Si la nacionalidad puede ordenar la atención sanitaria, también puede acabar ordenando la vivienda, las ayudas sociales, la dependencia, la atención a la infancia o cualquier prestación social destinada a garantizar unas condiciones básicas de vida. Lo que está en juego es más que un acuerdo político: es el principio que organiza el acceso a los derechos sociales, si se ordenan por necesidad o por pertenencia.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido recientemente en que las desigualdades en salud no pueden entenderse al margen de las condiciones sociales: vivienda, empleo, protección social, discriminación estructural, desplazamiento forzoso o acceso desigual a servicios. Basta atender a los más de 10 años de diferencia en esperanza de vida que se da entre los barrios de la ciudad de Madrid, por ejemplo. Si la evidencia nacional e internacional pone el foco en reducir discriminaciones estructurales para mejorar la salud y el bienestar, la “prioridad nacional” camina en la dirección contraria.

“Los españoles primero” es más que un eslogan traducido del America First (EEUU primero). Es una forma de redefinir quién merece ser cuidado, protegido o acompañado por las instituciones públicas. Allí donde una política social debería preguntarse qué necesita una persona, empieza a preguntarse dónde ha nacido. El desplazamiento es más hondo de lo que parece. Cambia la arquitectura moral del Estado de bienestar.

En España, podemos sentir orgullo de muchos logros democráticos recientes. En la Transición, los Servicios Sociales se consolidaron como parte fundamental del Estado de bienestar, en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Nacieron como un sistema interdisciplinar, local y comunitario, orientado a atender necesidades sociales y proteger a colectivos vulnerables o en riesgo. Superar la beneficencia significó avanzar hacia una lógica de derechos, responsabilidad pública y protección frente a la vulnerabilidad. La “prioridad nacional” devuelve a los Servicios Sociales al terreno de la caridad y retoma una pregunta que el Estado de bienestar ha tratado de superar: quién merece nuestra atención.

Desde la psicología social sabemos que este argumento puede resultar tentador porque activa una intuición poderosa: si “ellos” reciben ayuda, “nosotros” la perdemos. Introduce una frontera simbólica entre “nosotros” y “ellos”, y convierte la escasez de recursos en una disputa entre grupos. Esta lógica ha estado históricamente en la base de muchas formas de prejuicio, discriminación racial y hostilidad hacia los grupos construidos como externos. En una lista de espera, en una ayuda para la vivienda o en una beca comedor, la persona migrante deja de ser alguien con una necesidad concreta y pasa a ser imaginada como una competidora ilegítima.

Sin embargo, hay una premisa que sí es cierta y debemos atender: efectivamente, hay listas de espera imposibles, precariedad, alquileres desorbitados, servicios públicos saturados y profesionales desbordados. La solución parte de aceptar que el sistema está fallando, pero también debemos impedir que ese malestar se traduzca en discriminación. La “prioridad nacional” se alimenta de problemas reales, pero ofrece una solución que es falsa: el conflicto no es entre nacionales y extranjeros. La verdadera brecha se da entre hacer valer los derechos sociales y las políticas que dirigen el enfado y la frustración hacia las personas más vulnerables.

Estamos jugando con fuego. Una vez que aceptamos que es legítimo ordenar el acceso a derechos por nacionalidad, el criterio puede desplazarse. Primero pueden ser las personas extranjeras. Después, se puede legitimar dejar fuera de la cobertura sanitaria a las personas que no han cotizado lo suficiente o limitar los recursos para las personas que tienen una enfermedad que requiere un tratamiento costoso, o retirar las ayudas para las familias que no son tradicionales, o negar la atención a las personas LGTBIQ+. Cuando una sociedad acepta que es lícito dejar algunas vidas sin protección, el círculo de derechos puede estrecharse una y otra vez. La exclusión no siempre se impone de golpe, la mayoría de las veces se aprovecha una crisis para justificar dejar sin acceso a recursos básicos a una parte de la población.

El Estado de bienestar se basa en que cualquiera puede atravesar una situación de vulnerabilidad y encontrar un suelo común de protección. La “prioridad nacional” rompe esa universalidad mínima y convierte los derechos sociales en un campo de sospecha, vigilancia y jerarquización. Va más allá de excluir a algunas personas: cambia el pacto social que hacía posible proteger a cualquiera que lo necesitara.

La alternativa a la “prioridad nacional” tampoco es ingenuidad ni “barra libre”. Es una priorización basada en el análisis de necesidades y en la planificación territorial. En lugar de preguntarnos quién debe ir primero, deberíamos preguntarnos qué barrios tienen menos recursos, qué servicios están saturados, qué ayudas llegan tarde y qué coordinación falta entre servicios sociales, sanidad, educación, vivienda y empleo. Una política social puede y debe priorizar. Lo que no puede hacer es convertir la nacionalidad en medida de la dignidad.

La respuesta es reconstruir un “nosotros” que no sea excluyente. Nuestra sociedad no es una comunidad con una identidad única o cerrada; nunca lo ha sido. Debemos recordar que la tarea democrática consiste en ensanchar las condiciones que permiten cuidar mejor. Ese “nosotros” al que aspiramos no se construye expulsando a quien tiene menos recursos o menos papeles. Se construye garantizando que la vulnerabilidad de una persona nunca sea usada como argumento para degradar su dignidad.

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Rubén García Sánchez es Doctor en Psicología. Coordinador del Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria, y docente e investigador del Dpto. de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

El sindicato CNT Comarcal Sur ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de la localidad, José Luis Martínez-Almeida, y cargos directivos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, por posibles delitos de "prevaricación administrativa y discriminación" en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Tal y como ha hecho público el sindicato este martes, la denuncia se presenta a raíz de "las instrucciones trasladadas a los servicios sociales municipales para la tramitación" del certificado de vulnerabilidad requerido para parte de las personas migrantes que entran en el proceso de regularización. La información recopilada por la Sección Sindical de CNT en Políticas Sociales ha servido para constatar la existencia de "directrices" encaminadas a generar "un procedimiento deliberadamente restrictivo que ha supuesto un trato discriminatorio hacia la población migrante, dificultando de manera injustificada el acceso a un derecho reconocido".

CNT señala al regidor de la localidad por haber manifestado públicamente su intención de no colaborar con el proceso de regularización, una posición política que "se habría materializado, presuntamente bajo la dirección y responsabilidad de los máximos responsables municipales y de los altos cargos" de la concejalía, mediante la "imposición de trabas administrativas que han obstaculizado el acceso a estos informes". Diversas entidades acreditadas para expedir los informes de vulnerabilidad han venido expresando en las últimas semanas sus sospechas ante la imposición de trabas administrativas y burocráticas en Madrid.

El protocolo que señala el sindicato y sus trabajadores en el área habría establecido que la solicitud para acceder al informe "solo podía realizarse mediante instancia general" presentada ante el Registro General, "obligando a numerosas personas a soportar colas innecesarias e incluso a pasar noches a la intemperie únicamente para poder iniciar el trámite". Esta decisión, resaltan en el comunicado, "ha entorpecido además el trabajo que los servicios sociales de distrito habían comenzado a desarrollar desde el primer momento, pese a no haber recibido refuerzos de personal ni recursos adicionales" para asumir la carga de trabajo.

La instrucción también "obligaba inicialmente" al personal a "asignar cita previa para valorar dichos informes sin otorgar prioridad alguna al procedimiento, a pesar de que las listas de espera habituales oscilan entre los 30 y los 60 días". Los trabajadores y voluntarios que atienden a personas migrantes hablan precisamente de demoras en las citas, una situación especialmente traumática para los solicitantes dados los plazos existentes para el proceso de regularización, cuya fecha límite es el 30 de junio.

CNT da el paso, junto a Asamblea por la Regularización de Madrid, de llevar los hechos ante la justicia para exigir responsabilidades políticas y administrativas "a quienes hayan diseñado, autorizado o ejecutado estas directivas". "No vamos a permitir que se utilicen las instituciones públicas para obstaculizar derechos mediante trabas administrativas", zanjan.

La violencia sexual que de forma sistemática y endémica recae sobre las mujeres no ha estado nunca entre las preocupaciones de la extrema derecha. Sus principales líderes se han esforzado no solo en mirar hacia otro lado, sino en desacreditar la investigación, los proyectos y las demandas feministas. Con una excepción: siempre que la mención a las mujeres sirva para cargar contra la población migrante.

"¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias". El lema figura en una serie de carteles difundidos la semana pasada con el sello de Vox. El partido de Santiago Abascal se arma contra las personas migrantes, instrumentalizando a las mujeres y con fines electorales. Lo hace en plena campaña de las elecciones andaluzas, siguiendo la estela del discurso ultra en otros puntos del planeta.

El Ministerio de Igualdad ha tomado cartas en el asunto y lo ha puesto en manos de la Fiscalía de Granada. "Esa propaganda afecta y es contraria a los derechos y principios básicos", señaló a finales de semana la ministra Ana Redondo. La Junta Electoral también estudiará la cartelería. Facua Andalucía, por su parte, ha instado este lunes a los ayuntamientos de Granada y Almería a retirar la propaganda por incitar al odio.

La de Vox no es una estrategia que emerja espontáneamente, sino que ha sido ampliamente manoseada por la extrema derecha en todo el globo. Es lo que el análisis académico ha tildado como feminacionalismo. 

La extrema derecha occidental ha encontrado en la violencia machista una ventana de oportunidad para defender no solo políticas punitivistas, sino abiertamente xenófobas. Ha ocurrido en países como Italia, Alemania y Francia. La ultraderecha se ha inclinado tradicionalmente o bien por negar las raíces de la violencia contra las mujeres, o bien por introducir una suerte de variante extranjera vinculando a los agresores con personas migrantes. 

Sara R. Farris, autora de En nombre de los derechos de las mujeres. El auge del feminacionalismo (Traficantes de sueños, 2021), lo explica así en su libro: "Al fomentar una retórica de división, o de separación maniquea del debate político e ideológico en un 'nosotros' (blancos, europeos, occidentales, cristianos, civilizados, 'respetuosos con las mujeres') contrapuesto a un 'ellos' (esos otros no blancos, no europeos, no occidentales, musulmanes, incivilizados, misóginos), los partidos nacionalistas de derechas solo pueden beneficiarse". Sobre esta idea ahonda también la investigadora Nuria Alabao en su libro Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales (Katakrak, 2025): "Uno de los ejes fundamentales de la extrema derecha es intentar vincular la migración con un problema de seguridad. Ese sentimiento antiinmigrantes que empieza a existir se construye a partir de ahí".

A Vox dice preocuparle ahora la seguridad y el bienestar de las mujeres. Pero al partido ultra no parecía inquietarle lo más mínimo la violencia estructural que sufren las mujeres cuando eran las formaciones progresistas o el movimiento feminista quienes introducían el problema en la agenda. 

En marzo de hace seis años, el Ministerio de Igualdad hacía suyo un lema que el feminismo había popularizado en las calles: "Queremos que el grito feminista ‘sola y borracha, quiero llegar a casa’ se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros", sostenía el departamento en plena campaña por su embrionario proyecto legislativo de libertad sexual, la que posteriormente se conocería como ley del solo sí es sí. 

Entonces, el propio Santiago Abascal afirmaba que aquello era "entre cómico y aberrante". Y añadía: "¿Alguien puede explicarle a este Gobierno que un Ministerio no es una fiesta de pijamas y que con el dinero de los españoles no se promueven mamarrachadas?". Sus palabras las refrendó el eurodiputado Jorge Buxadé. "No queremos que las mujeres lleguen solas y borrachas a casa", sentenció en un mitin.

Más ejemplos: la diputada ultra María Ruiz cargó hace cuatro años en sede parlamentaria contra un discurso feminista que a su juicio propaga el "odio al varón dificultando las relaciones de pareja o promocionando que es mejor llegar a casa solas y borrachas". 

Vox no ha dudado en retorcer y manipular el lema clásico del feminismo, una consigna que busca reivindicar la libertad sexual de las mujeres, su derecho a habitar el espacio público y la necesidad de extirpar la violencia de los contextos de ocio. El activismo feminista ha popularizado esta reivindicación con el objetivo de desplazar el foco hacia el agresor, impugnando la narrativa tradicional que sitúa la responsabilidad de no sufrir violencia exclusivamente en la víctima y enumera toda una suerte de conductas preventivas para esquivarla.

Sobre el acoso callejero –y por extensión, sobre los temores que atraviesan a las mujeres cuando caminan solas por la calle–, también ha tenido algunas palabras el partido de Santiago Abascal. Hace dos años, Carla Toscano censuró "la banalización que supone hablar de piropos y de acoso callejero como si fuera violencia". En el Congreso, la diputada afirmó sin titubeos que sentía pena por "no volver a oír ciertas cosas por las calles", equiparando el acoso con una "muestra de admiración" por parte de los hombres.

Pero la ultraderecha no solo ha ridiculizado los discursos feministas, sino que ha cargado pública y reiteradamente contra las políticas públicas encaminadas a mejorar la vida de las mujeres y ampliar sus derechos, llegando a demandar el cierre del Ministerio de Igualdad. 

Hace tan solo un año, los ultras sustituyeron los puntos violeta organizados en espacios festivos en Zaragoza por "espacios seguros unisex". La crítica a los llamados puntos violeta ha sido constante por parte de la extrema derecha, cuyos líderes han institucionalizado la caricatura de esta herramienta bajo la denominación de "puntos violeta podemitas". Carlos Flores, el diputado de Vox condenado por violencia de género, aseguró hace tres años que "las españolas no necesitan puntos violeta, sino fronteras bien guardadas".

Es, en esencia, el espíritu que define las políticas de la extrema derecha en materia de género: cabalgar entre el negacionismo y la instrumentalización de las mujeres para librar su batalla contra la población migrante. En el año 2022, el programa electoral italiano confeccionado por la coalición de Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi introducía el problema de la "violencia sexual contra las mujeres" dentro del apartado en torno a la "seguridad y lucha contra la inmigración ilegal". Hoy, los acuerdos en Extremadura y Aragón solo mencionan a las mujeres para consagrar la prohibición del burka y el nicab.

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox que ha ganado gran protagonismo y foco mediático en los últimos tiempos, asistirá como ponente a la Remigration Summit 2026 —en español: Cumbre de la Remigración 2026—, un evento internacional de políticos y activistas de la extrema derecha, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Oporto (Portugal). Así lo han anunciado los organizadores del evento ultra, que definen la remigración como "la única solución para salvaguardar el futuro de la civilización occidental".

La remigración es un término acuñado por la extrema derecha para referirse a la deportación masiva de personas de origen migrante. Los ultras europeos llevan años utilizando este concepto, ampliamente ligado a la teoría del gran reemplazo. En los últimos tiempos, Vox se ha sumado cada vez más a este tipo de teorías xenófobas. Por ejemplo, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado a lo largo de este año, defendiendo el concepto de 'prioridad nacional', nuevo en la agenda mediática española, pero conocido desde hace años en otros países europeos, como Francia, por su uso por parte de la ultraderecha.

Quero, uno de los nuevos hombres fuertes de Vox, lleva tiempo viendo crecer su presencia e influencia pública. En gran parte gracias a su discurso alrededor del problema de la vivienda —área de la que es responsable en Vox—. Quero ha vinculado esa problemática que se está sufriendo en España, especialmente por parte de los jóvenes, al aumento de población migrante. "¿Qué tipo de inmigración necesitamos? La que se vaya", aseguró el pasado mes de marzo en un acto en el Parlamento Europeo.

Ahora acudirá a la ciudad portuguesa para participar en el evento ultra. Allí compartirá escenario con destacadas y controvertidas figuras de la ultraderecha europea. Su incorporación se ha anunciado en los últimos días junto a la del italiano Andrea Ballarati y a la del francés Jean-Yves Le Gallou. Ballarati es un activista de extrema derecha que se encargó de organizar la cumbre anterior: la Remigration Summit 2025, que tuvo lugar en Gallarate, ciudad cercana a Milán. En los próximos meses, el italiano será juzgado por incitación al odio debido a sus discursos contra los migrantes en redes sociales. 

Le Gallou es un político francés. Fue eurodiputado del Frente Nacional en los tiempos de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual lideresa de la ultraderecha francesa. En 1985 se publicó La Préférence Nationale: Réponse à l'Immigration —en español: La preferencia nacional: Respuesta a la inmigración—. Le Gallou fue el principal autor de ese ensayo, que acuñó el término de preferencia o prioridad nacional, que más de 40 años después ha traído Vox a España. 

El político, que ya tiene 77 años, formó parte del equipo de Éric Zemmour —el candidato de ¡Reconquista!, aún más a la derecha que Le Pen— para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Le Gallou aseguró que lo apoyaba por haber puesto la remigración y la teoría del gran reemplazo en el centro del debate público, y acusó a Marine Le Pen de moderada y de actuar con "corrección política". El político francés también firmó en 2010 una carta pidiendo la liberación de un negacionista del Holocausto nazi y este mismo 2026 ha asegurado que las personas de origen africano tienen un cociente intelectual más bajo.

El historial de Le Gallou, que está casado con la hija de un militar nazi, asusta, pero no es una excepción. La cumbre ultra, que en su edición de 2025 congregó a entre 250 y 400 asistentes —según los medios que cubrieron el evento—, cuenta con multitud de ponentes con hitos parecidos a sus espaldas, como la defensa del supremacismo blanco o vínculos con el neonazismo.

Quero no es el único que representará a los de Abascal en esta cumbre en Oporto. La presencia de Vox, junto a lo más ultra y radical de la extrema derecha europea, ya estaba confirmada con la asistencia de Rocío de Meer, tal y como adelantó El País. De Meer fue precisamente quien habló en una rueda de prensa el pasado mes de julio de deportar de España a ocho millones de migrantes. De hecho, la diputada ultra aseguró que se trataría de un "proceso extraordinariamente complejo de remigración", pero necesario por el "derecho a sobrevivir como pueblo".

El discurso antiinmigración cada vez más radical por parte de Vox, representado en esas palabras de De Meer, casa con las ideas y teorías que la ultraderecha europea está impulsando a nivel global con eventos y alianzas como la de la Remigration Summit.

La propia web de la cumbre defiende que la remigración tiene como objetivo "impedir el reemplazo de la población mediante la inversión de los flujos migratorios, restaurando así la soberanía, la independencia y la identidad de los países, a través de la defensa de su especificidad etnocultural".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana explica que este concepto utilizado por la extrema derecha se refiere a "la expulsión de todos los 'extranjeros'" con la intención de crear "sociedades definidas étnicamente". La Oficina asegura que se trata de un concepto vinculado al ideal de "etnopluralismo". Según el cual, la nueva extrema derecha europea, busca "la creación de sociedades étnicamente puras y, por consiguiente, la expulsión de todos aquellos considerados 'ajenos al pueblo'".

Toda esa influencia e importancia otorgada a los conceptos étnicos concuerda con lo que la mayoría de partidos de ultraderecha defienden en la actualidad: no solo la expulsión de las personas migrantes extranjeras, sino también de los inmigrantes de segunda generación o de los nacionales de origen extranjero. De hecho, la propia De Meer en sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de ocho millones de migrantes aclaró que habría que incluir a los de "segunda generación".

Los principales impulsores de la Remigration Summit son el belga Dries Van Langenhove y el austríaco Martin Sellner. Estos dos activistas de ultraderecha llevan años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en Europa.

Van Langenhove es exdiputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto. Sellner, por su parte, ha anunciado este mes de febrero que fundará el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir como una ONG. El diario austríaco Kleine Zeitung ha revelado los vínculos de Sellner con el neonazismo y que en 2006 pintó esvásticas en sinagogas.

De la edición de la cumbre de este año en Oporto se está encargando también, como embajador local, otro activista de extrema derecha: el portugués Afonso Gonçalves. Es el líder de un movimiento supremacista blanco llamado Reconquista y está siendo investigado por delitos de odio y discriminación por la Fiscalía de Portugal, según explicó el medio portugués Expresso. 

Además de ellos, De Meer, Quero, Ballarati o Le Gallou también acudirán como ponentes el suizo Manuel Corchia, el eslovaco Milan Mazurek o el estadounidense Joey Mannarino. Entre el resto de participantes también hay ultras radicales con historiales de bastante dudosa reputación. Es el caso, por ejemplo, de Mazurek. En 2015, este eurodiputado eslovaco formó parte de un grupo que gritó, insultó y lanzó piedras a una familia musulmana que paseaba con un bebé por el centro de Bratislava. 

Mazurek, además, ha difundido discursos de odio contra el pueblo gitano y ha negado el Holocausto, tal y como recoge el medio eslovaco O médiách. En 2019 fue incluso condenado por "un delito intencionado de difamación a una nación, raza o creencia" por sus palabras contra el pueblo gitano. El Tribunal Supremo eslovaco le multó y anuló su mandato parlamentario como diputado nacional —cargo que ocupaba por aquel entonces—, algo que sucedió por primera vez en la historia del país.

La presencia de Vox con esos acompañantes internacionales confirma su giro a posiciones aún más ultras y radicales y su asunción de los discursos de la ultraderecha internacional más dura. En 2025 ningún representante del partido de Abascal —ni ningún otro español— participó como ponente en la Remigration Summit.

Pero sí hubo presencia española. Según publicó Crónica Global, Christian L. F., autoproclamado cabecilla en España de Deport Them Now EU, fue al evento como asistente. Cualquiera puede acudir como público. Las entradas para la edición de este mes de mayo se venden en la página web de la organización por 45 euros. También hay una opción VIP por 150 y una premium por 325. 

La cumbre no solo la utilizan activistas y políticos de primera línea de la extrema derecha para tejer alianzas y coordinar estrategias; seguidores, militantes y simpatizantes de los movimientos más ultras del continente hacen lo mismo acudiendo como público. De hecho, según la Global Network on Extremism and Technology, la Remigration Summit de mayo del año pasado fue fundamental para la visibilidad del movimiento ultra Deport Them Now, una red ultraderechista y xenófoba a nivel europeo que se ha dedicado a impulsar las ideas de la remigración.

La rama española cobró protagonismo solo dos meses después, cuando fue el principal grupo impulsor de los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia). En el canal de Telegram que utilizaba el grupo se acumularon durante esos días los mensajes llamando a atacar mezquitas y comercios de la comunidad magrebí y las soflamas racistas y nazis, hablando incluso de la caza de migrantes. Christian L. F., el supuesto cabecilla, llegó a ser detenido e ingresó en prisión provisional. Este mes de febrero fue puesto en libertad, pero la investigación por hechos como incitación al odio sigue su curso.

Por ahora, no se conoce públicamente si Christian L. F. u otros representantes de la rama española de Deport Them Now acudirán a la cumbre de este año en Oporto. Quienes sí lo harán son Carlos Hernández Quero y Rocío de Meer.

Gerjo Pérez casi no tiene tiempo ni para atender al teléfono. A las puertas de la asociación en la que participa cuenta que se agolpan centenares de personas desde hace días, algunas incluso tras haber pasado la noche aguardando su turno para ser atendidas. Acción Triángulo es una de las entidades colaboradoras acreditadas para sacar adelante el proceso de regularización extraordinaria en Madrid, asesorando y guiando a las personas migrantes. Muchas llegan obviando que es necesario concertar cita previa, desesperadas porque los tiempos corren y seguras de que la Administración no dará respuesta a sus necesidades. 

Una de las principales demandas tiene que ver con el certificado de vulnerabilidad, necesario en algunos casos concretos. Las personas que hayan sido solicitantes de protección internacional, las que hayan trabajado con contrato en España o las que tengan hijos menores a su cargo no lo necesitarán. Pero el real decreto de regularización sí lo introduce como una condición obligatoria en el resto de supuestos.

La Comunidad de Madrid asegura que no tiene competencias para la emisión de estos certificados, mientras que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida "solo ofrece el documento de manera automática" a las personas que tienen ya un expediente abierto con los servicios sociales, según expone el portavoz de la asociación. Para los demás, el procedimiento transcurre con "absoluta lentitud, dando citas para agosto", cuando el plazo para solicitar la regularización vence el 30 de junio. En consecuencia, lamenta el activista, "las personas se desesperan".

La sobrecarga que durante los primeros días recayó sobre las oficinas de la Administración, se ha trasladado ahora a las puertas de las organizaciones que se prestan a tender la mano a las personas migrantes. "Abrimos de lunes a domingo y no damos abasto", abunda el activista, quien lamenta estar llevando "todo el peso" del proceso de regularización. "Se te parte el alma", asiente. 

Pérez asegura con total certeza que en la comunidad "quieren bloquear la medida, perjudicando a personas que viven y residen con nosotros". Acción Triángulo, una entidad de defensa de los derechos humanos, cuenta con más de una treintena de personas voluntarias para trabajar y expedir los certificados de vulnerabilidad, pero sus manos son insuficientes para abarcar la cantidad de solicitudes que reciben cada día. "Solo lo hacemos con cita, pero las personas hacen cola por la noche para intentarlo, con una preocupación inmensa porque les falta ese papel", clama el activista.

Otras organizaciones acreditadas comparten las mismas percepciones. "No tenemos información de recogida detallada por el momento, aunque son evidentes las barreras que muchas administraciones están poniendo a la hora del empadronamiento o citas con servicios sociales para certificados de estancia y certificados de vulnerabilidad", sostienen fuentes de Médicos del Mundo. Estos últimos, añaden, son los que "realmente están provocando la mayor demanda que nos llega y en lo que estamos trabajando desde todas nuestras oficinas".

Álvaro González, abogado de Movimiento por la Paz, también certifica la existencia de algunas barreras, si bien lo que a su juicio destaca por encima de todo es la "confusión en torno al certificado de vulnerabilidad que pueden emitir los servicios sociales públicos o entidades acreditadas". En el día a día, añade, "pueden notarse diferencias según los recursos y la capacidad de atención de los servicios sociales en cada territorio", por lo que la coordinación entre las administraciones y las entidades sociales "es fundamental".

Para otras, la carga de trabajo es tal que ni siquiera han podido detenerse a analizar el desarrollo del procedimiento y sus posibles disfunciones. "Por la carga de trabajo que estamos asumiendo actualmente nos es imposible dar respuesta", resumen desde Arcópoli.

Los problemas no son exclusivos de la Comunidad de Madrid. Lo explican desde Regularización Ya: "Las entidades están asumiendo toda la carga de trabajo, estamos totalmente desbordadas", advierte Silvana Cabrera, portavoz de la entidad en València. También su organización se ha visto obligada a atender a centenares de migrantes desorientados y perplejos ante la inacción de las instituciones. Cabrera habla igualmente de una atención continuada, sin cerrar los fines de semana y sin ningún día de descanso ante las "barreras que está poniendo la Administración". "Los servicios públicos no están a la altura", lamenta. Otras entidades que operan en territorios como Navarra, Málaga y Canarias han reportado barreras administrativas y burocráticas similares.

A las puertas de la sede donde Gerjo Pérez pasa la mayor parte de su tiempo, el activista ha escuchado a muchos relatar las trabas burocráticas que se han encontrado a la hora de enfrentar el procedimiento de regularización, especialmente en lo que respecta a tener que acreditar la estancia ininterrumpida en suelo español durante los últimos cinco meses. 

"Yo he acompañado a gente al centro de salud y las citas no salen en el sistema, tienen que hacer una instancia y ya les llegará a su casa", comparte. Algo similar sucede con el abono transporte, una prueba de utilidad para demostrar la permanencia en el país. En Madrid solo existe una oficina que expida el certificado, pero el inicio del proceso de regularización ha provocado su colapso total. El grupo socialista presentó a mediados de abril una proposición no de ley para instar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a ampliar el número de oficinas que se encarguen del trámite, un paso que por el momento la comunidad se ha negado a dar. 

La Asamblea Antirracista por la Regularización emitió a finales de abril un comunicado en el que advierte de un "cuello de botella operativo por las citas previas y para la atención presencial" en Madrid. Hablan igualmente de una "disparidad de criterios y barreras de acceso" a la hora de obtener el certificado de vulnerabilidad, con casos en los que los servicios sociales "directamente niegan la tramitación". En zonas como Villaverde, Tres Cantos y Colmenar Viejo, se exige el empadronamiento como requisito previo y en Alcalá de Henares, además del padrón, se requiere "haber tenido atención en servicios sociales en los últimos cinco meses". En otros municipios, añaden, "se reporta falta de citas o negativa a asumir esta función por parte de servicios sociales".

Este diario ha preguntado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento si tienen constancia de las quejas expresadas, además de si existen mecanismos para atajar los problemas expuestos, pero no ha obtenido respuesta. 

En todo caso, la presencia de trabas y barreras que dificultan el proceso se reproduce a lo largo del mapa. El portavoz socialista en las Corts Valencianes, José Muñoz, denunció esta semana la existencia de una circular interna firmada por el director general de Atención Primaria y remitida a los centros de salud, en la que se indica que "los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad, como pueden ser el certificado de alta en el Sistema de Información Poblacional (SIP) o el registro de asistencias, no tienen validez legal a efectos de esta regularización".

El socialista ha denunciado en sede parlamentaria que la circular funciona a modo de “orden que les dice a los trabajadores de los centros de salud que, si van personas migrantes que quieren regularizar su situación y les piden documentos públicos, no los emitan porque no son válidos en derecho".

A Cabrera no le resulta extraño, lo encaja en una suerte de “racismo institucional”. En el mismo edificio donde se ubica la sede en la que trabaja, se encuentra también una oficina de los servicios sociales valencianos. "Y cuando una persona acude a ellos pidiendo el certificado de vulnerabilidad, directamente nos la derivan", denuncia. 

La activista y sus compañeros también se han topado con dificultades a la hora de acceder a historiales médicos y de transporte, pero sobre todo encuentran trabas en la solicitud de los antecedentes penales, un documento que tiene fecha de caducidad. "La gente acude a los servicios sociales y les dan una cita para el certificado de vulnerabilidad cuando les van a vencer los penales", expone. "Además en muchos sitios les exigen el empadronamiento, aunque no es necesario", completa al otro lado del teléfono, en lo que califica como un "proceso burocrático totalmente racista".

Preguntadas al respecto, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dicen no tener constancia de ninguno de los hechos expuestos y apelan a la "responsabilidad institucional para que cada administración trabaje en fortalecer y adecuar sus competencias a la población que tienen obligación de atender". 

Las mismas voces indican que "gran parte de los servidores públicos están ya mostrando altura de miras y poniendo su granito de arena para este proceso", algunos llegando a ampliar "recursos humanos o logísticos para dar respuesta a las peticiones de estas personas". En cuanto a la carga de trabajo que asumen las organizaciones sociales, las voces consultadas dicen entender "el esfuerzo y el compromiso de todas las entidades sociales con este proceso de regularización", por lo que agradecen su labor y hacen un "llamamiento a la calma porque el procedimiento estará abierto hasta el día 30 de junio, es un proceso totalmente dimensionado, vivo y va a dar tiempo a todo el mundo a presentar su solicitud".

Para las entidades, no obstante, las palabras de agradecimiento se quedan cortas. Son varias las organizaciones que se reunieron a finales de abril con la Delegación del Gobierno en Madrid, precisamente para exponer los problemas y barreras detectadas. Silvana Cabrera, por su parte, cree que al final del proceso el ministerio "tendrá que ver cuántos certificados se han emitido desde las entidades y desde la Administración", para hacer balance y sacar conclusiones. Ella lo tiene claro: este procedimiento "ha sacado a la luz todo el racismo institucional que padecen las personas migrantes". 

La sanidad universal es uno de los grandes bastiones del estado de bienestar español. Recogida como un derecho fundamental en el artículo 43 de la Constitución, muchos la sitúan en lo más alto de los rankings internacionales en su campo. De hecho, la OCDE indica en su informe Panorama de la salud 2025: España que el país supera la media del resto de miembros en cinco de cada diez indicadores clave que miden el acceso y la calidad de la atención en salud. Un motivo de orgullo, pero la narrativa cambia si se observan otros datos. 

En España, en 2025, alrededor de 13.000 personas encontraron algún tipo de barrera a la hora de recibir asistencia sanitaria, según recoge un informe de Médicos del Mundo. Muchas de ellas comparten una característica común: ser personas migrantes  –tan solo un 2% de los que aparecen en ese documento eran españoles–. Con esta base, además de otros elementos sociales, políticos y económicos, se llega a una situación en la que si eres migrante, poder acceder a derechos garantizados y universales puede ser un laberinto lleno de obstáculos. 

Un ejemplo es el de Saúl, un hombre de 54 años que lleva 35 en España. Tiene un trastorno psicótico crónico, una patología cardiaca e hipertensión arterial, pero no recibe tratamiento médico alguno. Ha intentado regularizar su situación en varias ocasiones, pero nunca lo ha conseguido. Además, es apátrida. No tiene recursos económicos y tampoco puede acceder a ayudas, precisamente  por los mismos motivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Antes tenía un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) –un certificado que permite a los vecinos de Madrid que sean extranjeros ir al médico si lo necesitan–. Sin embargo, al no poder aportar el empadronamiento o un documento identificativo, Saúl no pudo renovar su documento para la asistencia sanitaria cuando caducó en agosto de 2023.  

Más allá de la burocracia, hay otros problemas que afectan a la atención de las personas migrantes. El racismo también está presente (como en todo) en la sanidad. En el mismo informe, Dina, una joven peruana de 25 años, explica cómo cuando intentó acceder por primera vez a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, esta se le denegó. Esta joven llegó desde su país huyendo de la violencia de su pareja. Embarazada y sin posibilidad de empadronarse, acudió a un centro sanitario y allí no solo le negaron la atención médica, sino que, además, tuvo que hacer frente a comentarios racistas. 

Uno de los principales escollos a la hora de conseguir acceder al sistema sanitario es el empadronamiento. Al igual que a Saúl, muchas personas migrantes no tienen la posibilidad de aportar la documentación con el margen de tres meses desde su emisión que se les exige. Se trata del obstáculo administrativo más habitual. Tanto es así que impide el acceso en casi la mitad de los casos, según denuncian desde Médicos del Mundo. 

Para subsanar este problema —o al menos intentarlo—, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un real decreto por el que se regulará la atención sanitaria universal para personas extranjeras que estén viviendo de forma irregular en España. Esta medida supone varios cambios. El principal es que el derecho a la asistencia sanitaria no dependerá solo del certificado de empadronamiento. Los migrantes podrán acreditar que viven en España de otras maneras. Por ejemplo, haciendo uso de certificados de escolarización, registros de visitas o de atención por parte de organizaciones sociales, entre otros.

Tampoco se necesitará un tiempo mínimo de residencia en España para acceder a la atención sanitaria. Hasta la llegada de esta norma, residir en el país durante tres meses –y poder demostrarlo– era indispensables. Ahora, tan solo se tendrá que presentar una declaración responsable. Pero esto también incluye una serie de requisitos. Entre ellos, entregar el pasaporte del país de origen, un contrato de alquiler o un documento que acredite que se reside en España—como facturas de la luz o del gas—. 

Sin embargo, el informe de Médicos del Mundo relata cómo muchas de estas personas que llegan a España pueden tener problemas para presentar esta documentación ya que muchas veces no cuentan con ella por las circunstancias en las que abandonaron sus países.

“El real decreto intenta superar los problemas legales y administrativos, pero problemas más sustanciales, como el tema del idioma o el miedo a las represalias siguen ahí”, apunta Francesco Passetti, investigador del CIDOB y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Precisamente, muchos migrantes tienen reticencias a acudir al Estado por falta de confianza o miedo a posibles consecuencias que puedan sufrir por su situación administrativa irregular. 

Rafael Campos, vocal de Incidencia, Movilización Social y Salud de Médicos del Mundo, asegura a infoLibre que, a pesar de que en la redacción del real decreto se tuvieron en cuenta las opiniones de varias organizaciones —entre ellas, la suya—, todavía no llega a garantizarse una igualdad real y plena. 

Por ejemplo, el real decreto no recoge el derecho a la atención en urgencias con cargo a fondos públicos, no incluye el derecho de asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas –padres o suegros de un extranjero residente legal en España–, y sigue exigiendo dos años de residencia en España para que una persona en situación administrativa irregular pueda acceder a la lista de espera de trasplantes, algo “discriminatorio”, según subrayan desde Médicos del Mundo. 

Ante el nuevo real decreto que busca regular el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha atacado la medida y (una vez más) la ha utilizado para criticar al Gobierno de Sánchez. 

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, denunció la presidenta en la Asamblea de Madrid. Además, su Administración recurrirá el real decreto de regularización de personas extranjeras por haberse aprobado "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".

Pero, según la profesora de Sociología en la Universidad Complutense, Elisa Brey, las críticas de la derecha solo se basan en un principio: la exclusión por razón de origen. “Todo el tema del turismo sanitario es un bulo. Es una cuestión de instrumentalización política más que un argumento real basado en hechos probados. La mayoría de inmigrantes que vienen a España lo hacen por motivos laborales, por lo que realmente hacen una gran contribución. Encima es gente más joven que no supone una carga para el sistema sanitario, como pueden ser jubilados del Reino Unido o de Alemania”, cuenta la también miembro del Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Es un arma política para avivar el miedo al otro. La nueva norma resuelve parte del problema, pero no todo, porque hay factores como la discriminación, el racismo, el desconocimiento de las burocracias, las dificultades idiomáticas o el hecho de que la responsabilidad siempre recaiga en las mujeres, que no se abordan”, añade. 

Más allá de la sanidad, Alberto Núñez Feijóo también ha denunciado otro procedimiento legal que afecta a migrantes: la regularización extraordinaria. El líder del PP la ha catalogado de “inhumana” porque “alienta a las mafias”. No solo eso, también recurrió a otro de los argumentos más utilizados por su formación y por Vox: la inseguridad. En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo aseguró que el PP está en contra de la norma porque es “insegura”, ya que “no hay control suficiente” ni “exigencias suficientes”. 

“Frente a estos discursos políticos del miedo al otro, diciendo que se van a desbordar los servicios públicos, lo que hay que hacer es reforzar lo público en vez de achacar a los inmigrantes la falta de los servicios. Además, no se puede estar en contra de darles sanidad pública, ya lo vimos con el covid, porque si empezamos a dejar a personas sin acceso a la sanidad, a lo mejor nos encontramos con que hay brotes de enfermedades que no podemos controlar”, zanja Brey. 

Desde hace unos días tenemos una nueva crisis sanitaria. La crisis del Hantavirus. Cada día escala un peldaño en la actualidad informativa. Primero como un susurro, ahora en portada de todos los medios y apertura de telediarios. La nota del Ministerio de Sanidad que circula por las redes es muy tranquilizadora, es una enfermedad muy rara que se transmite con mucha dificultad. Pero da igual lo que nos cuenten. La creciente tensión se apodera de nosotras y nos retrotraemos a 2015 con la crisis del ébola. ¡Qué susto aquel! Y eso que el brote se mantuvo siempre bajo control. Pero la enfermedad es muy aparatosa, con las hemorragias sobre todo. Y luego, el covid. Se nos había olvidado ya el covid. La cantidad de gente que perdimos, los meses encerrados, las largas temporadas con mascarillas.

Pienso en todo esto y me pregunto cómo hay personas que cuestionan la regularización extraordinaria. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado lo que sucedió durante la pandemia con las personas sin papeles? Quizás porque no se habló de ello lo suficiente. Estar en situación irregular durante el covid era no poder salir de casa sin asumir unos riesgos imposibles. Muchas de esas personas, familias enteras, vivieron el confinamiento en situaciones absolutamente precarias. Conozco a una mujer colombiana que acababa de llegar a Madrid con sus tres hijos cuando se inició el Estado de Alarma. Pasó varios meses encerrada con su familia en una habitación compartida con cinco personas más. Los niños eran pequeños. Otras muchas, principalmente mujeres, estaban cuidando a personas mayores cuyo nivel de riesgo era altísimo. No pudieron elegir qué hacer, se tuvieron que quedar sin salir, rezando porque no pasara nada, porque ¿cómo gestionar una atención sanitaria en un sistema colapsado, o hacer un desplazamiento prohibido, sin tener papeles? Presentes en todos los trabajos esenciales estaban quienes cuidaban, quienes atendían en los supermercados, quienes se encargaban de recoger las cosechas. Era tan extremo que se llegó a plantear que hubiese una especie de regularización extraordinaria para los trabajadores del campo. Los sindicatos agrícolas matizaron; no era necesario contar con esa mano de obra en una España cerrada a cal y canto. Así que los trabajadores de los campos de Almería o Huelva sin papeles siguieron trabajando de forma irregular. Y luego llegó la vacuna. Y de nuevo ese agujero negro de la irregularidad: no hay papeles, no hay vacuna.

Nos olvidamos tan rápido de todo. La actualidad es de una fugacidad perturbadora. Me extraña que haya políticos que en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad quieran boicotear el proceso de regularización extraordinaria que aporta a nuestro país orden y concierto. Son esos mismos políticos los que siguen gobernando después de haber sido los autores de protocolos que favorecieron la muerte de miles de personas mayores. Eso es lo que quienes les votan no entienden. No se trata de elegir entre unos de fuera y otros de dentro. Ese no ha sido nunca el dilema. Es más un tema de clases que un tema de orígenes. Son unas pocas personas con privilegios apoyadas en una cantidad de personas sin ellos.

Los nuevos políticos agitan miedos legítimos para convertirlos en marcos narrativos imposibles. No importa que no sean veraces. Da igual que puedan fracturar la sociedad hasta llevarla a espacios irreversibles. El control y el orden es poseer el mando securitario, antidemocrático y maligno. Así nos enfrentan entre nosotras. Encaradas somos más manejables. 

Estoy rodeada de gente a la que quiero muchísimo con la que no hago más que discutir por el tema de la vivienda. Estamos quienes vivimos agarradas a un alquiler con nuestra vida en las manos de un propietario. Y luego están quienes tienen varias casas, una para vivir, otras para rentarlas o para ir de vacaciones. Pero atención, ese nunca fue el problema. Que alguien tenga la suerte de tener tres o cuatro casas no convierte el mercado inmobiliario en un carajal. La especulación inmobiliaria la hacen los grandes fondos buitre. Lo explica muy bien la nueva investigación de CIVIO sobre los “megatenedores”. Caixabank y Blackstone son los dos mayores caseros de España. Y sin embargo alguien intentará convencernos de que el problema de la vivienda es Marita, que acaba de acogerse a la regularización extraordinaria.

Siguiendo esta lógica parece ser que Marita es también la responsable de que las urgencias del Gregorio Marañón estén colapsadas. La gente olvida que la Sanidad está delegada a las autonomías. Igualmente esa gente no vincula impuestos con servicios públicos. Eso es algo sorprendente. ¿En qué momento perdimos la narrativa de "lo público"? Recuerdo cuando empecé a trabajar con Manuela Carmena. Su mayor obsesión era recuperar ese valor que se ha olvidado. La calle, el banco, las flores, las fuentes, los parques son tuyos. Tu dinero los paga. Y de nuevo ¿qué puede haber mejor que todas las personas de nuestro país paguen todos sus impuestos? Eso también lo aporta la regularización. El bien común, ese debería ser el objetivo. Pero no lo es. A raíz del colapso de la sanidad pública y de la educación pública, cada vez más personas optan por lo privado. Teniendo algunos de los mejores servicios públicos del mundo estamos permitiendo que debates partidistas nos arrebaten el futuro. Y todo esto porque un grupo de políticos mediocres bailan al son de un pequeño número de grandes fortunas que crecen caprichosamente en este sistema donde el capital genera capital.

Todo esto es entre indignante y frustrante. Pero es esperanzador que el debate esté abierto. Entre todo el ruido sobresalen las informaciones de organizaciones, profesionales y medios de comunicación que hemos aprendido a separarnos de la última hora. Pico y pala, hablamos de nuestro libro para conseguir que quienes nos leen vean más allá. Consumir la información adecuada en la cantidad necesaria es lo que nos permite elegir. Cada vez hay más gente informada. Por eso la regularización extraordinaria en nuestro país está siendo un éxito. Y todo pese a los enormes esfuerzos de grupos concretos que intentan desestabilizar el equilibrio social. Pero como suelo decir, somos más, mal que les pese.

Por todo esto quiero cerrar mi artículo de hoy recordando a Sol Gallego, que se ha ido dejándonos a muchas con recuerdos y enseñanzas. El buen periodismo salvará la democracia y el buen lector salvará el periodismo. 

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

Cuando yo tenía dieciocho, en una siesta de verano al sur, soñé con La mujer habitada, una novela que firmaba una mujer de nombre exótico y rotundo y que me hablaba de cosas que nadie me había contado todavía. De la revolución, de nuestro cuerpo, de rebeldía, de la historia antigua de América Latina. Cómo de lejos estaba Nicaragua entonces de mi ignorancia. Aquel libro me había devorado, o yo a él, como a una naranja del árbol de Lavinia. Y lo soñé.

Pasaron los años, y quiso la tiranía que Gioconda viviera en mi ciudad. Hoy habita el centro de Madrid con alegría, con palabra, con compromiso. Está en el exilio desde que, en 2022, no pudo regresar a Managua, su ciudad, a Nicaragua, su país, despojada de su nacionalidad, de su gente y de las cosas de su vida. Tiene pasaporte español, como otros compatriotas suyos, otorgado por carta de naturaleza, y vive aquí, alejada de aquel corazón salvaje centroamericano, de los pájaros que cruzan su recorte de cielo, de esa extensión de selva, de valle y de montaña tensada por un nuevo dictador. "Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido". No es su primer exilio. A mediados de los setenta fue perseguida y tuvo que salir del país a México y Costa Rica por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vivió la clandestinidad, la guerrilla, vio caer a los amigos. Ayer mismo recordaba al compañero al que ella le dijo que cómo iba a participar en la lucha armada si tenía hijas. Por ellas, para que tus hijas no tengan que hacerlo, le respondió. Y así se convenció del camino. La revolución triunfó en 1979 y la dictadura de Somoza cayó en el pozo de la Historia. 

La deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquel que fue uno de los nueve comandantes de la revolución, ha sacado a Gioconda y a otros cientos de miles de nicaragüenses del país, entre ellos, también al premio Cervantes y excompañero de Ortega en la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez, que también camina Madrid. Ortega exilia, encarcela, vigila, aísla y usa la represión y la violencia para controlar el país. 

Dice Gioconda que ya no cree en la lucha armada. Que aquello ya fue. Quizá crea hoy en la palabra. Seguro, en el amor al otro. Estoy segura de que, como en el título de sus memorias, El país bajo mi piel, sigue llevando consigo, bajo ese pelo salvaje que tiene, un equipaje emocional de lo que significó participar en aquello, para la Historia y para su escritura. En su última novela, Un silencio lleno de murmullos, es la hija de una guerrillera quien ajusta ausencias con la madre revolucionaria. Esa culpa que cargan las madres todavía. La maternidad, como la guerrilla, es otra revolución. Íntima y política. Vital y social. 

De la literatura de esta autora, de la que tanto aprendí entonces sobre la sensualidad y la confianza en la energía que guarda nuestro centro de carne y hueso, me quedo con la posición desde la que lanza su palabra a la página: del cuerpo de una también nace la libertad. Los cuerpos son asuntos políticos. Los nuestros, de las mujeres, más aún. 

Estamos Gioconda y yo hoy en una isla juntas, a la que nos han traído a hablar de libros y escrituras. Y, aunque no es esta la primera orilla que habitamos, nos sentamos junto al mar después de comer y hablamos y hablamos bajo la luz brillante y saturada de este lugar de fuertes vientos. Y me acuerdo de aquella chiquita de dieciocho que se atrevió a soñar con escribir porque mujeres como Gioconda lo hacían. Que ponían su nombre y su cuerpo en la literatura. Gracias por todas tus revoluciones, pero también por esa.

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El discurso sobre la “prioridad nacional” ha entrado de lleno en el debate público de la mano de Vox, que ha arrastrado al Partido Popular a asumir sus postulados más ultras en materia migratoria para alcanzar un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón. La hostilidad contra los migrantes, envuelta en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox desde su nacimiento, lo que ha provocado a su vez una radicalización del discurso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. Pero a esto también se le añade un elemento que no es nuevo pero que la ultraderecha explota cada vez más: la saturación de los servicios públicos por culpa de “los de fuera”.

La sensación de agravio en el acceso a los servicios del estado del bienestar como la sanidad, la educación o la vivienda de protección oficial es campo abonado para el rechazo al extranjero, de ahí que utilicen el concepto de “prioridad nacional” para el acceso a ese tipo de casas o y al alquiler social en ambas comunidades. Es una estrategia calcada de la del Frente Nacional francés, que desde la década de los ochenta defiende el llamado "chovinismo del bienestar", un proteccionismo excluyente que induce entre las capas más necesitadas un recelo hacia los inmigrantes. Una estrategia que ha demostrado ser una valiosa herramienta de la ultraderecha, sobre todo en momentos de crisis, para tratar de ampliar su base social.

El proceso de regularización de medio millón de migrantes, según las previsiones del Gobierno, al que se dio luz verde la pasada semana en el Consejo de Ministros, sirvió de excusa al líder de Vox, Santiago Abascal —y posteriormente a la dirección nacional del PP— para abonar este discurso. El ultra aseguró que va a “dar muchos problemas a la sociedad española, va a producir un efecto llamada, va a traer drama en los mares, muerte, inseguridad en las calles y colapso en los hospitales y en el mercado de la vivienda”. Y añadió: “Eso lo van a pagar los españoles, no los diputados que promueven la regularización”.

En los últimos días otros dirigentes de la formación, entre ellos el secretario general, Ignacio Garriga, y el candidato de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, han insistido en esa tesis. “Todo ha colapsado, hay hasta cuatro millones de españoles esperando una cita con un especialista, con una demora media de hasta 96 días” y “cada 18 minutos muere una persona en lista de dependencia”, señaló el primero. Gavira afirmó que la "inmigración masiva" se nota "en las guarderías, en los comedores escolares, en los colegios, en la atención sanitaria, en la vivienda, en el empleo o en las ayudas sociales contributivas y no contributivas”.

Por su parte, desde el Partido Popular han asumido el marco discursivo de Vox y lo han integrado como propio. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró que la regularización va a “reventar” los servicios públicos pese a que los migrantes en situación irregular ya están haciendo uso de ellos. En Génova han seguido el mismo discurso. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, aseguró que la regularización es un “despropósito” y que va a “saturar” los servicios públicos. “Las consecuencias recaen directamente sobre las comunidades y los ayuntamientos”, manifestó.

Esto ya ha tenido sus primeras traslaciones a nivel legislativo. El PP valenciano aprobó el pasado octubre una resolución de Vox que pedía a la Generalitat incluir en sus estadísticas el uso que hacen los migrantes de las donaciones de sangre o emergencias sanitarias frente a la población nacional, además de medir el absentismo laboral de la población extranjera, entre otros indicadores. Según el PP, el propósito de la iniciativa era conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales para administrar los recursos disponibles. No obstante, todo ello coincidió con la necesidad del entonces president, Carlos Mazón, de alcanzar un acuerdo para sobrevivir al aniversario de la dana.

De esta manera, las derechas desplazan problemas estructurales hacia una explicación identitaria y alimentan un relato excluyente en el que presentan los servicios públicos como un botín escaso que hay que reservar para los nacionales. Así, en lugar de asumir que las administraciones tienen que dedicar más recursos a esas áreas, culpan a los migrantes de su saturación.

Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado “La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar”. La principal conclusión del informe, en el que no aparecían los nombres de sus autores, era que el inmigrante comienza a tener una contribución neta positiva a las arcas públicas cuando su salario medio es de al menos 45.150 euros anuales durante toda su vida laboral. El coste general de la inmigración es mayor que su aportación, añadía el informe, lo que agrava, según el texto, los problemas fiscales del estado de bienestar.

Para llegar a la conclusión señalada el informe analizaba varios ejemplos y calculaba, a lo largo de toda la vida de una persona, la diferencia entre la aportación del trabajador en forma de cotizaciones sociales e impuestos directos e indirectos y lo que recibe en forma de pensiones, subsidios de desempleo y ayudas sociales, además de los costes derivados de su educación y salud, así como gastos generales en materia de defensa, justicia e infraestructuras. 

Sin embargo, desde el Banco de España desmontaban la tesis de la formación y señalaban que la tasa de actividad de los extranjeros residentes en España está entre las más altas de la UE, es superior a la de los nacionales, y que el efecto medio directo de la inmigración sobre el crecimiento del PIB per cápita fue positivo entre 2022 y 2024, sobre todo vía empleo. 

Otro organismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), añadía que los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que los nativos, lo que aumenta su aportación a los ingresos públicos vía impuestos sobre el trabajo, y que los flujos migratorios suavizan la caída de la población en edad de trabajar y sostienen el crecimiento, aunque no basten por sí solos para compensar todo el envejecimiento. 

Vox también culpaba en ese informe a los migrantes del aumento de los precios de la vivienda. En ese sentido, el Banco de España reconoce que desde 2016 el crecimiento demográfico, debido en parte a los flujos migratorios y a la concentración territorial, ha sido un factor importante de aumento de la demanda y de los precios. Pero en el mismo análisis subraya que la presión sobre precios y accesibilidad también se explica por el escaso dinamismo de la oferta, la falta de suelo finalista y mano de obra para construir, el bajo peso del alquiler social, la incertidumbre regulatoria y el auge de usos alternativos como el alquiler vacacional o de temporada.

En cuanto a percepción de la inmigración como problema, ha subido con fuerza en la agenda pública, pero los datos oficiales muestran que esa percepción está siendo acompañada y amplificada por un ecosistema de discurso de odio que asocia migración con inseguridad, y por un racismo más normalizado y más digitalizado que sigue teniendo en el eje racista y xenófobo su manifestación más numerosa.

La preocupación social por la inmigración ha aumentado claramente respecto a hace dos años, aunque con picos y bajadas. Si tomamos como indicador el CIS —la mención espontánea de la inmigración como uno de los tres principales problemas de España— pasó del 11,7% en mayo de 2024 al 30,4% en septiembre de 2024. Después bajó, pero sigue en niveles relativamente altos: 20,3% en febrero de 2026 y 15,5% en abril. Así, la inmigración aparece en el barómetro como el cuarto problema nacional.

“Están poniendo el grito en el cielo por 150 adolescentes que sí quieren vivir aquí”. La frase la pronuncia Sandra Fernández Cebrián, una profesora que da clases en Las Hurdes, una de las comarcas de Extremadura que más sufre la despoblación. A su instituto acuden menores africanos acogidos en el centro de Caminomorisco, uno de los recursos autonómicos de la Junta donde residen quienes no tienen familias que puedan hacerse cargo de ellos, sea cual sea su nacionalidad. Ella recibe en sus aulas a varios de estos adolescentes de entre 14 y 17 años. Todos llegaron en patera. Sin ninguna compañía. Los hay de Marruecos, Senegal o Mali. “A pesar de la dificultad del idioma, se les nota las ganas de aprender, la motivación, quieren poder buscarse la vida”, cuenta a infoLibre la profesora. Cada cual lleva su propia mochila. Su propio drama. Unos escapan de conflictos bélicos, otros de zonas donde ya no se puede vivir por el destrozo medioambiental, otros huyen de la pobreza y la falta de futuro. “Son jóvenes que quieren quedarse en Extremadura, estudiar y trabajar aquí”, afirma Fernández Cebrián.

La docente hace esta reflexión tras el acuerdo pactado por PP y Vox en Extremadura que, entre otros puntos, rechaza “de forma expresa” acoger a más menores extranjeros no acompañados. Y usan el acrónimo MENA para definirlos. “En el centro de Caminomorisco, por ejemplo, hay plazas vacías, hay sitio de sobra. Nos podemos permitir perfectamente doblar esa cifra de 150 menores migrantes tutelados y repartidos por toda la región y llegar a los 364 que pide el Gobierno central. Y en ningún caso ese hecho supondría un riesgo de seguridad nacional ni un peligro para el futuro de otros jóvenes extremeños”, expresa la docente, quien trabaja día a día con esta realidad.

En cuanto a la palabra MENA, subraya: “Se nos olvida que son niños, no los podemos despersonalizar”.

Asimismo, uno de los puntos del texto aprobado por ambos partidos es la “verificación de edad de los inmigrantes ilegales”. El documento reza así: “Se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”. Pero en la práctica, sobre el terreno, el problema es otro: “Cuando estos menores acogidos cumplen los 18 años, se quedan sin nada, porque ya no pueden estar en los centros. Hay veces que son derivados a otros recursos, pero en otras ocasiones se quedan solos y sin red”, explica Fernández Cebrián.

No obstante, desde la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura, de la que forma parte esta docente, han emitido un comunicado que igualmente recoge: “La Administración está obligada a verificar la edad de quienes dicen ser menores, una tarea conscientemente desatendida hasta la fecha. De hecho, celebraremos si así se garantiza, pues hay muchísimos en Extremadura no reconocidos como tales que por fin podrán acceder al sistema de protección como les corresponde. Recordamos que, antes que migrantes, son niños y niñas”.

Al hilo de esta cuestión, la profesora incide: “Se genera mucho ruido y, cuando se desconoce la realidad, se puede hacer mucho daño. En un pueblo pequeño, donde pones cara a las personas, no hay problema, el peligro está en que acabe imponiéndose el miedo que se le está metiendo a la gente”.

Otro de los puntos polémicos del acuerdo PP-Vox en Extremadura es la “prohibición del burka, el niqab y cualquier prenda similar” en espacios públicos.

Sobre esta medida hablan dos profesoras de la asignatura de Religión Islámica que se imparte como optativa en 12 colegios de la región y un instituto, situados principalmente en el norte de la provincia de Cáceres, donde reside población originaria de Marruecos que trabaja en la agricultura (en su mayoría en el cultivo del tabaco).

“Se nos pone en el centro sin escucharnos. Se busca una solución a un problema que no existe. Se enfoca nuestra vestimenta para lanzar discursos xenófobos y dicen que es para defendernos”, expresa Sara Hbaidi, de 26 años, que vive en Jaraíz de la Vera y trabaja en el IES Maestro Gonzalo Korreas de esta localidad cacereña. “Yo en Extremadura nunca he visto un burka (la prenda que tapa por completo, con una rejilla para los ojos y que es propia principalmente de Afganistán), y mujeres musulmanas que lleven niqab (la que solo deja libre los ojos) si acaso una o dos”, añade.

Ella nació en España pero sus padres son marroquíes de Oujda, una ciudad en la frontera con Argelia y a pocos kilómetros de Melilla.

De esa misma localidad procede Meryem Lahjaji, que con año y medio llegó a Extremadura. Ahora tiene 30 y da clases de Islámica en el colegio El Pozón de Navalmoral de la Mata y en el centro Río Tajo de Saucedilla. “Mi entorno más cercano vive esta medida con preocupación e incertidumbre, porque se centra en la vestimenta de la mujer, en símbolos concretos, de manera que nos simplifica y nos estigmatiza”, asegura.

Añade, además, que “no todas las mujeres musulmanas usan pañuelo”. Ella y su compañera sí: el hiyab, el más común, que deja el rostro al aire y tapa el pelo.

La supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es otra de las medidas del acuerdo. Básicamente, consiste en clases optativas por la tarde, impartidas en solo dos colegios. En ellas, los menores pueden aprender a leer y a escribir en marroquí. “No sé por qué están en contra de la diversidad cuando solo aporta riqueza, aprender otra cultura es un privilegio”, coinciden Hbaidi y Lahjaji. Y añaden: “Estamos siempre bajo observación, es muy incómodo, no queremos que haya consecuencias en la convivencia, que surjan comentarios fuera de lugar, que nos señalen, porque no existe ningún conflicto en ese sentido”.

No obstante, Lahjaji cree que “el papel lo aguanta todo” y que la polémica pasará. Ella vive en Majadas de Tiétar, un pueblo que no llega a los 1.300 habitantes y que sufre, como muchos otros, la pérdida de vecinos y el envejecimiento poblacional. “El 95% de los niños que nacen aquí ya son de familias extranjeras”, dice.

La experiencia que describen estas tres docentes responde a zonas donde la inmigración sí está presente. Pero la realidad es que, más allá de que gran parte del acuerdo entre PP y Vox esté centrado en quienes vienen de fuera, Extremadura es la comunidad donde menos extranjeros viven. Lo evidencian los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Apenas representan un 5% del total, mientras que la media nacional se sitúa en el 14%.

La preocupación que sí se arrastra desde hace décadas es la pérdida de habitantes. Las cifras hablan por sí solas. Según los números definitivos del INE, a 1 de enero de 2025, en la comunidad autónoma había casi 39.000 residentes menos que justo una década antes (se traduce en una bajada del 3,5%).

Si el análisis se centra en los jóvenes de entre 20 y 29 años en el mismo periodo, la caída es más significativa, de hasta un 19% (se traduce en 24.327 menos). “Tenemos una solución fantástica y no la vemos”, manifiesta Fernández Cebrián. Y apostilla: “Se nos olvida nuestra propia historia, los extremeños fuimos emigrantes”.

Pero además de avivar el debate de la inmigración en la comunidad con menos extranjeros, el pacto entre el PP y Vox ha hecho especial mención a la comunidad musulmana, procedente en su mayoría de África. De nuevo los datos hablan: a Extremadura quienes llegan de fuera lo hacen sobre todo desde América Latina, representando casi el 40% del total. Los de países africanos suponen el 21%, la mitad.

Tanto unos como otros son los responsables, aunque de manera leve, de que Extremadura pueda contener la herida de la despoblación, especialmente en los últimos cinco años. No obstante, muchas de estas personas viven en un segundo plano, fuera del sistema, en un contexto que los convierte en vulnerables.

Por ello, la regularización puesta en marcha por el Gobierno central ha sido celebrada por el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, que se llaman a sí mismas ‘Las Migrantas’. “Cómo no alegrarse, hay quienes llevan años en la oscuridad, y cuando estás ahí es muy fácil que te exploten”, manifiesta su presidenta, Maryórit Guevara. Ella es de Nicaragua, vive en Mérida, lleva cinco años en España y sabe perfectamente cómo es el periplo para conseguir permiso de residencia.

Arguye que, más allá de una cuestión de dignificar la vida, esta medida tiene un trasfondo económico porque se plantea desde el propio sistema capitalista: “Hace falta mano de obra que se pueda contratar, sobre todo en sectores como la agricultura o la construcción. Sin los papeles en regla, es más complicado”. Aún así, considera que quien pueda lograr beneficiarse dejará de vivir con el miedo en el cuerpo.

Se calcula que en Extremadura la cifra no superará las 3.000 personas regularizadas, sobre todo porque hay situaciones en las que conseguir los documentos necesarios se convierte en una tarea complicada. Guevara pone como ejemplo a quienes llegaron siendo menores y ya han cumplido los 18. “No sabemos cómo pedir los certificados”.

A este contexto, añade otra arista: “A veces ocurre que la madre se ha venido con sus hijos, el padre se ha quedado en el país de origen y se necesita su autorización para solicitar documentos; si no la da, no se puede seguir con el proceso. Y nos hemos encontrado casos así. Es otra forma de violencia vicaria”.

Habrá obstáculos en el camino, pero Guevara aplaude esta medida que, a su juicio, podrá luchar contra situaciones “casi de esclavitud” como las que ha visto sufrir a mujeres empleadas en los cuidados. “Se les exige una atención de 24 horas para atender a personas mayores dependientes y, en ocasiones, apenas se les paga 600 euros. A quienes están en contra de este proceso parece que les molesta que tengamos derechos”, resume la portavoz de ‘Las Migrantas’.

En este sentido, habría que recordar las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, solo horas antes de que se conociera el acuerdo PP-Vox. Esa misma mañana alertó del impacto en las listas de espera a consecuencia de esta regularización. Habló de consultas, intervenciones programadas o seguimiento clínico. Y de operaciones como prótesis de rodillas.

Guevara se lamenta de los “discursos de odio contra los migrantes” y argumenta, además, “que estas personas ya están en el sistema, pero trabajando en b”. Discursos que, tal y como denuncian los colectivos y las plataformas de apoyo a personas migrantes, se intentan expandir en una comunidad con falta de habitantes.

Trasladado al terreno político, Extremadura se perfila ya como el primer ejemplo de cómo el PP ha quedado absorbido por la ideología antiinmigración de Vox en una de las regiones de la España vaciada.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revelaba como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’ y cuyo directo puede verse de nuevo a través de YouTube y X (antes Twitter).

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permitió conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Hemos reflexionado también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida corrió a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversó con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes se encontraban Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes, informa EFE.

"Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Según Tellado, toda España está viendo "el descontrol" de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está provocando el caos", con oficinas municipales "colapsadas" y "desbordadas" en toda España.

En ampliación

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura llegó tras más de cien días y una investidura fallida de la candidata del PP, María Guardiola, pero finalmente se saldó con una victoria política de la formación ultraderechista. Los de Santiago Abascal no solo entran en el Gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías, sino que imprimen al acuerdo sus tesis más ultras a través de numerosas medidas en materia de inmigración, “prioridad nacional” para los españoles, recorte de subvenciones, ofensiva contra el Pacto Verde y desregularización. Así, el pacto de 2026 no rompe con el de 2023, sino que lo radicaliza en algunos apartados y lo recicla en otros.

En el pacto anterior, Vox únicamente obtuvo la cartera de Mundo Rural y Gestión Forestal, ya que el campo es uno de los caladeros de votos para la ultraderecha. El documento firmado hace casi tres años era muy similar al alcanzado el jueves, aunque en el actual la huella de Vox está todavía más presente. Aquel pacto ya incluía una ley fiscal en los primeros 100 días, rebajas de impuestos, la defensa de la central nuclear de Almaraz, el impulso del regadío, una ley integral de protección a la familia, medidas de conciliación, apoyo a jóvenes para la primera vivienda, atención a la ocupación ilegal y la derogación de la ley de memoria histórica. Muchas de ellas ni siquiera llegaron a cumplirse.

En 2023, Guardiola tuvo que firmar este documento —aunque después no cumplió— lo que le obligó a dar un giro de 180 grados al que le forzó la dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Sucedió después de que ella misma dijera que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Sin embargo, en esta ocasión ha sido ella la que ha abierto la puerta para que los ultras entren en el Ejecutivo y "puedan gestionar y asumir responsabilidades en base a lo que han pedido los extremeños en las urnas".

Ahora, los ultras concentran en la cuestión de la migración varias de sus promesas estrella: el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados, su devolución a los países de origen, la restricción de ayudas a extranjeros en situación irregular o la “prioridad nacional” en vivienda y prestaciones, esta última de dudoso encaje legal, ya que el mismo texto reconoce que habría que modificar para ello la ley de extranjería y otras normas. El texto también recoge la prohibición del burka, el niqab y “de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro” en espacios públicos. Una medida que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que “recurrirá con toda la fuerza del Estado” si vulnera “los derechos y libertades de los extremeños y extremeñas”.

En línea con la batalla que Vox sostiene desde hace años contra la Agenda 2030 y su negacionismo climático, el pacto de 2023 se comprometía a eliminar "cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños"; apostaba por recuperar "las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales"; y anunciaba que Extremadura solicitaría "una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste para los productores". Cuestiones que dependen en su práctica totalidad de la Comisión Europea.

Ahora el pacto hace referencia a la “desregulación” con una nueva consejería en manos de los de Abascal. Se trata de un concepto inédito en el caso español, pero que ya ha sido utilizado por dirigentes de la derecha radical como el presidente argentino Javier Milei o el norteamericano Donald Trump. La desregulación, a sus ojos, implica menos normas, menos límites ambientales o administrativos y un Estado más reducido en su función supervisora.

El acuerdo actual también promete “blindar” la continuidad de Almaraz mediante la reducción progresiva de la ecotasa autonómica, pero el propio texto admite que el futuro de la central depende también de la fiscalidad estatal y de la tasa Enresa, un cargo que se aplica a la producción de energía nuclear en España con el objetivo de financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares al final de su vida útil.

De hecho, Guardiola ya anunció en octubre de 2025 una rebaja del impuesto autonómico para favorecer la continuidad de la planta, señal de que esa palanca regional existe, pero también de que no basta por sí sola para decidir el futuro de la central. Es más, el Ejecutivo central ha asegurado que los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse, uno a partir de 2027 y el otro a partir de 2028.

El hecho de que muchas de las cuestiones acordadas entre PP y Vox sean irrealizables e incluso puedan ser contrarias a la Constitución lo han señalado incluso presidentes autonómicos del PP. La primera de ellas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Este viernes criticó la “prioridad nacional” en los servicios públicos, y advirtió de que “muchos de esos requisitos no son legales”. “No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos” ni de un sistema “al que ha contribuido”, como es el sanitario.

En Génova aseguran que defienden lo mismo que Ayuso. Pero lo cierto es que Guardiola ha tenido que ceder para tratar de garantizar una estabilidad que no obtuvo la pasada legislatura. Y por eso en el acuerdo se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años o si volverán a romper cuando les “convenga electoralmente”, como asegura Génova que hicieron en verano del 2024.

Lo que también esperan es frenar el ascenso de la formación de Abascal una vez compruebe las limitaciones de gobernar. Tras el resultado de las elecciones, los ultraderechistas quisieron demostrar que son "un partido de gobierno", pero en el PP creen que Vox solo se hace fuerte desde la impugnación al sistema, no desde dentro de él.

Más allá de la negociación extremeña, Vox no es un socio menor ni coyuntural para el PP: condiciona gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil de partido de gobierno. Y por eso en la formación conservadora están preocupados, aunque su líder no quiera admitirlo en público. El que sí lo ha hecho es el andaluz Juanma Moreno, que aprovechó para desmarcarse de cualquier acuerdo con los ultras: "En Andalucía buscamos otras opciones, ser libres, un gobierno en solitario y que no haya seis meses de bloqueo, sino que podamos empezar desde el minuto uno”, planteó. 

El calendario previsto en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con el que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo buscaba demostrar la fortaleza de la ‘marca PP’, no funcionó como esperaba. Para el líder de la oposición era muy importante empezar el nuevo ciclo con tres victorias contundentes del PP frente a una izquierda con escaso poder territorial. Aunque los conservadores fueron la primera fuerza en los tres territorios, no redujeron su dependencia de Vox. En Extremadura y Aragón la aumentaron, mientras que en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco creció dos escaños por uno de Vox.

Los cambios de paradigma a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán son cada día más tangibles. Muchos Estados europeos, entre ellos España, se han lanzado a los despachos para crear y modificar nuevas relaciones comerciales internacionales que les permitan asegurarse su ración de hidrocarburos y minerales críticos.

África es el lugar elegido para desarrollar estos ejercicios extractivistas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmaba recientemente que el Gobierno ha multiplicado sus contactos bilaterales y consultas políticas con el continente vecino para así "consolidar una asociación duradera". 

A raíz de estos movimientos, el escritor y experto en relaciones internacionales Sani Ladan comenta con infoLibre que "el paradigma está cambiando, pero no necesariamente hacia algo más justo para África, si no hacia algo mucho más competitivo y mucho más violento".

Estos movimientos se enmarcan dentro de la Estrategia España-África 2025-2028, un plan de negocios bajo el que se han creado numerosos organismos, como la Comisión Interministerial para África (CIMA) o el Consejo Asesor España-África, entre otros. 

La Unión Europea tampoco se ha quedado atrás. Su programa Global Gateway , al cual se destinan más de 300.000 millones de euros, está desarrollando, entre sus proyectos, corredores estratégicos, una red de transporte de materias primas que conecta entre sí a diferentes países a lo largo del continente africano y, por supuesto, con Europa.

"Lo que estamos viendo no es el fin del extractivismo, sino una forma actualizada de esos nuevos imperialismos", afirma Ladan. "Muchas veces se habla de una cooperación, de que vamos a ayudar, pero es importante que la sociedad entienda que los Estados no tienen amigos, tienen intereses".

Tras la colonización de muchos países africanos por Estados europeos, sus economías y estructuras de poder quedaron profundamente desestabilizadas. Las independencias, ocurridas en su mayoría a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, fueron duramente castigadas por los países colonizadores, que compraron a sus élites para así perpetuar estos roles de poder.

El doctor en Ciencias Históricas, Dagauh Komenan, también ha hablado con infoLibre sobre este asunto: "Existen mecanismos internacionales que obligan a estos países a seguir manteniendo una relación con la metrópolis", asegura el experto. "En muchos casos, cada vez que un país africano ha intentado diversificar de verdad sus socios comerciales se han producido conflictos, golpes de Estado y disturbios a nivel interno".

Un ejemplo explícito de este intervencionismo militar es el de Francia. El país europeo ha realizado más de 50 intervenciones directas dentro del continente africano para apoyar rebeliones armadas y fomentar cambios de gobierno en distintos países, como en Senegal, Chad o Gabón. "Los medios occidentales intentan mostrar a los dirigentes que miran por el beneficio de la población como los peores que existen. Es una lucha para ver quién controla la narrativa en ese sentido", añade Ladan.

Los intereses de España se concentran en la búsqueda de energía y en el control de la "inseguridad", es decir, del flujo migratorio.

Atendiendo esta primera parte, y en la carrera por conseguir suministros tras el cierre del Estrecho de Ormuz, Albares retomaba la relación diplomática con Argelia, el mayor proveedor de gas del país, en una visita oficial a finales de marzo. 

La compraventa energética entre ambos Estados se había suspendido en 2022 tras el apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que impedía una libre autodeterminación del territorio. El ministro asegura que el asunto ha sido mencionado un par de veces en las conversaciones, pero "sin profundizar", lo que reafirma su posición junto a su también socio estratégico: Marruecos.

Rabat es, junto a otros países africanos, colaborador en materia de este "control migratorio", y a tal efecto se le entregan materiales antidisturbios. Algo que también sucede con Mauritania, un país donde el Gobierno abrió dos cárceles para migrantes que incluyen la detención de bebés en edad lactante, algo que la legislación española imposibilita. Según la Fundación porCausa, en una investigación que publicó en 2025, estas instalaciones fueron desarrolladas por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una organización autodenominada como "de cooperación" y dependiente del Gobierno.

Ladan contrapone estas medidas con el reciente anuncio de una regularización de más de medio millón de personas migrantes, y asegura que ese proceso "no es mérito del Gobierno, sino de la sociedad civil y de los colectivos de migrantes que han estado durante mucho tiempo luchando". El experto en geopolítica asegura que el del PSOE "es el mismo Gobierno de la masacre de Melilla y es el mismo que mantiene a un ministro como Marlaska en el Ministerio del Interior".

Las políticas imperialistas y los negocios energéticos en África han convertido al continente en una de las regiones del mundo más castigadas por el cambio climático. Mientras en Europa y España se promueve la transición ecológica, los materiales necesarios para sostenerla se extraen sin respetar el medio ni los derechos de quienes los obtienen. 

"Europa reduce su huella de carbono interna mientras externaliza parte del impacto ambiental a otros territorios", reflexiona Ladan. "Aquí te dicen que necesitan un coche eléctrico para proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo un niño de nueve años tiene que trabajar en una mina de litio en el Congo para que tú puedas tener el coche eléctrico con baterías de litio".

La extracción de estos minerales críticos implica un impacto directo en el continente a través de la contaminación del agua y, por consiguiente, de la degradación de sus suelos, lo que genera que las poblaciones locales se vean forzadas a desplazarse. Esta problemática alrededor de la minería también puede alimentar conflictos preexistentes, como ocurre en la República Democrática del Congo y en Ruanda.

Como respuesta a las consecuencias del cambio climático, Occidente ofrece a África una serie de préstamos para mitigar estos efectos: "Se debería plantear como una reparación a estos países, pero en lugar de eso es un préstamo que tienen que devolver con intereses", asegura Komenan.

Pedro Sánchez está de viaje en China. Por su ausencia, Carlos Cuerpo presidió por primera vez este martes la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Y en la sala tomó la palabra la ministra Elma Saiz. En su cartera llevaba una medida de enorme trascendencia: la prometida reforma para la regularización de migrantes sin papeles. 

Un paso que da el Gobierno por motivos económicos y por la dignidad de las personas que trabajan en España y que ahora mismo no tienen papeles. Y que supone un enfoque migratorio totalmente contrario al predominante en Estados Unidos y la Unión Europea, donde las fuerzas ultras y conservadoras toman medidas restrictivas y utilizan la cuestión para enfrentar a las propias sociedades y ganar votos.

Por eso, la decisión tomada por el Gobierno, tras un acuerdo con Podemos, ha provocado la atención de numerosos países y la de medios internacionales, que ven en España un modelo alternativo al ultra personificado principalmente en la fuerza paramilitar ICE en Estados Unidos por orden de Donald Trump. El Ejecutivo de coalición da luz verde a esta reforma, además, en un momento en el que el país también se abre paso como referente paralelo de modelo económico. La OCDE, en sus previsiones de finales de marzo, sitúa a España como la economía de la Unión Europea que más crecerá este año.

El Gobierno es consciente en estos momentos, según fuentes consultadas, de que esta regularización, que podría servir para medio millón de personas, será objeto en el tablero nacional de una dura batalla política y también judicial a través de recursos de la órbita de las derechas.

Pero en el Ejecutivo están convencidos de que van a ganar este pulso político que ya libran el PP y Vox contra la medida excepcional acordada en el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, como recuerdan en su entorno, nunca ha evitado esta cuestión y ha defendido su visión abierta sobre la migración frente a la actitud de otras izquierdas en el continente. De hecho, incidió en su modelo incluso durante su conferencia en la Universidad de Columbia en septiembre del año pasado.

El jefe del Ejecutivo va a asumir en primera persona la defensa de la regularización. Y en estas horas lo ha hecho de dos maneras muy concretas. En la rueda de prensa que dio en Pekín expresó: “Lo que estamos haciendo es reconocer derechos de quienes están ya en nuestro país. Lo hacemos desde el punto de vista económico y por una cuestión moral. Un país que reconoce derechos es un país mejor”.

El también líder del PSOE quiso argumentar sus razones en una carta a la ciudadanía que hizo pública la Moncloa, en la que subraya: “Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica”. 

El Gobierno pone énfasis en varios factores para evidenciar que la iniciativa cuenta con un gran apoyo entre la sociedad española, a pesar de las proclamas racistas y xenófobas de la derecha. Por un lado, pone en valor que la propia medida surge a través de una iniciativa legislativa popular, que contó con más de 700.000 firmas y fue apoyada por más de 900 asociaciones. Su admisión a trámite en el Congreso contó con el aval de todos los partidos políticos, a excepción del grupo parlamentario de Vox. 

Y el Ejecutivo pone sobre la mesa también el apoyo que ha recabado por parte de los agentes sociales, tanto de la patronal como de los sindicatos y de la Iglesia. Por ello, el Gobierno va a presionar al Partido Popular recordando el papel de la CEOE y del clero, dos espacios de ideología dominantes de las derechas.

A la vez, el Gobierno va a argumentar con profundidad en este debate que esta regularización no es un hecho aislado en la democracia española, sino que la han aplicado tanto gobiernos del PP como del PSOE desde hace décadas. De hecho, el expresidente José María Aznar  llevó a cabo dos procesos similares de los que se beneficiaron más de medio millón de trabajadores sin papeles.

Hay otro factor psicológico al que apela el Gobierno: la propia historia de la sociedad española. Como señala un dirigente socialista: “El recuerdo sigue muy vivo en muchas familias. Aquellos ciudadanos que tuvieron que emigrar a América o que se fueron a trabajar a otros países europeos durante los años cincuenta y sesenta”. Pero, también, como señala Sánchez en su carta,: está muy presente la situación de los que se tuvieron que ir al extranjero durante la dura crisis económica que se inició en 2008.

Pero el Partido Popular no va a dar tregua. La migración es un campo esencial de su discurso político y, además, siente cómo Vox tiene en este tema una de sus principales bolsas de votos.  El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, dijo que la medida es “inhumana”, “injusta”, “insegura” e “insostenible”, además de que, en su opinión, “alienta a las mafias”.

La regularización no será solo objeto de debate político, sino que también se enfrentará a la ofensiva de la derecha en los tribunales. Por eso, el Gobierno ha trabajado el texto de manera minuciosa, revisando cada coma. Una labor que recuerda a la que se hizo con la ley de amnistía con el fin de que no haya flecos que puedan tumbar la norma. Se ha tenido muy en cuenta para el redactado final el informe preceptivo emitido por el Consejo de Estado. La fórmula final, como avaló este órgano, ha sido la reforma del reglamento a través de real decreto, sin tener que someterse a una votación en el Congreso como exigía el Partido Popular.

La batalla en los tribunales ya está en marcha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto al frente de ella. La semana pasada ya anunció que interpondrá un recurso con este argumento: “Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales”.

Vox tiene planeada también una ofensiva total contra el decreto de regularización. Uno de los principales movimientos será un recurso ante el Tribunal Supremo. No se quedará solo ahí. Quiere incendiar las calles también a través de una campaña bajo la premisa de que este proceso “vacía las arcas públicas y llena las cárceles de España”.

El pasado 26 de enero, la noticia del acuerdo para aprobar la regularización de más de medio millón de personas migrantes sacudía las bases sociales de todo el país. Ahora, tras semanas paralizada, será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, pero su estructura y condiciones distan bastante de la idea inicial. El Gobierno habla de las nuevas medidas propuestas por el Consejo de Estado como "aval", pero algunos medios las interpretan como una forma de "tumbar" el decreto.

El informe del Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo presidido por Carmen Calvo, solicita una serie de cambios mucho más limitantes en el proceso de solicitud, entre los que destaca la comprobación de antecedentes penales. En el dictamen se favorece la suspensión del procedimiento si la burocracia relacionada con este ámbito no se facilita, está incompleta o es tardía.

Estas medidas suponen un gran cambio respecto al texto original pactado entre Podemos y PSOE, ya que el real decreto planteaba una serie de excepciones con las que el órgano consultivo no está de acuerdo. Entre ellas, la no necesidad de aportar el certificado si se demostraba una permanencia de cinco años en España; la validación si ya se había presentado anteriormente en otra solicitud; o la “declaración responsable”, si el país de origen no responde a la demanda del certificado.

El informe considera estas medidas de “máxima prioridad”, lo que está contribuyendo a la paralización de las solicitudes. Sin embargo, su aplicación plantea importantes dificultades prácticas, ya que obliga a interactuar con Administraciones de terceros países, cuyos sistemas burocráticos y de gestión documental pueden ser muy distintos y poco ágiles.

Además, introduce un problema jurídico relevante: hechos considerados delito en otros países pueden no serlo en España. Mientras que la ley de extranjería sí contempla esta diferencia y evalúa si esos antecedentes serían delito en el ordenamiento español, el Consejo de Estado propone exigir en todo caso un certificado extranjero negativo.

Otra sugerencia del órgano consultivo es la eliminación de solicitudes de aquellas personas migrantes que no tengan su documentación en vigor. Sin embargo, la caducidad de estos papeles es un hecho muy común entre las personas migrantes que viven en España.

El colapso de las Administraciones y la falta de citas en Extranjería es un hecho denunciado desde hace años por asociaciones sociales y antirracistas. De hecho, existe incluso un entramado ilegal que se dedica a vender estas citas por un valor de hasta 1.000 euros, aprovechándose de la desesperación y las exigencias de la burocracia española.

La saturación en el sistema es una preocupación que también incumbe al Consejo. En el informe, señala como una “laguna llamativa” que el impacto presupuestario aún “está siendo objeto de estudio”, ya que se espera que entre 500.000 y 750.000 personas comiencen este procedimiento burocrático tras la aprobación del decreto, en un sistema que ya se encuentra colapsado.

El dictamen del órgano también se refiere a las diversas incoherencias del texto original con respecto a procedimientos de protección internacional. El proyecto pedía que al solicitar la regularización se paralizara el procedimiento de protección internacional si ya se había iniciado, mientras que el Consejo señala la incoherencia de esto al ser dos gestiones distintas.

La misma crítica es señalada en el informe en referencia a las personas apátridas. También se solicitaba la suspensión de este procedimiento si coincidía con el de residencia, cuando, de nuevo, son de naturaleza distinta y es “claramente desaconsejable”, asegura el escrito.

Por lo tanto, y con todas estas sugerencias, el dictamen del Consejo de Estado no avala per se la regularización que el Gobierno aprobará este martes, sino que solicita algunas modificaciones que, en ningún caso, llevan a tumbar el contenido del real decreto.

Elsa y Abdelsalam se compenetran a la perfección. Basta con observarlos, reunidos en la Casa de la Hospitalidad, en Lyon, el miércoles 11 de marzo, para darse cuenta de ello. “Somos a la vez compañeros de trabajo y amigos”, precisan. Elsa cofundó la asociación LEA, siglas de Lien, écoute, accompagnement (Vínculo, escucha, acompañamiento), y aprendió árabe al relacionarse con ciudadanos sudaneses a los que acompaña en sus misiones. Abdelsalam es eritreo y llegó a Francia en 2022, tras huir de Sudán. Obtuvo protección internacional y continuó sus estudios en un “DU passerelle” (curso de acceso a la universidad, ndt), destinado a personas refugiadas.

“Necesitaba ayuda con los trámites administrativos”, recuerda. “Así fue como conocí a Elsa”. Ella cuenta que enseguida le propuso hacer voluntariado en la asociación, al ver que habla tigrigna (lengua del Estado etíope de Tigray, que también se habla en Eritrea). Abdelsalam podría ser contratado tras las prácticas de larga duración que está realizando.

En enero, al no tener noticias de su primo Sofian, que también había partido de Sudán con la esperanza de llegar a Europa, Elsa hizo todo lo posible por ayudarle. “Me llamó llorando un viernes por la noche, me dijo que ya no sabía a quién creer.” En ese momento, alguien le contó que había visto cómo sacaban del agua el cuerpo de Sofian.

La embarcación en la que viajaba, que debía llegar a la isla griega de Lesbos desde Dikili, en Turquía, naufragó en la noche del 10 al 11 de enero. “Llevaba dos meses en Turquía. Estuve en contacto con él todo ese tiempo. Pero desde el 4 de enero no había tenido noticias suyas”, explica.

Abdelsalam se niega a creerlo. No puede contactar con los amigos de Sofian que sobrevivieron al naufragio, ya que han sido encarcelados. “Este tiempo de incertidumbre duró unas horas. Pero fue muy largo psicológicamente”, subraya Elsa, que acabó llamando a la guardia costera turca esa misma noche para que le confirmaran la información.

Al teléfono, su interlocutor empieza por enumerar los nombres de los supervivientes. “Fue horrible” El de Sofian no aparece entre ellos. Varios náufragos siguen entonces desaparecidos. Pero se han recuperado dos cadáveres: “Sofian estaba en la lista”, continúa. “Toda la información sobre él coincidía. Llevaba su pasaporte encima, así que eso permitió identificarlo”. Media hora después de esa llamada, Abdelsalam recibe un mensaje de voz de un primo que también le anuncia que Sofian ha muerto.

Elsa llama por teléfono a un amigo de Abdelsalam y le pide que pase por su casa para no dejarlo solo. A continuación, les propone ir a su casa para “organizarse”. “Empezamos a ver cómo podríamos ir juntos a Turquía”. Al mismo tiempo comienza “toda una odisea para localizar el cuerpo” de Sofian, que, según les dicen, ha sido trasladado a Esmirna.

El tanatorio indica que solo conserva los restos mortales durante diez días. Abdelsalam es un refugiado y no puede viajar fuera del espacio Schengen sin visado. Por lo tanto, deben acudir al consulado de Turquía al día siguiente para intentar obtener un “visado de urgencia”. “Pero eso no existe. Así que tuvimos que explicar la situación en detalle, presentar el certificado de defunción de Sofian, que habíamos conseguido recuperar a distancia.”

El funcionario que los atiende les hace “un montón de preguntas”, pero al final les sugiere que compren el billete de avión, dando a entender que el visado se les concederá. “Para mí era importante ir”, explica Abdelsalam. “Para los padres de Sofian también. Quería que lo enterraran como es debido”.

Elsa no duda ni un segundo en acompañarlo, consciente de que su presencia, como miembro de una asociación europea, podría ayudar. Al día siguiente de su llegada a Esmirna, el miércoles 14 de enero, la pareja se dirige al depósito de cadáveres y consigue ver lo que queda de Sofian. Abdelsalam lo identifica.

Es la primera vez que ve un cadáver: está conmocionado, pero también aliviado, porque ya no hay ninguna duda sobre su fallecimiento. Para los familiares de los exiliados desaparecidos en el mar, el duelo es mucho más difícil cuando nada materializa la muerte.

“Llamé a sus padres por videollamada para que ellos también estuvieran seguros de su fallecimiento.” Primero el padre. “A su madre se lo mostramos después del lavado mortuorio. No paraba de preguntarme: ‘¿Cómo está?’, como si aún estuviera vivo. Yo le respondía que había muerto.”

El entierro está programado para el viernes, día sagrado en la religión musulmana, en el cementerio municipal de Esmirna. El trámite solo cuesta 20 euros, para sorpresa de Elsa. Abdelsalam y Elsa intentan después recuperar los efectos personales del difunto, pero en vano. El traficante, en cambio, un sudanés, devuelve a Abdelsalam la suma pagada por su primo, es decir, 1.500 dólares. “Si no consigues cruzar, allí te devuelven el dinero”, le susurra, señalando la diferencia con Libia.

Quedan por aclarar las zonas de sombra en torno al naufragio, provocado por la guardia costera griega, según dos supervivientes a los que Mediapart ha podido localizar. Era la 1 de la madrugada, la embarcación que transportaba a Sofian se acercaba a las costas griegas. “Vimos un barco con tres hombres a bordo que se acercaba a nosotros”, relata Muhanad, de 20 años, originario de Darfur. “Nos dijeron que no tuviéramos miedo, que nos iban a escoltar hasta Grecia”.

Pero uno de los hombres, encapuchado y armado según Muhanad, subió a bordo. “Empezó a navegar muy rápido, dando media vuelta hacia Turquía. Luego regresó a su barco y dieron vueltas muy rápido a nuestro alrededor”.

Al parecer, la hélice del barco griego perforó entonces la embarcación neumática, dejando que el agua se filtrara a bordo. “Cayeron al agua dos personas. La gente empezó a ahogarse, otros a aplastarse unos a otros presa del pánico.” Vuelve a ver a Sofian situado en la proa, pero rápidamente aplastado por otros pasajeros. Abdelsalam suspira al volver a escuchar la historia una vez más.

Mohanad continúa su relato. Dice que llamó a los guardacostas turcos, que llegaron a la zona en “diez o quince minutos”. “Lanzaron una escalera y la gente que pudo subir lo hizo, los demás se quedaron. Nadie nos ayudaba.” El cuerpo de Sofian, que ve flotar en el agua, es recuperado por otro barco. Ya demasiado tarde.

Taha, de 22 años, sudanés originario de El Fasher, relata lo mismo (se contactó a ambos por separado, por teléfono). “Había tres hombres. Uno de ellos subió a nuestro barco. Nos llevaron de vuelta a aguas turcas antes de embestirnos. Ese era su objetivo.”

Pero Taha, atormentado por el naufragio, dice que a veces lo sueña por las noches. “Vi morir a gente delante de mí. Caí al agua, nadé para salir y llegar hasta los guardacostas turcos cuando llegaron a rescatarnos.” No ha vuelto a intentar la travesía desde entonces. Por tierra, “se ha vuelto complicado”. Por mar, se enteró de una historia similar a la suya poco después. Está traumatizado.

Al ser preguntados por Mediapart, los guardacostas helenos afirman no tener constancia del “incidente descrito” en sus registros. Sin embargo, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate turco les informó de una operación de rescate llevada a cabo esa noche por los turcos, entre las zonas marítimas de Dikili y el sureste de Lesbos. Añaden que las investigaciones solicitadas por ese mismo centro “para identificar a posibles personas arrastradas por la corriente hacia la zona griega” no han dado resultados.

En cuanto a las acusaciones formuladas por los supervivientes, la Guardia Costera griega destaca que la vigilancia de las fronteras marítimas de Grecia y de la UE se lleva a cabo “las 24 horas del día con eficacia, un alto sentido de la responsabilidad, profesionalidad y un respeto absoluto por la vida humana y los derechos humanos, de conformidad con el derecho internacional y europeo”. Rechazan “categóricamente cualquier acusación de actividades ilegales” y mencionan que, desde 2015, han realizado más de 6.500 intervenciones y han rescatado a más de 271.000 personas.

Una carta a la que Mediapart ha podido acceder, emitida por la fiscalía de Dikili y firmada de puño y letra por el fiscal, en la que se autoriza el entierro, menciona: “Una embarcación neumática que transportaba a 37 migrantes intentaba llegar a Grecia” el 10 de enero de 2026, “hundida por las fuerzas griega”. También menciona “cuchillazos”, dando a entender que el análisis de la embarcación pudo revelar rastros de cortes; pero los testigos interrogados por Mediapart sostienen que fueron precisamente los golpes provocados por las maniobras de los griegos, así como la hélice del motor de su barco, los que contribuyeron a perforar los flotadores de la lancha neumática.

Se han registrado varios naufragios frente a las costas de Grecia, uno de los cuales, ocurrido el 3 de febrero, suscitó polémica cuando los supervivientes relataron el mismo escenario que Mohanad y Taha: la guardia costera griega habría embestido la embarcación a toda velocidad, provocando la muerte de quince exiliados.

Como reveló Reuters, las autopsias demostraron que las víctimas habían fallecido a causa de “heridas” o “lesiones craneales y cerebrales graves”, lo que sugiere que la embarcación de migrantes sí fue embestida por la guardia costera. En los últimos años, se han documentado regularmente casos de devoluciones ilegales llevadas a cabo por la guardia costera griega, poniendo en peligro la vida de otras personas.

“Sabemos que a veces hacen eso. También le quitan el teléfono y el dinero a la gente que cruza”, comenta Taha. “Suponemos que es para no dejarnos entrar en Europa”, interpreta por su parte Mohanad. “Suelen actuar así, nos sacan de aguas griegas, nos llevan de vuelta a aguas turcas y nos dejan allí. Mueras o no, a ellos les da igual.”

Mohanad ha vuelto a intentar la travesía desde el naufragio, en dos ocasiones, sin conseguir alejarse de la costa. “Es imposible dar marcha atrás. Así que iré a Europa por todos los medios. O llego allí o muero en el mar”, dice quien tiene como objetivo Inglaterra.

“Europa no merece la muerte de mi primo”, opina Abdelsalam, quien también recuerda que otras embarcaciones de exiliados fueron “hundidas” entre Turquía y Grecia en enero. Sofian tenía “lo necesario en Sudán”, donde su padre es propietario de varios negocios.

“Quería venir a Europa para estudiar. Su familia no sabía que había dejado la universidad y que pensaba cruzar así.” El joven había obtenido inicialmente un visado de estudiante para la parte turca de Chipre, y luego había trabajado en la construcción durante un año en la parte griega de la isla, por un salario de 1.700 euros.

“Después se trasladó a Estambul e intentó cruzar por tierra, pagando 4.500 euros a un traficante. Pero fue una estafa.” Ese intento fallido le valió pasar un mes en centro de internamiento.

“Hablaba todo el tiempo con Sofian por teléfono. Unas semanas antes de que se subiera al barco, me decía que pronto estaría conmigo, que quería estudiar en la universidad, que ya había empezado a aprender francés… Que cuando tuviera la nacionalidad francesa, podría dar la vuelta al mundo”, recuerda Abdelsalam, a quien Sofian también le había hablado de las crisis y la guerra que azotan Sudán.

Si la Unión Europea (UE) concediera visados, ellos “no tendrían que correr esos riesgos”. “No puedes hacer nada con un pasaporte sudanés o eritreo, son países pobres. El pasaporte europeo, en cambio, te permite viajar a cualquier parte. Así es el mundo.”

¿Tiene la UE parte de responsabilidad en la muerte de su primo? “Sí. Grecia lo mató”, afirma rotundamente. Para que su muerte no caiga en el olvido, Elsa y él han querido contar su historia. Ahora están pensando en presentar una denuncia para que la justicia europea se ocupe del caso.

Traducción de Miguel López