Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

Miles de personas salieron este domingo a las calles de Ceuta para reclamar una respuesta ante la situación que atraviesa la ciudad después de la entrada masiva de más de 72.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. La movilización, una de las más multitudinarias de los últimos años en la ciudad autónoma, reunió a más de 10.000 asistentes según los organizadores y a algo más de 5.000 según la estimación de la Policía Nacional.

Bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, la concentración llenó la plaza de la Constitución convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad —cristiana, musulmana, hebrea e hindú— y con el respaldo de la Federación de Vecinos, los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno ceutí. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acudió también a la protesta.

El llamado Manifiesto por la Unidad de Ceuta, leído por el presidente de la Comunidad Hindú, Ramesh Chandiramani, reclamó al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al resto de administraciones una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada”. Entre las demandas figuraron más medios humanos y materiales, el refuerzo de las fuerzas de seguridad, una mayor protección de la frontera con Marruecos y recursos suficientes para atender a las personas migrantes que continúan en la ciudad y aliviar la presión sobre los servicios de acogida.

Los convocantes buscaron mantener un mensaje centrado en la convivencia. “Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos”, recogía el manifiesto, que defendió la pluralidad de Ceuta y advirtió de que la ciudad no puede afrontar en solitario una situación que “supera ampliamente sus capacidades”.

Sin embargo, entre parte de los asistentes también se escucharon consignas de rechazo a la inmigración y gritos de “Sánchez, dimisión”, “ilegales, expulsión” o “invasores”. Los manifestantes pidieron además la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que no asistió a la concentración. La tensión llegó incluso a impedir que se guardara el minuto de silencio propuesto desde la organización por las personas fallecidas al intentar alcanzar la ciudad.

Vivas volvió a aprovechar la movilización para pedir ayuda al resto del país. “Solos no vamos a poder, necesitamos solidaridad del resto de España y que el Estado cumpla con sus obligaciones”, afirmó el presidente ceutí, quien calificó nuevamente de “insostenible” la situación de la ciudad.

Un día después de la concentración, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha desplazado este lunes a Ceuta para mantener una reunión de coordinación con Vivas y evaluar la situación. Según las últimas estimaciones del presidente ceutí, todavía permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 personas migrantes, muchas de ellas sin alojamiento y con los recursos de acogida desbordados. Torres tiene previsto comparecer ante los medios a las 13.00 horas en la Delegación del Gobierno.

La situación de los menores no acompañados es otro de los principales frentes abiertos. Hasta el momento hay 1.342 registrados oficialmente en Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha convocado para este jueves 13 de agosto la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas y ha anunciado que un equipo técnico de su departamento se desplazará a la ciudad el próximo día 16 para agilizar los trámites relacionados con su acogida.

La reunión entre Torres y Vivas se produce, por tanto, después de un fin de semana en el que la presión ciudadana ha vuelto a situar en primer plano las reclamaciones de Ceuta al Ejecutivo central y en un contexto marcado también por el temor a que pueda producirse un nuevo intento de entrada multitudinaria desde Marruecos el próximo sábado.

Ese temor ha llevado también a la Comandancia General de Ceuta a cancelar todos los permisos de los militares destinados en la ciudad autónoma a partir del próximo jueves 13 de agosto y hasta nueva orden, salvo en circunstancias excepcionales. La decisión ha sido confirmada a EFE por fuentes de Defensa.

La orden, firmada por el general jefe de la Comandancia General, establece que las excepciones deberán estar “debidamente justificadas y autorizadas” por los responsables de cada unidad. En la práctica, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), implica que los efectivos que se encuentren disfrutando de sus vacaciones en la Península o en otros países deberán regresar a Ceuta si no obtienen esa autorización.

La asociación vincula la medida con la situación provocada por la entrada masiva de finales de julio y con los llamamientos detectados en redes sociales para intentar una nueva entrada multitudinaria el 15 de agosto. En Ceuta hay miles de militares repartidos entre unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54 y los regimientos de Caballería Montesa 3 e Ingenieros.

ATME asegura comprender la decisión por las circunstancias excepcionales, pero reclama al Ministerio de Defensa que tenga en cuenta las consecuencias para quienes tengan que interrumpir sus vacaciones y asumir pérdidas por billetes de avión o alojamientos ya contratados. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha pedido especialmente flexibilidad para los militares destinados en Ceuta que hubieran viajado al extranjero para visitar a sus familias.

La organización también alerta del desgaste de los efectivos desplegados estos días. Según Gómez, algunos están encadenando turnos de ocho horas de patrulla, ocho de descanso y otras ocho en situación de alerta dentro del cuartel. El presidente de ATME ha recalcado además que los militares están prestando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que cualquier persona migrante interceptada queda a disposición de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local.

Las imágenes de la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta en los últimos días han dado la vuelta al mundo, situando a la Ciudad Autónoma en el mapa y generando un gran impacto en la actualidad política nacional e internacional.

Para cualquier persona resulta impactante contemplar a miles de personas concentradas en distintos puntos de Ceuta, agolpándose en las playas, buscando agua y comida, esperando conocer cuál será su futuro. Estas escenas han sido utilizadas por la derecha y la extrema derecha para reforzar su discurso antiinmigración. 

Los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han aprovechado la situación para sembrar el miedo y la desconfianza, valiéndose sobre todo de las redes sociales para difundir vídeos y fotografías de la llegada y concentración de miles de personas en Ceuta. Por su parte, grupos neonazis como Núcleo Nacional también han utilizado esos contenidos para avivar un discurso xenófobo. 

Pero estos discursos podrían verse indirectamente reforzados por un fenómeno que afecta a la sociedad en este tipo de situaciones –y con el que los partidos políticos pueden jugar a su favor–: el efecto de la víctima identificable.

La primera vez que se puso nombre a este fenómeno fue en el ensayo del economista y premio Nobel Thomas Schelling, La vida que salvas puede ser la tuya, publicado en 1968. 

A grandes rasgos, el efecto de la víctima identificable describe una mayor probabilidad de que una persona sienta más empatía por un único individuo en situación de vulnerabilidad que por un amplio grupo de personas afectadas.

Schelling sostiene en su ensayo que respondemos de forma muy diferente cuando se trata de salvar la vida de víctimas concretas, a las que se puede poner rostro y nombre, que cuando hablamos de salvar la vida de un pueblo en general.

Desde entonces, diferentes investigaciones han respaldado empíricamente este fenómeno. Entre ellas figura el estudio Desensibilización a la violencia en los medios de comunicación: vínculos con la exposición habitual a la violencia en los medios, las cogniciones agresivas y el comportamiento agresivo (Krahé, B., Möller, I., Huesmann, L. R., Kirwil, L., Felber, J., & Berger, A.; 2011) u otro más reciente, de 2021, mencionado por la corresponsal jefe de CNN Clarisa Ward en un vídeo en el que explica la crisis en Ceuta.

En el artículo Cuando la lente es demasiado amplia, las consecuencias políticas de la deshumanización visual de los refugiados, Ruben T. Azevedo, Sophie De Beukelaer, Isla L. Jones, Lou Safra y Manos Tsakiris parten del denominado efecto de la víctima identificable para analizar cómo la representación visual de las personas refugiadas en los medios de comunicación influye en la percepción que la ciudadanía tiene de ellas y en su deshumanización visual. Para ello, tomaron como caso de estudio la crisis de los refugiados sirios. 

A través de diez estudios realizados con 3.951 ciudadanos europeos, comprobaron que quienes veían imágenes de refugiados sirios en grandes grupos, en vez de imágenes individuales, mostraban una menor capacidad para sentir culpa, ternura o compasión por esas personas.

“Las imágenes de grupos grandes también fueron percibidas como más deshumanizantes y, cuando se combinan con elementos como titulares de prensa, siguen desempeñando un papel significativo e independiente en la percepción de la deshumanización de dicha cobertura informativa”, subraya el artículo. 

Los autores sostienen que estos hallazgos ayudan a entender cómo la forma en que se representan las crisis migratorias puede influir en la opinión pública. Aunque la investigación no analiza estrategias de partidos políticos concretos, sí concluye que la exposición a este tipo de imágenes puede modificar la percepción de la ciudadanía y su actitud hacia las personas refugiadas. 

De hecho, encontraron otro dato relevante: “Además, después de ver imágenes de grupos grandes, los participantes mostraron una mayor preferencia por líderes políticos de apariencia más dominante y menos confiable, y apoyaron menos políticas favorables a los refugiados y más políticas contrarias a ellos”. En el caso de Ceuta, dirigentes del PP y Vox han difundido de forma reiterada imágenes de la crisis migratoria en Ceuta para reforzar sus mensajes sobre inmigración. Declaraciones como las de Juan Bravo alertando sobre intentos de asalto a viviendas, o las de Ester Muñoz, vinculando la regularización de migrantes con el derecho al voto, son algunos ejemplos de relatos construidos en torno al miedo y la inseguridad.

“Lo que vemos en los medios de comunicación y cómo se muestra no solo tiene consecuencias para la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos y nuestro comportamiento hacia ellos, sino que, en última instancia, afecta al funcionamiento de nuestros sistemas políticos”, concluyen los investigadores.

Hace un par de semanas publiqué una columna titulada Los empresarios del miedo, que explicaba cómo ciertos grupos de poder explotan el miedo y la incertidumbre de las sociedades a través de la fabricación de un 'otro'. Lo que ha pasado en Ceuta es un claro ejemplo del triunfo de esta gentuza. Otra victoria más cosechada a costa del sufrimiento extremo de unos y de la debilidad e ingenuidad de otros.

El miércoles de la semana pasada me contactó Israel Remuiñán de la COPE: “Lucila, te escribo por lo que está pasando en Ceuta”. “Acabo de empezar mis vacaciones y estoy desconectada, ¿qué está pasando?”. Hablé con mi amigo I. que es de Castillejos y me contó que la situación en la ciudad lleva meses siendo insoportable. Hay militares por todos lados. Detienen a la gente de forma arbitraria. Hace un par de meses subieron a su hermano con más personas a un autobús. Iban con ropa de verano, bañador, camiseta, chanclas. Los dejaron abandonados de esta guisa a 1.000 km de la ciudad. “Es muy triste”, me comentó, “la ciudad es invivible”. Por lo visto aparecen cuerpos ahogados todos los días desde principio de año. Hay un cementerio con personas sin identificar que crece por momentos y la morgue de Castillejos estaría desbordada. 

Este testimonio no me sorprendió. En 2024 nuestro equipo de periodismo de la Fundación porCausa dirigido por el periodista José Bautista participó de una investigación que demostró que Marruecos, Mauritania o Túnez, con el apoyo de España y la Unión Europea, realizaban traslados y abandonos sistemáticos en el desierto de migrantes que eran detenidos en las costas y trasladados a la fuerza en autobuses a puntos muy lejanos del interior del norte de África. La Unión Europea lleva años externalizando el control migratorio a países que no respetan los derechos humanos. Estos gobiernos tratan a las personas en tránsito y a sus poblaciones con un desprecio absoluto y una brutalidad extrema. Gracias a estas prácticas, los cruces irregulares a España desde África se redujeron un 42,6% en 2025, una tendencia a la baja que se mantenía en la primera mitad de 2026 con un descenso adicional del 24,7% a 15 de julio, según datos de Interior.

Estas conversaciones tenían lugar cuando la cifra de personas que había cruzado a Ceuta todavía no superaba las 1.500 personas. Me faltaba mucha información pero después de 10 años dedicándome exclusivamente a temas migratorios no me cabía duda de que esa entrada excepcional no respondía a un proceso migratorio convencional. El histórico no engaña, expliqué en directo en la COPE, recordemos el caso de la entrada repentina de más de 10.000 personas en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo de 2021. Esto no es migración, esto es el resultado de una estrategia de manipulación y presión que utiliza a la población marroquí como arma arrojadiza. 

El jueves se producía la marcha sobre Ceuta. Interior estima en 72.000 personas las que llegaron. Pero como sucedió en 2021 en pocas horas se habían vuelto casi todas a Marruecos dejando a unas 2.000 personas en el lado español y, según los últimos datos oficiales, un mínimo de 100 personas muertas, que sin duda serán muchas más porque nunca tendremos los datos reales de cadáveres recogidos por Marruecos y totales de desaparecidos. 

¿Quién consiguió movilizar a todas esas personas para que se unieran en una marcha mortal? Los empresarios del miedo. No se trata de un proceso específico sino de una estrategia cuidada que lleva varios años intoxicando a nuestras sociedades con el fin de controlarlas. Denominar crisis migratoria a una invasión civil temporal es producto de esa intoxicación. Lo que ha pasado en Ceuta es un proceso de presión política que ha conseguido desestabilizar nuestra soberanía y tensionar a nuestro Gobierno. Lo lógico habría sido unirnos todos, como en el Mundial, y responder de forma unánime a este ataque. Pero en lugar de abrir el debate legítimo sobre cómo la Unión Europea tiene que proteger las fronteras respetando el derecho internacional y reforzando la unión para evitar este tipo de acciones, hemos acabado debatiendo sobre si España es mora o cristiana. Eso nos deja a los pies de los caballos a nosotros pero también a todos los países fronterizos de la Unión. 

¿Cómo sería la respuesta y el debate si 50.000 civiles ucranianos marcharan de forma temporal sobre Polonia? ¿O si cruzaran 50.000 civiles desde Libia a Italia? 

Y mientras la mayoría nos estremecemos con el dolor de una población sometida al régimen inhumano de nuestro vecino, al que nuestros gobiernos nacional y europeo financian, el pequeño grupo de empresarios del miedo disfruta de los titulares que le permiten seguir socavando de a poquito nuestras democracias. Las personas separadas somos más manejables. 

Tristes somos más susceptibles de ser sometidas. ¿Qué podemos hacer contra eso? Lo más importante es entender bien de dónde viene y ser conscientes de que nos están manipulando. Como dice el veterano senador independiente estadounidense Bernie Sanders: “They have the money. We have the people” (“Ellos tienen el dinero. Nosotros tenemos a la gente”). No podemos dudar de que somos más. A partir de ahí tenemos que construir nuestra resistencia con mucha cabeza. Los 17 puntos del manifiesto de George Lakoff son una buena inspiración a este respecto. 

Añado de mi cosecha lo que le comentaba a mi amiga Aurora el otro día: “Descansar es una forma de activismo”. Nos quieren cansadas, tristes, hiperconectadas y desorientadas. No lo permitamos. No estar enganchadas a las noticias no implica no ser conscientes de que tenemos mucha lucha por delante. Tampoco es una forma de negar las injusticias. Es una herramienta para recargar energía, para volver al tajo recuperadas, fuertes y llenas de amor. El amor es lo más punk y subversivo que hay en estos momentos. El amor es el acto político con el que acabaremos con los empresarios del miedo. Y lo haremos, porque somos más y vamos a ganar.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Santiago Abascal evita presentar a Marruecos como un Estado hostil, pese a calificar de “invasión” la entrada de más de 70.000 marroquíes en Ceuta el pasado jueves. La actual crisis fronteriza ha dejado ya un centenar de fallecidos según las organizaciones sobre el terreno, pero el líder de Vox obvia este argumento en sus declaraciones públicas. El líder de la extrema derecha española definió desde la ciudad autónoma como  “acto de guerra” la entrada masiva de personas, pero cargó las tintas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo debería ser juzgado y estar en prisión, e insinuó —sin aportar pruebas— que Marruecos podría disponer de información sobre supuestas corrupciones del presidente que explicaría su falta de respuesta ante Rabat.

Así, Marruecos puede ser para Vox, al mismo tiempo, el Estado que presiona, chantajea y agrede a España, pero no aparecer en las críticas sobre la responsabilidad de lo sucedido. Esa parte queda reservada para el presidente del Gobierno, presentado por los ultras como responsable o cómplice de la agresión. A él se le suma otra de las figuras culpables habituales para los ultras: los ciudadanos marroquíes que cruzan la frontera, convertidos en el rostro visible de la amenaza y protagonistas a su vez el eje central de los acuerdos con el Partido Popular bajo la consigna de “prioridad nacional”.

Abascal ya había formulado hace meses, antes de la crisis de Ceuta, esta misma posición en una entrevista difundida por el pódcast WorldCast. “Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo”, aseguró el pasado mes de mayo. “Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto mutuo”. También defendió que para ser buenos vecinos son necesarias “altas vallas” y “fronteras firmes”, y acusó a Sánchez de haber convertido a España en el “perrito faldero” del reino alauí. 

Unas declaraciones que fueron criticadas por otro ultra, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. “¿Cómo va a ser socio un país que nos extorsiona con la inmigración o Pegasus, exporta las mafias que matan a nuestros guardias civiles, amenaza Ceuta, Melilla y Canarias, o nos espía con software israelí?”, planteó, tras recalcar que él estaba de acuerdo con la posición de Abascal de 2021, en la anterior crisis fronteriza en Ceuta, y no con la actual. 

Abascal ha evitado en todo momento mencionar al rey Mohamed VI, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, como responsable de la situación en Ceuta. Y, aunque para el líder de la ultraderecha Marruecos es un vecino peligroso y expansionista, también defiende que España debe conservar una “buena relación”. Mohamed VI funciona sobre todo como representación de la humillación de Sánchez, bajo el lema o pregunta en abstracto de “qué le debe el PSOE a Marruecos”. Abascal lo evoca para describir a un presidente arrodillado ante un soberano extranjero, pero rara vez convierte al rey en destinatario directo de sus exigencias.

Así, los dirigentes de Vox apenas dirigen críticas al monarca alauí, pese a las denuncias que acumula por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una de las excepciones la protagonizó el exdirigente de Vox, José Ángel Antelo, en 2024, tras denunciar que el rey había indultado a más de 2.400 presos, pero la acusación se centró en los posibles delitos que esas personas cometerían en España. Antelo afirmó, sin acreditar que fueran a trasladarse al país, que cada “violación”, “machetazo” o robo sería responsabilidad del PP y del PSOE.

En el relato de Vox, Marruecos posee capacidad de decisión. El partido afirma que controla la frontera, instrumentaliza las migraciones, abre y cierra las aduanas según sus intereses y utiliza la cooperación como mecanismo de presión. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, ya había descrito la política marroquí como una “habitual extorsión”. Según Redondo, Rabat ha creado instrumentos con los que “chantajear a España”, emplea estratégicamente la gestión migratoria y “sabe exactamente lo que hace”.

Pero esa claridad desaparece cuando llega el momento de identificar a las personas e instituciones responsables. Apenas se explica qué órgano adoptó las decisiones, qué responsables dirigieron la supuesta operación sobre Ceuta o qué intervención tuvo Mohamed VI. Se señala a Marruecos como un ente, de forma etérea, pero se evita cualquier referencia directa. En cambio, la responsabilidad española nunca es abstracta.

La cautela que Abascal aplica al definir a Marruecos desaparece cuando se refiere a sus ciudadanos. En Ceuta no habló sólo de una entrada irregular o de una crisis migratoria, sino de una“invasión”, tratando de deshumanizar y presentar a todas las personas que sobrepasaron la frontera como un único sujeto hostil, especialmente si estos son musulmanes. Y es que la formación ultra relaciona la inmigración, la enseñanza del árabe y la cultura árabe con una supuesta “islamización de España” y con valores que considera incompatibles con la sociedad española. 

Vox sostiene que Marruecos utiliza a seres humanos como instrumento de presión política, pero al mismo tiempo instrumentaliza a estas personas políticamente, lo que le permite desplazar la responsabilidad sin señalar al poder político. En el imaginario que intentan crear los ultras, se asocia al migrante, también al marroquí, con la inseguridad, con la saturación de la vivienda y de los servicios públicos. El poder marroquí, sin embargo, permanece al otro lado de la frontera y exige un análisis geopolítico más complejo.

Pero a quien sin duda identifica Vox de manera clara es a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró este jueves que los gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox se opondrán “totalmente” a los traslados pese a que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sí que van a cumplir con la ley. A juicio de Vox, sin embargo, hacerlo no consiste en distribuir a los menores entre los sistemas de protección, sino en “devolverlos ya a Marruecos”. Es más, en una entrevista en Cuatro sostuvo que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad con los marroquíes es “cazarlos o pescarlos uno a uno”: “Es lo que hay que hacer”, señaló. Una expresión que no fue un accidente ni un desliz verbal. Días antes había utilizado exactamente la misma expresión, “cazarlos”, en una entrevista en Antena 3.

A pesar de los exabruptos de Figaredo, en el caso de menores, también de los marroquíes, que llegan a España, la norma aprobada el pasado año es clara: se debe trasladar a menores desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia otras comunidades y estos territorios no pueden negarse, algo que modificaba etsa ley ya que hasta entonces la reubicación era voluntaria. La acogida de menores migrantes ya fue una línea roja para la formación de Santiago Abascal hace dos años. En julio de 2024, Vox abandonó los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP después de que los populares aceptaran una reubicación de menores procedentes principalmente de Canarias. 

En los bandazos de Vox con su posición respecto a Marruecos también aparece el Mundial de fútbol. La formación de Santiago Abascal ha trasladado al Congreso como respuesta a la crisis de Ceuta una medida en la que, paradójicamente, coincide con Sumar y Podemos: que Marruecos sea expulsado de la organización del Mundial de fútbol de 2030. La proposición no de ley registrada este jueves por la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, reclama que el Gobierno promueva ante la FIFA la exclusión del país vecino, impida que la final se celebre fuera de España y exija “transparencia y objetividad” en todas las decisiones sobre el campeonato.

La iniciativa permite analizar con precisión cómo distribuye Vox las responsabilidades. La formación ultraderechista describe una “invasión intolerable” protagonizada por más de 80.000 marroquíes (sic), acusa a Marruecos de instrumentalizar la inmigración y califica lo sucedido de estrategia de “guerra híbrida” y de “actos de guerra contra España”. Sin embargo, cuando llega el momento de identificar al responsable político de esa supuesta operación, Mohamed VI, aliado de Estados Unidos, sólo aparece una vez en las cinco páginas de la proposición. 

Vox sostiene que el éxodo contradice la imagen de modernidad que “el régimen de Mohamed VI pretende proyectar internacionalmente”. No afirma que el rey ordenara abrir la frontera, que conociera la operación o que interviniera en ella, como plantean algunos analistas. Tampoco lo menciona en ninguno de los tres puntos que el Congreso debería reclamar al Gobierno. La proposición propone una represalia internacional contra el Estado marroquí, pero despersonaliza la responsabilidad en la cúspide del poder.

Lo pienso mucho.

Me refiero a la culpa con carácter retroactivo.

A llorar cuando ya es tarde.

A llevarse las manos a la cabeza y reflexionar acerca de cómo y por qué se permitieron según qué avernos en plena Tierra.

A tratar la iniquidad como una locura transitoria cuando basta con echar la vista atrás para comprobar que forma parte de la misma esencia incómoda y cruel de la humanidad.

A veces queremos creer que los grandes horrores de la historia fueron explosiones espontáneas de odio y que solo unos pocos fueron responsables del cataclismo, mientras que el resto de la población no lo sabía o no se daba cuenta de lo que hacía. Que la humanidad blanca no se traicionó a sí misma, que fue inocente o engañada. Que la Noche de los Cristales Rotos fue el resultado de una enajenación transitoria y testosterónica o que los que observaban el humo de Auschwitz a diario creían que provenía de un gran asador de castañas.

El caso es que ha transcurrido casi un siglo de esa noche aciaga que tuvo lugar en Austria y Alemania y siento que no hemos aprendido nada. Los que vivían entonces no eran más monstruos que quienes vivimos ahora, solo que para llegar a ese punto hubo una preparación del terreno. No fue de un día para otro que el nivel de tolerancia a lo atroz alcanzara cotas estratosféricas o que el de intolerancia a la diferencia bajara hasta el punto de quedarse varios metros bajo tierra.

Si se instaló una ceguera colectiva, fue inoculada y tuvo su ensayo general en el genocidio de prueba que se llevó a cabo con los pueblos namibios nala y herero. Estando tan lejos en kilómetros, cultura y tono de piel, resultó fácil evitar que la sociedad viera la magnitud de aquello y mucho menos condenarlo. Poco después, pasaron de la miopía a la presbicia, a no ver tampoco lo que estaba cerca y fue cuestión de tiempo el elegir otro grupo de proximidad al cual masacrar.

Porque sí, de un día para otro no muere la empatía. Es algo progresivo y lento, como la tortura de la gota o como cavar con una cuchara de té. Al principio no se ve su impacto y, cuando se hace visible, ya es tarde.

Podríamos haber aprendido de la historia, pero ser el único animal que tropieza con la misma piedra una y otra vez es nuestra especialidad. Así que, en lugar de negarlo o tratar de evitarlo, se le puso nombre: ventana de Oberton, una manera de ir agrandando los márgenes de aquello que se considera tolerable en cualquier sociedad. Es pasar de pisar sobre un suelo radiante templado y confortable a, como poco a poco va subiendo la temperatura del termostato, caminar sobre lava sin que te ardan los pies porque tu temperatura corporal también ha aumentado.

Nunca se pasa de cero a cien. Es un proceso que, en muchos casos, se alimenta de narrativas que únicamente resultan descabelladas cuando ya es tarde. Pasaba y pasa. Porque no es normal que normalicemos que mueran personas tratando de atravesar fronteras, las nuestras, las de España. Ya sea por vía marítima o saltando vallas.

En la entrada a Ceuta han fallecido cerca de 150 personas. Y, repito, no debería ser normal. Tampoco que en demasiados medios de comunicación sigan hablando de migrantes a secas y no de seres humanos. O de avalanchas, aluviones u oleadas. Que el discurso exhiba como enemigos a víctimas, que no nos duela ni un poco que la cifra de fallecidos tratando de llegar a tierra suba cada día. Que no nos subleve el hecho de que la infancia que huye sea leída como un grupo de menas violentos, no como sinónimo de menores en situación de vulnerabilidad sino como monstruos dispuestos a asaltar. Que la situación administrativa de alguien, cosa que no se escoge, si es irregular, se equipare a criminalidad, pese a que no sea un delito migrar.

Lo duro de todo esto es que no estoy transcribiendo conversaciones informales de bar.

El PP, por ejemplo, ha señalado que se trata de una crisis de seguridad nacional y no migratoria. Apelar a lo securitario es una forma de criminalizar la migración, a los cuerpos negros y, sobre todo, moros y, en un triple salto mortal, de desresponsabilizar a Occidente de la situación económica de los países de los que sale la gente que llega. Si esas personas dejan su casa y a sus familias es porque se ha empobrecido a un continente rico, como es África, a base de todo lo que se sacó y todavía se saca de ahí con la connivencia de unos dirigentes a los que se sostiene en la silla del poder a cambio de regalar la riqueza de sus países.

No vale chupar del bote, empobrecer al vecino y luego culparle de su situación. O no debería valer. Pero aquí estamos.

No obstante, no me gustaría reducir todo esto al miedo a los pobres ya que considero que también subyace una islamofobia y un racismo rampantes. Que siempre existieron en estos lares, pero que últimamente están lustrosos, cebados con el Plan Kalergi y la teoría del gran reemplazo, devaneos de frikis alumbrados hace décadas que han resurgido y que desde hace años forman parte del debate político y del de las redes sociales.

Esas teorías, simplificando mucho, han hecho creer a una parte de la sociedad que si vienen personas del sur global para el norte es con el objetivo de acabar con la raza blanca a base de procrear con ella. Perdón, con la raza blanca y con el catolicismo.

Después de que Europa colonizara medio planeta imponiendo su fe a golpe de espada y violaciones, ahora teme el mestizaje y ve su llegada como una especie de conquista biológica. A lo Lebensraum de la Gran Alemania, pero en versión negra, marrón y/o musulmana. Me reiría a mandíbula batiente de no ser porque esto es grave.

Grave es también que haya gente que afirme que quienes han llegado a Ceuta o Melilla no tienen derecho a refugio solo por verles a través de una pantalla. Como si para adivinar las calamidades de una vida les bastara con observar un rostro. Eso evidencia cómo, a nivel social, únicamente se percibe como válido para obtener el estatuto de refugiado estar a punto de morir en un conflicto bélico. En realidad, no en cualquiera: en la guerra de Ucrania, que es la única de la que se habla largo y tendido en los medios, la que tiene derecho a relato, a un buen relato.

Cuando se informa acerca de lo que está ocurriendo en el país europeo se citan nombres y apellidos y se desgranan historias personales que favorecen la empatía. Nos muestran un ejército organizado, coordinado y aséptico. De hecho, salvo en la masacre de Bucha, casi ni hemos visto sangrar a sus soldados. Esto último me parece perfecto, porque no creo que sea positivo habituarse al dolor y a las heridas abiertas de nadie a base de verlos con todo lujo de detalles en cada conexión en directo. Fundamentalmente porque la repetición, en lugar de concienciar o indignar, anestesia.

Así pues, a las personas de Ucrania nos las enseñaron escondidas en búnkeres, acompañadas de sus mascotas, tocando el piano o tomando los autobuses que les brindaron en dirección a una UE que les abrió sus puertas. Y mientras las veíamos escapando de un futuro incierto a través de la pantalla casi gritábamos: “¡Ya queda poco!” o “¡Vamos, vamos!”, dado que nos explicaron que eran refugiados y formados. Tremendo que para garantizar la seguridad o la empatía hacia alguien hagan falta títulos universitarios o que se piense que los de más abajo carecen de ellos.

El caso es que de la guerra de Sudán pocos medios generalistas se han dignado a hablar, y mucho menos a diario o abriendo el informativo. Y si salen, no es algo que llame la atención, llevamos demasiadas décadas viendo a la vejez, adultez y, sobre todo, niñez negra sufriendo gracias, entre otras cosas, a los anuncios pidiendo fondos de las ONG. Desconozco si es por eso que hay partidos políticos y personas que les quieren mandar de vuelta al infierno, que los balcones no están llenos de banderas con un welcome escrito en medio o, qué sé yo, quizá también tenga algo que ver el hecho de que no tengan la piel clara ni la religión “adecuada”.

Pero, aparte, hay algo perverso relativo a las narrativas sobre África específicamente, y es que lo terrible en ese contexto se lee como rutinario, como una consecuencia del salvajismo visceral de sus pobladores, de la incapacidad de vivir en paz con las tribus, etnias o países vecinos por manía y no por la imposición de fronteras y otros dislates provocados por los repartos coloniales. Han privado de porqués a un montón de pueblos y les han arrebatado su pasado para simplificar su presente, continuar su deshumanización y seguir chupando del bote.

La crisis de Ceuta ha vuelto a situar a los menores extranjeros no acompañados en el centro de la disputa entre el Partido Popular y Vox. Pero esta vez el conflicto se desarrolla con una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido hace dos años, cuando se produjo la ruptura entre ambos por la acogida de los menores en las comunidades autónomas. Ahora, los conservadores no aparecen como el partido que resiste el ultimátum de la extrema derecha, sino como una formación dispuesta a asumir buena parte de su diagnóstico y discurso.

La primera reacción de la dirección nacional del PP fue presentar lo sucedido en Ceuta como una cuestión de “seguridad nacional” y responsabilizar en exclusiva al Gobierno de Pedro Sánchez. Su secretario general, Miguel Tellado, reclamó que quienes habían entrado irregularmente salieran por el mismo lugar, sin diferenciar inicialmente entre personas adultas y menores de edad. El mensaje aproximaba a Génova a la posición de Vox, que exige a sus socios autonómicos una negativa frontal a cualquier distribución de menores migrantes.

Génova, sin embargo, tuvo que rectificar horas después. La vicesecretaria Alma Ezcurra aseguró este miércoles que las comunidades gobernadas por el PP “siempre van a cumplir la ley” y distinguió finalmente entre los adultos y los niños y adolescentes en una entrevista en Onda Cero. Pero aunque la dirección de Alberto Núñez Feijóo admite que la acogida es obligatoria por el decreto ley aprobado el pasado año en el Congreso, varios gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox han anunciado que van a rechazar a los menores procedentes de Ceuta. 

Una consigna que dejó más que clara el líder de Vox, Santiago Abascal, tras afirmar el martes que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a la acogida de los menores que se encuentran solos en Ceuta. Los pactos de coalición firmados por ambos partidos en Aragón, Castilla y León, Extremadura y Andalucía contienen prácticamente la misma cláusula. Bajo el enunciado “No más menores extranjeros no acompañados”, los ejecutivos se comprometen a oponerse por medios políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de distribución de inmigrantes, incluidos los menores. 

El contraste con julio de 2024 es significativo. Entonces, Feijóo anunció que las comunidades gobernadas por su partido aceptarían el traslado —entonces voluntario— de unos 400 menores desde Canarias y Ceuta. El líder del PP defendió aquel acuerdo como un ejercicio de solidaridad y como un “último esfuerzo” ante la falta de una política migratoria suficiente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Vox respondió abandonando los gobiernos de coalición de Aragón, Castilla y León, Extremadura, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Abascal había advertido de que consideraría rotos los ejecutivos si el PP aceptaba el reparto. Génova acusó entonces a los ultraderechistas de irresponsabilidad y sostuvo que la acogida de entre diez y treinta menores por comunidad era solo una coartada para romper unas coaliciones que, según el PP, funcionaban correctamente.

Dos años después, Vox ha regresado a varios gobiernos autonómicos y lo ha hecho con mayor capacidad para condicionar sus políticas— con la “prioridad nacional” como bandera— y el PP procura evitar que una nueva crisis migratoria vuelva a provocar una ruptura de la derecha. En lugar de defender desde el principio la solidaridad territorial, Génova ha comenzado cuestionando la acogida y no ha sido hasta este miércoles cuando ha reconocido que sus comunidades deberán cumplir la legislación, aunque no estén de acuerdo con ella.

En 2024, el reparto acordado en la conferencia sectorial era voluntario. Desde la reforma de la ley de extranjería aprobada en marzo de 2025, el Estado dispone de un mecanismo obligatorio para reubicar a menores cuando el sistema de protección de un territorio supera su capacidad ordinaria y se declara una contingencia migratoria extraordinaria. Y Ceuta se encuentra precisamente entre los territorios para los que el Gobierno declaró esa contingencia. Su presidente, Juan Jesús Vivas (del PP), asegura que se está viviendo una situación “absolutamente insostenible” en la ciudad autónoma por la presión migratoria y ha pedido “socorro, auxilio, ayuda y solidaridad” al Gobierno y al resto de comunidades.

La normativa establece un procedimiento de traslado y atribuye a las comunidades de destino la tutela y protección de los menores que les sean asignados. Las autonomías pueden recurrir el reparto, como ya han anunciado algunas comunidades autónomas, y reclamar más financiación, pero no disponen de un veto ni pueden negarse a las reubicaciones mientras la norma siga vigente y los tribunales no suspendan su aplicación.

La obligación alcanza incluso a Vox. Uno de sus dirigentes autonómicos, el vicepresidente andaluz Manuel Gavira, ha reconocido que la situación jurídica es distinta a la de 2024 y que las comunidades tendrán que acatar la legislación, aunque su partido rechace el sistema. Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado que utilizarán “todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos” para oponerse al reparto. 

El endurecimiento del PP se produce, además, mientras las instituciones europeas han cerrado filas con España frente a la crisis de Ceuta pese a las críticas iniciales. Los ministros de Interior de la Unión Europea y de los países asociados a Schengen —muchos de la familia del PP— han trasladado su “fuerte solidaridad” con España y han valorado la actuación “rápida y eficaz” de las autoridades españolas. La declaración europea también destacó que la mayoría de las personas que habían cruzado irregularmente habían sido retornadas y que no se había producido un movimiento relevante hacia la península ni hacia otros Estados miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había reaccionado previamente a la situación de Ceuta y condenado las entradas irregulares y los cruces peligrosos. El respaldo europeo permitió al Gobierno contener las críticas iniciales de algunos socios, preocupados por una posible circulación secundaria de migrantes por el espacio Schengen, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que calificó lo ocurrido como una “amenaza para la seguridad de las fronteras europeas” y promovió junto con otros 21 líderes europeos una reunión urgente de ministros de Interior.

Mientras la UE ha situado el episodio en el ámbito de la cooperación con España y de la defensa de una frontera exterior común, desmontando la idea de un Gobierno aislado en Europa, el PP y Vox han intentado trasladarlo al terreno de la confrontación interna. Tellado fue el primero en hablar de seguridad nacional y reclamar devoluciones y se negó a aclarar si las comunidades lideradas por su formación acogerían a los menores, como les reclama no solo el Gobierno, sino también el popular Vivas.

Si llegaran realmente a incumplir con la acogida, el Gobierno podría requerir formalmente a la administración autonómica para que ejecutase el traslado y acudir después a los tribunales. También podrían intervenir la Fiscalía o las entidades encargadas de velar por los derechos de los menores si la negativa provocase una situación de desprotección. Para hablar de desobediencia penal sería necesario analizar la conducta concreta de una autoridad, la existencia de una orden clara y su negativa consciente y reiterada a cumplirla. 

Hay varios motivos que explican la postura del PP. El primero es la competencia electoral con Vox. La hostilidad contra los migrantes es uno de los asuntos de los que la extrema derecha ha hecho bandera. Cuando se produce una crisis fronteriza, como ha sido el caso, el PP teme que una posición centrada en la protección de los menores sea presentada por Vox como una cesión al Gobierno. Adoptar expresiones como “seguridad nacional”, insistir en las devoluciones y cuestionar el reparto permite a Génova reducir inicialmente la distancia con Abascal.

El segundo factor es la nueva dependencia autonómica. Tras las elecciones celebradas en el nuevo ciclo electoral, el PP ha vuelto a alcanzar acuerdos de gobierno con Vox. La extrema derecha ha aprendido de la ruptura de hace dos años y ha introducido en los pactos cláusulas explícitas contra la acogida, que los conservadores han aceptado sin reproches. El margen de los presidentes del PP es menor ahora que hace dos años, porque aceptar un traslado sin confrontación puede ser presentado como un incumplimiento del acuerdo de coalición.

El tercero es el recuerdo de la crisis de hace dos veranos. La salida de Vox dejó al PP gobernando en minoría y demostró que Abascal estaba dispuesto a sacrificar poder institucional para mantener su posición sobre inmigración. Génova sabe que la amenaza puede repetirse, aunque en los pactos los ultras se comprometieron a aprobar todos los presupuestos. Su reacción inicial ante Ceuta parece dirigida tanto contra Sánchez como a evitar que Vox vuelva a ocupar en solitario el espacio del rechazo.

Existe también una razón de estrategia nacional. El PP pretende convertir cualquier crisis migratoria en una prueba de incapacidad de Sánchez. Admitir desde el primer momento que las comunidades deben acoger a los menores debilitaría ese relato y obligaría a hablar de corresponsabilidad territorial. Por eso, combina la aceptación final de la ley con condiciones políticas: que el reparto sea “justo”, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad y que se prioricen las devoluciones o las reagrupaciones familiares.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confiado este miércoles en no entrar en un conflicto judicial con el PP por una hipotética negativa de sus comunidades a acoger menores inmigrantes procedentes de Ceuta, actitud que ha achacado al temor a romper sus pactos con Vox.

Cuerpo se ha referido a la actitud de las autonomías gobernadas por el PP ante ese reparto de menores tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en una entrevista en Televisión Española en la que ha considerado que defendido la gestión de esta situación por parte del Ejecutivo.

Ante las voces del PP, como las de su secretario general, Miguel Tellado, en las que apuntan sus reticencias a ese reparto de menores, Cuerpo ha señalado que en este asunto "no hay discusión".

"Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno. No espero otra cosa", ha subrayado.

En esa línea ha abundado confiando en que el Gobierno no tenga que entrar en ningún tipo de conflicto jurídico o judicial con el PP en materia de cumplimiento de la ley.

Tras señalar que hay unos elementos objetivos para el reparto para reducir la presión migratoria de lugares como Canarias, Ceuta o Melilla, ha apelado a la solidaridad de las autonomías.

Cuerpo ha recordado que en los últimos días varios dirigentes del PP, entre ellos su líder, Alberto Núñez Feijóo, han visitado la ciudad autónoma, y ha dicho que con ello entiende que querían transmitir un mensaje de solidaridad que no casaría con su actuación posterior en caso de negarse otras comunidades a acoger a los menores.

Eso sería un "mensaje pobre", ha señalado el vicepresidente, quien ha considerado que la actitud del PP se debe a sus pactos con Vox y al hecho de que la cuestión migratoria motivó anteriormente la ruptura entre ambos partidos en varias comunidades en las que tenían pactos.

"Entiendo que lo que quieren es evitar esa situación en gobiernos que se han formado apenas hace unos meses", ha apostillado.

Resulta imposible creer que la entrada de 60.000 personas en Ceuta se haya producido sin la permisividad de las autoridades marroquíes, en lo que supone la mayor crisis migratoria de la historia de España. El balance de muertos asciende ya a 87, entre ellos varios menores, de manera que esto es también una crisis humanitaria de primer orden. Aunque Pedro Sánchez habla de “una violación de la integridad territorial de España” y atribuye lo ocurrido a la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de personas, todo indica que estamos ante un episodio de guerra híbrida, la forma contemporánea en que algunos Estados atacan sin declarar formalmente la guerra, combinando flujos migratorios, ciberataques, desinformación, uso coercitivo de la energía y otros métodos para desestabilizar un país. ¿Dónde estaba el CNI, teniendo en cuenta la dilatada trayectoria del régimen de Rabat y la importancia de Marruecos para España?

Este evento guarda enormes similitudes con el que tuvo lugar en el verano de 2021: tras las fraudulentas elecciones de 2020 en Bielorrusia y la posterior represión contra la oposición, el régimen de Lukashenko vio cómo Europa congelaba sus activos, imponía prohibiciones de entrada en la Unión Europea a dirigentes bielorrusos y bloqueaba los fondos europeos con destino a las entidades y personas sancionadas. La respuesta de Bielorrusia fue facilitar la llegada de entre 8.000 y 10.000 migrantes procedentes de Irak y Siria a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. Tras este intento de intimidación, Europa amplió las sanciones a militares, jueces, funcionarios, aerolíneas, empresas estatales y operadores logísticos implicados. La firmeza es la única respuesta posible a los gobernantes autoritarios. La operación de Lukashenko fue documentada por la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas.

Miembros de la Guardia Civil describieron el pasado viernes la actitud de la gendarmería marroquí durante la noche del jueves, y lo hicieron sin matices: “permanecieron de brazos cruzados”, dejando a las fuerzas españolas indefensas ante la avalancha. Estas conductas suelen obedecer a decisiones políticas. La propia agencia EFE constató la práctica desaparición de controles en la frontera durante la madrugada, mientras que el viernes los gendarmes actuaron lanzando gases lacrimógenos. No resulta verosímil que una guardia de fronteras pase, en apenas unas horas, de la inacción al ataque con material antidisturbios. Este es precisamente uno de los patrones de la guerra híbrida: un Estado activa o desactiva la presión a conveniencia, sin declarar sus intenciones y dejando al país objeto de la agresión la gestión del caos y el coste político.

España no puede determinar su política exterior en función de los intereses de una monarquía autoritaria como la marroquí. Disponemos de fuerza diplomática y económica más que suficiente para imponer nuestros criterios, que siempre deben ser los principios propios del Estado de derecho y el derecho internacional. Denunciar la instrumentalización de los flujos migratorios no supone ignorar la obligación ética y jurídica de los Estados de proteger a quienes arriesgan sus vidas cruzando las fronteras, especialmente a los menores.

El comportamiento de Marruecos no constituye una anomalía aislada, sino el mismo patrón que España ya sufrió hace cinco años. Durante la pandemia, en abril de 2021, nuestro país acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias. Rabat interpretó este gesto como una hostilidad manifiesta, suspendió la colaboración fronteriza y dejó a España expuesta en su punto más vulnerable. Tan solo un mes después, los días 17 y 18 de mayo, la relajación de los controles en el lado marroquí permitió la entrada de 10.000 personas en Ceuta en cuestión de horas, desestabilizando nuestro flanco sur.

Entre mayo y junio de 2021, los teléfonos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de Pedro Sánchez fueron intervenidos mediante Pegasus, un programa de espionaje informático extremadamente sofisticado, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y comercializado exclusivamente para gobiernos y organismos estatales. Según publicaciones de El País y El Confidencial, el teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habría sido infectado, aunque el Gobierno lo niega. Los ataques fueron confirmados por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. Durante los meses siguientes, Marruecos bloqueó todo contacto diplomático, suspendió la colaboración antiterrorista y dejó a España sin interlocución política en un área crítica para nuestra seguridad.

En marzo de 2022, Madrid modificó su tradicional postura sobre el Sáhara y restableció la cooperación con Marruecos a costa de los saharauis y de la relación con Argelia —nuestro principal proveedor de gas—, algo nunca explicado en sede parlamentaria. Esa cesión, que Rabat interpretó como debilidad, abrió un segundo frente diplomático: Argelia suspendió el Tratado de Amistad de 20 años, retiró a su embajador y bloqueó parte del comercio bilateral. Solo ahora, en 2026, España ha intentado recomponer la relación con Argel, chocando con los intereses de Rabat de convertirse en el actor dominante del norte de África.

Históricamente, las políticas de apaciguamiento no han servido para contener las aspiraciones de los Estados autoritarios. En la cosmovisión de algunos sectores del nacionalismo marroquí, herederos de las ideas de Allal el Fassi y del partido Istiqlal, persiste la idea del Gran Marruecos, que incluye Ceuta y Melilla —ignorando la historia y el derecho internacional—, el Sáhara Occidental, el oeste de Argelia, gran parte de Mauritania, los islotes y peñones españoles, el norte de Malí y Canarias. Las posturas de debilidad no frenarán esas ansias expansionistas.

En el ámbito político estadounidense, ha comenzado a penetrar esta narrativa nacionalista marroquí, que presenta a España como potencia colonial en Ceuta y Melilla. Un informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes describió ambas ciudades como territorios marroquíes “bajo administración española” y propuso que el secretario de Estado, Marco Rubio, promoviera una solución diplomática sobre su futuro. El principal impulsor de ese lenguaje fue el congresista republicano Mario Díaz-Balart, estrecho aliado de Rubio y Trump. Esta posición no forma parte de la política exterior de Estados Unidos, pero refleja una creciente corriente que cuestiona la soberanía española sobre ambas ciudades.

Por si fuera poco, todo se integra en las actuales dinámicas de la ultraderecha mundial, que buscan fortalecer los regímenes autoritarios en detrimento de las democracias. Estados Unidos, por boca de su vicepresidente, J. D. Vance, se ha apresurado a decir: “Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente”. Dinamarca, Finlandia e Italia, por su parte, ya han planteado —en un movimiento coral— la suspensión del Acuerdo de Schengen con Madrid.

No es posible afirmar que Washington o Tel Aviv tengan algo que ver en esta crisis, pero sus reacciones favorables a Rabat y contrarias a un país miembro de la OTAN como España sí pueden interpretarse como una hostilidad provocada por la inequívoca condena de Pedro Sánchez al genocidio en Gaza.

Al final, esta crisis quedará subsumida en la geopolítica y el problema humanitario será lo último en ser atendido; no hay más que ver la reacción de algunos socios europeos, para quienes la solidaridad no parece ser una prioridad. La frontera entre Marruecos y España es una de las más desiguales del planeta: la renta per cápita anual española es de alrededor de 40.600 dólares, mientras que la marroquí es de 5.100, según el Fondo Monetario Internacional. Esto supone una cuestión estructural de máxima gravedad porque esa diferencia, unida al hecho de que Marruecos dispone de millones de jóvenes dispuestos a cruzar la frontera, garantiza la persistencia de este problema.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no emitió ningún informe ni aviso que advirtiera de una posible entrada masiva de personas en Ceuta como la registrada la pasada semana, ni siquiera de una situación similar a la ocurrida en 2021.

Marlaska ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa después de participar en la reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la Unión Europea, convocada a raíz de la crisis en la ciudad autónoma.

Tras elogiar el trabajo del CNI y de los servicios de información, el ministro ha recalcado que, de haber existido una alerta sobre un episodio comparable al de 2021, cuando unas 10.000 personas entraron en Ceuta, esta habría llegado a las más altas instancias del Estado. “Eso no ocurrió”, ha afirmado.

El titular de Interior también ha indicado que 70.000 de las 72.000 personas que entraron en Ceuta la pasada semana ya han regresado a Marruecos. Según ha explicado, se estudiarán los casos restantes para devolver a quienes no tengan derecho a permanecer en España.

Los ministros europeos han trasladado durante la reunión su “firme solidaridad” con España y han reconocido el trabajo realizado durante la crisis. También han defendido la necesidad de seguir combatiendo las redes de tráfico de personas y de mejorar la capacidad de prevención ante situaciones similares.

Marlaska se ha mostrado además confiado en que Italia levante “a la mayor brevedad” los controles establecidos en las fronteras aéreas y marítimas interiores con España. El ministro considera que estas medidas carecen “absolutamente de necesidad y de proporcionalidad” y ha asegurado que el espacio Schengen no ha estado “ni en mínimo peligro” por la crisis de Ceuta.

El responsable de Interior ha recordado que España recibe movimientos migratorios secundarios procedentes del este de Europa y que, pese a ello, no ha impuesto controles en sus fronteras interiores.

Según Marlaska, el ministro italiano reconoció durante la reunión el trabajo desarrollado por España, aunque no confirmó expresamente que los controles fueran a retirarse. “Espero que los levante a la mayor brevedad”, ha insistido.

El ministro también ha defendido que en España se están respetando los derechos fundamentales de los menores, de las personas vulnerables y de los adultos que llegaron a Ceuta, después de que varias ONG presentes en la ciudad denunciaran un trato inhumano.

Marlaska ha admitido que durante el primer día pudieron producirse algunos “desajustes”, pero ha afirmado que fueron resolviéndose y que las autoridades están ofreciendo una respuesta “razonablemente inmediata a cualquier contingencia”.

Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) han mostrado este martes su "firme solidaridad" con España tras la crisis migratoria en Ceuta (España) y han destacado la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

Al término de la videoconferencia, los ministros de los Veintisiete han valorado "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación" en la ciudad autónoma.

Y han alcanzado un consenso sobre la necesidad de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de "forjar alianzas sólidas con países terceros", según se lee en un comunicado difundido por el Consejo de la unión, la representación de los Estados miembros.

También han expresado la necesidad "de mejorar el conocimiento compartido de la situación" para lo que han propuesto "el desarrollo de sistemas de alerta temprana como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales". 

"La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Felicitamos a España por su rápida respuesta a la situación en Ceuta y expresamos nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas. Las fronteras exteriores de la UE son responsabilidad compartida, y la migración requiere una respuesta europea unificada", ha dicho Jim O'Callaghan, ministro de Interior de Irlanda, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo.

Las muestras de solidaridad con España y el reconocimiento del papel de Marruecos en la gestión de la crisis en días previos han sido unánimes, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes han apuntado que el uso de la desinformación en este tipo de situaciones supone trabajar para los enemigos de la UE.

A este respecto, los ministros han señalado que la comunicación en momentos de crisis "podría reforzarse aún más mediante una coordinación oportuna y debería ser más coherente, especialmente para contrarrestar a los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera".

En el encuentro telemático también han participado los países asociados al espacio Schengen fuera de la UE -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza-, que se han unido a las muestras de solidaridad con España, al igual que las agencias europeas Frontex (fronteras), Europol (policial) y de Asilo.

La última actualización que el Ejecutivo español ha proporcionado a los ministros, según el Consejo, es que "la gran mayoría" de las personas que cruzaron a territorio español la pasada semana "han sido devueltas" y que no se han producido desplazamientos desde Ceuta -situada en el continente africano- hacia Europa continental.

Según O'Callaghan, la reunión ha servido para que los Estados miembros evalúen los instrumentos de los que ya dispone, identifiquen las áreas donde se necesita mayor cooperación y avancen en los preparativos para la próxima reunión ministerial y el Consejo Europeo de octubre.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria.

En declaraciones a los medios este martes, la ministra ha explicado que el Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

Con estos recursos, Saiz ha asegurado que el Gobierno demuestra que "ha estado y va a seguir estando" con Ceuta y especialmente al lado de "los más vulnerables". 

Se trata de una partida habilitada desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, que hará una transferencia de crédito extraordinario a la ciudad autónoma por los mecanismos ya articulados, ha detallado la ministra.

Saiz ha apelado a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, "por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular", para dar atención a los menores.

La también portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha vuelto a reiterar este martes que, aunque el Ejecutivo tenía información de que se produciría un repunte de llegadas irregulares propio del verano, no dispuso "nunca" de un informe que hablara de "la magnitud del hecho inédito" que se vivió el pasado jueves en Ceuta.

Saiz ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre la información conocida ayer por parte de fuentes del Ministerio de Exteriores marroquí, de que el país alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta acerca de la sentencia del Tribunal Supremo español de comienzos de julio.

La ministra ha subrayado la colaboración de Marruecos, sin la que no hubiera sido posible una "respuesta tan excepcional" por parte del Gobierno a la emergencia, y se ha remitido a la reunión del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea en la que participa esta mañana el titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska.

También ha destacado las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con las que aplaudió este lunes la gestión de España en esta crisis.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han informado este martes que, tras la coordinación con el Ministerio de Educación, se han habilitado dos centros educativos en Ceuta como lugar de atención a los menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma, especialmente para las niñas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a Ceuta en los próximos días, han señalado las mismas fuentes, para hacer un seguimiento de la situación y con el objetivo de activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna a todos estos niños, niñas y adolescentes.

Dentro de estos mecanismos se encuentra la modificación de la ley de extranjería, que establece un modelo de reubicación de los menores llegados a zonas con alta presión migratoria, como era el caso de Ceuta ya incluso antes de esta crisis, a otras comunidades.

Las fuentes ministeriales han recordado que la misma norma establece la posibilidad de firmar convenios con ONG para la protección de estos jóvenes y la reagrupación familiar, "siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor".

Estos mecanismos se aplicarán caso por caso para garantizar los derechos de cada uno de estos niños y, para ello, se ha reforzado la filiación individualizada, un paso imprescindible antes de trasladarles a los dispositivos de protección. 

La portavoz del Gobierno también ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dimitir por la compra del ático en Chamberí.

En relación con las informaciones sobre la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático que la presidenta regiona iba a utilizar como oficina temporal durante unas obras en el Palacio de Correos en Sol, Saiz ha comentado que "el tiempo de las explicaciones ya ha pasado" y ha considerado que "la señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir".

En declaraciones a los medios, la ministra también ha confesado que le "llama la atención" el "silencio atronador" respecto a esta cuestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, ha asegurado que "fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta, en la que trasladará el compromiso de España con el control de las fronteras europeas y la normativa fronteriza comunitaria.

Tras la crisis en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros de Interior, a la par que expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos.

En esta reunión, el titular de Interior comunicará a sus homólogos europeos que la política migratoria de España es "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos", país que considera "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua", según han explicado fuentes del ministerio del Interior.

Las citadas fuentes recuerdan que Marlaska ya dejó claro el 1 de agosto que "no se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria".

Al término de la reunión del consejo extraordinario de ministros, que dará comienzo a las 10:00 horas, Marlaska atenderá a los medios de comunicación desde la sede del Ministerio para explicar el contenido del encuentro.

En su carta de respuesta a Sánchez, conocida ayer, von der Leyen elogió la gestión eficaz de la situación por parte de las autoridades de España y Marruecos, a la par que hizo hincapié en la necesidad de dar una "respuesta europea común", unida y solidaria a la crisis migratoria.

El titular de Interior transmitirá hoy, asimismo, su confianza en que se "reconducirán" los "incrementos" de llegadas irregulares en las ciudades autónomas y que España "hará frente a cualquier crisis, a las que están expuestos todos los países de primera entrada de la Unión Europea"

Está previsto también, subrayan las fuentes, que el ministro exponga las cifras de llegadas irregulares a España, que se redujeron en más de un 42% en 2025 y con un descenso cercano al 25% en el conjunto de España, según los últimos datos recogidos hasta el 16 de julio.

Según informó el Gobierno el domingo, alrededor de 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército continuarán desplegados en Ceuta "el tiempo necesario" para garantizar la seguridad en la ciudad.

Entre la madrugada del 30 de julio y la tarde del 31, cerca de 50.000 personas —en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes— cruzaron de forma irregular hacia Ceuta, a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. El balance de víctimas mortales, que al escribir estas líneas se aproxima ya a la centena de ahogados, multiplica varias veces la crisis de mayo de 2021 y convierte lo ocurrido en el episodio migratorio más grave registrado nunca en una frontera española. No es un hecho aislado: es un síntoma. La democracia europea —y española— está sometida a presiones que proceden de la geopolítica de los países vecinos, de la instrumentalización del derecho con fines políticos, de una Administración estadounidense que ha convertido la inmigración en arma política y de una ultraderecha que ha utilizado la tragedia como argumento contra las políticas progresistas españolas.

El debate se ha trasladado enseguida a las relaciones internacionales, a los intereses económicos y a las elecciones próximas de determinados líderes, incluso al fútbol, ante la disputa de si la final se jugará en el Bernabéu, el Camp Nou o el Hassan II de Casablanca. Asuntos relevantes, pero cuyo estudio muestra una carencia importante: los grandes argumentos olvidan a los muertos. Hay familias desoladas, vagando por Ceuta en busca de sus desaparecidos, sin saber si siguen vivos. Muchos de los que cruzaron eran tan jóvenes que cayeron en el anzuelo de las redes sociales, que prometían nacionalidad, trabajo o un futuro mejor a quienes solo tenían un presente incierto. Como advirtió Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, han convertido el derecho al movimiento en un instrumento de chantaje entre países. No es la primera vez que Marruecos lanza ese mensaje a su población más joven —muchos casi niños, soñando con ser futbolistas como Lamine Yamal—; y resulta revelador que, cuando llegó la orden de regreso, la inmensa mayoría volviera de inmediato, sin discusión. Queda la duda de si la decisión fue igual de "libre" en el viaje de ida.

El pasado 8 de julio la Sala Tercera del TS estableció que el rechazo en frontera solo es aplicable cuando la entrada se produce superando las vallas, y no cuando se accede por mar a nado. Aplica la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 y protege el derecho a no ser expulsado sin garantías individualizadas; pero, al excluir del rechazo la vía marítima, convirtió el mar en una ruta jurídicamente menos hostil que una cerca, creando un incentivo perverso sobre personas desesperadas y manipuladas por redes de tráfico, en un tramo de costa donde la letalidad está garantizada. Un tribunal no puede resolver una cuestión sustantiva sin ponderar el efecto de su fallo sobre conductas humanas en juego de vida o muerte. La doctrina puede ser sólida, pero su aplicación práctica, sin medidas paralelas de rescate, se ha convertido en una trampa mortal.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno central el cierre urgente de la frontera, el despliegue del Ejército y la emergencia nacional, evitando incluso comparecer junto a Sánchez en su visita. Es comprensible en quien carece de competencias sobre fronteras y vio su ciudad de 80.000 habitantes desbordada; pero exigir medios no es ofrecer una solución, y Vivas ha optado por el reproche político antes que por la corresponsabilidad institucional que la situación exigía.

La tensión derivó en enfrentamientos entre parte de la población ceutí y los recién llegados, con militares atendiendo heridos en plena calle: consecuencia del colapso de los servicios de acogida y de un clima de miedo alimentado por bulos y por un discurso ultraderechista que describe a los recién llegados como fuerza de ocupación. Ese discurso tiene nombre y apellidos. Este domingo, Santiago Abascal viajó a Ceuta y calificó lo ocurrido de "acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez", reclamando la militarización permanente de la frontera y la devolución de todos los marroquíes en situación irregular. Le acompañaba el portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé. Cabe preguntarse cómo concilia esa hostilidad con su alineamiento incondicional con Trump, precisamente quien ha recompensado a Marruecos por su cercanía. No es una invasión islámica; los propios ceutíes se lo dejaron claro en la calle a los bulistas desplazados hasta allí.

Que ciudadanos españoles se vean empujados a la autodefensa vecinal ante la ausencia de un dispositivo estatal ordenado es, en sí mismo, un fracaso de la respuesta pública. El rey Felipe VI habló con Sánchez, Vivas y Feijóo, expresando su preocupación y reclamando medidas que garanticen la seguridad de Ceuta y Melilla: papel institucional correcto, pero que no sustituye la decisión política que corresponde al Gobierno y a las Cortes.

Tampoco puede eludirse la responsabilidad de los servicios de inteligencia. El CNI ya advirtió, tras 2021, que Rabat empleaba las llegadas masivas como instrumento de presión vinculado al Sáhara, y la Guardia Civil venía detectando un repunte de intentos por mar. Que el Ejecutivo alegara después falta de información porque su atención estaba en los incendios no exonera a un aparato de seguridad que, conociendo el precedente de 2021, debía mantener activada una alerta permanente. Del lado marroquí, la inhibición inicial de policías y gendarmes, seguida de una contención tan eficaz que logró el retorno voluntario de casi todos, revela una capacidad que se activó solo cuando convino a Rabat: no es fallo de inteligencia, sino mirar hacia otro lado en el momento oportuno. Dicho esto, la reacción posterior del Gobierno ha funcionado, con el cierre preventivo de Melilla incluido, y la respuesta de Sánchez a los gobiernos que atacaron a España, calificando de "reacciones egoístas" las de quienes exigían sanciones sin ofrecer solidaridad, ha resultado clara.

Italia, gobernada por la extrema derecha de Giorgia Meloni y sin frontera compartida con Marruecos, aprovechó una crisis ajena para escenificar un gesto de firmeza migratoria de pura rentabilidad interna, impulsando la suspensión de España en Schengen durante un mes, a la que se sumaron con distinta intensidad Polonia, Finlandia, Austria, Chequia y Dinamarca. No cuajó en Francia, que reforzó controles sin secundar la suspensión; ni en Alemania, que exigió a Marruecos la readmisión inmediata; ni en Von der Leyen y Costa, solidarios con España sin respaldar a Roma; ni en el Reino Unido, cuyo primer ministro ofreció apoyo, pero subrayó que se trataba, ante todo, de un problema español. La crisis ha evidenciado que España carece de una alianza mediterránea que contrapese a los gobiernos conservadores europeos y a discursos como el de Nigel Farage, que habla de una batalla por la civilización.

Sánchez respondió sosteniendo que la solidaridad y la empatía son opcionales, pero que el respeto a los tratados y a los datos es vinculante. Es una réplica eficaz, porque la suspensión de Schengen exige criterios objetivos mientras el reparto de solicitantes de protección sigue dependiendo de la voluntad de cada Estado; pero no resuelve el problema de fondo: una arquitectura europea donde el control fronterizo es exigible y la solidaridad graciable. Esa asimetría es, precisamente, lo que hay que corregir.

Apenas diez días antes de la crisis, Sánchez viajó a Argel para normalizar relaciones rotas desde 2022; tres días después, el Congreso comenzó a tramitar una ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1975. Marruecos tiene una tradición bien documentada de someter a España a pruebas de estrés cada vez que percibe un acercamiento con Argelia y el Polisario: desde la Marcha Verde de 1975, pasando por Perejil en 2002 y la avalancha de 2021, hasta esta movilización masiva. No es una sucesión de episodios inconexos, sino un patrón perfeccionado durante medio siglo.

El vínculo entre Rabat y Washington explica buena parte del contexto. Marruecos fue de los primeros países árabes en firmar los Acuerdos de Abraham con Israel, y Trump lo recompensó reconociendo su soberanía sobre el Sáhara Occidental; al restablecer los aranceles universales, excluyó las importaciones marroquíes de roca fosfórica, de la que Marruecos posee el 70% de las reservas mundiales, sin perder de vista el gaseoducto proyectado sobre un Sáhara cuya soberanía marroquí reclama. Además, ha firmado contratos millonarios de armamento con Estados Unidos, y el mismo sábado de la avalancha, Washington ratificaba esa soberanía por carta.

La doctrina Trump se caracteriza por la criminalización del migrante, la militarización de la frontera propia, más de 600.000 deportaciones desde enero de 2025 y el uso de la inmigración como arma electoral. Lo que hace Marruecos es distinto en su mecánica, pero convergente en lo esencial: ambas aproximaciones instrumentalizan a los migrantes como munición geopolítica, con precedentes en Bielorrusia frente a Polonia o Turquía frente a Grecia. Trump no provocó la crisis ceutí, pero se apresuró a explotarla con la misma gramática que aplica a su propia frontera sur, y que emplean también Vox y sus aliados europeos.

La solución pasa por varios ejes: reforzar el salvamento marítimo; articular vías legales y seguras de migración que vacíen de sentido el negocio de las mafias; una solidaridad europea obligatoria, no voluntaria; una diplomacia con Marruecos basada en el respeto pero también en la firmeza, porque Rabat interpreta la cesión como debilidad. Y la atención prioritaria a los menores no acompañados —770 acogidos en Ceuta frente a 29 plazas ordinarias—, cuya situación vulnera de forma flagrante la Convención de los Derechos del Niño.

¿Aporta algo la posición del PP y de Vox? Muy poco, y lo poco que aporta viene envuelto en un relato que agrava el problema. Existen demandas técnicamente razonables en el discurso del PP —refuerzo de medios, respuesta europea más contundente, comparecencia del Gobierno— que podrían plantearse sin el lenguaje de la invasión. Pero ese discurso queda contaminado por un marco ideológico que convierte al migrante, por definición, en sospechoso o amenaza, vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y bordeando los tipos penales de incitación al odio de los artículos 510 y 511 del Código Penal. 

Núñez Feijóo ha optado, además, por un oportunismo de manual: en vez de exigir responsabilidades por los canales institucionales que le corresponden, contactó por su cuenta con una veintena de dirigentes internacionales y con la Administración estadounidense, internacionalizando el desgaste del Gobierno. Mientras, dejó que su secretario general acusara a Sánchez de un "efecto llamada" por la regularización de más de un millón de inmigrantes, la misma lógica simplificadora de Vox, que exige militarizar la frontera y devolver de inmediato a todos los marroquíes, equiparando a menores y familias con una fuerza de ocupación. Ambos coinciden en calificar la crisis como invasión, término jurídicamente inaplicable a un fenómeno protagonizado por civiles desarmados, y que cumple una función precisa: deshumanizar al migrante.

Esta dinámica se inserta en la misma línea que la instrumentalización del Poder Judicial, la posverdad y las políticas xenófobas: expresiones de un mismo fenómeno de erosión democrática, con idéntica lógica autoritaria, sustituir el imperio de la ley por la gestión discrecional del miedo. Ceuta es un test de estrés para la calidad democrática española y europea. La dignidad humana no admite excepciones territoriales: se protege en la frontera exterior de la Unión con el mismo rigor con que en cualquier tribunal, o no se protege en ningún sitio.

Me queda la amargura de comprobar que las ilusiones de mejora que todos albergamos no existen para buena parte de quienes hoy deciden. No buscan la felicidad de sus administrados, sino el beneficio de quienes los auspician. La solidaridad se hace añicos cuando las personas se convierten en peones y dejan de ser vistas como seres humanos, reducidas a cifras que solo sirven para comparar si la tragedia fue grande. A eso conduce la geopolítica mortal en la que estamos sumidos. Ceder a esa tentación sería la prueba de que Europa ha decidido sacrificar sus principios fundacionales en el altar del miedo.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

“Una mujer estuvo inconsciente durante diez minutos. Llevaba tres días sin comer”. Con este episodio, Lara Salceda, integrante del equipo jurídico de No Name Kitchen, resume la situación que ha presenciado durante los últimos días en Ceuta. Entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos y la crisis ha dejado al menos 88 muertos, según el último balance del Gobierno de la ciudad autónoma, donde la organización humanitaria de asistencia social trabaja sobre el terreno desde 2021. 

Las primeras señales de alarma, asegura, no llegaron con la entrada masiva del pasado jueves, sino unos diez días antes. “Empezaron a llegar unas 300 o 400 personas al día”, recuerda. Aunque esta ruta suele registrar un aumento de los cruces a nado o por la valla durante determinadas épocas, Salceda sostiene que entonces el volumen comenzó a ser muy superior al habitual.

La organización advirtió pronto de que el sistema de acogida estaba desbordado. El CETI llevaba unas dos semanas completo y, antes incluso del jueves, alrededor de un millar de personas esperaba fuera de un centro con capacidad para unas 700, según sus cálculos. No Name Kitchen trataba de informarles de que podían solicitar protección internacional, aunque tenían que esperar para poder iniciar el procedimiento. Mientras tanto, el reparto de agua y comida resultaba “muy escaso” para el número de personas concentradas allí. “La gente empezó a darse cuenta de que iba a haber problemas y de que el proceso sería muy lento por falta de recursos”, resume.

Salceda subraya que la primera reacción de quienes sobreviven al trayecto suele ser de alivio. “Cuando llegan sienten un gran alivio porque no tenemos que olvidar que en esta ruta muere mucha gente”, explica. Muchas personas celebran haber alcanzado Ceuta después de dejar atrás “su vida, su familia, sus costumbres y todo” con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, esa euforia inicial se diluye conforme pasan los días y descubren la falta de plazas, la lentitud de los trámites y las dificultades para conseguir algo tan básico como comida o agua.

La entrada de miles de personas obligó a No Name Kitchen a reorganizar su actividad. El equipo sanitario se centró en atender a quienes llegaban con rozaduras provocadas por los trajes de neopreno y cortes sufridos al salir del mar entre las rocas. “Vimos que lo que necesitaban inicialmente era ayuda sanitaria”, recuerda Salceda.

El equipo jurídico, del que forma parte la entrevistada, comenzó a recopilar nombres, datos y testimonios para dejar constancia de la presencia de estas personas en territorio español ante el riesgo de que fueran devueltas. Fue mientras realizaba ese trabajo frente al CETI cuando una mujer perdió el conocimiento.

Siete personas tuvieron que cargarla en brazos para acercarla hasta el centro, situado en una zona elevada. Desde las instalaciones les lanzaron una botella de agua y la mujer terminó recuperándose después de permanecer unos diez minutos inconsciente y comer unos dátiles. “Llevaba tres días sin comer”, relata Salceda, que denuncia además una “escasez de agua importantísima”.

Entre quienes esperaban en el exterior había personas procedentes de Sudán, Mali, Chad, Guinea, Senegal, Yemen o Afganistán. Muchas, destaca la integrante de No Name Kitchen, habían recorrido durante meses rutas especialmente largas y peligrosas. “Hay personas que iniciaron el viaje hace ocho o nueve meses, incluso un año, y llega hasta aquí y se encuentra con que no puede ni beber agua ni comer”, lamenta.

Salceda asegura, además, que algunas personas, especialmente las procedentes de Marruecos, Argelia y otros países del Magreb, evitaban permanecer en lugares visibles por miedo a ser localizadas y devueltas.

No Name Kitchen colabora habitualmente con entidades como Luna Blanca, vinculada a la mezquita de Sidi Embarek, y con otras asociaciones que acompañan a personas migrantes y refugiadas en Ceuta. Durante estos días, las organizaciones han intentado cubrir las necesidades más urgentes, desde el reparto de alimentos y agua hasta las curas y el asesoramiento. “Intentamos hacer distribuciones de comida y agua, pero está siendo muy complicado”, reconoce Salceda.

La llegada de miles de personas ha superado, afirma, la capacidad de unas entidades con recursos limitados. “Las organizaciones hacemos lo que podemos, pero tenemos los medios que tenemos”, resume. Su principal crítica se dirige a las administraciones, a las que reclama que garanticen unas condiciones mínimas de asistencia: “Necesitamos que la Administración se mueva y no lo está haciendo”.

Según Salceda, la respuesta institucional se ha concentrado en el control de las calles y de la frontera, mientras la atención humanitaria ha quedado relegada. La integrante de la ONG describe que las fuerzas de seguridad han perseguido y devuelto principalmente a ciudadanos marroquíes y argelinos, mientras migrantes procedentes de otros países permanecían junto al CETI sin suficiente comida ni agua.

“Lo que está haciendo la Administración es sacar a la Policía, al Ejército y a la Guardia Civil y tratar de ‘limpiar las calles’”, denuncia. La integrante de No Name Kitchen considera que esa actuación está generando un trato diferente según el país de origen y asegura que se está buscando “a las personas de Marruecos para llevarlas a la frontera”, mientras el resto continúa esperando en condiciones precarias.

La crisis coincide con el enfrentamiento entre No Name Kitchen y el Gobierno de Ceuta por Sobrevivir al limbo, un informe sobre el consumo de sustancias y las conductas autolesivas entre menores migrantes no acompañados. La Ciudad Autónoma ha cuestionado la metodología del estudio y ha pedido a sus servicios jurídicos que valoren si algunas afirmaciones pueden perjudicar al sistema público de protección, a sus profesionales o a las entidades colaboradoras.

La Administración sostiene que el trabajo se apoya en una muestra indeterminada, testimonios insuficientemente contrastados y observaciones que no permiten generalizar sobre la situación de los menores acogidos. Frente a esas críticas, Salceda reivindica el conocimiento directo de quienes acompañan a estos jóvenes: “Nosotros trabajamos sobre el terreno y el terreno significa literalmente estar en la calle”.

Según relata, antes de la actual crisis ya encontraban a menores fuera de los recursos de acogida y consumiendo pastillas, calmantes y otras sustancias. “Las utilizan para aliviar la situación de miseria y dolor que sufren”, explica. A ello se suma, advierte, la facilidad para conseguirlas.

La representante de No Name Kitchen defiende que el documento recoge esas observaciones y los testimonios obtenidos durante su trabajo. “Tratamos de reflejarla situación que observábamos a partir de nuestro trabajo sobre el terreno y de las entrevistas, con las evidencias disponibles y una metodología rigurosa, para hacer un acto de denuncia”, sostiene.

Salceda rechaza que el objetivo sea desacreditar a los profesionales del sistema y sitúa el foco en la necesidad de actuar ante lo que la organización observa. “La infancia y las personas menores tienen que estar especialmente protegidas”, concluye.

Ceuta trata de recuperar este lunes la normalidad después de la entrada sin precedentes de más de 50.000 personas desde Marruecos, pero la ciudad sigue marcada por la dimensión de la tragedia. El balance provisional se eleva a 72 fallecidos en el lado español y más de un millar de personas atendidas por los servicios sanitarios. Además, Marruecos reconoce otras once muertes en sus costas. Más de 48.000 migrantes habían regresado al país vecino durante las primeras 48 horas y otros lo hicieron a lo largo del fin de semana.

Mientras las autoridades reforzaban la frontera, buscaban cuerpos en el mar y trataban de localizar y devolver a quienes permanecían en la ciudad, la crisis humanitaria y de seguridad pasó rápidamente al terreno de la confrontación política. Pedro Sánchez viajó el viernes a Ceuta; Alberto Núñez Feijóo hizo lo mismo el sábado y Santiago Abascal, el domingo. PP y Vox aprovecharon sus visitas para responsabilizar directamente al presidente del Gobierno y endurecer su discurso sobre inmigración y soberanía nacional.

El choque se ha extendido también a Europa. Italia, Dinamarca y Finlandia acusaron a España de no proteger adecuadamente la frontera exterior de la Unión, mientras 22 Estados miembros reclamaron una respuesta coordinada. Sánchez respondió con una carta a los responsables de las instituciones comunitarias en la que reprochó las críticas, defendió la actuación española y solicitó una reunión urgente de los ministros de Interior, prevista para este martes.

Sánchez había viajado el viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para visitar la frontera del Tarajal y reunirse con las autoridades locales y los responsables del operativo. Tras el encuentro, calificó lo ocurrido como una “violación” y un “ataque a la integridad territorial” de España y aseguró que el Gobierno emplearía “todos los resortes” y “todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad. “Toda España está con” los ceutíes, afirmó.

El presidente atribuyó la entrada masiva a la interpretación que las redes de tráfico de personas habrían hecho de una reciente sentencia sobre las devoluciones de quienes acceden a nado. Entre las medidas anunciadas citó el refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el despliegue de las Fuerzas Armadas, la colocación de una barrera de boyas en el espigón y la agilización de las repatriaciones, para las que agradeció la cooperación de Marruecos.

El líder del PP viajó el sábado a Ceuta y compareció junto a Vivas en la plaza de África. Feijóo sostuvo que lo ocurrido no había sido una crisis imprevisible, sino una “ocupación premeditada y sin precedentes”, y aseguró que el Gobierno conocía desde principios de semana la posibilidad de una entrada masiva y “nada hizo” para impedirla.

El dirigente popular no presentó durante su intervención pruebas de que Sánchez hubiera recibido una alerta concreta sobre la movilización. Marlaska sostuvo posteriormente que el Centro Nacional de Inteligencia no había avisado de una operación de esa magnitud, mientras fuentes del Ejecutivo reconocieron que el Gobierno no vio venir la crisis.

Feijóo vinculó además lo ocurrido con la política migratoria del Ejecutivo y la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. También exigió esclarecer qué había fallado en la cooperación con Marruecos, reforzar permanentemente la frontera y evitar que quienes habían entrado en Ceuta pudieran desplazarse a la Península o a otros países europeos.

La presión continuó el domingo por medio del secretario general del PP, Miguel Tellado. El número dos de los populares rechazó la versión gubernamental de que la situación estuviera prácticamente revertida y reclamó que se pusieran todos los medios para devolver a quienes permanecieran en la ciudad: “Que no quede ni uno”.

Tellado calificó al Gobierno de “indolente” e “incompetente”, sostuvo que Ceuta seguía desprotegida y evitó definir lo ocurrido como una crisis migratoria. En su lugar, habló de “ocupación” y de “auténtica invasión”, términos con los que el PP se aproximó durante el fin de semana al marco discursivo utilizado habitualmente por Vox.

Vox elevó todavía más el tono. Abascal viajó el domingo a Ceuta y acusó a Sánchez de estar “sometido” a Marruecos. El líder de la extrema derecha exigió militarizar permanentemente la frontera, cerrar el paso cuando sea necesario y pedir a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Rabat.

El líder ultraderechista calificó la entrada masiva como una “invasión” y aseguró, sin aportar datos que respaldaran su cálculo, que todavía quedaban unas 10.000 personas que debían ser expulsadas de inmediato. Interior situaba en más de 48.000 las personas que ya habían regresado a Marruecos, mientras el Gobierno ceutí hablaba de varios miles todavía presentes en la ciudad.

El presidente de Vox llegó incluso llegó a insinuar que Marruecos podía disponer de información comprometedora sobre Sánchez y afirmó que el presidente debía sentarse en el banquillo y acabar en prisión. 

El desembarco de dirigentes y agitadores de extrema derecha provocó protestas de vecinos. Alvise Pérez y Vito Quiles fueron increpados y el eurodiputado tuvo que ser evacuado por la Policía, mientras una veintena de integrantes de Núcleo Nacional fueron escoltados hasta el puerto entre gritos contra su presencia. Parte de la población ceutí denunció que trataban de aprovechar la crisis para sembrar odio y poner en riesgo la convivencia.

La dimensión europea de la crisis también se hizo evidente desde el viernes. Giorgia Meloni planteó suspender a España del espacio Schengen y su Gobierno reintrodujo durante un mes controles para determinados viajeros procedentes de territorio español. La propuesta italiana recibió el respaldo de Dinamarca y Finlandia, que cuestionaron la capacidad de España para proteger la frontera exterior comunitaria.

Las críticas se apoyaron en la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo español, a la que varios dirigentes europeos atribuyeron un supuesto efecto llamada. España rechaza esa relación y recuerda que Ceuta tiene un régimen especial: quienes entran irregularmente en la ciudad no pueden desplazarse libremente a la Península ni circular por el espacio Schengen.

Sánchez remitió el sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. En ella denunció que algunos gobiernos habían reaccionado guiados por prejuicios, desinformación o intereses políticos y calificó sus posiciones de egoístas y polarizadoras.

El presidente defendió que, según Frontex, la frontera exterior española se encuentra entre las menos permeables de la Unión y registra aproximadamente la mitad de entradas irregulares que Italia desde 2021. También recordó que prácticamente todas las personas que habían cruzado fueron retornadas sin que se produjera un desplazamiento hacia la Europa continental.

La Comisión Europea rechazó excluir a España de Schengen, recordó el régimen particular de Ceuta y pidió una respuesta europea unida. Francia descartó apoyar la suspensión, aunque reforzó sus controles fronterizos, y Alemania reclamó acelerar la aplicación de las normas europeas sobre retornos.

La reunión extraordinaria de ministros de Interior convocada para este martes deberá abordar esas divisiones. 22 Estados miembros han reclamado reforzar la protección de las fronteras exteriores, mientras España pide que Ceuta reciba la misma solidaridad que la UE ofreció a Polonia o Finlandia cuando otros países facilitaron movimientos migratorios hacia sus fronteras.

Hace unas semanas estuve en Berlín. Fui a unas charlas organizadas por EPIM y el Othering & Belonging Institute de UC Berkeley, y tuve la suerte de conocer a john a. powell. Este hombre alto y discreto me atrapó desde el primer minuto. Antes que nada, porque fue amigo de bell hooks, la escritora cuya obra ha marcado buena parte de mi trabajo sobre nuevas narrativas. Y no, no es una errata: tanto ella como powell decidieron escribir sus nombres en minúsculas, cada uno por razones propias. hooks —que en realidad se llamaba Gloria Jean Watkins y tomó el nombre de su bisabuela— quería que la atención recayera en su obra y no en su figura; powell parte de la idea de que los seres humanos son parte del universo, no algo por encima de él, y que las mayúsculas simbolizan justo esa jerarquía que rechaza.

powell presentó ante un grupo pequeño y privilegiado su libro Belonging without Othering: How We Save Ourselves and the World, escrito junto a Stephen Menendian y aún sin traducción al español. Me fascinó, entre otras cosas, porque resuena con lo que llevo años defendiendo desde mi trabajo en narrativas del amor. Hay algo casi mágico en descubrir que compartes convicciones, ideas y estrategias con alguien tan potente: es un refuerzo enorme, una especie de confirmación de que no vamos por libre. Le regalé mi libro, Activistas del amor, que acaba de salir en inglés como Love Activists, y él me regaló el suyo.

En su libro, powell sostiene que el mundo enfrenta hoy desafíos que parecen inabordables, de la crisis climática a la fragmentación política. Pero para él el problema de fondo es otro: la otredad, lo que en inglés llama othering. No se trata simplemente de notar diferencias, sino de un conjunto de dinámicas y estructuras que, de forma consciente o inconsciente, niegan la plena pertenencia y la dignidad humana a ciertos grupos por su identidad.

La otredad atraviesa múltiples planos: la raza, la religión, el género, la discapacidad, la orientación sexual. No es un fenómeno espontáneo. Con frecuencia es una estrategia deliberada de lo que powell llama "empresarios del conflicto": líderes que explotan la ansiedad colectiva ante cambios demográficos y tecnológicos acelerados para sacar rédito político. Y aquí está la paradoja: la mayoría de los procesos de exclusión se hacen en nombre de la pertenencia. Excluimos a un "otro" para reforzar los lazos dentro de nuestro propio grupo.

¿Cómo operan estos empresarios del conflicto? Explotan el miedo y la incertidumbre que traen los cambios rápidos, en lugar de ayudar a procesarlos. Fabrican un "otro" —por raza, religión, estatus migratorio, identidad— y lo presentan no como alguien distinto, sino como una amenaza que borra tu mundo. Construyen un nosotros excluyente, lo que powell llama "pertenencia delimitada" (bounded belonging), donde el grupo solo se cohesiona a través del rechazo a un enemigo común. Ofrecen historias simples, casi siempre falsas, que explican problemas complejos culpando a un grupo social concreto. Y no apelan a la razón: apelan al miedo, la emoción más antigua y poderosa que tenemos, la que activa el cerebro reptiliano y nos empuja a actuar de forma irracional y beligerante.

En definitiva, convierten la diversidad humana en un arma política. Transforman el miedo al cambio en hostilidad activa contra los demás, y así aseguran su relevancia y su control.

¿Y la respuesta? Según powell, no son más datos ni más estudios. Es el concepto zulú de Sawubona: te veo, te respeto, te reconozco. Solo el reconocimiento de la dignidad humana —y, me atrevo a añadir, el amor— puede curar el miedo que estos empresarios alimentan.

Frente a la exclusión, la respuesta tampoco es borrar nuestras diferencias para decir que "todos somos iguales" (lo que powell llama saming), sino construir una pertenencia real. Y la pertenencia real es un concepto radical: no basta con ser incluido, hay que participar activamente en la creación de las estructuras que rigen tu propia vida.

Para eso, powell propone dos marcos concretos. El primero, crear puentes (bridging), frente a la ruptura (breaking) que refuerza el "nosotros contra ellos": relacionarnos con otros grupos desde la escucha profunda y el reconocimiento de una humanidad compartida, dispuestos incluso a "sufrir con" el otro. El segundo, el universalismo focalizado: fijar metas universales para toda la población —que todos los niños dominen las matemáticas, por ejemplo— pero con estrategias distintas según los obstáculos de cada grupo. Porque los obstáculos de un niño migrante no son los de un niño en una zona rural, aunque la meta sea la misma.

Al final, el reto consiste en ampliar nuestro círculo de preocupación humana. Como dice powell, la pertenencia es la base de una sociedad justa, donde el otro deja de ser una amenaza para convertirse en colaborador necesario. Solo con estructuras que garanticen dignidad y agencia a todos podremos salvar no solo nuestra convivencia, sino el mundo mismo.

Lo estamos viendo estos días con toda la forma en que se mueve la información sobre incendios o las entradas de personas a nado en Ceuta, con el genocidio de Gaza o los asesinatos del ICE. Los empresarios del miedo tienen recursos, tienen altavoces, tienen el favor de una época que premia la simplificación. Pero somos más las que vemos. Somos más las que, como powell o hooks, seguimos creyendo que el amor y la comunidad no son ingenuidad sino estrategia, la única capaz de construir algo que dure. Salí de aquella sala de Berlín con la certeza de que este trabajo —el mío, el tuyo, el de tantas— no es una batalla perdida de antemano. Se libra charla a charla, libro a libro, conversación a conversación. Y en esa suma, pequeña pero terca, está la fuerza que ellos nunca tendrán.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

La presión migratoria vuelve a dispararse en Ceuta. Cinco años después de la crisis con Marruecos que derivó en la entrada masiva de 2021, miles de personas, entre las que había no pocos jóvenes y niños, han accedido en las últimas horas a la ciudad autónoma sorteando el espigón del Tarajal. Lo han hecho ante unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han visto desbordados. Y con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar un rechazo en frontera si los migrantes entran a nado en territorio español. Una resolución judicial que, denuncia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está siendo "instrumentalizada" por "redes de tráfico de personas" para "fomentar el flujo de migrantes indocumentados".

La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 y cuya prometida reforma sigue sin culminarse, dio cobertura a las llamadas devoluciones en caliente. Lo hizo incluyendo una disposición adicional, la décima, en la Ley de Extranjería. La misma establecía un "régimen especial" para las ciudades autónomas. Y recogía lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

El Tribunal Constitucional consideró, aunque no por unanimidad, que dicho precepto legal no choca, en principio, con la Ley Fundamental. "Es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad la de establecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre", recogía aquella sentencia. Eso sí, siempre y cuando se aplique de forma individualizada –es decir, nada de devoluciones colectivas– y respetando las obligaciones internacionales, prestando "atención" a las personas "especialmente vulnerables" –menores, embarazadas o afectados por serios motivos de incapacidad–.

Unas reglas de juego que el Tribunal Supremo completó hace un mes. En una sentencia fechada el 29 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció que el "rechazo en frontera" no está contemplado en la ley "con carácter general" para todos aquellos que intentan "cruzar ilegalmente la frontera", sino "solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos". Y eso hace imposible aplicarlo, por tanto, a las personas "que son interceptadas en el mar" pretendiendo "entrar a nado" en Ceuta y Melilla.

Aquella sentencia dejaba claro que las autoridades no pueden apoyarse en drones, cámaras térmicas o sensores para intentar cubrir esa laguna. Los mismos no pueden entenderse como "elementos de contención", sino que son "dispositivos tecnológicos de control fronterizo". Cuestión distinta sería, por ejemplo, que se instalaran obstáculos acuáticos "para proteger la línea fronteriza", lo que ya permitiría rechazar en frontera a todos aquellos que los rebasasen. O, directamente, que se modificase la norma para que esas llegadas marítimas quedasen incluidas en la disposición adicional décima.

Con estos límites, el Tribunal Supremo estableció que lo correcto sería aplicar a estas personas que llegaron a nado el procedimiento de devolución recogido en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, destinado a aquellos "que pretendan entrar ilegalmente en el país", lo que incluye a "personas extranjeras que sean interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones". En estos casos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras deben conducir "con la mayor brevedad posible" a las personas interceptadas a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a su "identificación".

"Se tiene que abrir un expediente con todas sus formalidades legales y procedimentales", explica a infoLibre Marcelo Belgrano, abogado experto en extranjería. Es decir, la persona respecto de la cual se sigan trámites para "adoptar una resolución de devolución" tiene "derecho" a "asistencia jurídica" y de "intérprete", que serán "gratuitas" si carece de recursos económicos suficientes. Y, por supuesto, puede interponer recursos. "Ambos países –España y Marruecos– se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente", señalan desde el Ministerio del Interior.

Dicha devolución no podrá llevarse a cabo cuando se trate de mujeres embarazadas o personas enfermas, ni tampoco cuando se haya formalizado una solicitud de protección internacional. En esos casos, el procedimiento, explica Belgrano, quedará paralizado "hasta que exista una resolución jurisdiccional definitiva". Mientras eso ocurre, estas personas tienen derecho a plena libertad de movimiento. Y eso es algo que ha dejado claro el Supremo en diferentes sentencias: "El solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o, en su caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España", recordaba el Alto Tribunal en 2021.

Tampoco podrá ejecutarse una devolución cuando "existan indicios de que la persona extranjera pueda ser menor de edad, siempre y cuando no esté acompañada". En el caso de este colectivo con especial protección, el procedimiento debe ser exhaustivo. Se tiene que determinar la edad y se debe comprobar si hay alguien que pueda hacerse responsable de él en su lugar de origen. La directiva europea de retorno establece que "antes de expulsar" del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado las autoridades deben cerciorarse "de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados" en aquel país. "Hasta entonces, estarán tutelados por la comunidad autónoma pertinente", completa el abogado.