El endurecimiento del discurso del Gobierno español frente a las grandes tecnológicas estadounidenses —anunciando regulaciones más estrictas y enarbolando la bandera de la soberanía digital europea— contrasta con la enorme exposición de las grandes empresas españolas a las big tech norteamericanas.

El 74% de las compañías cotizadas en nuestro país dependen de servicios tecnológicos de empresas de Estados Unidos. La ofensiva política de Pedro Sánchez pone así en una situación incómoda a compañías expuestas a una elevada vulnerabilidad estructural y desnuda la distancia abismal entre el discurso político y la infraestructura real sobre la que opera el capitalismo en España.

Los datos proceden de un informe elaborado por Proton, la compañía suiza especializada en servicios de correo electrónico cifrado y soluciones de privacidad, considerada una de las empresas más seguras del sector por su sede en Suiza y su arquitectura de seguridad de extremo a extremo. Proton, que no opera desde territorio estadounidense y que ha convertido la protección de datos en su seña de identidad, ha analizado la dependencia tecnológica de casi 10.000 empresas cotizadas en 31 países europeos, centrándose en un indicador revelador: el uso de servicios de correo corporativo, que funciona como proxy fiable de la infraestructura en la nube y los servicios asociados de ofimática, colaboración y seguridad que utilizan las compañías.

El resultado sitúa a España en el puesto 12 de ese ranking europeo, una posición intermedia-alta que refleja una dependencia superior a la de las grandes potencias económicas continentales. Francia registra un 66% de dependencia, Alemania un 58% e Italia un 69%. La brecha es notable: España supera en 16 puntos porcentuales a Alemania y en 8 a Francia, las dos locomotoras industriales de Europa. Solo nos aventajan en dependencia los países nórdicos —Islandia (97%), Noruega (96%), Finlandia (92%), Suecia (91%), Dinamarca (89%)—, Irlanda (93%), el Reino Unido (88%) y algunos Estados pequeños como Luxemburgo, Bélgica o Malta. Por debajo de España quedan no solo las grandes economías mencionadas, sino también países como Polonia (45%), Rumanía (39%) o Bulgaria (16%), que presentan niveles de dependencia tecnológica estadounidense significativamente inferiores.

La explicación de estas diferencias es reveladora. Los países nórdicos combinan economías altamente digitalizadas con mercados pequeños que históricamente han adoptado soluciones globales sin desarrollar alternativas nacionales robustas. El Reino Unido e Irlanda mantienen vínculos históricos, lingüísticos y económicos estrechos con Estados Unidos que facilitan esa dependencia.

En cambio, Alemania y Francia han desplegado durante décadas estrategias deliberadas de soberanía tecnológica, impulsando campeones nacionales y proyectos europeos alternativos, aunque con resultados desiguales. España, mientras tanto, se sitúa en un limbo: demasiado dependiente para las ambiciones de autonomía que llegan desde la política, demasiado poco estratégica en sus decisiones de inversión tecnológica.

Con todo, lo más preocupante no es el dato agregado, sino su distribución sectorial. El informe de Proton identifica seis sectores económicos en España donde el 100% de las empresas cotizadas dependen de software y servicios estadounidenses. Entre ellos figuran dos especialmente críticos: la energía y la banca. Que la totalidad de las entidades financieras cotizadas y de las empresas energéticas operen sobre infraestructura tecnológica controlada por corporaciones extranjeras no es una anécdota estadística, sino una vulnerabilidad estratégica de primer orden.

En particular en un contexto geopolítico en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no oculta su disposición a abrir una guerra digital contra Europa si Bruselas insiste en regular las big tech, que se cuentan entre sus principales aliados corporativos. Ya ha amenazado con aranceles disparatados que pueden hacerse realidad si el conflicto con las tecnológicas escala, poniendo a las grandes empresas españolas en una situación de riesgo. Los avisos son muy visibles.

La banca española —con gigantes como Santander, BBVA o CaixaBank entre las principales entidades europeas— gestiona datos financieros sensibles de millones de ciudadanos y empresas, procesa transacciones por valor de cientos de miles de millones de euros y constituye el sistema nervioso del flujo monetario del país. Que su infraestructura de correo, ofimática, almacenamiento en la nube y seguridad dependa íntegramente de proveedores estadounidenses —fundamentalmente Google, Microsoft y Amazon— implica que cualquier decisión regulatoria, fallo de seguridad o presión geopolítica en esas compañías puede afectar directamente al funcionamiento del sistema financiero español.

Similar situación se reproduce en el sector energético, columna vertebral de cualquier economía moderna. Empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol operan infraestructuras críticas cuya gestión, comunicación y sistemas de control dependen de tecnología estadounidense. En un contexto de transición energética acelerada, donde la digitalización de las redes eléctricas, la gestión inteligente de la demanda y el desarrollo de energías renovables requieren capacidades tecnológicas cada vez más sofisticadas, esta dependencia plantea interrogantes sobre la capacidad real de España para controlar su política energética de forma autónoma.

Además de estos dos sectores con dependencia total, el estudio identifica otros cuatro ámbitos donde al menos el 75% de las empresas cotizadas españolas utilizan tecnología estadounidense: utilities (electricidad, agua, saneamiento), transporte, software y servicios, y sanidad. Es decir, la infraestructura crítica del país —desde el suministro de agua hasta la gestión hospitalaria, pasando por el transporte de mercancías y personas— opera mayoritariamente sobre tecnología que no controlamos.

Los proveedores dominantes son conocidos: Google Workspace (anteriormente G Suite), Microsoft 365 y Amazon Web Services lideran un mercado donde las alternativas europeas han fracasado sistemáticamente en alcanzar masa crítica. Los intentos de crear nubes soberanas europeas, como el proyecto Gaia-X impulsado por Francia y Alemania, han avanzado con lentitud y resultados modestos.

La concentración del mercado es aplastante. Amazon Web Services lidera con un 30% de cuota global, seguido de Microsoft Azure con un 20% y Google Cloud con un 13%. Entre estas tres compañías controlan más del 63% del mercado mundial de infraestructura en la nube, un porcentaje que se replica con ligeras variaciones en el entorno español. Otros actores estadounidenses como Oracle, IBM Cloud y Salesforce suman cuotas residuales del 2-3% cada uno. Frente a este dominio, los proveedores europeos apenas alcanzan en conjunto el 15% del mercado.

La dependencia tecnológica no es solo una cuestión económica o de eficiencia operativa: plantea un conflicto jurídico de fondo entre dos concepciones incompatibles de soberanía sobre los datos. La legislación estadounidense, particularmente la Cloud Act aprobada en 2018, otorga a las autoridades de ese país potestad para exigir a cualquier empresa bajo su jurisdicción que entregue información almacenada en sus servidores, independientemente de dónde se encuentren físicamente esos datos.

Un servidor de Amazon en Aragón o de Microsoft en Madrid, aunque opere en suelo español con datos de empresas y ciudadanos españoles, puede ser objeto de una orden judicial estadounidense que obligue a la compañía matriz a entregar esa información sin pasar por los canales habituales de cooperación internacional.

Esta capacidad extraterritorial colisiona frontalmente con el Reglamento General de Protección de Datos europeo, que establece restricciones estrictas sobre quién puede acceder a información de ciudadanos de la UE y bajo qué condiciones. El resultado es que las empresas españolas que operan sobre infraestructura en la nube estadounidense navegan en una zona gris donde dos sistemas legales contradictorios coexisten sin resolución clara, y donde la promesa de soberanía digital choca con una realidad en la que las llaves últimas de acceso a los datos permanecen bajo control ajeno.

Las razones de esta dependencia son múltiples y se retroalimentan. España carece de compañías tecnológicas competitivas en servicios en la nube, ofimática o correo corporativo comparables a los estadounidenses. Las inversiones públicas y privadas en tecnología han sido históricamente insuficientes y dispersas.

La formación de talento tecnológico avanzado, aunque ha mejorado, sigue siendo inferior a la de países como Alemania, Francia o los nórdicos. Y las empresas, presionadas por la competencia global y las exigencias de rentabilidad, han priorizado soluciones inmediatas antes que construcción de capacidades propias.

Además, existe un efecto red difícil de revertir: cuantas más empresas utilizan las mismas plataformas estadounidenses, más complicado resulta para cualquier actor individual cambiar, porque la interoperabilidad, los estándares de facto y los costes de migración actúan como barreras de salida.

Un banco que opera con Microsoft 365 se comunica fluidamente con proveedores, clientes y reguladores que también lo usan; migrar a una alternativa europea o nacional implicaría costes, riesgos operacionales y pérdida de eficiencia que pocos están dispuestos a asumir voluntariamente.

Lejos de estabilizarse, la dependencia se acelera. El mercado global de infraestructura en la nube creció un 25% interanual en 2025, según una investigación publicada en octubre, impulsado fundamentalmente por el auge de la inteligencia artificial generativa y la computación de alto rendimiento.

En España, mientras el 73% de las grandes empresas ya han migrado a soluciones en la nube, las pymes —que representan el grueso del tejido productivo español— apenas rozan el 26% de penetración. Esta brecha no es tranquilizadora: señala el enorme potencial de crecimiento futuro que tiene el big tech estadounidense en un segmento empresarial masivo que aún está por capturar.

El impacto de la inteligencia artificial intensifica aún más esta dinámica. Los servicios de IA generativa experimentaron un crecimiento del 160% en el último año, y la inmensa mayoría de empresas españolas acceden a esta tecnología a través de los paquetes comerciales de Microsoft o Google, reforzando así el cerrojo tecnológico.

La dependencia se vuelve pegajosa, en expresión utilizada por los analistas del sector: una vez que una organización migra sus flujos de trabajo a ecosistemas como Microsoft 365 o Google Workspace, el coste de salida —en términos de tiempo, formación, compatibilidad y riesgo de pérdida de datos— se vuelve prohibitivo.

Paradójicamente, esta dependencia se ha anclado físicamente en territorio español mediante inversiones multimillonarias que complican aún más cualquier estrategia de desacoplamiento. Microsoft ha comprometido 2.100 millones de dólares para construir centros de datos en Madrid, mientras que Amazon Web Services ha elegido Aragón para establecer una de sus instalaciones de infraestructura más importantes de Europa.

Estas instalaciones permiten a las empresas españolas cumplir formalmente con las normativas de residencia de datos —los servidores están en suelo nacional—, pero no alteran la ecuación de fondo: el software base, la inteligencia operativa, las actualizaciones críticas y, en última instancia, el control real siguen bajo jurisdicción de matrices corporativas estadounidenses.

La Bolsa española reduce las pérdidas iniciales y, tras la apertura de este lunes, cae el 0,12% afectada por el desplome que sufren los precios de los metales preciosos como el oro y la plata, y las materias primas como el Brent.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 0,12%, hasta los 17.855,1 puntos. Las ganancias del año se reducen al 3,16%.

A esta hora, el oro reduce su caída al 5,84% (4.608,90 dólares) y la plata al 8,68% (77,82 dólares).

Los expertos explican que, tras la fuerte bajada, por segundo día consecutivo, de los metales preciosos, el resto de activos del mercado registra ventas en cadena.

Pesa en el sentimiento del mercado la nominación de Kevin Warsh, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), según el analista de XTB Manuel Pinto, para quien el oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcóin, "al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos y la reducción de liquidez del mercado".

La Bolsa española, al igual que el resto de bolsas, cae este lunes y se aleja así de los máximos históricos de cierre que marcó el pasado viernes, en los 17.880,9 puntos, tras subir el 1,66%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street también cerró el viernes en rojo, mientras los futuros sobre sus principales indicadores adelantan a esta hora una apertura con caídas superiores al 1%.

En Asia, donde además han pesado las dudas sobre el sector tecnológico, el Nikkei ha perdido el 1,25%.

Asimismo, la Bolsa de Shanghái se deja el 2,48% y el Hang Seng de Hong Kong el 2,48%.

A esta hora, el euro sube levemente y se cambia a 1,185 dólares, mientras que las principales plazas han iniciado la sesión en rojo: Milán cede el 0,65%, París el 0,52%, Londres el 0,51% y Fráncfort el 0,44%.

Dentro del mercado español, Repsol lidera las pérdidas, al bajar el 2,63%; seguido de Acerinox, el 2,56%; Solaria, el 2,31%; y ArcelorMittal, el 2,15%.

IAG es por su parte, el valor que más sube, el 1,39%; mientras que Amadeus suma el 1,34%.

Telefónica también avanza el 1%, Inditex el 0,51% e Iberdrola, el 0,29%; en tanto que BBVA cede el 0,56% y Santander el 0,78%.

En la agenda macroeconómica del día destaca la publicación en las principales economías de Europa y en EE. UU. de las lecturas finales de enero de los PMIs manufactureros.

También se darán a conocer las ventas minoristas de Alemania del mes de diciembre, y ello, a la espera de las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra de esta semana.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, baja a esta hora el 4,82%, hasta los 65,97 dólares, un día después de que la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmase que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes, sin reaccionar a la fuerte subida de los precios del crudo impulsada por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,214%.

En el marco del rearme general en Europa, la remilitarización impulsada por el Gobierno ha sido respaldada por una amplia mayoría de los partidos institucionales, tanto de izquierda como de derecha, y con el beneplácito, cómo no, de las grandes empresas y, en particular, las armamentísticas. Nada que difiera tampoco de las políticas practicadas por Gobiernos anteriores, tanto de derecha como de izquierda, aunque estos últimos hayan sido para la mayoría de la población y de la clase obrera una esperanza de cambio de sociedad.

Durante el primer Gobierno de coalición, toda la prensa de izquierda, tertulianos y los propios partidos con nueva presencia parlamentaria nos abrevaron con el supuesto fin del bipartidismo. Por mucho que lo dijesen o lo deseasen, el bipartidismo jamás dejó de existir; el famoso “fraccionamiento” parlamentario debido a la presencia de nuevos partidos, utilizado como argumento, no necesitó mucho tiempo para mostrarnos su límite. PP y PSOE, a pesar de la presencia de esos nuevos partidos en el Parlamento, han hecho fundamentalmente, incluso muchas veces con la propia complicidad de dichos partidos parlamentarios, lo que siempre han hecho, defender los intereses de quienes realmente detentan el poder: las empresas del IBEX-35.

Al igual que en la Transición y la famosa ruptura democrática. Franco murió, cierto, pero sus ideas siguen vivas. No lo digo por la irrupción de Vox en las instituciones, ni por la existencia de la Falange o el carlismo, lo digo porque una parte importante del arco parlamentario son los herederos y defensores de los postulados del franquismo, por mucho que hablen de democracia.

Lo penoso de esta situación es que lo hacen con el beneplácito de la “izquierda institucional”. El mejor ejemplo, que en estos momentos provoca chorros de tinta y muchas protestas en los bancos de la izquierda, es la condena del fiscal general. Como en muchos sectores al servicio del Estado, la magistratura es una madriguera de jueces reaccionarios que ya ejercían en el Tribunal de Orden Público franquista. La demostración, por si era necesaria, de que la justicia siempre ha sido y es de clase. Cuando los cuadros del franquismo se siguieron manteniendo hasta ahora en las antesalas del poder, arropados por los pactos de la Transición, no es de extrañar lo que está sucediendo.

Lo que el PCE entendía, y en parte el PSOE, por “ruptura democrática” era instaurar una democracia rompiendo radicalmente con las instituciones del franquismo, oponiéndose a la reforma gradual del régimen que proponía el personal político franquista. No obstante, bajo el pretexto de que la correlación de fuerzas no era suficiente para ejecutar una ruptura total, el PCE acabó por sumarse a lo que el PSOE se había sumado ya desde hacía mucho tiempo: el proyecto reformista propuesto por la burguesía mediante la persona de Adolfo Suárez, la “reconciliación nacional”, lo que llevó al PCE a adoptar la bandera rojigualda y a la aceptación de la monarquía.

De aquellos barros estos lodos.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

La Bolsa española ha abierto este martes con una fuerte caída del 1,33%, por debajo de los 15.900 puntos, arrastrada por uno de los grandes valores del mercado español, Telefónica, que se hunde el 9,30% tras los resultados, según informa EFE.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español se deja ese 1,33% y los 15.900 puntos (15.824,4 enteros). Las ganancias del año se reducen al 36,44%.

Dentro del indicador, Telefónica cae con fuerza, el 9,30%, después de anunciar que perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, y que recortará al 50% el dividendo que pagará en 2026.

En la lista de las grandes entidades del Ibex 35 con más diferencia entre la remuneración media de los trabajadores y el salario de sus directivos, aparece otro gran banco, el BBVA. La segunda entidad más grande del selectivo español pagó de media a sus empleados 48.000 euros al año en 2024, según el Informe anual de Remuneraciones de los Consejeros que la entidad presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la cúspide de los salarios, Carlos Torres, el presidente del banco, ganó el año pasado 8,3 millones entre sueldo y pensión. Lo que supone unas 170 veces más que la media de sus trabajadores. Onur Genç, actual director ejecutivo, llegó hasta los 7,32 millones. 

En las grandes compañías cotizadas las cifras que se manejan siempre son astronómicas. BBVA tiene una capitalización bursátil de 76.392 millones, 77,2 millones de clientes, 125.900 empleados repartidos en 25 países y sus últimos resultados semestrales han sido los mejores que ha firmado. Ganó 5.447 millones de euros entre enero y junio, un 9% más que en el ejercicio previo. La entidad vasca es, además, el pez grande de la opa que pretende hacerse con otro gran banco español, el Sabadell. Si la fusión se completa, la entidad resultante daría lugar a una de las 10 entidades con más activos de Europa, superaría el billón. 

Al retroceder desde la macroeconomía hacia las nóminas, encontramos que los empleados del sector financiero suelen ser los que reciben mejores salarios de media. Eso sí, en la última encuesta de Estructura Salarial realizada por el INE (2022) ellas seguían cobrando menos, en concreto, para las actividades financieras ellos percibían en ese momento 53.969,55 euros anuales de media, frente a los 42.214,85 euros que se llevaban ellas. En el caso del BBVA, la brecha no es tan acusada y se ha cerrado con respecto al año previo, pero sigue existiendo. En la base, el salario medio de los hombres es de 43.822 euros y el de las mujeres es de 42.719, un 2,5% menos. 

Por escalafón profesional también hay diferencias sustanciales: en la categoría “equipo gestor” los sueldos alcanzan los 140.000 euros al año, los “manager” cobran en torno a 58.500 y el “resto de empleados” se mueve entre los 42.700 y los 43.800 euros al año. De hecho, en el conjunto del selectivo, los equipos de alta dirección cobran de media 20,9 veces más que la retribución media de las plantillas, un salto que ha aumentado en el último año, según Comisiones Obreras. Pero, más allá de las remuneraciones, desde los sindicatos que trabajan en el sector, hay otros factores como los riesgos psicosociales, la duración de las jornadas o la forma de fichar, entre otras, que están sobre la mesa. 

Aunque los sueldos son altos, también las empresas que sostienen suelen ser las que arrojan beneficios más espectaculares. Solo en España, Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja ganaron en conjunto 17.085 millones entre el 1 de enero y el 30 de junio. Unos 2.800 millones al mes.

"Nosotros tenemos una cosa en el convenio colectivo que es de risa. Es un 0,25 o un 0,5 de paga que se abona en función de si tienen beneficios recurrentes. Eso prácticamente lo cumplen todos los años. Pero hay bancos que en vez de pagarlos aplican la cláusula de absorción y compensación, de forma que los empleados no ven más dinero", explica el secretario federal del sector financiero de UGT, Victoriano Miravete. Esa cláusula, que permite un cálculo de los salarios en el que las entidades pueden aumentar los salarios con un porcentaje de compensaciones, pero, mediante el cual, también se pueden absorber cantidades cuando consideran, fue uno de los puntos que llevó a los trabajadores de la banca a la huelga el año pasado. La primera en más de 30 años.

El salto entre trabajadores y directivos es la norma en las grandes multinacionales. En España, si observamos las empresas del Ibex, la diferencia agregada es de 73,5 veces, según el informe de la Fundación 1º de Mayo, que forma parte de Comisiones Obreras. Así, un trabajador medio del selectivo necesita 75 años para ganar lo que sus directivos en uno, aunque la brecha se ha acortado 6,3 puntos en 2024 con respecto al año previo. Sin embargo, la tendencia global ha ido al alza.

En Estados Unidos, la meca de los grandes sueldos directivos, la relación salarial promedio entre directores ejecutivos y trabajadores de las empresas del índice S&P 500 fue de 285 a 1 el año pasado, según el informe Executive Paywatch que realiza el AFL-CIO, el principal sindicato del país. Según sus datos, esta diferencia habría crecido en 17 puntos con respecto a los doce meses previos.

Entre las reivindicaciones que asoman vinculadas al BBVA, el comité de empresa de Comisiones Obreras destaca varios puntos en su página web. Uno de ellos es, de nuevo, la necesidad de que los grandes beneficios se traduzcan en mejoras laborales y de empleo donde se corrijan: "el exceso de tareas, los objetivos inalcanzables, el incremento exponencial de las exigencias formativas, el peligro de violencia externa y la insoportable presión comercial", reza una de sus notas de prensa.

"Las presiones comerciales y los objetivos de ventas son un clásico en el sector", explica el representante sindical. Y es que uno de los puntos en los que más se insiste desde el sector son los riesgos psicosociales, las consecuencias para la salud mental de los trabajadores del estrés y la ansiedad.

Otro de los puntos tiene que ver con el uso del tiempo de los trabajadores. Los sindicatos reclaman que las invitaciones a cursos o reuniones "sí son tiempo de trabajo". Una protesta que en junio ha obtenido respuesta y, tal como recoge UGT, "la asistencia voluntaria a las mismas será considerada tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, generará prolongación si se realiza fuera de la jornada laboral", concluyen. Finalmente, otro de los aspectos que se mencionan es "la incertidumbre" sobre el empleo que, afirman, se deriva de la opa que la entidad mantiene sobre el Sabadell.

En el viaje por las diferencias salariales que se dan en las grandes cotizadas españolas, la constructora Sacyr aparece entre aquellas que más brecha mantienen entre su mejor salario y la media de la plantilla. En el Informe de Remuneraciones de los Consejeros, que presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el salario medio de los empleados ascendió a 47.000 euros anuales. En el punto más alto de la pirámide salarial de la empresa, Manuel Manrique, presidente ejecutivo del consejo de administración de Sacyr, que percibió en 2024 un total de 8,7 millones de euros entre sueldo y pensión. Esto es, 185 veces más que un trabajador medio. 

El grupo Sacyr fue fundado en 1986 por directivos de Ferrovial como Sociedad Anónima Caminos y Regadíos, pero a lo largo de estas cuatro décadas ha tenido diferentes nombres. Su actividad principal es la construcción, aunque actualmente apuesta por las concesiones, con autopistas, aeropuertos, hospitales e infraestructuras varias en su cartera de gestión. Otra pata de su negocio son los servicios, como limpieza, tratamiento de residuos, gestión medioambiental o mantenimiento. Como suele pasar con las empresas multinacionales, el puzle de actividades, filiales y sociedades dependientes hace que la compañía emplee a trabajadores de muy distintos ámbitos, perfiles y rangos profesionales. 

Los trabajadores de una de sus filiales, Valoriza, concesionaria de servicios de limpieza, participaron en la huelga de recogida de basuras que se produjo en varias ciudades de España entre los meses de abril y mayo. Entre las peticiones de los sindicatos estaba la negociación de un convenio por dos años, mejoras salariales, bonificación de la nocturnidad o no trabajar más de seis días consecutivos de noche, ya que hacían hasta siete. 

Son reclamaciones que quienes conocen el sector están acostumbrados a escuchar. Una de estas personas es Patricia Ruiz, es miembro de la ejecutiva confederal de Comisiones Obreras (CCOO) y ha participado en la negociación del convenio del sector de la construcción. “Lo que hemos ido buscando desde el sindicato es una mejora generalizada de los salarios”, señala, y puntualiza que actualmente están poniendo el foco en quienes menos ganan. “Los altos directivos y los CEO se rigen por otros criterios y sus remuneraciones quedan fuera de las negociaciones”, puntualiza. 

Si bien las empresas cotizadas suelen pagar mejor que la media a sus empleados, también es en este selecto grupo de Ibex 35 donde se dan los mayores saltos entre lo que cobra un trabajador y lo que ganan sus directivos. Por categoría profesional, en Sacyr hay sueldos de todo tipo: “dirección” y “gerencia”, con 256.559 euros y 84.822 euros, respectivamente, son los escalafones mejor pagados. Por debajo, “soporte” tiene el salario más bajo de la pirámide, con 19.560 euros, y la categoría “técnico”, se coloca por encima, con 34.623 euros anuales. En cuanto a la evolución general de los salarios, el documento remitido a la CNMV constata que han crecido un 9% de media con respecto a 2023. 

Ruiz explica que en muchas empresas de la construcción el impulso a los salarios llegó también por los aumentos en el umbral del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha ido acercándose no solo a los salarios base, sino a aquellos rangos profesionales que solían estar por encima. “La subida del SMI afectó a alrededor del 60% de los convenios y a varias categorías profesionales, por eso las negociaciones colectivas que estamos viendo en el sector insisten en la necesidad de mejorar los salarios más bajos y también subirlos en categorías superiores”. Si los salarios premian también las responsabilidades que se asumen en cada categoría, explica, es necesario “diferenciar” esa responsabilidad y pagar más en las categorías superiores a medida que la retribución mínima legal va subiendo. 

Los saltos económicos en vertical, que separan, por ejemplo, a un técnico de un gerente, generan choques e incoherencias a la hora de sentarse a negociar. “La gran distancia entre salarios y categorías pasa en casi todas las grandes multinacionales, pero muchas veces roza lo obsceno. No es de recibo que muchas plantillas estén en el salario mínimo interprofesional o ligeramente por encima, como es este caso, y que gran parte de los directivos esté multiplicando de una manera vergonzosa el salario de la mayoría”, concluye. 

Además, es un hecho que deslegitima las negociaciones, apunta, ya que es difícil explicar recortes o negar mejoras laborales cuando existen salarios millonarios en la misma compañía. “No es de recibo que en las mesas de negociación colectiva los directivos se empeñen en decir que subir el SMI o la reducción de jornada pueden poner el riesgo la viabilidad de la empresa cuando hay salarios tan altos y tan diferenciados protagonizados por ellos mismos”, sentencia. 

Algo parecido ocurre, puntualiza Ruiz, cuando se habla del reparto de beneficios en las multinacionales. Los números de Sacyr también han ido al alza. En 2024 la compañía ganó 113 millones de euros, un 7% más que en el año anterior, e hizo una caja de 1.294 millones. En los primeros seis meses del año tampoco le ha ido mal, ganó un 5,2% más que el mismo periodo del ejercicio previo y firmó unas ganancias de 27 millones. “Cuando se habla de repartir beneficios, no solo se hace referencia a lo económico, sino también a cuestiones como poder reducir la jornada de trabajo, conseguir beneficios sociales o mejor conciliación”, explica la responsable de CCOO. 

Las mujeres y las personas más jóvenes son quienes suelen estar en la parte baja de la pirámide salarial. En el caso de Sacyr ellas ganaron, de media, un 28% menos, si atendemos al cálculo que hacen en su información financiera anual de 2024. Por edades, los menores de 30 años empleados en la compañía apenas superaron los 16.000 euros, entre 30 y 50 años el salario sube hasta los 26.600 euros y entre los mayores de 50 la media salarial se eleva hasta los 36.300 euros. 

Estas son otras brechas que atraviesan habitualmente las plantillas y que requieren de medidas específicas que van desde paliar la parcialidad en los contratos a facilitar la conciliación. “En materia de género hay que hacer algo más que subir los salarios, hay que incentivar la participación de las mujeres en el sector técnico y en la construcción porque ellas están representadas sobre todo en la parte administrativa, pero no lo están en la parte técnica y mucho menos a pie de obra”, explica Ruiz. Con Sacyr están preparando un plan de igualdad que corrija algunas de estas tendencias negativas. De hecho, de un total de 15.121 trabajadores en 2024, solo 4.200 son mujeres. En puestos de dirección cuenta con dos mujeres, lo que supone un 22% del total, según recoge la empresa en sus cuentas anuales. 

Juventud y parcialidad son los otros puntos en los que insiste la tarea sindical a la hora de proponer medidas que cierren estas grandes brechas salariales. Para Ruiz, dar más estabilidad a los contratos y sobre todo, seguir en la senda de mejorar los salarios base son las mejores respuestas que se pueden dar a este problema. “Desde los sindicatos insistimos en estos dos puntos, porque son centrales para que las plantillas trabajen motivadas, saludables y puedan conciliar. Esto hace que las personas sean más productivas y, por tanto, también termina repercutiendo en las cifras”, concluye. 

Es temporada de resultados bancarios y las entidades españolas que cotizan en el Ibex presumen de unos números de récord. En la primera mitad del año ganaron 17.086 millones de euros en conjunto, un 11% más. De los seis bancos que cotizan en el selectivo, el Santander, con un valor en bolsa de más de 106.000 millones, es el de mayor tamaño y ha pulverizado su récord de ganancias entre enero y junio. Ganó 6.833 millones, un 13% más que en el mismo periodo del año previo. Pero, siguiendo con el análisis de los salarios en las grandes empresas cotizadas, los enormes beneficios del sector son también uno de los argumentos del ámbito sindical para pedir una distribución más equitativa entre los trabajadores. El año pasado recurrieron a una huelga –la primera en más de 30 años– para pedir un trozo de reparto de los beneficios y mejoras salariales. De hecho, la entidad cántabra es la segunda compañía del Ibex con mayor diferencia salarial entre su mejor sueldo y la remuneración media de su plantilla.  

La presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, ganó en 2024 un suelo de 12,4 millones y una aportación a su plan de pensiones de 1,3 millones, según se detalla en su depósito de cuentas. En total, 13,7 millones, frente a los 61.000 euros al año que reciben, de media, sus trabajadores. Es decir, 226 veces más. El suyo fue el segundo mejor salario del selectivo, solo por detrás del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que ganó más de 14 millones el año pasado.

Desde los sindicatos explican que, si bien es un sector donde los sueldos son altos con respecto a la media, las brechas entre directivos y empleados son enormes y la forma en que se calculan sus salarios,—con compensaciones y absorciones que se estiman de forma poco clara— hacen que la actividad sindical y las mejoras salariales sean difíciles de llevar a cabo. “Es una especie de trampa, porque cuando nosotros logramos que en el convenio haya subidas salariales para todos, se absorben de las compensaciones, y mucha gente no ve una subida real en el salario”, explica Noemí Trabado, secretaria general de CCOO en Banco Santander. 

Al revisar el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros que la entidad presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se observa que el sueldo de Botín ha crecido un 5% con respecto al año pasado y el de la platilla lo ha hecho al mismo ritmo. Sin embargo, al entrar en los detalles, las mejoras salariales de la base de la plantilla no son lo que parecen. Desde UGT, el secretario federal del sector financiero, Victoriano Miravete, coincide con el análisis de Trabado. “Fuimos a la huelga porque hemos conseguido por primera vez que dos tercios de esa subida salarial no tenga ni absorción ni compensación”, explica. Para ellos es un avance, aunque señalan que las brechas internas –dentro de la plantilla— no terminan de cerrarse. “Respecto al Santander, vemos que beneficios como los seguros sanitarios solo lo ofrecen de jefe de zona hacia arriba. Otro ejemplo son las aportaciones a los planes de pensiones, que son mucho más bajas en el grueso de la plantilla que en los directivos”, explica. 

El tránsito de abajo a arriba por los distintos escalafones de una compañía del tamaño del Santander –200.000 empleados y 176 millones de clientes en todo el mundo, según sus datos– arroja diferencias salariales de vértigo, aunque la banca es –junto con la industria–uno de los sectores que mejor remunera a los empleados base, según el informe Evolución salarial 2007-2024, realizado por la consultora ICSA Grupo en colaboración con la escuela de negocios Eada. Lo preocupante es que a nivel global, estas brechas en empresas multinacionales son la norma: en 2023, los directores ejecutivos de las empresas más grandes de Estados Unidos cobraron 290 veces más que un trabajador típico, en contraste con 1965, cuando cobraban 21 veces más, según un documento del Economic Policy Institute.

Para Trabado la rutina laboral en banca ha cambiado mucho en los últimos años. Como también lo ha hecho la percepción ciudadana de su actividad, que se ha vuelto más crítica desde la Gran Crisis de 2007-2008. "Antes era un trabajo agradable porque ayudabas a la gente a conseguir financiación para sus proyectos, pero la presión comercial y la carga de trabajo cada vez son más fuertes", explica. "Desde arriba presionan diariamente para lograr los objetivos comerciales. Y al final lo que nos encontramos es que la gente enferma: con estrés, con ansiedad...", enumera.

Y es que la salud mental es uno de los caballos de batalla del los sindicatos en el sector. "Las presiones de venta en las oficinas y los objetivos son un clásico", señala el representante de UGT, que insiste en que la situación se ve agravada por el cierre de oficinas, que pone aún más tensión sobre el personal. "Santander está en un proceso de cierre de oficinas, va a cerrar 150 o 160 este año. Eso genera, además, descontento entre los clientes e influye en las valoraciones que dan y en los bonus de los trabajadores", concluye Miravete.

"Quienes estamos en las oficinas somos trabajadores y trabajadoras que para nada tomamos decisiones sobre productos, simplemente nos hemos convertido en comerciales", por eso, Trabado recalca que ellos son "bancarios y no banqueros".

Ambos representantes sindicales señalan que, si bien la brecha con respecto a los consejeros y directivos es enorme, dentro de las propias plantillas de la entidad también se dan grandes diferencias. Por ejemplo, según aparece en sus cuentas anuales de 2024, las mujeres ganaron un 44% menos: ellas cobran de media 41.822 euros frente a los 65.625 de ellos. "En los informes de retribución se ve que la brecha de género es sustancial", explica Miravete.

Por otro lado, si se atiende a las diferencias por grupo de gestión, los "directivos senior" ganaron de media 524.748 euros; la categoría "otros directivos" ganó 129.847 euros y, finalmente, el "resto de la plantilla" se quedó en torno a los 36.834 euros.

No hace muchos años un periodista e historiador, el cordobés Juan Luis Valenzuela, publicó una noticia que en cualquier otro país habría producido un escándalo. Se trataba de una factura de unas 60.000 pesetas que una funeraria malagueña había emitido en 1959 a las autoridades franquistas. Esta enorme cantidad para aquel tiempo respondía al coste de transportar 924 cuerpos dentro de ataúdes al recién inaugurado Valle de los Caídos. 

En el envés de aquella nota podía verse la trampa de la reconciliación oficial: mientras los ataúdes destinados a los miembros del denominado bando nacional eran individuales, los que recogían a los republicanos eran fosas comunes de madera con diez cuerpos cada uno. El sello de la guerra civil y de la represión estaba también pegado en la contratación pública.  

Como relata Valenzuela en su libro ‘La factura de la democracia. De la guerra civil y la represión de la dictadura al franquismo sociológico en Andalucía’, la lucha que requiere transmitir la realidad materializada en documentos como este puede llevar una vida entera sin apenas consecuencias legales. 

Las cosas podrían comenzar a cambiar gracias a la posible aprobación parlamentaria de la Ley de Información Clasificada, que sustituiría una normativa de 1968 y que permitirá a periodistas e historiadores acceder con más facilidad a documentos hasta ahora considerados de alto secreto.  

De recibir el refrendo parlamentario, se produciría una desclasificación automática de los ficheros que fueron considerados de máxima seguridad antes de 1981. La brutal dominación franquista, y, detrás de ello, la enorme red empresarial que se benefició del totalitarismo podría quedar al descubierto. Un acceso más fácil a la Administración podría revelar los mecanismos más o menos oscuros de concesión o contratación administrativa que favorecieron la consolidación y el crecimiento de empresas que hoy pueblan el índice bursátil Ibex-35, como Iberdrola, Naturgy, Acciona, Ferrovial o Abengoa. 

Material hay de sobra para llenar la prensa de los próximos años. Mariano Sánchez Soler, que publica este mes de septiembre una reedición de su clásico ‘La familia Franco S.A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente’, y cuya obra versa precisamente sobre el tráfico de influencias que tuvo lugar durante la dictadura, señala la oportunidad que se abre: “En la dictadura, el oligopolio pasaba del consejo de ministros al de Administración. Se producía un tráfico de influencias bestial; los empresarios eran procuradores en Cortes, participaban en los Planes de Desarrollo y podían ser nombrados ministros y directores generales”. 

Para Sánchez Soler, “gracias a la nueva ley podrían, por ejemplo, abrirse documentos para saber cómo se hizo el Hotel Meliá de Alicante, o cómo se construyeron barrios completos en zonas no edificables”. Acceder a los contratos públicos, o a documentos que prueben cómo se hicieron los concursos de la época, podría ser de altísimo interés informativo. 

Pero muchos ya no están ni se les espera. A Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, le llama la atención que el histórico diputado de la Unión de Centro Democrático Óscar Alzaga dedicara el primer capítulo de su libro ‘La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas’ precisamente a la quema de documentos y ficheros policiales. 

Alzaga cuenta cómo el Ministerio de la Gobernación, presidido por Rodolfo Martín Villa, decretó en diciembre de 1977 la quema de millones de fichas policiales sobre la oposición, conservando aquellos que se consideraran de especial valor histórico. Esta medida, que coincidió con la aprobación de la ley de punto final, supuso la desaparición de buena parte de los testimonios escritos sobre la represión franquista.  

Por esta razón, entre otras, Silva no cree que la nueva ley "vaya a ser rompedora”. “Puede salir algo de Lorca, pero no de Rafael del Pino (fundador de la constructora Ferrovial) y de sus vinculaciones con las camisas azules; ni tampoco del verdadero origen de Naturgy; ni de los negocios de la familia Franco; ni de las cerveceras de Demetrio Carceller”. “Tampoco nada sobre que el Rey Emérito fue jefe de Estado dos veces, es decir, dictador, por enfermedad de Franco, y que en estas ocasiones firmó la ratificación de los acuerdos con los Estados Unidos y toleró que Hasan II iniciara la Marcha Verde. No es casualidad tampoco que Martín Villa, que no ha sido juzgado por los sucesos de Vitoria, haya sido presidente de Endesa y de Sogecable”.  

Las propias élites que impulsan la normativa estarían interesadas en una resolución controlada del problema de la memoria democrática: “Hay mucha gente afectada y no solo en un partido. Lo que se hace muchas veces es correr cortinas de humo para no llegar al tema económico. Recuerda que la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, una de las principales impulsoras de la primera ley de Memoria Histórica, había vendido sus participaciones de la Hidroeléctrica Vega (un grupo familiar) antes de acceder a este cargo”. 

La quema de documentos no afectó a José Luis Martín Palacín, exmilitante comunista y subsecretario de Estado de Interior en 1986, al que un comisario de la Policía mostró una parte de su expediente. Palacín alerta de que el verdadero problema es la existencia de elementos dentro de las fuerzas de seguridad a los que la transición no ha llegado y que pueden llegar a coordinarse para evitar cambios: “Hay que empezar a tratar quién tiene el poder y de quién dependen las fuerzas y los cuerpos de seguridad, y si lo que tenemos dentro del Estado puede llegar a convertirse en el germen de una especie de Stasi”. 

“Con esta ley pueden salir algunas cosas, claro que sí, como materiales indirectos que permitan investigar, pero también puede haber espacios de la ley que se queden sin efecto: ¿tú crees que alguien con poder que sepa que pueda haber algo que le perjudique no ha intervenido ya para eliminarlo?”

La pasarela entre determinados cargos de las fuerzas de seguridad y las grandes empresas ha demostrado ser amplia. Un caso reciente es el del comisario José Villarejo, presente en Interior desde la transición, y que ha colaborado en el ámbito de la seguridad de BBVA o Iberdrola, que no por casualidad pertenecen al oligopolio privilegiado por la etapa previa a la democracia. 

Las sombras del Estado parecen, por ahora, tapar las luces prometidas por esta reforma democrática: revelar contratos públicos y nombres de empresas y directivos receptores de tratos de favor podría suponer multas de hasta 2,5 millones de euros. La Ley de Protección de Datos también representa otro obstáculo para que determinadas marcas y nombres salgan a la superficie. 

Aún queda alguna salida, si, como afirma Sánchez Soler, los investigadores y periodistas se comprometen. Las dificultades y obstáculos normativos no podrían evitar que se publicaran, sin nombres, los distintos componentes de la continua red de intercambio y corrupción entre el sector público y el privado, subrayando el cómo por delante del quién, y la trama por encima de sus protagonistas. El esqueleto de lo que algunos ahora denominan la Marca España podría salir a la luz, y con este, la espina dorsal de la red político-económica del franquismo. Pendientes aún del trámite parlamentario, la nueva ley encara, nunca mejor dicho, el momento de la verdad. 

El coronel Manuel Sánchez Corbí ocupó durante casi tres años uno de los puestos de mayor responsabilidad y proyección pública dentro de la Guardia Civil. A finales de 2015, con Mariano Rajoy en La Moncloa, asumió la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO). Y ahí, al frente de la unidad de élite del Instituto Armado, se mantuvo hasta el verano de 2018, cuando fue cesado de forma fulminante. Nada tuvo que ver la condena por torturas que mancha su expediente desde los noventa. Ni aquellas declaraciones, ya como jefe de la UCO, colocando en el bando de los "malos" a "etarras" y "peneuvistas" —algo que soliviantó a la formación jeltzale—. Fue el envío de un correo ordenando la suspensión de cualquier actividad que requiriese el uso de fondos reservados lo que motivó su destitución.

Tras su cese, que intentó pelear sin éxito en los tribunales, el coronel permaneció algunos meses más en el Instituto Armado. Hasta que decidió solicitar una excedencia para hacer carrera en el sector privado. Sánchez Corbí fichó por Acciona, multinacional que se encuentra en el epicentro del caso Cerdán y que el magistrado instructor del Tribunal Supremo ha rechazado registrar. Y desde entonces, ejerce como director de Seguridad Internacional. Un tipo de departamento que siempre ha resultado extremadamente goloso para aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dan el salto a lo privado, tal y como dejó constancia de ello el caso Villarejo.

El mismo camino que el coronel han seguido algunos otros agentes que han pasado por esta unidad de élite de la Guardia Civil, que con cerca de seis centenares de miembros, asume investigaciones de gran complejidad, ya sea contra la corrupción –Lezo, Púnica, Kitchen o caso Cerdán–, contra el narcotráfico o contra el cibercrimen, entre otras áreas. En algunos casos, lo hacen solicitando una excedencia para probar suerte –y hacer dinero– fuera del sector público. Y en otros, dan el salto una vez cumplen la edad que provoca su paso automático a la reserva –una especie de prejubilación dentro del Instituto Armado–.

En esta situación se encuentra, desde hace algunas semanas, el coronel Juan Salom Clotet. Durante su etapa en la Guardia Civil, ha sido una de las voces más autorizadas de la casa en el área de ciberdelincuencia. De hecho, en su última etapa fue jefe de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad. Tras su paso a la reserva, ejerce como asesor de esta mismo área para el Grupo Armora, holding enfocado en inversiones estratégicas en materia de seguridad y defensa, y como director de Relaciones Institucionales de DLTCode, que opera en el ámbito de la consultoría tecnológica y digital.

No es la primera vez de Clotet en el sector privado. Ya trabajó durante un par de años como director de Seguridad Internacional del Banco Santander, en una excedencia que puso fin a más de una década como jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa. Un gigante financiero en el que también han aterrizado otros viejos miembros del grupo de élite de la Guardia Civil. Es el caso de José Antonio Lozano, quien dejó atrás casi dos décadas de desempeño en la UCO para fichar por Banesto y, después, por la entidad que preside Ana Patricia Botín.

Otras compañías del Ibex han ido incorporando a antiguos integrantes de la unidad. José Miguel Gordillo, exjefe del Departamento de Apoyo Técnico de la UCO y exmiembro del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), fue fichado por Iberdrola para sustituir a su anterior jefe de seguridad, Antonio Asenjo, que se encuentra a la espera de juicio por el caso Villarejo. Y como director de Seguridad de Telefónica figura el teniente coronel Javier Zorzo, quien fuera durante varios años, según hace constar en su Linkedin oficial, jefe del Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa.

Desde hace mucho más tiempo se encuentra en excedencia Esther Gutiérrez. Entró en el Instituto Armado en la década de los noventa. Y ejerció durante muchos años en su grupo de élite. Hasta que en 2006 decidió emprender un nuevo camino profesional. Algo que hizo de la mano de Codere, el operador de juegos de azar que gestiona máquinas, puestos de bingo y terminales de apuestas con unos ingresos que en 2023 superaron los 1.400 millones de euros. En la firma, ha desarrollado puestos de responsabilidad ligados al cumplimiento normativo, llegando a ser directora de Compliance de la firma en España.

Por aquella Unidad Central Operativa que a comienzos de siglo dirigió el general ya retirado Félix Hernando también pasó Enrique Gómez Bastida. El nombre de este teniente saltó a la palestra a raíz de la operación Puerto, una de las mayores tramas de dopaje del deporte español. Y desde entonces, su carrera profesional ha transcurrido dentro y fuera del cuerpo. Fue director de la Agencia de Protección de la Salud en el Deporte. Luego, comandante de la Guardia Civil en Baleares. Tras eso, director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo. Y ahora, director de Intrusismo del Consell Insular de Ibiza. Su principal objetivo: luchar contra los alquileres turísticos ilegales.

A la Comunidad de Madrid se ha ido, por su parte, Juan Vicente Bonilla, quien trabajó en Fuentes Humanas de la UCO. El capitán fue fichado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como responsable de Seguridad Corporativa del Servicio de Salud con un salario de 84.268,32 euros. Y su nombre ha acabado en los medios tras conocerse mensajes intercambiados con un confidente, en los que ya se hablaba de Koldo García antes de que explotase el caso. "Sería gozoso un achuchón de este tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando", escribía Bonilla tras un encuentro con el confidente que había puesto sobre la mesa el nombre del exasesor.

Sobre estos mensajes informó ampliamente el diario El Plural, que también recogió otras comunicaciones en las que el actual alto cargo del Gobierno de Díaz Ayuso llamaba a "desterrar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, a los que califica de "felón", "inútil", "mamón" o "mentiroso".

El principal selectivo de la Bolsa española, el Ibex 35, se dispara el 7,13% en la apertura de este jueves, y recupera los 12.600 puntos, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya anunciado que suspende durante noventa días la mayor parte de los aranceles, según recoge EFE.

El Ibex 35, que durante las últimas cinco sesiones ha llegado a caer casi el 12%, y ha perdido unos 98.000 millones de capitalización, rebota este jueves ese 7,13%, hasta los 12.636,3 puntos. Las ganancias del año se elevan al 8,96%.

Dentro del mercado español, todos los valores cotizan al alza, aunque destaca la banca. Santander lidera con un alza del 12,92%; seguido de Sabadell, el 12,77%; BBVA, el 12,57%; y CaixaBank, el 11,34%.

De los grandes valores, además de Santander y BBVA, Repsol suma el 9,46%; Inditex, el 6,72%; Telefónica, el 2,91%; Iberdrola, el 2,37%

Redeia, con una subida del 0,5% es el valor menos alcista del Ibex 35.

La Bolsa española y el resto de plazas europeas se contagia este jueves de la euforia que registró en la víspera Wall Street, donde, tras conocerse que Trump daba marcha atrás en su guerra comercial, sus principales indicadores se dispararon.

El Dow Jones subió un 7,87%; el Nasdaq, el 12,16%; y el S&P 500, un 9,52%, tras cuatro jornadas consecutivas de sangría.

La subida del Nasdaq fue la mayor desde 2001; en el caso del S&P 500, desde 2008; y en el del Dow Jones, desde 2020, tras la pandemia de covid-19.

No obstante, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan a esta hora una apertura con caídas de entre el 0,2% en el caso del Dow Jones, y el 1%, en el Nasdaq, lo que según los analistas demuestra la fuerte volatilidad del mercado.

Asimismo, el mercado estará pendiente de la publicación en EEUU del dato del IPC de marzo. Los analistas prevén que tanto la inflación general como su subyacente se hayan moderado ligeramente en el mes, lo que, de confirmarse, será bien recibido por los inversores.

La decisión de Trump de dar un paso atrás en su política arancelaria, y dar una tregua de noventa días para la aplicación de la mayor parte de las tasas anunciadas el pasado 2 de abril, menos a China, también se ha trasladado a Asia.

El Nikkei de Tokio ha subido el 9,13%; en tanto que el Hang Seng de Hong Kong avanza el 2,89%; y la Bolsa de Shanghái, el 1,19%.

En Europa, con el euro al alza, a 1,096 dólares, todos los mercados han abierto con fuertes ganancias: Milán sube el 9,47%; Fráncfort, el 8,33%; Londres, el 5,98%; y País, el 2,86%.

En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos de EEUU baja tras subir con fuerza en la víspera, ante una posible falta de confianza en la economía del país. Así, el rendimiento del bono estadounidense a diez años cae al 4,318% a esta hora.

En Alemania, por el contrario, el rendimiento del bono avanza al 2,7%; y en España, al 3,381%. La prima de riesgo española alcanza los 63 puntos básicos.

El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, cae a esta hora el 0,46%; hasta los 65,17 dólares, después de cerrar la sesión previa con una fuerte subida de más del 4%. El oro sube el 1,23%, hasta los 3.120,95 dólares.

La bolsa española ha perdido este viernes el 5,83%, la mayor caída diaria desde marzo de 2020, y ha cerrado por debajo de los 12.500 puntos por el temor a una recesión por la guerra comercial emprendida por Estados Unidos, así como por el descenso de los bancos y las plazas internacionales, informa EFE.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, con todos sus valores a la baja, ha cedido 769,2 puntos, ese 5,83%, hasta 12.422 puntos, nivel desconocido desde hace dos meses. En la peor semana desde el comienzo de marzo de 2022 ha caído el 6,67%, aunque en el año acumula todavía una subida del 7,13%. En Europa, con el euro en 1,0971 dólares y una depreciación del 0,74%, Milán ha bajado el 6,53%; Londres y Fráncfort el 4,95% cada una y París el 4,26%.

La bolsa española comenzaba el día con una caída cercana al 1% y descendía de 13.100 puntos. Esta bajada estaba motivada por la caída de Wall Street el jueves, su mayor descenso desde junio de 2020, y que se reflejó en el retroceso del 3,98% del índice Dow Jones de Industriales, en tanto que el S&P 500 cedió el 4,84% y el Nasdaq Composite el 5,97%.

También perdieron las plazas asiáticas abiertas, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera estar dispuesto a negociar y rebajar los aranceles si le ofrecen "algo fenomenal". Tokio cayó el 2,75% y Seúl el 0,86%, mientras que los parqués chinos cerraron por festivo.

Poco después de la apertura, el parqué nacional incrementaba su caída al 1,5% y bajaba del nivel de 13.000 puntos arrastrado por la banca. La bolsa iría incrementando sus pérdidas, que se acentuarían con la decisión de China de imponer aranceles del 34% a las importaciones de Estados Unidos a partir del 10 de abril, sancionar a empresas estadounidenses y limitar las exportaciones de tierras raras. La caída de la bolsa española superaría el 6% a media sesión, cuando descendía de 12.500 puntos.

Los datos de empleo estadounidenses de marzo, cuando se crearon 228.000 nuevos puestos de trabajo (en febrero habían sido 117.000), y la tasa de paro creció una décima, hasta el 4,2%, redujeron momentáneamente las pérdidas de la bolsa. Además, los ingresos medios por hora subieron el 3,8% interanual, dos décimas menos que el mes anterior.

Wall Street abría con una caída del 3,3% que se mantenía al final de la sesión española, en el que se reducían sus pérdidas a pesar del descenso del 9,36 % de media de los bancos. El barril de petróleo Brent se negociaba a 65,7 dólares con una caída del 6,33 %, la mayor desde mediados de julio de 2022.

De los grandes valores ha destacado la caída del 9,37% de BBVA, la quinta mayor del IBEX, en tanto que Banco Santander ha cedido el 8,77%; Repsol el 5,56%, Telefónica el 3,8%, Iberdrola el 3,57% e Inditex el 1,72% (segunda menor caída del IBEX).

Los bancos han ocupado los cinco primeros puestos por pérdidas del IBEX, ya que Banco Sabadell ha cedido el 10,97%; Unicaja ha retrocedido el 10,56%; Caixabank el 10,3%, BBVA el 9,37% y Bankinter el 9,31%. En el lado contrario, la menor caída correspondió a Puig, el 0,92%, seguida por Inditex, mientras que Redeia ha bajado el 2,39%, Enagás el 2,56% y Grifols el 3,01%.

La bolsa española ha bajado este jueves el 1,19% y ha perdido el nivel de los 13.200 puntos por el retroceso superior al 3% de Wall Street tras los aranceles impuestos por Estados Unidos, según informa EFE.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha perdido 159 puntos, ese 1,19%, hasta 13.191,2 puntos, nivel de comienzo de semana. En el año gana todavía el 13,77%.

En Europa, con el euro a 1,1065 dólares y una apreciación del 1,95%, entre las grandes plazas ha destacado la caída del 3,6% de Milán y del 3,11% de París, las mayores en dos años, mientras que Fráncfort perdió el 3,08% y Londres el 0,55%.

Después de acercarse a 13.100 puntos al comienzo de la sesión con una caída cercana al 2 %, la bolsa española reducía posteriormente su caída.

Los aranceles estadounidenses, del 20% para la Unión Europea, no habían impactado en la negociación de Wall Street en la víspera por conocerse tras el cierre bursátil. El índice Dow Jones subió el 0,56%, el S&P 500 el 0,67% y el Nasdaq Composite el 0,87%.

Sin embargo, en Asia, Tokio perdió el 2,77%, Hong Kong el 1,52%, Shanghái el 0,24%, Hong Kong el 1,52%; y Seúl el 0,76%.

Se conocían datos de la evolución de la actividad del sector servicios el mes pasado en Japón (caía) y en China, donde subía.

Posteriormente, y mientras la plaza española intentaba acercarse a 13.300 puntos, se publicaban los datos del sector servicios en Europa, donde mejoraba en Italia, Francia, Reino Unido y en la zona euro.

Wall Street abría con una caída del 2,6% a pesar de que mejoraban los datos de empleo (las peticiones semanales de subsidios de desempleo bajaban a 219.000, seis mil menos que en el período anterior). Sin embargo, la actividad en el sector servicios estadounidense se acercaba a la contracción en marzo con una caída cercana a tres puntos, hasta 50,8. 

La bolsa española conseguía reducir su caída al final de la sesión tras haberse acercado a 13.100 puntos y terminó por encima de 13.200 puntos a pesar de la bajadq del 3,4 % de Wall Street por temor a una recesión en EEUU por la situación creada por los aranceles impuestos a las importaciones en Estados Unidos, que condicionarán el crecimiento económico mundial. El barril de petróleo Brent perdía el 6,88 % y se negociaba a 69,79 dólares.

De los grandes valores han destacado las pérdidas del 5,35% de Repsol y del 5,2% de Banco Santander, cuarta y quinta mayores del IBEX, respectivamente, en tanto que Inditex ha cedido el 2,11% y BBVA el 1,53%. Iberdrola ha ganado el 3,19% (cuarta empresa más alcista del IBEX), y Telefónica el 2,24%. 

Empresas afectadas por los aranceles y la situación económica que crearán presidieron las pérdidas del IBEX: ArcelorMittal cayó el 6,61%; Acerinox el 6,38% e IAG el 5,77%. Subieron Solaria, el 5,38%; Cellnex el 5,22%, Indra el 4,33% y Redeia el 3,66%.

Las bolsas europeas han abierto la sesión de este martes con subidas en torno al 0,50% resarciéndose de las caídas en torno al 1% y superiores registradas este martes, ante el temor de una recesión en Estados Unidos.

En la apertura, con el euro apreciándose el 0,51 % frente al dólar, y situándose en 1,0889 unidades, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 0,64 %; seguida de París, con el 0,48 %; Milán, con el 0,32 %; Madrid, con el 0,23 %, y Londres, con el 0,13 %, según informa EFE. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube, el 0,71 %.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró este martes con un descenso del 0,64 % en una jornada en la que llegó a caer más del 2 % por dicho temor a una recesión en EE. UU., y en línea con las pérdidas de la víspera en Wall Street. Por su parte, el índice más amplio Topix, que agrupa a los valores con mayor capitalización, retrocedió un 1,11 %; mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,41 %, y el parqué de Shenzhen se anotó el 0,33 %.

EEUU registró fuertes descensos este lunes, al cierre de la bolsa: el Nasdaq perdió un 4 %; el Dow Jones de Industriales cayó un 2,08 %, y el selectivo S&P 500 bajó un 2,69 %. La Bolsa de Nueva York respondía así a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, que preguntado por su opinión ante algunos datos que apuntan a una recesión dijo que no quería hacer predicciones, pero anticipó un "periodo de transición" económica debido a los aranceles que su Gobierno ha impuesto o pretende imponer a los bienes de otros países.

Este lunes se dará a conocer en EEUU el índice que mide el optimismo de las pequeñas empresas, que se disparó al alza tras las elecciones presidenciales estadounidenses y que en enero descendió sensiblemente, con las compañías mostrándose preocupadas por el impacto de las nuevas tarifas que pretende implementar el presidente Trump.

También destacará la publicación en EEUU del informe JOLTS de empleos ofertados del mes de enero, y se celebrará una nueva reunión entre EE. UU. y Ucrania en Arabia Saudí para continuar con las negociaciones de paz.

Trump espera avances y que Ucrania firme el acuerdo de minerales raros, mientras que el país podría proponer un alto al fuego parcial que permite que EEUU vuelva a suministrar material militar. Asimismo, este lunes la UE seguirá estudiando fórmulas para financiar el plan para rearmar Europa.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a largo plazo, considerado el de referencia, sube hasta el 2,8470 %, mientras que el español también asciende, hasta el 3,497 %. Las materias primas también avanzan. El oro se aprecia el 0,24 %; hasta los 2.906 dólares el precio de la onza, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa, escala el 0,29 %, hasta los 69,47 dólares el precio del barril.

Entre tanto, el petróleo de EEUU, el West Texas Intermediate (WTI), también avanza, el 0,23 %, hasta los 66,17 dólares el barril, antes de la apertura oficial del mercado. El bitcóin, por su parte tras las fuertes caídas sufridas en las últimas horas, se recupera subiendo un 1,75 %, hasta los 80,658 dólares.

Las bolsas europeas registran este lunes en los primeros compases de cotización caídas superiores al 1%, con el euro cotizando por debajo de 1,03 dólares, ante la inminente imposición de aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, a México y Canadá, del 25%, y del 10% a China. En los primeros minutos de sesión, la bolsa que más cae es la de Fráncfort, con el 1,95%; seguida de París, con el 1,88%; Milán, con el 1,54%; Madrid, con el 1,30%, y Londres, con el 1,23%; mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 1,94%, según informa EFE.

El euro registra una destacada caída, del 1,18%, y se sitúa el cambio en 1,024 dólares, acercándose cada vez más a la paridad, y situándose en niveles de noviembre de 2022.

Las bolsas asiáticas, por su parte, se han derrumbado este lunes, con Tokio y Seúl liderando las pérdidas, ante las medidas arancelarias del presidente Trump, que aprobó este fin de semana para Canadá, México y China. El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2,66%; el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdió un 2,45%; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cerró con una caída del 2,52%; y el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, perdió un 1,08%.

Las bolsas de Shanghái y Shenzhen no operan este lunes por la época festiva del Año Nuevo lunar; como tampoco lo harán este martes, de manera que el parqué retomará su actividad el miércoles 5 de febrero.

Donald Trump avanzó este domingo que espera hablar por teléfono durante el lunes con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y no espera "nada dramático" de esas conversaciones que ocurrirán poco antes del inicio de los nuevos aranceles del 25% a la mayoría de importaciones de esos dos países vecinos.

Entre los datos más destacados que se conocerán este lunes se encuentran los datos preliminares de la estimación de la inflación, y el PMI manufacturero de enero en la eurozona, que también se conocerá en EEUU. En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a diez años, cede hasta el 2,428 %, y el español también desciende hasta el 3,099 %.

El petróleo, por su parte, responde a la política arancelaria con subidas, que son del 1,44 % en el caso del Brent, de referencia en Europa, hasta los 76,78 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también avanza el 2,47 %, hasta los 74,32 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

Por el contrario, el oro registra una leve caída del 0,07% y el precio de la onza se encuentra en 2.799,37 dólares. El bitcóin, la criptomoneda más utilizada del mercado, cae ya un 1,78%, hasta los 95.289 dólares.

Las empresas del Íbex 35 batieron récord en 2023, por tercer año consecutivo, en pago de dividendos a sus accionistas. Les retribuyeron con 30.086,83 millones de euros, un 19% más que en 2022, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España en su último informe anual. En realidad, la cifra es superior, alcanza los 43.709 millones, si se tienen en cuenta las recompras de acciones, otra manera de retribuir al inversor. Es el segundo mejor registro de la historia del selectivo español, sólo superado por el de 2014. La racha de beneficios que disfrutan las grandes compañías desde el covid tiene su reflejo en el reparto de dividendos, de forma que la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española –un 4,6%– supera, un año más, la de las bolsas británica –3,5%–, italiana –1,6%–, francesa –3%– y de Estados Unidos –1,6%–. Sólo la alemana, con un 4,9%, rinde más.

Cierto es que los beneficios de las 35 empresas del Íbex cayeron el año pasado en conjunto un 9,6% respecto al ejercicio anterior, pese a que sus ingresos crecieron un 5,6%. Pero su rendimiento en la Bolsa fue tan espléndido que el índice español se revalorizó un 22,76%. Sólo el Nasdaq, el Nikkei japonés y el FTSE MIB italiano lo hicieron mejor que el español en 2023. El descenso de las ganancias fue culpa de las pérdidas de Telefónica, Cellnex, Merlin Properties y Colonial. No obstante, fueron compensadas con holgura por los boyantes resultados de los cinco grandes bancos, que ganaron un 26% más que en 2022: los beneficios de Caixabank, Sabadell y Bankinter crecieron nada menos que un 54%, 55% y 51% respectivamente, mientras que Santander y BBVA ganaron más dinero que nunca –11.076 y 8.019 millones–.

Al mismo tiempo, Inditex disparaba los suyos un 30%, hasta los 5.381 millones. El de IAG sí que fue un despegue espectacular: tras la parálisis de vuelos forzada por la pandemia, multiplicó por seis sus ganancias. Con el mismo impulso, AENA aumentaba sus resultados un 80% y la tecnológica del turismo Amadeus un 58%. El repunte de los precios del gas por la guerra de Ucrania también permitió a Naturgy mejorar sus ganancias un 20%. El crecimiento porcentual de Iberdrola fue un poco menor, un 10,7%, pero le bastó para firmar el mayor beneficio de su historia, 4.803 millones de euros. Ferrovial estrenó su nueva sede en Países Bajos también con cifras récord: ganó 460 millones de euros, un 148% más que en 2022.

En este clima de éxito, también ha crecido la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Según la Agencia Tributaria, un 9%, hasta los 35.060 millones de euros, consecuencia de un aumento de los beneficios empresariales del 10%, un máximo histórico. Como se ve, la cantidad repartida en dividendos por el Íbex 35 –esos 30.086,83 millones de récord– casi alcanza los ingresos del impuesto sobre los beneficios de todo el tejido empresarial español.

Sin embargo, las empresas del Íbex 35 pagaron en 2023 al fisco en concepto de impuesto de sociedades 6.468 millones de euros, 66 millones menos que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del informe sobre Contribución Tributaria Total del Íbex 35 que publica la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). A esa cifra habría que añadir los 1.029 millones del gravamen temporal que han tenido que abonar las empresas del sector energético y los 1.109 millones del gravamen temporal a la banca.

infoLibre ha comparado los dividendos repartidos por las 25 empresas de mayor capitalización con los impuestos que han abonado por sus beneficios, basándose en la información que sobre ambos parámetros publican en sus informes anuales. El resultado: han gastado 6.500 millones de euros más en retribuir a los accionistas que en pagar a Hacienda. Un 32% más. Los dividendos alcanzaron los 26.842,23 millones de euros; el impuesto de sociedades se quedó en 20.322,48 millones. La factura fiscal sólo creció para ellos un 5,7%, 1.106,85 millones más. Es decir, la mejora de los dividendos quintuplica la del impuesto.

Algunos ejemplos. Inditex distribuyó 4.800 millones de euros entre sus accionistas con cargo a los beneficios de 2023, más que triplicando los 1.475 millones de euros que han pagado en el impuesto de sociedades. Aunque esta última cifra se refiere a los impuestos que el grupo de Amancio Ortega ha abonado en todas las jurisdicciones donde opera. Según recoge en su informe país por país, Inditex pagó a la Hacienda española 334 millones de euros.

Endesa también triplica con sus 1.058,75 millones en dividendos los 347 millones que pagó en el impuesto de sociedades en 2023. El hecho de que el año pasado redujera sus beneficios un 60,34% no impidió que siguiera remunerando de forma generosa a sus accionistas: recortó un casi un 37% los dividendos, casi la mitad de lo que cayeron sus resultados.

La semipública Enagás recortó igualmente su beneficio, un 20% en 2023, y consecuentemente el impuesto de sociedades, pero aumentó la cantidad destinada a dividendos, un 1,17%, hasta los 455,36 millones de euros, lo que multiplica casi por seis los 78,08 millones que pagó a Hacienda.

Merlin Properties sólo pagó 8,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades en 2023. Es una socimi –sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria–, que cuenta con un régimen fiscal especial: disfruta de un tipo general de gravamen del 0% en el impuesto de sociedades, pero se le aplica un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos y del 19% sobre los distribuidos, sujetos a determinadas condiciones. Pero también está obligada a repartir dividendos todos los años. Así, distribuyó 207 millones entre sus accionistas el año pasado, 24 veces lo que pagó a Hacienda. Y ello pese a que registró unas pérdidas de 83,5 millones de euros.

Los dividendos pagados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en 2032 ascendieron a 532,46 millones de euros, más del doble que el ejercicio precedente y casi tres veces lo que pagó en el impuesto de sociedades, 199 millones.

Iberdrola –3.532,8 millones–, Amadeus –558,62 millones– y las públicas Aena –1.149 millones– y Redeia –541 millones– también más que duplicaron en el reparto de dividendos los impuestos por los beneficios.

En 2023, Telefónica aumentó un 41,2% su remuneración a los accionistas respecto al ejercicio precedente, pese a haber pasado de ganar 2.011 millones a perder 892 millones de un año a otro. El dividendo distribuido alcanzó los 1.698 millones, duplicando los 899 millones que pagó en concepto de sociedades.

Naturgy es otro de los miembros del Íbex que superó los 1.000 millones en dividendos el año pasado. Sus 1.454 millones de euros también duplicaron el impuesto de sociedades abonado. Por lo que a Ferrovial se refiere, su último año con sede social en España lo cerró recortando su retribución al accionista en un 56,7%, hasta dejarlo en 250 millones de euros, pese a haber disparado sus beneficios nada menos que un 147% respecto a 2022.

De entre las 25 grandes, también las hay que retribuyeron menos a los accionistas de lo que pagaron a Hacienda: BBVA y Banco Sabadell, Cellnex, Acciona Energía, Indra y Sacyr. El banco que preside Carlos Torres distribuyó 3.169,8 millones de euros en dividendos y pagó más, 4.003 millones, por el impuesto de sociedades. Cellnex abonó tres veces más por sus beneficios de lo que repartó a sus accionistas –40,3 millones–. El Sabadell subió hasta los 326,4 millones en dividendos y Acciona Energía hasta los 158 millones. Indra sólo pagó 44,1 millones de euros, la mitad de los que ingresó en Hacienda, y Sacyr 106,7 millones, cuatro veces menos de lo que abonó en el impuesto de sociedades.

Pero la entidad que más dinero repartió entre sus accionistas fue el Banco Santander, 5.538 millones de euros, un 23% más de lo que pagó por sus beneficios en 2023 y un 44% más que el dividendo de 2022.

Además, merece destacarse el caso de IAG, el grupo propietario de Iberia y la única de las 25 grandes que no distribuyó dividendos en 2023. Lleva sin hacerlo desde 2020, cuando el covid dejó en tierra sus aviones y entró en pérdidas –6.923 millones de euros–. Volvió a números negros en 2022 y el año pasado sextuplicó sus beneficios hasta los 2.655 millones. Pero tampoco recuperará el dividendo este ejercicio, un asunto que ni llegó a tratarse en la junta general de accionistas que celebró el grupo la última semana de junio.

Las mayores compañías también han sido más generosas a la hora de remunerar a sus consejeros que a sus empleados. A tenor de las cifras que ellas mismas proporcionan en los informes anuales enviados a la CNMV, las 25 empresas con mayor capitalización pagaron a sus consejeros un 17,8% más en 2023, mientras que la retribución media de sus plantillas mejoró sólo un 5,2%. Las que más aumentaron su gasto en remunerar a su consejo de administración fueron Indra y Cellnex. En el primer caso, la nómina de su cúpula se multiplicó por siete debido a los 15,5 millones de euros que cobró su exconsejero delegado Ignacio Mataix y que incluyeron una indemnización de 2,64 millones por su salida de la empresa en mayo de 2023 y otros 1,98 millones en concepto de pacto de no competencia. Otro consejero ejecutivo, Luis Abril, también septuplicó sus emolumentos, hasta llegar a los 5,9 millones de euros. La retribución media de la plantilla –34.408 euros anuales– creció un 5,8% el año pasado.

En el operador de telecomunicaciones Cellnex, el alza de los pagos a sus consejeros fue del 90% en 2023, mientras que la nómina media de los empleados –84.000 euros anuales– creció un 21,7%.

Entre los 25 grandes, sólo bajaron tanto la retribución total de su consejo como la media de su plantilla Redeia y Repsol. También recortaron a sus máximos ejecutivos Naturgy y Telefónica. Y a sus empleados, Merlin Properties, Acciona Energía y BBVA. La entidad que más gastó el año pasado en remunerar a sus consejeros es el Santander, 28,56 millones de euros, seguido de Indra, con 24,88 millones. Por detrás, Iberdrola –23,96 millones– y ACS –23,09 millones–. La que menos, AENA, que como empresa pública tiene topados por ley los sueldos de sus máximos ejecutivos.

Con los empleados, la empresa con la retribución media más elevada es Merlin Properties, 101.000 euros anuales, seguida de Iberdrola, con 88.000. Las nóminas medias más cortas son las que cobran de media las plantillas de Indra –34.408 euros– e Inditex –36.000–.

 “CriteriaCaixa invierte en compañías líderes y en sectores identificados como de mayor atractivo por su crecimiento, nivel moderado de riesgo, precio y rentabilidad, con una adecuada política de dividendos, priorizando activos líquidos que aseguren una entrada de ingresos recurrentes”. Es la declaración de intenciones accesible a todos en la página web del brazo inversor de la Fundación Bancaria la Caixa, que se ha convertido en los últimos días en accionista de referencia en Telefónica, primera operadora de telecomunicaciones del país, dejando clara su intención de elevar su participación al 10%, la misma que tendrá el Gobierno a través de la SEPI; de la mayor inmobiliaria nacional, Colonial, con la compra del 17%; y en el segundo mayor accionista del grupo líder en infraestructuras, ACS, donde ha desembarcado con casi el 10%, en concreto el 9,4. Antes ya había aprovechado la salida a bolsa de Puig, firma de cosmética centenaria, para hacerse con algo más del 3%, y se prepara para reforzar su posición en Naturgy, donde ya posee el 26,71%, en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que tiene previsto lanzar el grupo emiratí Taqa, según algunas fuentes.

Dentro de su cartera contaba ya, además, con más del 99% de Saba Infraestructuras, operador de aparcamientos de referencia a nivel internacional; o el 15% de Aigües de Barcelona, el ente responsable del ciclo integral del agua en la capital catalana, entre otras participaciones.

“Da la sensación de que hace algo más de tres meses salió de compras y aún no ha vuelto, por lo que es previsible que haya más. Aunque estas operaciones no se cierran de un día para otro y se han llevado con discreción hasta estar seguros de poder aprovechar oportunidades”, mantienen analistas del mercado. Y añaden que, a que hayan podido hacerlo, a pesar de que haya supuesto “casi 5.800 millones de euros en inversiones, no todo en aportaciones dinerarias”, ha contribuido el que “no tuviera que endeudarse en exceso, dados los históricos resultados de CaixaBank en 2023 -Criteria es propietaria de casi el 32% de esa entidad bancaria que ganó 4.816 millones el pasado año, un 53,9% más, y distribuyó un dividendo de 2.890- y de otras empresas de las que ya formaba parte como Naturgy o Telefónica. Contaban con casi 1.000 millones de recursos”, mantienen. De hecho, la propia Criteria obtuvo en 2023 un beneficio neto consolidado de 1.910 millones, un 59% más que en 2022, gracias a esa buena marcha de sus participadas. El holding se nutrió de dividendos récord de 1.114 millones, un 34% más que el ejercicio anterior.

La nueva ronda de adquisiciones se ha producido después de que Ángel Simón asumiera el cargo de consejero delegado el pasado enero, en sustitución de Marcelino Armenter, y con la renovación de Isidro Fainé como presidente hasta 2028. En estos meses, Criteria ha relanzado su rol de grupo inversor español de primer nivel con su entrada en empresas, muchas de ellas señaladas por el Gobierno como estratégicas para el país, si bien fuentes de éste indican que se trata de una entidad “independiente” que toma sus propias decisiones. ¿Qué hay detrás de su ofensiva, tiene que ver con el sentido de Estado?

“Es una estrategia razonable dentro de un entorno de mercado donde había abundancia de liquidez y menos oportunidades de inversión, pero que, cuando los tipos subieron y el mercado se ‘normalizó', había que movilizar”, sostiene Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Constata que “Criteria está invirtiendo en empresas normalmente estratégicas” y lo contextualiza: “El proceso que hubo en España de liberalización se llevó más lejos que en otros países, perdiendo la posición de empresas españolas en otras empresas españolas o la del propio Gobierno”. De ahí que piense que el que se estén llevando a cabo movimientos desde “las propias empresas privadas o corporaciones financieras como Criteria, que es el brazo financiero de la fundación La Caixa”, sea “una buena noticia”. “Además -hilvana- está creando un holding bastante importante y genera una influencia empresarial también, porque está tomando la primera o la segunda posición de inversión” en las entidades en las que aterriza.

Preguntado sobre si cree que opera en línea con el Gobierno, Rodríguez responde que, si no lo hace tal cual, “ayudan”, porque las empresas “se quedan entre capital español. Hay un circuito interno de capital y de inversión bastante interesante y los intereses de todos pueden estar muchos más alineados que con grupos inversores extranjeros. Al final, todo lo que pase aquí le pasa a uno y a otro, al inversor y al invertido”. Anota, asimismo, que en el caso de Criteria, está adquiriendo participaciones “en empresas, que siendo estratégicas, están diversificadas, no todas están en los mismos sectores, y están funcionando bien en bolsa”. Salvo Puig, que se ha estrenado este mes de mayo, las compañías hacia donde ha apuntado Criteria formaban parte ya del selectivo y tienen una posición consolidada en sus respectivas áreas de actividad.

En opinión del catedrático de Economía, en definitiva, “es una buena noticia que el capital venga de ahí y no de fuera, como hemos estado viendo los últimos años y en los intentos recientes”, incide, en alusión a los países árabes o a China.

Otras fuentes destacan un aspecto más, a su juicio positivo, vinculado a las recientes operaciones del ente: su incursión en las empresas a las que llega o en las que redobla esfuerzos supone que éstas cuenten con “accionistas estables”, en lugar de otros “cortoplacistas o que sólo busquen valor”.

Desde el ámbito financiero colocan la lupa en que está realizando “una rotación de cartera”. “En los últimos años, Criteria había desinvertido en empresas como Abertis o en Repsol, tenían caja y la están usando e invirtiéndola en empresas de infraestructuras como ACS o en Colonial, que normalmente tienen unos retornos más estables”. A juicio de estas fuentes, buscan “rentabilidad de retornos, de dividendos, sobre todo”.

Para Ignacio Cantos-Figuerola, socio director de atl Capital, en la trastienda de la estrategia de Criteria hay “una vuelta a sus orígenes”. Se explica: “Históricamente La Caixa ha tenido bastantes participaciones en empresas, muchas asociadas con Cataluña, pero algunas como Telefónica más nacional. Cuando llegó en 2008 la crisis financiera, los reguladores en todo el mundo hacen que los bancos en su mayoría tengan que deshacerse de sus participaciones industriales porque eran otro factor de riesgo. Les trasladan que representaban un consumo de capital importante, por lo que no eran muy convenientes. Ahí entidades como Santander, BBVA o Caixa, eliminan, quedándose sólo con algunas”. En la actualidad, “que ya los colchones de capital están perfectamente dotados, es más, casi todos los bancos en general tienen exceso de capital, Criteria puede volver a centrarse en su vocación inversora”, añade.

En relación al caso concreto de Telefónica desliza que “puede haber un poco cierta rabieta de ‘yo he sido siempre el máximo accionista individual, y ahora vas a llegar tú, Estado, y me vas a quitar'". "Va a comprar hasta el 10 -el porcentaje que tiene SEPI-, pero supongo -enlaza- que eso incluirá el 3% que tiene de manera directa CaixaBank, que se sumará al 5% que tiene Criteria y que ésta comprará hasta completar”.  

En cuanto a ACS, pone el foco en que ésta "es la dueña de Abertis, que es una de las participaciones tradicionales que ha tenido Criteria. Salió cuando la compraron la italiana Atlantia, que ahora se llama Mundys, y ACS, con lo que es una forma de volver a entrar". Engarza que "el Gobierno nunca ha señalado a ACS como empresa estratégica", por lo que no sería esto, o al menos no sólo esto, lo que estaría marcando la actividad inversora de la entidad comandada por Fainé y Simón. En ese sentido, indica que es probable que el Ejecutivo que capitanea Pedro Sánchez, quiera "la oferta competidora en Talgo que se ha dicho que a lo mejor podrían lanzar", sobre la que entiende que "estudiarán la operación" y no descarta que la materialicen. "Si la ven", matiza. "Pueden hacerlo porque el capital está bien dotado y ya no tienen problemas con el consumo de capital que supongan estas participaciones industriales, que lo suponen", recalca.

De momento, lo que ha dejado claro Criteria es su intención de continuar consolidando un modelo de inversiones basado en construir una cartera centrada en sectores estratégicos de la economía como la banca, la energía, las telecomunicaciones y el agua, en el que asumirán cada vez más peso la construcción y las infraestructuras, a la luz de lo aportado por todas las fuentes sondeadas.

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El revuelo por el frustrado fichaje Alberto Garzón por Acento ya está aplacado y el mundo de las consultoras de "asuntos públicos" sigue girando como siempre. He aquí dos escenas de plena normalidad deparadas por el negocio del lobby, que vive una época de fuerte expansión sin una ley específica que lo regule. 1) Political Intelligence, "agencia pionera en asuntos públicos", ha fichado a Santiago Cervera, histórico de UPN y del PP, exconsejero de Salud de Navarra (1996-2003) y exdiputado en el Congreso (2008-2012). 2) Mientras tanto, la web de Ahead sigue sin actualizarse para aclarar que esta consultora de "asuntos públicos" está inactiva porque Lander Martínez, ex secretario general de Podemos Euskadi, que la fundó en 2021, ejerce como diputado por Sumar y se ha tomado una excedencia, como aclara él mismo a infoLibre.

Los de Cervera y Martínez son casos muy distintos y al mismo tiempo descriptivos de la naturaleza del sector lobby, término que suele arrastrar connotaciones negativas –casi todo el mundo rechaza esa etiqueta– pero que no es más que la acción ante las instituciones a favor de un interés privado. El primero es un veterano de la derecha navarra fichado por una multinacional con sede en España. El segundo, un dirigente de la nueva izquierda que montó una modesta cooperativa con "valores progresistas" en el lapso entre que dejó de ser diputado en el Parlamento vasco y empezó a serlo en el Congreso. El primer caso es el de una compañía fichando un veterano político ya alejado de la cosa pública. El segundo, el de una búsqueda de reciclaje profesional. Las dos estampas van a ser habituales en el mundillo.

Los casos citados constituyen dos pequeñas muestras de un sector dinámico, difícil de dimensionar. Por un lado, hay empresas dedicadas a estas tareas para sus clientes. Se las suele conocer como consultoras, las hay españolas y multinacionales y bien pueden dedicarse en exclusiva a lobby o a lobby y otras tareas. Por otro lado, no sólo las consultoras hacen lobby. También es usual que las grandes compañías tengan departamento de esta materia. Un dato: más de 20 firmas del IBEX tienen ficha en el registro de lobbies de la UE. Y eso dejando al margen la actividad de cabildeo que hacen ONG, organismos y asociaciones de todo tipo.

Al no existir una ley, ni los conceptos están formalizados ni hay un registro estatal que permita conocer todas las entidades que hacen lobby. Un profesional del sector estima el número de profesionales entre 500 y mil y el número de consultoras que realizan esta tarea en unas 40. Es un dato orientativo y no es oficial. Lo que es seguro, a tenor de todas las voces recabadas, es que es un sector en alza. "Asuntos públicos crece por sus dos patas, lobby y comunicación", dice una lobista que ha trabajado para una multinacional. Otra, que impulsa su propio proyecto, afirma: "No es verdad que haya una burbuja, esto va en serio. Es un sector que crece y va a seguir creciendo porque se dan las condiciones para que así sea". ¿Qué condiciones? Empresas que lo demandan y políticos que, ante temas cada vez más complejos y un mundo en cambio vertigionoso, aceptan la interlocución de lobistas que los ayudan a entender... aunque no lo hagan desinteresadamente.

Una segunda certeza en el mundo lobby, además de su auge como negocio, es que las consultoras se sirven de la cantera de lo público. Aunque se trata de un campo donde abundan profesionales de alta formación en inteligencia política, government affairs, relaciones institucionales, big data o comunicación, el político tiene también mucho tirón: mucho más de lo que se observa a simple vista y más allá de los nombres que han aflorado a raíz del caso de Garzón, que ha demostrado que se trata de un terreno políticamente inflamable.

En el debate sobre la incorporación de políticos al lobismo, en el que ni hay dos casos iguales ni la brocha gruesa vale para nada, las posiciones oscilan entre las más críticas, que la ven como una forma de poner al servicio de intereses privados una agenda labrada durante la tarea pública, y las más benévolas, que subrayan el derecho del político a rehacerse profesionalmente utilizando el bagaje adquirido durante su paso por las instituciones.

A continuación un repaso por destacadas consultoras y nombres políticos en las mismas.

En apenas cinco años, Acento, que en 2022 facturó 6,2 millones, se ha convertido en un referente del sector e incluso presume de su "posición como primera consultora de asuntos públicos de España". Es la agencia más asociada a figuras políticas de primer nivel. Fue fundada en 2019 por el exdirigente del PSOE, exparlamentario y exministro José Blanco y por el también socialista Antonio Hernando, que dejó la firma en 2021 para ir a La Moncloa como director adjunto del Gabinete de la Presidencia. El presidente de Acento es Alfonso Alonso, exministro y exparlamentario por el PP. El director general es Miquel Gamisans, que fue secretario de Comunicación del Govern de Cataluña (2016-2018) y secretario de Atención Ciudadana (2018-2021) a propuesta de ERC.

En el consejo asesor de Acento hay tres ex secretarios de Estado con el PP –Elena Pisonero, José María Lasalle y Rubén Moreno–, un exministro del PSOE –Valeriano Gómez– y una exdirigente socialista y miembro del Consejo de Estado –Elena Valenciano–. A todos ellos se sumó hace tres meses el teniente general en la reserva Ignacio Bengoechea, que en 2021 fue nombrado segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. Precisamente el sector defensa es uno de los que está reforzando Acento, tras hacerse fuerte en energía y farmacia.

Es difícil hacer una comparación directa de Acento con Llorente y Cuenca (LLYC), que no sólo se dedica a asuntos públicos, sino a otras muchas áreas: comunicación corporativa, financiera o digital, búsqueda de talento para empresas... Su facturación en 2023 superó los 83 millones, si bien no desagrega por áreas. Nacida en 1995 y con presencia en más de una decena países, la mayor densidad política en LLYC se da en el "consejo asesor", donde figura el exministro socialista Jordi Sevilla.

A Sevilla se suman tres ex secretarios de Estado con el PP: Nemesio Fernández, de Energía (1996-1998), Ramón de Miguel, de Política Exterior (1996-2000), y Marisa Poncela, de Comercio (2016-2018). También pertenece al consejo asesor Maite Arcos, que fue alto cargo de Economía entre 2020 y 2021 con Nadia Calviño (PSOE) al frente. Otro miembro es Alberto Montero, diputado entre 2016 y 2019 por Podemos y que fue figura económica clave del espacio morado. Al igual que ocurre en Acento, LLYC también cuenta con su militar. Se trata de Pedro Méndez de Vigo y Pantojo, miembro del consejo asesor y general en la reserva

Estos nombres se añaden a otros de profesionales de prestigio en campos diversos, completando un consejo asesor cuyos miembros no cobran por pertenecer al mismo pero sí cuando además son senior advisors y asesoran a clientes de LLyC, caso de Jordi Sevilla, Alberto Montero o Méndez de Vigo, explica la compañía. El consejo sirve a LLYC, explica una fuente de la compañía, para afinar la atención a sus clientes en todas las áreas, incluida asuntos públicos.

Hay más nombres con destacada trayectoria política en LLYC, ya fuera del consejo asesor. Uno es Fernando Moraleda, diputado de 2008 a 2011 y ex secretario de Estado de Comunicación (2005-2008, con Zapatero), ahora director de la Oficina Agro de la consultora. Desde esa posición, que no está en el área de Asuntos Públicos, ayuda a los clientes con los fondos europeos y el "relacionamiento institucional". En octubre de 2023 se incorporó al servicio de Asuntos Públicos especializado en salud José Martínez Olmos, exparlamentario socialista en el Congreso (2011-2016) y el Senado (2016-2019), en ambos casos portavoz de Sanidad, que además fue alto cargo de Sanidad (2004-2011).

El medio especializado Dircomfidencial utiliza la expresión big three –tres grandes–de las compañías españolas del sector para hablar de LLYC, Acento y Vinces. Esta tercera, nacida en 2010 y con más de 5 millones facturados en 2022, se presenta como una "consultora estratégica especializada en asuntos públicos". Ernest Benach, su director en Cataluña, fue presidente del Parlament de 2003 a 2010, por ERC. Ricardo Riquelme, director asociado, fue alto cargo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (PP) entre 2012 y 2015. Asesora y hace lobby en Bruselas para Vinces Carlos Carnero, antiguo eurodiputado socialista (1994-2009) y miembro de la convención que elaboró la Constitución Europea.

Hay un ramillete de nombres que aparecen siempre que se consulta por marcas de referencia en este campo. Uno es la consultora española Atrevia. Al igual que ocurre con LLYC, asuntos públicos es sólo una de sus patas. Con una facturación de todas sus áreas superior a 36 millones en 2022, tiene como directora de Asuntos Públicos a Sònia Recasens, que fue teniente de alcalde de Economía en Barcelona con entre 2011 y 2015, con Xavier Trias (CiU).

Se trata de una compañía que –al margen de sus perfiles más técnicos– ha tirado también de nombres destacados del ámbito público. El mejor ejemplo es Joan Clos, exalcalde de Barcelona (1997-2006), exministro de Industria (2006-2008) y exembajador en Turquía (2008-2010), que se incorporó como asesor en 2019 y dejó de serlo en algún momento que la compañía no precisa. Clos, asesor también de Salvador Illa, es una destacada figura del lobby inmobiliario como presidente de Asval, grupo de interés entre cuyos impulsores está Blackstone. En 2021 Atrevia incorporó como asesora a Belén Romana, expresidenta de la entidad semipública Sareb, el conocido como "banco malo". Aunque Romana aún se identifica como asesora de Atrevia, la compañía dice que ya no lo es y que nunca realizó tareas de "asuntos públicos", sino asesoramiento sobre prácticas sostenibles. Fuera del ámbito político, es asesor de Atrevia para Iberoamérica Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País.

Fundada en Suecia, la consultora Kreab factura en España 16,16 millones (2022). Sus tareas van más allá de los "asuntos públicos", pero son un área relevante de su actividad. El nombre vinculado a Kreab de mayor relieve político es Rafael Catalá, consultor externo, que fue ministro de Justicia entre 2014 y 2018 (PP). Antes había sido vocal de una fundación de apoyo al juego.

El responsable de Asuntos Públicos de Kreab en España es Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda de 2011 a 2016, con el PP.

Por Kreab pasó también el que fue aspirante al liderazgo del PSOE Eduardo Madina, que abandonó la compañía en 2021 antes de sumarse a la firma Harmon, nacida en 2021 y que cuenta con un equipo de profesionales diverso donde inevitablemente, por su relieve político, sobresale la figura del exdiputado socialista (2004-2017), que hoy es socio de Estrategia.

Ernst & Young, una de las multinacionales de servicios más importantes del mundo, también incorporó a Madina como asesor en marzo de 2023 para reforzar su área de "posicionamiento público", según publicó Dircomfidencial. Como especialista en "sector público" asesora también a E&Y Isabel García Tejerina, que fue diputada (2016-2020) y ministra de Agricultura y Medio Ambiente (2014-2018) por el PP. Entre 2020 y 2023 el director de "relaciones institucionales" de E&Y fue Borja Sémper, ahora portavoz del PP.

Nacida en 2020, BeBartlet es una de las compañías del sector más reconocibles, mérito de uno de su impulsores, el politólogo Nacho Corredor, popular analista político en radio y televisión. En el equipo de este "gabinete de incidencia pública", con unos 2 millones de facturación en 2023, son identificables –entre múltiples perfiles técnicos– algunos nombres con destacado currículo político. Así ocurre con Marta Pascal, que ha sido senadora (2018-2020) y diputada en el Parlament catalán (2013-2018), siempre en fuerzas del nacionalismo de centro. O con el asesor de BeBartlet Jordi Xuclá, diputado (2004-2019) bajo diversas marcas de la derecha convergente catalana. En cuanto a Diego Gago, director de "estrategia política", ha sido diputado del PP entre 2019 y 2023.

Alma mater de BeBartlet, Corredor acaba de incorporarse como asesor de la recién abierta oficina madrileña de la patronal catalana Foment del Treball, de la que es presidente Josep Sánchez Llibre, diputado con CiU de 1993 a 2006. Las organizaciones empresariales son otro foco lobista. La propia CEOE fichó hace un año como director de Asuntos Públicos a José Luis Ayllón, exdiputado del PP (2000-2019), que fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en los últimos meses de Mariano Rajoy fue su jefe de gabinete. La exministra del PP Fátima Báñez es presidenta de la Fundación CEOE, que tiene entre sus cometidos la interlocución con las instituciones. Los lobbies de la seguridad/defensa (Tedae) y de las consultoras inmobiliarias (ACI) tienen como presidente a Ricardo Martí Fluxá, que fue Jefe de Protocolo con Juan Carlos I y secretario de Estado con Mayor Oreja. Las canteras públicas del lobby son múltiples.

En cuanto a la patronal catalana Foment, además de Nacho Corredor (BeBartlet), figuran como asesores Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003), exalcalde de la capital (2003-2011) y exministro de Justicia (2011-2014), e Iván Redondo, un estratega político que llegó a ser del círculo más estrecho de Pedro Sánchez y a ocupar los cargos de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018-2021). Hoy el conocido spin doctor es director general del Grupo Redondo, que tiene una consultora de asuntos públicos, Redondo & Asociados.

El caso de Redondo es emblemático de un tipo de consultora fuertemente identificada con la figura de su promotor. No es el único. También está Palacio & Asociados, una "asesoría jurídica y consultoría estratégica pública y privada" fundada por Ana Palacio, que fue titular de Exteriores con Aznar (2002-2004) y diputada (2004-2006). La consultora se dedica a tareas de lobby tanto en España como en la UE.

Si el asunto se enfoca desde el punto de vista ético, una de las preguntas que recorren la actividad en el negocio de los asuntos públicos de quienes han tenido peso en la esfera política sería la siguiente: cuando los incorpora una consultora, ¿cuánto pesa su conocimiento profesional y cuánto su capacidad de acceso? Si montan su propia firma, ¿está ofreciendo más sus habilidades profesionales o su agenda? Un profesional con pasado político que ha trabajado para un importante consultora afirma: "Hay un poco de todo, está claro. Pero en mi caso, cuando he colaborado, no he tenido contacto directo con las instituciones. Ahora bien, el cliente de la consultora puede percibir que sí lo tienes, y sé que eso es importante para atraerlo. Es más, desde el momento en que se anuncia tu incorporación la consultora ya está utilizando tu imagen y tu nombre para eso".

El nombre es importante. Albert Rivera, por ejemplo, tiene un nombre y lo intenta utilizar. El que fue líder de Cs y candidato a la presidencia del Gobierno ha montado con su antiguo compañero en el partido José Manuel Villegas una "consultoría estratégica", RV+. En este caso, la compañía no consta en ninguno de los registros donde suelen figurar los lobbies. Es más, Rivera y Villegas evitan usar el término "lobby" e incluso "asuntos públicos". Pero, ¿a qué se dedica RV+? A "relaciones institucionales en el ámbito público, social y corporativo". La compañía, a preguntas de infoLibre, no aclara nada más.

Hay otros antiguos referentes de Cs que, tras el desmoronamiento del partido, han sido fichados con empresas privadas para su trato con las administraciones, evidenciando el carácter del sector como reciclador de quienes pierden pie en la política. Inés Arrimadas fue incorporada en diciembre por la multinacional de las renovables Recurrent Energy, donde tendrá entre sus responsabilidades los "asuntos públicos". No mucho antes, en septiembre, la firma de ciberseguridad BeDisruptive sumó a sus filas como directora general de Relaciones Institucionales a Begoña Villacís para, entre otras tareas, ser "nexo de unión entre la compañía y las Administraciones públicas".

No es que hablara con precisión quirúrgica, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aseverado que se debería abrir un debate "sobre los elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial” y las reacciones desde esa esfera no se han hecho esperar. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, las ha calificado de “populismo” y de "intervencionismo de república bananera"; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que "faltan al respeto de los empresarios"; y el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha señalado que los sueldos que se perciben en los consejos de administración "es una cuestión propia de las juntas generales de accionistas, que son los dueños de las empresas”, y no de Díaz.

Desde el Ministerio de Trabajo no concretan cómo podrían limitarse esos “elevadísimos salarios”, punto que no está específicamente recogido en el acuerdo de gobierno que firmaron Sumar y el PSOE, y sólo indican que se abordará el debate, “en la mesa de diálogo” social. Pero, ¿se pueden restringir? Desde la formación política que dirige la vicepresidenta apuntan que se hizo en la órbita de lo público y es cierto. En febrero de 2012, con un Gobierno del PP encabezado por Mariano Rajoy, se topó la retribución básica máxima, sin tener en cuanta los complementos, a percibir por los directivos de las empresas públicas hasta el límite de 105.000 euros en el caso de las mayores; de 80.000 en las entidades de tamaño medio; y de 55.000 en las de dimensiones más reducidas. 

Si bien, fuentes tanto empresariales como sindicales advierten de que “no es lo mismo lo público que lo privado” y coinciden en que acotar los salarios a cobrar por los empresarios “sería muy difícil” con la legislación española actual en la mano y “casi imposible” con la europea. De hecho, manifiestan que “no se ha hecho nada similar en el marco de la UE”. Hay que remontarse más de una década, hasta 2013, para rescatar una iniciativa en ese sentido, según las fuentes consultadas. Fue en Suiza. El entonces dirigente de las Juventudes del Partido Socialista, David Roth, impulsó un referéndum sobre si se debían limitar los salarios abusivos de los grandes ejecutivos, pero los ciudadanos suizos dieron la espalda en las urnas a la propuesta con el 65% de votos en contra. La iniciativa 1:12, como se bautizó, hubiera implicado que ningún directivo ganara en un mes más de lo que percibiría en un año el más modesto de sus subordinados. Pero fue rechazada. Con todo, inspirándose en ella, ERC llevó a la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso en 2016 una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a "realizar las reformas legislativas oportunas" para implantar este techo salarial tanto en las empresas privadas como en las públicas. Propuesta que tampoco llegó a ninguna parte.

Desde la órbita empresarial auguran que “es lo que va a volver a pasar ahora”, que “todo se quedará en un brindis al sol irresponsable" de Díaz. Del lado de los sindicatos abren el cuadro y aportan una idea de lo que se podría debatir: el establecimiento de “ratios sobre lo que deben cobrar los empleados en función de lo que perciban los directivos”. Esto implicaría ajustes y condicionar las subidas de sueldos de los jefes a las de los trabajadores, por ejemplo.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), va más allá y sostiene que “no tendría sentido que el Gobierno se metiera a regular esas cosas. Se supone que estamos en una economía de mercado con libertad de empresa”. No se queda ahí, cose: “Y, ya puestos a regular, ¿por qué sólo los -salarios- de los empresarios y no los de los futbolistas o los cantantes? Todos venden sus servicios en el mercado y, si lo hacen bien, es lógico y saludable que ganen mucho dinero para que tengan incentivos para hacerlo lo mejor posible”. A su juicio, “para reducir las desigualdades están los impuestos y las ayudas públicas, no la regulación detallada de las decisiones privadas. Se ha intentado y sabemos que no funciona”, abrocha.

De momento, lo real es que, según el trabajo Informes de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), publicado en 2023 pero relativo al ejercicio de 2022, “la retribución de los consejeros ejecutivos, sin considerar los conceptos extraordinarios, supuso 31 veces la remuneración media de los empleados de las sociedades cotizadas”. Esa ratio, entre consejeros ejecutivos y empleados, se incrementa, “hasta suponer 54 veces”, en el caso de las sociedades del Ibex, mientras que en las entidades que no forman parte del índice “se sitúa en 17 veces”. Al igual que el año anterior, el sueldo medio de los consejeros no ejecutivos, de nuevo conceptos extra aparte, “fue de casi 3 veces la remuneración media de los empleados”.

A lo destilado se puede agregar que, según lo reflejado en los Informes de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, también armados por la CNMV, el número de miembros de la alta dirección declarados se elevó en once hasta los 1.005 en 2022 y la retribución media por alto directivo “pasó de 622.000 euros en 2021 a 679.000”. Si se pone el foco en las compañías del Ibex 35, los directivos de esa categoría se ampliaron en una docena y se beneficiaron de salarios medios que superaron el millón. Fueron en concreto de 1.142.000 euros, frente a los 961.000 del ejercicio precedente. Además, la Comisión hace constar en el documento que “sería conveniente que la relación entre la remuneración devengada de los consejeros -en particular, los ejecutivos- y los resultados de la entidad, así como sus variaciones más significativas”, se explicasen “con mayor precisión”.

En otro estudio, en esta ocasión llevado a cabo por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con la secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO y rotulado Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del IBEX 35 durante el ejercicio 2021, se concluye que el sueldo medio de los directivos de las empresas del Ibex es 89,6 veces superior al de sus empleados.

Con esta polvareda aún por disiparse, la vicepresidenta segunda no ha dudado en abogar por "subirle los impuestos a las grandes fortunas", en respuesta a la carta contra la desigualdad que han firmado más de 250 millonarios y multimillonarios con motivo del Foro Económico Mundial de Davos. "Quien más tiene, más tiene que contribuir. Hasta los más ricos son conscientes de que la desigualdad es perjudicial para el conjunto de la sociedad. Así nos lo han dicho claramente en Davos", ha subrayado la vicepresidenta en redes sociales, demostrando que resiste los embates.

La mayor gestora de activos del mundo. Qatar y Emiratos Árabes. El mayor fondo soberano del planeta. ¿Qué tienen en común? Todos ellos son afectados por el impuesto a la banca y las energéticas, cuya existencia –y prórroga– ofrece argumentos para el desmentido de la extendida idea según la cual la política nunca toca los intereses de los de más arriba. Aquí sí los ha tocado. Aunque los nombres que acuden a nuestra mente al pensar en los perjudicados son gigantes del IBEX, detrás hay colosos aún mayores, como Blackrock o los fondos soberanos QIA y Mubadala.

El impuesto fue aprobado por el Congreso en 2022 con 186 votos a favor: PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, CUP y BNG. Se opusieron PP, Vox, Cs, Navarra Suma y Foro Asturias y se abstuvieron PNV y PDeCAT. Según el Ministerio de Hacienda, la recaudación se ha acercado en su primer ejercicio en vigor a los 3.000 millones de euros. Esto es dinero sacado de la cuenta de beneficios de un buen puñado de las compañías más ricas y poderosas de España.

Al tratarse de una tasa temporal, la sombra de su supresión lo ha perseguido durante todo 2023. Pero Pedro Sánchez despejó la duda el miércoles: habrá al menos un año más de vida para ambos tributos (en realidad son dos). Aun con un cambio en lo que respecta a las energéticas, que tendrán compensaciones a cambio de inversiones verdes, lo cierto es que quienes pensaban que el anuncio del fin de estas figuras estaba al caer se equivocaban.

Y no porque no haya habido fuerzas empeñadas en evitarlo. El mismo día en que se anunció su prórroga, las asociaciones bancarias AEB y CECA cargaron contra el impuesto y advirtieron sobre sus consecuencias negativas sobre la concesión de crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. También alertaron de la pérdida de confianza en el país de los inversores. Por su parte, Aelec, asociación representante de las energéticas, fue más sucinta pero igualmente crítica: es una "mala noticia".

Estos mensajes de banca y energéticas son una continuación de los que desde la aprobación de la ley lanzan las principales cabezas de ambos sectores. Caixabank, que ha pagado 373 millones, ha afirmado que el impuesto es discriminatorio para la banca en general y las entidades más grandes en particular. A juicio de Gonzalo Cortázar, su consejero delegado, supone "un tiro en el pie" como sociedad. El Santander, que ha pagado 224 millones, ha afirmado que el impuesto "estigmatiza" a la banca y es "discriminatorio", en palabras de Héctor Grisi, consejero delegado.

Onur Genç, consejero delegado del BBVA, entidad que ha pagado 225 millones, ha afirmado sobre el impuesto: "No pensamos que sea bueno para España". La advertencia de Genç fue doble: por un lado, el tributo castiga la concesión de crédito; por otro, la llegada de inversión. Las críticas también han llegado del Sabadell (157 millones), de Bankinter (77) y de Unicaja (63,8). Las ideas se repiten. Es "discriminatorio", ha dicho el presidente del BBVA, Josep Oliu. El impacto es "especialmente relevante", según Manuel Menéndez, consejero delegado de Unicaja. En octubre, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, expresó su deseo de caducidad de este "injusto" impuesto "venga el gobierno que venga".

Vino el Gobierno PSOE-Sumar y el impuesto sigue, aunque suavizado para las energéticas. Este sector, el energético, del que han partido también recursos contra el impuesto, se ha prodigado igualmente en mensajes críticos. Uno de los más contundentes salió en octubre de Repsol, que ha pagado 450 millones, lo que la convierte es en la compañía más perjudicada. "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales en España", advirtió Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV. Sus palabras fueron leídas como una advertencia de reducción de inversiones. Otras entidades a las que les ha tocado sacar la billetera son Iberdrola (213 millones), Naturgy (300 millones) y Endesa (208), y eso ciñendo el listado sólo al IBEX 35. También hay compañías afectadas fuera de este indicador bursátil, como Cepsa (323 millones) y Abanca (50 millones).

El silencio ahora es la tónica general entidad por entidad. El mensaje oficial ha quedado fijado por las patronales. Pero ese silencio no será permanente. Una fuente del sector financiero señala que es probable que los bancos paguen en 2024 más que lo abonado en 2023 y prevé discursos muy críticos con el impuesto. Otra fuente consultada, también del sector bancario, advierte de que ha habido un cambio de las reglas al abrir la puerta a la permanencia del impuesto. "Este impuesto, que en su origen era temporal y ahora se prorroga, da origen a una inestabilidad y falta de equidad fiscal, además, en un contexto en el que los tipos de interés han comenzado a reducirse", señala la fuente, que alerta la "inseguridad jurídica" y la "desventaja competitiva" generada. Todos estos argumentos se leerán y oirán con abundancia en los próximos meses.

Sólo los nombres de las entidades ya citadas serían suficientes para alcanzar una conclusión: los impuestos a la banca y las energéticas golpean a la cúspide del empresariado español.

Pero hay más. Detrás de estas compañías hay fuerzas mayores. No hablan, pero están ahí.

Aunque al pensar en estas empresas con sede en España se nos vienen a la cabeza grandes nombres de la élite empresarial española –Ana Botín en el Santander; o Ignacio Sánchez-Galán en Iberdrola–, a menudo se olvida que el poder duro de las compañías son los accionistas, los dueños. Sus nombres desvelan otro escalafón de afectados: grandes empresas y fondos extranjeros, algunos de ellos soberanos –es decir, Estados– con los que el Gobierno tiene intrincados sus intereses.

Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, que ha llegado a manejar más de 10 billones de dólares, es máximo accionista del Santander, el BBVA, el Sabadell y Repsol, y accionista relevante, es decir, con más del 3%, de Caixabank, donde también está el Estado a través del FROB. La firma dirigida por Larry Fink tiene un carácter "sistémico", dada su omnipresencia entre las mayores corporaciones españolas, en una estrategia que aplica a nivel global y le da gran capacidad para marcar el rumbo de la economía. El propio Fink es un gurú financiero mundial. Se le considera el hombre más influyente de Wall Street y ha sido una de las voces más escuchadas en la reciente cumbre del clima de Dubai, de cuyo comité asesor ha formado parte.

Todo eso se refleja en la agenda de Fink, propia de un jefe de gobierno o incluso de Estado. En 2010 llegó a publicarse que se había reunido con el rey Juan Carlos, en un encuentro calificado entonces como "insólito". Con Pedro Sánchez se ha sentado al menos dos veces. En julio de 2021, en Estados Unidos, lo hizo en plena gira del presidente presentando las "oportunidades de inversión" en España en relación a los fondos europeos. En enero de 2023 Sánchez y Fink repitieron encuentro en el Foro Económico Mundial.

El principal accionista de Iberdrola es Qatar Investment Authority (QIA), un fondo soberano de la monarquía del Golfo, una autocracia afortunada por ingentes reservas de gas y petróleo. Circulan estimaciones, no desmentidas por QAI, que sitúan el valor de sus inversiones por encima de los 400.000 millones de euros. Sus dos posiciones más relevantes en el IBEX son Iberdrola y la socimi Colonial. En las dos es máximo accionista. Los tentáculos de Qatar se extienden hacia una tercera empresa del IBEX, International Airlines Group (IAG), el holding de British Airways e Iberia. Su máximo accionista es también catarí, en este caso Qatar Airways, entidad vinculada al propio fondo QIA.

Una exhibición de poder de Qatar en España se produjo en 2022, durante una visita del Emir, Tamim bin Hamad Al Thani. Durante el brindis de la cena en su honor que ofreció Felipe VI, el Emir –que por la mañana había recibido las medallas del Congreso y el Senado– anunció más de 4.500 millones de euros en inversiones. El anuncio se acabó concretando en la firma de un acuerdo entre el fondo catarí y Cofides para inversiones conjuntas. ¿Qué es Cofides? Se trata de una gestora de fondos público-privada en la que el Estado español es titular del 53% del capital, mientras que el 47% está en manos de entidades financieras, entre ellas el Santander, el BBVA y el Sabadell. Otra vez, intereses cruzados. En julio de 2023, las inversiones acordadas aún no habían empezado, según comprobó entonces infoLibre.

Qatar coincide en el accionariado de Iberdrola con Blackrock y Norges, otra entidad en la que hay que detenerse. El fondo soberano noruego, considerado el mayor del mundo y nutrido de los réditos obtenidos por la venta de petróleo, tiene más de 15.000 millones de euros en inversiones en España, repartidas por sectores de máxima relevancia como la energía, la banca y las infraestructuras –sus tres puntos fuertes–, la industria y la vivienda, la farmacia, la alimentación y hasta los medios de comunicación. Al cierre de 2022, y según datos del propio fondo, tenía participaciones en las 35 empresas del IBEX. De las afectadas por el impuesto, es accionista significativo –más del 3%– de Repsol e Iberdrola.

La megagestora global por antonomasia, un rico petroestado por cuyas inversiones compiten gobernantes de todo el mundo occidental y el mayor fondo soberano del planeta. Este es el tipo de perjudicado internacional por el impuesto, aunque ni Fink, ni Al Thani, ni Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank, sean los nombres que suelen surgir al elaborar la lista de afectados por su prórroga.

infoLibre pidió a las tres entidades una valoración sobre dicha prórroga. No hubo respuesta. Blackrock tiene como pauta no comentar asuntos sobre sus participadas, aclararon los portavoces autorizados por la firma.

Un caso ilustra cómo el impuesto toca el bolsillo de poderosos actores que, al mismo tiempo, tienen fácil adoptar decisiones que castigarían al Gobierno. La histórica Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa) tiene como máximo accionista al fondo soberano emiratí Mubadala, con un 61,36% de los títulos en septiembre. Cepsa ha pagado 323 millones por el impuesto, una lesión directa a los intereses de Mubadala, que es también accionista de Enagás junto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Mubadala tiene en su mano la llave de una inversión multimillonaria en Andalucía. En la cumbre del clima de Dubai, responsables de Cepsa y de C2X, compañía danesa de Moller-Maersk, anunciaron un proyecto conjunto de una planta de metanol verde en Huelva con una inversión de hasta 1.000 millones. Lo hicieron desde el Pabellón de España de Expo City, Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, donde se celebra la cumbre del cima. Y en presencia del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se apuntó un tanto político. Lo cierto es que, aunque muchos medios dieron por hecha la inversión, era un anuncio y la decisión final sobre la misma no llegará hasta 2025. Y Mubadala, como máximo accionista, tendrá mucho que decir.

No es la única inversión pendiente. Cofides, la entidad público-privada de inversión, tiene suscrito un memorando con Mubadala para "explorar oportunidades" de inversión en España. El destino prioritario deben ser "las empresas españolas y sus filiales extranjeras".

Al hablar de Mubadala, lo hacemos del propio poder duro de la familia real emiratí. El presidente del fondo es el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, insigne apellido nobiliario, que es a su vez vez vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos, además de dueño del Manchester City. Por debajo de Al Nahyan en Mubadala hay miembros del Gobierno y de la Corte del príncipe heredero. En el consejo de dirección sobresale el nombre de Khaldoon Khalifa Al Mubarak, el hombre con el que se reunió Pedro Sánchez durante la cumbre del clima. Al Mubarak es "asesor político estratégico" de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Mubadala no respondió a la solicitud de valoración de la prórroga del impuesto formulada por infoLibre.

Más. Sonatrach, la gasista estatal de Argelia y la mayor empresa del país, es accionista significativo de Naturgy. Otra firma que supera el 3% en Naturgy es CVC Capital Partners, un capital riesgo con múltiples inversiones en España. Otro gigante del capital riesgo, también con presencia en España, es el grupo estadounidense Carlyle, segundo máximo accionista de Cepsa. Al cierre de 2022, último dato ofrecido por la CNMV, el fondo estadounidense Fidelity tenía casi 390 millones de euros en posiciones en el IBEX. Entre ellas, Bankinter, otra de las entidades afectadas por el impuesto, que deja un reguero de afectados entre los que figuran firmas inversoras como Capital Research and Management Company (BBVA), Dimensional Fund Advisors (Sabadell), Lazard Asset Management (Bankinter) o Milennium Group Management (Repsol). El impuesto a la banca y las energéticas toca los intereses de todos ellos.

Un doble y distinto efecto bola de nieve parece atravesar la economía española: la banca y las grandes empresas han registrado para la historia cifras de récord en los últimos meses, mientras otro plano, el que atañe a la realidad social de algunos colectivos, se ha complicado. Las entidades bancarias han obtenido significativos beneficios, incluso a pesar del impuesto extraordinario impulsado por el Gobierno de coalición al que han tenido que acomodarse. El Ibex 35, de su lado, ha cerrado noviembre con una revalorización del 11,54%, lo que supone el mejor dato mensual desde 2020 -aquel noviembre llegó al 25,18%, tras meses de depreciaciones provocadas por la mordedura de la pandemia-. El selectivo español ha acumulado en lo que va de año una subida del 22,23%, con lo que se han recuperado niveles de febrero de 2020. Pero es que ha arrancado diciembre con un alza del 0,6%, hasta situarse en los 10.118,5 puntos, máximos desde 2018.

Por lo que respecta a las empresas no financieras, los indicadores de éstas disponibles en las bases de datos de la Central de Balances del Banco de España, marcan que en el tercer trimestre de este año, el 63,9% han aumentado la cifra neta de negocio, el 2,5% la ha mantenido y el 33,6% la ha disminuido. Además, han elevado el valor añadido bruto el 66,4% de ellas, lo han bajado el 33,1% y el resto lo ha conservado.  

Mientras en esa orilla se exhiben marcas históricas, existe otra capa, la de los hogares y los jóvenes que intentan armar uno, con bradicardia. Medidas como la reforma laboral y los sucesivos ascensos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han mejorado la situación de temporalidad y de bajos salarios que afecta a la juventud, pero la edad media en la que ésta puede irse de casa de sus padres en España se ha situado a finales de 2022 en los 30,3 años, de acuerdo a lo analizado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Esto es, según lo fijado por Eurostat, los jóvenes como tal no se emancipan.

El porcentaje de personas que han logrado vivir fuera del hogar familiar es de 15,9% respecto a toda la población joven, una cifra que no llega a la mitad de la media de la Unión Europea (UE), que se ha acercado al 40%, en detalle ha sido el 31,9%, a la luz de los datos que maneja el Consejo, y que ligan a que los precios del alquiler superan más del 80% del salario medio de una persona joven. Otra cuestión a tener en cuenta es que poseer estudios superiores ya no garantiza poder dejar el núcleo familiar primigenio. Tan sólo el 22,9% de los jóvenes que habían completado enseñanzas de formación profesional de nivel superior o estudios universitarios se habían podido emancipar. Tampoco contar con un trabajo es sinónimo de poder acceder a una vivienda, comprada o alquilada.

Pese a que el salario medio de una persona joven se ha expandido un 4,6% -13.079,19 euros netos al año o 1.089,93 al mes-, el precio de las viviendas en alquiler lo ha hecho un 7,55%. Así, la renta media anotada en el estudio es de 912 euros. Esta cifra supondría que, para pagar un alquiler en solitario, un trabajador joven tendría que dedicar el 83,7% de su sueldo, cuando lo recomendado por los expertos es que no supere el 30%. Eso, unido a los 141 euros de media que cuestan los suministros y servicios habituales como los recibos de agua, luz o gas, acrecentarían la cuantía hasta los 1.053 euros al mes. En definitiva, el 96,6% del sueldo tendría que asignarse a la vivienda, con lo que el o la joven con un salario medio sólo dispondría de 36,93 euros al mes para gastar en otras cuestiones como alimentos, ropa u ocio, según los cálculos del Observatorio.

En ese contexto, alquilar habitaciones es una opción. A finales de 2022, esto implicaba pagar 282,19 euros, el 25,9% del salario medio joven. Los que optaron por la alternativa de pedir una hipoteca tampoco lo han tenido fácil. La entrada media de una vivienda se ha colocado en 49.852,20 euros, el equivalente a 3,8 años completos de sueldo de alguien que tuviera menos de 30 años, con un importe medio de la primera mensualidad de 661,33 euros, el 60,7% del sueldo medio. 

Es más, una de cada cinco personas de menos de 30 años con un puesto de trabajo se ha encontrado en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Mientras en 1987, tres salarios anuales completos bastaban para adquirir una vivienda, la actualidad apunta a casi nueve, lo que es un 200% más, según datos del Banco de España.

Hay otro estudio rotulado Finanzas de los hogares 2000-2022, de la Fundación Afi, elaborado por Ángel Berges y Daniel Manzano, que confirma algunas brechas. De una parte, se asevera que España sólo ha podido mantener su nivel de renta bruta disponible per cápita “en términos reales durante lo que llevamos de siglo, definiendo una referencia (17.236 euros en 2022) significativamente alejada del nivel medio de la zona euro (23.648 euros) con quien ha aumentado la brecha, como también lo ha hecho con países como Alemania y Francia, que ya ostentaban una renta muy superior”. En términos de unidad familiar, la evolución que ponen de manifiesto las sucesivas olas de Encuestas Financieras a las Familias, “es todavía más adversa”, se sostiene en el informe, “a lo que no es ajeno la reducción del tamaño medio de los hogares españoles que ha tenido lugar”. “Ni en media (casi 37.000 euros en 2020), ni en ninguno de los percentiles de la distribución (mediana de 28.500 euros)”, señalan los autores, “se habría recuperado el nivel de renta disponible por hogar en términos reales de inicio del siglo”. A esa lejanía de Europa hay que enlazar, de otra parte, que dentro de los propios hogares españoles “se ha producido también una ampliación de la brecha generacional”, se constata.

Son los hogares con cabeza de familia mayor de 65 años los que “han experimentado un crecimiento en su renta desde 2005, sin haber sufrido caídas con la crisis de 2008, lo que sí sucedió, sin embargo, para todos los demás tramos de edades”. Algo que los autores relacionan con las políticas de protección de los ingresos por pensiones. Por el contrario, la renta del resto de hogares, aún no ha recuperado los niveles en términos reales previos a 2008. En el mencionado documento se corrobora que los jóvenes se independizan menos, y que, cuando deciden o consiguen hacerlo, “reciben menor renta que los que lo hacían a principios de siglo”.

En la misma línea, se destaca que sólo los tramos de edad superiores a 65 años “han mejorado con claridad su nivel de riqueza en términos reales a lo largo de estas dos décadas”, así como que el 10% de hogares con rentas más elevadas “acaparan prácticamente el 50% del total de la riqueza financiera" de aquéllos.

Y el futuro inmediato no se prevé con potencia de cambio para esos sectores de la economía real. El tipo medio de las hipotecas que estaban pendientes de pago en enero de 2022, las vivas, apenas superaba el 1%, a la luz de los datos mensuales que publica el Banco Central Europeo (BCE). En el pasado mes de septiembre, en cambio, tras las escaladas del euríbor, ese porcentaje ya había crecido en casi 2,5 puntos, hasta rondar el 3,5%. Con todo, el Banco de España ha confirmado que el euríbor a doce meses ha descendido en noviembre al 4,022%, lo que supone la menor tasa mensual desde junio y su segunda caída desde diciembre de 2021.

Si se coloca la lupa en el precio del alquiler, noviembre ha cerrado con una dilatación del 0,7% respecto al mes anterior, lo que ha situado el precio del suelo en 11,9 euros por metro cuadrado, es decir, un 9,2% más caro en tasa interanual, según datos de Idealista. Las rentas se han acrecentado en nueve de las diecisiete comunidades autónomas del país, siendo en Andalucía, Galicia y Asturias donde se han contabilizado las mayores alzas, de 2,1%, 1,5% y 1,1%, respectivamente. A todo lo anclado hay que añadir que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) vaticina una nueva oleada de desahucios.