El portavoz de Vox en Torre Pacheco, Murcia, José Francisco Garre, se ha dado de baja como militante por desacuerdos con la dirección de su partido, de la que asegura haber recibido amenazas, pocas horas después de formalizar un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno municipal que, asegura, no está relacionado con su decisión.

Según ha explicado en declaraciones a EFE, el motivo de su retirada es su disconformidad con el modo en el que la dirección ha tratado al ahora expresidente provincial y exportavoz en la Asamblea Regional de Murcia, José Angel Antelo, un asunto que en los últimos días ha desembocado en "amenazas veladas y no tan veladas" hacia él por su posicionamiento.

El edil ha señalado que la destitución de Antelo por desavenencias con la dirección nacional le ha causado "mucha zozobra" y las amenazas "brutales" de los últimos 15 días le han llevado a tomar esta decisión, por la que también abandona el Comité de Garantías, y que "ha sido muy meditada".

Garre, quien ha indicado que continúa siendo el portavoz del grupo Vox en el ayuntamiento, ha señalado que las presiones recibidas no le han frenado a la hora de suscribir el acuerdo de gobierno con el PP, a pesar de que sabía que el partido no lo vería con buenos ojos, al no haber sido ellos "los que habían tomado la decisión".

Tras las declaraciones de Garre, la dirección regional de Vox en Murcia le ha exigido este viernes que entregue su acta de concejal, así como a las ediles Josefa Guillén Roca y Ana Belén Martínez, y les ha acusado de venderse al PP por "intereses y ambiciones personales".

El partido en Murcia denuncia en un comunicado que hace unas semanas, la dirección de Vox le requirió que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden de Antelo el 17 de febrero, "apenas unos días antes de que este traicionara también a Vox".

Garre, según el comunicado, no solo no justificó el importe recibido ni otro por la misma cantidad en julio de 2025, sino que "trabajó activamente desde entonces en la división del grupo municipal y desafió abiertamente las indicaciones de transparencia del partido". La nota recuerda que Antelo está suspendido cautelarmente e inhabilitado de militancia "por conductas irregulares contrarias a los estatutos de Vox".

También afirma que las direcciones regional y nacional de Vox han conocido el acuerdo de gobierno municipal por la prensa y expresa su inquietud ante el hecho de que el propio Garre "haya confesado que el objetivo de este acuerdo es el de impulsar contratos". Agrega que la dirección ha ordenado "abrir expediente interno para proceder a la expulsión de un cargo público indigno de representar a los ciudadanos y a las siglas por las que concurrió".

La dirección nacional de Vox forzó la semana pasada semana la salida del presidente provincial de esa formación en la región de Murcia, José Ángel Antelo, tras tener conocimiento de que habría hecho gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa con la urbanización de unos terrenos inundables no legalizados.

Según han asegurado a EFE fuentes del partido, una llamada procedente de Cartagena alertó a la dirección nacional sobre el supuesto interés particular de Antelo en la legalización y urbanización de un suelo propiedad de la empresa AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares y en la que aparecen como socias al cincuenta por ciento la mujer de Antelo y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de esa población marmenorense, Susana Peláez.

Esa llamada, añaden las fuentes, actuó como "detonador" de la retirada de su apoyo al entonces líder regional, que ya estaba siendo observado desde hacía un tiempo por las "numerosas quejas llegadas desde diferentes municipios" por su forma de entender la presidencia territorial.

Las mismas fuentes acusan a Antelo de injerencia en la política municipal (Vox gobierna en coalición con el PP en siete municipios murcianos), "algo que no está permitido en los estatutos" de Vox, según las fuentes.

Citan como ejemplo las reuniones que mantuvo con la directiva del Real Murcia, al margen del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, para las obras de la ciudad deportiva.

También critican su "deslealtad" al partido al propiciar, en su etapa como vicepresidente de la Comunidad Autónoma, la construcción de un centro de formación de la patronal del metal FREMM en Cartagena con una subvención de seis millones de euros.

"Ese supuesto centro de formación resulta ser un chiringuito de la CEOE que promovió un íntimo amigo suyo", según las fuentes, que añaden que Antelo tenía un modo de operar concreto: "dividía al grupo y se metía en medio si un concejal no accedía a sus chanchullos".

Critican además las formas "impropias" de representar al partido a través de la "ostentación": "Se desplazaba en una furgoneta negra, con chófer, escolta y un séquito".

Por otra parte, sobre la demanda anunciada por Antelo por usurpación de identidad y falsedad documental en el escrito registrado en la Asamblea Regional de Murcia para su relevo en la portavocía, las fuentes subrayan que no tendrá ningún recorrido porque la firma es del grupo parlamentario.

José Ángel Antelo, portavoz en la Cámara hasta que no se reúna y decida sobre su futuro el próximo lunes la Mesa, "creó en Murcia un reino de taifas", según las fuentes, que le acusan de "haber acosado y maltratado a los portavoces de los ayuntamientos tratando de hacer sus corruptelas".

La dirección nacional de Vox tiene previsto reunirse a partir del 20 de marzo para nombrar una gestora que dirija la organización territorial de la Región de Murcia hasta el nombramiento de un nuevo presidente.

Otra fuente del partido asegura a EFE que, al margen de las gestiones que pudo hacer Antelo para la urbanización del suelo de Cartagena, su salida es consecuencia de su "ineficacia" y de los problemas de "falta de cohesión" que caracterizaron su mandato.

"Estaba enfrentado abiertamente a Murcia, Cartagena y Lorca", donde Vox gobierna en coalición, e "hizo todo lo posible por cargarse esos ayuntamientos", afirma este portavoz antes de explicar que los miembros del partido con responsabilidades de gobierno dependen jerárquicamente de la dirección nacional, y no de las territoriales, "de ahí que no tuviera influencia en esos ayuntamientos" y quisiera ese poder.

El destituido presidente de Vox en Murcia ha calificado de “absolutamente falso” que tratara de gestionar ante el Ayuntamiento de Cartagena unas obras de saneamiento en terrenos inundables no legalizados de la empresa de su mujer.

AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares, tiene como socias al 50% a la esposa de Antelo y a la portavoz de Vox en ese ayuntamiento, Susana Peláez.

En declaraciones a EFE, Antelo ha subrayado que su apuesta por las mejoras en las redes de saneamiento de la comunidad murciana ha sido uno de los ejes de su gestión, primero como vicepresidente autonómico y después como líder autonómico de Vox.

"Es lamentable que se utilice a mi mujer", ha dicho Antelo, quien también ha negado las acusaciones sobre el centro de formación de la patronal murciana del metal en Cartagena con una subvención de seis millones de euros.

Por otra parte, Antelo ha informado de que esta mañana ha presentado la denuncia por usurpación de identidad y falsedad documental contra los miembros del grupo parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia que, según él, emplearon su firma para presentar a la Mesa de la Cámara la solicitud de cambio en la Portavocía.

En su cuenta de X, Antelo ha escrito: "Mi esposa es libre y tiene autonomía propia para trabajar o participar empresarialmente como y donde le plazca, evidentemente yo no he intervenido ni tengo esa capacidad de intervenir para favorecer sus posibles negocios. Por ello, requiero a la dirección nacional de Vox que rectifique o tendrá que acreditar sus acusaciones ante la justicia".

Vox ha anunciado este miércoles la expulsión del grupo parlamentario del exlíder provincial del partido y todavía portavoz parlamentario, José Ángel Antelo, al término del pleno celebrado en la Asamblea Regional de Murcia. Una vez que se le comunique a Antelo su expulsión, tendrá que integrarse en el grupo mixto (Podemos-IU/V-AV), aunque él ha recalcado su intención de no hacerlo.

La expulsión fue acordada en una reunión celebrada este martes por la tarde en la sede de Vox en Murcia, donde se decidió presentar un escrito en la Asamblea solicitando el cambio en la portavocía del grupo, que ostenta Antelo, y poner en su lugar al actual portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez.

El anuncio de la expulsión del grupo ha sido comunicado por Martínez Alpañez tras la denuncia realizada la mañana de este miércoles por Antelo de que su firma se había utilizado sin su consentimiento para presentar a la Mesa el escrito pidiendo su relevo como portavoz. De hecho, la Mesa, reunida este miércoles antes del pleno, ha acordado no darle trámite por no cumplir los requisitos necesarios, por lo que Antelo mantiene la portavocía del grupo hasta que la Mesa tramite un nuevo escrito de Vox con esa solicitud. “No estamos en un patio de colegio, sino en un Parlamento”, ha dicho Martínez Alpañez, y ha acusado a Antelo de hacer imputaciones “muy serias”. “No se puede salir a decir este tipo de cosas porque te pongan un micrófono delante”.

Ha añadido que “los trapos se lavan en casa” y ha reprochado a Antelo que pese a los ofrecimientos del partido para que renunciara a la presidencia provincial y a la portavocía del grupo a cambio de ser candidato de Vox en las autonómicas de 2027 y portavoz nacional de Deportes, este haya querido “aferrarse a la presidencia, la portavocía y su acta de diputado”.

Acompañado por todos los diputados del grupo, ha cuestionado que no deje el acta si está descontento con Vox, pues “si estamos aquí es gracias” a ese partido, con lo que “lo que está haciendo es secuestrar la voluntad del grupo”. Preguntado sobre la reunión del martes en la sede de Vox en Murcia, ha reconocido que la decisión sobre el futuro de Antelo no fue por unanimidad, pues uno de los diputados prefirió abstenerse. Al pedir los medios que ese diputado explicara su posición, Vox ha denegado la solicitud.

En su comparecencia previa, a Antelo se le ha preguntado específicamente si se trataba de la diputada Virginia Martínez, sin que él tampoco haya querido dar este nombre.

Sobre la no tramitación por la Mesa del escrito sobre la portavocía, Alpañez ha acusado a Antelo de “enmarañar” la situación con textos “alternativos”. Ha restado importancia a los defectos encontrados por la Mesa en el documento, que ha calificado de “nimiedades” y las ha achacado a que las firmas eran manuscritas y no digitales.

Finalmente, no ha hablado, por desconocerlo, sobre el anuncio del primer teniente de alcalde de Cartagena, Diego Salinas, de darse de baja de Vox por “la deriva del partido y el trato dado a Antelo”.

“Jumilla hace historia. Se aprueba la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos”. Estas son afirmaciones de Vox en su cuenta oficial de X. ¿Una declaración de la saludable separación de Iglesia y Estado? No, que nadie se alarme. “Esto no va ni de religión ni de nacionalidades, sino de que se va a iniciar una modificación de la ordenanza para que las instalaciones deportivas se usen para la celebración de actividades deportivas, sin más”, responden desde el PP que gobierna en Jumilla. ¿Se han vuelto laicistas las derechas en este país? No, tranquilos, no ha cambiado nada. Vox nos saca de dudas rápidamente. “¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!” (InfoLibre 06/08/2025)

Con demasiada frecuencia los laicistas nos enfrentamos a la acusación de intransigencia y de persecución de las creencias religiosas. Nada más alejado de la realidad. De hecho, no hay ninguna incompatibilidad entre ser laicista y ser creyente, de cualquier confesión. Después de leer el maravilloso libro de Javier Cercas sobre el viaje del papa Francisco a Mongolia (Random House, 2025), estoy convencida de que Francisco hubiera apoyado la causa del laicismo. Desconozco si de hecho lo hizo.

Es difícil, en el contexto de enardecimiento de la rabia y el odio –me niego a llamarlo “polarización”– que se ha instalado en nuestro país y en la mayoría de los países occidentales, defender la tolerancia y la convivencia. Parece imposible encontrar el tono, la capacidad y el interés para analizar las cuestiones más difíciles que nos interpelan a todos con un mínimo de rigor, no ya factual, de respeto a lo que realmente ocurre, sino incluso conceptual, de respeto a las consecuencias de ideas y creencias. 

Un ejemplo de rigor factual pasaría por aceptar que, sin la inmigración, de cualquier credo, España no podría gozar de los niveles de bienestar y crecimiento económico de los que goza. Un ejemplo que aúna inconsistencias factuales y conceptuales lo proporciona la defensa conjunta de políticas de promoción, que no de ayuda, de la maternidad y paternidad mientras se exige el cierre de fronteras, todo esto en un mundo que ya no tiene más recursos para alimentar a esta plaga que somos los humanos sin poner en grave peligro la supervivencia de nuestra especie. 

Lo trágico de esta falta de rigor es que, promovida por una parte de la sociedad, tiene consecuencias para todos, tanto para los que airean su xenofobia o niegan el calentamiento global, como para los que sostenemos que solo tenemos este planeta y que todos tenemos derecho a una vida digna. 

En este clima, el laicismo es un aliado de la racionalidad. Laicismo es respeto y discernimiento. Las leyes que nos afectan a todos no pueden encarnar e imponer códigos de conducta que solo una parte de la sociedad ha elegido libremente. Así dicho, esto debería poder defenderse desde la izquierda y desde la derecha, porque no es más que una expresión de cultura democrática. Es significativo que no sea así y deberíamos preguntarnos por qué. Y parte de la razón se encuentra en que, en este tipo de debates en los que, de manera interesada, se apela a los sentimientos, los argumentos que se hacen explícitos a menudo no guardan demasiada relación con los argumentos reales. 

Como el ideal laicista proclama, el Estado está por encima de los credos y tiene que ofrecer soluciones comunes a los ciudadanos de cualquier creencia e ideología. No hace falta ser ateo para defender que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el Estado asume el credo de alguna Iglesia, está invadiendo un terreno que no le compete y, al mismo tiempo, está renunciando a su compromiso de tratar a todos los ciudadanos por igual. Y el asunto no se arregla ampliando el apoyo a distintas Iglesias. Las actitudes pluralistas son siempre mejores que las monolíticas, pero el pluralismo religioso incurre en la misma confusión de planos que el confesionalismo. 

El Estado no se ocupa de la moral individual sino de la ciudadanía y sus derechos, tiene que ser el árbitro que permita el desarrollo integral de todos. Incluidos los ateos. Por eso, en una sociedad democrática el laicismo no es una opción sino uno de sus pilares fundamentales.

Realizo esta reflexión a propósito de la decisión del consistorio de Jumilla de prohibir la celebración de festividades propias de la comunidad musulmana, como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, en instalaciones deportivas municipales. Y hay que reconocer que en este punto la Conferencia Episcopal se alineó del lado del que debería estar alineada siempre, el del respeto al diferente. ¿Deberíamos congratularnos los laicistas de esta decisión, promovida por Vox y ejecutada por el PP de la localidad murciana? Nos devuelve a la realidad recordar que el objetivo es defender nuestras raíces cristianas.

¿Cuáles son esas tradiciones de nuestro país que están siendo amenazadas? ¿Hay alguien que no pueda casarse por la Iglesia, bautizar a sus hijos, recibir el consuelo de un sacerdote al final de su vida, etc. porque se lo impidan las leyes? ¿Se lo impiden los musulmanes, los judíos, los ateos? No parece. No sé a qué tradiciones se refiere el concejal de Vox que tan orgullosamente defiende su victoria. 

Confieso que la imagen de España como bastión del catolicismo no me representa en absoluto, lo que no me convierte en simpatizante de las costumbres musulmanas, judías o de cualquier otra confesión. La participación de los poderes públicos, alcaldes, concejales, presidentes de comunidad o rectores de universidades públicas en manifestaciones religiosas (procesiones, fiestas, romerías, misas de comienzo de curso) me parece un despropósito del que los que lo llevan a cabo deberían avergonzarse y que la ciudadanía, de cualquier signo, debería rechazar. 

Los poderes públicos deberían verse como algo ajeno a las celebraciones religiosas y su participación en ellas como una intromisión inaceptable que las desvirtúa. Si es que nos creemos lo que predicamos. Y no hay contradicción con la razonable afirmación de Benedetto Croce de que los europeos no podemos decir que no somos cristianos (“Perché non possiamo non dirci ‘cristiani’”, 1924). Pues claro que lo somos, en un sentido histórico. La influencia del cristianismo en Europa se deja ver por todas partes, vaya novedad, pero también somos hijos de la Ilustración, aunque España se quedara en los márgenes. 

¿Son todas las tradiciones dignas de ser defendidas? He oído argumentar a colegas no particularmente religiosos que el avance del islam en Europa aconseja el fortalecimiento del apoyo público a las tradiciones católicas. ¡Qué extraordinario ejemplo de confusión mental, del que no se libran ni las mentes más preparadas! 

No, no hay que fortalecer el carácter confesional (de la confesión correcta, claro) de las instituciones. Hay que liberar el debate político de resonancias religiosas. Las tradiciones son hábitos de una sociedad, que habitualmente representan las creencias de la comunidad que las alberga. Respetar a ultranza las tradiciones es una manera de impedir el progreso. 

Las sociedades democráticas son una conquista arrancada a otras formas de gobierno que afortunadamente ya no perviven o no perviven con el mismo grado de impunidad. La democracia es una alternativa más elaborada, avanzada y respetuosa a las teocracias, da igual el dios al que se dediquen. Eso lo vemos claro cuando no es nuestro dios. La ley islámica que permite lapidar adúlteras nos parece bárbara. Pero cuando la doctrina católica se usa para recortar derechos ya la cosa se ve menos clara.

Algunas “tradiciones” católicas, como el “respeto” (por llamarlo de alguna manera) a la vida humana, que curiosamente se manifiesta en el rechazo del derecho de las mujeres (las mujeres siempre en el punto de mira) a decidir si llevar a término o no un embarazo, o en el rechazo frontal al derecho a la muerte digna, que permite que, quien así lo desee, ponga fin a su vida cuando ésta le resulta invivible, me resultan profundamente crueles. 

Recordemos el caso de Noelia, cuyo proceso para poner fin a su vida ha sido obstaculizado por los recursos de la asociación Abogados Cristianos a petición del padre de la chica. A nadie se le obliga a interrumpir un embarazo o a poner fin a su vida. Esas prácticas son voluntarias y están perfectamente reguladas ¿Por qué tanto interés por impedirlas? La moral católica es un ingrediente de todas las respuestas. Pero, si arañamos un poco la superficie, la respuesta completa aparece en toda su dimensión. 

No es una cuestión de valores, sino de poder. Los valores se muestran, el poder se impone. La Iglesia quiere seguir manteniendo un dominio de lo que ocurre en la sociedad no legitimado por las leyes y la cultura democráticas que nos hemos dado. Disfrazada de moralidad, respeto a la vida y protección del débil lo que hay es una lucha por el poder, simplemente. El rechazo del aborto y la eutanasia son maniobras para seguir manteniendo el dominio sobre el comienzo y el fin de la vida. 

A nadie se le escapa que una Iglesia no protegida por el Estado pronto perdería su posición de privilegio. En el libro de Cercas, el Papa Francisco manda un mensaje a China en su viaje a Mongolia, algo así como un pacto de no agresión: “A los católicos chinos les pido que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos”. Porque, claro, esto es lo que está en juego. Quién manda aquí y quién se beneficia de esa posición de dominación. 

En una sociedad democrática no debería haber privilegios protegidos por el Estado. Eso no significa que los demócratas o los laicistas creamos en una sociedad en la que no existan grupos privilegiados. Eso es imposible. Pero al menos aspiramos a que todo el mundo pueda organizar su vida conforme a sus valores en un clima de respeto y autonomía. Sin tutelas morales. Y para esto el laicismo es el camino. 

Por eso una democracia que no separe tajantemente las Iglesias del Estado es una democracia imperfecta. Esta es la batalla que estamos librando en la actualidad en nuestro país, defender la democracia o entregarla definitivamente. Y el laicismo es un componente definitorio de la causa democrática que hace bandera del respeto a todos.

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María José Frápolli es Miembro del Grupo de Pensamiento Laico y Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

Más allá de los grandes casos como la trama Gürtel, la Operación Kitchen o el de la Policía Patriótica, que afectan al PP nacional y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte del que fue su Ejecutivo, la corrupción ligada al PP ha arraigado en varias de las comunidades en las que gobierna. Dos de los territorios en los que es hegemónico desde hace 30 años, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, son, con mucha diferencia, los más afectados por causas que permanecen abiertas. Pero también sucede en administraciones a las que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha llegado mucho más recientemente, como Andalucía, donde el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga a la Junta por los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y por el incremento de los precios abonados a la sanidad privada por pruebas diagnósticas derivadas del Sistema Andaluz de Salud. Este es el estado procesal en el que se encuentran las principales causas abiertas en esas comunidades.

El caso lo tiene todo. Afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre presta a saltar a la poltrona de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, si en las próximas generales no logra una mayoría suficiente para gobernar. Pero por otro lado, la causa está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón.

La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador, el novio de Ayuso. La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el pasado 28 de mayo. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

El caso de González Amador tiene otra derivada, el proceso abierto por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir bulos filtrados por el entorno de Ayuso a medios afines sobre sus delitos fiscales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, distribuyó en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas que la Fiscalía le había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena y evitar la cárcel y luego lo había retirado "por órdenes de arriba". En realidad fue el propio abogado de González Amador el que ofreció el pacto al Ministerio Público. Tras publicarse las patrañas de Rodríguez, algunos medios las desmintieron. El Supremo cree que fue García Ortiz quien filtró a estos últimos la información, algo que el jefe de la Fiscalía ha negado siempre y de lo que no existen pruebas. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado sí emitió un comunicado con un desmentido oficial y un relato pormenorizado de la evolución del caso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, procesó a García Ortiz el pasado junio por revelación de secretos. Están por ver las consecuencias que una eventual condena tendría en el caso de González Amador.

En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.

Este mes ha saltado a los medios por otro motivo. Tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por inflar su currículum, fue acusada de hacer lo propio con el suyo. Durante las campañas electorales para las elecciones municipales en su municipio se había presentado como licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, en su relación de méritos enviada a la Asamblea de Madrid, esa licenciatura ha desaparecido para convertirse en "diplomatura de Gestión y Administración Pública". Millán ha reconocido que no es licenciada, pero asegura que los folletos electorales en los que así se presentaba no habían sido diseñados por ella.

Es un mecanismo clásico: el de fracturar contratos públicos para poder otorgarlos a dedo sin tener que abrir una convocatoria a todo el que quiera presentarse. El mismo por el que, por ejemplo, ha sido condenada la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. El caso FP también puede salpicar a un presidente de parlamento autonómico. Al de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que en las fechas en las que se produjo el escándalo era consejero madrileño de Educación. La actual consejera de Economía, Rocío Albert, era entonces la viceconsejera de Ossorio.

El motivo es el fraccionamiento de obras en institutos de Formación Profesional por un valor total de más de tres millones de euros. El empresario más beneficiado, Gabriel Navarro, aseguró en el Juzgado de Instrucción 39 de Plaza de Castilla, donde se sigue la investigación, que recibió "instrucciones precisas" del Ejecutivo madrileño para no superar los 50.000 euros en los cobros de cada una de sus sociedades. Y que era una práctica que llevaba desarrollándose muchos años.

La Fiscalía ha calificado la operativa de "claramente irregular" y ha constatado "la grosera y palmaria falta de procedimiento". El caso afecta al menos a 12 centros en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. La jueza, por el momento, aprecia un posible delito de prevaricación administrativa. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Intervención General, ha confirmado al juzgado las irregularidades.

Han pasado 11 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco autorizó la operación que desarticuló una macrotrama de corrupción liderada por el número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación está desgajada en múltiples piezas. La número seis, centrada en la adjudicación de 225 millones de euros de manera fraudulenta a la empresa energética Cofely, se inició el pasado abril. 13 de los 37 acusados, entre ellos varios alcaldes del PP y el socio de de Granados, el empresario David Marjaliza. En los próximos meses se espera, además, la fijación de la fecha del juicio de la pieza separada siete, en la que también se acusa a varios alcaldes de contrataciones destinadas a financiar irregularmente campañas electorales del PP, y de la número nueve, centrada en la caja B del PP de Madrid. El sustituto de Velasco, Manuel García-Castellón, sacó del caso a Aguirre y al también expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero Granados sí se sentará en el banquillo. Otras seis piezas del caso se encuentran todavía en la fase de instrucción.

Otro caso complejo es Lezo, centrado en el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, y cuyo principal implicado fue el exvicepresidente de Aguirre y después presidente de la Comunidad, Ignacio González. Cuatro de las piezas ya se han instruido y están a la espera de que la Audiencia Nacional fije fecha para el juicio. Se trata de la compras infladas de otras compañías de suministro de Brasil y Colombia (Emissao e Inassa). Entre los implicados, además de González (para el que la fiscalía pide ocho años de cárcel) se encuentran varios exconsejeros del también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, como Juan Bravo y Pedro Calvo. Otra de las piezas pendientes de que se fije el inicio de la vista es la relativa al tren entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado por el gobierno de González pero nunca terminado.

Si la Comunidad de Madrid tiene a un presidente encausado, en la Región de Murcia son dos. Tras su condena a tres años de cárcel por fraude y prevaricación en el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez afronta ahora una nueva petición, esta vez de 13 años de cárcel, por el fraccionamiento en siete contratos menores de las obras de un edificio destinado a centro de la mujer y escuela infantil cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Se le imputan los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio. El caso está pendiente de juicio en la Audiencia de Murcia.

También está pendiente de juicio el caso de la desaladora de Escombreras, cuyo principal implicado es el que fuera presidente murciano durante 19 años, Ramón Luis Valcárcel. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La trama pretendía dar agua a nuevas edificaciones y urbanizaciones en pleno boom inmobiliario a través de la planta desalinizadora y sin tener que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de lo que establece la Ley de Aguas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha denunciado este lunes que los disturbios en Torre Pacheco (Murcia) contra jóvenes extranjeros son consecuencia de los discursos de la ultraderecha "avalados" por la derecha, que identifican inmigración con delincuencia "sin ninguna razón que lo respalde". En una entrevista en la Cadena Ser recogida por EFE, el ministro del Interior ha dicho que la situación en Torre Pachecho "está controlada" y que la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio investiga ya lo ocurrido también en redes sociales, donde se ha hecho un llamamiento a "cazar al inmigrante".

Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas en la localidad murciana, dos de ellos relacionados con la agresión el pasado miércoles a un vecino de 68 años por parte de unos jóvenes, presuntamente de origen magrebí.

Marlaska ha achacado estos disturbios a los discursos de Vox y se ha referido a las palabras de Santiago Abascal, que este fin de semana hablada de que la migración nos ha robado la paz y la prosperidad. "Son discursos muy simples que desgraciadamente calan porque buscan la emoción del destinatario", ha denunciado el ministro del Interior, que ha dicho que la policía "patrulla" los contenidos en redes y conocía lo que podía pasar en Torre Pacheco, por eso "hemos podido realmente intervenir de una forma que yo entiendo razonable".

En este sentido, Marlaska ha opinado que la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "ha sido inmediata" gracias a la labor de los servicios de información en las redes sociales. Además, ha dicho que la guardia Civil está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, con 90 efectivos desplegados, a los que se sumarán otros 40 más.

El ministro ha dicho que detrás de estos hechos se encuentran grupos organizados y, en este sentido, ha señalado que la Guardia Civil identificó a más de 20 vehículos tratando de entrar en el núcleo urbano de la localidad, algunos de ellos con elementos peligrosos como palos o defensas extensibles. "Ahí hay una mínima organización", ha insistido.

Por otra parte, ha defendido su presencia este domingo en la final de Wimbledon porque era "ministro de jornada". "Estaba absolutamente pegado al teléfono, tomando conocimiento de la información y dando las indicaciones precisas". Preguntado por si fue un acierto que estuviera en Londres a pesar de lo que estaba ocurriendo, ha dicho que "en Torre Pacheco teníamos la situación ayer controlada y la tenemos controlada. Hay que valorar las situaciones en su justa medida. Estábamos trabajando desde que se produjeron los hechos el miércoles pasado, tomando las medidas necesarias y precisas y haciendo el seguimiento correcto".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que los disturbios y actos violentos contra migrantes en Torre Pacheco son "una crónica de una cacería anunciada, en la que se justifica una suerte de venganza que antes ha sido anunciada por un partido que dice que hay que deportar a 8 millones de personas".

En una entrevista en el programa La Cafetera de Radiocable, la ministra ha señalado que lo que ocurre en Torre Pacheco "es un manual de la industria y de los patriotas del odio, primero se señala, que ya lo hace Vox, y luego se ataca" y ha acusado al partido de Santiago Abascal de "azuzar el odio". "Hay quien azuza la bandera del odio, envueltos en banderas del odio y quien luego ejecuta", ha dicho la ministra y dirigente de Más Madrid que ha lamentado que el PP evite hacer un cordón sanitario a Vox y sostenga a un partido "cuya patria es el odio solamente".

Según Mónica García el nuevo secretario general de los populares, Miguel Tellado, considera a Vox "un partido de Estado" y se ha preguntado "en qué momento estamos cuando, estamos hablando de cacerías de ultras contra inmigrantes".

La ministra de Sanidad ha insistido en que "esta industria del odio que altera la convivencia" es una "minoría muy ruidosa" frente a una España "que si es solidaria, que integra y empatiza" y ha sido tajante al añadir que "las imágenes nos estremecen a todos menos a un partido que seguramente está contento, Vox".

Diez personas detenidas y más de 30 sanciones en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana es el último balance de los altercados registrados en Torre Pacheco (Murcia) desde el sábado tras la agresión a un vecino el pasado miércoles, según ha informado este lunes la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara y recoge EFE.

Tres son los detenidos en relación con la agresión al vecino de Torre Pacheco ocurrida el pasado miércoles, dos de ellos marroquíes y no residentes en Torre Pacheco. Se investiga qué hacían allí y cuál fue el motivo de la agresión, dado que no le robaron a la víctima y únicamente le golpearon. El tercero fue detenido este lunes en Rentería (Gipuzkoa) cuando se disponía a tomar un tren con destino a Irún, al parecer con la intención de viajar desde allí a Francia.

La víctima, un hombre de 68 años que fue agredido el pasado miércoles, continúa recuperándose de las lesiones sufridas.

Otras siete personas han sido detenidas por distintos altercados vinculados a delitos de odio, agresiones y desórdenes públicos. En una rueda de prensa, Guevara ha añadido que se han interpuesto unas treinta sanciones administrativas por la Ley de Seguridad Ciudadana y se ha identificado a unas 80 personas, "muchas con antecedentes por hechos violentos”.

Tres de estos siete detenidos lo han sido por agredir a un menor marroquí y por causar daños al equipo de sonido de un periodista; dos más fueron arrestados mientras deambulaban en grupo por la vía pública portando cascos de bicicleta de forma sospechosa.

La delegada también ha subrayado que las fuerzas de seguridad están actuando con firmeza para prevenir que las concentraciones deriven en enfrentamientos. “Hemos conseguido que no haya enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Siempre las fuerzas de seguridad han sido capaces de mantener esa distancia. Si hubo algún lanzamiento de objetos, fue un hecho aislado con heridos leves”, ha explicado.

Además, ha destacado que “gracias a los controles de acceso al municipio se ha evitado que numerosos grupos procedentes de fuera llegaran a causar disturbios”. Guevara ha advertido de que los cuerpos de seguridad están monitorizando redes sociales y otros canales para anticiparse a nuevas convocatorias violentas. “Detectamos la organización de una llamada ‘cacería’ para los días 15, 16 y 17, lo que nos permitió anticiparnos con un despliegue preventivo que ha contenido la situación hasta ahora”, comentó.

Por su parte, el coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, ha confirmado que el operativo se ha incrementado notablemente y continuará en ese nivel en los próximos días. “Ya vimos cómo en la noche de ayer se rebajó bastante la tensión y la situación en todo momento estuvo controlada, y esperamos que así suceda en los próximos días", remarcó.

Pulido ha detallado que el domingo había 90 agentes desplegados y en los próximos días se dispondrá de hasta 120 agentes, cuya planificación se adaptará en función de la evolución de los acontecimientos.

Por su parte, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha lanzado este lunes un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y de firmeza frente a los episodios de violencia, y ha pedido evitar la llegada de personas de fuera de la localidad que puedan agravar los conflictos.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que Torre Pacheco es un municipio que "apuesta por la paz, la convivencia y el respeto mutuo, no queremos que vengan de fuera a generar más conflictos" y complicar la situación y ha reclamado que los problemas locales sean resueltos desde la calma.

El alcalde ha destacado el papel crucial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el mantenimiento del orden y ha advertido sobre el impacto negativo de las redes sociales, que están difundiendo mensajes que, en su opinión, alimentan la tensión. Pedro Ángel Roca ha hecho un llamamiento a los vecinos de Torre Pacheco: "Pido a todos que se tranquilicen y permanezcan en sus casas. Los problemas deben resolverse desde la calma y el respeto. No queremos generar más delincuencia ni violencia".

Según el alcalde, la situación en las calles quedó completamente normalizada hacia las 2.00 de la madrugada de este lunes, y las autoridades continúan trabajando para garantizar la estabilidad en los próximos días. El dispositivo de seguridad permanece activo con el objetivo de evitar nuevos incidentes y reducir la tensión en el municipio. 

Estos disturbios se producen tras la brutal agresión sufrida el pasado miércoles por un vecino de la localidad, Domingo T.M., de 68 años, quien, según ha relatado él mismo a diversos medios, fue atacado por unos jóvenes, presuntamente de origen magrebí. Las heridas causaron indignación vecinal y, como reacción, el Ayuntamiento convocó el sábado una manifestación pacífica en repulsa por la agresión que terminó con altercados, enfrentamientos entre vecinos, grupos de ultraderecha y ciudadanos de origen marroquí.

Los grupos ultras llegaron a la localidad murciana alentados por convocatorias difundidas a través de redes sociales con mensajes xenófobos y organizados por grupos antisistema que tenían como fin provocar violencia y, además, también se detectaron llamamientos que incitaban a una “cacería”.

Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha denunciado este lunes en un comunicado agresiones y amenazas contra vecinos marroquíes de Torre Pacheco calificando la situación como preocupante y solicitando medidas urgentes por parte de las instituciones locales y nacionales.

Según la asociación, varias personas han optado por permanecer en sus hogares debido al temor generado por las agresiones en la vía pública, que han contribuido a crear un clima de inseguridad entre la comunidad migrante.

En su comunicado, la entidad señala que ciertos discursos políticos podrían estar vinculados al incremento de incidentes racistas. La asociación ha instado a las administraciones públicas, fuerzas de seguridad y ciudadanía a colaborar en la protección de las víctimas y la promoción de la convivencia en el país. “Es fundamental garantizar la cohesión social y combatir cualquier forma de discriminación”, concluyen en su comunicado.

El cadáver del ganadero de 50 años desaparecido en Lorca (Murcia) al ser arrastrado en la tarde del domingo debido a las abundantes lluvias en la zona ha sido encontrado este lunes en las inmediaciones de la rambla de Ramonete, según ha informado el alcalde de la localidad. Según fuentes de la Guardia Civil recogidas por EFE, el cadáver ha sido localizado en la desembocadura de la rambla Ramonete de Lorca, ya en la orilla de la costa.

El hombre, pastor de profesión y vecino de la localidad de Ermita de Ramonete (Lorca), fue arrastrado por la corriente mientras circulaba con su furgoneta junto a la rambla. El domingo fue hallada la furgoneta que conducía cuando intentó cruzar la rambla, si bien el pastor no se encontraba dentro del vehículo.

En el operativo de búsqueda participaron efectivos de Protección Civil y Emergencias de Lorca, un equipo de bomberos, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que se mantuvieron durante la noche. El Ayuntamiento de Lorca activó durante la noche del domingo el Servicio Municipal de Emergencias para prestar apoyo psicológico a la familia del desaparecido.

La Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Murcia activó en la noche del domingo el Plan Innunmur en su nivel 1, que permite la actuación de medios autonómicos en los avisos por fuertes lluvias en los municipios afectados, ante la subida del caudal del Segura a su paso por la capital murciana, y al haber alcanzado o superado el río Guadalentín el nivel naranja en los sistemas de información hidrológica de la cuenca.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado cuenta de este aviso a la Delegación del Gobierno, y a los ayuntamientos de Lorca, Murcia y Totana, las poblaciones más afectadas por las lluvias registradas este domingo en la Región.

Asimismo, se ha enviado un mensaje Es-Alert ampliando la zona de cobertura a gran parte de la comarca del Campo de Cartagena por la que discurre la rambla de El Albujón, en riesgo de desbordamiento, hasta llegar a la desembocadura. Este último aviso incluye todo el municipio de Los Alcázares, así como parte de Cartagena y Torre Pacheco.

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, el teléfono 112 ha recibido hasta las 21:30 horas de este domingo un total de 142 avisos relacionados con las fuertes lluvias, que han situado a la región en aviso amarillo meteorológico.

La mayor parte de las intervenciones han sido para achiques de agua, derrumbes, problemas de tráfico por obstáculos en las vías y problemas en el suministro de electricidad, con Murcia, Totana y Lorca como municipios más afectados. 

Si hace menos de dos meses el PP andaluz firmó la paz con el Ministerio de Transición Ecológica, este miércoles ha sido el turno de Murcia. Fernando López Miras ha firmado un acuerdo con la ministra Teresa Ribera para conformar por fin la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, un órgano que coordinará las actuaciones del Gobierno central, el regional y los ayuntamientos para recuperar la laguna murciana de su degradación ambiental. El pacto no viene acompañado por ahora de nuevas medidas para rehabilitar la zona, sino que se ha vendido como la primera piedra para enterrar el hacha entre las administraciones y ponerse a trabajar para salvar el ecosistema.

"Veníamos de posiciones no necesariamente fáciles a la hora de encontrar un espacio de entendimiento, pero es imposible que una administración consiga objetivos sin la otra", reconoció este miércoles Teresa Ribera desde Murcia. La creación de este comité llega más de tres años tarde, aunque López Miras evitó hablar de choque entre administraciones y justificó el retraso a la pandemia y las elecciones del año pasado.

Las posiciones entre el Gobierno murciano (PP y Vox) y el Ejecutivo central ha sido constante durante los últimos dos años. Primero porque el presidente autonómico se ha resistido a culpar al sector primario de la contaminación del Mar Menor, y segundo por sus roces sobre la política hídrica y el trasvase Tajo-Segura. Teresa Ribera sacó adelante por su cuenta en noviembre de 2021 el Marco de actuaciones prioritarias para el Mar Menor, un programa de 484 millones para recuperar la zona mediante medidas basadas en la naturaleza, pero ahora reconoce que el choque entre administraciones no podía prolongarse, ya que muchas competencias estaban solapadas y había que remar en la misma dirección. Las organizaciones ecologistas que trabajan en la zona reclamaban desde hace tres años la formación de este grupo de trabajo, que viene incluido en la Ley del Mar Menor aprobada por el propio Ejecutivo de López Miras en 2020.

"Lo que se ha aprobado era algo a lo que ellos mismos se comprometieron, y que encima llega casi cuatro años tarde", recuerda Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia. En todo caso, esta y otras ocho asociaciones publicaron este miércoles un comunicado donde aplauden el acuerdo político. "Un plan tan complejo no puede ejecutarse si no hay coordinación entre administraciones, aunque no funcionará si esta comisión se convierte en un arma arrojadiza entre gobiernos", advierte el ecologista.

Junto a la creación de este equipo, la Ley del Mar Menor aprobada en el parlamento murciano también recoge la formación de otros tres grupos, que por ahora no existen: el Consejo del Mar Menor, la Comisión Interdepartamental del Mar Menor y el Comité Científico del Mar Menor. El primero estaría formado por políticos, expertos y organizaciones civiles y estudiaría el Mar Menor y propondrá actuaciones para su recuperación. El segundo supervisaría las medidas y estaría formado por la Consejería de Medioambiente de la Región. El tercero, el grupo científico, ya se creó en 2016, pero que sufrió la baja de varios expertos por su uso partidista y debe ser reformulado para que pueda ser efectivo.

A primera hora del miércoles, Ribera y López Miras pasearon por el entorno de las Salinas de San Pedro del Pinatar, a los pies del Mar Menor, una fotografía similar a la que dejó la ministra cuando en noviembre posó junto a Juan Manuel Moreno en Doñana. Al igual que en Murcia, el acuerdo en andaluz llegó tras años de enfrentamiento político y después de que Transición Ecológica ejecutase su propio programa al margen de la Junta, aunque los dos varones del PP ya se han olvidado de sus roces. "Debemos trabajar unidos, porque es lo mejor que podemos hacer para proteger el Mar Menor”, dijo López Miras este miércoles. La frase contrasta con la de enero de 2023, cuando Miras acusó a la titular de Transición Ecológica de "el mayor ataque político perpetrado contra la Región de Murcia en las últimas décadas", en referencia a los recortes de agua del Trasvase Tajo-Segura que recogió el plan hidrológico 2022-2027.

Sin embargo, hay dos grandes diferencias entre el pacto que firmó Ribera con Juanma Moreno y el que ha cerrado ahora con Miras. La primera es que en Andalucía se acordó un plan completo para abordar el futuro de Doñana con una nueva inversión de 350 millones en la zona y con soluciones para los agricultores afectados, mientras que en Murcia solo se ha alcanzado un acuerdo "simbólico" —en palabras de la ministra— para empezar a cooperar. La segunda es que Vox también forma parte del Gobierno de la Región, y tiene nada menos que la consejería de Ordenación del Territorio, imprescindible para reordenar los usos de las tierras alrededor de la laguna y reducir el impacto de la agricultura en el Mar Menor, la principal responsable de su degradación. De hecho, la Ley del Mar Menor aprobada por el PP de Murcia en 2020 incluye la elaboración de un Plan de Reordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, que no ha llegado todavía. De hecho, Vox votó en contra de la Ley del Mar Menor en el Parlamento de Murcia, y ha reiterado su compromiso de tumbarla.

En lo que han coincidido los dos líderes este miércoles es en que no hay margen para seguir discutiendo sobre la laguna. El ministerio calcula que cada año se vierten 3.580 toneladas de nitratos al Mar Menor y 19,7 toneladas de fosfatos, principalmente por el uso de abonos en la agricultura y los desechos generados por la ganadería, que se filtran al subsuelo y acaban en el agua, o son arrastrados hasta allí por las escorrentías.

El marco de actuaciones del ministerio pretende frenar esa llegada con la construcción de tres humedales artificiales, cinco filtros verdes y zonas renaturalizadas de plantas que absorban esos nutrientes antes de que lleguen al mar. Todos estos proyectos se encuentran en la fase final de su evaluación ambiental, según dijo este miércoles Ribera. También anunció que se han cerrado en los últimos años 9.000 hectáreas de regadío ilegal.

Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, afirma que el ecosistema del Mar Menor está muy degradado, aunque su estado mejora y empeora por épocas. El exceso de nutrientes en la laguna provoca desde hace años el crecimiento desorbitado de fitoplancton y algas por todo el ecosistema, lo que deriva en una caída del nivel de oxígeno en el agua. En 2016, 2019 y 2021 se produjeron como consecuencia de este proceso la muerte masiva de peces y moluscos en el Mar Menor. A ello se suma que el cambio climático ha provocado que la temperatura del agua haya superado los 31 grados en verano durante los últimos dos años.

"Hay playas enfangadas, la nacra está al borde de la extinción y el caballito de mar prácticamente desaparecido", enumera Luengo. "Pero hay mucho más. El ecosistema no son especies aisladas y unas dependen de otras y el desequilibrio de unas especies afecta a otras", resume.

El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha asumido las diligencias abiertas por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio en la zona de ocio nocturno de Atalayas, en Murcia, el pasado 1 de octubre, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU) en un comunicado recogido por Europa Press.

La titular de este órgano será la que dirija la investigación para el esclarecimiento de los hechos y depuración, en su caso, de eventuales responsabilidades penales.

Las primeras diligencias fueron practicadas por el juzgado de Instrucción número 7, en funciones de guardia, cuya comisión judicial desplazada procedió al levantamiento de los 13 cadáveres recuperados por los miembros del Cuerpo de Bomberos de Murcia de las instalaciones afectadas por el fuego, el mismo domingo.

Actualmente se está a la espera de que se completen las labores de identificación, una vez concluida la autopsia por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de la Región de Murcia, con el fin de informar al juzgado sobre las causas y circunstancias de las muertes.

El juzgado, además de los cuatro equipos médicos forenses destinados en los Institutos de Medicina Legal, cuenta para la obtención de estos resultados con la asistencia del Instituto Nacional de Toxicología Ciencias Forenses y la Comisaría General de Policía Científica.

Durante la jornada de este lunes, los equipos médico-forenses completaban las autopsias, recabando los datos necesarios para la identificación y determinación de las causas y circunstancias de la muerte, y procedían a la obtención de muestras para la realización de análisis complementarios.

Esta labor comprende, además del examen externo, un estudio radiológico, con el fin de obtener datos identificativos, tales como malformaciones congénitas y o cualquier hallazgo que contribuya a establecer la causa de la muerte, y examen interno, si fuera necesario.

En este caso también se tomaron muestras de sangre para determinar la posible existencia de tóxicos, como la carboxihemoglobina --un compuesto tóxico resultante de la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono-- que impide el aporte de oxígeno a la célula.

Las muestras para la obtención de perfiles genéticos (AND) fueron remitidas al Laboratorio de la Comisaría General este lunes por la tarde por los miembros de la Policía Científica, junto a las recogidas de familiares y allegados, para su identificación. Labor para la que cuentan, si fuera necesario, con la asistencia del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El presidente del TSJMU, Miguel Pasqual del Riquelme, ha querido reconocer personalmente el esfuerzo realizado y la diligencia con la que están desarrollando su trabajo tanto los equipos forenses y psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Murcia y autoridades judiciales y funcionarios de los juzgados.

El Instituto de Medicina Legal contó con la colaboración del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Reina Sofía, que cedió parte de sus equipos e instalaciones, lo que agilizó mucho los trabajos, como explicaba su director, Juan Pedro Hernández del Rincón, agradeciendo su ayuda al equipo.

El juzgado de Instrucción número 3, competente para la investigación, mantiene el secreto de sumario decretado de las diligencias abiertas para el esclarecimiento del siniestro, y está a la espera de recibir la autopsia preliminar, una vez plenamente identificados los 13 fallecidos, para hacer su entrega a las familias y librar las licencias de enterramiento.

A Pepe Vélez le extrañaban las palabras de Fernando López Miras de que no gobernaría con Vox. No le encajaban. Y el tiempo ha terminado dándole la razón. Finalmente la Región de Murcia estará pilotada por los populares y la ultraderecha tras la sesión de investidura que concluye este jueves.

El líder de los socialistas murcianos muestra su preocupación por la “agenda regresiva” que supone el pacto entre los populares y el partido de Santiago Abascal, especialmente por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI y la protección del Mar Menor. Y advierte de que Vox ha prometido poner en marcha el pin parental. Pero está absolutamente convencido de que Pedro Sánchez va a conseguir la investidura a nivel nacional y se “dejará la piel” ante la situación de la Región.

¿Cómo ha recibido el discurso de investidura de López Miras?

Muy poco convincente y no ha explicado con detalle el pacto con Vox. Por un momento llegué a pensar que estábamos en la sesión de investidura de 2019 porque ha repetido las mismas promesas. Por supuesto, no ha cumplido. López Miras ha dejado claro que no tiene palabra y no es de fiar. Nos dijo que no gobernaría en coalición con Vox y ha estado más de tres meses engañando a la ciudadanía.

¿Cómo calificaría el próximo Gobierno del PP y Vox en Murcia?

No es novedoso porque López Miras fue el primero que metió a la ultraderecha en un Gobierno autonómico, aunque ahora haya venido a hacerse el estrecho. La firma de este acuerdo es una mala noticia para la Región de Murcia. Los gobiernos del PP desde hace casi treinta años nos han situado a la cola de todos los indicadores de progreso y calidad de vida. El futuro Ejecutivo va a agravar muchísimo más esta situación.

¿Por qué se llega a este acuerdo después de meses de negativa de López Miras?

Es evidente que el señor López Miras ha estado pensando en su partido a nivel nacional y ha trabajado más al servicio de Feijóo que de los ciudadanos de Murcia. En algunos momentos del discurso de este miércoles pareció que nos habíamos trasladado al Congreso y que estábamos en la sesión de investidura de Feijóo. También es cierto que ha dado por hecho por su forma de hablar que evidentemente va a fracasar el líder del PP y que Pedro Sánchez seguirá siendo presidente. Es lo único en lo que le voy a dar la razón.

¿Hubo una orden directa desde la calle Génova de Madrid para llegar a este pacto en el momento en el que necesita Feijóo el voto de Vox para su intento de investidura?

No me cabe duda de que López Miras ha jugado a la política nacional y a los intereses de Feijóo. Pero no parte de cero, ya que lleva gobernando cuatro años con la ultraderecha. Por eso no entendimos esos mensajes de que no tendría un Gobierno con Vox y que las coaliciones eran un engaño. Me extrañaba. Pero era una forma de darse tiempo y una patada al balón. Murcia ha perdido tres meses porque se estaba pensando en los intereses del PP a nivel general. Una vez que han visto que no tiene futuro la investidura de Feijóo, López Miras llega a un acuerdo.

¿Qué le parece que no exista en el acuerdo una referencia directa a la violencia machista?

Lo esperábamos, es una muy mala noticia para la Región. El documento continúa con una agenda regresiva. Han dejado claro, además, el nulo interés por el Mar Menor. Ni se menciona esa ley.

¿Temen que esté en peligro la protección del Mar Menor en virtud de este pacto?

No me cabe la menor duda de que lo van a seguir poniendo en peligro. No podemos obviar que se han cargado el Mar Menor durante estos 28 años de gobiernos de la derecha en Murcia. Pero la sociedad y el PSOE no vamos a consentir que terminen con él. Ni tampoco con que acaben con los derechos y la igualdad de los ciudadanos. Vamos a luchar contra la violencia de género y el cambio climático y por los derechos LGTBi. Estaremos totalmente en frente de este Gobierno de la derecha ultra y de la ultraderecha. Nos vamos a dejar la piel.

¿Cómo interpreta que el acuerdo hable de “neutralidad ideológica” en los colegios?

Si no fuese porque es un tema muy serio, tendríamos que tomarlo a broma. Vox dice una cosa y el PP la contraria. Pero hemos visto que la ultraderecha ha dicho que va a poner en marcha el pin parental en los colegios.

¿Cree que se hará efectivo ese pin parental?

Vox lo ha dejado muy claro. En la legislatura anterior ya vimos que el PP lo puso en marcha en Murcia junto a sus socios tránsfugas. La educación lleva abandonada en la Región casi treinta años. No tenemos ninguna esperanza, sólo va a cambiar a peor.

¿Por qué el PSOE no consigue gobernar en Murcia? 

No hemos hecho las cosas todo lo bien que deberíamos y, por eso, la ciudadanía nos ha puesto en la oposición. Pero hemos entendido claramente el mensaje y nos vamos a dejar la piel como nunca durante esta legislatura, que dudo mucho que sea de cuatro años. Vamos a demostrar a los votantes que necesitan algo mejor en la Región y que se merecen una Murcia que avance y que no esté a la cola en los índices de calidad de vida. Somos un partido serio que puede poner a esta Región donde se merece.

El Gobierno de Murcia durante estos años ha tenido un enfrentamiento muy directo con la Vicepresidencia de Transición Ecológica, dirigida por Teresa Ribera. ¿Se acrecentarán las tensiones en materia hidrológica con el nuevo Ejecutivo de PP y Vox?

El PP y Vox van a confrontar por supuesto continuamente con el Gobierno de España y con Ribera. Pero no me cabe duda de que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta tercera en funciones se van a dejar la piel para salvar el Mar Menor y para que Murcia tenga el agua que necesite. Se está invirtiendo en desalación para tener más agua y que el precio sea inferior. Asimismo, por mucho que lo niegue la derecha, el cambio climático ya está aquí. 

Es una persona cercana a Pedro Sánchez, ¿confía en que logrará sacar adelante la investidura tras escuchar las exigencias del expresident Carles Puigdemont?

Estoy convencido de que habrá investidura. Es necesario seguir avanzando en las políticas de progreso. En estos cuatro años se ha mejorado muchísimo con la coalición en tiempos muy difíciles, atravesando situaciones como la pandemia, el volcán o la guerra en Ucrania. El Ejecutivo ha trabajado con mucha fuerza y seriedad para no dejar a nadie atrás.

Como socialista de dilatada carrera, ¿le han molestado las palabras del expresidente Felipe González diciendo que le costó votar al PSOE durante las elecciones del 23 de julio?

Respeto absoluto a las declaraciones del que fuera presidente del Gobierno, pero probablemente este 23J ha sido una de las veces que he cogido la papeleta del PSOE con más fuerza.

La historia se repite. Como ya sucedió en Extremadura, la extrema derecha de Vox ha doblado el brazo al PP y estará en el gobierno de la Región de Murcia a pesar de la oposición de su presidente en funciones, Fernando López Miras.

El candidato del PP, según fuentes del PP, ya ha ofrecido a Vox formar parte de su próximo Gobierno a cambio de sus votos en la sesión de investidura que necesariamente tendrá que celebrarse la semana que viene para evitar una repetición de las elecciones que, unidas a las generales, serían las terceras en menos de seis meses.

López Miras da marcha atrás para salvar su elección como presidente, igual que sucedió con su homóloga en Extremadura, María Guardiola, y pone fin a dos meses de incertidumbre durante los cuales los días iban pasando y PP y Vox seguían sin anunciar un acuerdo que desbloquease la situación y evitase la repetición electoral. 

La marcha atrás del PP deja por los suelos el argumentario que hasta ahora habían defendido Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras. El líder nacional del partido siempre dijo que el candidato murciano del PP estaba “legitimado” con el 43% de los votos para gobernar en solitario en Murcia y llegó a a advertir al presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, de que “no hay razones objetivas para que Vox niegue el Gobierno al Partido Popular” en esa región. “No hay razones objetivas para que Vox niegue el gobierno al PP en Murcia, salvo el interés por el follón que tenemos en España y que continúe el mismo”, denunció Feijóo el pasado 3 de julio en un acto en Madrid.

El líder del PP siempre aseguró que el caso de Murcia era diferente del de otras comunidades, que no se podían poner como ejemplos a seguir. En su opinión, tenía sentido que Vox pidiese entrar en el Gobierno de Extremadura o de la Comunitat Valenciana porque eran necesarios sus votos para la investidura, lo que no pasa en Murcia. 

No es la primera vez que el PP se tiene que tragar las reglas con las que intenta explicar comportamientos diferentes en situaciones semejantes. Ocurrió antes en el caso de Extremadura, donde Feijóo pasó de decir que Vox no tenía derecho a entrar en el Gobierno de esa comunidad porque sólo representaba al 8% de los votantes a tener que defender una coalición.

Tampoco el discurso de López Miras sale bien parado con la cesión a Vox. “Con el resultado que se ha obtenido en la Región de Murcia teniendo el 43% de los votos, el 47% de los diputados regionales, lo legítimo en una democracia es gobernar en solitario. Esto no es nuevo, ya que así gobernó Aznar en el 1996, Zapatero durante sus dos mandatos, Rajoy en 2015 y Pedro Sánchez en estas últimas legislaturas”., alegaba hasta hace pocos días.

Exigir consejerías y una vicepresidencia, decía el presidente murciano en funciones, es “chantajear a un partido que se ha quedado tan solo a dos diputados de la mayoría absoluta”. “No necesitamos el sí de Vox”, aseguraba López Miras. “Ni el apoyo explícito de Vox; solo necesitamos una abstención, es decir, que no bloqueen”.

Génova siempre ha dicho que lo que pasase en la Región de Murcia sería responsabilidad de su barón local, el actual presidente en funciones. Tanto si llegaba a un acuerdo con Vox como si no lo conseguía y la región no tenía más remedio que repetir elecciones.

El equipo de Alberto Núñez Feijóo intervino en su momento para obligar a su candidata por Extremadura a llegar a un acuerdo con la extrema derecha dándole entrada en el Gobierno a pesar de que se había comprometido públicamente a hacer todo lo contrario. 

El equipo de Feijóo siempre ha sostenido que las dos situaciones no eran comparables: Guardiola ni siquiera fue la candidata más votada en las elecciones extremeñas de mayo, mientras que López Miras no solamente ganó, sino que se quedó a únicamente dos escaños de la mayoría absoluta. La primera era una recién llegada; el segundo es un barón consolidado que lleva seis años gobernando su comunidad.

Todo indica, sin embargo, que ha sido Feijóo el que ha impuesto una solución que evite no sólo la repetición electoral sino también un nuevo conflicto entre el PP y Vox justo cuando el presidente del PP se prepara para defender su investidura en el Congreso de los Diputados y más necesita del apoyo de la extrema derecha.

La única salida al pulso entre ambos partidos era que una de las partes diese su brazo a torcer y ese, al final, ha sido López Miras, que no quería tener a Vox en el gobierno. El gato al agua se lo han llevado los ultras, que siempre dijeron que no votarían a favor de la investidura del candidato del PP murciano si no les garantizan presencia en el nuevo ejecutivo. Consiguieron casi el 20% de los votos en las elecciones y quieren que eso se refleje entrando en el gobierno, como ya ha ocurrido en Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón.

“Celebramos el acercamiento de posturas que hacen posible desatascar la negociación. Creemos importante que Vox esté en el gobierno con tres consejerías, una de ellas la de Agricultura, donde entendemos que podemos aportar un gran valor añadido en esta nueva etapa”, declaró José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, nada más conocer la noticia.

A pocos días de la fecha límite —el jueves 7 de septiembre—, las direcciones nacionales de PP y Vox buscaban la manera de desbloquear unas negociaciones estancadas a escala regional, mientras López Miras se preparaba para poner en marcha un segundo intento de investidura que comenzaría el miércoles, la víspera de la fecha límite.

El pasado 7 de julio, los votos en contra de los nueve diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia tumbaron el primer intento de López Miras, de ser investido.

El candidato del PP no consiguió la mayoría simple (más síes que noes) necesaria en la segunda votación para ser elegido presidente de la comunidad. Sólo contó con 21 votos a favor, los del PP, y 24 en contra, correspondientes a PSOE, VOX y Grupo Mixto —Podemos—.

La firmeza de Vox se hizo patente este viernes en la asamblea regional, en la que no dudó en tumbar, junto a PSOE y Unidas Podemos, el decreto-ley con el que el Gobierno de López Miras y el PP pretendían para evitar la caducidad de la moratoria urbanística del Mar Menor. 

La decisión tensó la cuerda para forzar a los de Feijóo a presionar a López Miras y obligarle a dar entrada a la extrema derecha en su gobierno aprovechando que el líder del PP necesita los 33 votos de Vox en el Congreso para no verse superado en la investidura por la alianza de PSOE y Sumar (152 escaños) como ya ocurrió en la elección de la mesa de la Cámara Baja.

Feijóo ya cedió la semana pasada ante Vox asumiendo públicamente y por primera vez su alianza con la extrema derecha, que hasta ahora atribuía exclusivamente a sus barones. Y admitiendo que necesita su apoyo para optar a la investidura. Es ya una “relación de normalidad democrática” “en el objetivo compartido de proteger nuestra nación y defender la Constitución”. “No cabe duda de que la relación de colaboración se mantendrá”, aseguró el presidente del PP después de visitar al rey Felipe VI para ofrecerse como candidato el pasado 22 de agosto.

La decisión del PP de pactar con Vox también en Murcia dará acceso al gobierno al líder local de la extrema derecha, José Ángel Antelo. Un dirigente que considera una “ley comunista” la que, con rango estatal, protege el contaminado Mar Menor. Antiguo jugador de baloncesto, el discurso ambiental de Antelo sigue con pulcritud las normas del negacionismo. En una entrevista concedida en la recta final de campaña a La Opinión de Murcia, lanzó el aviso cuando el periodista le hizo la siguiente pregunta:

– Si Fernando López Miras no toca la Ley del Mar Menor, ¿será presidente?

Antelo respondió así:

– Si depende de nosotros, será oposición. Y nosotros, también.

El autor de la entrevista abundó en el tema:

– Habla como si no hubiera cambio climático 

Y Antelo, que ya en otras ocasiones había ridiculizado el concepto –por ejemplo, en su cuenta de Twitter–, respondió así: “El clima lleva cambiando desde que existe el mundo, hace más de 4.500 millones de años, y lo seguirá haciendo”.

Concejal en el Ayuntamiento de Murcia, la estrella interna de Antelo comenzó a brillar cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox le nombró en noviembre de 2019 jefe de la gestora constituida en Murcia tras la bronca con los tres diputados autonómicos que habían sido elegidos en la lista del partido. “El CEN –relata el periodista Xavier Rius en su libro Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron (Akal, 2023)– nombra una gestora presidida por el concejal en el Ayuntamiento de Murcia, el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo, vinculado a José Luis Mendoza, miembro de los ultracatólicos neocatecumenales, los "kikos", y presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia”, la UCAM. Fallecido en enero de este año, Mendoza se convirtió en un baluarte del sector que en Vox procede del catolicismo más conservador. 

Antelo ha hecho bandera del pin parental, que ya aplicó el PP en Murcia a requerimiento de Vox. Los padres –sostiene el candidato– deben tener información de si lo que pretende una charla escolar es “enseñarle a un niño de tres, cuatro o cinco años cómo masturbarse”. O si a un niño “que se llama Juan le van a tratar como María”.

El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha ofrecido a Vox formar parte del Gobierno regional, con el fin de terminar con la situación actual de "bloqueo" y no "condenar" a los ciudadanos a unas terceras elecciones en menos de seis meses, según ha podido saber Europa Press de fuentes del PP.

De esta forma, según fuentes del PP, se acabaría con el "bloqueo" en el que se encuentra la Región desde el pasado 28 de mayo y se evitaría la repetición electoral.

Hay que recordar, que el próximo jueves, 7 de septiembre, se acaba el plazo para elegir presidente de la comunidad. De no ser así, se iría a una repetición electoral.

Los votos en contra de los nueve diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia han tumbado la posibilidad del candidato del PP, Fernando López Miras, de ser investido en segunda votación como presidente de la Comunidad y abre la posibilidad a nuevas elecciones, ha informado Europa Press.

El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, no ha conseguido la mayoría simple (más síes que noes) necesaria en la segunda votación para ser investido presidente de la Comunidad. Sólo ha contado con 21 votos a favor, los del PP, y 24 en contra, correspondientes a PSOE, VOX y Grupo Mixto —Podemos—.

Al no salir investido, la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, iniciará nuevamente un proceso de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato.

El candidato a presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha dirigido en su alocución directamente a Vox y les ha advertido que "nadie entendería un bloqueo protagonizado por la izquierda, por Partido Socialista, por Podemos y también por Vox" y todo "por sillones".

Ha responsabilizado a Vox de la posibilidad de unas nuevas elecciones por su bloqueo a la investidura junto a PSOE y Podemos, "una gran irresponsabilidad conducir a la Región a una convocatoria de elecciones cuando el resultado de las urnas ha sido tan claro y contundente" y todo por querer "sillones".

Algo que ha confirmado posteriormente el presidente provincial y portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, quien ha hecho una propuesta de última hora, ya en la tribuna de oradores, al PP en la que pedía la vicepresidencia y dos consejerías de 10, así como la derogación de la Ley del Mar Menor.

El primero de 12 puntos pedía "derogar/modificar/reformar la ley de recuperación y protección del Mar Menor acordando con los agentes afectados y con el objetivo de proteger realmente al Mar Menor y no criminalizar a nuestro campo y su industria auxiliar" y "fomentar el aumento de las superficies de regadío".

El PP ha rechazado el acuerdo. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha rechazado, en nombre de López Miras, el acuerdo, argumentando que, "respecto al Mar Menor, ni un paso atrás en su protección".

Les ha pedido que digan claramente "qué quieren hacer con la Ley del Mar Menor, porque reformar, derogar o modificar no es lo mismo. Derogar es una cosa y reformar o modificar es otra bien diferente" y han criticado que lleven semanas intentando que "se pronuncien sobre un documento de 88 medidas que les hemos presentado y del que todavía no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que piensan".

De igual forma les han afeado que hablan de "preocupación sobre el programa" y lo que les presentan "es un documento que dice 'queremos una vicepresidencia y dos consejerías'". "Ustedes lo que están pidiendo son sillones, les da igual las competencias que asuman", ha criticado.

A dos años de que se cumplan tres décadas de dominio total, la era de poder del PP en Murcia ha empezado a estar en entredicho en menos de un mes. La resolución conocida este jueves por la que una jueza ordena sentar en el banquillo al que entre 1995 y 2014 presidió la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, acaba de sumarse a la sentencia dictada el día 6 que condena a prisión al también expresidente Pedro Antonio Sánchez.

Para Valcárcel, la Fiscalía pide 11 años de cárcel por prevaricación, malversación y fraude por el dispendio de la desaladora de Escombreras y le impone una fianza de 74,19 millones equivalente al sobrecoste detectado. Pedro Antonio Sánchez, que sucedió a Valcárcel en 2015 tras la breve estancia de otro dirigente del PP al frente del Ejecutivo autonómico, ha sido condenado a tres años de reclusión por prevaricación y falsedad en el fallido Auditorio de Puerto Lumbreras, el municipio cuya alcaldía ostentaba antes de ascender al Gobierno regional, al que los delitos del dirigente político le costaron seis millones de euros.

A Sánchez, presidente desde 2015 y que dimitió en 2017 tras su imputación en el caso Púnica, del que acabó librándose por falta de pruebas, le ha condenado la Audiencia de Murcia por alterar un concurso para adjudicar a dedo las obras de un auditorio que 13 años después del inicio de obras sigue cerrado al público en Puerto Lumbreras.

Predecesor de Fernando López Miras, quien en marzo de 2021 afianzó su puesto al desmarcarse tres tránsfugas de Ciudadanos de la moción de censura pactada por el PSOE y la formación naranja, el conocido como PAS –sus iniciales– lleva ahora una vida misteriosa en Miami. O al menos, no ha trascendido si tras su condena ha regresado a España para recurrir la sentencia ante el Supremo.

La documentación oficial del condado de Miami-Dade consultada por infoLibre atestigua que una pareja con nombres y apellidos idénticos a los de él mismo y su esposa –Nuria Navajas Rodríguez– adquirió en 2022 un inmueble por más de medio millón de dólares. Ni su abogado ni sus representantes empresariales en España han atendido los reiterados mensajes y llamadas de este periódico para esclarecer si el expresidente murciano es el titular del bien descrito y, en caso afirmativo, averiguar cómo obtuvo los fondos para la compra. De momento, este periódico no ha logrado confirmar si se trata del mismo Pedro Antonio Sánchez que fue presidente de Murcia y que mantiene en España una compañía propietaria de un hostal en Puerto Lumbreras.

Ya a finales de 2013, cuando Sánchez era consejero de Educación y Empleo, la Fiscalía murciana investigaba el pago de aquellos seis millones para el citado auditorio. Con el que acabaría presidiendo la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había dado por recibido el edificio en septiembre de 2011 pese a que tres años más tarde las obras ni siquiera habían finalizado. El caso fue denunciado por el PSOE, que acudió a la Fiscalía con un acta notarial bajo el brazo a la que se adjuntaba una batería de fotos demostrativas de que lo que existía en aquella parcela de Puerto Lumbreras, un municipio de en torno a 15.000 habitantes, era poco más que el esqueleto de lo que oficialmente aparecía como una gran sede cultural.

En lo que respecta a Valcárcel, que llegó a ser vicepresidente del Parlamento Europeo cuando el caso de la desaladora ya estaba en marcha y para quien la Fiscalía también pide 20 años de inhabilitación absoluta más 27 para empleo o cargo público, su presunción de inocencia sigue intacta en tanto no se pronuncie el tribunal que ha de juzgarle. Pero los hechos han modificado de forma drástica la situación del hombre que esquivó durante años el formidable escándalo de la instalación desalinizadora, inaugurada en 2007 y siempre infrautilizada. Su suerte alcanzó tanta altura que, como publicó el rotativo La Verdad en octubre de 2019, la justicia rechazó cuatro veces investigar la denuncia de la Fiscalía sobre un proyecto, el de Escombreras, que ya nueve años antes y según el ministerio público había provocado una “ruina” que recayó sobre la parte pública pero no sobre el socio privado.

Bajo su mando y adelantando el plan oficial nada menos que dos décadas, la Comunidad compró en 2010 a la empresa Cobra –hasta diciembre de 2021 división industrial de ACS, el grupo que preside Florentino Pérez– todas sus acciones en la desaladora pese a las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre las pérdidas acumuladas.

Las acusaciones contra el primer y poderoso presidente de Murcia en nombre del PP acabaron archivadas en enero de 2021. Pero la Audiencia Provincial obligó 15 meses más tarde a reabrir el caso con un auto que sembraba dudas sobre la actuación de la jueza instructora.

Un ejemplo de las dudas suscitadas por la Audiencia en ese auto es el que sigue: “Cuando ‘se mecaniza’ la declaración del propio investigado [Valcárcel] no se subrayan explicaciones del mismo tales como “sobre el conocimiento de la situación financiera de la DESA [Desaladora de Escombreras] y los informes del Tribunal de Cuentas de 2006 a 2010 donde se reflejaban las pérdidas, manifiesta que empieza a conocer el problema de la desaladora en el año 2008  (…) Tampoco se subraya su manifestación sobre que el 24-10-2013 es cuando el director de los Servicios Jurídicos tiene conocimiento de que la Intervención plantea un problema”.

La relevancia del entrecomillado anterior estriba en que es ese mismo auto de la Audiencia el que luego confirma que, pese al lodazal financiero en que se hallaba inmersa la desaladora, el último Consejo de Gobierno presidido por Valcárcel autorizó el 28 de marzo de 2014 “una transferencia por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a Desaladora de Escombreras S.A., para atender los pagos a HM S.L. por importe de 22.230.435,07 €”. HM SL es Hydro Management SL, la empresa privada que, con 12.000 euros como capital social, había sido fundada en 2003. Hydro Management pertenecía al grupo Cobra. Pero al vender Cobra al holding francés Vinci en diciembre de 2021, ACS la desgajó y se reservó la propiedad de HM SL.

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en auto notificado este jueves, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras, según informa Europa Press.

Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por la "adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39% de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM".

En su escrito de acusación, el Fiscal solicitaba penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa que multiplica por seis el dinero presuntamente defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.

Por último, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.

Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora. Es decir, "la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros".

Y aclara que, dicha cantidad es la total a exigir a todos los acusados en esta causa y en las Diligencias Previas 956/16 del Juzgado de instrucción número 5 de Murcia, conocidas como caso La Sal I, en la que están imputados un total de 17 personas físicas y como responsables civiles subsidiarias 7 mercantiles.

Esta primera investigación se centra en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina "parte pública"; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o "parte privada".

Y las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.

Tras la solicitud del Ministerio Fiscal y la acusación particular, la magistrada ha acordado la apertura del juicio oral y, al mismo tiempo, ha resuelto sobre las medidas cautelares procedentes, que, en este caso, se refieren exclusivamente a los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.

En este sentido, en la parte dispositiva, se requiere al acusado para que preste fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Estableciendo, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente.

Si bien, respecto a la pieza de responsabilidad civil, aclara el fundamento jurídico tercero que, "dado que esta causa está ligada necesariamente con el devenir de las DP 956/2016" del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, "el acusado tendrá derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados, la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado".

El auto, de acuerdo a la pena pedida por las acusaciones, declara la Audiencia Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.

Fibroelastoma aórtico, estenosis aórtica severa, cateterismo cardíaco y otros múltiples términos ininteligibles para cualquier lego en medicina. Pero el relato en que se insertan —una denuncia por la supuesta manipulación mortal de las listas de espera en Murcia— es tan preciso que parece anticipar el desembarco de tres palabras: quebradero de cabeza.

¿Quebradero y riesgo penal para quiénes? Para seis cargos de la sanidad murciana. El primero, Juan José Pedreño, consejero de Salud en el Gobierno de Fernando López Miras (PP). Le siguen su antecesor, Manuel Villegas, y cuatro directivos del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA). Repleta de datos de verificación al alcance de la judicatura y entroncada a historiales clínicos identificados por su código, a esos seis cargos la denuncia les atribuye tres posibles delitos: prevaricación, homicidio por imprudencia o malversación de caudales públicos.

Por el HUVA pasaron en distintas fechas los fallecidos en que se basa la denuncia: al menos 28 aunque con los datos disponibles hoy la cifra podría subir hasta 32, y así lo detalla el escrito.

Pero los números de sus historiales clínicos, la reseña de sus patologías y las frases literales extraídas de un informe de la dirección del hospital no son lo único que atrapa la atención. La denuncia incluye también justamente referencias documentadas a 118 pacientes cuya entrada en el quirófano se priorizó pese a su menor gravedad, sostienen los cirujanos Víctor Glenn Ray y José María Parra. O que se sumaron a la lista de espera después que otros enfermos con una patología idéntica.

El escrito dirigido a los juzgados de Murcia aborda lo que define como las "contradicciones, incongruencias y a veces también falsedades" que —siempre según sus autores— constan en un informe oficial: el entregado en marzo de este año por la dirección de la Arrixaca a la Fiscalía de Murcia, que lo dio por bueno y archivó la denuncia que cuatro meses antes le habían presentado Ray y Parra.

Lo que ambos cirujanos consideran una política de “manipulación” de la lista de espera del servicio de cirugía cardiovascular parece un puzle integrado por numerosas piezas: y de todas ellas hay rastro documental, viene a recalcar la denuncia. Salvo que el juzgado donde recaiga decida sorpresivamente inadmitirla, la decisión de los dos médicos de acudir a los tribunales presagia por tanto una etapa de investigaciones que puede resultar larga y compleja.

Por ejemplo, recalcan los denunciantes, una de las pacientes de la lista de fallecidos no se programó para ser operada porque los responsables de una tarea primordial como la enunciada alegan que estaba pendiente de un cateterismo cardiaco. “Desgraciadamente —se lee en el informe oficial del Virgen de la Arrixaca— fallece antes de poder realizarse cateterismo cardíaco”.

Pero los dos denunciantes mantienen que tal paciente, diagnosticada como de Prioridad 1 —la más alta—, ingresó en la lista de espera el 14 de marzo de 2019. Y que para entonces ya hacía un mes que se había sometido al cateterismo cardíaco: es decir, un trámite previo a su entrada en quirófano que consiste en un estudio de las arterias coronarias del corazón con contraste. “Debería —eso relata la denuncia— haberse operado antes del 14 de abril de 2019. Pero salió de la lista el 14 de mayo de 2019, habiendo superado el máximo tiempo que debía de estar en lista de espera, que era de 30 días”.

En este caso, afirmar que la paciente “salió de la lista” equivale en el argot médico a que murió. “Desde el día de su inclusión, el 14 de marzo de 2019, tenía las pruebas preoperatorias completas para ser llamada y operada”, mantienen Ray y Parra. Pero —repitiendo para no olvidarlo— no se programó porque los responsables de hacerlo aseguran lo ya dicho: que estaba pendiente del cateterismo.

Además, continúa la denuncia, “se programaron pacientes del mismo riesgo quirúrgico que habían entrado posteriormente en lista de espera”. Uno de ellos se había incorporado a esa relación de enfermos dos semanas más tarde que la enferma que finalmente falleció. Y en patologías graves, 15 días pueden alzar un muro: la frontera que separa la vida de la muerte.

Otro ejemplo: un paciente de la lista adjunta a la denuncia padecía un fibroelastoma aórtico. Traducido, eso significa un tumor benigno pero que puede complicarse por oclusión de los vasos sanguíneos como consecuencia de trozos del tumor que se desprenden y provocan obstrucción de las arterias cerebrales.

“Se trata —narran los denunciantes— de un paciente con diagnóstico de fibroelastoma aórtico que se incluye en lista de espera el 5 de noviembre de 2013 con una Prioridad 3, obviamente es un error pues un fibroelastoma es una Prioridad 1 o una cirugía Preferente”.

Siempre según las explicaciones médicas incorporadas a la denuncia, lo anterior significa que había que operarlo antes de 15 días. Pero, prosiguen los dos cirujanos, “a este paciente —prosigue el texto— se le adelantaron” al menos dos. Y en lugar de dos semanas, el hospital tardó tres meses en intervenirlo. Falleció “por complicaciones postoperatorias en la UCI”, detallan Ray y Parra.

El paciente que murió permaneció así 92 días en lista de espera: se sumó a ella el 5 de noviembre de 2013 y se le intervino el 7 de febrero de 2014. En cambio, uno de aquellos cuya operación se antepuso, y al que los denunciantes incluyen en la categoría de “electivo”, estuvo solo siete días. Los pacientes electivos son los que se programan sin necesidad de anticipar su operación porque pueden aguardar, a tenor de la prioridad asignada, un determinado tiempo sin riesgo.

Y ahora, un tercer ejemplo de los que cita la denuncia: una paciente estuvo 140 días en lista de espera. Sufría “estenosis aórtica y mitral severa”. Traducido de nuevo: enfermedad que afecta a la válvula aórtica y mitral y estrecha el paso de la sangre. Es decir, impide que esas válvulas —localizadas entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta— se abran correctamente. Y ello obliga al corazón a hacer más esfuerzo para bombear sangre.

Pues como narran los denunciantes, lo que aparece en el párrafo anterior sobre cómo aquella estenosis era “severa” procede del informe del propio cardiólogo “que estudió” a la enferma. Tal informe, y así lo ha corroborado infoLibre, se reproduce en el documento de justificaciones que envió el hospital a la Fiscalía murciana.

Pero sobre este caso, la Arrixaca adujo que se trataba de “una paciente añosa con una patología crónica de larga evolución y sin clara indicación quirúrgica por la gravedad moderada o leve de sus lesiones valvulares”.

Los dos cirujanos destacan que lo que en el párrafo anterior consta en negritas es directamente falso. Porque el mismo informe del cardiólogo que estudió a la paciente incluye un epígrafe denominado “Diagnóstico principal”. Y, como remarcan Ray y Parra, lo que se lee debajo es que padecía una afectación mitral y aórtica “severa”.

Hace dos semanas, el ministerio público confirmó a infoLibre que antes de archivar la denuncia de los dos cirujanos no tomó declaración a los familiares de los fallecidos mencionados en su escrito. Antes de esta denuncia, archivada en mayo, hubo otra, también firmada por Ray y Parra y archivada por la Fiscalía murciana en 2019. La negativa de ambos a tirar la toalla les ha llevado a acudir ahora directamente a los tribunales con esta nueva denuncia, más detallada y que rebate los informes oficiales del hospital de la Arrixaca.

En el segundo cerrojazo, el de mayo, el fiscal superior del TSJ murciano manejó dos argumentos. El primero, que el caso de las muertes en lista de espera ya había estado en manos de un juez de instrucción —el del 8 de Murcia— y que el magistrado lo había archivado.

El segundo factor que adujo para no investigar se resume en que los informes emitidos por el hospital eran "más que suficientes para excluir cualquier sospecha". A esos documentos del centro sanitario han tenido ahora acceso los dos cirujanos. Y es ello lo que les ha permitido incluir refutaciones a su contenido en la tercera denuncia que formulan, esta de carácter judicial.

Tras el segundo archivo dictado por la Fiscalía, el juez de instrucción 8 de Murcia desmintió en junio de forma tajante y a través de un auto que los hechos que relatan los dos cirujanos hubieran estado alguna vez sometidos allí a investigación. Una vez conocida tal resolución, este diario preguntó de nuevo a la Fiscalía. El auto del juzgado 8 —dijo un portavoz— “es incorrecto”.

Lo que sí continúa en poder del juzgado 8 es una querella por acoso laboral presentada en 2017 por uno de los dos cirujanos, José María Parra. Según su versión, la dirección de la Arrixaca lo sometió a lo que también se conoce como mobbing tras sus quejas por el funcionamiento del servicio de cirugía cardiovascular.

La querella —y así lo ha verificado infoLibre— también habla sobre el panorama general de la lista de espera quirúrgica en el Arrixaca. Pero con carácter general, sin señalar ningún potencial delito en esa dirección ni incluir casos verificables. Es justamente la querella por acoso de José María Parra la esgrimida por la Fiscalía para sostener que el juzgado de instrucción 8 ya había investigado —y clausurado— el asunto. El juez, como se recordó antes, lo niega.

Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, han fallecido este miércoles en el naufragio de una patera en aguas de la Región de Murcia, según ha comunicado la portavoz del Gobierno regional, Valle Miguélez. En la embarcación viajaban 17 migrantes, de los que 13 han sido localizados con vida.

En una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Miguélez ha transmitido sus condolencias a las familias de las víctimas en nombre del Ejecutivo murciano. "La pérdida de un ser humano es algo terrible, y más en la circunstancias en las que se ven obligadas estas personas que se embarcan en una patera para poder buscar una vida mejor", ha señalado la portavoz regional.

Los hechos han sucedido este miércoles por la mañana, cuando un buque mercante ha localizado a un migrante que se encontraba en el mar, y que ha informado de que viajaba en una embarcación con 17 personas más. A partir de ese momento, Salvamento Marítimo ha iniciado las labores de búsqueda del resto de ocupantes. El menor fallecido fue localizado con vida, pero falleció durante el traslado.

Además de la persona que ha sido rescatada por el mercante y el niño fallecido, hasta el momento se ha rescatado a siete personas que se encuentran en el helicóptero, procedente de Almería, y cuatro más que están en la Salvamar Draco.

El Mar Menor, la delicada albufera de agua salada y emblema de la Región de Murcia, sigue en estado crítico. Esta semana, los científicos han alertado de una nueva eutrofización que puede desembocar en otro episodio de mortandad masiva de la flora y la fauna del otrora santuario de biodiversidad de la Península Ibérica. El Gobierno de la comunidad autónoma, junto a un comité científico que lleva años acusado de parcialidad, ha vuelto a cargar las tintas contra el Ejecutivo central por su supuesta inacción; obviando que, según los últimos estudios, el 80% de la contaminación de la laguna proviene de las aguas superficiales, no del acuífero causante de todos los males según el presidente, Fernando López-Miras, y sus acólitos.

El Mar Menor sufre por el exceso de nutrientes (fosfatos y nitratos) que se originan en los cientos de hectáreas de agricultura y ganadería industrial que rodean la laguna desde hace décadas, aunque la urbanización masiva también ha puesto su granito de arena. Estos nutrientes caen a la albufera principalmente por dos vías de entrada: la superficial (cuando llueve, los torrentes arrastran los abonos de los cultivos) y por el acuífero Cuaternario, adyacente a la albufera, en el que se infiltran los nitratos y de ahí acceden al ecosistema.

La extensa literatura científica sobre la crisis del Mar Menor muestra, así, que hay un origen principal de la contaminación: la actividad del sector primario. Y dos vías de entrada principal: la superficial y la subterránea. Dos estudios independientes, con metodología distinta, ejecutados el pasado año –uno por la empresa pública Tragsatec y otro por la Universidad Católica de Murcia– concluyeron que en torno al 80% de los nutrientes entraron por la primera vía: la superficial. Sin embargo, en su comparecencia del pasado miércoles, el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, y el polémico miembro del comité científico, Ángel Pérez Ruzafa, ignoraron tanto el origen como la puerta de acceso prioritaria de los elementos que matan la albufera.

Nadie mencionó en la rueda de prensa, cuenta El País, que el regadío intensivo y la ganadería industrial son las actividades que ponen entre la espada y la pared a la laguna. Y las culpas se echaron exclusivamente al acuífero, que es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica, y por donde entra el 20% de los nutrientes, según la evidencia científica. "El que quiera sumar, que siga trabajando con nosotros y el que no quiera, que se quite", dijo el consejero, que le pide al Gobierno una obra hidráulica de extracción del acuífero para rebajar su nivel.

La obra, sin embargo, ha sido descartada desde el principio por el Gobierno, por su alto coste y porque su aplicación no garantiza que se baje el nivel del acuífero para siempre, explica un especialista que participó en la redacción del plan de actuaciones prioritarias de Transición Ecológica sobre la albufera. El Ejecutivo prefiere actuar en origen, en línea con las recomendaciones del Instituto Oceanográfico: evitando que los nitratos lleguen al acuífero y a la laguna mediante las aguas superficiales, con medidas para que los regadíos circundantes reduzcan sus abonos y para crear murallas, basadas en la vegetación circundante, que retengan los nutrientes antes de que caigan al agua.

El presupuesto de las medidas ha sido recientemente ampliado con 100 millones de euros. El bombeo, explica la bióloga murciana y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Julia Martínez, es una actuación conocida como "de fin de tubería": mucho más ineficaz que las medidas que van al origen del problema. Mejor que el acuífero no esté contaminado, en vez de evitar que el acuífero y la laguna se comuniquen, considera.

"Si se asume que la entrada principal es subterránea, eso es muy conveniente para el Gobierno de la Región de Murcia", ataca. Porque el acuífero es competencia del Gobierno central y porque así pueden argumentar, en la investigación del caso Topillo –que intenta esclarecer judicialmente la muerte del ecosistema– que el estado del Mar Menor no es su culpa, ya que el acuífero está contaminado tras décadas de excesos.

Fuentes de Transición Ecológica muestran su hartazgo y su cansancio por el enésimo ataque del Gobierno regional, ignorando los estudios que señalan que el 80% de la entrada de nitratos y fosfatos es superficial. "Nuestra tesis es la de siempre. Una situación de tantos años no se puede revertir en dos días", y menos si se mantiene la "dejadez" por parte del Ejecutivo de López Miras, explican. La ministra, Teresa Ribera, no ha hecho referencia explícita al conflicto, aunque sí implícita: el Mar Menor se encuentra "en grave peligro" por las "grandes amenazas que vienen de tierra firme", ha dicho en su mensaje por el Día de la Tierra, el 22 de abril. "De tierra firme", no bajo tierra.

El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez Ruzafa, uno de los protagonistas de la rueda de prensa del pasado miércoles, era hasta febrero de 2022 el portavoz del Comité Científico del Mar Menor. Y es uno de los más entusiastas defensores de la extracción del acuífero como principal medida contra la muerte de la albufera. Fue sustituido por Emilio María Dolores Pedrero, jefe del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma. Es decir, un cargo político. Emilio María Dolores también es portavoz del Comité de Seguimiento del Mar Menor, en el que también participa Ruzafa. El científico ha sido acusado por asociaciones locales, ecologistas y otros investigadores de parcialidad manifiesta, siendo la cara visible de varios organismos creados por el Ejecutivo regional ad hoc.

En 2019, Martínez y Miguel Ángel Esteve, también catedrático de Ecología de la misma universidad, firmaron un manifiesto en el que explicaban las razones de su salida del comité. En junio de 2018 se fueron otros cuatro expertos. Pérez Ruzafa, explicaban, mantenía la hipótesis del acuífero como portavoz del grupo sin consensuar la posición y daba opiniones sobre la crisis sin consultar a sus compañeros; el órgano se reunía a instancias de Agricultura y con notas de prensa que se mandaban antes de que terminara el encuentro; y, en definitiva, no se tenían en cuenta las voces críticas con la gestión del Ejecutivo regional.

Todo sigue igual, lamenta Martínez, que descarta, por el momento, la vuelta al comité, a pesar de los llamamientos públicos del portavoz. "Mientras no se aprueben protocolos de comunicación que garanticen que lo que se transmite ha sido previamente aprobado por el pleno del comité", y normas que garanticen la independencia del órgano a semejanza de otros comités del estilo que funcionan en otros países de Europa, su vuelta no tiene sentido, asegura la bióloga.

En Murcia, aseguran las fuentes consultadas, el Gobierno regional se escuda en la ciencia utilizando a investigadores afines para justificar sus decisiones políticas, dirigidas a mantener el estatus y la actividad económica del sector primario. Este jueves, el presidente, Fernando López Miras, citó un tuit de un investigador de la laguna para asegurar que los científicos mandaban un "mensaje claro" favorable al bombeo del agua subterránea. Sin embargo, la publicación original no recomendaba ninguna actuación concreta.

El Gobierno de Murcia ha comunicado este miércoles, a través de una nota de prensa, el cese de José Antonio Fernández Lladó como director general de Carreteras tras "tener conocimiento de su supuesta implicación en unas investigaciones policiales relacionadas con su esfera estrictamente privada, incompatibles con la exigencia ética del Gobierno regional", según informa Europa Press.

La Guardia Civil detuvo el martes a Fernández Lladó dentro de una operación con un total de cinco arrestos por su presunta relación con un caso de posible corrupción en la cárcel de Sangonera, han informado a Europa Press fuentes de la investigación que afecta también al responsable de servicio de la cárcel de Sangonera. Los delitos que se imputan a los detenidos son cohecho, estafa, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento público y pertenencia a organización criminal.

La investigación se centra en una presunta trama que captaba dinero de los presos que, a cambio, recibían beneficios. Otras fuentes consultadas por Europa Press añaden que al menos hay cinco detenidos, entre ellos empleados de varias administraciones murcianas.

En concreto, la investigación indaga en la introducción de droga, teléfonos móviles, comida y otros objetos prohibidos en el Reglamento Penitenciario, lo que se llevaba a cabo a cambio del cobro de dinero que la supuesta trama captaba de los presos interesados en estos beneficios.