal de los referendos en su sentido estricto constitucional es competencia del Estado, quedando cierto margen para la regulación de consultas no refrendarias autonómicas, aunque muy limitado. La consulta popular del 1-O no entraba en esos márgenes, pero eso no convertía en delito su convocatoria, simplemente le quitaba validez administrativa, con independencia de la opinión personal que nos merezca (para mí, una vez en manos de una amplia implicación popular, fue la expresión más democrática y relevante de un proceso bastante discutible en lo que se refiere al comportamiento de las cúpulas políticas del procés). El despliegue destinado a impedir la celebración de la consulta del 1-O fue irresponsable y abrió nuevas heridas en una sociedad en la que gran parte de su población -incluyendo mucha no independentista- se sentía agraviada con la imposición desde arriba de un estatuto ajeno a las instituciones catalanas. Los seis minutos del discurso de Felipe de Borbón el 3 de octubre, de dudosa constitucionalidad por la intromisión del Rey en tareas políticas, no contribuyeron a curar heridas.

En lo que se refiere al núcleo de dirigentes republicanos ya juzgados por el TS, las condenas fueron discutibles dentro de la ley entonces vigente, pero sobre todo era muy discutible la legislación que consideraba sedición, con penas entre 4 y 15 años, actos que no pasaban de desórdenes públicos; de ahí las dificultades encontradas a la hora de conseguir extradiciones desde otros países europeos.

En efecto, "sedición" no tenía nada que ver con ningún intento de rebelión o de "quebrar" el Estado, ni con un "asalto" al poder, ni con las decisiones tomadas por la Generalitat o el parlamento catalán, sino que era un delito aplicable exclusivamente a movilizaciones públicas y multitudinarias en las que se tratase de impedir que se aplicase una ley o se dificultase la actuación de autoridades encargadas de aplicarla. Los dirigentes republicanos, que no tuvieron un protagonismo especial en los actos multitudinarios de esos días, aunque sí en las decisiones institucionales, no fueron condenados por esas decisiones, sino por "alzamientos tumultuarios" en los que apenas participaron (lo que también podría haberse aplicado a 200 personas que tratasen de evitar un desahucio en su vecindario dificultando el acceso de la policía).

En cierta forma, no pudieron ser condenados por lo que sí hicieron (teniendo el TS el buen tino de entender que no había rebelión y que la convocatoria del referéndum o la testimonial "declaración" de independencia no eran delictivas) pero se les condenó por unas movilizaciones populares en las que el protagonismo principal fue de Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana o Comitès de Defensa de la República, pero con condenas más cercanas a una condena por participar en una rebelión que a una por desórdenes públicos.

c) Pasos parciales hacia la convivencia

Tras la moción de censura exitosa de junio de 2018 comienza una fase de lenta distensión, aunque hubo que esperar unos tres años hasta el indulto. De la constitucionalidad de los indultos individuales de 2021 no había duda ni para el PP, ya que Aznar había batido récords en su concesión y bordeado la inconstitucionalidad del indulto general emitiendo más de 1400 indultos individuales en una misma fecha sin más motivación que la celebración del Año Jubilar católico. Sin embargo, la agresividad de las respuestas del PP y de Cs ante estos pocos indultos fue muy semejante a la actual de PP y Vox frente a la posible amnistía y en el mismo tono apocalíptico. Todo lo que están diciendo ahora respecto a la amnistía lo dijeron ya respecto a los indultos, excepto lo de que fuera anticonstitucional.

En junio de 2023 entró en vigor una reforma del Código Penal en la que, por fin, se suprime el delito de sedición. Esto era necesario porque bajo el término "sedición" se ocultaba un desequilibrio entre las altas penas que se le asignaban y los actos de protesta social así catalogados. Fuesen cuales fuesen los motivos del Gobierno PSOE-UP para esta reforma, era de justicia hacerla en el sentido señalado, aunque es muy criticable que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados no sólo incluya lo antes considerado como sedición sino también otras protestas sociales que podrían ser tratadas con más rigor que antes.

Estas medidas, tratadas por el PP como "concesiones" o "capitulaciones" o "ponerse de rodillas" ante el independentismo republicano catalán, no fortalecieron a éste, como indican los resultados de las elecciones generales del 23-J. En las elecciones generales de 2019, con varios dirigentes republicanos en la cárcel, el independentismo obtuvo un 47% de los votos, mientras que en las de 2023, ya producido el indulto, se quedó en un 28%, mientras que la izquierda no independentista pasaba de un 36% a un 48,5%. Es un dato revelador, aunque hay que evitar espejismos: Cataluña vota diferente en elecciones catalanas que en elecciones generales.

En elecciones generales es habitual que en Cataluña la izquierda no independentista sume más votos que el independentismo, 2019 fue más bien una excepción. En las elecciones catalanas de 2021, PSC/ECP alcanzaron un 30% frente a un 48% independentista, en 2017 fue un 21% frente a un 47%, en las de 2015 un 22% frente a un 48%, en las de 2012 un 24% frente a un 48%. Digamos que en Cataluña tiene peso cierto pragmatismo que modifica su voto según el tipo de elecciones de que se trate. De todas formas, lo que justifica una política no es el número de votos sino sus efectos sobre el bienestar y la convivencia social.

d) En conclusión

A la hora de evaluar la amnistía hay que considerar varios hechos. Que la proclamación efectiva de la república catalana no es compatible con la CE es obvio, pero el TS ha confirmado que no hubo ningún intento de hacerla efectiva. Que el despliegue represivo por parte del Estado, incluida la aplicación del artículo 155 (con apoyo del PSOE), fue desmesurado, generó tensión social innecesaria y sufrimiento a quienes padecieron represión. Que el Gobierno de Rajoy bien podía haber dejado realizar una consulta popular con más carácter de movilización social republicana que de "referéndum", evitando una operación represiva a gran escala. Que la legislación que hacía de ciertas formas de protesta social masiva un "delito" de sedición con muy altas penas era inadecuada. Que la sentencia del TC, acertada al rechazar la acusación de rebelión hecha por el Ministerio Fiscal, erró -a mi entender- al considerar que los dirigentes republicanos juzgados habían sido dirigentes o principales autores de "alzamientos tumultuarios".

También debe considerarse que el citado delito de sedición ya no existe y que para las causas pendientes que pudieran ser afectadas por la amnistía estaríamos hablando, como mucho, de desórdenes públicos, y en muchos casos de meras sanciones administrativas.

La amnistía puede contribuir decisivamente a que las diversas opiniones que en Cataluña existen respecto a su encaje en el Estado español puedan convivir y confrontarse democráticamente en un ambiente menos tenso, lo que es de interés general. La opción contraria la expresó claramente Abascal cuando nos "prometió" que con un gobierno PP-Vox volverían las tensiones a Cataluña y serían peores que las de 2017. Yo añadiría que también se pondría mucho peor para toda España.

El objetivo de este artículo es la defensa de una amnistía que sería plenamente constitucional y legal. Esa discusión es diferente a la de la república catalana o a la de un "referéndum de autodeterminación". Entrar en ello alargaría aún más este texto. Pero querría hacer algún comentario acerca de la posibilidad de organizar consultas populares.

La Constitución considera situaciones en las que es obligatorio un referéndum ratificatorio (modificación de la Constitución o de los Estatutos, unificación entre País Vasco y Navarra) y contempla como competencia del Estado la convocatoria de referendos consultivos sobre "decisiones políticas de especial trascendencia", convocados por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso. La consulta del 1-O-2017 no cumplía esos requisitos y no era un referendo administrativamente válido en el sentido en que los regula la CE y la Ley Orgánica 2/1980: "La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado". La vía referéndum es la establecida en la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, sometida -con matices- al régimen electoral general y a desarrollar bajo control de las Juntas Electorales (LO  5/1985).

Ahora bien, ni la Constitución ni el Código Penal prohíben que otras instituciones o cualquier otro grupo humano organice una consulta popular (no refrendaría), sin valor administrativo. En el caso de la consulta del 1 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña reguló un referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña, con ánimo más bien testimonial. Tal convocatoria no correspondería a los referendos institucionalizados en la CE, pero eso no lo convertía en delictivo, sino sólo en inválido o "ineficaz" como referéndum, aunque pudiera tener un valor político y social.

Queda abierto un interrogante en torno a la posibilidad de que pudiera realizarse un referendo en el sentido institucional que le da la CE, preguntando sobre la vinculación entre Cataluña y España. Ese referendo, si no cambia la CE, tendría que ser convocado por el Estado y constitucionalmente sólo podría ser consultivo. A mi entender eso sería posible y no anticonstitucional, aunque en el contexto político actual me parece lejano, pues dudo de que el PSOE esté dispuesto a emprender ese camino, como tampoco lo está a asumir una vía republicana. Así que, por el momento, la amnistía puede ser un avance relevante que no debe ser zancadilleado. Eso no quita que España necesita, antes o después, una Constitución republicana y social en la que tengan cabida, si es una aspiración mayoritaria en Cataluña o en el País Vasco, la formación de una república catalana o vasca. De darse, ojalá esto sea en el marco de vínculos federales/confederales con el resto de España.

Los referendos y consultas han de abordarse con cuidado, pues tienden a simplificar las opciones disponibles y a polarizar en torno a dos opciones antagónicas aunque existan otras. La propia posibilidad de formular una pregunta razonable depende precisamente de que se haya desarrollado un diálogo social en las calles y en las instituciones. Sólo en ese debate previo podrán detectarse cuáles y cuántas propuestas con peso significativo hay en la sociedad respecto al tema de que se trate. En todo caso considero que los horizontes diferentes no deben impedir acuerdos relevantes en el presente. La aspiración republicana (en España y/o Cataluña) puede y debe inspirarnos en mucho de lo que hacemos y proponemos, pero por el momento urge sacar adelante la amnistía (por sí misma) e impedir el acceso al gobierno de PP y Vox, que tienen un proyecto abiertamente involutivo, no sólo respecto a la situación actual sino incluso también respecto a las esperanzas de la España de 1978.

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Luis M. Sáenz, jubilado y coeditor de trasversales.net

El contador está en marcha. El próximo 27 de noviembre expira el plazo en las Cortes Generales para intentar la investidura. Y el PSOE y Sumar se afanan en estos momentos para lograr un acuerdo con los grupos parlamentarios para atar los votos suficientes y que Pedro Sánchez siga conservando el Palacio de La Moncloa. Se busca la discreción, pero los focos están sobre ellos. 

Uno de los puntos principales para ese acuerdo pasa por una futura ley de amnistía en relación al 1-O. Entre los socialistas no ha habido una confirmación oficial todavía de que se vaya a llevar a las Cortes, pero en el partido y en el Ejecutivo se preparan para ello. Sumar, en cambio, ha dicho públicamente que está a favor de ella y ha presentado las conclusiones del grupo de expertos a los que encomendó vías para su desarrollo.

En La Moncloa y en Ferraz guardan oficialmente silencio y apelan a la discreción, pero la labor pedagógica y de explicación arranca ya en mitad de la ofensiva de la derecha política y mediática contra un pacto con los independentistas. El relato será esencial. La primera voz potente que ha salido a defender a capa y espada esta posibilidad ha sido la de José Luis Rodríguez Zapatero, que mostró su apoyo durante una entrevista este lunes con Carlos Alsina en Onda Cero.

Zapatero volvió a la primera línea mediática durante la pasada campaña del 23 de julio, cuando se convirtió en uno de los principales activos del socialismo y en apoyo argumental de Pedro Sánchez. Vitamina para los votantes, pero también entre la militancia. Regresa otra vez de avanzadilla con un estilo muy didáctico y dispuesto a desmontar todo el relato que lleva semanas creando la derecha para que la amnistía parezca una claudicación ante el independentismo y una "traición" a España.

El expresidente del Gobierno desplegó su explicación desligando que se trate solamente de conseguir los votos de Junts. Va más allá: solucionar el “conflicto” en Cataluña. Para el socialista esta posible ley puede servir para resolver el problema que tiene su origen principal en la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó en 2010 el Estatut aprobado en referéndum por los catalanes.

“Estoy a favor de la amnistía. Me sorprenden algunos pronunciamientos. Es una institución de la que disponen todas las democracias homologables. Ha habido decenas de amnistías desde la II Guerra Mundial. No hay ningún país europeo que haya renunciado a la figura”, sostuvo Zapatero, quien cree que cabe perfectamente dentro del ordenamiento jurídico español para superar “situaciones excepcionales” y utilizándose para el “interés general”. Y, por supuesto, para él, una amnistía tiene que estar “motivada y justificada” adecuadamente. Debe conllevar algo a cambio: “Un nuevo contexto, clima y actitud”.

La argumentación de Zapatero pasa por que se trata de algo “más profundo” que una simple votación y que tiene que tener un debate público y una deliberación que es necesaria en el país. “¿Ha habido algo más excepcional que el 1-O desde el 23-F?”, se preguntó el exlíder socialista. Con un telón de fondo principal: se tiene que solucionar con política. También con la vista puesta en que se debe enmarcar en el contexto de que España está en la senda del progreso económico y social con la coalición, reflexionó.

Por parte de La Moncloa y de Ferraz no ha habido unas palabras tan claras sobre la amnistía, pero sí se han impregnado de esta filosofía las declaraciones que ha formulado el presidente, Pedro Sánchez, durante estas semanas. Nunca ha contestado directamente sobre si aprobará esa norma, pero ha dejado la puerta abierta en todo momento y ha allanado el camino. En la rueda de prensa tras la cumbre de Granada, junto a Charles Michel y Ursula Von der Leyen, verbalizó la palabra amnistía. Pero, sobre todo, dio un argumento central a pesar de que rechazaba en este momento el texto de los de Yolanda Díaz: “Conocemos la propuesta de Sumar como la de otros partidos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en 2017″.

Ese “tratar de superar” es una de las ideas principales que lleva transmitiendo el presidente en funciones desde el arranque del curso político. En el discurso que dio el pistoletazo de salida en septiembre en el Ateneo de Madrid se marcó acabar definitivamente con la “fractura” en Cataluña durante esta legislatura. 

“No podemos repetir errores, es el momento de la política, de pasar página”, lanzó ante el público, con otro mensaje en clave: “Llega el momento de ser coherentes y seguir avanzando en este proyecto”, en clara alusión a medidas aprobadas anteriormente como los indultos (que fueron duramente criticadas por la derecha pero que en opinión de La Moncloa han servido para que Cataluña esté “infinitamente” mejor que en 2017). Asimismo, puso como hilo argumental: “Es la hora de la política y de la generosidad”.

También los pasos dados por Sánchez de cara a la investidura y una posible amnistía han sido para rechazar que signifique un avance hacia la autodeterminación. El PSOE y el PSC pusieron pie en pared tras la resolución de ERC y Junts en el Parlament y el secretario general del PSOE ha rechazado de pleno el referéndum, como también hizo Zapatero este lunes. 

Otra de las vías que se está abonando como argumento es que no se trata de algo inconstitucional como repiten el PP y Vox. El propio Sánchez ha deslizado en alguna declaración que la constitucionalidad la decide en España el Tribunal Constitucional (dando por hecho que una ley de este tipo tendrá que pasar ese filtro, ya que el propio Partido Popular ha anunciado que la llevaría ante el Alto Tribunal). Todo se hará, ha prometido el presidente en funciones, dentro de la Constitución. Por lo que un futuro texto, de aprobarse, estará muy cuidado sabiendo que tendrá que ser revisado. En las negociaciones se debate mucho sobre la exposición de motivos, que puede ser clave en su futuroen el plano jurídico y también de cara a la opinión pública.

A pesar de las proclamas de la derecha, son muchos los juristas que sostienen que una ley de este tipo sí tiene encaje dentro de la Carta Magna. En conversación con infoLibre, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, afirma que “no hay absolutamente nada que impida que se pueda aprobar una ley de amnistía por parte del Parlamento”.

“No hay ningún problema", insiste Pérez Royo, que sostiene: “La potestad legislativa del Estado la tienen las Cortes Generales, que pueden identificar cuál es el problema al que tiene que hacer frente la sociedad y articular la respuesta”. “En eso sólo tienes unos límites. Primero: no puedes ir contra el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Y segundo: hay que seguir el proceso legislativo previsto en la Constitución y en los reglamentos parlamentarios. Y hay un tercero: estar dentro del derecho internacional. Por ejemplo, no pueden ser amnistiados los crímenes de lesa humanidad”. “Esto no afecta para nada porque en el procés no hubo delitos de este tipo. Esta es la amnistía más limpia que se puede dictar”, añade.

“El legislador tiene libertad para identificar el problema. ¿Cuál es? Tal y como están las circunstancias, ahora mismo es imposible hacer una negociación con Cataluña para que tenga una integración aceptable en el Estado. Eso exige desescombrar todo el terreno consecuencia de las sentencias que se dictaron a raíz de la aplicación del 155. Aquí hay un problema que sólo se puede resolver con una amnistía que acabe con esos obstáculos. Cataluña es la única autonomía con un Estatuto que es contrario al que aprobaron sus ciudadanos. Alguna respuesta habrá que darle. No hay jurídicamente un problema. Es una cuestión política que se debe resolver políticamente en las Cortes Generales. Los jueces no tienen que decir absolutamente nada”, remarca el catedrático.

El magistrado Ignacio González Vega, exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, también opina que una ley de amnistía tiene perfectamente cabida dentro de la Constitución: “El Legislador tiene la posibilidad de aprobarla”. Lo que sí señala es que su articulado tiene que ser “respetuoso” con los principales aspectos constitucionales, pero insiste en que la palabra la tienen en este caso el poder legislativo y el Alto Tribunal frente a las críticas que se hacen de que no es viable.

En el PSOE son conscientes de que la labor pedagógica será esencial para explicar una posible ley de amnistía y el acuerdo con los independentistas. En todas las federaciones se ha expresado un apoyo cerrado al secretario general para intentar esta investidura y no se han seguido las voces críticas como las de Felipe González y Alfonso Guerra. Pero piden que una vez se llegue a un pacto se haga una gran labor comunicativa para que la gente lo entienda. 

Por ejemplo, desde Sumar se viene reclamando al PSOE mayor celeridad en la negociación y una defensa pública de la amnistía, conscientes los de Yolanda Díaz de que el espacio mediático está copado principalmente por las derechas. En Ferraz siguen apelando a la discreción para que no haya interferencias y no se rompa una negociación que es muy compleja, como reconoció el propio Sánchez en los corrillos en el Palacio Real durante la celebración del 12-O. Tampoco quiere el presidente dar pistas sobre la posible fecha de la investidura para que no condicionen las conversaciones entre bambalinas que tienen lugar estos días. Lo que sí remarca, como otro de los argumentos, es que esa posible ley no es una petición de los independentistas, sino que ya es solicitada por 57 señorías (Sumar, ERC, Junts, Eh Bildu, PNV y BNG). 

Seis años del 1-O. Fue uno de los días más desgarradores de la democracia española. Un referéndum ilegal, el mundo entero pendiente de Cataluña, cargas policiales, urnas desplegadas por toda la comunidad frente al estupor del Gobierno de Mariano Rajoy, un choque sin precedentes, el fracaso del diálogo y de la política... Después vendrían el discurso del rey y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DIU). Un octubre grabado en la mente de muchos ciudadanos. Un país marcado por el 155, la cárcel y la fuga.

Este domingo se cumple el sexto aniversario de aquella fecha ya simbólica para el independentismo, pero la situación dista mucho de aquel momento, desarrollándose esta efeméride en mitad de las negociaciones para intentar formar Gobierno en Madrid con el PSOE buscando un pacto con Esquerra Republicana y Junts.

¿Pero en qué ha cambiado Cataluña en estos seis años? ¿Por qué está hoy más calmada la situación? Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia entre partidarios de la independencia y unionistas. En la encuesta del CEO de la Generalitat de Catalunya en octubre de 2017, los favorables a la secesión eran mayoritarios, con un 48,7%, una de las cifras más altas registradas y con un crecimiento espectacular de siete puntos en un año. En cambio, apostaban por quedarse en España un 43,6%, a la vez que un 6,5% estaba indeciso y un 1,3% no contestaba.

Ahora, en cambio, el apoyo a la independencia está en mínimos históricos de la década. La última encuesta del CEO del pasado mes de julio refleja que un 52% de los catalanes votaría no en un hipotético referéndum frente a un 42% que introduciría la papeleta del sí. La tendencia hacia arriba está en el lado de los partidarios de seguir en España. Sólo uno de cada diez catalanes está a favor de la unilateralidad, la vía que fue utilizada para declarar la DUI en octubre de 2017.

Estas posiciones se han visto reflejadas en las últimas elecciones generales del 23 de julio, donde el PSC logró imponerse con 19 diputados (con 1,21 millones de papeletas). Sumar quedó en segunda posición, con 493.548 votos. En cambio, el independentismo bajó: ERC y Junts sumaron 14 escaños entre los dos (cinco por debajo de los socialistas). La CUP ni siquiera pudo revalidar sus dos escaños en la Carrera de San Jerónimo.

El bajón del independentismo tiene su reflejo seis años después en la manifestación de la Diada del 11 de septiembre. La última congregó a 115.000 personas, según los datos de la Guardia Urbana de Barcelona. Esto supone una tendencia decreciente, ya que el año anterior se reunieron 150.000. Además, estas cifras están lejísimos de las multitudinarias manifestaciones de antaño: en 2017 hubo un millón de personas, según la Guardia Urbana, aunque la Delegación del Gobierno lo rebajó a 350.000. El récord la tiene la de 2014, con 1,8 millones de personas, seguida de las de 2013, con 1,6 millones, y de 2012, con 1,5 millones.

El intento de entendimiento entre el Gobierno y la Generalitat en los últimos años ha dado también su resultado: el descenso de la conflictividad entre administraciones. Según datos gubernamentales, desde 1979 se han interpuesto 104 recursos de inconstitucionalidad por los presidentes del Gobierno contra el Ejecutivo catalán, pero sólo seis (el 5,8%) corresponden a la última legislatura de Pedro Sánchez. El ahora Gobierno en funciones ha explorado todas las vías posibles en comisiones bilaterales para llegar a acuerdos y evitar acabar en el Alto Tribunal.

Cataluña ha publicado durante la anterior legislatura 146 normas con rango de ley. Moncloa solo ha impugnado seis de ellas, el 4,11% del total. En contraste, por ejemplo, el Gobierno de Mariano Rajoy en la X legislatura interpuso recurso contra 19 de las 89 normas emitidas por la Generalitat (un 21,34%).

En la Comisión Bilateral habilitada para resolver controversias competenciales, de acuerdo con el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se iniciaron durante la pasada legislatura 23 procedimientos, con acuerdo total en más de la mitad, 13, y acuerdo parcial en cuatro. Por lo tanto, se llegó a un pacto en el 74% de los asuntos. Ahora mismo sólo hay un caso pendiente relativo a medidas para afrontar la sequía.

La foto de ese 1-O también deja diferencias respecto a sus protagonistas. Respecto al entonces Gobierno central, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal están fuera ya de la política. En cambio, Carles Puigdemont sigue en Bruselas, fugado de la Justicia española y con acta de eurodiputado. Oriol Junqueras, de ERC, fue indultado por el Ejecutivo de coalición y marca los pasos de su partido, con su delfín, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat.

Otro de los grandes cambios en estos seis años ha sido la ruptura de la unidad del independentismo, con Junts fuera del Govern. Hay una competencia interna entre el soberanismo por ser la fuerza hegemónica. Esquerra apostó por una vía pragmática con acuerdos como la Mesa de Diálogo pactada por el PSOE. En cambio, el partido de Puigdemont siguió defendiendo la unilateralidad. Pero en el último mes se ha producido un giro copernicano con el sendero iniciado por el espacio posconvergente de negociar con Sánchez, dando ya sus frutos con el acuerdo para la mayoría en la Mesa del Congreso y la reforma del reglamento para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales.

Pero esa vía de diálogo llega ahora a su momento más complejo: un acuerdo o no para la investidura de Pedro Sánchez. La condición de la amnistía para los procesados por el 1-O se abre paso estas semanas, sin confirmarlo Ferraz, pero con la defensa cerrada de Sumar de esa posible ley. Los socialistas quieren un compromiso por parte del soberanismo sobre el abandono de la unilateralidad y de ese “lo volveremos a hacer”.

Al final de esta semana creció la tensión entre los negociadores por el pacto entre Junts y ERC en una resolución en el Parlament para condicionar la investidura a que Sánchez dé pasos hacia un referéndum de independencia. El PSOE lo ha rechazado de manera tajante: “Siempre dentro de la Constitución”. En el Gobierno hablan de sobreactuación del soberanismo precisamente por el aniversario del 1-O, pero sostienen que está más cerca la posibilidad de la investidura que tener que ir a elecciones el próximo 14 de enero.

Sánchez se enfrenta a la “negociación de verdad”, como remarcan en la sala de máquinas socialista, una vez ha fracasado Alberto Núñez Feijóo en su investidura. El rey ha convocado consultas este lunes y martes en Zarzuela, de las que saldrá previsiblemente la designación del líder del PSOE como aspirante a La Moncloa.

El independentismo pretende también posicionarse de cara a esa negociación ante los suyos en los actos convocados este 1-O. Aragonès lanza este domingo su mensaje desde Fonollosa, mientras que Junts reúne a los suyos en la plaza de Catalunya en Barcelona. Serán escuchados con atención los discursos. Pero en el PSOE confían en que continúe esa vía de diálogo y que las fotos sean de “normalidad, como la del rey con el alcalde Collboni”.

“Calma, calma”. Esta expresión sale del equipo negociador de Pedro Sánchez de cara a la investidura. Alberto Núñez Feijóo ya ha fracasado en el Congreso y ahora le toca el turno a los socialistas. Y, a pesar del ruido que llega de Barcelona con Junts y ERC, en el PSOE ven más posible armar una mayoría y conformar Gobierno que ir a elecciones en enero del año que viene.

Así lo explican fuentes socialistas durante las primeras horas en las que el foco ya pasa a La Moncloa y Ferraz. La última votación de la investidura de Feijóo este viernes tuvo también la sombra de lo que sucedía en el Parlament a la misma hora, con Esquerra y Junts juntando sus votos para sacar adelante una resolución, gracias también a la abstención de la CUP, para que las fuerzas soberanistas condicionen su apoyo a Pedro Sánchez a que dé pasos hacia un referéndum de independencia.

Una vía que el Gobierno y el PSOE han cerrado tajantemente. A última hora del jueves en un comunicado de Ferraz junto al PSC se marcaba claramente el límite: “Siempre dentro de la Constitución”. Sánchez y los suyos apuestan por el diálogo y el entendimiento y rechazan de lleno la ruptura y la unilateralidad. En definitiva, no volver al “peor pasado”.

“Había que dejar las cosas claras”, explican desde el entorno del presidente. Pero esto no supone que caigan en una precipicio las conversaciones que se desarrollan de manera discreta desde el pasado 23 de julio. “La negociación está encarrilada”, explican desde Ferraz, donde rebajan el peso de la resolución del Parlament.

También miembros del Consejo de Ministros ven mucha escenificación por parte de Esquerra y en Junts, además de subrayar que estos movimientos están enmarcados en los días previos al 1-O, una fecha simbólica para el independentismo que cumple este domingo su sexto aniversario.

Los socialistas tienen que asumir ahora las riendas. Tras la votación fallida de Núñez Feijóo de este viernes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le trasladó al rey el resultado del Congreso. Zarzuela movió rápidamente ficha y convocó una nueva ronda de consultas para el lunes y el martes. Será el turno previsiblemente de Pedro Sánchez, quien pedirá a Felipe VI intentar convencer al Congreso.

¿Cuándo será esa votación? Es una de las grandes incógnitas, pero fuentes socialistas dejan caer que la fecha podría no fijarse la próxima semana. Elegir ese día es competencia de la presidenta del Congreso, que suele pactarla con el aspirante designado por el monarca. Pero la Constitución no fija cuándo hay que poner ese Pleno, el único plazo que hay oficial es que se puede intentar hasta el 27 de noviembre,

Fuentes de Ferraz reflexionan que “no hay necesidad” de poner una fecha concreta si todavía no hay un pacto, aunque no concretan si Armengol y Sánchez pactarán ya un día. Existen precedentes sobre esta situación y, de hecho, el presidente en funciones ya ha seguido esta dinámica. En 2019, tras las elecciones de abril, aceptó el encargo del rey el 6 de junio y no acordó con la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hasta el 2 de julio, cuando se convocó el Pleno para los días 22 y 23 de aquel mes. Y también pasó después de la repetición electoral: el rey designó a Sánchez como aspirante el 11 de diciembre, pero la fecha no fue fijada por Batet hasta el 31 de diciembre (eligiendo los días 4,5 y 7 de enero).

¿Y es compatible que ahora Armengol no fije inmediatamente la fecha después de que el PSOE lleve semanas criticando que Feijóo ha hecho perder un mes al país? El PSOE lo tiene claro: hay una “diferencia sustancial” porque ahora sí “habrá una negociación de verdad”.

Los socialistas siempre han apostado por una negociación rápida, pero durante estas horas se limitan a decir que hay hasta el 27 de noviembre (plazo máximo de dos meses para intentar la investidura tras una primera fallida, según fija el artículo 99 de la Constitución Española). Lo que no ven posible es que sea durante esta primera quincena de octubre, con una agenda muy apretada para Sánchez (con la cumbre europea en Granada y la celebración de la fiesta nacional el próximo 12 de octubre).

La clave sigue estando en el independentismo. Los socialistas han querido poner una barrera muy clara a las pretensiones del soberanismo con el comunicado contra la resolución y han marcado su rechazo al referéndum. La puerta sigue, en cambio, abierta a una posible ley de amnistía, que todavía no ha sido confirmada por los socialistas. A pesar del tono en el Parque de la Ciutadella, en Ferraz siguen confiados en que se llegará a un acuerdo. “Habrá muchos tirones”, resume uno de los miembros más destacados de la dirección del partido.

Durante la última jornada de la investidura fallida, Núñez Feijóo quiso dejar claro que el PP no piensa abstenerse cuando le toque a Pedro Sánchez, a pesar de haber pedido él esa orientación de voto a los diputados socialistas. En Ferraz y en Moncloa no piensan intentar esa vía y siguen apostando por buscar una mayoría de carácter progresista. Además, analizan que el Partido Popular se ha quedado muy sólo tras estas votaciones (donde sólo ha tenido el respaldo de Vox, CC y UPN). Los socialistas ven también recuperable para su cómputo a favor a Coalición Canaria y están dispuestos a pactar la llamada agenda canaria.

El PSOE intensificará los contactos a partir de la semana que viene, una vez que el rey designe oficialmente a Sánchez como aspirante a la investidura. Este mismo sábado el secretario general socialista tiene un acto en La Rinconada (Sevilla), donde recibirá el máximo respaldo de la federación andaluza, la que tiene más afiliados de toda España. 

Saben también en el partido que el domingo será un día de mucho ruido en las declaraciones independentistas por el aniversario del 1-O, una jornada en la que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, hará una declaración institucional a las 11 horas en Fonollosa (Barcelona). Además, Junts está animando a sus simpatizantes para asistir a una concentración ese día a las 18 horas en la plaza Catalunya de la ciudad condal.

El PSOE está preparado ya para la hora de la verdad. Las negociaciones han sido muy discretas hasta ahora, pero en el entorno del presidente prometen que a partir de ahora serán más intensas y más públicas. “Normalidad y transparencia”, emiten desde La Moncloa. Se va dar la cara y se hará mucha pedagogía para explicar los posibles acuerdos a los que se lleguen, insisten entre bambalinas.

“Yo me siento de una época del pasado: el romanticismo. La vida moderna ha eliminado grandes conceptos que antes eran normales, pero el ser humano, aunque no lo reconozca, aunque no se dé cuenta y no tenga conciencia plena, es un ser romántico. Quevedo decía del ser humano que seremos polvo, ‘más polvo enamorado’. El amor está en todo”.

Alfonso Guerra se autorretrata en el nuevo libro La rosa y las espinas. El hombre detrás del político, en el que se resumen sus conversaciones con el cineasta y confeso admirador Manuel Lamarca. Una obra en la que repasa momentos de su trayectoria vital y profesional el exvicepresidente y que ve la luz en un momento en el que ha elevado el tono contra la actual dirección del PSOE ante una posible ley de amnistía. Este mismo miércoles está convocada la presentación del libro en el Ateneo de Madrid, con la presencia de Guerra, de Lamarca y de un introductor relevante: Felipe González. No participaban juntos en una misma mesa en público desde antes de 1991, cuando el primero presentó su dimisión como vicepresidente del Gobierno y González la aceptó.

Guerra es Guerra en su plenitud en este libro, donde repasa, por ejemplo, la figura de Juan Carlos I. “En el PSOE recibimos con enormes reservas al rey: temíamos que iba a ser la continuidad de Franco, pero nos equivocamos, afortunadamente”, relata, a la vez que subraya que “apoyó decididamente la democracia en dos momentos clave: en la Transición y cuando frenó a los militares que querían volver a un sistema de dictadura con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981”.

“Ahora el rey emérito tiene otros problemas, y somos testigos de cómo hay gente que intenta que la situación actual opaque y eclipse todos sus logros históricos. Por supuesto no estoy de acuerdo con esa actitud injusta. El rey Juan Carlos merece un reconocimiento; no ha habido un monarca en la historia que ceda todos los poderes y diga ‘yo no los quiero para mí, deseo la democracia”, sostiene Guerra.

Se detiene también cuando habla de la Transición en ese punto: “Pululan por ahí indocumentados, ignorantes que no saben nada, que afirman que se produjo una desmovilización de los trabajadores de izquierdas. Eso es mentira: en los años 1976 y 1977 en España se perdieron más horas por huelga que en el conjunto de Europa. También alegan que hubo un pacto de silencio para que no se hablara de la dictadura y de la guerra civil. ¡Pero si se han escrito más libros de la guerra civil que de la II Guerra Mundial. Continuamente se ha estado hablando de ella!”.

Para enlazar: “También está otra falacia que lanzan algunos: ¡La ley de amnistía fue una cosa que le hizo tragar la derecha a la izquierda!’ Falso: en los últimos años de la dictadura todas las manifestaciones portaban pancartas que decían ‘libertad, amnistía y estatuto de autonomía”. “Es la izquierda quien reivindicó la amnistía y, por cierto, en el Congreso fue votada por toda la Cámara menos por el grupo de los siete magníficos de Fraga Iribarne”, afirma.

Se adentra en la victoria de 1982 y la aprovecha para lanzar sus ideas sobre la actualidad: “Cuando el PSOE llegó al Gobierno, sabíamos a dónde queríamos ir y a dónde debíamos ir. Ahora ocurre que algunos saben a dónde se debería ir, pero no saben a dónde quieren ir. Vivimos una situación contradictoria, donde no coincide lo que se debe hacer con lo que se quiere hacer; existe un importante desconcierto sobre la actividad política. Y esto está sucediendo en todos, absolutamente todos, los partidos”.

“En España nadie sabe hoy a ciencia cierta qué propone tal o cual partido. Vivimos rodeados de una densa mezcolanza de críticas, pero la mayoría de las veces carentes de una reflexión previa. Se critica mucho, pero se sabe muy poco. Así se producen numerosos cambios de grupo y amplios bandazos de acá para allá”, agrega el ex vicepresidente. 

En un relato constante sobre los numerosos logros que a su juicio se deben a su propia contribución, insiste a la vez, como ya hizo en su autobiografía, en trasladar que le costó “mucho aceptar ser parte del primer Gobierno socialista”: “Esta decisión se me hizo muy cuesta arriba porque yo tenía la idea de abandonar la política desde hace tiempo y dedicarme a otra cosa más ligada a asuntos culturales, que es lo que siempre me ha gustado”. “No quería acabar en el Gobierno, hice todo lo posible por evitarlo. Pero Felipe González se empeñó, insistió muchísimo y al final no me quedó otra que aceptarlo. Y así fue como me metí a fondo con las responsabilidades gubernamentales durante casi diez años”, describe el veterano socialista. 

Guerra hace un repaso también sobre personalidades con las que se ha cruzado, como Fidel Castro, al que califica de “déspota y seductor”. “Era un gran tipo. Tenía una curiosidad tremenda, sobre todo por España. Lo sabía todo y lo leía todo sobre nuestro país. He tenido extensas conversaciones con él y he podido expresarme con una claridad y una sinceridad con la que creo que nadie le ha hablado”, llega a decir, para remachar posteriormente: “Era una persona muy lúcida, pero cuando la vanidad te la alimentan todos los días, a todas horas, pues acabas creyéndote el no va más”.

Se detiene en algunos de los episodios más escandalosos durante su época de poder para restar importancia a todos ellos. Por ejemplo, al caso Filesa: “Ya lo he explicado alguna vez, pero hay gente que no quiere oír. Lo de Filesa no fue un caso de corrupción, sino que, como en la campaña electoral de la OTAN el PSOE corrió con todos los gastos, algunas personalidades de empresas y de bancos consideraron dar una cantidad en compensación por aquellos desembolsos. Y lo justificaron con una empresa que se llamaba Filesa, que yo no conocía en absoluto y sigo sin conocer, pero no se trató de un caso de corrupción”.

Plasma sus sentimientos sobre la vanidad, siempre contemplada en otros políticos, no respecto a sí mismo: “Ahora está de moda hablar del ‘régimen del 78’. Yo tengo la piel dura y estos que mantienen ahora estas tesis están ocultando su ignorancia, hoy son los hijos de Putin”. “Son gente –prosigue Guerra –con una capacidad mental de muy poca talla, de muy poca categoría. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la vanidad es el único peso que el ser humano no soporta sobre los hombros. Esos jóvenes son pocos, pero son muy ruidosos, son extremadamente soberbios y presumidos. Cuando rascas un poco, debajo no tienen nada, no tienen consistencia ninguna. En realidad buscan la disolución del sistema porque así ellos consiguen sobresalir más”.

Se refiere además al escándalo de los GAL. Manifiesta el ex vicepresidente que el terrorismo era “tan brutal” que hubo gente, “cercana a la extrema derecha y algunos dentro de las instituciones policiales,” que empezó “a tomarse la justicia por su mano y a matar a terroristas”. Sostiene asimismo: “En nuestra etapa, eso que era el Batallón Vasco Español cambió de nombre y se denominó GAL”. A su juicio, “los oponentes políticos quisieron implicar al Gobierno del PSOE”. “Pero no llevaban razón: estaban mintiendo y los sabían. Pero como el terrorismo había sido tomado como un tema más para la polémica, pues incidieron en eso. Pero no era verdad”, apostilla Guerra.

Deja escrito su punto de vista sobre el proceso en relación con los GAL muy curioso a la luz del debate ahora vigente sobre el procés y la búsqueda de alguna fórmula de "alivio penal". Dice Guerra: “Al final hubo una sentencia del Tribunal Supremo condenando a algunos miembros del Gobierno. Cuando la oscuridad lo tapa todo puede darse una sentencia que no es justa. Pero la sociedad democrática se defiende y tiene recursos, como es el indulto. Los indultos de de Barrionuevo y Vera los firmaron nuestros oponentes, el Gobierno de Aznar, no nosotros. Está muy bien que se sintieran generosos, pero un poco de mala conciencia sí podrían tener por lo que nos hicieron en la lucha del Gobierno en materia antiterrorista”

Precisamente el fin del terrorismo tiene otro apartado en La rosa y las espinas, en el que no cita en ningún momento a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que sí hace Guerra es poner el origen del cambio de actitud de Francia en una conversación que mantuvo él mismo con el político galo Lionel Jospin. A raíz de ello, según relata, François Mitterrand llamó a Felipe González: “Tuvieron una entrevista y Francia cambió radicalmente. Se pusieron a colaborar con nosotros de una manera muy firme, cosa que no había ocurrido con los anteriores presidentes. Y eso fue muy importante para ahogar la posición del renacimiento de ETA”.

Guerra analiza otros episodios de primera magnitud para el país, ya estando fuera él de la primera línea política. Sobre el 1-O, dice que el tribunal que lo juzgó hizo una labor “encomiable”. “Otra cosa es que se viera obligado a sacar una sentencia que no tuviera sospechas de estar inclinada a uno u otro lado, y tuviera que afirmar que no hubo rebelión, y que las condenas tendrían que haber sido quizá más duras. Aquí hubo un golpe de Estado y hubo rebelión: yo habría ido más lejos en la consideración”.

Sobre las polémicas palabras del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, considera el socialista: “Fue el discurso más republicano que se ha hecho en España en muchísimo tiempo. Era la defensa de los valores republicanos. ¿Los valores republicanos qué son? No es si hay alguien coronado o no, sino el sostenimiento de la prevalencia de la ley contra todo arbitrio. Esos son los valores republicanos. Y lo que hizo el rey fue eso, defender los valores republicanos. Creo que lo hizo en detrimento del Gobierno, que no quiso hacerlo. Lo hizo porque le tocaba hacerlo, porque si no, la democracia hubiera tomado un camino muy complicado”.

Deja patente también en otro capítulo lo que considera el “disparate del Gobierno de cuotas”. Su opinión pasa por aquí: “Vivimos una situación no deseable, en la que se producen contradicciones dentro de un Gobierno, y estas además se hacen públicas”. “En verdad, lo que en este momento se denomina Gobierno de coalición es, desde mi punto de vista, un Gobierno de cuotas. A uno le corresponde esto, al otro lo de más allá”, considera, para manifestar: “El presidente renuncia a ser presidente en algunos aspectos de sus funciones”.

Hace referencia a la "leyenda" que se ha construido sobre él, negando haber dicho en su día frases que se le han atribuido como la de que “Montesquieu ha muerto” o “El que se mueva no sale en la foto”. En cambio, sí reconoce la autoría de “A este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió” o “La política tiene una parte de escenificación”.

En este recorrido, el antaño todopoderoso político admite su debilidad por una figura: Olof Palme, ex primer ministro sueco. Lo describe de esta manera: “Es el que me impactó más como líder, como responsable político. como hombre que orientó la cultura de su país. Era una persona de una humanidad y una categoría extraordinarias. Sencillo, muy sencillo, con una sabiduría y un carisma fantásticos”.

Guerra dedica la última parte de la conversación en torno a sí mismo a su amor por la cultura. Tiene claro que, de tener que elegir, se llevaría a una isla desierta dos películas: Muerte en Venecia y El Gatopardo. Sus preferencias pasan también por el cine de François Truffaut. Y su vida suena tanto a Mozart como al Imagine de John Lennon.

En resumen, sin aportar apenas novedades sobre hechos concretos de su vida política, Guerra huye de cualquier reflexión autocrítica y, eso sí, se adjudica un papel decisivo en episodios clave de la historia de su época, desde la elaboración de la Constitución o la mayoría absoluta socialista de 1982 hasta la lucha antiterrorista o el traslado a España de la colección Thyssen.

El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha condenado por segunda vez a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó por desobedecer al TC cuando ocupaban sus cargos bajo la presidencia de Carme Forcadell, y les impone 4 meses de inhabilitación y multa de 1.200 euros, según la sentencia de este miércoles consultada por Europa Press.

Ya habían sido juzgados en julio de 2020 y entonces el TSJC les condenó a un año y ocho meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros, por desobedecer al TC al tramitar resoluciones relacionadas con el 1-O.

El juicio se repitió en marzo por orden del Tribunal Supremo al considerar que dos de los tres magistrados que juzgaron el caso habían vulnerado el principio de imparcialidad al exteriorizar sus posturas antes de dictar sentencia.

La inhabilitación impuesta ahora es más baja que la anterior porque se añade el atenuante muy cualificado de dilaciones indebidas, y fuentes judiciales consultadas por Europa Press han añadido que cuando la sentencia sea firme se determinará si cumplen los 4 meses íntegramente o si ya los han cumplido todos o en parte, teniendo en cuenta que la sentencia de 2020 les impidió concurrir a elecciones sin ser firme.

En esta segunda sentencia, el tribunal constata que siendo miembros de la Mesa admitieron a trámite leyes y propuestas de resolución relacionadas con el independentismo: la Ley de Presupuestos de 2017, que contenía una disposición para sufragar consultas; las propuestas de resolución del Debate Política General de 2016, y las 'leyes de desconexión' votadas el 6 y 7 septiembre de 2017.

El tribunal considera que tramitar estas resoluciones y leyes supuso "un evidente incumplimiento" de lo acordado por el TC, que ya en 2015 había dictado una providencia contra resoluciones anteriores que aludían al derecho a decidir de Catalunya, al inicio de un proceso constituyente y a la desconexión de España.

Además el TC anuló las nuevas resoluciones del Parlament y notificó personalmente a los acusados un auto que les advertía de su obligación de "abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" al texto, así como de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera eludir las órdenes del tribunal.

Los magistrados añaden que, pese a la advertencia, Simó, Corominas, Barrufet y Guinó continuaron admitiendo a trámite el resto de resoluciones y propuestas de ley que forman parte de la causa, entre las que también está la propuesta de ley de referéndum.

La sentencia incluye un voto particular de la magistrada María Jesús Manzano que discrepa de los argumentos del resto del tribunal al considerar legitimada a la Abogacía del Estado como acusación particular, y cree que se le está dando "una extensión de facultades que puede llegar a asemejarla" a la Fiscalía.

La acusación particular está reservada para los perjudicados por un delito, y Manzano cuestiona que el Estado lo sea en un delito de desobediencia: al contrario, cree que "el delito de desobediencia, por su naturaleza, no admite la existencia de perjudicados, por lo que no puede haber acusación particular".

Los cambios estaban pensados para normalizar definitivamente la situación en Cataluña. Sin embargo, la reforma del Código Penal no ha tenido los efectos deseados. La interpretación del Supremo sobre la nueva redacción del delito de malversación ha frenado en seco cualquier aspiración que pudieran tener los principales líderes independentistas de volver ya a la primera línea política. Pero también, de forma indirecta, ha complicado el futuro judicial de un nutrido grupo de cargos intermedios acorralados en los tribunales por la organización del referéndum del 1-O. Y no existe un remedio a corto plazo. Cualquier posible solución a golpe de indultos se torna imposible antes de los próximos comicios generales. El calendario judicial los hace inviables.

El Gobierno orientó en un primer momento las modificaciones penales hacia la eliminación de la sedición, una promesa que llevaba sobre la mesa desde el inicio de la legislatura. Pero tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que sacó adelante con el respaldo de ERC, abrió la puerta a retocar también la malversación. En un primer momento, se propuso una distinción entre quienes, con ánimo de lucro, se metían dinero de la caja en su bolsillo y quienes, sin el, daban un uso privado al patrimonio de todos. Sin embargo, y tras varios tiras y aflojas, al final se añadió un tercer tipo para castigar con mayor suavidad el dar a dicho dinero "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviera destinado".

La reforma salió adelante con el respaldo del Gobierno y sus socios parlamentarios, incluido Esquerra. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado desde la arena política. El Supremo ha rechazado esta misma semana que el tipo atenuado pueda aplicarse en relación con el referéndum del 1-O porque usar fondos para financiar una consulta ilegal no puede considerarse "una aplicación pública diferente". Esta conclusión permite mantener la inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Y, al mismo tiempo, marca el camino del resto de procedimientos que se encuentran abiertos contra ex altos cargos del Govern que también jugaron un papel destacado en la consulta independentista.

El futuro de estos exdirigentes, sobre los que pesa el delito de malversación, se torna oscuro tras el pronunciamiento del Supremo. Sólo hay que ver el paso que ha dado la Fiscalía este mismo viernes en relación con la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el ex secretario general de Vicepresidencia Josep María Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, dos pesos pesados dentro de ERC a los que se considera arquitectos del referéndum. El Ministerio Público ha pedido para ellos siete y seis años de prisión, respectivamente, por malversación. El mismo delito que persigue a otra docena de exresponsables de la Generalitat, entre cargos políticos y técnicos, en el proceso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

La interpretación del Alto Tribunal complica, por tanto, que se ponga fin a los últimos flecos que quedan vivos del procés sin que exista un riesgo de cárcel. Y se torna prácticamente imposible que antes de las generales de este año cualquier vía alternativa que permita evitar la prisión a todos estos cuadros intermedios sea una realidad. El indulto, instrumento que utilizó el Gobierno para borrar de un plumazo la condena de cárcel a los doce líderes independentistas, no puede ser concedido a "procesados criminalmente" que no hubieren "sido aún condenados por sentencia firme". Esta es, justamente, la situación en la que se encuentran ahora mismo viejos cargos medios del Govern que se encuentran bajo la lupa de la justicia.

En el caso de Jové y Salvadó, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les ha abierto juicio oral, pero ni siquiera se ha fijado todavía fecha concreta para la celebración de la vista. En cuanto al procedimiento de Instrucción 13, se está a la espera de que la Audiencia de Barcelona decida si debe o no unificarse con la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 18 de la Ciudad Condal por la internacionalización del procés. Además, aunque en ambos casos se decretase la absolución, el asunto aún podría llevarse a golpe de recurso hasta el Tribunal Supremo, lo que haría que la firmeza requerida para solicitar el indulto se dilatase todavía más en el tiempo. Una posibilidad nada descabellada, teniendo en cuenta que Vox ejerce como acusación popular.

A todo esto hay que añadir también el tiempo que suele llevar la tramitación de los expedientes para la concesión de la medida de gracia. Tras la solicitud del reo, tiene que recabarse el informe del tribunal sentenciador, que a su vez pedirá opinión a las diferentes partes implicadas en el procedimiento. En el caso de los líderes del procés, emitieron sus valoraciones desde establecimientos penitenciarios hasta Fiscalía y Abogacía del Estado. Un proceso que, en aquellas circunstancias concretas, se alargó durante unos nueve meses –solo desde que el Tribunal Supremo recibió las primeras comunicaciones del Ministerio de Justicia hasta que el Consejo de Ministros dio luz verde a la medida de gracia–.

El Gobierno, por el momento, ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de volver a desempolvar este mecanismo de perdón. Ahora, se limitan a decir, la pelota está en el tejado de los jueces, que son a quienes corresponde aplicar la reforma penal. No obstante, quien sí tiene pendiente pronunciarse aún sobre los indultos, en concreto sobre los otorgados a los líderes del procés ya condenados, es el Supremo. En concreto, la sala de lo Contencioso-Administrativo, que tiene pendiente de resolución todos los recursos interpuestos contra todas las medidas de gracia concedidas. Un asunto que el Alto Tribunal tiene previsto finiquitar, según La Razón, después del verano, a las puertas de los próximos comicios generales.

El escrito de la Fiscalía contra Jové y Salvadó ha sido duramente criticado desde ERC. La portavoz republicana, Marta Vilalta, lo ha definido como una "aberración" que supone un "golpe a la democracia". "La única solución posible es la amnistía", ha remachado. Desde el independentismo llevan años exigiendo la aplicación de esta medida de gracia, que a diferencia del indulto no extingue solo la pena, sino el delito en sí mismo. Un mecanismo que, además, podría aplicarse también en casos en los que no hubiera sentencia firme. De hecho, así se estableció, por ejemplo, cuando se dictó la Ley de Amnistía de 1977: "Determinará en general la extinción de responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio".

Entonces, el Código Penal sí contemplaba en su artículo 112 la amnistía como una de las causas de extinción de la responsabilidad, pero la misma desapareció del texto penal de 1995, el que está vigente en la actualidad. Algunos expertos, además, consideran que esta medida de gracia no tiene encaje constitucional en la actualidad. "La Constitución es un documento que concede un monopolio a los jueces, y la amnistía anula los antecedentes penales y cualquier sentencia aplicada con relación a un determinado delito, por lo tanto, conceder la amnistía significaría impedir y bloquear la acción de los jueces", explicaba a La Vanguardia el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbos.

De hecho, la Ley Fundamental solo hace mención al indulto como medida de gracia. Lo hace en su artículo 62: "[Corresponde al rey] Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". A esto último se agarraba el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat en un artículo publicado en 2019 en El Mundo para defender que la amnistía era jurídicamente imposible: "Si incluso en referencia al más restrictivo indulto, dicho precepto constitucional introduce limitaciones (prohibición de indultos generales), con mayor motivo tendría que haberlas establecido para la amnistía que constituye una medida de gracia más generosa; y, si no lo ha hecho, es porque ha estimado que no había que establecer limitación alguna, ya que la amnistía como tal –con o sin limitaciones– había devenido inconstitucional".

Problemas jurídicos a los que, además, se añaden los políticos. Porque si algo ha repetido por activa y por pasiva el Gobierno es que no habrá ningún tipo de amnistía. "Ni el referéndum ni la amnistía son posibles. Y no solamente porque desde el punto de vista de la Constitución Española no se incorpore, sino porque consideramos que la sociedad catalana no puede sufrir mayores desgarros, mayores fracturas", señaló el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la reunión que mantuvo en septiembre de 2021 con el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha procesado a 45 agentes de la Policía Nacional por las cargas del 1-O en la ciudad.

En un auto consultado este miércoles por Europa Press, el juez da por terminada la investigación y también archiva el caso para otros 20 investigados.

Ahora, acusaciones y defensas deberán presentar sus escritos y pedir que el caso vaya a juicio o bien que se archive.

Los magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron la causa del procés han dado un plazo de 8 días al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas que fueron condenados en octubre de 2019 para que se pronuncien sobre el efecto que puede tener sobre sus condenas la reforma del Código Penal que ha entrado en vigor este jueves, ha recogido Europa Press.

Así consta en las providencias que el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena ha firmado y remitido esta misma mañana. En el texto, el Supremo emplaza no solo a los condenados, sino también a las acusaciones —es decir, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox— a que presenten sus alegaciones.

La reforma del Código Penal deroga el delito de sedición y modifica el de malversación, dos de los delitos que fueron impuestos en la sentencia del Supremo sobre el procés.

Cabe recordar que de los 12 condenados, 4 lo fueron por sedición en concurso medial con malversación a penas de cárcel e inhabilitación —Junqueras (13 años), Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años)—, mientras que 5 fueron sentenciados solo por sedición —Carme Forcadell (11 años y 6 meses), Joaquim Forn, Josep Rull (10 años y 6 meses), Jordi Sanchez y Jordi Cuixart (9 años).

Así las cosas, el tribunal del procés deberá revisar las penas impuestas en 2019 para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados, tal y como fija la propia norma en su artículo 2.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que cada caso será distinto porque 4 fueron condenados por sedición y malversación, mientras que a 5 solo se les aplicó la sedición. A ello, hay que sumar que los 9 fueron indultados por el Gobierno y se les perdonó la cárcel, pero no la inhabilitación.

Así, las mismas fuentes precisan que —a raíz del indulto— se pondrá el foco sobre la pena por la que se prohíbe ejercer cargo público, porque es la única que tendrá efectos prácticos de cara al horizonte electoral.

Las providencias que ha dictado este jueves el tribunal que juzgó el procés tienen lugar el mismo día que el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, ha dictado un auto en el se pronuncia sobre el caso de los procesados huidos —el expresidente catalán Carles Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira—.

Llarena ha eliminado el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont, pero ha mantenido el de malversación —que fija penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación— y ha incluido el de desobediencia —que no contempla cárcel, pero sí inhabilitación de 6 meses a 2 años—. Al margen, el instructor ha dejado sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, aunque ha decidido mantener la orden de busca y captura nacional.

En virtud de la reforma del Código Penal, el magistrado retira a Puigdemont el delito de sedición y lo cambia por el de desobediencia, al considerar que no es aplicable ni el viejo ni el nuevo delito de desórdenes públicos. Sin embargo, mantiene el de malversación sin aplicar las rebajas que contempla la reforma porque entiende que sí hubo ánimo de lucro.

Llarena considera que la derogación de la sedición plantea un "contexto cercano a la despenalización" de los hechos investigados, pues concluye que estos no encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Y critica que se eliminara el delito de sedición porque, a su juicio, no era impreciso y sí era equiparable al entorno europeo.

Ahora que el Supremo ha emplazado a las defensas y acusaciones del 'procés' habrá que esperar a sus alegaciones y a que el tribunal se reúna para determinar cómo se verán afectadas las condenas.

El independentismo conmemorará este sábado el quinto aniversario del referéndum del 1-O de 2017 en plena crisis del Govern y en un clima de división del movimiento favorable a la independencia, recoge Europa Press. La jornada estará marcada por el choque entre ERC y Junts después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cesara al ya exvicepresidente Jordi Puigneró al no haberlo informado de que su partido le plantearía someterse a una cuestión de confianza.

Ante este cese, la Ejecutiva de Junts acordó dar margen hasta el domingo para negociar con Aragonès la concreción de los puntos que considera que se están incumpliendo del pacto del Govern antes de dejar en manos de la militancia del partido la decisión de si salir o no del Ejecutivo en una consulta que se celebrará el 6 y 7 de octubre.

Así, los actos de conmemoración del 1-O se celebrarán en medio del plazo que ha dado Junts para explorar esta negociación, por lo que es probable que durante el día haya contactos entre los socios de la coalición.

El independentismo siempre ha reivindicado que el 1-O fue posible gracias a la unidad entre Govern, Parlament, partidos y entidades, junto a la movilización de la ciudadanía, una unión que en estos cinco años se ha ido desintegrando hasta llegar a la situación actual.

Un lustro después, el movimiento independentista afronta el aniversario del 1-O completamente dividido: el Govern está cerca de la fractura, los partidos, ERC, Junts y la CUP, tienen estrategias diferentes para avanzar en el proceso soberanista, e incluso la ANC y Òmnium han tomado rumbos distintos.

De hecho, uno de los principales motivos de esta desunión es la falta de una lectura y un análisis compartido de lo que significó el 1-O y sobre cómo avanzar hacia la independencia a partir de entonces, que ha impedido que haya una estrategia conjunta como sí hubo en 2017.

La desunión actual ya se exhibió en la Diada del 11 de septiembre, en la que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ERC no participaron en la manifestación convocada por la ANC, y el único acto en el que estuvieron todos los actores independentistas de manera conjunta fue el que celebró Òmnium.

Pese a que en las últimas semanas la división se ha profundizado aún más, en la conmemoración del 1-O sí que habrá un acto unitario, que será la concentración convocada por el Consell de la República con la colaboración de Òmnium, ANC, AMI, la Intersindical y la Cambra de Comerç de Barcelona, que se celebrará a las 17.00 horas en el Arco del Triunfo de Barcelona bajo el lema Defendamos el 1-O. Ganemos la independencia.

A la concentración asistirán dirigentes de los partidos independentistas, tanto de ERC, que sí que acudirá a este acto pese a que no fue a la manifestación de la Diada, Junts y la CUP.

En el acto intervendrán los dos máximos representantes institucionales cuando se llevo a cabo el 1-O: abrirá el acto la que en 2017 era presidenta del Parlament Carme Forcadell y lo cerrará el que era presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Asimismo, buscarán reproducir la imagen de unidad entre políticos y sociedad civil: a un lado del escenario estarán los representantes institucionales y de los partidos, y en el otro los de la sociedad civil organizada.

La crisis del Govern ha provocado que algunos de los actos previstos para este sábado se hayan replanteado, como ha ocurrido con el acto institucional organizado por la Generalitat, que debía contar con la participación de todos los consellers pero dada la situación entre los socios del Ejecutivo finalmente han decidido replantear el acto y se limitará a una declaración institucional de Aragonès en el Palau de la Generalitat.

Otro acto que se ha reformulado es el que organiza Òmnium: su voluntad era hacer una fotografía conjunta de todos los actores del independentismo para mostrar la transversalidad del movimiento, como ya hicieron en 2021, pero lo han modificado y a las 12.30 en los Jardins de la Sedeta de Barcelona la Junta Directiva de la entidad, encabezada por Xavier Antich, hará una declaración para posicionarse ante el momento actual.

La ANC también ha convocado una acción reivindicativa en la plaza Sant Jaume que consistirá en levantar un "muro de urnas" para visibilizar que, a su juicio, las instituciones se han alejado del mandato del 1-O, mientras que la CUP hará el acto 'Defendamos el 1 de octubre, defendamos la independencia' con la participación de representantes de formaciones independentistas de Irlanda del Norte, Córcega, Quebec, y Escocia.

Los actos conmemorativos del referéndum del 1-O comenzaron este viernes por la tarde con el acto que celebro ERC a las 19.00 en La Ràpita (Tarragona) con la intervención de algunos de sus principales dirigentes, como el líder del partido, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Marta Rovira.

Además, en la vigilia del 1-O, el Consell de la República conmemorará la ocupación de las escuelas que hubo en 2017 con un acto telemático en el que conectarán con varias escuelas en las que hubo cargas policiales y con testigos de esa jornada.

La exdiputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Anna Gabriel ha negado este miércoles ante el Tribunal Supremo haber cometido un presunto delito de desobediencia por su supuesta implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña y ha asegurado que espera que la causa que se sigue en el tribunal con sede en Madrid se archive o se envíe a un juzgado en Barcelona, según informa Europa Press.

Gabriel ha acudido este miércoles, a las 11.30 horas, al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Pablo Llarena en calidad de procesada. Se ha presentado acompañada por una delegación encabezada por María Sirvent (CUP) y por Oriol Junqueras (ERC). También han estado presentes los diputados Jaume Asens (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Josep Pagès (Junts), Jon Iñarritu (EH Bildu), Néstor Rego (BNG), y las senadoras Sara Bailac, Mirella Cortès y Adelina Escandell, entre otros.

La exdiputada de la CUP ha sido citada después de que se entregara al Alto Tribunal el pasado 19 de julio, a pesar de haber estado cuatro años huida en Suiza tras ser procesada en 2018 por su presunta participación en la DUI. Ante la decisión de Gabriel, el juez a cargo de la investigación del procés dejó sin efecto la declaración de rebeldía que pesaba sobre la exdiputada. En aquella ocasión, acordó dejarla en libertad y avanzó que la citaría para tomarle declaración.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio de este miércoles consultadas por Europa Press, Gabriel ha comparecido durante poco menos de media hora ante el juez Llarena, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox. La dirigente ha rechazado contestar a las preguntas de los servicios jurídicos del Estado y a las de la formación liderada por Santiago Abascal.

Las mismas fuentes han precisado que el Ministerio Público ha preguntado a la exdiputada si en 2017 recibió requerimiento alguno del Tribunal Constitucional en el que se le advirtiese de que no podía impulsar una iniciativa parlamentaria que conllevase la independencia de Cataluña. Gabriel ha respondido que no, que no recibió notificación alguna y que, por ende, no habría cometido el delito de desobediencia que se le atribuye.

Gabriel ha salido del Alto Tribunal y, acompañada de nuevo por dirigentes independentistas, ha atendido a los medios en catalán. Se ha negado, sin embargo, a contestar a las preguntas de los periodistas. "Esperamos que la causa se archive o se envíe a Barcelona", ha dicho tras explicar que la declaración indagatoria de este miércoles se ha centrado "exclusivamente" en si el Tribunal Constitucional le había requerido directamente en relación con su actividad parlamentaria.

Al hilo, ha indicado que sus "principios" siguen "intactos" y ha recordado a las personas que -según ella- se han exiliado, han ido a prisión o han sido enjuiciadas por el 1-O. En este sentido, ha asegurado "nunca se hubiera tenido que producir la judicialización de lo que es una aspiración legítima de un pueblo, la represión crea dolor".

Tras la breve intervención de Gabriel ante la prensa, la portavoz del Secretariado Nacional de la CUP María Sirvent ha concretado que a la exdiputada de la CUP no se le ha impuesto ninguna medida cautelar más allá de estar a disposición del tribunal.

Así, ha indicado que Gabriel tiene "compromisos profesionales y militantes en Suiza", por lo que seguirá residiendo allí. Y ha explicado que será el juez Llarena quien deberá decidir si traslada el caso a un juzgado de Barcelona.

Vox también ha dado declaraciones a la prensa a la salida y ha acusado a Gabriel de mentir en su comparecencia ante el Supremo. El secretario general del partido, Javier Ortega Smith, se ha preguntado cómo la exdiputada de la CUP ha podido afirmar ante el juez que desconocía las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibían al Parlament avanzar con las leyes para el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

Para Ortega Smith, Gabriel tenía "perfecto conocimiento y fue perfectamente notificada" de la ilegalidad de esas iniciativas tanto por los medios de comunicación, donde era "público y notorio", como por la Mesa del Parlament. "Además, actuaba de portavoz" de la CUP y "había firmado la presentación de esas leyes de convocatoria de un referéndum ilegal secesionista", ha contextualizado. Además, ha señalado que su partido se personará contra los líderes del procés "fugados" y todavía sin juzgar, como Carles Puigdemont, sea en el tribunal que sea.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por sus condenas por el 1-O.

Lo han explicado en rueda de prensa este miércoles Junqueras, Bassa y Romeva acompañados de los abogados Andreu Van den Eynde y Clara Serra, y también de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en videoconferencia desde Suiza.

Las defensas de los dirigentes republicanos enmarcan sus demandas en la "persecución política contra el independentismo".

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha procesado al responsable del operativo de la Policía Nacional el 1-O en la Escola Ramon Llull de Barcelona y al escopetero que supuestamente disparó la bala de goma que causó que Roger Español perdiera un ojo, según informa Europa Press.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado que el juez también ha procesado a Español por un presunto delito de atentado contra los agentes al lanzar una valla metálica a un policía, sin causarle lesiones.

Además, están procesados otros dos policías que intervinieron en la misma escuela por presuntamente golpear con la porra a personas que estaban sentadas en el suelo. 

El auto expone que una de las grabaciones aportadas a la causa que recoge momentos de la jornada en este punto muestra cómo los manifestantes se sentaron en medio de la calle, entre ellos Español, que lanzó la valla.

Según el informe policial de la jornada, en ese operativo se dispararon 17 pelotas de goma: una golpeó a una persona en la pierna y otra impactó en la cara de Español.

Las pruebas periciales que se han practicado durante la instrucción han hecho concluir al juez que la pelota "choca primero en el suelo y luego rebota en dirección" a Español, y en un vídeo de los hechos se oye cómo el responsable del operativo dio la orden de disparar.

Con el vídeo, el juez ha identificado la trayectoria de la pelota de goma y "el agente que realiza el disparo ha sido identificado en el vídeo de los hechos, siendo el que portaba el número UC563".

Viendo las imágenes, el juez critica que "no parece que los disparos efectuados se realizaran respetando la circular sobre empleo de material antidisturbios, ya que no se respeta la distancia mínima de 25 metros ni existe la situación excepcional, con agresiones directas y de peligrosidad extrema exigida por la misma para el disparo de pelotas a distancia inferior a la citada".

Las acusaciones de la causa habían pedido procesar también a dos policías más que participaron en el dispositivo por "no impedir y amparar" el uso de pelotas de goma ese día.

Sin embargo, el juez lo ha descartado porque no consta que ordenaran o colaboraran de ninguna manera en las lesiones ni que ordenaran usar el material antidisturbios, y además considera que "ante la confusa situación que se produjo una vez los agentes de policía iniciaron el uso de la violencia con las defensas, no se aprecia que tuvieran dominio alguno del hecho punible en su actuación".

La Fiscalía ha rebajado las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre la cifra de los fondos presuntamente desviados por excargos del Govern para la acción exterior de Cataluña y para los gastos del 1-O enmarcados en el denominado 'procés'. El Ministerio Público ha reducido el importe de 9,5 millones de euros a 3,4 millones de euros. informa Europa Press.

El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat'. Por su parte, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.

Ahora, el Ministerio Fiscal ha presentado sus cuentas ante el órgano fiscalizador. En concreto, ha cifrado en 2,2 millones los gastos de acción exterior y en 1,2 millones los relativos al 1-O para un total de 3,4 millones de euros. Según ha informado la Fiscalía en una nota informativa, recogida por Europa Press, los cálculos han sido presentados este miércoles en la demanda de 130 folios contra 35 excargos de la Generalitat de Cataluña.

El Ministerio Público ha defendido que su trabajo ha sido "minucioso" y que ha atendido -"por razones de coherencia"- a la postura procesal de la Fiscalía en cada uno de los procedimientos en los que los posibles responsables resultaban investigados, encausados, acusados o procesados.

Así, ha explicado que la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento "disminuye de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora" del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque "los demandados y las cuantías son divergentes".

En el marco de la nota informativa, la Fiscalía ha incidido en que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O "cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenó a los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, entre otros, por el delito de malversación".

En este caso, el Ministerio Público ha estimado pertinente reclamar la responsabilidad contable al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. También ha incluido en su demanda a tres "rebeldes": el expresidente del Govern Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

Por su parte, ha acordado no formular demanda contra las interventoras de la Generalitat que sí figuran en el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas. Y ha excluido, a su vez, al que fuera secretario general de la Consejería de Hacienda Josep María Jové, a su ex directora general Natalia Garriga así como al ex director general de Patrimonio Francesc Sutrías.

En este apartado, relativo al 1-O, la Fiscalía ha reclamado el importe total de 1.219.838,63 euros. La cifra queda por debajo de lo que fijó el Tribunal de Cuentas en su acta liquidación provisional, donde se estimaban unos gastos por 3.903.294,86 euros y de lo que calculó la acción pública ejercida por Sociedad Civil Catalana, que llegó hasta los 3.466.335,91 euros.

 Además de los gastos vinculados al referéndum de 2017, parte de la demanda también deriva de la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat y el denominado Diplocat.

 Según ha precisado la Fiscalía, incluye tanto los viajes realizados por el expresidente y los exconsejeros del Govern como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del Diplocat, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos.

 Este apartado afecta a "presidentes y consejeros de las dos legislaturas" y a "personas que ocupaban escalones intermedios en los departamentos afectados". Así las cosas, la Fiscalía ha asegurado que el criterio seguido "intenta ser coherente con las resoluciones judiciales" del Tribunal Supremo y de la Delegada Instructora del Tribunal de Cuentas. En concreto, ha subrayado los principios de seguridad jurídica, libertad de opinión, análisis de la no invasión de la competencia exclusiva del Estado y unidad de actuación del Ministerio Fiscal.

 El importe reclamado en esta parte de la demanda asciende a 2.209.503,8 euros. Cabe recordar que el importe de la liquidación provisional era de 5.150.711,09 euros y el reclamado por Sociedad Civil Catalana ascendía a 1.843.471,11 euros. La Fiscalía ha matizado que en este caso se hace referencia a personas y a hechos "solo parcialmente coincidentes", por lo que ha advertido que "no es posible hacer una comparativa".

El Juzgado Penal 8 de Barcelona ha absuelto al fotoperiodista de El País Albert Garcia, al que juzgó acusado de un presunto delito de resistencia y de lesiones leves a un policía cuando fue detenido mientras cubría los altercados tras la sentencia del 1-O.

La sentencia, consultada por Europa Press, declara que no han quedado probadas las acusaciones contra Garcia, según las cuales supuestamente no hizo caso a la Policía cuando los agentes le pidieron que se fuera de la plaza Urquinaona, como tampoco se ha probado que intentara evitar su detención empujando a un policía.

Entre los hechos probados de la sentencia el juez expone que esa noche García trabajaba cubriendo las protestas para el diario El PaísEl País, algo que la acusación puso en duda en el juicio.

Unas 3.00 personas, según fuentes municipales, se han manifestado este domingo por la mañana desde la plaza Francesc Macià hasta la plaza Cinc d'Oros de Barcelona convocados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la Plataforma 3 de Octubre para conmemorar el cuarto aniversario del 1-O y la huelga general del 3-O.

La manifestación se celebra bajo el lema Lluitem i guanyem la independència (Luchemos y ganemos la independencia) y transcurre sin incidentes. A la convocatoria han asistido la presidenta del Parlament, Laura Borràs; los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, según recoge Europa Press.

Los manifestantes han empezado la marcha hacia las 11 desde la plaza Francesc Macià y se han dirigido hacia la plaza Cinc d'Oros por la avenida Diagonal para celebrar el acto de clausura.

"Recuperar la fuerza"

Borràs ha hecho un llamamiento a "recuperar la fuerza para implementar el resultado del referéndum" del 1-O, que asegura se celebró con determinación.

Rull ha recordado que durante la jornada del 3-O "las calles de Cataluña quedaron desbordadas de dignidad nacional y radicalidad democrática" y ha reprochado el discurso que el rey Felipe VI pronunció ese mismo día.

Turull, que junto a Rull y los demás líderes independentistas impulsores del 1-O ha pasado más de tres años encarcelado por organizar el referéndum, ha publicado el mensaje: "¡Persistimos, tozudamente alzados!".

Paluzie se ha referido al 1-O como una victoria: "Fuimos ganadores porque las fuerzas de la ruptura se impusieron a las de la reforma. Son una demostración de control del territorio. No pudieron impedir que se votara y se ganara".