El Tribunal de Cuentas (TCU) de Brasil ha absuelto a la expresidenta Dilma Roussef del caso de irregularidades en la compra de la refinería de Pasadena, en el estado estadounidense de Texas, por parte de la petrolera brasileña Petrobas. En la misma decisión, el TCU ha hallado culpables de las irregularidades al expresidente de la empresa estatal, José Sergio Gabrielli, y a otras seis personas, según recoge el medio brasileño G1 e informa Europa Press.

En 2006, Petrobas, en cuyo Consejo de Administración se encontraba Roussef, entonces ministra de la Presidencia del Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, adquirió la refinería pagando una cantidad ocho veces mayor que la desembolsada por el anterior propietario de la misma. En el marco de este caso, en 2014 el TCU ya había absuelto a la expresidenta y responsabilizado a Gabrielli y otros exdirectores de la petrolera, si bien la decisión adoptada este miércoles es la conclusión de otro proceso de 2017 en el que se determinó que los exmiembros de la junta directiva de la estatal eran los responsables de la compra y perjuicio a la misma.

La compra de la refinería, investigada dentro de la operación Lava JatoLava Jato, siempre estuvo rodeada de polémica y ha sido uno de los puntales de la trama de corrupción en Petrobras. Cuando se compró en 2006, Petrobras pagó 350 millones de dólares (unos 292 millones de euros) por la mitad de la refinería, un valor muy superior al que la empresa belga Astra Oil pagó tan solo un año antes por toda la refinería, 42,5 millones de dólares (unos 35,4 millones de euros). En 2012, en el Gobierno de Roussef, Petrobras se vio obligada a comprar la otra mitad de la refinería ya que estaba previsto en el contrato, pagando 820 millones de dólares (unos 684,6 millones de euros).

La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff (2011-2016) ha hablado este miércoles del "trabajo que la izquierda tiene por delante" para intentar comprender los motivos que han hecho que muchos sectores de la sociedad hayan decidido apoyar al "neofascista" Gobierno de Jair Bolsonaro.

"La izquierda tiene que trabajar con el pueblo. Tenemos que mirar hacia los evangélicos que votaron a Bolsonaro, tenemos que discutir con aquellos que le defendieron porque creen que la seguridad es la cuestión central de Brasil", ha explicado Rousseff en una entrevista al portal web DW.

"Hay que tener una discusión acerca de como construir un nuevo modelo que atienda a los intereses de las personas, que no les haga tan infelices como lo están ahora. Esta forma de economía que lleva a esa desigualdad no es consensuada, de ser así actuarás como tal y no habrá alternativa para la izquierda en ese proceso", ha explicado.

Rousseff también ha dado una explicación acerca de las últimas protestas y masivas manifestaciones que se han producido en casi todos los países de América Latina, responsabilizando al "aumento brutal de la desigualdad" en la región.

"La gente percibe que hay algunos que tienen mucho y otros que tienen muy poco. Al mismo tiempo se ha hecho un trabajo muy intenso durante todo este periodo de descrédito de los partidos y la representación política que, si no se canaliza, surgen formas muy fuertes y espontáneas que acaban en las calles".

"Brasil tiene un Gobierno neofascista"

La que fuera presidenta de Brasil entre 2011 y 2016 ha calificado al Gobierno de Jair Bolsonaro de "neofascista" que lleva a cabo, ha dicho, un "programa neoliberal" y que además es capaz de utilizar "todos los mecanismo posibles" para atacar y perseguir a artistas, educadores, abogados y periodistas.

"Defienden la tortura, a los torturadores, dice que no hubo dictadura en Brasil", ha denunciado Rousseff refiriéndose al Gobierno de Bolsonaro, el cual, ha asegurado, "tiene que convivir con la defensa de la tortura y de la violencia", pues existen "relaciones bastante extrañas" dentro de su seno.

La Justicia Federal de Brasil ha decidido este miércoles absolver a los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como a otros dos exministros y a un extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), de las acusaciones de formar parte de una organización criminal con el fin de desviar fondos públicos hacia su partido tras comprobar que en la "denuncia no había elementos constitutivos de delito" y era un intento de "criminalizar la actividad política".

Lula y Rousseff, junto a los antiguos ministros Antonio Palocci (jefe de Gabinete, 2011) y Guido Mantega (Economía 2006-2015), y el tesorero Joao Vaccari Neto, se enfrentaban a una acusación por pertenencia a banda criminal en el llamado Caso de la banda del PT (quadrilhão do PT, en portugués) con el fin de desviar dinero público de la petrolera Petrobras y otras empresas estatales.

El juez Marcus Vinicius Reis Bastos ha asegurado que las acusaciones "no permiten siquiera concluir la existencia de una asociación, estructuralmente ordenada, de cuatro o más personas, con división de tareas, o alguna forma de jerarquía y estabilidad", tal y como ha publicado el diario brasileño O'Globo.

La denuncia es un intento de "criminalizar la actividad política", pues "supone que existe una organización criminal que perdura hasta el mandato de Dilma Rousseff sin siquiera apuntar elementos esenciales de la caracterización de esa actividad delictiva", ha explicado el magistrado.

La denuncia fue presentada en 2017 por el que era el fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, poco antes de dejar su cargo. Según acusó, la cúpula del Partido de los Trabajadores recibió más de 1.400 millones de fondos desviados de las arcas públicas.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido seguir adelante con las reformas laborales y la derogación de la denominada Ley Mordaza para así poder "recuperar derechos y libertades". Así lo ha declarado durante la clausura de los actos de celebración del 130 aniversario del sindicato, que se ha celebrado este domingo en Madrid, según informa Europa Press.

"Es irrenunciable la derogación de las últimas reformas laborales o lo que es lo mismo, un acuerdo de derogación de las reformas laborales, para poder iniciar el camino hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores", ha señalado Álvarez, que incide en que estas reformas "no pueden esperar". "El sistema de relaciones laborales en nuestro país es como un cesto lleno de agujeros, echas agua y no queda una gota", ha criticado. Y es que, según el secretario general de UGT, el sindicato quiere "recuperar libertades".

Por ello, también ha pedido la derogación de la denominada Ley Mordaza, que impide que se pueda llevar a cabo "la acción sindical con libertad". "No vamos a permitir que en una situación que no es de crisis, el mismo rollo nos impida recuperar derechos y libertades", ha advertido, pues lamenta el "run run" que se está escuchando en los últimos días que augura una nueva crisis económica.

Álvarez también se ha referido en su discurso a los retos del futuro de los trabajadores en su conjunto, como son la irrupción de la tecnología en el empleo y la consecución de la igualdad. Sobre la tecnología, ha abogado por "hablar a fondo" de ello, al haberse convertido ya en "el presente". "No vamos a destruir la máquina, pero la máquina no va a destruir el derecho al trabajo, no vamos a revivir otros momentos de la historia de la humanidad, queremos que la máquina haga el trabajo más pesado que pueda, pero la tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad", ha comentado.

Por otro lado, ha mencionado la igualdad. En este sentido, ha anunciado que la UGT ha realizado una actualización de su manifiesto fundacional para poder incluir sus compromisos con la igualdad entre hombres y mujeres y con el colectivo LGTBI, con el objetivo de erradicar la "lacra" del machismo y la homofobia en España.

Asimismo, ha añadido que la UGT ha incorporado también su compromiso con el medio ambiente y para combatir el cambio climático. "Tenemos que conseguir que forme parte de las preocupaciones del conjunto de la sociedad y especialmente de los trabajadores", ha comentado, pues "sin planeta no hay empleo", recuerda.

"Queremos dar respuestas a nuevas necesidades", ha apostillado Álvarez, que ha recordado la necesidad de actualizar la organización para poder incorporar las nuevas demandas de los trabajadores en los próximos tiempos.

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff en el 130 aniversario de UGTexpresidenta brasileña

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff ha acusado este domingo al actual mandatario del país, Jair Bolsonaro, de aprovechar los incendios forestales y facilitar la devastación de la Amazonia para abrirla a la explotación mineral. "Bolsonaro quiere las maderas de la Amazonia, de gran calidad. Quiere criar ganado y hasta plantar, pero el principal objetivo es la exploración mineral: hay oro, potasio, tierras raras...", ha afirmado Rousseff desde Madrid, donde ha participado en un acto con motivo del 130 aniversario de la fundación del sindicato UGT. "Nosotros lo sabíamos, pero nunca dejamos poner la mano encima de la Amazonia porque es una gestión de soberanía de nuestro país. Brasil sin la Amazonia no es Brasil", ha añadido la expresidenta. En cuanto llegó al poder, Bolsonaro "dio comienzo a su proceso de destrucción de la Amazonia". "No es casual. Es deliberada. Pretende simplemente entregar partes de la Amazonia" a las grandes empresas, ha advertido.

Rousseff ha destacado la importancia de los sindicatos y los momentos "heroicos" de la historia de la UGT y ha denunciado que ahora las élites "están intentando destruir los sindicatos". "En Brasil también están intentando destruir los sindicatos. Solo lo conseguirán si les dejamos, porque los sindicatos son el producto de la acción conjunta de los trabajadores. Nosotros no les dejaremos", ha remachado.

Para Rousseff en Brasil se vive además una "emergencia conjunta" por el neofascismo y la política neoliberal. "Son como hermanos siameses en Brasil. No hay política neoliberal sin neofascismo. Esta es la gran trampa en la que estamos metidos en Brasil", ha señalado. Este "neofascismo" de Bolsonaro es resultado del golpe de nuevo cuño que la derribó del Gobierno. "No es como los anteriores, con tanques en las calles y cierre del Congreso (...). No se corta el árbol de la democracia como en las dictaduras militares. Ahora no. Ahora se utilizan hongos, parásitos y se comen ese árbol por dentro. Atacan su sistema de justicia, su sistema parlamentario con la colaboración de los medios de comunicación", ha argumentado.

Además, Rousseff ha defendido al histórico líder de su formación el Partido de los Trabajadores, Luiz Inázio Lula da SilvaLuiz Inázio Lula da Silva, encarcelado por corrupción según ella con acusaciones falsas y que podría salir de la cárcel en libertad condicional al haber cumplido una sexta parte de la condena. "Dicen, ¡qué extraño un presidente que no quiere salir de la prisión! No quiere salir con un control electrónico. Quiere salir con la cabeza alta. Como lo que es, un inocente", ha explicado. "Lula representa aún hoy el sueño de que otro mundo es posible. Es una bandera", ha remachado entre los jaleos de los asistentes, que han reclamado la libertad del exmandatario.

Después de que en las en las elecciones parlamentarias anticipadas de 2009 en Israel el partido derechista y sionista Likud quedara segundo, su líder, Benjamín Netanyahu, consiguió aunar a los otros dos partidos ultraconservadores y nacionalistas para vertebrar un Gobierno de coalición. Desde ese momento Netanyahu ha mantenido el poder en el país y este martes, si vence en las urnas, puede volver a revalidarlo encadenando su quinto mandato consecutivo.

A pocas horas de las elecciones, que también han sido adelantadas —estaban previstas para el próximo mes de octubre— los sondeos electorales vaticinan otra victoria del actual primer ministro, aunque le auguran un triunfo mucho menos holgado que en las últimas elecciones. Según una encuesta publicada el pasado miércoles en el diario israelí Haaretz, el bloque de derechas rozará 70 de los 120 escaños con los que cuenta el Knéset (Parlamento israelí). Además, el Likud de Netanyahu finalmente conseguirá superar a la nueva formación Azul y Blanco, un partido de centro fundado por el exjefe del Estado Mayor Benny Gantz que, desde su nacimiento en febrero, ha ido creciendo hasta hacerle sombra al Likud. Atendiendo a la misma previsión, Netanyahu obtendrá unos 30 escaños, entre dos y cuatro más que Azul y Blanco, aunque el resultado es ajustado y muchos en el país hablan de un empate técnico entre las dos fuerzas.

Carteles electorales del Likud de Netahyahu y el partido Azul y Blanco, en una calle de Tel Aviv el pasado miércoles. EFE

  “Las encuestas en Israel muchas veces han dado sorpresas en el último momento”, y “tener el mayor número de votos no siempre significa convertirse automáticamente en primer ministro”. Lo comenta desde Jerusalén Daniel Rajmil, experto en relaciones internacionales de la Universitat Oberta de Catalunya, que insiste en que “Israel tiene un sistema electoral muy volátil […] después de las últimas elecciones, Netanyahu tardó unas siete semanas en formar un Gobierno donde hay hasta seis partidos”, explica. Aun así, y aunque pide no precipitarse, destaca la habilidad de Netanyahu para alcanzar acuerdos con otras formaciones.

Vinculado con varios casos de corrupción

En el último año y medio, Netanyahu se ha visto involucrado en diversos casos de corrupción por los que se le ha acusado de delitos como fraude, cohecho o tráfico de influencias. En febrero, la policía israelí llegó a pedirle al fiscal general la imputación penal del presidente por esos cargos, pero este ha anunciado que estudiará las peticiones de imputación después de las elecciones.

El caso más reciente, salido a la luz el pasado jueves en la cadena de televisión israelí Canal 12, revela que en una de sus múltiples declaraciones ante la Justicia, Netanyahu mintió al hablar de los bienes financieros que posee. La Oficina del Supervisor, el órgano israelí que autoriza o prohíbe a los políticos iniciar actividades que pueden causar conflicto de intereses, sospecha de los testimonios del presidente durante los últimos diez años y asegura que, de confirmarse el engaño, este pudo incurrir en un delito.

Otros ejemplos de mala praxis política que han sacudido a la Administración Netanyahu son la conexión con la presunta recepción de más de 200.000 euros en concepto de regalos multimillonarios a cambio de favores políticos (cohecho), y la relación con las supuestas filtraciones de información privilegiada al mayor operador telefónico de Israel a cambio de propaganda positiva en un medio de comunicación propiedad de la compañía de telecomunicaciones. A principios de marzo, y con respecto a este último caso, la policía antifraude interrogó a Netanyahu y su esposa.

Trump y Bolsonaro, aliados de Jerusalén

Entre la madeja de casos de corrupción que le hostigan y la previsible fragmentación del Parlamento, Netanyahu se ha lanzado a promocionar su candidatura más de cara al exterior que dentro de su país. Así, a finales de marzo, buscó el respaldo del aliado más poderoso que tiene Israel: Estados Unidos. En una visita a Washington, Netanyahu se fotografió con Donald Trump, quien aseguró que Israel tiene plena soberanía sobre los Altos del Golán, un territorio sirio que el Ejército israelí ocupó en 1967, y que protagoniza tensiones entre judíos colonos y musulmanes. Unos días antes del viaje a la capital de EEUU, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, había visitado Jerusalén para ratificar la alianza geoestratégica contra el mayor temor estadounidense en Oriente Medio: Irán.

Otro impulso de apoyo provino del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que la semana pasada se trasladó a Jerusalén en visita oficial. La amistad entre ambos líderes comenzó cuando, gobernando Dilma Rousseff, Bolsonaro remitió una carta a Israel lamentando y disculpándose por la condena pública que hizo la presidenta acerca de un ataque del Ejército israelí en la franja de Gaza. En aquel repunte del conflicto murieron más de 2.000 palestinos y unos 70 israelíes.

La división del centroizquierda fortalece a Netanyahu

Desde hace años la fragmentación de fuerzas políticas en el Knéset no era tan significativa. A propósito de esto, Daniel Rajmil advierte de que en Israel “los conceptos de izquierda y derecha se entienden en un eje político distinto al que tenemos en Europa”. Allí, “este eje gira en torno al conflicto palestino-israelí, donde izquierda significa más cerca de la posición proclive a la negociación y a alcanzar la paz”, aclara.

El experto recuerda que “el sistema electoral israelí es uninominal, y quien pasa el umbral electoral [3,25%] automáticamente tiene representación”. Aun así reconoce que durante décadas había dos bloques muy bien definidos, horadados claramente en las dos últimas citas electorales.

Acudiendo de nuevo a las encuestas, el centroizquierda apenas superará los 50 diputados. Entre ellos se encuentran los del Partido Laborista que, al contrario de lo que ocurrió en 2015, se queda muy lejos de repetir como principal fuerza de la oposición. También integran el bloque, con poca fuerza, los representantes de la izquierda pacifista y la minoría parlamentaria de diputados árabes —que representan en torno a un 20% de la población del país—. Rajmil hace referencia a que la negativa de los partidos sionistas a sentarse a hablar con dicha minoría de diputados árabes se debe al temor por el posible impacto negativo que esos hipotéticos encuentros puedan tener en el electorado.

Gaza pasa de puntillas por la campaña

El futuro de la franja de Gaza, el exiguo territorio donde han quedado confinados los palestinos desde la ocupación israelí tras la Segunda Guerra Mundial, ha quedado fuera de la campaña electoral ya que los candidatos más conservadores, y que defienden un sionismo activo incluso fomentando la creación de asentamientos en territorio palestino, consideran que este tema puede perjudicarles en las urnas. “Es verdad que la campaña se ha centrado en el rol que sobre este asunto ha jugado cada líder dentro de su partido”, apunta Rajmil. El conflicto, dice, “se ha usado de manera indirecta para reforzar la posición de liderazgo” dentro de las formaciones, buscando un “aspecto de fortaleza ante el desafío palestino”.

Mujeres palestinas muestran este lunes carteles de sus hijos detenidos en prisiones israelíes, durante una protesta en las oficinas de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza. EFE

La tensión constante entre este territorio e Israel provocan que, a menudo, ambos contendientes utilicen la fuerza. Habitualmente, y debido a la superioridad logística y organizativa del Ejército israelí, los choques suelen acabar con represivas respuestas militares contra Gaza. Estos enfrentamientos puntuales han servido para que se edifique en torno a ellos una retórica electoralista de baja intensidad basada en la fortaleza de la resistencia ante los palestinos.

No obstante, a casi ningún partido de Israel —la extrema derecha sionista pide abiertamente expulsar a los palestinos de Gaza y Cisjordania— le interesa iniciar una guerra, o al menos no antes de que se resuelvan los comicios de este martes. A pesar de que el Gobierno israelí negocia indirectamente con Hamás (el movimiento de resistencia islámico de Palestina), nunca ha llegado a plantear iniciativas concretas que desemboquen en una solución duradera para un conflicto que tiene más de 70 años. “Tanto si sale Netanyahu como si lo hace Gantz, no va a haber un cambio radical en la postura de Israel ante el conflicto”, asevera el experto. “A nivel estratégico y de seguridad no creo que haya un cambio muy grande, porque Israel tiene muy bien definida su política interna con respecto a Palestina”, concluye.

Las referencias a Gaza y la situación de los palestinos allí han sido anecdóticas durante toda la campaña. Aunque tanto desde Azul y Blanco como desde el Partido Laborista se ha sugerido profundizar en las conversaciones con Hamás para alcanzar un desenlace satisfactorio para ambas partes, ninguna formación política contendiente en los comicios se ha arriesgado a exhibir el polémico asunto de los territorios palestinos y los asentamientos judíos.

Una de las pocas referencias que Netanhayu —partidario de levantar asentamientos en Cisjordania— ha hecho sobre el asunto tuvo lugar el pasado jueves durante una entrevista en la cadena de televisión KAN. Allí confesó que su Ejecutivo no descarta una nueva ocupación de Gaza, pero que no supone una prioridad para su Administración: "Todas las opciones están sobre la mesa, incluido entrar en Gaza y ocuparla. Pero actuaremos teniendo en cuenta lo que sea mejor para Israel […] esa es la última opción y no la primera", aseveró el presidente.

El ex presidente brasileño Michel Temer ha sido detenido este jueves por la Policía Federal, en el marco del caso Lava Jato, en el que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos, según ha informado la prensa local y recoge Europa Press.

Al parecer, la orden de detención, dictada por el juez Marcelo Bretas de Río de Janeiro, se basa en una serie de delaciones entre las que destaca la del ex operador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) Lucio Funaro.

El caso Lava Jato es el mismo por el que ha sido condenado el también ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del que Temer se convirtió en enemigo político tras apoyar el impeachment contra su sucesora, Dilma Rousseff.

Alrededor de 147 millones de habitantes de la mayor economía de América Latina han sido llamados este 7 de octubre a elegir presidente, gobernadores, diputados, dos tercios de los senadores y también a sus representantes regionales, informa Europa Press.

Los comicios han estado marcados por el proceso judicial que impidió la postulación como candidato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), en la cárcel desde el pasado abril por corrupción pasiva y blanqueo de fondos. Lula fue designado en un primer momento como la opción presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), pero cedió su candidatura al académico y exministro de Educación Fernando Haddad el pasado 11 de septiembre.

El expresidente tenía entonces alrededor de un 40 por ciento de intención de voto en las encuestas. Haddad no ha conseguido alcanzar esa cifra, a pesar de protagonizar un notable ascenso en los sondeos en las últimas semanas. Cuenta ahora con un 21 por ciento de intención de voto, según la última encuesta del instituto Datafolha. El académico, nacido en una familia de origen libanés, planea seguir al pie de la letra el programa electoral que él mismo contribuyó a escribir junto a Lula, que continúa haciendo campaña desde prisión y ni siquiera podrá votar en los comicios.

"El expresidente Lula sigue siendo el principal líder del PT. Mantiene una influencia central en las elecciones. Se manifiesta cuando establece las directrices políticas y discursivas del partido. También cuando se convierte en el blanco de los opositores del PT. El rechazo a Lula es mayor que el rechazo a Haddad", comenta Jamil Marques, politólogo de la Universidad Federal de Paraná.

El candidato izquierdista quiere acabar con la austeridad promocionada por el Gobierno saliente de Michel Temer, quien llegó al poder tras la destitución por violación a la ley presupuestaria de la expresidenta Dilma Rousseff (PT) en 2016. Planea subir los impuestos a los ricos, bajárselos a los pobres, y un ambicioso plan de infraestructuras financiado por las reservas internacionales del país.

Intención de voto de los líderes a la presidencia de Brasil.

Un outsider, a la cabezaoutsider

Enfrente tiene al gran protagonista de estas elecciones, el ultraderechista Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército del pequeño Partido Social Liberal (PSL), que lidera todas las encuestas, haciendo gala de un discurso alejado de lo políticamente correcto.

Marcó un 32 por ciento de intención de voto en el más reciente sondeo del instituto Datafolha. Parece haber aglutinado el favor de aquellos brasileños hastiados de los políticos tradicionales, especialmente de un PT muy afectado por la corrupción, y que desean "orden" en el país suramericano.

Su campaña se vio interrumpida el pasado 6 de septiembre, cuando un individuo le apuñaló en el abdomen durante un acto electoral. Bolsonaro ha pasado el resto de la campaña en un hospital de Sao Paulo, sin acudir a los debates televisivos ni apareciendo en grandes actos, pero manteniendo una muy notable influencia en las redes sociales.

La atención en la campaña ha estado, de esa forma, centrada en una cárcel, la de Curitiba, donde cumple condena el expresidente Lula, y en el sanatorio donde se ha estado recuperando Bolsonaro. El candidato ultraderechista ha prometido mano dura, incrementando las penas contra homicidas y narcotraficantes. Pretende empoderar a la Policía y permitir que la población se arme para defenderse de los criminales.

Bolsonaro es también un férreo defensor de la familia tradicional. Ha sido muy criticado por sus polémicas declaraciones sobre el feminismo y la homosexualidad, y se posiciona en contra del aborto y de los programas inclusivos de género. Quiere, por otro lado, acabar con las cuotas universitarias que favorecen a pobres, negros e indígenas.

Sus detractores le consideran machista, racista, homófobo y militarista. Denuncian además que es un nostálgico de la dictadura brasileña (1964-1985). El candidato ultraderechista ha delegado su política financiera en el economista Paulo Guedes, considerado un ultraliberal. Su nombramiento como asesor fue celebrado con alzas por los mercados.

Un país dividido

Llama la atención la gran polarización de la campaña electoral. Bolsonaro y Haddad parecen ser los candidatos predilectos de los brasileños, pero también son los más odiados.

El candidato ultraderechista es denostado por el 42 por ciento de la población, según la última encuesta del instituto Ibope. Ha enfrentado grandes manifestaciones callejeras en su contra patrocinadas por grupos feministas y organizaciones pro Derechos Humanos.

Haddad, por su parte, recoge el descontento de buena parte de la población con Lula y el PT debido a los escándalos de corrupción que han afectado a parte del liderazgo del partido en los últimos años. Cuenta con un 37 por ciento de rechazo, según el mismo sondeo de Ibope.

Esta es, de hecho, la primera elección presidencial que medirá el efecto de la corrupción en las urnas. A buen seguro condicionará muchos de los votos de los brasileños en un país sumido en una gran crisis política.

La enorme trama de corrupción desvelada desde 2014 por la Operación Lava Jato salpicó a políticos de todos los partidos, especialmente al PT, al estar entonces en el poder. En este sentido, Bolsonaro no está acusado de acto de corrupción alguno y ha basado en esa premisa parte de su popularidad.

Haddad ha emergido también como un político "limpio" dentro del PT, aunque ha sido denunciado por la Fiscalía de Sao Paulo por haber supuestamente recibido en 2012 alrededor de 570.000 euros de una constructora, con el objetivo de pagar una deuda de su campaña electoral, a cambio de contratos públicos, algo negado por Haddad, que ha denunciado una "persecución".

Los retos del próximo gobierno

Estas elecciones están también marcadas por las turbulencias financieras que vive el país, tras dos años de recesión (2015 y 2016) y dos años de un muy débil crecimiento. El Gobierno electo deberá afrontar una polémica reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad.

Brasil es un país traumatizado, asimismo, por los disparados índices de violencia. El país suramericano batió por tercera vez consecutiva su récord anual de homicidios en 2017. Al menos 63.880 personas fueron asesinadas el año pasado.

"Existe en Brasil una descomposición creciente del Estado de Derecho en el contexto de una democracia de baja intensidad creada tras la destitución de Roussef", comenta Juan Manuel Karg, politólogo experto en sociedades latinoamericanas de la Universidad de Buenos Aires. Quien gane las elecciones tendrá que afrontar esa violencia en las calles.

Parece difícil que Bolsonaro y Haddad no vayan a ser los contendientes en la segunda vuelta del 28 de octubre. El resto de candidatos, que proponían una tercera vía, han quedado muy alejados en las últimas encuestas. Su posición después del resultado de las urnas este domingo será decisiva para el desenlace de una segunda ronda a la que los dos principales aspirantes parecen llegar en empate técnico, según los sondeos más recientes.

El juez federal brasileño Sergio Moro ha sacado este lunes a la luz un nuevo testimonio sobre prácticas corruptas que involucran a miembros del Partido de los Trabajadores (PT), cuyo candidato, Fernando Haddad, acudirá a las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo.

Moro ha sacado a la luz el testimonio del exministro de Finanzas encarcelado Antonio Palocci, que afirmó que el fundador y entonces presidente del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la recaudación de sobornos en 2010 para financiar la campaña de su sucesora Dilma Rousseff.

Los abogados de Lula, que fue encarcelado en abril y a quien se le prohibió presentarse como candidato a las elecciones debido a una condena por corrupción, han señalado que la publicación del testimonio tiene una motivación política para dañar a Lula y a su partido.

Los brasileños participarán este domingo en unas elecciones que podría llevar de nuevo a la Presidencia al PT, a pesar de los casos de corrupción que afectan a sus líderes y aliados. El testimonio de Palocci podría aumentar el sentimiento anti-PT, que ha ayudado a Bolsonaro a ser el favorito de los comicios.

Según las encuestas, desde que se confirmó que Haddad iba a reemplazar a Lula, el apoyo al PT ha aumentado. Incluso algunos sondeos muestran que Haddad podría ganar una posible segunda vuelta el 28 de octubre.

Paloci renunció como jefe de gabinete de Rousseff en 2011 después de solo cinco meses debido a una acusación de corrupción. En el testimonio, publicado este lunes, afirmó que asistió a una reunión en 2010 donde Lula ordenó al entonces director ejecutivo de la petrolera estatal Petroleo Brasileiro SA, José Sérgio Gabrielli, encargar 40 buques de perforación y usar dinero de sobornos de los contratos para financiar la campaña de Rousseff.

Palocci fue detenido hace dos años en una investigación sobre el uso de contratos en Petrobras, como se conoce a la compañía petrolera estatal, por el PT y las partes aliadas para desviar fondos para sus necesidades políticas.

Los documentos judiciales, publicados este lunes también citan supuestas prácticas corruptas de ejecutivos de Petrobras y una institución financiera relacionada con bloques de exploración en África, donde la empresa se asoció con el banco de inversión Banco BTG Pactual SA en una empresa conocida como PetroAfrica.

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice las investigaciones sobre el presidente, Michel Temer, acusado por la Policía de recibir sobornos del gigante de la construcción Odebrecht, implicado en escándalos de corrupción en varios países de la región.

La Policía advertía de un posible trato de favor a Odebrecht entre 2013 y 2015Odebrecht y aludía como prueba a la supuesta entrega de 10 millones de reales (más de 2 millones de euros) al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer en 2014, año en el que el actual jefe de Estado ocupaba la Vicepresidencia de Brasil.

La investigación, que toma como base el testimonio de un antiguo directivo de la constructora, Cláudio Melo Filho, salpica también al ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco, y al jefe de Gabinete de Temer, Eliseu Padilha.

La Fiscalía brasileña ya ha puesto en duda varias veces actuaciones de Temer, pero en este caso Dodge ha solicitado al Supremo que paralice las pesquisas hasta que concluya el mandato, ya que el presidente tiene inmunidad para enfrentarse a supuestos delitos cometidos antes de asumir el poder, según una nota recogida por la Agencia Brasil.

Obreros trabajan en la construcción de la línea 2 del Metro, en la capital panameña. Cinco estaciones serán habilitadas por la empresa Odebrecht para atender a los miles de peregrinos que se espera asistan a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) . | EFE

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido este viernes al Gobierno brasileño que permita al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple condena en prisión, ejercer sus derechos políticos y presentarse libremente a las elecciones.

Lula es el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) y lidera los sondeos antes de los comicios de octubre, pero se prevé ampliamente que una corte electoral le impida postular.

El exmandatario fue encarcelado en abril por una condena por corrupción. La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ha impugnado esta semana el registro de la candidatura del expresidente brasileño como candidato. Según ha informado el Ministerio Público, Dodge afirma que la candidatura "no es elegible" al estar condenado en segunda instancia en el marco de la operación 'Lava Jato' y pide al rector de registro de candidaturas del Tribunal Superior Electoral (TSE), el magistrado Luís Roberto Barroso, que impida la solicitud.

En este sentido, la fiscal general recuerda que la Ley de la Ficha Limpia de Brasil no permite "presentar candidaturas condenadas en una resolución dictada por un órgano judicial colegiado por crímenes de lavado de dinero y corrupción". Dodge ha presentado un certificado emitido por el Tribunal Federal de la Cuarta Región que confirmó la condena a Lula da Silva y aumentó la pena a 12 años y un mes.

La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff visitó este jueves a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, en el Ayuntamiento, donde aseguró que su país vive un "golpe de Estado parlamentario y judicial", según informó Europa Press.

En una declaración institucional posterior a la reunión, Rousseff aseguró que este golpe ha conllevado una recesión de Estado democrático de derecho en Brasil, y lamentó la entrada en prisión del expresidente Lula da Silva: "Los golpistas han aplicado una agenda de retroceso social y económico".

"Agradezco la solidaridad de la alcaldesa y de Pisarello. Para mí es importante la solidaridad internacional porque en Brasil hay un bloqueo de los medios de comunicación", expresó la expresidenta brasileña, que agradeció la solidaridad y divulgación que realiza el consistorio en este aspecto.

Colau aseguró que Barcelona vive con preocupación la "regresión autoritaria" de derechos y libertades en Brasil, y criticó que el impeachment a Rousseff fue un proceso sin garantías y un ataque a la democracia en un país en el que persiste una deriva autoritaria, en sus palabras.

"Ahora es Lula quien está en prisión en un proceso sin garantías y sin pruebas", aseguró la primera edil, que expresó su solidaridad con ambos e insistió en que, para ella, los dos expresidentes son un referente, por lo que les trasladó su solidaridad, apoyo y fuerza.

Aquí una entrevista con la BBC hace dos años, ofrece varias claves sobre su mandato y sus problemas con la justicia.

Sus seguidores sostienen que uno de los casos que se le imputan está forzado, sin pruebas materiales. También se podría esgrimir que el actual presidente, Michel Temer, y más de la mitad de los senadores tienen problemas de corrupción, y que la clase dirigente, la que maneja el dinero,  no quiere que Lula se presente y gane las elecciones de octubre.

Esa derecha que surgió de la dictadura militar (1964-1988) ha perdido las cuatro últimas elecciones de Brasil frente a candidatos del Partido del Trabajo (PT): en 2002 y 2006 fueron derrotados por Lula; en 2010 y 2014, por Dilma Rousseff, a quien descabalgaron en 2016 en un polémico proceso de destitución. El objetivo principal es bloquear la vuelta de Lula a la presidencia. El PT no tiene otro candidato con el tirón del viejo sindicalista.

Hay una frase del escritor checo Ivan Klima que cito con frecuencia. Me la dijo en su casa de Praga. “Un país que vive 40 años bajo una dictadura tiene una pérdida colectiva de honestidad”. La pronunció pensando en su país, pero la escuché pensando en el mío. El tránsito automático de una dictadura a una democracia es imposible. La sociedad que se libera necesita generar o regenerar sus instrumentos de comprensión de la realidad a través de la educación y los controles. Sucede en Irak, sucedió en las primaveras árabes. Sucede en España y muchos países latinoamericanos. Democracia es algo más que votar, es igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, decencia en el Gobierno y control.

Cito con frecuencia también un Salvados de Jordi Évole en Dinamarca. En aquel programa, un profesor español explicó que la clave del éxito danés es que la exigencia colectiva de honestidad es muy alta. Es algo que se trabaja desde la escuela, que exige una voluntad política y tiempo.

Tenemos el caso del no-máster de) Cristina Cifuentes, penúltimo ejemplo de una concepción tóxica y patrimonialista del poder (en esto el PP es peronista y solo por provocar un poco, madurista). En Europa del Este vemos las derivas autoritarias y xenófobas en Hungría y Polonia y, en menor medida, en Chequia y Eslovaquia. No es sencillo transitar del orden y mando al debate, de la obediencia a la denuncia. No es fácil evitar la corrupción cuando los controles son tan deficientes como en España.

Volvamos a Lula y a América Latina. Muerto Hugo Chávez no queda nada de su utopía en Venezuela. Chávez era un soñador, dio visibilidad y educación a los más pobres de su país, los ignorados durante 40 años, pero fue incapaz de transformar su país. Ahora tenemos a Nicolás Maduro, un tipo gris, un mal gestor de una ilusión que se esfumó con Chávez. No hay un continuador. Las condiciones son otras.

Maduro trata de sobrevivir sin talento político, con el precio del petróleo a la baja (Chávez lo tuvo por encima de los 100 dólares el barril) y una deuda impagable. En frente, una oposición variopinta, una platajunta incapaz de seducir a los desengañados del chavismo porque es la misma clase que saqueó el país en los tiempos de bonanza.

Si Cristina Fernández de Kirschner es la esperanza de la izquierda latinoamericana es que allá están tan mal como en Europa. A veces se confunde la verborrea revolucionaria con las políticas efectivas de la izquierda. En eso Lula sí era especial, mejoró la vida de millones. La tragedia de Argentina es que no hay alternativa entre Kirschner y Mauricio Macri, un producto de la derecha ultraliberal. Están entre dos pesadillas.

Lula era, y es aún, un referente. Quizá esté un escalón por debajo de José Mujica, que dejó la presidencia de Uruguay con la misma dignidad con la que entró, y que se sepa sin una ganancia sospechosa en su patrimonio. Estaba Michelle Bachelet en Chile, aunque su segundo mandato quedó empañado con corrupciones familiares. Evo Morales parece a salvo, no ha dado muestras de mangoneos, pero tampoco es muy dado a las proclamas.

Hay dos Rafael Correa; el del primer mandato y el del segundo. Uno acometió políticas de izquierdas, de mejora de las infraestructuras; el segundo, con el petróleo bajo, estuvo más pendiente de sí mismo que del pueblo. Ahora anda peleado con su sucesor designado, Lenin Moreno, que como sucede siempre en estos casos tiene vida e ideas propias.

En un mundo que ha virado a la derecha, sobre todo desde la crisis económica de 2008 y el triunfo inapelable de la globalización, la izquierda socialdemócrata se ha quedado sin discurso y sin votos; la poscomunista aún anda buscando la transversalidad regeneradora que le obliga a dejar los viejos eslóganes.

Mientras, una nueva derecha xenófoba desplaza a la tradicional. Es la que ha triunfado en Hungría y Polonia. La mudanza ideológica contamina a la derecha de toda la vida, como ha sucedido en Italia o en Holanda. La derecha holandesa salvó los muebles asumiendo una parte de las ideas que defiende Geert Wilders. El precio es demasiado alto.

Todo lo anterior era para decir que sin líderes y con una sociedad desmovilizada y apática, sin Lulas ni Mandelas ni Mujicas, nos espera el desastre. Faltan propuestas ilusionantes en las izquierdas que puedan competir con el tsunami conservador. En España tuvimos el 15-M; en EEUU, Occupy Wall Street, que se extendió por todo el país. Hay nuevos motores, el Me Too y el movimiento de los jóvenes estudiantes estadounidenses contra las armas de fuego. Seamos optimistas.

Las elecciones se presentaban como las más inciertas de la democracia, desde 1985. Pero Lula, condenado en segunda instancia el 24 de enero, incluso corre el riesgo de no poder volver a presentarse. Y, en un país sacudido por sucesivas crisis, el juicio en que se ha visto inmerso el candidato favorito en los sondeos ya ha cambiado mucho las cosas.

El pasado viernes 22 de marzo el expresidente lograba una victoria sorpresa. Ese día, el Tribunal Supremo sentenciaba que Lula no podría ser encarcelado antes del 4 de abril, fecha en la que el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre un habeas corpus que le protegería eventualmente de la cárcel. De no haber sido así, Lula habría podido ser arrestado el lunes 26 de marzo. No obstante, Lula todavía no las tiene todas consigo. El Partido de los Trabajadores (PT), después de negarse durante mucho tiempo a plantearse siquiera un plan B, ya parece considerar el arresto de su líder. Y el 35% de los votos que le otorgan los sondeos despiertan la codicia de la oposición.

Para el PT, la celebración de elecciones presidenciales y legislativas sin Lula sería una catástrofe, en opinión de Maurício Santoro, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ): “Sin Lula, de quien depende exclusivamente, el PT no sólo tendrá pocas posibilidades de ganar las elecciones, sino que también perderá escaños en la Asamblea Nacional”. Con la enorme derrota en las elecciones municipales de 2016, el partido ya ha perdido numerosas alcaldías, puntos estratégicos que le van a faltar para las elecciones presidenciales.

En un país tan grande el apoyo de los alcaldes permite garantizarse bases electorales sólidas. Y el resto de nombres barajados no tienen ni la capacidad de movilización de Lula ni su carisma. “Por encima de sus problemas electorales, ya es una derrota de la izquierda. Después de su condena, asistí a una manifestación de apoyo a Lula. Estaban las bases históricas del partido, los sindicatos, pero ya no moviliza al pueblo. Hace unos años, lograba reunir a cantidades ingentes de personas en cada aparición”, subraya Esther Solano, profesora de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).

El debilitamiento del principal partido abre un espacio para nuevas candidaturas en la izquierda. Algunas pequeñas formaciones, que componían el Frente Popular de Brasil (FBP), aliados históricos del PT, ya han anunciado que presentarán a sus propios candidatos. “Todos ellos han militado juntos y se disputan ahora el espacio político apostando por el debilitamiento del PT”, explica Lucio Rennó de la Universidad de Brasília (UnB), que añade: “Estas elecciones pueden suponer una enorme derrota para el PT y para la izquierda en general. Es muy posible que ningún candidato de izquierdas pase a la segunda vuelta”.

La pulverización de la izquierda brasileña está en marcha ya. Y pese al shock del asesinato de Marielle Franco (Psol) que habría podido servir de catalizador, la izquierda puede no conseguir unificarse, explica Esther Solano: “Al contrario que los movimientos sociales, que se movilizan juntos después de este asesinato, los partidos de izquierdas son prisioneros de la lógica electoral”.

Para Lucio Rennó, “algunos son competitivos, como Ciro Gomes (PDT) o Marina Silva (Rede). Otros no tienen ninguna posibilidad, como la candidata del PCdoB, pero luchan por conseguir el voto ideológico de la izquierda”. Mientras que el Psol tiene posibilidades de reforzarse en Río, donde la ejecución de Marielle Franco ha causado una enorme conmoción, el partido tiene problemas para estructurarse en el resto del país. Los mejores situados, como Marina Silva, pese a la salida reciente de importantes cargos que la fragiliza, pueden adoptar el discurso del voto útil si el candidato estaba mal situado en los sondeos.

Si bien Lula consiguió en 2010 la elección de Dilma Rousseff, entonces una persona desconocida para el electorado y de carisma limitado, nada indica que pueda volver a conseguir semejante hazaña hoy. Su popularidad ya no es tan elevada como entonces, cuando dejó el Gobierno con un apoyo del 87%. Diferentes estudios indican que también puede conseguir traspasar a cualquier candidato entre el 30% y el 50% de los votos que, a día de hoy, se le adjudican.

“Pero la estrategia del PT, que se presenta como víctima de persecución política, puede revelarse contraproducente a largo plazo. Mientras Lula sea el candidato, su sucesor no estará presente y cada vez tendrá menos tiempo para darse a conocer”, advierte Lucio Rennó. Para el investigador, esta estrategia funciona de momento porque el expresidente todavía puede contar con el recuerdo de los años de bonanza. Pero una vez empiece la campaña, Lula va a concentrar las críticas del conjunto de sus adversarios en unas elecciones que, todo apunta, serán muy violentas para el PT. Claro que como político astuto que es, Lula ya ha digerido la candidatura de Guilherme Boulos, por el Psol, un partido habitualmente muy crítico con el expresidente: “Ya le ha dado su bendición a Boulos, próximo a él, al asegurar que no le atacará. Es como un pacto de no agresión para protegerse de algunas críticas a la izquierda. Lo mismo ha hecho con Marina Silva”.

Si finalmente Lula no puede presentarse, cabe esperar que aumente el número de votos nulos y en blanco. Pero, en opinión de Lucio Rennó, las cosas deberían evolucionar a medida que se acercan las elecciones: “Habrá un aumento, sin duda, pero como estas elecciones se anuncian muy agresivas, es posible que los indecisos decidan volver a movilizarse en torno a un nuevo candidato”. Parte del electorado tradicional, el que apoya Lula por motivaciones ideológicas, debería dirigirse a otros partidos de izquierdas o seguir las consignas de voto, todavía preso del carisma de Lula.

Le extrema derecha y la derecha, al acecho

Sin embargo, la incertidumbre en torno a su candidatura puede acabar por cansar a otra parte de su electorado tradicional, “el más popular, el más pragmático, que puede inclinarse a un nuevo candidato, que proponga soluciones a los problemas que los afectan directamente. En la periferia, la violencia es un problema importante y muchos pueden apoyar una política extremista de tolerancia cero”, precisa Lucio Rennó. Y el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro, segundo en los sondeos, con su elocuencia y sus soluciones simplistas, puede atraer a exvotantes de Lula. En algunos reductos históricos del PT, este tipo de trasvase de votos ya se percibe.

La ausencia de Lula no es necesariamente positiva para Jair Bolsonaro, precisamente porque su candidatura se nutre en parte del sentimiento de rechazo que registra el expresidente, afirma Maurício Santoro. Es un punto en común con la derecha, para la que Lula es un espantapájaros político. Como en las manifestaciones a favor del impeachment de Dilma Rousseff, el antipetismo es extremadamente importante para estimular una parte de la población visceralmente opuesta al PT. “Pero si Lula logra cristalizar este sentimiento, el antipetismo va a ir más allá de su persona. Desde las primeras elecciones, después de la dictadura, PT y antipetismo van a la mano y esto no va a cambiar de un día a otro”, opina Lucio Rennó, quien considera que Bolsonaro no debería sufrir demasiado en caso de que el expresidente no concurra a las elecciones.

Para una parte de los políticos de derechas, más vale vencer a Lula en las urnas que impedirle ser candidato. Sin ello, su sombra planeará no sólo sobre futuros escrutinios, sino también sobre el mandato del próximo presidente. Declaraciones públicas que convencen sólo en parte al investigador de la UnB: “Es posible que exista preocupación sobre la legitimidad del proceso electoral que sería cuestionado por electores de Lula si no pudiera se presentarse. Sin embargo, estratégicamente nadie quiere a Lula como rival. ¡Es un animal político extremadamente eficaz!”. Para no importa qué candidato, si Lula no está, es una oportunidad más estar en la segunda vuelta.

¿Suerte para todos?

“Al margen de Lula, que se desmarca, hay muchos candidatos muy próximos unos de otros en intención de voto. El resultado va a depender de detalles, pequeñas frases, de los debates...”, analiza Lucio Rennó, que insiste en el lado imprevisible de la campaña. Con un tercio de los votos del electorado a favor de Lula, su ausencia dejaría un vacío significativo y el aumento de los indecisos haría las elecciones aún más abiertas. Una estrella de la televisión habría podido beneficiarse de ese espacio político gracias a sus capacidades personales importantes y a su fama, pero parece que definitivamente ha decidido descartar la posibilidad de presentarse. “De modo que, sin él, de momento falta un candidato fuerte en el centro”, subraya Rennó. Sin embargo, el centro puede contar con la potencia de su red en las municipalidades. Principalmente el PMDB de quien es el principal motor, lo que le ha permitido participar en todos los gobiernos de la nueva etapa democrática.

Para los pequeños candidatos y los outsiders, aunque la incertidumbre abre nuevas posibilidades, la campaña se anuncia muy compleja. sin el apoyo de los ayuntamientos, sin el tiempo de propaganda política y la financiación electoral (proporcionales a la presencia de los partidos en la Asamblea), sus posibilidades son reducidas. Bolsonaro puede sufrir y busca ya a salir de su aislamiento parlamentario. Con relación a los tres diputados con que cuenta el partido, obtenidos hace poco, dos se han distanciado de su candidatura. Pero el diputado de ultraderecha puede contar con su fuerza de impacto en las redes sociales donde suma 5,7 millones de seguidores, una cifra superior a los 3,7 millones de Lula. “Se trata de un factor que atenúa su fragilidad pero eso no sustituye a las máquinas electorales del PSDB, PMDB, ni siquiera a la fragilizada del PT”. _________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Dos hombres entretenidos con una cabra; otros dos, con un hombre y una pareja que se mece en una hamaca. La escena, inmortalizada en un cuadro que forma parte de la exposición Queermuseu, en Porto Alegre, ha desatado la ira de los movimientos conservadores. La exposición, de la que se dice promociona la zoofilia y la homosexualidad entre los niños, ha sido anulada por la presión de estos grupos, tras una movilización masiva en las redes sociales.

Días después, los escasos segundos filmados de una performance en el MAM de São Paulo donde un artista desnudo se deja tocar por los espectadores sin reaccionar despiertan el furor. En el vídeo, una madre deja que su hijo toque la pierna y el brazo del hombre. Llueven las acusaciones de pedofilia y posteriormente llega el intercambio de insultos entre diputados que deshonran a sus respectivas madres, agresiones contra los funcionarios del MAM y una amenaza de tortura, por parte de un diputado, contra el responsable dicha performance.

El debate –promovido y sostenido por las publicaciones realizadas en las redes sociales por parte del MBL (Movimiento Brasil Libre), que tiene 2,5 millones de abonados en Facebook– ha terminado por tener una repercusión nacional. El MBL representa una de las corrientes de una nueva derecha que ha sabido imponerse en todo Brasil. El movimiento, que se ha desarrollado gracias a los nuevos instrumentos de comunicación, nació a finales de 2014, después de las presidenciales, y se ha estructurado mediante la organización de manifestaciones multitudinarias contra Dilma Roussef.

“Hasta 2013, los movimientos progresistas dominaban la calle e internet, pero durante las grandes manifestaciones de junio, fueron brutalmente reprimidas”, explica Fábio Malini, coordinador del Labic, el laboratorio de estudio de la imagen y de la cibercultura. “Entonces Dilma Rousseff perdió una parte de su red digital de movilización. Una vez reelegida, sus políticas contribuyeron a alejar a los que quedaban”.

La derecha ha ocupado este espacio. Al final de la campaña, los robots proDilma utilizados para promocionar sus publicaciones en las redes sociales poco a poco fueron desactivadas, mientras que las de la derecha siguieron funcionando a pleno rendimiento. Tan sólo un día después de su elección, el impeachment hizo acto de presencia en las redes de derechas, que se radicalizaron ado a medida que la campaña a favor de la destitución de la presidenta iba a más.

Gracias a la operación Lava-Jato, muy seguida por los medios de comunicación tradicionales, el MBL consigue una caja de resonancia sin precedentes. “Una juventud ultraliberal, muy eficaz en las redes sociales, se organizó con partidos en la oposición y militantes antiderechos humanos, antes marginales. En tres años, han crecido vertiginosamente”, dice Fábio Malini.

La campaña de las presidenciales de 2014, especialmente violenta, dio lugar a una polarización inédita en Brasil, que hizo caer la política a su nivel más bajo. “Asistimos a la caída de los partidos tradicionales y a la emergencia de los movimientos más radicales a la derecha. Figuras totalmente folclóricas, más extremistas, aparecieron en el panorama”, explica el investigador.

Después de 20 años de vida política, el diputado de la ultraderecha Jair Bolsonaro veía cómo su influencia crecía de manera exponencial. Actualmente se encuentra en segunda posición en los sondeos de cara a las la elecciones presidenciales de 2018. “Después del impeachment, esta radicalización ha empeorado y ninguna fuerza especial o política ha estado en condiciones de devolver el curso político al centro”, dice Adriano Codato, profesor en la UFPR (Universidad Federal de Paraná).

El exministro de Educación Renato Janine distingue esta nueva derecha, que califica de “comportamentalista”, de la derecha democrática: “La derecha democrática, es el PSDB [Partido de la SocialDemocracia Brasileña], que se estructura en torno a la promoción de la economía de mercado. Mientras que la derecha comportamentalista no se contenta con ser conservadora económicamente, está contra la igualdad de género, pretende dictar las buenas conductas sexuales y cultiva los prejuicios contra las minorías en general...”.

Para el exministro, la derecha “comportamentalista” se reforzó notablemente cuando Eduardo Cunha, diputado evangélico muy conservador, fue elegido presidente de la Asamblea. En una foto de 2015, algunos miembros del PSDB, del MBL y Jair Bolsonaro le rodean con orgullo. “Eduardo Cunha financió la campaña de muchos diputados, organizando un bajo clero que cada vez se hacía más poderoso. Y el PSDB, en su ceguera por hacer caer a Dilma, acabó por subordinarse a él. Con esta alianza, esta derecha comportamentalista adquiría una importancia enorme en comparación con su implantación en la sociedad”, recuerda Renato Janine. Frente a esos diputados del bajo clero, el exministro recuerda a cuatro de ellos tratando de grabarlo a escondidas en una entrevista: “Hay que sentirse muy seguro para hacerle eso a un ministro”.

El movimiento se ha hecho tan importante que incluso la caída de Cunha, detenido por corrupción, no pudo frenar su crecimiento. Al contrario. Se va reforzando a medida que el actual Gobierno de Michel Temer se debilita. A cambio de algunas concesiones, el presidente interino puede contar con el apoyo de esta nueva derecha para enterrar las diferentes acusaciones de las que es objeto.

Para el profesor Adriano Codato, “el PSDB esperaba utilizar estas redes para llegar al poder, pero este movimiento lo engulló. Los apoyó tanto que la población acabó por confundirlo todo y eso desencadenó divisiones en el seno del propio partido”. De modo que el partido se escinde entre los más antiguos de la “derecha democrática”, conocidos como los “cabezas blancas” y los más jóvenes, los “cabezas marrones”, a los que el MBL quiere atraer.

“Con los escándalos de corrupción, la derecha tradicional ha perdido mucho terreno. Incluso en las redes sociales, su actividad ha decaído mucho”, en opinión de Fábio Malini. Y este espacio lo han acaparado las nuevas derechas, que han repetido el discurso anticorrupción a sus acólitos. Pero desde la caída de Dilma Roussef, el MBL, que apoya las reformas liberales del Gobierno Temer, ya no llama a manifestarse a la calle en contra de la corrupción. Después de la votación de los diputados que evitaron la imputación del presidente interino, el virulento MBL se ha conformado con posponer el acto sin hacer ningún comentario particular.

Cruzadas morales

Para seguir movilizando, el MBL ha cambiado de estrategia. Se ha centrado en las costumbres, “tratando con ello de alejarse, al menos en apariencia, del muy impopular Gobierno Temer”, dice Fábio Malini. Con el 3% de popularidad, Michel Temer es hoy el presidente más impopular del mundo.

“En Brasil, la economía no moviliza”, añade Adriano Codato y el MBL lo ha entendido perfectamente: “Los grandes asuntos, para los ricos; la gran moral, para los pobres”, resume el profesor universitario. Para Fábio Malini, esta nueva derecha trabaja esencialmente en torno a cuestiones morales para arrancar emociones y atraer la atención de los brasileños. “La mayoría de los electores vota siguiendo sus emociones. Es verdad en la mayor parte de los países, pero todavía más en Brasil, donde el elector dispone de poco tiempo para votar por senadores, un presidente, un gobernador, diputados...”. Según el investigador del Labic, las campañas basadas en las emociones funcionan mucho mejor en Internet, donde no hay filtros para comprobar la información. “La gente comparte un contenido de forma masiva y se sientenemocionalmente implicada. Y para esto, esta nueva derecha intenta generar una nueva polémica sobre un tema moral todas las semanas”.

Las fake news funcionan así mucho mejor en un país donde la polarización política es más fuerte y donde la emoción está más movilizada. El presidente de un gran grupo de textil, acusado de trabajos forzados, publicó en un gran periódico un artículo titulado “el comunista está desnudo”, en alusión a la exposición del MAM, donde denuncia un plan de los comunistas para dominar el país. Incluso a la muy conservadora cadena de televisión Globo se la califica hoy de “comunista”.

Esta nueva derecha consigue desarrollar un discurso más homogéneo y fidelizar mejor su público, que sigue mucho más sus publicaciones, precisa Fábio Malini. “Los lobbies en el Parlamento, denominados BBB (bola/buey/Biblia), muchos de cuyos miembros forman parte del bajo clero, y los movimientos como el MBL coinciden en muchos asuntos, aunque no son necesariamente aliados. Tienen un enemigo en común: los derechos humanos, que impedirían luchas contra los criminales y adoctrinaría a los niños”. Para Esther Solano, socióloga de la Universidad Federal de São Paulo (UFSP), “esta derecha ha sabido imponer su discurso y comunica hoy mucho mejor hacia las capas populares”.

De modo que, las milicias digitales, como el MBL, contribuirían a banalizar y divulgar un discurso moral radical. Reiterando que el país está en decadencia, sobre todo criticando los artistas, la educación y atacando al establishment, “el MBL aunque no sea su objetivo prepara el terreno para Jair Bolsonaro”, dice Esther Solano, que insiste en la importancia de imponer sus elementos de lenguaje en política. Ahora bien el diputado de ultraderecha sabe mejor que nadie conectar con el público en los asuntos morales. “Su capacidad para formular respuestas simples a problemas complejos, con frases impactantes le permite ser muy eficaz”, dice Adriano Codato. En especial, Bolsonaro capitaliza en torno a su personalidad de “hombre providencial”, cuando el MBL es un movimiento colectivo.

El éxito de Jair Bolsonaro, crítico violento de la clase política y exmilitar nostálgico de las técnicas de tortura de la dictadura, se explica también por un “pasado que no pasa”. Brasil nunca ha conseguido digerir realmente ese periodo sombrío de su historia. Así lo demuestra el número de kilómetros de calles que llevan los nombres de militares de la dictadura (896 km), frente a las calles con nombres de sus víctimas (164 km). En plena Cámara de Diputados, Jair Bolsonaro dedicó su voto a favor del impeachment de Dilma Rousseff al coronel Ustra, uno de los verdugos de esta último durante la dictadura.

A mediados de septiembre, el discurso del general Mourao, que aludía en público a la posibilidad de una intervención militar, ha causado sensación en todo el país. Si bien se descarta que el Ejército en Brasil vaya a dar un golpe de forma inminente, la ausencia de sanciones contra este general preocupa a Esther Solano: “Nadie habla de castigo, ni el superior del general, ni el ministro de Defensa. Los militares pueden hablar abiertamente de golpe de Estado sin que nadie haga nada... Es terrible porque este discurso gana terreno. Brasil ya es un país autoritario y violento y este tipo de discurso prende bien en la población”.

La popularidad de una eventual intervención militar se ha unido al crecimiento de los movimientos antiPT (partido de Dilma Roussef), según Fábio Malini. “Desde el día después de las elecciones, algunos pidieron una intervención militar. En un primer momento despreciados, los partidarios de un régimen militar cada vez se hicieron más visibles en las movilizaciones posteriores”. De forma habitual se veía una inmensa figura hinchable de 12 metros que representa al general Mourão en uniforme militar. Y la crisis política y económica contribuye a hacer más popular ese discurso, presente en las columnas de ciertos grandes diarios. “Cuando todas las instituciones están debilitadas, los militares y las Iglesias parecen las últimas murallas sólidas para una parte de la población”, espeta el exministro Renato Janine.

En realidad, se trata más bien de un rechazo de las políticas que de un rechazo de la democracia. El grupo en favor de la intervención es minoritario, dice Fábio Malini, pero su discurso ha pasado a ser admisible, sobre todo a causa de la corrupción política y, todavía más, por la violencia urbana: “El militar aparece como un individuo puro, que no se deja corromper. Para ellos, si el Ejército está en la calle, el bandido no aparece. Y si apareciese, su suerte es la que recoge una cancioncilla muy conocida en Brasil, que Bolsonaro hace suya en muchos discursos, según la cual, el bandido bueno es el bandido muerto”. _____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, ha imputado este martes a los expresidentes Luis Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff junto a otros seis miembros del Partido de los Trabajadores (PT) por "organización criminal".

Janot ha indicado que los ocho miembros del PT, entre ellos Lula da Silva y Rousseff, cometieron crímenes de corrupción, blanqueo de dinero y formación de un cártel en relación con la petrolera estatal Petrobras.

Las imputaciones se derivan de las investigaciones abiertas por el Tribunal Supremo Federal por la Operación Lava Jato, y se trata además de la primera vez que se presentan cargos criminales contra Rousseff, apartada del poder en 2016.

Janot ha sostenido que los ocho miembros del PT recibieron 1.485 millones de reales (cerca de 400 millones de euros) en pagos ilegales, apuntando a Lula da Silva como "ideólogo" de la organización, según ha informado el diario local O Globo.

En su documento, ha indicado que el expresidente recibió supuestamente 230,8 millones de reales (unos 62,1 millones de euros) entre 2004 y 2012 de parte de las empresas Odebrecht, OAS y Schahin con recursos desviados de contratos firmados con Petrobras.

Asimismo, ha subrayado que esta organización habría actuado entre 2002, cuando Lula da Silva se impuso en las presidenciales, hasta mayo de 2016, cuando Rousseff abandonó la Presidencia a causa de un juicio político.

En el caso de la exmandataria, Janot ha dicho que habría entrado a formar parte de la supuesta organización criminal en 2003, cuando accedió al puesto de ministra de Minas y Energía.

"Desde allí contribuyó decisivamente para que los intereses negociados en forma de pagos pudieran ser cumplidos, especialmente en el ámbito de Petrobras, de la que fue presidenta del consejo de administración entre 2003 y 2010", ha señalado.

Los otros seis imputados son la senadora Gleisi Hoffman, presidenta del PT; los exministros Antonio Palocci, Guido Mantega y Paulo Bernardo; el prefecto de Araraquara, Edinho Silva; y el extesorero del PT Joao Vaccari Neto.

Janot ha reclamado que todos ellos paguen 6.800 millones de reales (alrededor de 1.831 millones de euros), cifra que incluye la devolución del dinero presuntamente desviada y las reparaciones por daños morales y materiales.

La operación Lava Jato se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en el gigante sudamericano. Ha salpicado a decenas de políticos y empresarios y ha dado lugar a la apertura de causas derivadas, como la de Odebrecht, que ya ha cobrado entidad propia.

El Tribunal Electoral (TSE) de Brasil absolvió este viernes al presidente brasileño Michel Temer y a la expresidenta Dilma Rousseff de los cargos de abuso de poder y financiación ilegal en relación con la campaña de las elecciones de 2014, en las que se impuso la fórmula presidencial conformada por ambos, informa Europa Press.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, Rousseff y Temer fueron absueltos en el marco de un caso que podría haber supuesto la destitución de Temer al frente de la Presidencia, cargo al que accedió hace menos de un año tras el impeachment(juicio político) de la expresidenta.

"Todos queremos corrección, pero si adoptamos la premisa del relator tendremos que anular todo lo que se ha hecho en Brasil", aseveró el presidente del TSE, Gilmar Mendes, que desempató la votación al mostrarse en contra de apartar a Temer.

"Brasil tiene una historia de inestabilidad. En esta fase actual democrática sólo dos presidentes han concluido su mandado. No juguemos con eso", aseveró Mendes, que respaldó el impeachment a Rousseff por maquillar los presupuestos generales de 2014 para ocultar el aumento del gasto público en plena campaña electoral.

El miércoles, el TSE decidió tumbar las cuatro defensas preliminares presentadas durante la primera sesión del juicio para analizar la presunta financiación ilegal de la campaña de las elecciones de 2014.

La decisión del TSE supone que Rousseff podrá presentarse en el futuro como candidata a ocupar cargos públicos. En caso de que Temer hubiera sido apartado, el Congreso se hubiera visto inmerso en la labor de elegir a un sucesor en el plazo de 30 días.

Por otra parte, el procurador general, Rodrigo Janot, acusó a Temer de tres delitos –corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal– por su presunta implicación en la trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos de la petrolera estatal, Petrobras, y otros favores políticos.

Un flash informativo interrumpía la programación de la cadena Globo el miércoles 17 de mayo, en un momento en que buena parte del país veía tranquilamente la novela. Mientras la presentadora narraba lo sucedido, se escuchaban gritos aislados en algunos barrios de Río de Janeiro: “Fora Temer” (“Fuera Temer”). En 1 minuto y 40 segundos, la periodista informó de algo que ha causado una enorme conmoción en el país: la existencia de una grabación en la que un empresario le explica al presidente en funciones, Michel Temer, que soborna a Eduardo Cunha, figura central del proceso de destitución de Dilma Rousseff y condenado en marzo a 15 años de cárcel por corrupción, para evitar que colabore con las investigadores. El presidente en funciones suelta entonces: “Eso tienes que mantenerlo, ¿vale?”.

Joesley Batista, uno de los dirigentes de JBS, la principal empresa agroalimentaria brasileña, realizó varias grabaciones durante el mes de marzo de 2017. Supuestamente alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en el marco de la operación Lava Jato. También un diputado próximo a Temer fue filmado recibiendo de JBS un maletín con medio millón de reales (150.000 euros).

Aunque en un primer momento, Michel Temer dijo ser “víctima de un complot”. Más tarde, muy irritado, declaraba en directo en la televisión en la noche del jueves: “No dimitiré. Repito: no dimitiré”.

Pero el cerco se estrecha entorno a su figura. Marina Silva (Rede), candidata a la Presidencia en 2010 y 2014, ha publicado un vídeo en su página de Facebook donde afirma: “El país está en shock. El presidente ya no está en condiciones de gobernar”. Michel Temer, debilitado por varios casos desde que llegó al Gobierno, en esta ocasión está directamente imputado por hechos que han sucedido durante su mandato. Jurídicamente, pueden emprenderse acciones legales en su contra. Políticamente, los daños son notables.

Ricardo Ismael, investigador en Ciencias Políticas de la Universidad PUC de Río, asegura que Michel Temer “quiere ganar tiempo” pero que “al final, deberá dimitir. Las bases le van a abandonar”. Al margen de sus lugartenientes más cercanos, la mayoría de los diputados se muestran discretos. Las negociaciones sobre la votación de las reformas laboral y de las pensiones, que han encendido los ánimos, parecen paralizadas hasta nueva orden. “La popularidad de Temer está en niveles muy bajos y sus reformas son extremadamente impopulares, los diputados saben que hay elecciones a la vuelta de la esquina y apoyar a Temer ahora es un suicidio político”, dice Ricardo Ismael. El PTN ha sido el primer partido que ha roto oficialmente con el Gobierno y no será el último. El ministro de Ciudades y de Cultura ya han presentado su dimisión.

Temer, que no cuenta con apoyo popular, se apoyaba completamente en el Congreso pero también en los grandes grupos económicos, presentando reformas muy liberales. Pero el jueves por la mañana, el mercado se encontraba en caída libre, la Bolsa de São Paulo perdía un 10,7% y tuvo que cerrar para evitar pérdidas más acusadas. “Si se queda, va a sumir a Brasil en una crisis económica sin precedentes y esto puede llevar a fuertes convulsiones sociales”, vaticina Ricardo Ismael.

Obligado a marcharse

“No he comprado el silencio de nadie. Porque no temo ninguna delación, no necesito régimen especial”, precisó el presidente en funciones durante su intervención televisiva. Sólo que, en su caso, renunciar, también supone perder su inmunidad presidencial, que permite que sólo le juzgue el Tribunal Federal Supremo en casos muy concretos.

Pero incluso con este régimen especial, el futuro del presidente interino se ve amenazado. Momentos antes del comienzo de la intervención televisada presidencial, Edson Fachin, miembro del STF, aceptó la apertura de una investigación sobre el presidente en funciones por “obstrucción a la justicia”. Acaba de abrirse la fase de instrucción pero si Michel Temer fuese oficialmente acusado, debería dejar el ejercicio de sus funciones.

Antes de que diese comienzo esta nueva crisis política, la suerte del presidente ya dependía del Tribunal Superior Electoral, el mismo que debe decidir si Dilma Rousseff y Michel Temer, entonces su vicepresidente, abusaron de sus poderes durante la campaña de las presidenciales de 2014. Hasta el pasado 17 de mayo, ésa constituía la principal amenaza de su mandato. Si fuese condenado por el TSE, se vería privado de sus funciones y no podría ser elegido. Pero sus abogados tenían esperanzas de poder evitar la sentencia.

Pero, las escuchas registradas por el dirigente de JBS podrían influir en el proceso, considera Diogo Raiz, especialista en Derecho electoral: “Técnicamente, no tiene nada que ver. Son dos cosas bien distintas y no puede incluirse en el procedimiento, pero los jueces también son sensibles a la coyuntura”. El juicio está previsto que dé comienzo el 6 de junio. “Esa puede ser una salida honorable para Temer, que podrá decir que su mandato ha concluido por Dilma Rousseff con quien se enfrentó en las elecciones. Quizás intente resistir hasta ese momento”, dice Ricardo Ismael.

El presidente también puede sufrir la misma suerte que la que fuese su aliada, después de que se presentasen dos peticiones de impeachment el jueves. Pero Ricardo Ismael se muestra escéptico: “Un juicio así, extremadamente largo, menos de un año después de la destitución de Dilma Rousseff sería aún más traumatizante para el país”. Y, sobre todo, porque el presidente de la asamblea, Rodrigo Maia, el único que puede autorizar el proceso de destitución, es una persona cercana a Michel Temer y no está interesado en que comience el juicio.

Elecciones directas contra elecciones indirectas

Antes incluso de la eventual caída de Temer, su sucesión plantea ya un problema. El país está en efervescencia, escaldado por una crisis política que no acaba. Desde de la salida de Rousseff, no se ha nombrado ningún vicepresidente para reemplazar a Michel Temer, que ocupaba el puesto. El presidente de la Asamblea, posible suceder, ha sido citado varias veces en el caso Lava Jato, lo mismo que el presidente del Senado, segundo en la lista de sucesión. Por lo que, el STF podría apartar de la lista de sucesión a los dos, como sucedió con el expresidente del Senado, apartado en diciembre de 2016. En ese caso, Carmen Lúcia, presidenta del STF, debería asumir el poder para organizar elecciones indirectas en un plazo de 30 días. Y el Congreso, en manos los conservadores y de los aliados de Temer, votará por un presidente electo en 2018.

Frente a esta situación inédita, los dirigentes del Partido de los Trabajadores reclaman elecciones directas. “El partido quiere elecciones directas porque Lula es el mejor situado en los sondeos en estos momentos, y con su juicio en curso, nada garantiza que se vaya a seguir siendo así”, dice Ricardo Ismael. Por si fuese poco, el dirigente de la JBS también ha denunciado al que fuera “ministro de la casa civil”, equivalente al primer ministro y hombre de confianza de Lula.

Consciente de la importancia de los desafíos en torno al tipo de elecciones, Fernando Henrique Cardoso, expresidente, ferviente partidario de las elecciones indirectas, ha multiplicado los anuncios para hacer que Temer dimita. Su partido, el PSDB, tampoco ha salido bien parado de las revelaciones de este miércoles. Aécio Neves, candidato frustrado de las presidenciales de 2014 y líder del PSDB, también aparece en las grabaciones: reclama 2 millones de reales (550.000 euros) a los dirigentes de la empresa JBS. Millones que enseguida recibió su primo, que los depositó en una empresa perteneciente al hijo del diputado Zezé Perrella. Éste ya tuvo problemas con la Justicia en 2013, cuando la Policía Federal descubrió un helicóptero de su propiedad con 445 kilos de cocaína. Hasta hoy .

Aécio Neves, apartado de sus funciones de senador y excluido de la presidencia del partido, no tiene cuentas pendientes con la Justicia, de momento. “Pero es un enorme golpe político contra el PSDB que se queda si su líder. Aunque el partido intenta apartarlo, el daño es enorme”, explica Ricardo Ismael, “si se celebrasen elecciones directas ahora, el PSDB tendría muy pocas posibilidades de ganar”. Si Michel Temer decide resistir pero es destituido por el TSE, entonces se convocarán elecciones directas.

Lejos de los cálculos políticos, una parte de la población está indignada al ver a unos parlamentarios a quienes consideran corruptos y responsables del “golpe de Estado parlamentario” contra Dilma Rousseffe. Un tercio de los miembros del Congreso se ha visto salpicado por la operación Lava Jato. Y, en las concentraciones espontáneas de este miércoles los manifestantes exigían “direitas já” (¡elecciones directas ya!). “Técnicamente, es posible mediante una reforma de la Constitución, pero para ello es necesario el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios. La izquierda, por sí misma, está lejos de poder imponer dicha reforma constitucional”, dice Ricardo Ismael. Las elecciones directas dependen de la presión de la calle al Congreso. El jueves por la noche, la consigna había llegado a todo el país y se sucedían las manifestaciones que reclamaban la salida de Michel Temer y la celebración de elecciones directas con las que tratar de modificar un sistema político que está en las últimas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

“Que Dios se apiade de nuestra nación. Voto sí”. En menos de 10 segundos, Eduardo Cunha, todopoderoso diputado evangelista, justificó su voto favorable al impeachment de Dilma Rousseff, que había contribuido en buena medida a hacer posible. Ese 17 de abril de 2016, dicha frase banal recibe un torrente de aplausos en el hemiciclo caldeado que es la Cámara de Diputados. Un año después, el 30 de marzo, el expresidente de la Cámara baja resultaba condenado a 15 años de cárcel en el marco de la operación Lava Jato (lavado exprés). Su delito, haber cobrado, en 2011, una comisión de 1,5 millones de reales (medio millón de euros) en la operación de compra de un pozo de petrolífero en Benín, del que la empresa Petrobras nunca extrajo una sola gota de oro negro.

El diputado –considerado como uno de los más influyentes de la historia reciente, gracias al apoyo de 200 colegas, muchos procedentes del bajo clero, esos diputados menores olvidados por la Asamblea a los que les concede puestos de responsabilidad–, ha caído en las redes de sus propios negocios. Acusado de mentir en su comparecencia ante una comisión parlamentaria cuando afirmó no poseer ninguna cuenta en Suiza, pierde su mandato en septiembre. Detenido en octubre de 2016 y condenado 6 meses después, es posible que recurra la sentencia pero todavía deberá hacer frente a otros siete procesos judiciales.

Como él, muchos de los que se sirvieron del impeachment a Rousseff como trampolín político se han visto salpicados por la amplitud de la operación Lava Jato, macrocausa de múltiples ramificaciones que afecta a personalidades de los ámbitos político y económico. La gigantesca caza a los corruptos, en un primer momento limitada al Partido de los Trabajadores y utilizada políticamente por sus adversarios políticos, poco a poco va alcanzando a todas las formaciones políticas. Desde el comienzo de la operación, en 2014, se han dictado 125 sentencias condenatorias. Afectan a personalidades de primer orden como Marcelo Odebrecht, dirigente de la empresa de construcción Odebrecht, o a Sergio Cabral (PMDB, centro), exgobernador de Río de Janeiro. En el PSDB (derecha), los tres candidatos aspirantes a representar al partido en las presidenciales están investigados.

Poco después de su formación, el Gobierno de Temer tuvo que hacer frente a las dimisiones en cascada de cinco ministros implicados en la operación. No obstante, desde que comenzó a gestarse en secreto el impeachment, sus promotores tenían en mente cerrar el caso Lava Jato una vez hubiese caído Dilma Rousseff. En mayo de 2016, la divulgación de una conversación entre los senadores Romero Júca y Sergio Machado, ambos imputados en la operación, no deja lugar a dudas: “Hay que cambiar de Gobierno para detener la hemorragia”.

La muerte, en enero, en un accidente aéreo, de Teori Zavascki, miembro del Tribunal Federal Supremo (STF) encargado de autorizar las investigaciones en el marco del caso Lava Jato, abría una brecha de la que se benefició Michel Temer al nombrar a Alexandre Moraes para el cargo. Este hombre, controvertido y cercano al presidente en funciones, tiene capacidad para controlar la investigación. Contar con aliados en el STF, el único con capacidad para juzgar a ministros, gobernadores, alcaldes y parlamentarios en ejercicio, resulta fundamental para el jefe de Estado en el contexto de la operación anticorrupción. Sin embargo, para el investigador José Alvaro Moises, de la Universidad de São Paulo, la “estrategia anunciada por Romero Júca no va en consonancia con la realidad del terreno. El Ejecutivo no tiene poder para cerrar unilateralmente la operación. El Ministerio Público y la Policía Federal hacen valer su independencia”. La divulgación de la grabación además llevó a la dimisión de Romero Júca, entonces ministro de Gobernación con Temer. El todavía senador también ha sido objeto de varias investigaciones en el marco de la operación Lava Jato.

De momento, el presidente en funciones, protegido por su inmunidad, no es objeto de investigación alguna, pero la operación le pone en una tesitura delicada. El pasado 11 de abril, Edson Fachin, ponente del caso en el STF, divulgaba una lista de políticos que están siendo investigados a raíz de las denuncias presentadas por responsables de la empresa Odebrecht. En total hay 83 nombres, entre ellos los de nueve ministros del Gobierno de Michel Temer, es decir, un tercio de su equipo ministerial. La lista también incluye 29 senadores, 42 diputados y 3 gobernadores.

Esta lista supone un nuevo duro revés para Temer, que el 13 de febrero se comprometió, en señal de buena voluntad, a destituir a los ministros implicados en el caso Lava Jato. Su ministro de la Casa Civil, equivalente al primer ministro, Eliseu Padilha, maquinador sin parangón y pieza clave en el Gobierno, ya había sido imputado en una “denuncia recompensada” (delação premiada). Esta nueva acusación lo único que hace es debilitar un poco más la capacidad de negociación del Gobierno, que trata de aprobar proyectos controvertidos en el Congreso, sobre todo una reforma de las pensiones que disgusta a muchos diputados.

No obstante, a corto plazo, estas nuevas revelaciones no deberían acarrear nuevas dimisiones. Temer se ciña a sus propias normas: un ministro debe presentar su dimisión cuando es acusado formalmente. De momento, sus ministros “sólo” son objeto de investigaciones por lo que deberían permanecer en el cargo. Pero esta lista, ha sacudido nuevamente a Brasil y socavado un poco más las bases de un Gobierno, que sufre ya un déficit de legitimidad.

Apoyo de la población

La magnitud de la operación supone una importante inestabilidad política y las alianzas se han y deshacen a medida que van cayendo diferentes personalidades. El mismo día del arresto de Cunha, la Justicia encausaba a todo un partido; reclama 2.300 millones de reales (600 millones de euros) al Partido Popular en concepto de devolución de sobornos y por daños e intereses. Toda una novedad en la lucha contra la corrupción. La mayoría de este partido había votado a favor del impeachment de Rousseff.

La sombra de Eduardo Cunha también planea sobre el Gobierno en funciones. Tras ser arrestado en octubre, declaraba a la prensa sentirse traicionado por Temer para después tratar de implicarlo en el juicio. Pese a ser condenado, algunos rumores atribuyen a Eduardo Cunha una influencia todavía mayor sobre algunos diputados. El presidente del Senado, Renan Calheiros, objeto él también de una investigación judicial, se ha quejado públicamente de la influencia de su enemigo político en la Cámara de los Diputados; ha asegurado que Temer “no podía ceder a su chantaje”.

Para José Alvaro Moises, el poder de Cunha es exagerado. “Ha sido destituido por los diputados, ya no es todopoderoso. De momento, lo único que hace es amenazar pero no puede hacer nada concreto”. Pero algunos diputados, que han prosperado gracias a los métodos poco recomendables de Eduardo Cunha, pueden seguir siéndole fiel. Tras conocerse su condena, muchos de sus aliados multiplicaron las declaraciones de apoyo y algunos llegaron incluso a hablar de “injusticia”.

En el momento de su arresto, había descartado la idea de una delação premiada, afirmando que “sólo los criminales habían recurrido a ella”. Pero si Temer lo suelta por completo, Eduardo Cunha podría revisar su sentencia y poner en problemas al presidente en funciones, advierte el diputado Julio Delgado (PSB): “Estamos ante el primero de ocho juicios, por lo que sería prudente por su parte pensar en hacer una delação premiada. Sabemos todos que sabe mucho al respecto y que se ha guardo muchas cosas esperando conseguir su absolución o una condena menor”. Aunque, durante su proceso, las preguntas de Cunha sobre Temer no fueron admitidas jurídicamente, sí han servido de aviso para el mundo político: una delação premiada de Cunha sería explosiva.

Sin embargo, la importante condena de Eduardo Cunha puede hacer que los diputados se comprometan con mayor firmeza contra el caso Lava Jato. Para el diputado Alessandro Molon (Rede), no queda lugar a dudas: “Naturalmente, aquéllos que han cometido delitos, van a sentirse más preocupados y ciertamente supondrá una importante reacción contra cualquier medida que pueda llevar a nuevos arrestos de políticos”.

Ahora bien, diputados y senadores pueden ponerse ya manos a la obra con el fin de dotarse de nuevas herramientas jurídicas con el fin de limitar la magnitud de la operación. La “ley contra el abuso de poder” pretende limitar el poder judicial proponiendo sanciones penales que van hasta los dos años de cárcel para aquellos jueces que tengan actitudes consideradas “abusivas”. El proyecto data de 2009, pero las 83 demandas de investigación presentadas en el STF en marzo han hecho que la ley vuelva a debatirse en el Senado. Ante la fuerte movilización de la población y de la judicatura, los senadores están revisándola pero no parecen dispuestos a abandonarla.

Esta presión popular y mediática es una de las fortalezas del caso Lava Jato desde un primer momento. Las manifestaciones del 26 de marzo organizadas por movimientos proimpeachment para defender la operación han sido un fracaso clamoroso. Alejadas y sin objetivo preciso, sólo han conseguido reunir a varios miles de personas en todo el país. En Brasilia, los organizadores contaban con movilizar a 100.000 personas. Finalmente, apenas fueron 600 los manifestantes presentes, casi los mismos que fuerzas del orden.

Pero el apoyo popular es muy importante en los sondeos de opinión, advierte el investigador de la Universidad de São Paulo. “Sergio Moro, juez principal del caso Lava Jato, se ha inspirado en la operación italiana Manos Limpias que permitió el arresto de numerosos corruptos pero que acabó en fiasco por que los jueces no contaban con un apoyo popular activo. Él y sus colegas han jugado la carta de la transparencia para tratar de interesar al máximo a la población”. Si bien hay quien reprocha al juez Moro cierta tendencia al sensacionalismo, esta estrategia ejerce una fuerte presión entre la clase política.

En noviembre de 2016, los diputados trataron de aprobar una amnistía por las caixas 2 (cajas negras). Habida cuenta de la reacción de la sociedad civil, los diputados tuvieron que dar marcha atras y la ley se paralizó momentáneamente. “Hay numerosas tentativas para coartar el buen desarrollo de la operación. Pueden salir adelante, pero de momento no ha funcionado nada”, advierte José Alvaro Moises. Pese al sentimiento de cansancio derivado de la proliferación de casos, “los brasileños se movilizan más y se muestran más críticos que antes”, prosigue el investigador.

Para José Alvaro Moises, el presidente en funciones, sin embargo, tiene mucho más que temer del juicio del Tribunal Superior Electoral (TSE) que del caso Lava Jato. La lista Dilma Rousseff-Muchel Teemer de 2014 está acusada por el PSDB de abuso de poder durante la campaña presidencial. Según los primeros elementos de la investigación, elementos tangibles amenazan a Rousseff y a Temer. La sentencia debería conocerse en mayo y, aunque los abogados del presidente en funciones tratan de disociar su caso del de Dilma Rousseff, puede conllevar la anulación del mandato de Temer. __________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

“La batalla continúa”, espeta el fiscal Thiago Cavalcanti, optimista. La víspera por la tarde, el pasado 14 de marzo de 2017, tras un complicado proceso, el Gobierno se veía nuevamente obligado a publicar la “lista negra” de los trabajos forzosos, creada en 2002 por el Ejecutivo federal y en la que figuran las empresas que emplean a personas en condiciones de esclavitud. Desde entonces, la ONU considera esta lista uno de los principales instrumentos de lucha contra el trabajo forzoso en Brasil. En este inmenso país, más de 52.000 personas han sido liberadas de la esclavitud desde 1995, pero según la ONG Walk Free Fondation todavía puede haber más de 160.000 trabajadores empleados en estas condiciones. Sin embargo, la lista, donde aparecen 349 empresas, no es del agrado del presidente en funciones Michel Temer.

La batalla a la que alude el fiscal dio comienzo en diciembre de 2014. Entonces, uno de los miembros del STF (Supremo Tribunal Federal), aprovechando que sus colegas estaban de vacaciones, daba la razón a una asociación que reagrupa a grandes grupos de construcción. Desde 2003, esta última venía denunciando que la lista vulneraba la Constitución ya que no permitía que las empresas se defendiesen antes de ser incluidas en el listado.

En mayo de 2016, la presidenta del STF Carmen Lúcia aceptaba las nuevas reglas propuestas para que una empresa entre a formar parte de esta lista negra. En lo sucesivo pueden presentar un recurso y aquéllas que acepten firman un compromiso para luchar contra los trabajos forzosos pueden dejar la lista con mayor facilidad... “Hemos dado muestras de buena voluntad, pero no ha sido suficiente. Han querido ir a la guerra”, afirma Xavier Plassat, miembro de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) y de Reporter Brasil, dos organizaciones que trabajan en contra de los trabajos forzosos.

Para entonces, a mediados de 2016, la presidenta Dilma Roussef ya no llevaba las riendas. Apartada de su cargo y a la espera de su destitución definitiva seis meses después, ya no gobierna. Mientras se producía la transición, Temer instaba al Ministerio del Trabajo que no divulgase la “lista negra”. Desde septiembre, tras ser confirmado como presidente en funciones, sigue bloqueando su publicación. Fue entonces cuando el Ministerio Público, independiente del Gobierno, entra en escena para reclamar que se aplique la ley y logra que un tribunal administrativo obligue al Gobierno a hacer pública la lista el 31 de enero de 2017.

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo volvía a recurrir y, en el último momento, el presidente del TST (Tribunal Superior del Trabajo), Ives Gandra Martins Filho, sentenció a favor del Gobierno. Ives Gandra Martins Filho es muy conservador y pertenece al entorno de Michel Temer. Hasta el punto de que hay rumores que dicen que la orden surge directamente del presidente en funciones. “Todo eso no es más que política, no se basa en argumento técnico alguno”, señalan personas conocedoras del caso. Michel Temer anunciaba entonces la creación de un grupo de reflexión que dispondrá de 120 días para alcanzar un acuerdo. En realidad es una nueva maniobra para para que el Gobierno, que trabaja contrarreloj, gane tiempo. El presidente, en funciones desde septiembre de 2016, dejará el cargo a finales de 2018.

Pero la decisión del TST no ha respetado el proceso, por lo que fue anulada el 15 de marzo. De modo que, el 16 de marzo, la lista tendría que haberse hecho pública so pena de 10.000 reales diarios de multa. Pero el Gobierno de Temer no quiere saber nada.

La “lista negra” es una herramienta primordial en la lucha contra el trabajo esclavista. Un miembro de un grupo de inspectores laborales explica que “es la punta de lanza” de su lucha. “Se trata de un complemento indispensable en nuestra acción sobre el terreno”. En efecto, el trabajo esclavista depende del derecho laboral y, en Brasil, no se pueden imponer penas de cárcel: el infractor debe abonar las sumas adeudadas a los trabajadores, en caso de que oficialmente dispusiese de ellos. La sanción es poco disuasoria ya que la dada la inmensidad del territorio los controles son escasos. “Además, desde hace unos años, nuestras efectivos se han visto reducidos. Llegamos a tener más de diez equipos operacionales y ahora sólo disponemos de cuatro”, prosigue el inspector de trabajo.

A algunas empresas poco escrupulosas, les compensa seguir contratando a hombres, que pagan por el material, la comida y que se ven inmersos en la espiral de la esclavitud. A veces, los empleados ni siquiera necesitan estar sometidos a vigilancia ni verse aislados en el bosque. Ni siquiera son conscientes de que las condiciones laborales en que están son inhumanas y sus horarios, tremendos.

La Presidencia y los lobbies del agronegocio o de la construcciónlobbies

Las empresas citadas temen la publicidad negativa que les supone aparecer en la la lista. Doca, exesclavo, recuerda muy bien la granja Volkswagen, donde durante más de seis meses fue explotado en el Estado de Pará, al norte del país. “Nos trataban como a escoria. Explotaban a los enfermos y mataban a los que quería escaparse”. También él consiguió huir con la complicidad de un vigilante, justa antes de que la fazenda cerrase sus puertas. “Cuando las atrocidades salieron a la luz, Volkswagen no quiso ver asociado su nombre a estos delitos y retiró toda su inversión. Todo eso sucedió en los 80, pero la lista hace oficial esta denuncia pública y ¡la hace mucho más eficaz!”.

Sobre todo porque los bancos consultan la lista en el momento de conceder un préstamo y son mucho más reticentes a otorgarlo si una empresa es pillada en flagrante delito de esclavitud. Esta transparencia también beneficia a las empresas, que pueden comprobar si sus subcontratas practican la esclavitud antes de firmar un contrato. Pero los grupos conservadores que apoyan al Gobierno muestran sus reticencias a cualquier regulación del mercado laboral.

Las asociaciones que reagrupan a las grandes empresas siempre quieren más garantías y reclaman aparecer en la lista solo después de ser condenadas por la Justicia. Algo absurdo, nos reconocen off the record: “Brasil fue sancionado en 2015 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por no condenar a uno de los principales criadores de ganado del país, que fue sorprendido cometiendo un delito de explotación a 200 trabajadores. Nunca nadie fue condenado”. El Ministerio del Trabajo se manifiesta en la misma línea que estas asociaciones y pide cautela: “Eventuales inclusiones injustificadas pueden llevar a graves injusticias con terribles consecuencias para los ciudadanos y las empresas, redundando en un aumento del paro todavía mayor”.

Los argumentos de los grandes grupos y del Ministerio del Trabajo son los mismos y no es por casualidad. El Gobierno de Temer goza del apoyo de la patronal que, en su mayoría, apoyó el impeachment. “Temer está devolviendo el favor”, explica Xavier Plassat. “Los lobbies del agronegocio o de la construcción siempre han sido bien recibidos en el palacio presidencial pero hasta ahí, los ministros del Trabajo oficialmente apoyaban siempre la lucha contra la esclavitud. Es un precedente peligroso”. Sin embargo, matiza: “La mayoría de las empresas están contra la esclavitud, pero son los lobbies los que presionan al Gobierno para flexibilizar al máximo la legislación”.

Esta disputa en torno a la lista suja no es la única tentativa de la bancada ruralista, los diputados que defienden los intereses del agrobusiness. “Después de 20 años de lucha eficaz contra los trabajos forzosos, los infractores han aprendido a esconderse mejor y han confiado sus intereses a parlamentarios que tratan de cambiar la ley”, explica. A finales de 2015, algunos diputados intentaron ya ofrecer una nueva definición del trabajo de esclavo, completamente extemporáneo. “Si hubiera salido adelante, habría sido el final porque no habríamos podido constatar la existencia de trabajos forzosos salvo que las personas estuvieran encadenadas cuando, en la práctica, las cadenas no son necesarias”, sigue Xavier Plassar. “Pero este proyecto todavía circula en el Parlamento y puede resurgir en cualquier momento. Hay que estar muy atentos”.

El presidente en funciones puede contar con el apoyo de los más conservadores, sobre todo de Ivan Gandar Martins, presidente del TST, que llegó a ser propuesto para entrar en el STF. También puede contar con Gilmar Mendes y Alexandre Moraes, también amigos de toda la vida y miembros del STF. En el seno del Gobierno, se hace oír una voz disonante que procede de la secretaria por los derechos humanos Flavia Povesan. “No hay nada oficial. Nos asegura que se está moviendo para hacerlos cambiar de opinión, pero no puede permitirse mostrar su desacuerdo públicamente o será suspendida”, lamenta Xavier Plassat.

Tras la reciente decisión judicial, el fiscal Cavalcanti se muestra más bien optimista. “Todavía queda un largo recorrido jurídico antes de que se dicte la sentencia final, pero mientras, el Gobierno ha de publicar esta lista. Si a pesar de las multas, se niega a acatarla, habrá que denunciarlo ante las instituciones internacionales, que es lo único que les da miedo. Brasil es muy sensible a su imagen en el exterior”. Sin embargo, mientras, la lista sigue sin hacerse pública. Y el clima político muy inestable no tranquiliza a nadie. “La balanza va a inclinarse de un lado o del otro, pero ellos van a sacar tajada tanto como puedan”, señalan fuentes del Gobierno federal.

Los que trabajan contra la esclavitud están aterrados: “Es terrible simbólicamente. Aunque el Gobierno haya sido desautorizado esta vez, envía un mensaje terrible a todos los que explotan a la gente. Ya existen problemas para que se intensifiquen los controles y ahora nos encontramos con prácticamente un llamamiento para cometer un delito. La influencia de las empresas es muy fuerte, sobre todo las que se ocupan de las construcciones sociales, que reciben adjudicaciones Gobierno y que han sido sorprendidas cometiendo un delito de explotación de los trabajadores. Nada nuevo, dice un inspector laboral, pero este Gobierno es más sensible a este tipo de presiones.

Asegura que desde la llegada al Gobierno de Michel Temer, empieza a notar tentativas de intimidación en su trabajo “Hemos encontrado esclavos en la granja de un diputado federal muy conocido. Ha pedido no ser incluido en la lista que tenemos que publicar. Nos hemos negado y las presiones han empezado, aunque no hemos cedido. El ministro del Trabajo entró en escena y la empresa ha desaparecido”. Para él, la situación es inédita: “Nunca nos han echado flores, ni siquiera con los otros Gobiernos. Cuando denunciábamos granjas de diputados, por ejemplo, a algunos les rechinaban los dientes, pero es la primera vez que un Gobierno ni siquiera se molesta en defender la lucha contra los trabajos forzados”. _______________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El empresario Marcelo Odebrecht confirmó este miércoles a las autoridades electorales de Brasil que pagó al jefe de campaña de la expresidenta Dilma Rousseff en 2014 Dilma Rousseff con fondos de la caja chica de la firma constructora, tras un acuerdo con el entonces ministro de Hacienda Guido Mantega, han contado a Reuters fuentes cercanas al caso y recoge Europa Press.

Al final de su testimonio, el ex presidente ejecutivo de Odebrecht SA, la mayor empresa de ingeniería y construcción de Latinoamérica, dijo que no podía afirmar "con certeza" que la destituida mandataria Rousseff y el actual presidente de Brasil, Michel Temer, estuvieran al tanto de "cualquier ilícito en las donaciones", según las fuentes.

Odebrecht ratificó que los pagos fueron realizados a Joao Santana, que por entonces dirigía la campaña electoral de Rousseff para llevarla a un segundo mandato.

El encarcelado empresario contó que el ex ministro de Hacienda Mantega negoció las donaciones clandestinas para la compaña de 2014, que ascendieron a un total de 300 millones de reales, pero negó que se tratara de sobornos para conseguir contratos del Gobierno, según la fuente.

Marcelo Odebrecht ha sido sentenciado a 19 años de prisión por un tribunal federal de Brasil por su papel en el extenso escándalo de corrupción que ha implicado a algunos de los más altos líderes políticos y empresariales de varios países de América Latina. Actualmente busca una rebaja de su condena como parte de un acuerdo de delación compensada.

Las declaraciones del miércoles fueron realizadas en la corte electoral de justicia de Curitiba, en el marco de las investigaciones sobre los pagos ilícitos a la campaña de Rousseff y su compañero de fórmula Temer en 2014.

Las pesquisas sobre sobornos y favores políticos, en el caso conocido como Lava Jato, amenaza con hacer caer a miembros del círculo más estrecho de Temer y ha generado tal incertidumbre política que está socavando la confianza de las empresas, mientras Brasil atraviesa una recesión de dos años.