PP y Vox aplazan diferencias en Murcia e impulsan el ‘pin parental’ y la invisibilización de la violencia machista

Primero los sillones y después el programa. PP y Vox tardaron tres meses en ponerse de acuerdo para repartirse los puestos en el nuevo gobierno de la Región de Murcia y apenas tres días en cerrar un programa común de gobierno. Las diferencias, hasta hace poco insalvables, que separaban a los dos partidos, en especial en torno al Mar Menor, han desaparecido o han sido aplazadas. 

El documento final, firmado este martes por representantes de los dos grupos, sigue el guion de otras comunidades también con gobiernos de coalición PP-Vox al incluir las principales banderas ideológicas de la extrema derecha y varias demandas dirigidas al Gobierno central que escapan de las competencias de la comunidad.

El acuerdo sostiene que “la recuperación del Mar Menor es una prioridad de la acción del Gobierno Regional”. Y para atenderla, PP y Vox, que llevan meses enfrentados por el régimen de protección de la zona, se comprometen genéricamente a seguir “desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación. Pondremos en marcha nuevos mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para que cada euro público invertido redunde en el máximo beneficio para el ecosistema”. 

Nada concreto

Ni una medida concreta que anticipe el futuro del Mar Menor. Y ni una palabra sobre la modificación dela Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del mar Menor, que Vox quiere recortar en contra de la voluntad, hasta ahora, del PP. 

Los grandes temas de los de Abascal, sean o no competencia autonómica, están presentes en el acuerdo. Desde, según Vox, una vía para poner en marcha un pin parental (la posibilidad de que los padres puedan vetar contenidos académicos en función de sus creencias sobre religión, sexualidad o ciencia) a través de un compromiso con la “neutralidad ideológica del currículo escolar”, hasta la invisivilización de la violencia machista, definida como “violencia contra las mujeres” y situada al mismo nivel que “la que sufren los niños y los mayores”.

La ambigüedad del texto acordado es tal que Vox da por sentado haber pactado acabar con el dinero destinado a sindicatos y organizaciones empresariales porque a partir de ahora las subvenciones se repartirán por “concurrencia competitiva”, algo que el PP limita a un control “más eficiente” del gasto público.

Contra la Unión Europea

Vox ha conseguido incluir también en el programa de gobierno la voluntad de enfrentarse a las normas comunitarias que considera perjudiciales para los agricultores, ganaderos y pescadores de la región, algo que ya provocó disturbios en Castilla y León a cuenta de las medidas contra las enfermedades del ganado vacuno. En el mismo sentido, PP y Vox se comprometen a otorgar ayudas a la a las empresas para paliar el incremento de los costes de producción, una medida que desafía abiertamente las normas de la UE destinadas a evitar que los Estados miembros puedan conceder ayudas a las empresas que les permitan situarse en una situación ventajosa respecto a sus competidores.

Más ayudas, sí, pero menos impuestos. El pacto se compromete también a reducir el IRPF de los salarios “medios y bajos” y a aumentar las deducciones por hijos, así como a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, la fiscalidad del turismo, al tiempo que reclama más dinero al Estado a través de un nuevo modelo de financiación autonómica. 

Las demandas al Gobierno central son numerosas. Un Plan Hidrológico que garantice agua para Murcia y mantenga el trasvase Tajo-Segura, en línea con las promesas de agua sin fin para la agricultura ya pactadas en plazas como Comunitat Valenciana, Baleares y Aragón y que evidencian una total coincidencia en un enfoque que ignora las crecientes alertas sobre la insostenibilidad del modelo, más aún en plena sequía y aceleración del cambio climático.

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Los socios de la derecha murciana piden también al Estado más efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para luchar contra “las bandas organizadas y las mafias de la inmigración ilegal”, cambios legislativos contra la ocupación de viviendas y la culminación del Corredor Mediterráneo, incluido el AVE, cercanías y mercancías.

Para que no haya dudas, el documento recoge también el reparto del Gobierno y quién decide su composición. Tendrá 11 miembros y Vox, no el presidente de la comunidad, será quien decida el nombre de dos de ellos. El de Interior, Seguridad y Emergencias, que además tendrá rango de vicepresidente, y el de Fomento. Los ultras designarán también al presidente del Consejo de Transparencia con atribución de Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

El pacto en Murcia abre la puerta a la investidura de Fernando López Miras el próximo jueves y garantiza además a Alberto Núñez Feijóo que los 33 diputados en el Congreso le respaldarán como candidato a la Presidencia del Gobierno en la sesión convocada para los días 26 y 27 de septiembre. El líder de Vox, Santiago Abascal, sugirió este martes que la cesión del PP en la región, después de tres meses negándose a compartir el gobierno con Vox, ha sido clave para que la ultraderecha mantenga el compromiso de respaldar la investidura de Feijóo.