El Partido Popular lleva meses tratando de desprenderse de la carga racista asociada al concepto de "prioridad nacional" que Vox ha introducido en los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y que ha convertido en una de sus principales banderas. Después de asumir ese peaje para gobernar en las tres autonomías, dirigentes del PP tratan de resignificar la "prioridad nacional" para asociar el concepto a problemas como la vivienda, la sanidad o el acceso a los servicios públicos para dulcificar  su verdadero significado.

El pasado 5 de mayo, el portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que la vivienda es "la verdadera prioridad nacional" para el PP y sostuvo que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo deberá "construir vivienda como si no hubiera un mañana”. Ese mismo día, Sémper intentó diferenciar al PP de quienes "deshumanizan" al migrante y defendió una política migratoria basada en vías "seguras, dignas y regulares", un mensaje difícilmente compatible con la interpretación que Vox realiza con la misma expresión.

La operación se ha extendido también esta semana a la sanidad. El lunes, Sémper defendió en Génova 13 que la sanidad será una "prioridad nacional" para Feijóo, vinculando la expresión al refuerzo de plantillas médicas y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. De esta manera, el portavoz nacional trata de darle otra connotación a un concepto que el propio Feijóo ya se vio obligado a matizar en abril, asegurando que debía entenderse como "arraigo" y que solo se podía aplicar dentro de la legalidad vigente.

El problema para el PP es que Vox no ha dejado margen para esa reinterpretación. Allí donde ambos partidos han pactado la incorporación de esta prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal ha insistido en relacionarla con la inmigración. Hace un mes, el líder de Vox manifestó en su cuenta de X que “todo lo que no sea prioridad nacional es prioridad extranjera” y que “para tener casa, acceder a ayudas, prestaciones y servicios sociales: los españoles primero”. El mensaje de Vox no es que la vivienda o los servicios sociales sean prioritarios, sino que se discrimine a los migrantes para que no tengan un igual acceso a ellos.

Así, mientras el PP intenta ampliar o reinterpretar el significado del término, los ultras recuerdan a diario cuál es el contenido que le atribuyen: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones o recursos públicos sin tener en cuenta otros factores. La estrategia refleja una evidente incomodidad en Génova y en algunos de sus principales referentes autonómicos como el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, al que Vox ya le ha dicho que deberá ‘tragar’ con esa discriminación si quiere volver a ser investido tras las pasadas elecciones del 17M. Génova le ha pedido que lo acepte pero en sus propios términos. 

Sin embargo, esa redefinición choca con el significado que Vox lleva años defendiendo y que está inspirada en el principio de "preferencia nacional" defendido históricamente por la extrema derecha francesa y otros movimientos ultranacionalistas europeos. Concretamente, el concepto fue popularizado por el Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen, antecedente de la actual Agrupación Nacional de su hija, Marine Le Pen.

Un concepto que, además, choca con la ley orgánica 4/2000 que reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad. Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio, como “el arraigo” que cuenta para un baremo, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad o el hecho de ser familia numerosa.

La contradicción resulta especialmente visible porque Vox no ha mostrado ninguna voluntad de suavizar el concepto. Al contrario. Sus dirigentes insisten de manera reiterada en relacionarlo con la inmigración y con la necesidad de reservar recursos públicos para los nacionales. Y, cada vez que el PP intenta presentar la expresión como una referencia abstracta a las políticas sociales, los portavoces de Vox vuelven a asociarla explícitamente con el control migratorio y la limitación del acceso de los extranjeros a determinadas ayudas.

Fuentes de la formación conservadora consultadas por infoLibre consideran que el movimiento del PP responde a un doble objetivo. Por un lado, evitar el coste reputacional que supone asumir una expresión identificada con la extrema derecha europea. Por otro, preservar los acuerdos alcanzados con los de Abascal sin tener que asumir públicamente todas sus implicaciones ideológicas. Sin embargo, desde el equipo directo de Feijóo insisten, a su vez, en que el concepto es bien recibido por sus votantes e incluso por los del PSOE.

El problema para Génova es que el significado político de la "prioridad nacional" no lo está definiendo el PP, sino Vox. Y la formación de Abascal no deja margen a interpretaciones ambiguas: cuando habla de prioridad nacional, habla de inmigración, de exclusión y de “los españoles primero”, el lema calcado del presidente estadounidense Donald Trump, que desde que volvió a la Casa Blanca ha aplicado una política migratoria de máxima restricción y deportación acelerada, con redadas, restricción de asilo y recorte del programa de refugiados, además de un endurecimiento de la inmigración regular.

La incomodidad también se manifiesta en el Congreso. Este jueves el PP rechazó, junto al resto de grupos, una iniciativa de Vox para implantar la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas públicas. La propuesta planteaba que los recursos públicos destinados a vivienda se asignaran prioritariamente a los españoles y vinculaba la crisis habitacional con la inmigración. 

Así, la disputa por el sentido de la "prioridad nacional" se ha convertido en una muestra más de las dificultades de los conservadores para gestionar públicamente su relación con Vox justo en el momento en el que Feijóo ha abierto la puerta a gobernar junto a la formación de extrema derecha a nivel nacional, pese a que en el congreso de julio del pasado año el líder del PP aseguró que su “compromiso” era no meter a la extrema derecha en el Ejecutivo central. Así, Génova acepta la propuesta, pero trata de darle otro significado.

No habrá sanciones a los productos procedentes de los asentamientos israelís ilegales ni tampoco un nuevo régimen de herramientas de coerción comercial contra China. Los 27 se dividen en bandos sobre la política migratoria y a Antonio Costa, presidente del Consejo, le llueven críticas de varios líderes por abrir canales de comunicación con el Kremlin.

La última Cumbre Europea antes del parón de vacaciones estivales evidenció los intereses contrapuestos, las distintas percepciones políticas y las varias velocidades existentes entre los Estados miembros de la Unión. Una Cumbre destinada a discutir los retos económicos, geopolíticos y el futuro presupuesto de la UE donde saltaron chispas dentro de la sala y fuera de ella.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, echaron un jarro de agua fría al contacto diplomático del gabinete de Costa con representantes de Vladimir Putin para abrir una vía de diálogo para cuando termine la guerra en Ucrania. Criticaron el movimiento porque el político portugués no puede actuar entre Kiev y Moscú como un mediador pese a su cargo y privilegiaron las recientes conversaciones de sus Gobiernos junto al del Reino Unido con el Kremlin. Polonia e Italia criticaron ser excluidas mientras otros líderes, como el irlandés o el belga, sí validaban el movimiento de Costa.

Para España, según las fuentes consultadas, se trata de “una toma de contacto inicial que no plantea ningún problema” y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cercano a Costa, también se posicionó a favor asegurando tras la Cumbre que “es abrir un canal diplomático, simplemente, no negociaciones, un matiz importante” al tiempo que calificaba como “necesario” lo hecho por el equipo del presidente del Consejo. Mientras, otros, como el primer ministro estonio, Kristen Michael, se enfadaban. El líder de Estonia llegó a afirmar que “sugerir que canales alternativos o la diplomacia por la puerta de atrás son necesarios es equivocado”. La división europea quedó expuesta públicamente para ser escrutada por el Kremlin, Washington o Pekín.

Dos puntos clave centraban la agenda del jueves y el viernes: la situación en Oriente Medio y el reto de la competencia de China. Hubo una discusión sobre “los esfuerzos puestos en marcha para fortalecer la competitividad y la autonomía estratégica de la UE” dentro de un “debate estratégico sobre la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos”.

Cada vez son más los países que piden un endurecimiento de la posición de Bruselas ante los desequilibrios que genera la relación comercial con China. Entre las medidas que se discuten figura la posibilidad de imponer tarifas a determinados productos importados desde ese país para corregir un déficit comercial que alcanzó los 360.000 millones de euros el año pasado y que rozó los 100.000 millones solo en el primer trimestre de este ejercicio. Un problema que ya afecta a todos los Estados miembros, incluida Alemania. “Con todos nuestros grandes socios el diálogo debe ofrecer resultados y cuando no los producen debemos mirar a nuestros instrumentos, ahí es donde está ahora la discusión”, reconoce una fuente europea. 

El debate no está maduro, no hay unanimidad entre los 27 sobre cómo atajar los desequilibrios que produce China en la economía europea, por mucho que Francia presione en favor de una guerra comercial y arrastre a parte de los socios en un bando ya calificado como “beligerante”. Aunque el propio presidente Antonio Costa habló al finalizar la Cumbre de la necesidad de “desarrollar y eventualmente complementar los instrumentos en el área de la defensa comercial y de la política industrial” y “reducir los riesgos de sus relaciones económicas”, la realidad es que no se pactó un llamamiento a la Comisión para que trabaje en futuras medidas que condujesen a sanciones o tarifas.

España es uno de los países que más apuesta por el diálogo con China y no la confrontación. Lo explica una fuente diplomática, que no ve urgente o prioritario avanzar en nuevos instrumentos de coerción ante China. Y lo dijo en público el presidente Pedro Sánchez con un elocuente “necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y tender puentes”. España es uno de los países que frenó la confrontación gala dentro de la reunión.

Un freno semejante al que impone un grupo de unos siete socios liderados por Alemania, donde también están Austria o Hungría, pese al cambio de Gobierno, para endurecer la posición de la UE contra Israel. De la Cumbre no salieron nuevas sanciones a los ministros que están incitando a la violencia contra la población palestina o a la ocupación del sur del Líbano. Tampoco la prohibición de que a territorio comunitario lleguen los productos procedentes de los asentamientos ilegales, o una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.

Durante la Cumbre saltó la polémica sobre un supuesto enfrentamiento entre la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente Sánchez, a cuenta de la política migratoria. La italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. La caracterización aparecida en cierta prensa bruselense y posteriormente en la italiana fue desmentida por fuentes diplomáticas españolas.

Una fuente diplomática ajena a ambos países y conocedora del debate interno dentro de la sala del Consejo, desmiente para infoLibre que hubiese una fuerte discusión, pero sí reconoce un debate sobre líderes que son verdaderos políticos. Desde Moncloa también hablan de un debate con diferentes posiciones pero sin llegar al enfrentamiento personal.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, celebró la reciente aprobación de las normas de deportaciones en la Eurocámara y demandó –confirma la fuente diplomática– la celebración entre los líderes de los 27 de un debate estratégico sobre la política migratoria de la UE. Ahí fue donde Pedro Sánchez tomó la palabra para rechazar de nuevo los centros de expulsión y poner en valor la reducción de las llegadas irregulares gracias a acuerdos de colaboración con los países de origen o tránsito, rechazando la importancia de una reunión centrada en cuestiones migratorias. Meloni argumentó que sí es necesaria ante las implicaciones que para el resto de socios pueden tener decisiones como la reciente regularización española.

En la discusión, según pudo saber este medio, también participaron líderes como el canciller alemán o el nuevo primer ministro húngaro. Sin embargo, Friedrich Merz, a diferencia de Peter Magyar, no está entre los 19 dirigentes que durante la Cumbre firmaron una carta dirigida a las presidencias de la Comisión y del Consejo exigiendo “mostrar resultados concretos que ofrezcan una diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países lo antes posible”. España, Francia, Portugal, Irlanda o Luxemburgo se desmarcan de este endurecimiento migratorio del que se vanaglorian Dinamarca e Italia por haber “redefinido la conversación europea sobre migración”.

La importancia de esta cuestión es creciente en el debate europeo. No sólo quedó reflejada esta pasada semana con la aprobación definitiva del Reglamento de Retornos en el Parlamento Europeo. De la Cumbre sale una petición formal para que los 27 “mantengan una discusión estratégica sobre migración en su reunión de octubre”, demanda que no estaba inicialmente en los borradores de conclusiones como pudo comprobar infoLibre. La UE partidaria del endurecimiento migratorio es cada vez más visible.

Desde hace unos años se habla tímidamente del momento en el que la población mundial empezará a decrecer. Si las previsiones actuales se mantienen, esto sucederá alrededor del año 2070. En Europa hemos empezado este año 2026 y Eurostat estima que la eurozona reducirá su población a partir de 2030 y calcula que en 2100 habremos perdido más del 11% de la actual, situándonos por debajo de los 400 millones, es decir unos 50 millones menos que ahora. Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Cómo podremos mantener el estado del bienestar? Desde luego no con el modelo actual.

Allá por el año 2022 hice una entrevista sobre la situación migratoria en España para la radio estadounidense NPR. Al acabar la entrevista, la última pregunta era cuál pensaba yo que serían las soluciones para la supuesta crisis migratoria. 2021 había acabado con la reactivación de la ruta canaria después de muchos años y en navidades había tenido lugar un pico fuerte de entradas. Respondí lo que habría contestado a día de hoy: la migración está a 50 años de dejar de ser un problema tal y como lo entendemos ahora. El decrecimiento de la población de los países de la OCDE va a convertir a la migración en algo indispensable, escaso y deseable. Cinco años más tarde no puedo dejar de sorprenderme por el hecho de que no haya mucha más gente abordando este asunto. Por eso es el gran tema que debería ocuparnos cuando hacemos proyecciones futuras.

Ya son unos cuantos los países que están en pleno decrecimiento demográfico. Unos pocos han perdido población debido a las guerras; otros, como China, por subestimar el efecto de las políticas antinatalidad; y muchos de nuestros vecinos europeos han decrecido por la combinación de emigración de nativos sumada a su incapacidad absoluta de atraer a población migrante suficiente para compensar la baja natalidad. Los países del Este son los peor parados de Europa en este sentido. Rumania y Bulgaria están a la cabeza de un pelotón que se pierde población sin remisión. Muy de cerca les siguen nuestros socios mediterráneos, liderados por Italia, que ocupa el número 10 en el ranking histórico mundial de pérdida demográfica. Junto a ese país, Grecia en el puesto 16. El think tank Bruegel sacó el año pasado un informe analizando esta situación, anticipando lo que hoy ya es incuestionable. Los países del sur y el este de Europa se despueblan, generando una situación de extrema desigualdad en nuestra frágil Unión Europea.

¿Y qué pasa cuando pierdes población? Si las razones de esta pérdida son la combinación de una baja natalidad con una falta de atracción de población migrante, la situación demográfica del país se representa por una pirámide con forma de nube de hongo de una bomba atómica. Una base muy fina que se ensancha a partir de los 55 años. Esto significa que la población mayor de esa edad representa un porcentaje muy alto, marcando las necesidades socioeconómicas del país. En los Estados miembros de la OCDE, donde la esperanza de vida es cada vez más alta, las personas mayores comienzan a representar un grupo cada vez más numeroso que depende de las capacidades de los Estados y del resto de la población para poder sobrevivir dignamente. Y esto no es relativo a la capacidad económica individual de las personas mayores. Hay que tener en cuenta que un buen tratamiento de cáncer, por poner un ejemplo, es absolutamente inasumible por una sanidad privada. Es decir que, tomando el caso de la salud, sin un buen sistema de sanidad pública hasta las personas mayores con dinero acabarán pasándolo mal. El profesor Daniel Markovits describía durante una charla reciente el decrecimiento demográfico de China, Italia, Japón o Corea como devastador. Señalaba que todas estas sociedades se han construido sobre un sistema de pensiones que grava a las generaciones futuras. Dado que dichas generaciones van a ser muy inferiores a las actuales, el sistema va a colapsar.

El punto curioso de esto es que, como también comenta en su análisis Markovits, todos estos países tienen un discurso y unas políticas antimigratorias bastante fuertes. Japón es uno de los precursores históricos de las políticas de puerta cerrada. El país enfrenta un desafío demográfico sin precedentes, con una población envejecida y una baja natalidad que amenazan su fuerza laboral. Para contrarrestar el estancamiento, el país optó por una estrategia multidimensional basada en la automatización y la robótica, evitando depender de la inmigración. En el ámbito laboral ha tenido que elevar progresivamente la edad de jubilación. También ha habido un incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, todas estas medidas han tenido lugar en un marco de fuerte desigualdad que se ha ido acrecentando con los años. Las mujeres y los jóvenes son los principales afectados, encontrándose con sueldos y condiciones muy inferiores a las de los hombres mayores de 55 años. El profesor Kohei Saito analiza esta situación en su superventas El Capital en el Antropoceno, advirtiendo que el sistema, tal y como está concebido, está destinado a derrumbarse. Mientras, el país ha tenido que ir abriendo la mano inexorablemente a la tan temida migración.

¿Y qué pasa con Europa? La Italia de Giorgia Meloni representa uno de los futuros posibles. Un país en caída libre demográfica donde la fuerza que gobierna es activamente antimigratoria. Este maridaje está llevando al país a una situación crítica. Muchos de los sectores esenciales no encuentran trabajadores. La crisis económica y la falta de calidad de vida, incluyendo la seguridad democrática como uno de los factores a tener en cuenta, han llevado a cientos de miles de italianos a abandonar su país. Y aunque Meloni anunció la emisión de medio millón de visados para trabajadores extracomunitarios, ¿quién va a querer ir a un país donde te pueden detener y deportar a Albania? La previsión del estudio de Bruegel es que esta tendencia a la despoblación de los países del sur y del este de Europa se va a agudizar con los años. Las poblaciones autóctonas europeas van a empezar a moverse a los países de la Unión que mejores condiciones de vida ofrezcan. Estas migraciones internas van a ir acompañadas de las migraciones extracomunitarias, conformando un mapa desigual de la Unión.

De modo que parece que aquella predicción del año 2022 se está cumpliendo con una celeridad impensable y en breve empezaremos a vivir este cambio de ciclo donde la migración será más que deseable.

En España, el Gobierno progresista ha conseguido frenar nuestra caída demográfica que, sin población migrante, habría sido de unas 100.000 personas en 2025. Sin duda, gracias a esto, nuestra economía es la que tiene una de las mejores previsiones de la eurozona. Sin embargo, el debate público sigue estando intoxicado por un discurso racista y antimigratorio que lidera la extrema derecha, e incluso la derecha en general. Para contrarrestar este tipo de situaciones, Suiza realizó un referéndum hace unos días. La propuesta, impulsada precisamente por la extrema derecha del Partido Popular Suizo (UDC), planteaba limitar la población a 10 millones de habitantes para frenar la inmigración. El resultado fue un contundente "no" con el 55% de los votos. Me parece interesante cómo, a pesar de la intensa campaña de la derecha, la ciudadanía y el tejido empresarial priorizaron un enfoque pragmático y económico sobre el relato emocional y aislacionista.

En nuestro país quizás haría falta algo parecido. Es cierto que por el momento el progresismo sigue en el Gobierno y, pese a todas las miserias y corrupciones que van aflorando, la ventana de una renovación progresista no está del todo cerrada. Pero el mero hecho de que exista una posibilidad de un cambio de ciclo que deje nuestras posibilidades futuras en manos de quienes quieren aplicar las mismas medidas que Meloni da escalofríos.

El futuro de nuestros países pasa por entender que tenemos que ser competitivos en amor, entendido este como un acto político: asegurar calidad democrática, integración, servicios públicos sanos y potentes, y comunidades libres de odio. Lo contrario es declive y decadencia. Ojalá cuando llegue la hora de votar esto tenga el peso específico que se merece.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

“Send them back” (mandadlos de vuelta), gritaba el ala derecha del Parlamento Europeo, “shame on you” (vergüenza), respondía su ala izquierda, el día en que se oficializaba en Europa el expediente de expulsión para personas migrantes en situación irregular. Día de orgullo para Giorgia Meloni, que se apresuraba a reivindicar la autoría de semejante ignominia, aunque el Reglamento de Retornos no es, ni mucho menos, una ocurrencia más de la Sra. Meloni. Lamentablemente, el Reglamento de Retornos viene germinando desde hace años en las más profundas entrañas de la Unión Europea.

Este Reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio de 2023 y su finalidad es la de aumentar las expulsiones y legalizar los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Establece sanciones tanto para quienes se resistan como para los países que no reciban a las personas migrantes de vuelta. Detención de hasta 24 meses si existe riesgo de fuga, falta de cooperación, necesidad de verificar la identidad o peligro para la seguridad. Así de amplio y de ambiguo. Y restricciones en materia de visados, ayudas al desarrollo o política comercial para gobiernos díscolos. Los expulsados pueden acabar, además, en centros de deportación en terceros países lejanos, con los que no tengan ningún vínculo ni relación alguna, y permanecer allí por un tiempo indefinido. Las familias con menores no serán una excepción. No hay derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), ni se contempla el interés superior del menor. Finalmente, esos centros se pagarán con cargo al programa Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034.

El Reglamento ha normalizado la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria y ha reforzado la equiparación de la irregularidad migratoria con la criminalidad. Y, según nos ha dicho Von der Leyen, el siguiente paso será el de digitalizar la gestión de los expedientes y ampliar el mandato de Frontex, para que contribuya “de forma aún más decisiva a las operaciones de retorno”. Es decir, aportar más dinero para que todo se haga más deprisa y resulte más eficaz.

Como digo, este giro no es nuevo. Se inscribe en la trayectoria de endurecimiento que ya se denunció tras la Directiva de 2008, considerada entonces regresiva respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Se sitúa en la línea del Pacto Migratorio, que ya planteaba la externalización de las fronteras y procedimientos acelerados de screening en los que no se contemplaba ni el examen individualizado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva. El Reglamento de Retornos supera este planteamiento por elevación. Reduce aún más los plazos para examinar las solicitudes y establece filtros y presunciones de seguridad que dificultan las pruebas de vulnerabilidad o persecución específica. Las posibilidades reales de impugnar una orden de retorno o la legalidad de una detención, especialmente para personas sin recursos o con barreras lingüísticas, son casi inexistentes. La hipótesis que se mantiene es la de la ausencia de necesidad y la migración por “capricho”.

Bajo este mismo paraguas, las derechas nacionales han acabado planteando su particular batería de propuestas. Propuestas que van desde limitar la regularización por arraigo o restringir la reagrupación familiar hasta facilitar las deportaciones masivas, la reemigración (que afecta a los nacionales de segunda generación) o la “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos.

En este guiso a fuego lento, el gobierno de España se ha convertido en el garbanzo negro. La regularización que se ha arbitrado en nuestro país y las posiciones políticas de la coalición española representan un movimiento a contrapelo. De manera que, en estos meses, España está en muy buenas condiciones para presentar un recurso de anulación del Reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque viola el derecho de asilo, no devolución y prohibición de expulsiones colectivas, derechos del menor y tutela judicial efectiva, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales. Porque normaliza la detención prolongada (hasta 24 meses) para infracciones administrativas, amplía los motivos de internamiento y debilita alternativas menos lesivas, vulnerando, así, el principio de proporcionalidad. Y, finalmente, porque nos obliga a aplicar un estándar en la protección de derechos fundamentales que es muy inferior al que ya tenemos consolidado en nuestro país. Es manifiesta su incompatibilidad con los estándares que establece el Tribunal Constitucional español sobre detención administrativa, expulsión y protección de menores y familias.

La política migratoria se ha convertido en un laboratorio de formas de gobierno que naturalizan la xenofobia y el racismo, reproduciendo la arquitectura y la gramática de la extrema derecha. La línea de puntos que divide a un Estado de otro no es un límite territorial sino un espacio jurídico degradado en el que se impone a diario la excepcionalidad jurídica y la sádica escenificación de un castigo. El gobierno español podría ser la última frontera frente al total hundimiento de nuestro derecho de asilo y refugio, y un freno efectivo para la retórica chovinista y securitaria de la extrema derecha.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva al nuevo reglamento que acelerará las expulsiones de migrantes en situación irregular en territorio comunitario y permitirá financiar con dinero de la Unión Europea centros de deportación en terceros países. Familias con menores podrán ser recluidos en estos centros, aunque se encuentren en territorios por los que nunca hayan pasado ni sean su lugar de procedencia.

Dos años después de que el gobierno ultra de la italiana Giorgia Meloni pactase estas polémicas medidas con Albania; un año después de que la Comisión Europea las avalase calificándolas como soluciones “innovadoras” e incluidas en una propuesta legislativa formal; y tras un debate entre los Veintisiete en el que España se mostró como la excepción en contra de las deportaciones, el nuevo modelo es ya son una realidad. Se trata de un sistema de expulsiones migratorias que recuerda al tristemente conocido ICE estadounidense.

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, la Eurocámara han sacado adelante nuevas normas que se incorporan al Pacto Migratorio de la UE para acelerar las devoluciones de migrantes. La amplia mayoría de legisladores favorables estuvo formada por el Partido Popular europeo y los tres grupos parlamentarios de la extrema derecha, pero no solo. Nueve eurodiputados socialdemócratas, 37 liberales y hasta dos representantes de Los Verdes se unieron al bloque ultra, generando este último movimiento la repulsa dentro de las filas ecologistas.

Entre gritos de “Send them back” —"devolvedlos"—  vociferados por la extrema derecha, y con el eurodiputado socialista Javi López contando los votos como vicepresidente de la Cámara en un verdadero mal trago, la Unión Europea aprobó el mayor endurecimiento migratorio en décadas. El nuevo reglamento de retornos creará centros de deportación mediante acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, financiados con fondos del presupuesto de la UE, a los que expulsar a migrantes después de una decisión dictada por las autoridades nacionales competentes, aunque esa persona no se encuentre en su Estado. Esa decisión conllevará la obligación de abandonar el territorio comunitario.

La expulsión se realizará después de la detención de los migrantes, incluso en sus centros de trabajo, para proceder a una reclusión que podrá alargarse hasta 24 meses, prorrogables otros seis si las autoridades administrativas o judiciales consideran que existe un riesgo de fuga o para la seguridad. La expulsión a terceros países conllevará la prohibición de entrar en territorio comunitario, incluso de por vida. La eurodiputada de Sumar Estrella Galán denuncia “la normalización de acuerdos con gobiernos que no respetan los derechos humanos” y sostiene que la UE “ha externalizado sus responsabilidades y fronteras” al facilitar lo que considera que serán “Guantánamos europeos donde la gente podrá ser deportada fuera de cualquier supervisión judicial”.

En el PP europeo justifican el reglamento porque califican de “realidad insostenible” la situación migratoria del continente y ponen como ejemplo que “actualmente sólo uno de cada cinco inmigrantes en situación irregular sobre los que pesa una orden de retorno abandona efectivamente el territorio de la Unión”. El eurodiputado del PP español y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, cree que "Europa está enviando un mensaje claro: la inmigración debe ser legal, ordenada y compatible con la capacidad de acogida de nuestras sociedades” y que “sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin control de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones".

La disidencia en el centro izquierda fue escasa pero destacada. Uno de los dos eurodiputados verdes que respaldaron las deportaciones es el antiguo comisario europeo de Medio Ambiente y Océanos, Virginijus Sinkevicius, criticado entonces por los populares y conservadores por estar supuestamente del lado de las organizaciones ecologistas y en contra del sector pesquero. Más esperados fueron los nueve votos a favor de socialdemócratas daneses, malteses o de Chipre, en línea con los duros planteamientos de sus gobiernos y con las posiciones que ya habían defendido durante los debates parlamentarios.

Fuentes del Gobierno español consultadas por infoLibre sobre si ahora esperan un mayor endurecimiento migratorio desde Bruselas, ante el estado actual del debate europeo, prefieren no especular ni criticar las posturas de gobiernos de su propia familia política. Sí confirman desde Moncloa a este medio que España mantiene su negativa a los centros de deportaciones y a la aceleración de las expulsiones de migrantes en situación irregular, como ya hizo durante los debates entre los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete. No son soluciones por las que apueste el Gobierno ante un reto migratorio de toda la Unión que califican como oportunidad, por su potencial de crecimiento demográfico, contribuciones al mercado laboral y al Estado de bienestar y sus aportaciones tributarias.

El debate migratorio ha mostrado la profunda división existente en el seno del grupo de los liberales, que orbita en torno a los representantes del partido de Emmanuel Macron. Mientras Valerie Hayer, jefa de filas y persona de máxima confianza del presidente francés, se abstenía junto con otros 20 legisladores, además de guardar un escrupuloso silencio sobre la aprobación del reglamento, la mayoría de los diputados de su grupo votaba a favor. En total, 37 liberales secundaron el reglamento impulsado por la mayoría de derechas.

En contra, dentro del grupo parlamentario de Renew, votaron sólo 21 representantes de diferentes nacionalidades, entre ellos la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, liderados por uno de los pesos pesados de la bancada, Sandro Gozi. El italiano se ha mostrado muy crítico tras la aprobación el reglamento de devoluciones. 

“La verdadera cara de la extrema derecha europea: el odio interiorizado, celebrado en el hemiciclo después de la aprobación. El texto abre la puerta a la expulsión de migrantes a centros fuera de la Unión. Mujeres, hombres, niños... Una falsa solución que no ha funcionado en Albania, ni en Ruanda y que tampoco funcionará este vez aquí”, ha denunciado Gozi. También reprochó a "la derecha/PP, antaño demócrata y cristiana", su responsabilidad en un "texto propaganda" por el cual la UE "subcontrata sus deberes y traiciona sus propios valores".

Entre los 37 liberales que respaldaron unas normas migratorias más estrictas hubo eurodiputados de distintas procedencias. Además de una importante bancada francesa, también votaron a favor portugueses, daneses, alemanes, lituanos y rumanos. El grupo parlamentario que hace solo una legislatura hacía gala de su lucha contra la extrema derecha gracias a la victoria de su referente, Emmanuel Macron, frente a Marine Le Pen, ha terminado apoyando las posiciones migratorias de sus rivales.

Será el mayor presupuesto en la historia de la Unión Europea, un gigantesco pastel cercano a los dos billones de euros a distribuir entre los 27 Estados Miembros de 2028 a 2034. Con un cambio sustancial en su estructura por primera vez en décadas, desde la Política Agraria Común de los 60 o la Política de Cohesión y sus fondos estructurales a finales de los 80, los dos ejes sobre los que hasta ahora ha pivotado el Marco Financiero Plurianual (MFF).

Los nuevos tiempos geopolíticos, con guerras en las fronteras orientales o la renovada carrera espacial, el cambio de peso de los sectores económicos del continente, el mundo digital y la irrupción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la transición ecológica... son factores que demandan una UE más autónoma, reindustrializada y capaz de relanzar sustancialmente sus inversiones internas. Ahora empieza la negociación de verdad sobre cuánto y en qué. La Comisión Von der Leyen habla de unas cuentas para “las realidades de hoy y también para los desafíos de mañana”.

El próximo presupuesto comunitario va a disparar sus recursos. Se parte de la base presentada hace un año por la Comisión Europea de 1,76 billones de euros. Chipre, como presidencia rotatoria del Consejo, acaba de realizar una primera contraoferta que espera de consenso entre los 27 para luego negociar con el Parlamento. 1,73 billones de euros, un 2% menos respecto a las cuentas de la Comisión, tocando principalmente las partidas de competitividad o para la acción exterior, 28.000 millones de euros cada una. La negociación va a ser guerra política.

“Hemos escuchado atentamente a todos los Estados Miembros de la UE, reflexionado mucho sobre sus prioridades, sensibilidades y líneas rojas para actuar como un negociador honesto”, explicaba este jueves la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, reconociendo la dificultad de poner de acuerdo ahora a los 27. “Desde el principio, y esto es un hecho, ha habido posturas muy fuertes desde todos los lados y, con mucha frecuencia, opuestas”.

Los países tradicionalmente austeros, contribuyentes netos del presupuesto comunitario, ya están objetando las cifras. Para el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, acercarse a los dos billones de euros “no se puede permitir, es desequilibrado y equivocado. El volumen conjunto sigue siendo demasiado alto”, reaccionó el político, quien ni siquiera se ve satisfecho por la reducción chipriota, “un marco a donde no ir”.

Países Bajos, Alemania, Austria, Suecia o Finlandia exigen hasta un recorte del 20% en el importe del MFF sin tocar las partidas destinadas a defensa, seguridad, I+D o control migratorio, reduciendo las transferencias para el sector agrícola, ganadero y pesquero y a regiones, los fondos de cohesión y estructurales, y eso que en la propuesta de la Comisión estos pagos bajan del 60% actual a cerca del 45%.

La Defensa será sí o sí la gran ganadora en las negociaciones presupuestarias, pese a los cambios de mero maquillaje que consiga introducir el Parlamento Europeo durante los próximos meses, tras el año de tanteo durante el que los países han marcado sus posiciones, como España, Francia e Italia junto a Grecia y Portugal en el conocido como Grupo de los Amigos de la Cohesión o las críticas procedentes de Alemania, Países Bajos y Austria en favor de unas cuentas más austeras.

La Comisión informa oficialmente que habrá como mínimo 130.000 millones de euros en partidas directamente militares, para seguridad o espacio, cinco veces más que en el actual, sin embargo realmente la cifra es mucho mayor porque el Fondo Europeo de Defensa, que pasará de tener sólo 8.000 millones de euros a 130.000 millones.

Bruselas intenta disimular este importante aumento de los fondos militares dentro de la segunda gran partida: el Fondo de Competitividad Europea, que incluirá las inversiones para ciencia, investigación e innovación. Este segundo pilar incorpora el Fondo Europeo de Defensa. “Sabemos que la seguridad es una gran preocupación para nuestros ciudadanos y gobiernos. La inversión fortalecerá nuestra base industrial y capacidades”, ha justificado la presidenta Von der Leyen.

Desde el grupo parlamentario de La Izquierda denuncian que la Comisión apuesta deliberadamente por canalizar fondos desde las partidas sociales y medioambientales hacia la militarización. El eurodiputado Joao Oliveira, del PCP portugués, habla de que mismo dentro del Parlamento Europeo “no se está cambiando fundamentalmente la dirección negativa ya establecida por la Comisión” en la que “cohesión, agricultura o pesca son marginadas mientras se financia la militarización y la llamada competitividad”.

En paralelo, la Comisión quiere potenciar los recursos de la política migratoria moviendo esos fondos cogestionados por autoridades locales, regionales y la sociedad civil hacia los nuevos Programas Nacionales y Regionales de cada país. La migración, el asilo, la gestión fronteriza y la seguridad interna estarán controlados por los gobiernos centrales en un diálogo bilateral con Bruselas. Las propuestas del MFF actuales, tanto de la Comisión como de Chipre, contemplan unos 38.000 millones para lo que se denuncia como “Europa fortaleza”.

La gestión migratoria exterior que pivotaba sobe los fondos de la la cooperación pasarán al también nuevo Instrumento Global Europeo, más flexible a la hora de adaptar las inversiones hacia las prioridades políticas que señale la Comisión, sin objetivos fijos de gasto para ayuda humanitaria, gestión de crisis, desarrollo internacional o preservación de los derechos humanos.  

El actual Marco Financiero Plurianual cuenta con un total de 52 programas de inversión de los que salen los fondos distribuidos a cada país, para la construcción de carreteras o líneas férreas, los programas de inversión científica, los subsidios agrícolas, el empleo juvenil o el intercambio universitario Erasmus. La Comisión Von der Leyen propone simplificarlos en sólo dieciséis, organizados en cuatro grandes pilares, como explicó en su momento el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin.

La mitad de los cerca de 1,7 billones de euros que plantea Bruselas entre 2028 y 2034, concretamente el 48%, serían para los Planes Nacionales y Regionales, el primer gran pilar. Ahí entrarían 300.000 millones de agricultura y 218.000 millones para cohesión, cifras inferiores a las actuales. La tercera partida sería el programa Erasmus, que se dispara hasta los 40.000 millones, aunque represente sólo un 3% del total, y el cuarto pilar iría destinado Cooperación al Desarrollo y Política Exterior, el 11%.

Recientemente un grupo de dieciséis países suscribieron un documento exigiendo a Bruselas un aumento de la inversión para los fondos regionales, agrícolas y pesqueros. España es uno de los firmantes, así como tradicionales socios de estas demandas como Italia, Grecia o Portugal a los que se sumaron la totalidad de los socios del este liderados por Polonia y Hungría. Demandas que chocan con la postura de los países frugales del norte y centro Europa.

Los líderes de los 27 se reunirán en unos días en Bruselas para la, posiblemente, última Cumbre antes del verano. “Deberíamos centrar nuestra discusión en los principales elementos —del Marco Financiero Plurianual— para facilitar un acuerdo a finales de año”, les acaba de escribir por carta el presidente del Consejo, Antonio Costa. “Y esto incluye progresar en nuevos recursos, que serán decisivos para cumplir nuestras ambiciones con los medios necesarios”, pide el portugués.

Nuevos recursos significa que la UE introduzca nuevas tasas, impuestos, gravámenes en áreas de su competencia o cogestionados junto a los Estados Miembros para financiar el presupuesto europeo. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo están reclamando una tasa al juego online que recaude el 1% de los ingresos generados por estas empresas, con capacidad para financiar la totalidad de los siete años del programa Erasmus. Desde Los Verdes presionarán en favor de iniciativas con recorrido en el debate comunitario como la tasa a los servicios digitales o a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, una demanda de varios países a la que ahora la Comisión sí está abierta.

Las negociaciones acaban de abrirse oficialmente, tras un año de tanteo entre Bruselas, las capitales y el Parlamento Europeo. La batalla no sólo estará en el importe final de los próximos presupuestos de la UE o en las ligeras modificaciones en favor de la cohesión o las inversiones medioambientales. El gasto en defensa ya ha salido ganador, ahora falta por ver si se financiará a costa completamente del contribuyente o si la Unión se atreve a introducir nuevos impuestos.

“Nos quieren vender la idea de que es dinero tirado a la basura, dinero que sale fuera y se pierde. La cooperación internacional crea puestos de trabajo, como el mío, con el que pago mi casa en mi pueblo y con el que cotizo en España. Somos muchos los que, siendo jóvenes, nos hemos formado en este campo y hemos logrado aplicar una gran profesionalidad a cada proyecto para que todo esté muy medido. Nuestra región era un ejemplo y un faro a seguir, y lo vamos a perder”, expresa la extremeña Marina del Barrio Rodríguez.

Ella es de Azuaga, en la provincia de Badajoz, tiene 35 años y hace estas declaraciones desde Perú, concretamente desde la región de Loreto, donde forma parte de un programa de prevención de la violencia en niñas y mujeres. Entre otras batallas, intenta evitar que adolescentes menores de edad se queden embarazadas.

Tuvo su primera experiencia sobre el terreno en El Salvador gracias a un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), hace siete años. También ha estado en Colombia. Y ha trabajado en la Asociación Malvaluna de Mérida, que presta ayuda a mujeres víctimas de la violencia machista. La labor que ahora desarrolla cuenta solo con fondos nacionales y de la Generalitat Valenciana: no hay dinero extremeño.   

“Siento una enorme tristeza porque Extremadura va a sufrir el mayor recorte en solidaridad y eso va a suponer dejar programas a medias y abandonar a las poblaciones. Si no llegamos nosotros a determinados lugares, hay vacíos, y aparecen otras cosas, como las guerrillas o las agresiones medioambientales”, se lamenta Del Barrio.

También se indigna por la visión que se quiere transmitir sobre el significado de la cooperación internacional: “Es un recurso que nos demuestra que la migración está a la orden del día, porque nos vamos a seguir marchando a donde haga falta en busca de una mejor vida”. Al hilo de esta reflexión, añade: “Mi familia se tuvo que ir a Suiza, a Alemania, a Bélgica…”.

A su testimonio se une el de Javier Martín, del municipio de Segura de Toro, en la provincia de Cáceres. Tiene 66 años y ha dedicado toda su carrera a la cooperación. Empezó en 1992, en la guerra de los Balcanes, y ahora sigue como voluntario en Sahel, en Mali. Además, preside el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP). Está especializado en situaciones de emergencia humanitaria en escenarios de desastres naturales y de conflictos armados.

Tras décadas de vivencias sobre el terreno, argumenta: “Sin estos proyectos, los jóvenes pierden la oportunidad de prosperar en su tierra. Al truncar estas alternativas económicas que se les ofrecen, se les empuja a dos salidas desesperadas: caer en las redes de reclutamiento de grupos extremistas o jugarse la vida en rutas migratorias mortales hacia Europa. Reducir el dinero de los programas de cooperación contradice el propio discurso en el que tanto se insiste. Al ahogar la ayuda en origen, se destruye el único freno real y humano a la migración forzosa, agravando la crisis humanitaria en las fronteras”.

Y prosigue: “No es solo un ajuste de cuentas en un despacho, es el desmantelamiento de un tejido solidario, social y técnico que ha tardado mucho en construirse”.

Martín traza también una comparación con la propia historia de Extremadura: “Perder este recurso significa que nuestra región le da la espalda a la solidaridad entre los pueblos, y a nuestra propia memoria, empobreciéndose éticamente al olvidar que hace solo unas décadas los extremeños eran quienes buscábamos un futuro lejos de casa, como hicieron mis padres”.

Las críticas y paradojas que ambos plantean son la respuesta y el análisis ante la reciente decisión de la Junta. En los presupuestos regionales de 2026, que ya han sido presentados por el PP y apoyados por Vox, se cumple uno de los puntos recogidos en el acuerdo que la derecha y los ultras firmaron para que hubiera gobierno regional: un recorte sin precedentes a la cooperación internacional.

Así, de los casi 11 millones de euros que se destinaban a este apartado se ha pasado a 2,7 millones. Si ya la primera cifra apenas representaba un 0,12% del montante total, ahora la cantidad queda rebajada a solo un 0,03%. Las cuentas planteadas para este año (o más bien para los meses que quedan de él) llegan a los 8.854 millones de euros y la Junta presume de que es la mayor cifra presupuestaria de la historia de Extremadura.

Esta merma ha provocado la “renuncia” de la directora de la Aexcid, Isabel Belloso Bueso, cuyo puesto no se va cubrir porque no se considera necesario.

Conviene recordar que las competencias de la cooperación internacional están en la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una cartera que dirige Óscar Fernández Calle, uno de los miembros de Vox que forma parte del Consejo de Gobierno y que además es vicepresidente del Ejecutivo regional.

Fernández Calle argumentó que la salida de Belloso supondrá un ahorro de “85.000 euros anuales”. “No vamos a poner a nadie para que esté cobrando un sueldo sin hacer nada prácticamente”, ha afirmado.

Sus palabras no quedaron ahí: “Hemos recortado 10 millones de euros en asociaciones y entidades que promueven la inmigración masiva y descontrolada y en cooperación para cubrir muchas de las necesidades de los extremeños en nuestra tierra”, subrayó. También se refirió, por ejemplo, a duplicar las ayudas a la natalidad con el convencimiento de que esta medida fomentará que haya más nacimientos en la región.

Tras estas manifestaciones, el veterano cooperante Javier Martín asegura: “Reducir el presupuesto al 0,03% asfixia a unas 60 organizaciones, forzando unos 200 despidos y la pérdida de profesionales extremeños muy especializados”.

Tanto él como su compañera Marina del Barrio destacan también que parte de los fondos de cooperación se destinan a la Educación para la Ciudadanía Global en Extremadura, por lo que se recortará “en talleres y charlas en colegios e institutos que educan en tolerancia, diversidad y derechos humanos, debilitando la empatía de las nuevas generaciones”.

La decisión de la Junta ha provocado críticas e indignación en diversos sectores. Por ejemplo, desde las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las diócesis extremeñas pidieron en un comunicado que se diera marcha atrás: “Con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie. Y recibimos ayudas de otros pueblos de Europa”, rezaba el escrito.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD resaltan que se “destruye el trabajo de 30 años de solidaridad” y que se deja de “cumplir con los compromisos internacionales”.

El recorte puesto sobre el papel que aplicará la Junta afecta igualmente a las entidades que prestan servicio a quienes llegan de fuera, por ejemplo, la Asociación Migrante-Obrera (Amoex): “Rechazamos la criminalización hecha al trabajo de acompañamiento de personas migrantes en la región. Esta labor se encuentra amparada por la legislación internacional de los Derechos Humanos, por la normativa europea y la Constitución Española”, resaltan.

Entre otras funciones, Amoex ayuda a personas de distintos países en el proceso de regularización. Esta asistencia también la presta el Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura (Las Migrantas), que han decidido renunciar a dos subvenciones gestionadas por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia “por coherencia”. 

Desde Las Migrantas afirman: “El trabajo que hacemos está centrado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas, en visibilizar sus aportaciones y en promover un enfoque que dignifique la movilidad humana. Ese trabajo es incompatible con discursos que presentan la migración como un problema y que contribuyen a su estigmatización”.

La denuncia por los recortes es evidente, pero desde la consejería de Vox ya han remarcado que “no hay marcha atrás”.

Blessing nació en Nigeria, en una familia pobre en la que convivía con sus siete hermanos. A los 14 años estaba sola. Y a los 22 decidió tratar de llegar a Europa, dejando atrás a sus hijos de cuatro y dos años. Quería ir a otro continente para ganar dinero y darles la vida que ella no pudo tener. Entonces quedó en manos de la mafia con una deuda de 25.000 euros. Esperó meses encerrada, sin poder bañarse. Y vio cómo otras personas salían antes que ella en una patera y morían en el mar.

Pero ella decidió también arriesgarse. Su patera sí llegó a la orilla en Canarias. Pero allí le quitaron a su bebé de once meses, fruto de una violación de uno de los hombres de la mafia que trafica con los migrantes. La obligaron a prostituirse para devolver ese dinero. 

La historia de Blessing rompe cualquier corazón. Hoy no puede mostrar su rostro porque está protegida por la Policía ante las amenazas de esos mafiosos. Pero su testimonio fue leído por otra persona durante el acto del papa León XIV en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, por razones de seguridad.  

Después de los fastos en Madrid y Barcelona, Canarias es el verdadero mensaje que trae el papa a España. Un mensaje de solidaridad y de integración de los migrantes, con un alto calado simbólico y político en una Europa dominada en cierta medida por los partidos ultras y por los postulados xenófobos, que han comprado la mayoría de los partidos conservadores en el continente.

Es un mensaje del papa a todo el continente europeo desde Canarias, epicentro de la ruta más peligrosa de los migrantes por el mar. Un grito que, además, se produce desde España en un momento en el que el Partido Popular y Vox protagonizan pactos de investidura y de presupuestos bajo el concepto de “prioridad nacional” en comunidades como Extremadura, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.

"No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", dijo el pontífice desde el puerto de Arguineguín, conocido como el “muelle de la vergüenza” después de que en 2020, en plena pandemia, llegaran a hacinarse allí más de dos mil migrantes llegados en pateras y cayucos desde las costas africanas. 

Otra de sus ideas pasa por este enunciado: "Queridos migrantes: antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás; con sueños que nadie tiene derecho a despreciar". Una frase que choca de lleno con el tratamiento de las derechas sobre las personas migrantes y su intento de despojarlas de humanidad con expresiones como “menas” para referirse a los menores migrantes no acompañados.

El discurso del papa pasa, en estas horas de su visita a Canarias, por poner el foco también en aquellos que quieren dar la espalda a la realidad y negar ayuda a las personas que cruzan el mar. Sus palabras remarcan la necesidad de que todo el mundo se vuelque en esta misión: "Gracias de corazón a cuantos se suman a los rescates, a la acogida y al acompañamiento, dando testimonio de que la misericordia concreta puede salvar y cambiar vidas. La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni estar delegada únicamente a algunos voluntarios.". 

Con esta filosofía: "Que la historia no tenga que acusarnos de haber convertido el dolor de los que sufren en paisaje habitual de nuestras costas. Porque hoy, aquí, junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano, se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros". 

La visita del papa también ha puesto en el centro la labor de Cáritas. Ya en Madrid visitó un centro de esta institución en el barrio de Lucero, mientras que en el archipiélago ha estado junto a trabajadores y voluntarios. Todo ello en un momento en el que Vox aprieta sus críticas a esta organización, a la que acusa incluso de hacer negocio con la migración y a la que trata de retirar ayudas. Por eso, el mensaje de León XIV es muy potente en este sentido contra la ultraderecha.

Asimismo, el pontífice incide en estos postulados de acogida en un momento en el que el debate en España está marcado en buena parte por la regularización de migrantes que lleva a cabo el Gobierno y que puede legalizar a más de 500.000 personas que ya trabajan en España. Este proceso está siendo utilizado por el PP y Vox para cultivar su discurso xenófobo, alimentándolo para aumentar en intención de voto como ha sucedido en otros países como Francia e Italia.

Asimismo, el racismo y el discurso contra la migración siguen expandiéndose a toda velocidad por Europa. La tensión se ha apoderado de Irlanda del Norte, donde se han vivido ya varias jornadas de disturbios racistas tras una agresión atribuida a un hombre sudanés en Belfast. Grupos de extrema derecha están alentando a los ciudadanos a cometer agresiones violentas contra la comunidad migrante.

Desde el Gobierno de España se da mucha importancia a las palabras del papa León XIV e incluso en Moncloa las califican de “espaldarazo” a su política migratoria, que va en dirección contraria a la mayoría del continente y de países como Estados Unidos, donde Donald Trump ha instaurado un régimen de terror entre los migrantes con la policía paramilitar del ICE.

El Ejecutivo, en un momento muy complicado de la legislatura por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la investigación del caso Leire Díez, busca reivindicar su política migratoria y retratar la hipocresía de las derechas. Ese espíritu lo verbalizó la portavoz y ministra de Inclusión, Elma Saiz: "El otro día vimos cómo la bancada del PP y de Vox en el Congreso aplaudía el discurso de León XIV. Los aplausos no transforman vidas, lo que transforma son las leyes justas que ponen en el centro a las personas. Y el PP y Vox, con su prioridad nacional, están en contra, así que desde luego me preocupa".

“Estamos con mucha ilusión de que se vaya a poner el foco en la migración”, relata Francisco Navarro, responsable territorial de Accem en las Islas Canarias, al ser preguntado por las expectativas de la visita del papa León XIV al archipiélago. Tras pasar por Madrid y Barcelona, el pontífice acude a este territorio en un momento en el que la migración se encuentra en mínimos, pero con datos preocupantes, como la alta tasa de mortalidad en su ruta. Su visita, además, está cargada de simbolismo: desembarca aquí en plena batalla cultural de las derechas para tratar de criminalizar la acogida de migrantes con términos como prioridad nacional, que los ultras han impuesto en hasta tres comunidades autónomas para facilitar el gobierno de los populares. No solo eso: la reubicación de menores migrantes no acompañados de las Canarias a otros puntos de la península fue lo que dinamitó los pactos autonómicos entre ambas formaciones hace ahora dos años.

La primera parada del papa será este jueves en el Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Este puerto ganó relevancia en 2020, cuando, coincidiendo con la apertura de la ruta atlántica y las restricciones de la pandemia, llegó a albergar a más de 2.500 personas, que tuvieron que dormir a la intemperie o bajo carpas. Tras las denuncias de organizaciones y los informes del Defensor del Pueblo, que describieron “condiciones infrahumanas y graves vulneraciones de derechos”, el muelle actualmente solo funciona como un punto técnico de desembarco, triaje y primera atención humanitaria de emergencia.

Según explica José Antonio Rodríguez Verona, responsable autonómico de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante de la Cruz Roja Española en Canarias, a este periódico, la única intervención que llevan a cabo consiste en “un reconocimiento de las personas que puedan tener problemas de salud, para que sean trasladados de urgencia a centros hospitalarios”, así como en la identificación de perfiles vulnerables, como menores o mujeres embarazadas.

Sin embargo, la situación que se vivió en 2020 es muy distinta a la que se va a encontrar el papa estos días. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta el 31 de mayo de 2026 han arribado a las islas 3.184 personas, un 71% menos que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que concuerda con la bajada del 43,3% que ya se vivió en 2025.

Rodríguez Varona explica que la principal razón de estos datos es que “se están interceptando muchas de estas embarcaciones antes de salir de sus países de origen”. Esto se debe a los acuerdos de externalización de fronteras alcanzados con Mauritania, Senegal o Marruecos, que permiten subcontratar o desplazar las tareas de control fronterizo y gestión migratoria hacia terceros países.

En consecuencia, los migrantes están comenzando sus viajes desde países situados más al sur, como Guinea, según los datos recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Ese desplazamiento de los puntos de salida alarga la travesía hacia Canarias y aumenta los días de navegación de las embarcaciones precarias, lo que incrementa el riesgo de naufragios, deshidratación, averías o retrasos en los rescates. Por esta razón, la ruta ha incrementado su peligrosidad y está teniendo consecuencias fatales. Según un estudio del Colectivo Caminando Fronteras publicado esta misma semana, la ruta canaria ha registrado 635 muertes en lo que va de año.

Aunque las llegadas hayan bajado ese 71%, las muertes solo han descendido un 57,2%, lo que abre una brecha entre esas dos cifras: por cada 100 personas que lograban llegar en 2025, morían en torno a 14. En 2026, esa cifra se eleva a 21 personas.

La segunda parada del papa será el viernes, esta vez en Tenerife, donde visitará el Centro de Primeras Llegadas de Las Raíces. Este centro es el más grande de los cuatro que componen la red en el archipiélago y tiene una capacidad operativa de 1.450 plazas, aunque en 2024 llegó a albergar a más de 2.500 personas.

Una vez más, la situación actual es muy diferente y concuerda con el descenso del número de llegadas. “Ahora mismo no hay ningún tipo de presión migratoria, los centros están en una ocupación muy controlada”, explica Francisco Navarro en representación de Accem, organización que gestiona estos centros. “Concretamente en Las Raíces estamos entre un 15% y un 20% de su capacidad”, añade. Eso no impide, advierte, que se trate de  “una ruta migratoria muy volátil” y que todo puede cambiar en cualquier momento.

Los residentes de este centro “se encuentran con mucha ilusión”, según describe Navarro, ya que este viernes van a poder formar parte del público que recibirá al papa y algunos tendrán ocasión de tomar la palabra. “Que se vaya a poner el foco no solo en la migración, sino concretamente de la migración en Canarias, nosotros lo celebramos, lo aplaudimos y lo consideramos un acto valiente y de mucho valor”, asegura el portavoz. 

A esto añade que no se tiene que olvidar el mensaje principal:  “Poner en valor la humanidad detrás de esta ruta migratoria, que al final no dejan de ser vidas humanas en busca de un futuro mejor y, sobre todo, no caer en estigmas frente a estas personas”.

La migración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Bruselas. De la primera Comisión Von der Leyen, marcada por el Pacto Verde, las energías renovables y la descarbonización, se ha pasado a una segunda Comisión con las inversiones militares, el control fronterizo y el endurecimiento de las normas de asilo como protagonistas. A ello se suma la protección de los sectores industriales en nombre de una competitividad económica que ya no quiere verse limitada por las exigencias de la sostenibilidad.

A finales de mes, la Comisión Europea tiene previsto presentar un plan de acción sobre el Canal de la Mancha, un paso migratorio por el que, entre enero y finales de mayo, cruzaron cerca de 8.500 personas en pequeños botes desde la costa francesa hacia la británica. Esa cifra es un 37% inferior a la del mismo periodo de 2025, según los datos del Home Office, el Ministerio de Interior británico. En los últimos meses, además, se ha producido un cambio en el origen de algunas salidas, con embarcaciones que parten también desde Bélgica.

Sin embargo, esta cuestión menor en términos numéricos vuelve a la palestra política justo después del acuerdo casi cerrado sobre las nuevas reglas de la UE para deportar a centros de detención en terceros países a migrantes en situación irregular en territorio comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado ya su pacto provisional sobre la base de la propuesta de la Comisión, que permitirá acelerar y hacer más efectivas las devoluciones de migrantes mediante la creación de esos hubs de retorno. El ministro de Migración de Chipre, Nicholas Ioannides, responsable de llevar las negociaciones, sostiene que “la migración es una prioridad principal” y que el acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara “fortalece la credibilidad de la política migratoria de la UE”. 

Ioannides es un político independiente, pero pertenece a un Gobierno conservador y las visiones de esta corriente ideológica, del Partido Popular Europeo y de las formaciones de ultraderecha sobre la migración están ya plenamente implantadas en el debate comunitario. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP español, celebró el principio de acuerdo al considerar que “Europa avanza para recuperar el control de su política migratoria” y que el nuevo marco será “más eficaz, más creíble y más justa”.

La Comisión Europea y el PP europeo que la sostiene —Von der Leyen pertenece a esa familia política, la mayoría de los comisarios europeos proceden de sus filas, dirige los gobiernos de 12 Estados miembros, ostenta la presidencia de la Eurocámara y es allí la formación mayoritaria— justifican el futuro reglamento con el argumento de que el sistema migratorio de los Veintisiete “perdía credibilidad ante los ciudadanos”, calificando las devoluciones como retornos efectivos.

En la Eurocámara, el PP se alió con los Consevadores y Reformistas, liderados por el partido de Giorgia Meloni y los ultracatólicos polacos; con los Patriotas de Le Pen, Orbán y Vox; y con el grupo de la Europa de las Naciones donde hay legisladores filonazis, saltándose la propuesta de compromiso del ponente liberal. Ese texto pactado provisionalmente incluye también la prohibición de que un migrante expulsado pueda volver a territorio comunitario como mínimo en diez años, frente a los cinco actuales, y la posibilidad de que esa exclusión sea de por vida. 

Parte de la clase política del continente se revuelve contra esas políticas. La eurodiputada Mélissa Camara, de los Verdes franceses, negociadora del dosier migratorio en el Parlamento, califica el texto pactado como “el resultado de un acuerdo vergonzoso entre los Estados Miembros y la mayoría del PP y la extrema derecha” y como “un retroceso histórico en los derechos fundamentales de la gente exiliada”. También advierte que “la legislación de los hubs de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores o las visitas a hogares inspiradas en prácticas del ICE” son “un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”. Es una posición compartida por el grupo de La Izquierda y por parte de los socialdemócratas. 

Dentro del Consejo, hace seis meses España fue el único país que se opuso a de las propuestas de la Comisión Europea para acelerar las deportaciones, crear centros de detención fuera de la UE mediante acuerdos bilaterales entre países comunitarios y terceros Estados, y permitir que las expulsiones afectasen también a menores. La socialdemócrata Dinamarca, paradójicamente, fue una de las garantes de esta nueva legislación, mano a mano con la Italia de Meloni, como informó infoLibre.

El último eurobarómetro, realizado entre 26.000 ciudadanos de los 27 Estados miembros, muestra que los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio y la invasión rusa en Ucrania, están entre las principales preocupaciones de la ciudadanía europea. Junto a ellos aparecen problemas asociados como la inflación, la seguridad energética y la defensa.

Pese al impulso normativo de las instituciones hacia políticas migratorias más estrictas, la migración aparece solo como la séptima cuestión más relevante y con un peso menor que el año pasado. Según los datos del eurobarómetro, por debajo se sitúan el medio ambiente y los riesgos asociados al cambio climático. Recientemente, con motivo de la Green Week organizada en Bruselas por la Comisión Europea con empresas biotecnológicas y agroalimentarias, ONG y representantes de la sociedad civil, se publicó una nueva encuesta entre la ciudadanía europea en la que la gran mayoría de los encuestados “reconoce la importancia de frenar la pérdida de la biodiversidad como una una cuestión de responsabilidad, bienestar, apoyo al desarrollo económico a largo plazo y para atajar el cambio climático”. 

Frente a lo desarrollado durante su primera Comisión, el actual Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha emprendido una ola desregularizadora con los llamados paquetes Omnibus, orientados a relajar las normas medioambientales en favor de la competitividad económica, especialmente la industrial. Así, Bruselas ha suavizado la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, eximiendo a miles de empresas de informar sobre su huella medioambiental; ha flexibilizado la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035; y ha rebajado también las exigencias de la UE contra la deforestación global.

Durante la Green Week de esta semana, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall, se pronunció a favor de la restauración de los ecosistemas, con ejemplos de lo realizado en humedales de Países Bajos, Alemania, Lituania o Finlandia, y defendió la necesidad de que “las empresas, las instituciones financieras y los entes públicos puedan invertir en estas acciones”. Roswall, una conservadora liberal sueca, destacó que “primero, nuestros negocios y economías necesitan el mundo natural”; “segundo, no existe tal economía competitiva en un planeta moribundo”; y “tercero, invertir en los ecosistemas está entre las decisiones económicas más inteligentes que podemos realizar”.  

En su discurso no hubo ni una sola mención a las emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ni al retraso o incumplimiento de los objetivos para reducirlas. Tampoco defendió cambios estructurales en los modelos productivos para frenar el deterioro de esos mismos ecosistemas que pidió restaurar.

El papa León XIV está en España para una visita apostólica que se prolongará hasta el 12 de junio y que le llevará desde Madrid a Barcelona, el monasterio de Montserrat, Gran Canaria y Tenerife. La agenda oficial incluye actos institucionales, celebraciones religiosas y encuentros multitudinarios, pero reserva también varias paradas a la labor social, con el foco puesto en las personas sin hogar, la población penitenciaria y la acogida de migrantes. Según el programa publicado por el Vaticano, estas citas se repartirán a lo largo de todo el viaje y funcionarán como uno de los ejes simbólicos de la visita.

La primera parada de este recorrido tuvo lugar el sábado 6 de junio, cuando el pontífice visitó en Madrid el centro de Cáritas en la calle Cullera, en el barrio de Lucero (Latina), una zona atravesada por importantes urgencias sociales. En concreto, León XIV conoció el proyecto social Cedia 24 Horas, que atiende a personas sin hogar o en situación de exclusión residencial. Allí se ofrece acogida, escucha, acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas, además de apoyo para iniciar o continuar procesos de inclusión. 

Que uno de sus primeros actos se celebrara en esta zona de Madrid, no fue casualidad. Antes incluso de los grandes actos públicos de la visita, León XIV se acercó a realidades como la pobreza urbana y el sinhogarismo, que suele quedar fuera del foco. Este centro de Cáritas no funciona únicamente como un espacio de asistencia inmediata, sino como un recurso de acompañamiento para personas que necesitan recuperar vínculos, acceder a derechos y reconstruir un itinerario vital.

La siguiente parada llegará el miércoles 10 de junio, con la visita al centro penitenciario Brians 1, en Barcelona. Otro gesto con una fuerte carga simbólica, porque introduce en la agenda papal a una población habitualmente situada en los márgenes del debate público como son las personas privadas de libertad.

Ese mismo día por la tarde, León XIV se reunirá en la Iglesia de San Agustín de Barcelona con entidades, voluntarios y proyectos vinculados a la acción social de la Iglesia, que realizan la atención a personas vulnerables, acompañamiento a familias, redes comunitarias de ayuda y apoyo a personas sin recursos. 

La parte final de la agenda tendrá un claro protagonista: la migración. El jueves 11 de junio, el papa viajará a Gran Canaria y mantendrá un encuentro en el puerto de Arguineguín con migrantes, voluntarios y trabajadores de entidades dedicadas a la acogida y atención de los recién llegados. Este lugar ha quedado asociado en los últimos años a la llegada de personas migrantes por la ruta atlántica y a las dificultades del sistema de acogida para responder a situaciones de emergencia. 

El viernes 12 de junio, ya en Tenerife, el pontífice visitará el centro Las Raíces, uno de los principales dispositivos de acogida temporal para migrantes en Canarias. Este centro funciona como un dispositivo de atención humanitaria para personas llegadas a las islas a las que ofrece alojamiento, manutención, atención social, jurídica y sanitaria mientras se tramita su proceso de integración.   

Después, León XIV participará en la Plaza del Cristo de La Laguna en un encuentro con personas migrantes, entidades sociales y proyectos de acompañamiento. Si Arguineguín representa la llegada y Las Raíces la primera acogida, La Laguna apunta a un fase posterior: la construcción de vínculos, el acceso a derechos, el arraigo y la participación en la comunidad. Es decir, el momento en que la emergencia empieza a dar paso a la convivencia.

En una visita con fuerte dimensión religiosa e institucional, estos actos colocan en primer plano a quienes suelen quedar en los márgenes. Sin embargo, esta imagen de la Iglesia volcada con la vulnerabilidad social convive con los límites de la institución en otros debates de derechos, desde el papel de las mujeres en su estructura interna hasta la igualdad plena dentro de la Iglesia, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto o la eutanasia. La visita, por tanto, proyecta un mensaje de cercanía hacia los excluidos pero se desarrolla sobre el fondo de una institución que mantiene abiertas importantes tensiones con algunas de las principales demandas sociales contemporáneas. 

"Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión". Así se expresó este sábado sobre los migrantes la diputada de Vox Rocío de Meer, portavoz del partido sobre 'Emergencia demográfica y políticas sociales', rodeada de lo más ultra de la extrema derecha europea en una cumbre antimigrantes.

Por si había dudas del giro de Vox, incluyendo a los migrantes legales en el fin de las entradas al país, su presidente, Santiago Abascal, ha reafirmado la postura este mismo miércoles. El político ha mostrado su apoyo a la Save Europe Act, una iniciativa ciudadana europea (ICE) que busca que la Unión Europea (UE) "ponga fin a la inmigración de sustitución, proteja nuestras fronteras y defienda la identidad etnocultural de las naciones europeas", según las palabras de sus impulsores. La iniciativa propone "un cese inmediato y total de la inmigración y la creación de un sistema europeo integral de remigración".

No son hechos aislados. Los creadores de la iniciativa son Martin Sellner y Eva Vlaardingerbroek, dos de los principales activistas europeos de extrema derecha por la deportación masiva de migrantes —idea que defienden bajo el término que han acuñado como remigración—. De hecho, Sellner y Vlaardingerbroek son también dos de los impulsores de la Remigration Summit —en español: Cumbre de la Remigración—, un acto anual en el que la extrema derecha de todo el continente se da cita para hablar de estas ideas y tejer alianzas.

La de 2026, que ha sido la segunda edición, ha tenido lugar este sábado en Figueira da Foz (Portugal). En esa cumbre es en la que Rocío de Meer, como ponente del acto, realizó sus declaraciones contra la entrada de migrantes. También habló Eva Vlaardingerbroek, que aprovechó su intervención para anunciar el lanzamiento de la Save Europe Act.

La ultra emitió un vídeo durante su mitin en la cumbre, que también publicó en sus redes sociales, en el que Sellner y ella anuncian el lanzamiento de la iniciativa: "Reconociendo que la continuidad etnocultural de los pueblos de Europa es fundamental para su preservación, exigimos a la Comisión Europea que imponga una suspensión total y definitiva de la inmigración no occidental, tanto legal como ilegal. A partir de ahora, nadie más entra y millones se van". El mensaje está completamente en línea con el que expresó en el acto De Meer.

Este miércoles Abascal ha reaccionado al vídeo de Vlaardingerbroek en X —antes Twitter— con alabanzas: "Hay jóvenes europeos que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras les arrebatan sus naciones y su futuro. Nuestra amiga Eva Vlaardingerbroek es una de ellos". El político español ya aparece en la web de la iniciativa como uno de los firmantes más destacados, junto a otros políticos como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán o el exeurodiputado francés Jean-Yves Le Gallou, creador del concepto de preferencia o prioridad nacional, que tanto está utilizando Vox en los últimos tiempos.

La iniciativa solicita, primero de todo, "una moratoria formal sobre las nuevas vías de inmigración no occidentales ni europeas" y, para ello, pide paralizar tanto "la tramitación de solicitudes de asilo para migrantes económicos y solicitantes procedentes de países de origen seguros" como "la concesión de nuevos visados de estudios y de reagrupación familiar para personas no europeas".

Los firmantes como Abascal solicitan, además, que durante esa moratoria se produzca "una reforma fundamental de los actuales sistemas de migración y asilo de la UE" y que se garantice "la repatriación sistemática y acelerada de los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo rechazados y las personas que hayan cometido delitos o supongan una amenaza para el orden público".

La iniciativa también solicita a la Comisión que se establezca "un marco armonizado a escala de la UE para una remigración más amplia, que incluya medidas de remigración voluntarias e incentivadas para los migrantes no europeos que no se hayan integrado o que supongan una grave carga cultural o financiera para los Estados miembros".

Además, va un paso más allá que el concepto de prioridad nacional de Vox. La Save Europe Act pide directamente que se eliminen "los incentivos y prestaciones de bienestar social que actúan como factores de atracción de la migración" y que se restrinja el "acceso de los no ciudadanos y los migrantes recientes a determinadas prestaciones sociales y sistemas de apoyo".

La iniciativa lanzada este mismo fin de semana aprovechando la celebración de la Remigration Summit tiene un plazo de un año para recoger las firmas necesarias para poder llegar a las instituciones europeas y que estas se sienten con los impulsores para debatirla. Se requiere al menos un millón de firmantes en toda la UE y, además, cumplir con el umbral mínimo para cada país concreto en al menos siete de los Estados miembros.

Una iniciativa ciudadana europea es el símil comunitario a la iniciativa legislativa popular. Permite a los ciudadanos presentar proyectos legislativos a la UE para que la Comisión pueda proponer legislación al respecto. Según los impulsores, la Save Europe Act habría superado ya, en poco más de tres días, las 150.000 firmas.

No es una sorpresa que Sellner y Vlaardingerbroek sean los impulsores de la iniciativa. Ambos son habituales en este tipo de proyectos. El austríaco Martin Sellner lleva años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en toda Europa. De hecho, este año ha anunciado también su intención de crear el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir con forma de ONG. El ultra, según reveló el diario austríaco Kleine Zeitung, tuvo una juventud vinculado al mundo neonazi y en 2006 se dedicó a poner pegatinas con la esvástica en sinagogas.

Eva Vlaardingerbroek, una activista e influencer de extrema derecha de los Países Bajos, es otra de las piezas centrales en la alianza ultra europea que defiende la remigración. Tiene solo 29 años y se ha hecho famosa tras defender conceptos como el de la remigración y teorías como la del gran reemplazo y otros postulados xenófobos. En la cumbre de este fin de semana recibió también un premio otorgado por los organizadores por haber utilizado "su voz para defender la identidad europea" y llevar "ideas a espacios donde una vez fueron completamente excluidas". La activista ha llegado a hablar incluso de "genocidio blanco" en Europa.

Sellner y Vlaardingerbroek se presentan a sí mismos como cofundadores de la iniciativa ciudadana y son los dos que aparecen en el vídeo en el que se anuncia la misma. Aun así, la web oficial ya reivindica a otras figuras célebres de la ultraderecha europea como impulsores o primeros firmantes. Es ahí donde ahora aparecen Abascal, Orbán o Le Gallou, pero también muchos otros, como los activistas ultras Afonso Gonçalves, Dries Van Langenhove o Andrea Ballarati.

El belga Dries Van Langenhove, que fue diputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto, fue el principal impulsor de la creación de la Remigration Summit junto a Sellner. Ballarati y Gonçalves, por su parte, han sido los anfitriones de la cumbre en sus dos primeras ediciones, que han tenido lugar en 2025 en Italia y en 2026 en Portugal. La lista de participantes de la cumbre guarda muchas coincidencias con la de firmantes de la nueva iniciativa europea.

En el caso de Vox, el partido mandó a Rocío de Meer a la cumbre pero el principal firmante de la nueva iniciativa es el propio presidente, Santiago Abascal. Los organizadores de la cumbre por la remigración también habían anunciado la participación del diputado Carlos H. Quero, tal y como explicó infoLibre, pero el responsable de Vivienda del partido finalmente no habló durante el acto. infoLibre ha preguntado a Vox para saber si Quero finalmente no asistió a Portugal y el motivo de que no participara como ponente en el acto, pero el partido no ha respondido.

En cualquier caso, la asistencia de Vox a la cumbre de 2026 escenifica también su giro hacia una mayor radicalidad y su alianza con elementos aún más ultras de la extrema derecha europea y mundial. En el evento de 2025 ningún político del partido español participó como ponente o con otro papel oficial.

El discurso de Rocío de Meer en el acto se centró en defender que las acusaciones de discurso de odio contra ellos son infundadas y que España y Europa necesitan parar la migración: "Nos han dicho que debíamos dejar de lado nuestras tradiciones en silencio, por si acaso ofendían a alguien. Y nuestro mensaje es: no, ya hemos tenido suficiente. Ese no es nuestro destino. E intentaremos detener a los poderosos enemigos de Europa. Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión".

infoLibre ha preguntado a Vox por las palabras de De Meer para saber si representan la postura oficial del partido. Tampoco ha habido respuesta. Aun así, Abascal parece haber hecho lo contrario a desautorizarla al firmar y promover la nueva iniciativa europea que defiende esas mismas ideas y que ha sido impulsada por los mismos activistas ultras que organizaron el acto donde habló la diputada.

De Meer también hizo referencia a otros temas durante su intervención en Figueira da Foz, como a la propia remigración: "Es de sentido común la remigración de aquellos que, ya sean legales o ilegales, estén viviendo de las ayudas públicas o no respeten nuestro modo de vida. O de aquellos que colapsan nuestros servicios públicos y sociales. No basta con detener el fenómeno de la migración masiva, sino que debemos revertirlo". 

También presumió de la fuerza de Vox imponiendo la prioridad nacional a los Gobiernos del PP y criticó a las feministas: "España necesita familias fuertes. Necesita madres. Necesita padres. Necesita niños jugando en las calles, abuelos que transmitan sus recuerdos y colegios llenos de esperanza. Necesita que las mujeres no tengan que pedir permiso a las feministas para ser madres".

Mientras, De Meer estaba rodeada de los activistas más ultras de Europa. Entre ellos, por ejemplo el propio anfitrión, Afonso Gonçalves, que en 2024 aseguró en un podcast que las mujeres son menos inteligentes que los hombres y que solo los hombres deberían tener derecho al voto.

El 12 de junio no es una fecha negociable. A partir de ese día, España debe tener operativa la maquinaria que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) lleva años construyendo en Bruselas: sistemas policiales, judiciales y aduaneros integrados con el resto de la Unión, procedimientos de criba en frontera y una base de datos biométrica que a partir de ahora incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad.

La fecha marca el inicio de la aplicación efectiva de un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transforman la gestión migratoria en todo el continente. Lo que antes era un mosaico de normas nacionales dispersas pasa a ser, al menos en teoría, un sistema unificado. Y España, como país de primera llegada, es uno de los Estados que más cambios debe implementar.

La medida más inmediata es la implantación del procedimiento de cribado —screening, en la jerga comunitaria— en todos los puntos de entrada irregular. Cualquier persona que llegue a las costas canarias o a los puertos andaluces sin documentación debe pasar por un control exhaustivo de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días.

Durante ese tiempo, la persona no tiene derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo llama “ficción de no entrada”: un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tiene que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan exige una inversión en infraestructuras adicional que depende del Ministerio del Interior.

Al cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. La regla es concreta: si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanece confinada en zonas de tránsito o ubicaciones fronterizas habilitadas. Ya no puede esperar una decisión en libertad.

La lógica de Bruselas es desestimar rápidamente las solicitudes consideradas “infundadas o inadmisibles” antes de que el solicitante entre en el sistema ordinario. Para ello, la UE ha fijado una lista común de “países de origen seguros” que incluye, entre otros, a Marruecos, Egipto y Colombia a pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional los consideran en la lista negra de los que violan los derechos humanos. Esta clasificación no impide pedir asilo, pero coloca al solicitante en una posición más vulnerable: si procede de un país considerado “seguro” por Bruselas, su expediente puede tramitarse por la vía rápida y ser rechazado si no acredita riesgos personales concretos en su país de origen.

El problema práctico es que 12 semanas en una zona de tránsito fronteriza no son 12 semanas en un hotel. Las organizaciones de derechos humanos llevan meses advirtiendo que las condiciones de estas instalaciones no están diseñadas para una estancia prolongada, especialmente cuando hay familias con menores.

Otro de los aspectos del PEMA que más rechazo ha generado entre las ONG es la ampliación del sistema Eurodac. Esta base de datos, que hasta ahora recogía huellas dactilares de adultos en situación irregular, pasa a registrar también imágenes faciales y datos biométricos de menores desde los seis años.

La Unión Europea justifica la medida argumentando que protege a los niños en caso de separación familiar. España ha tenido que aceptarla a pesar de la incomodidad con la que el Ejecutivo ha gestionado el debate. Los datos no se quedan en un servidor nacional: deben interactuar en tiempo real con Europol y con el Sistema de Información Schengen (SIS), de modo que cualquier agente de policía en cualquier país del bloque pueda saber si una persona —incluso un menor— tiene una orden de retorno pendiente en otro Estado miembro.

La reforma de Eurodac ha suscitado críticas porque amplía de forma notable el alcance de una base de datos que nació para identificar a solicitantes de asilo y repartir responsabilidades entre Estados miembros. Con el nuevo marco, el sistema pasa a almacenar más categorías de personas, más datos biométricos y durante más tiempo, lo que para sus detractores supone un giro hacia una lógica de control migratorio más intrusiva.

Uno de los puntos más controvertidos es el impacto sobre la privacidad y la protección de datos. Organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad advierten de que la reforma refuerza la dimensión de vigilancia del sistema y reduce garantías, especialmente al facilitar un uso más amplio de la información recopilada y al conectar Eurodac con otras bases de datos europeas.

También ha generado especial rechazo la inclusión de menores en el sistema biométrico. Las críticas subrayan que tomar y conservar datos de niños y niñas desde edades muy tempranas, como los seis años, resulta desproporcionado y difícil de justificar desde la perspectiva de los derechos fundamentales. A ello se añade la preocupación por la mezcla entre gestión de asilo y fines policiales, ya que la reforma refuerza el uso de Eurodac para apoyar retornos y, en determinados supuestos, para fines de seguridad.

La consecuencia más tangible de la reforma europea está en la relación entre asilo y retorno. En cuanto una solicitud de protección es denegada, el PEMA obliga a poner en marcha el procedimiento de retorno, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración y acelera el paso de una fase a la otra. Para encajar esa exigencia en la normativa española, el Ejecutivo ha tenido que introducir una cláusula de “incompatibilidad de procedimientos”, pensada para evitar que el asilo y otras vías de regularización se tramiten de forma simultánea.

La consecuencia práctica de esta reforma es que quien solicita asilo no puede, al mismo tiempo, aprovechar ese periodo para construir una vía de regularización por arraigo. El tiempo que la Administración tarda en resolver la petición no suma como estancia válida a efectos de ese permiso, de modo que una eventual denegación puede dejar a la persona en una especie de punto de partida migratorio cero.

Eso obliga a muchas personas a escoger entre dos caminos que, en la práctica, se excluyen entre sí: pedir protección internacional o acumular tiempo de permanencia para intentar regularizarse después por arraigo. Las organizaciones sociales denuncian que esta situación convierte el procedimiento en una “trampa legal”, porque penaliza precisamente a quienes primero buscaron asilo y quedaron atrapados durante meses o años en la espera administrativa.

España también debe integrar en su sistema judicial la Orden de Retorno Europea. Esto implica que los juzgados y la policía española deberán ejecutar, de forma casi automática, las decisiones de expulsión emitidas por cualquier otro Estado miembro y registradas en el SIS.

El margen de los jueces españoles para revisar el fondo del asunto queda limitado a los casos en que la medida atente contra el orden público interno. Además, el efecto suspensivo de los recursos judiciales se erosionará de forma significativa: la administración podrá consumar la deportación aunque haya una apelación en trámite, con plazos de respuesta judicial reducidos a 14 días. Juristas especializados en derecho migratorio han señalado que esta aceleración choca con las garantías procesales previstas en la Constitución, pero el reglamento comunitario la impone como estándar de eficiencia.

Es verdad que no todo el PEMA es de aplicación obligatoria. Hay un conjunto de medidas que el pacto autoriza pero no impone, y es en ese espacio donde el Gobierno ha plantado sus líneas rojas.

La más visible es el rechazo a los centros de retorno en terceros países. El acuerdo político alcanzado en junio de 2026 abre la puerta a que los Estados miembros trasladen inmigrantes irregulares a centros cerrados fuera del territorio de la UE, siguiendo el modelo que Italia inauguró en Albania. El Gobierno español no tiene ninguna obligación de replicarlo y, al menos por ahora, no lo va a hacer.

Tampoco está obligada a criminalizar penalmente la estancia irregular. El PEMA autoriza a los países a imponer penas de prisión por no colaborar en la propia expulsión; el Ejecutivo ha decidido no ejercer esa facultad. Y en lo que respecta al Reglamento contra la Facilitación de la Inmigración Irregular, España —único país que votó en contra de esa norma en diciembre de 2024— tiene potestad para excluir explícitamente de cualquier responsabilidad penal a las ONG que realizan labores de salvamento marítimo.

Mientras todo esto se despliega, el Ejecutivo mantiene su propio Reglamento de Extranjería nacional, en vigor desde mayo de 2025. Sus lógicas apuntan en dirección contraria: donde Bruselas amplía los plazos de detención administrativa hasta los 30 meses para asegurar las deportaciones, Madrid ha reducido de tres a dos años el tiempo de estancia necesario para regularizarse por arraigo. Donde Europa aprieta el procedimiento de retorno, España ha creado nuevas vías de integración laboral.

El debate sobre el PEMA no se limita a la gestión técnica del asilo: para la extrema derecha europea, y cada vez más para parte de la derecha tradicional, la reforma abre la puerta a un modelo de control migratorio inspirado en el ICE estadounidense, basado en la expulsión, la vigilancia intensiva y la reducción de garantías. Esa lógica ya no circula solo en manifiestos o cumbres ultras, sino también en propuestas concretas sobre reconocimiento facial, refuerzo de la detención, ampliación de los poderes policiales y debilitamiento de los recursos judiciales.

Los críticos con esta reforma advierten de que desplaza el foco desde la protección hacia la expulsión y normaliza un modelo de gestión migratoria que trata la irregularidad como un problema de seguridad más que de derechos, justo en la línea del discurso de la extrema derecha.

La paradoja tiene consecuencias físicas en el calendario de las administraciones. Por las mañanas, la Policía Nacional debe preparar los sistemas biométricos y los protocolos de cribado que Bruselas exige. Por las tardes, las oficinas de extranjería tramitan regularizaciones masivas al amparo de una legislación nacional aprobada precisamente para sacar de la sombra a cientos de miles de personas.

El Mecanismo de Solidaridad Obligatoria completa el cuadro: la UE fijará anualmente un contingente de reubicaciones y una bolsa financiera de unos 600 millones de euros para repartir entre los Estados. Los países que no quieran acoger físicamente a solicitantes de asilo podrán pagar alrededor de 20.000 euros por persona rechazada. España se ha abstenido en las votaciones sobre este mecanismo por considerarlo un sistema que mercantiliza la solidaridad, pero deberá jugar bajo esas reglas.

A partir del 12 de junio, España ejecutará ambas agendas a la vez. La cuestión es cuánto tiempo podrá mantenerse esa contradicción sin que una de las dos partes acabe cediendo. Eso si un eventual vuelco electoral en 2027 no pone a España, de la mano de PP y Vox, al frente de los países que van a aplicar con más intensidad las nuevas políticas de expulsión de migrantes. 

“Si desaparecieran de Extremadura todas las mujeres migrantes que cuidan, ¿qué pasaría con nuestros mayores?”, expresa Beatriz Blanco, secretaria regional de Cooperación Internacional y Migraciones en CCOO. La misma reflexión comparte José Alejandro Peña, portavoz de la Asociación Migrante-Obrera, con sede en Badajoz: “Vivir interna en una casa ajena. Prestar asistencia prácticamente 24 horas, de lunes a sábado. Cuidar, limpiar, planchar y cocinar, a veces para toda la familia. Todo por un salario precario. ¿Quién hace eso? Estas mujeres están ahí porque nadie más quiere”.  

Ambos coinciden en señalar una realidad tan invisible como imprescindible: buena parte de la atención cotidiana a personas mayores dependientes en sus propios hogares descansa sobre mujeres migrantes, muchas veces en situación de vulnerabilidad.

Y lo hacen en un momento en el que este colectivo vuelve a estar señalado. Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en poner sobre la mesa el concepto de prioridad nacional. El pacto entre PP y Vox que ha permitido formar gobierno incluye esta idea que —aunque sigue sin estar claro cómo se traducirá exactamente sobre el papel— establece un marco teórico discriminatorio con quienes llegan de fuera, especialmente en lo relativo al acceso a las ayudas públicas.

Basta recordar uno de los lemas del nuevo vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox): “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”. En su primera comisión en la Asamblea de Extremadura insistió en la misma idea: “Los de aquí por delante de los de allí”.

Entre “los de allí” están precisamente esas mujeres migrantes que cubren necesidades esenciales de muchas familias ante las carencias del sistema de dependencia. “Sufren precariedad, acoso, a veces incluso violencia y hasta situaciones de esclavitud”, subraya la representante de CCOO.

Peña añade que muchas de ellas se encuentran en situación irregular, lo que agrava aún más su indefensión. “No tienen permiso de trabajo ni de residencia, de manera que, si les pasa algo, no se atreven a denunciar por miedo a las consecuencias, que pueden ser una multa y un expediente de expulsión”.

La Asociación Migrante-Obrera trabaja a diario con personas llegadas de otros países. Atienden a entre diez y 30 casos cada jornada, procedentes sobre todo de países latinoamericanos como Colombia, Paraguay, Perú o Venezuela. Aunque no disponen de datos oficiales, porque se trata de una realidad difícil de cuantificar, la entidad maneja una estimación: las mujeres migrantes en situación irregular que ejercen de cuidadoras de personas mayores representan en torno al 85% de quienes se encargan de estos trabajos de cuidados en Extremadura. “Es la única oportunidad laboral que encuentran”, resumen.

A esa precariedad laboral se suma, además, la presión del mercado de la vivienda. "Imagina un piso de cuatro dormitorios; por cada habitación se pagan 300 euros, así que el propietario se saca 1.200 euros. De hecho, hay carteles que especifican que solo buscan a internas", describe Peña.

“Hay que dejar claro que, aunque consigan regularizar su situación con el proceso que ahora se ha abierto, no están libres de la vulnerabilidad. Tener un permiso de trabajo no garantiza que sus empleadores les vayan a hacer un contrato”, advierte Tania Irías Guerrero, del Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura. Nacida en Nicaragua, vive en España desde hace siete años. “A veces la familia les hace el chantaje de ‘gracias a mí conseguiste los papeles’, de manera que las condiciones siguen siendo precarias”, añade.

Guerrero recuerda, además, que es un trabajo que se realiza “en la privacidad del hogar” y, por tanto, “no está vigilado”, lo que aumenta el riesgo de abusos. Al mismo tiempo, reivindica el valor humano de su labor: “Estas mujeres ayudan a dignificar el proceso de envejecer, porque hay ocasiones en que pasan semanas sin que nadie de la familia aparezca”.

En lo que coinciden las asociaciones y colectivos que abordan la migración es que la actual ley de extranjería es “racista y xenófoba”: “Te permite estar dos años en la sombra, trabajando como los demás pero sin cotizar y en un contexto de desprotección en el que es muy fácil que te exploten. Y cuando pasan esos dos años, ya sí puedes aspirar a tener papeles”. En este contexto se enmarca el actual proceso extraordinario de regularización en España, aunque el permiso que se está concediendo, de momento, es solo por duración de un año.

Desde UGT Extremadura, María José Ladera, secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales, pone el foco en una contradicción evidente: pese a la importancia del sector de los cuidados, las condiciones de quienes lo sostienen siguen marcadas por los abusos laborales. Son mujeres que, para el sistema, apenas cuentan. "Y es otra manera más de fomentar la economía sumergida", lamenta.

Ladera también lamenta “los discursos de odio que van calando en la sociedad, como si estas personas tuvieran alguna opción de acceder a ayudas sociales o le quitaran el trabajo a alguien”.

“Lo que pasa es que con esos mensajes se consiguen votos, pero hay mucha desinformación. Bebemos de las redes sociales, nos quedamos solo con el titular y no nos paramos a enterarnos bien de las cosas”, concluye la representante de UGT Extremadura.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes —el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia— y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según ha adelantado la Sala, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban. Sus argumentos se conocerán en los próximos días.

El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

De esta forma, la Sala responde solo a la petición de medidas cautelares de la Comunidad de Madrid y de Vox, ya que rechaza la legitimación de las asociaciones para recurrir el real decreto.

Fuentes de Hazte Oír han informado que la entidad recurrirá tanto esta decisión como la denegación de la medida cautelar "por el grave riesgo que entraña el que no se admita esta medida con urgencia".

Durante la vista, la Abogacía del Estado ya había cuestionado la legitimación de las entidades, al considerar que la mera atribución en sus estatutos de principios como la defensa del orden jurídico o los valores constitucionales no era suficiente para demostrar un interés específico en este proceso.

Entre otros argumentos en contra de la medida extraordinaria, los recurrentes han asegurado hoy ante el Supremo que es contraria al derecho nacional y europeo y puede suponer un colapso de los servicios públicos como la sanidad, alegatos todos ellos rebatidos por el Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid ha incidido en los efectos que este proceso tendrá en los servicios públicos, ya que el Gobierno regional estima que solo en esta comunidad se beneficiarán 255.00 personas, y Vox ha advertido de un conflicto "brutal" con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el próximo mes de junio.

Y para justificar la adopción de medidas cautelares que ellos habían pedido, han asegurado que la concesión de autorizaciones provisionales mientras se resuelven las peticiones iba a crear unos "derechos consolidados" que luego no iba a ser posible revertir.

El abogado del Estado, por su parte, ha defendido la medida para lograr la integración de las personas que ya están en España a través de un proceso "especialmente limitado" que tendrá efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, para lo que se ha apoyado en informes del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.

Si la nacionalidad puede ordenar la atención sanitaria, también puede acabar ordenando la vivienda, las ayudas sociales, la dependencia, la atención a la infancia o cualquier prestación social destinada a garantizar unas condiciones básicas de vida. Lo que está en juego es más que un acuerdo político: es el principio que organiza el acceso a los derechos sociales, si se ordenan por necesidad o por pertenencia.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido recientemente en que las desigualdades en salud no pueden entenderse al margen de las condiciones sociales: vivienda, empleo, protección social, discriminación estructural, desplazamiento forzoso o acceso desigual a servicios. Basta atender a los más de 10 años de diferencia en esperanza de vida que se da entre los barrios de la ciudad de Madrid, por ejemplo. Si la evidencia nacional e internacional pone el foco en reducir discriminaciones estructurales para mejorar la salud y el bienestar, la “prioridad nacional” camina en la dirección contraria.

“Los españoles primero” es más que un eslogan traducido del America First (EEUU primero). Es una forma de redefinir quién merece ser cuidado, protegido o acompañado por las instituciones públicas. Allí donde una política social debería preguntarse qué necesita una persona, empieza a preguntarse dónde ha nacido. El desplazamiento es más hondo de lo que parece. Cambia la arquitectura moral del Estado de bienestar.

En España, podemos sentir orgullo de muchos logros democráticos recientes. En la Transición, los Servicios Sociales se consolidaron como parte fundamental del Estado de bienestar, en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Nacieron como un sistema interdisciplinar, local y comunitario, orientado a atender necesidades sociales y proteger a colectivos vulnerables o en riesgo. Superar la beneficencia significó avanzar hacia una lógica de derechos, responsabilidad pública y protección frente a la vulnerabilidad. La “prioridad nacional” devuelve a los Servicios Sociales al terreno de la caridad y retoma una pregunta que el Estado de bienestar ha tratado de superar: quién merece nuestra atención.

Desde la psicología social sabemos que este argumento puede resultar tentador porque activa una intuición poderosa: si “ellos” reciben ayuda, “nosotros” la perdemos. Introduce una frontera simbólica entre “nosotros” y “ellos”, y convierte la escasez de recursos en una disputa entre grupos. Esta lógica ha estado históricamente en la base de muchas formas de prejuicio, discriminación racial y hostilidad hacia los grupos construidos como externos. En una lista de espera, en una ayuda para la vivienda o en una beca comedor, la persona migrante deja de ser alguien con una necesidad concreta y pasa a ser imaginada como una competidora ilegítima.

Sin embargo, hay una premisa que sí es cierta y debemos atender: efectivamente, hay listas de espera imposibles, precariedad, alquileres desorbitados, servicios públicos saturados y profesionales desbordados. La solución parte de aceptar que el sistema está fallando, pero también debemos impedir que ese malestar se traduzca en discriminación. La “prioridad nacional” se alimenta de problemas reales, pero ofrece una solución que es falsa: el conflicto no es entre nacionales y extranjeros. La verdadera brecha se da entre hacer valer los derechos sociales y las políticas que dirigen el enfado y la frustración hacia las personas más vulnerables.

Estamos jugando con fuego. Una vez que aceptamos que es legítimo ordenar el acceso a derechos por nacionalidad, el criterio puede desplazarse. Primero pueden ser las personas extranjeras. Después, se puede legitimar dejar fuera de la cobertura sanitaria a las personas que no han cotizado lo suficiente o limitar los recursos para las personas que tienen una enfermedad que requiere un tratamiento costoso, o retirar las ayudas para las familias que no son tradicionales, o negar la atención a las personas LGTBIQ+. Cuando una sociedad acepta que es lícito dejar algunas vidas sin protección, el círculo de derechos puede estrecharse una y otra vez. La exclusión no siempre se impone de golpe, la mayoría de las veces se aprovecha una crisis para justificar dejar sin acceso a recursos básicos a una parte de la población.

El Estado de bienestar se basa en que cualquiera puede atravesar una situación de vulnerabilidad y encontrar un suelo común de protección. La “prioridad nacional” rompe esa universalidad mínima y convierte los derechos sociales en un campo de sospecha, vigilancia y jerarquización. Va más allá de excluir a algunas personas: cambia el pacto social que hacía posible proteger a cualquiera que lo necesitara.

La alternativa a la “prioridad nacional” tampoco es ingenuidad ni “barra libre”. Es una priorización basada en el análisis de necesidades y en la planificación territorial. En lugar de preguntarnos quién debe ir primero, deberíamos preguntarnos qué barrios tienen menos recursos, qué servicios están saturados, qué ayudas llegan tarde y qué coordinación falta entre servicios sociales, sanidad, educación, vivienda y empleo. Una política social puede y debe priorizar. Lo que no puede hacer es convertir la nacionalidad en medida de la dignidad.

La respuesta es reconstruir un “nosotros” que no sea excluyente. Nuestra sociedad no es una comunidad con una identidad única o cerrada; nunca lo ha sido. Debemos recordar que la tarea democrática consiste en ensanchar las condiciones que permiten cuidar mejor. Ese “nosotros” al que aspiramos no se construye expulsando a quien tiene menos recursos o menos papeles. Se construye garantizando que la vulnerabilidad de una persona nunca sea usada como argumento para degradar su dignidad.

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Rubén García Sánchez es Doctor en Psicología. Coordinador del Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria, y docente e investigador del Dpto. de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

El sindicato CNT Comarcal Sur ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de la localidad, José Luis Martínez-Almeida, y cargos directivos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, por posibles delitos de "prevaricación administrativa y discriminación" en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Tal y como ha hecho público el sindicato este martes, la denuncia se presenta a raíz de "las instrucciones trasladadas a los servicios sociales municipales para la tramitación" del certificado de vulnerabilidad requerido para parte de las personas migrantes que entran en el proceso de regularización. La información recopilada por la Sección Sindical de CNT en Políticas Sociales ha servido para constatar la existencia de "directrices" encaminadas a generar "un procedimiento deliberadamente restrictivo que ha supuesto un trato discriminatorio hacia la población migrante, dificultando de manera injustificada el acceso a un derecho reconocido".

CNT señala al regidor de la localidad por haber manifestado públicamente su intención de no colaborar con el proceso de regularización, una posición política que "se habría materializado, presuntamente bajo la dirección y responsabilidad de los máximos responsables municipales y de los altos cargos" de la concejalía, mediante la "imposición de trabas administrativas que han obstaculizado el acceso a estos informes". Diversas entidades acreditadas para expedir los informes de vulnerabilidad han venido expresando en las últimas semanas sus sospechas ante la imposición de trabas administrativas y burocráticas en Madrid.

El protocolo que señala el sindicato y sus trabajadores en el área habría establecido que la solicitud para acceder al informe "solo podía realizarse mediante instancia general" presentada ante el Registro General, "obligando a numerosas personas a soportar colas innecesarias e incluso a pasar noches a la intemperie únicamente para poder iniciar el trámite". Esta decisión, resaltan en el comunicado, "ha entorpecido además el trabajo que los servicios sociales de distrito habían comenzado a desarrollar desde el primer momento, pese a no haber recibido refuerzos de personal ni recursos adicionales" para asumir la carga de trabajo.

La instrucción también "obligaba inicialmente" al personal a "asignar cita previa para valorar dichos informes sin otorgar prioridad alguna al procedimiento, a pesar de que las listas de espera habituales oscilan entre los 30 y los 60 días". Los trabajadores y voluntarios que atienden a personas migrantes hablan precisamente de demoras en las citas, una situación especialmente traumática para los solicitantes dados los plazos existentes para el proceso de regularización, cuya fecha límite es el 30 de junio.

CNT da el paso, junto a Asamblea por la Regularización de Madrid, de llevar los hechos ante la justicia para exigir responsabilidades políticas y administrativas "a quienes hayan diseñado, autorizado o ejecutado estas directivas". "No vamos a permitir que se utilicen las instituciones públicas para obstaculizar derechos mediante trabas administrativas", zanjan.

La violencia sexual que de forma sistemática y endémica recae sobre las mujeres no ha estado nunca entre las preocupaciones de la extrema derecha. Sus principales líderes se han esforzado no solo en mirar hacia otro lado, sino en desacreditar la investigación, los proyectos y las demandas feministas. Con una excepción: siempre que la mención a las mujeres sirva para cargar contra la población migrante.

"¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias". El lema figura en una serie de carteles difundidos la semana pasada con el sello de Vox. El partido de Santiago Abascal se arma contra las personas migrantes, instrumentalizando a las mujeres y con fines electorales. Lo hace en plena campaña de las elecciones andaluzas, siguiendo la estela del discurso ultra en otros puntos del planeta.

El Ministerio de Igualdad ha tomado cartas en el asunto y lo ha puesto en manos de la Fiscalía de Granada. "Esa propaganda afecta y es contraria a los derechos y principios básicos", señaló a finales de semana la ministra Ana Redondo. La Junta Electoral también estudiará la cartelería. Facua Andalucía, por su parte, ha instado este lunes a los ayuntamientos de Granada y Almería a retirar la propaganda por incitar al odio.

La de Vox no es una estrategia que emerja espontáneamente, sino que ha sido ampliamente manoseada por la extrema derecha en todo el globo. Es lo que el análisis académico ha tildado como feminacionalismo. 

La extrema derecha occidental ha encontrado en la violencia machista una ventana de oportunidad para defender no solo políticas punitivistas, sino abiertamente xenófobas. Ha ocurrido en países como Italia, Alemania y Francia. La ultraderecha se ha inclinado tradicionalmente o bien por negar las raíces de la violencia contra las mujeres, o bien por introducir una suerte de variante extranjera vinculando a los agresores con personas migrantes. 

Sara R. Farris, autora de En nombre de los derechos de las mujeres. El auge del feminacionalismo (Traficantes de sueños, 2021), lo explica así en su libro: "Al fomentar una retórica de división, o de separación maniquea del debate político e ideológico en un 'nosotros' (blancos, europeos, occidentales, cristianos, civilizados, 'respetuosos con las mujeres') contrapuesto a un 'ellos' (esos otros no blancos, no europeos, no occidentales, musulmanes, incivilizados, misóginos), los partidos nacionalistas de derechas solo pueden beneficiarse". Sobre esta idea ahonda también la investigadora Nuria Alabao en su libro Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales (Katakrak, 2025): "Uno de los ejes fundamentales de la extrema derecha es intentar vincular la migración con un problema de seguridad. Ese sentimiento antiinmigrantes que empieza a existir se construye a partir de ahí".

A Vox dice preocuparle ahora la seguridad y el bienestar de las mujeres. Pero al partido ultra no parecía inquietarle lo más mínimo la violencia estructural que sufren las mujeres cuando eran las formaciones progresistas o el movimiento feminista quienes introducían el problema en la agenda. 

En marzo de hace seis años, el Ministerio de Igualdad hacía suyo un lema que el feminismo había popularizado en las calles: "Queremos que el grito feminista ‘sola y borracha, quiero llegar a casa’ se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros", sostenía el departamento en plena campaña por su embrionario proyecto legislativo de libertad sexual, la que posteriormente se conocería como ley del solo sí es sí. 

Entonces, el propio Santiago Abascal afirmaba que aquello era "entre cómico y aberrante". Y añadía: "¿Alguien puede explicarle a este Gobierno que un Ministerio no es una fiesta de pijamas y que con el dinero de los españoles no se promueven mamarrachadas?". Sus palabras las refrendó el eurodiputado Jorge Buxadé. "No queremos que las mujeres lleguen solas y borrachas a casa", sentenció en un mitin.

Más ejemplos: la diputada ultra María Ruiz cargó hace cuatro años en sede parlamentaria contra un discurso feminista que a su juicio propaga el "odio al varón dificultando las relaciones de pareja o promocionando que es mejor llegar a casa solas y borrachas". 

Vox no ha dudado en retorcer y manipular el lema clásico del feminismo, una consigna que busca reivindicar la libertad sexual de las mujeres, su derecho a habitar el espacio público y la necesidad de extirpar la violencia de los contextos de ocio. El activismo feminista ha popularizado esta reivindicación con el objetivo de desplazar el foco hacia el agresor, impugnando la narrativa tradicional que sitúa la responsabilidad de no sufrir violencia exclusivamente en la víctima y enumera toda una suerte de conductas preventivas para esquivarla.

Sobre el acoso callejero –y por extensión, sobre los temores que atraviesan a las mujeres cuando caminan solas por la calle–, también ha tenido algunas palabras el partido de Santiago Abascal. Hace dos años, Carla Toscano censuró "la banalización que supone hablar de piropos y de acoso callejero como si fuera violencia". En el Congreso, la diputada afirmó sin titubeos que sentía pena por "no volver a oír ciertas cosas por las calles", equiparando el acoso con una "muestra de admiración" por parte de los hombres.

Pero la ultraderecha no solo ha ridiculizado los discursos feministas, sino que ha cargado pública y reiteradamente contra las políticas públicas encaminadas a mejorar la vida de las mujeres y ampliar sus derechos, llegando a demandar el cierre del Ministerio de Igualdad. 

Hace tan solo un año, los ultras sustituyeron los puntos violeta organizados en espacios festivos en Zaragoza por "espacios seguros unisex". La crítica a los llamados puntos violeta ha sido constante por parte de la extrema derecha, cuyos líderes han institucionalizado la caricatura de esta herramienta bajo la denominación de "puntos violeta podemitas". Carlos Flores, el diputado de Vox condenado por violencia de género, aseguró hace tres años que "las españolas no necesitan puntos violeta, sino fronteras bien guardadas".

Es, en esencia, el espíritu que define las políticas de la extrema derecha en materia de género: cabalgar entre el negacionismo y la instrumentalización de las mujeres para librar su batalla contra la población migrante. En el año 2022, el programa electoral italiano confeccionado por la coalición de Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi introducía el problema de la "violencia sexual contra las mujeres" dentro del apartado en torno a la "seguridad y lucha contra la inmigración ilegal". Hoy, los acuerdos en Extremadura y Aragón solo mencionan a las mujeres para consagrar la prohibición del burka y el nicab.

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox que ha ganado gran protagonismo y foco mediático en los últimos tiempos, asistirá como ponente a la Remigration Summit 2026 —en español: Cumbre de la Remigración 2026—, un evento internacional de políticos y activistas de la extrema derecha, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Oporto (Portugal). Así lo han anunciado los organizadores del evento ultra, que definen la remigración como "la única solución para salvaguardar el futuro de la civilización occidental".

La remigración es un término acuñado por la extrema derecha para referirse a la deportación masiva de personas de origen migrante. Los ultras europeos llevan años utilizando este concepto, ampliamente ligado a la teoría del gran reemplazo. En los últimos tiempos, Vox se ha sumado cada vez más a este tipo de teorías xenófobas. Por ejemplo, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado a lo largo de este año, defendiendo el concepto de 'prioridad nacional', nuevo en la agenda mediática española, pero conocido desde hace años en otros países europeos, como Francia, por su uso por parte de la ultraderecha.

Quero, uno de los nuevos hombres fuertes de Vox, lleva tiempo viendo crecer su presencia e influencia pública. En gran parte gracias a su discurso alrededor del problema de la vivienda —área de la que es responsable en Vox—. Quero ha vinculado esa problemática que se está sufriendo en España, especialmente por parte de los jóvenes, al aumento de población migrante. "¿Qué tipo de inmigración necesitamos? La que se vaya", aseguró el pasado mes de marzo en un acto en el Parlamento Europeo.

Ahora acudirá a la ciudad portuguesa para participar en el evento ultra. Allí compartirá escenario con destacadas y controvertidas figuras de la ultraderecha europea. Su incorporación se ha anunciado en los últimos días junto a la del italiano Andrea Ballarati y a la del francés Jean-Yves Le Gallou. Ballarati es un activista de extrema derecha que se encargó de organizar la cumbre anterior: la Remigration Summit 2025, que tuvo lugar en Gallarate, ciudad cercana a Milán. En los próximos meses, el italiano será juzgado por incitación al odio debido a sus discursos contra los migrantes en redes sociales. 

Le Gallou es un político francés. Fue eurodiputado del Frente Nacional en los tiempos de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual lideresa de la ultraderecha francesa. En 1985 se publicó La Préférence Nationale: Réponse à l'Immigration —en español: La preferencia nacional: Respuesta a la inmigración—. Le Gallou fue el principal autor de ese ensayo, que acuñó el término de preferencia o prioridad nacional, que más de 40 años después ha traído Vox a España. 

El político, que ya tiene 77 años, formó parte del equipo de Éric Zemmour —el candidato de ¡Reconquista!, aún más a la derecha que Le Pen— para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Le Gallou aseguró que lo apoyaba por haber puesto la remigración y la teoría del gran reemplazo en el centro del debate público, y acusó a Marine Le Pen de moderada y de actuar con "corrección política". El político francés también firmó en 2010 una carta pidiendo la liberación de un negacionista del Holocausto nazi y este mismo 2026 ha asegurado que las personas de origen africano tienen un cociente intelectual más bajo.

El historial de Le Gallou, que está casado con la hija de un militar nazi, asusta, pero no es una excepción. La cumbre ultra, que en su edición de 2025 congregó a entre 250 y 400 asistentes —según los medios que cubrieron el evento—, cuenta con multitud de ponentes con hitos parecidos a sus espaldas, como la defensa del supremacismo blanco o vínculos con el neonazismo.

Quero no es el único que representará a los de Abascal en esta cumbre en Oporto. La presencia de Vox, junto a lo más ultra y radical de la extrema derecha europea, ya estaba confirmada con la asistencia de Rocío de Meer, tal y como adelantó El País. De Meer fue precisamente quien habló en una rueda de prensa el pasado mes de julio de deportar de España a ocho millones de migrantes. De hecho, la diputada ultra aseguró que se trataría de un "proceso extraordinariamente complejo de remigración", pero necesario por el "derecho a sobrevivir como pueblo".

El discurso antiinmigración cada vez más radical por parte de Vox, representado en esas palabras de De Meer, casa con las ideas y teorías que la ultraderecha europea está impulsando a nivel global con eventos y alianzas como la de la Remigration Summit.

La propia web de la cumbre defiende que la remigración tiene como objetivo "impedir el reemplazo de la población mediante la inversión de los flujos migratorios, restaurando así la soberanía, la independencia y la identidad de los países, a través de la defensa de su especificidad etnocultural".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana explica que este concepto utilizado por la extrema derecha se refiere a "la expulsión de todos los 'extranjeros'" con la intención de crear "sociedades definidas étnicamente". La Oficina asegura que se trata de un concepto vinculado al ideal de "etnopluralismo". Según el cual, la nueva extrema derecha europea, busca "la creación de sociedades étnicamente puras y, por consiguiente, la expulsión de todos aquellos considerados 'ajenos al pueblo'".

Toda esa influencia e importancia otorgada a los conceptos étnicos concuerda con lo que la mayoría de partidos de ultraderecha defienden en la actualidad: no solo la expulsión de las personas migrantes extranjeras, sino también de los inmigrantes de segunda generación o de los nacionales de origen extranjero. De hecho, la propia De Meer en sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de ocho millones de migrantes aclaró que habría que incluir a los de "segunda generación".

Los principales impulsores de la Remigration Summit son el belga Dries Van Langenhove y el austríaco Martin Sellner. Estos dos activistas de ultraderecha llevan años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en Europa.

Van Langenhove es exdiputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto. Sellner, por su parte, ha anunciado este mes de febrero que fundará el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir como una ONG. El diario austríaco Kleine Zeitung ha revelado los vínculos de Sellner con el neonazismo y que en 2006 puso pegatinas de esvásticas en sinagogas.

De la edición de la cumbre de este año en Oporto se está encargando también, como embajador local, otro activista de extrema derecha: el portugués Afonso Gonçalves. Es el líder de un movimiento supremacista blanco llamado Reconquista y está siendo investigado por delitos de odio y discriminación por la Fiscalía de Portugal, según explicó el medio portugués Expresso. 

Además de ellos, De Meer, Quero, Ballarati o Le Gallou también acudirán como ponentes el suizo Manuel Corchia, el eslovaco Milan Mazurek o el estadounidense Joey Mannarino. Entre el resto de participantes también hay ultras radicales con historiales de bastante dudosa reputación. Es el caso, por ejemplo, de Mazurek. En 2015, este eurodiputado eslovaco formó parte de un grupo que gritó, insultó y lanzó piedras a una familia musulmana que paseaba con un bebé por el centro de Bratislava. 

Mazurek, además, ha difundido discursos de odio contra el pueblo gitano y ha negado el Holocausto, tal y como recoge el medio eslovaco O médiách. En 2019 fue incluso condenado por "un delito intencionado de difamación a una nación, raza o creencia" por sus palabras contra el pueblo gitano. El Tribunal Supremo eslovaco le multó y anuló su mandato parlamentario como diputado nacional —cargo que ocupaba por aquel entonces—, algo que sucedió por primera vez en la historia del país.

La presencia de Vox con esos acompañantes internacionales confirma su giro a posiciones aún más ultras y radicales y su asunción de los discursos de la ultraderecha internacional más dura. En 2025 ningún representante del partido de Abascal participó como ponente en la Remigration Summit.

Pero sí hubo presencia española. Según publicó Crónica Global, Christian L. F., autoproclamado cabecilla en España de Deport Them Now EU, fue al evento como asistente. Cualquiera puede acudir como público. Las entradas para la edición de este mes de mayo se venden en la página web de la organización por 45 euros. También hay una opción VIP por 150 y una premium por 325. 

La cumbre no solo la utilizan activistas y políticos de primera línea de la extrema derecha para tejer alianzas y coordinar estrategias; seguidores, militantes y simpatizantes de los movimientos más ultras del continente hacen lo mismo acudiendo como público. De hecho, según la Global Network on Extremism and Technology, la Remigration Summit de mayo del año pasado fue fundamental para la visibilidad del movimiento ultra Deport Them Now, una red ultraderechista y xenófoba a nivel europeo que se ha dedicado a impulsar las ideas de la remigración.

La rama española cobró protagonismo solo dos meses después, cuando fue el principal grupo impulsor de los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia). En el canal de Telegram que utilizaba el grupo se acumularon durante esos días los mensajes llamando a atacar mezquitas y comercios de la comunidad magrebí y las soflamas racistas y nazis, hablando incluso de la caza de migrantes. Christian L. F., el supuesto cabecilla, llegó a ser detenido e ingresó en prisión provisional. Este mes de febrero fue puesto en libertad, pero la investigación por hechos como incitación al odio sigue su curso.

Por ahora, no se conoce públicamente si Christian L. F. u otros representantes de la rama española de Deport Them Now acudirán a la cumbre de este año en Oporto. Quienes sí lo harán son Carlos Hernández Quero y Rocío de Meer.

Gerjo Pérez casi no tiene tiempo ni para atender al teléfono. A las puertas de la asociación en la que participa cuenta que se agolpan centenares de personas desde hace días, algunas incluso tras haber pasado la noche aguardando su turno para ser atendidas. Acción Triángulo es una de las entidades colaboradoras acreditadas para sacar adelante el proceso de regularización extraordinaria en Madrid, asesorando y guiando a las personas migrantes. Muchas llegan obviando que es necesario concertar cita previa, desesperadas porque los tiempos corren y seguras de que la Administración no dará respuesta a sus necesidades. 

Una de las principales demandas tiene que ver con el certificado de vulnerabilidad, necesario en algunos casos concretos. Las personas que hayan sido solicitantes de protección internacional, las que hayan trabajado con contrato en España o las que tengan hijos menores a su cargo no lo necesitarán. Pero el real decreto de regularización sí lo introduce como una condición obligatoria en el resto de supuestos.

La Comunidad de Madrid asegura que no tiene competencias para la emisión de estos certificados, mientras que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida "solo ofrece el documento de manera automática" a las personas que tienen ya un expediente abierto con los servicios sociales, según expone el portavoz de la asociación. Para los demás, el procedimiento transcurre con "absoluta lentitud, dando citas para agosto", cuando el plazo para solicitar la regularización vence el 30 de junio. En consecuencia, lamenta el activista, "las personas se desesperan".

La sobrecarga que durante los primeros días recayó sobre las oficinas de la Administración, se ha trasladado ahora a las puertas de las organizaciones que se prestan a tender la mano a las personas migrantes. "Abrimos de lunes a domingo y no damos abasto", abunda el activista, quien lamenta estar llevando "todo el peso" del proceso de regularización. "Se te parte el alma", asiente. 

Pérez asegura con total certeza que en la comunidad "quieren bloquear la medida, perjudicando a personas que viven y residen con nosotros". Acción Triángulo, una entidad de defensa de los derechos humanos, cuenta con más de una treintena de personas voluntarias para trabajar y expedir los certificados de vulnerabilidad, pero sus manos son insuficientes para abarcar la cantidad de solicitudes que reciben cada día. "Solo lo hacemos con cita, pero las personas hacen cola por la noche para intentarlo, con una preocupación inmensa porque les falta ese papel", clama el activista.

Otras organizaciones acreditadas comparten las mismas percepciones. "No tenemos información de recogida detallada por el momento, aunque son evidentes las barreras que muchas administraciones están poniendo a la hora del empadronamiento o citas con servicios sociales para certificados de estancia y certificados de vulnerabilidad", sostienen fuentes de Médicos del Mundo. Estos últimos, añaden, son los que "realmente están provocando la mayor demanda que nos llega y en lo que estamos trabajando desde todas nuestras oficinas".

Álvaro González, abogado de Movimiento por la Paz, también certifica la existencia de algunas barreras, si bien lo que a su juicio destaca por encima de todo es la "confusión en torno al certificado de vulnerabilidad que pueden emitir los servicios sociales públicos o entidades acreditadas". En el día a día, añade, "pueden notarse diferencias según los recursos y la capacidad de atención de los servicios sociales en cada territorio", por lo que la coordinación entre las administraciones y las entidades sociales "es fundamental".

Para otras, la carga de trabajo es tal que ni siquiera han podido detenerse a analizar el desarrollo del procedimiento y sus posibles disfunciones. "Por la carga de trabajo que estamos asumiendo actualmente nos es imposible dar respuesta", resumen desde Arcópoli.

Los problemas no son exclusivos de la Comunidad de Madrid. Lo explican desde Regularización Ya: "Las entidades están asumiendo toda la carga de trabajo, estamos totalmente desbordadas", advierte Silvana Cabrera, portavoz de la entidad en València. También su organización se ha visto obligada a atender a centenares de migrantes desorientados y perplejos ante la inacción de las instituciones. Cabrera habla igualmente de una atención continuada, sin cerrar los fines de semana y sin ningún día de descanso ante las "barreras que está poniendo la Administración". "Los servicios públicos no están a la altura", lamenta. Otras entidades que operan en territorios como Navarra, Málaga y Canarias han reportado barreras administrativas y burocráticas similares.

A las puertas de la sede donde Gerjo Pérez pasa la mayor parte de su tiempo, el activista ha escuchado a muchos relatar las trabas burocráticas que se han encontrado a la hora de enfrentar el procedimiento de regularización, especialmente en lo que respecta a tener que acreditar la estancia ininterrumpida en suelo español durante los últimos cinco meses. 

"Yo he acompañado a gente al centro de salud y las citas no salen en el sistema, tienen que hacer una instancia y ya les llegará a su casa", comparte. Algo similar sucede con el abono transporte, una prueba de utilidad para demostrar la permanencia en el país. En Madrid solo existe una oficina que expida el certificado, pero el inicio del proceso de regularización ha provocado su colapso total. El grupo socialista presentó a mediados de abril una proposición no de ley para instar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a ampliar el número de oficinas que se encarguen del trámite, un paso que por el momento la comunidad se ha negado a dar. 

La Asamblea Antirracista por la Regularización emitió a finales de abril un comunicado en el que advierte de un "cuello de botella operativo por las citas previas y para la atención presencial" en Madrid. Hablan igualmente de una "disparidad de criterios y barreras de acceso" a la hora de obtener el certificado de vulnerabilidad, con casos en los que los servicios sociales "directamente niegan la tramitación". En zonas como Villaverde, Tres Cantos y Colmenar Viejo, se exige el empadronamiento como requisito previo y en Alcalá de Henares, además del padrón, se requiere "haber tenido atención en servicios sociales en los últimos cinco meses". En otros municipios, añaden, "se reporta falta de citas o negativa a asumir esta función por parte de servicios sociales".

Este diario ha preguntado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento si tienen constancia de las quejas expresadas, además de si existen mecanismos para atajar los problemas expuestos, pero no ha obtenido respuesta. 

En todo caso, la presencia de trabas y barreras que dificultan el proceso se reproduce a lo largo del mapa. El portavoz socialista en las Corts Valencianes, José Muñoz, denunció esta semana la existencia de una circular interna firmada por el director general de Atención Primaria y remitida a los centros de salud, en la que se indica que "los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad, como pueden ser el certificado de alta en el Sistema de Información Poblacional (SIP) o el registro de asistencias, no tienen validez legal a efectos de esta regularización".

El socialista ha denunciado en sede parlamentaria que la circular funciona a modo de “orden que les dice a los trabajadores de los centros de salud que, si van personas migrantes que quieren regularizar su situación y les piden documentos públicos, no los emitan porque no son válidos en derecho".

A Cabrera no le resulta extraño, lo encaja en una suerte de “racismo institucional”. En el mismo edificio donde se ubica la sede en la que trabaja, se encuentra también una oficina de los servicios sociales valencianos. "Y cuando una persona acude a ellos pidiendo el certificado de vulnerabilidad, directamente nos la derivan", denuncia. 

La activista y sus compañeros también se han topado con dificultades a la hora de acceder a historiales médicos y de transporte, pero sobre todo encuentran trabas en la solicitud de los antecedentes penales, un documento que tiene fecha de caducidad. "La gente acude a los servicios sociales y les dan una cita para el certificado de vulnerabilidad cuando les van a vencer los penales", expone. "Además en muchos sitios les exigen el empadronamiento, aunque no es necesario", completa al otro lado del teléfono, en lo que califica como un "proceso burocrático totalmente racista".

Preguntadas al respecto, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dicen no tener constancia de ninguno de los hechos expuestos y apelan a la "responsabilidad institucional para que cada administración trabaje en fortalecer y adecuar sus competencias a la población que tienen obligación de atender". 

Las mismas voces indican que "gran parte de los servidores públicos están ya mostrando altura de miras y poniendo su granito de arena para este proceso", algunos llegando a ampliar "recursos humanos o logísticos para dar respuesta a las peticiones de estas personas". En cuanto a la carga de trabajo que asumen las organizaciones sociales, las voces consultadas dicen entender "el esfuerzo y el compromiso de todas las entidades sociales con este proceso de regularización", por lo que agradecen su labor y hacen un "llamamiento a la calma porque el procedimiento estará abierto hasta el día 30 de junio, es un proceso totalmente dimensionado, vivo y va a dar tiempo a todo el mundo a presentar su solicitud".

Para las entidades, no obstante, las palabras de agradecimiento se quedan cortas. Son varias las organizaciones que se reunieron a finales de abril con la Delegación del Gobierno en Madrid, precisamente para exponer los problemas y barreras detectadas. Silvana Cabrera, por su parte, cree que al final del proceso el ministerio "tendrá que ver cuántos certificados se han emitido desde las entidades y desde la Administración", para hacer balance y sacar conclusiones. Ella lo tiene claro: este procedimiento "ha sacado a la luz todo el racismo institucional que padecen las personas migrantes".