La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro ha ordenado la reapertura de la causa en la que 87 mujeres denunciaron haber sido grabadas con cámaras ocultas mientras orinaban en la vía pública. Los hechos, ocurridos durante la fiesta de A Maruxaina, en agosto de 2019 en San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), incluyen la posterior subida de estas imágenes a páginas webs pornográficas, informa EFE.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado en un comunicado de que la jueza instructora ha aplicado, de esta forma, "la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual permite la práctica de diligencias en los 12 meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado”. Precisa, asimismo, que la sentencia del Tribunal Supremo fue dictada en el tiempo transcurrido entre el auto de sobreseimiento provisional del caso, de fecha 14 de enero de 2026, y el momento en el que se ordena la reapertura.

El Tribunal de Instancia de Viveiro, tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

En consecuencia, decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación de este nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.

La Policía Nacional ha detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria a un médico cuando salía de su domicilio por supuestamente agredir sexualmente a diez mujeres que atendía en su consulta de Telde, y que ya había sido arrestado por hechos similares en febrero, e incluso condenado en el pasado.

Fuentes del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han informado de que el detenido pasará este miércoles a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido el que ha ordenado su detención, según la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según fuentes cercanas al caso, el facultativo, de 37 años, ha sido arrestado por esta nuevas agresiones sexuales y por delitos contra la intimidad.

El detenido ya no forma parte del personal médico con cargo al Servicio Canario de la Salud, sino que se dedicaba a sus tareas en una consulta privada, han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Cuando fue detenido el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente de dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, han indicado fuentes cercanas al caso.

Además de la detención del facultativo, la Policía ha practicado un registro de su domicilio en la capital grancanaria donde se han incautado dispositivos electrónicos, han señalado las fuentes policiales.

En febrero, las dos víctimas relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

La investigación entonces reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer estos hechos.

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que dar un beso en la mano a una mujer sin su consentimiento cuando se la formula una proposición de carácter sexual es agresión sexual, aunque no haya violencia ni intimidación, informa EFE.

El caso ocurrió la mañana del 10 de enero de 2023. Aquel día un hombre se acercó a una mujer que se encontraba esperando el autobús en la avenida de España 52 de Alcobendas (Madrid).

Sin su consentimiento, la cogió la mano y se la besó, al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara ofreciéndole dinero, conducta que repitió en dos ocasiones, según el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes.

El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid le condenó a 1.620 euros de multa por un delito de agresión sexual, con la aplicación del subtipo atenuado por la menor entidad del hecho, un fallo que confirmó la Audiencia Provincial de Madrid.

El condenado recurrió al alto tribunal alegando que los hechos, como mucho, serían merecedores de un delito de acoso callejero de carácter sexual, como recoge el articulo 173.4 del Código Penal.

Sostiene que no se puede hablar de agresión sexual, porque "no hay violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad de la víctima", es decir, "el riesgo para la integridad física de la víctima fue mínimo, la víctima nunca describió que sintiera su integridad sexual vulnerada, se pudo sentir molesta, agraviada, víctima de una intromisión en su "zona de confort", pero nunca se produjo un claro riesgo para su integridad sexual".

Ademas, "los hechos habrían ocurrido a plena luz del día, al lado de una comisaría, en una parada de autobús de una vía pública con tres carriles por casa sentido, es decir, en un lugar por el que transita mucha gente y no hay ningún testigo que acredite que hay una conducta violenta o intimidatoria" por parte del acusado.

Pero el Supremo no le da la razón, porque "hay un acto de tocamiento del agresor a la víctima, y ello excluye el acoso callejero", y "en cuanto existe ya un tocamiento a la víctima en cualquier parte del cuerpo de la misma no cabe aplicar el art. 173.4, porque se comete un exceso del autor al realizar ese tocamiento que la víctima no tiene obligación de soportar".

Y deja claro la distinción entre acoso callejero y agresión sexual: "Cuando estamos en acciones de expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexuales, estamos en actos ad extra al cuerpo de la víctima, y cuando existen actos de tocamientos, estamos en actos ad intra, que suponen delito contra la libertad sexual".

Dicho de otro modo, señala que "no se trató de un acto de cogerle de la mano, sino que llevaba consigo un componente claro sexual, ya que incluso se la besó", por lo que "una mujer no puede soportar la servidumbre de que un hombre le coja de la mano y le bese sin consentimiento en actos claros y evidentes de connotación sexual".

Así, el consentimiento de la mujer "también concurre y es exigente para la realización por parte del sujeto varón de cualquier acto de tocamiento, que no debe soportar la mujer, sino es consentido".

La sentencia cuenta con el voto particular de los magistrados Leopoldo Puente y Antonio del Moral, quienes reconocen que no hubo consentimiento, pero que entienden que los hechos descritos "carecen de naturaleza sexual" y se enmarcan más en el acoso callejero.

"Un beso (o dos) en la mano de otra persona resulta, en nuestra cultura, una forma de saludo, hoy en desuso (con frecuencia sustituida por el estrechamiento de manos o por dos besos en las mejillas)", explican los magistrados, que añaden que "tan frecuente llegó a ser como fórmula de cortesía" que dio nombre al besamanos.

Y añaden: A nuestro parecer, es notorio que las conductas referidas (el beso en la mano, el estrechamiento, los besos en las mejillas no son actos de naturaleza sexual). Ningún tercer observador consideraría en presencia de estas conductas, cuando consentidas por todos sus protagonistas, que se encuentra ante actos de naturaleza sexual. Tampoco pueden serlo entonces, cuando no se consienten".

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, según informa EFE.

Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. 

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, han señalado la CEE y la Confer en un comunicado. En este sistema, la colaboración de las instituciones “será muy importante”, han subrayado.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El protocolo señala que el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025 PRIVA , cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

La Iglesia ha recordado que este sistema “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas “que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”.

El juez Arturo Zamarriego ha rechazado la petición de la actriz Elisa Mouliaá de suspender su declaración prevista para el viernes por la querella por calumnias que interpuso contra ella el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, alegando que se encuentra de baja, informa EFE.

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a los dos tras admitir la querella que interpuso Errejón por calumnias contra Mouliaá por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz.

En una providencia notificada este jueves, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado señala que al no haberse "aportado hasta el momento informe médico alguno sobre la supuesta enfermedad de la Sra. Mouliaá, no ha lugar a la suspensión solicitada".

Responde así al escrito que presentó este miércoles el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, en el que exponía que la querellada no podría cumplir con la citación por estar de baja, circunstancia que aseguró "se acreditará mediante el certificado médico que será aportado debidamente en tiempo y forma en el momento en el que sea remitido a esta parte".

Por su parte, la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, remitió al juzgado también el miércoles un escrito en el que exponía la posibilidad de que la querellada no compareciera y por eso propuso que el médico forense adscrito al tribunal "se personase en el domicilio de la investigada para verificarlo, o incluso se practique su declaración por videoconferencia para esa misma fecha".

La letrada advertía de este modo al juez de las "añagazas procesales de las que viene haciendo gala la señora Mouliaá en otros procesos judiciales" para dilatar el procedimiento.

La querella de Errejón contra Mouliaá por calumnias con publicidad recayó por reparto y fue admitida por el magistrado Arturo Zamarriego, que es el que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO.

Alude al contenido de varias publicaciones en redes sociales en las que Mouliaá acusó a Errejón de extorsionar a dos testigos de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular procesó a Errejón por un delito de abuso sexual del antiguo Código Penal (actualmente agresión sexual), y luego abrió juicio oral.

El procesamiento está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene que pronunciarse sobre el mismo, al igual que sobre otro recurso de Errejón que pide que se archive la causa porque la actriz retiró su acusación en ese proceso, aunque luego se retractó y dijo que seguía adelante.

Los testigos a los que alude la querella son los dueños del piso en el que se celebró una fiesta el 8 de octubre de 2021 en la que ocurrieron los hechos denunciados, quienes declararon que la que era su amiga en aquel momento les presionó luego, una vez denunciada la presunta agresión sexual en 2024, para que validasen su versión en el juzgado. Uno llegó a bloquearla y contactó con Errejón para decirle que su situación le parecía "injusta".

Tras esas declaraciones Mouliaá reaccionó en la red social X "difundiendo afirmaciones falsas y difamatorias sobre el señor Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos" e "imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", dice la querella. Así detalla el contenido de 14 mensajes publicados el pasado 21 de junio y el número de visualizaciones que alcanzaron. EFE

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada y ha atribuido esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de la denunciante, quien sin embargo ha ratificado su versión ante el magistrado, informa EFE.

Ambos han comparecido este martes ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 8, cuyo titular ha rechazado imponer al mando policial, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado su abogado.

La primera en declarar ha sido la inspectora que, según su letrado, ha prestado una declaración "dura y difícil" en la que ha reiterado la versión que expuso en la denuncia, y ha "acreditado todos los extremos" que se le han preguntado con "veracidad".

Durante más de dos horas, la inspectora -que cuenta con protección policial y que no ha coincidido con el ex número dos de la Policía en el juzgado- ha expuesto de manera "detallada" su relato y ha refutado la acusación de "celos" que la defensa del ex-DAO lanzó en un reciente escrito.

Para el abogado de la denunciante, el interrogatorio, de más de 300 preguntas y "realmente intenso" e "indagatorio", "ha permitido ver la realidad de los hechos, cómo se produjeron y los detalles" de la querella, donde la inspectora denuncia que González la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril de 2025.

Tras escuchar a la denunciante, el juez ha dado paso al ex-DAO, que renunció a su cargo tras conocerse la querella y quien este martes ha negado toda acusación de agresión sexual, en la que ha visto "odio".

Así lo ha dicho también a su salida de los juzgados ante las decenas de periodistas apostados desde primera hora de la mañana: "Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales".

El comisario principal, ya jubilado, ha defendido su "inocencia", ha celebrado que "por fin" puede dar su versión ante el juez, y ha lamentado haber sido ya juzgado y condenado mediáticamente "sin ninguna prueba".

"Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto", ha indicado, y ha subrayado que la "prueba principal" es un audio aportado por la denunciante con el que el comisario espera "que se puedan esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante".

Porque, según la defensa del exjefe policial, que ejercen los abogados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, "si la gente conociese realmente el contenido del audio cambiaría radicalmente de opinión".

Algunos fragmentos de ese audio han sido escuchado en sala y por ellos ha preguntado el juez al ex-DAO, quien, en opinión del abogado de la denunciante, ha entrado en contradicciones y "argumentaciones inconexas".

El investigado, según este abogado, ha contestado al juez que lo que decía verbalmente la denunciante no coincidía con su lenguaje corporal, y ha encuadrado el encuentro en el marco de una relación consentida.

Tras los interrogatorios, el juez ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que rechaza la orden de protección en favor de la víctima, solicitada por su letrado, y consistente en prohibir que el exjefe policial se comunique con ella.

El juez no entra a valorar la "existencia de indicios delictivos de agresión sexual" en este momento de la causa y "a falta de las diligencias que quedan por practicar", pero sí rechaza esa protección porque no aprecia "riesgo" suficiente para concederla.

"El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluye el juez. El auto, que acoge el criterio de la Fiscalía, será recurrido por la denunciante.

El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor, informa EFE.

Según el auto remitido a EFE y que ha avanzado la cadena SER, el juez considera que no está debidamente justificado que se perpetrara el delito, que, según la denuncia presentada por el exresponsable de la escuela taurina local, se habría cometido con mensajes enviados por el entonces alcalde al menor a través de Instagram. 

El auto, con fecha de este lunes, 16 de marzo, cita como fundamentos de derecho que las actuaciones recibidas en el juzgado deben incoarse como diligencias previas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), "puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de corrupción de menores que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado".

El magistrado añade que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y además solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE.

En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”, pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.

La dimisión se produjo a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público. Señalaba al ahora exalcalde como "depredador sexual" y pedía una orden de alejamiento que le impidiese acercarse a un menor, al que presuntamente habría acosado durante varios meses.

Según el denunciante, el menor tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.

Por su parte, el exalcalde, que atribuyó la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Carbonell, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.

Un juez de Madrid interroga este martes al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que denunció que la había agredido sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior en abril de 2025, según informa EFE. 

Justo un mes después de que se conociese públicamente la querella, la investigación que dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid acoge este martes una jornada clave con el interrogatorio de ambos.

El magistrado ha citado a la inspectora para que se ratifique en la querella en la que denuncia que el ex número dos de la Policía la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril de 2025. También aportó ante el juzgado "un listado de llamadas" por parte del exDAO, pantallazos de los mensajes que recibió por Whatsapp, y una "grabación de los audios" que realizó y que, según manifestó su abogado, Jorge Piedrafita, sustentan los hechos que denuncia. 

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". Un relato sobre el que declarará por primera vez ante el juez el comisario principal de la Policía José Ángel González, ya jubilado, que renunció al cargo de máximo jefe operativo del cuerpo -que regentaba desde 2018- al hacerse pública la querella.

Este hecho generó una crisis en la institución y la suspensión de otro mando, el comisario Óscar San Juan, a quien la inspectora acusa de coacciones.

A la espera de conocer su declaración, los abogados del exDAO, José Carlos Velasco e Ignacio Fúster-Fabra, ya remitieron un escrito al juzgado en el que sostienen que las conversaciones que se escuchan en el audio aportado por la inspectora "no encajan" con el delito de agresión sexual, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos". 

La defensa de González también denunció el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" tras las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación, a quien acusa de alimentar públicamente "un juicio paralelo".

A su vez, el abogado de la inspectora ha pedido al juez que abra una pieza separada para investigar, por un presunto delito de revelación de secretos, la posible filtración a los medios de un escrito de la defensa que incluía la identidad de la querellante.

Una jueza de Madrid ha archivado este lunes la segunda denuncia por presunta agresión sexual presentada contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón después de que la denunciante, cuya identidad no ha trascendido, no acudiese al juzgado para ratificar su versión tras sufrir un ataque de pánico.

La titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid ha dictado una providencia, adelantada por eldiario.es y a la que ha tenido acceso EFE, en la que comunica a la defensa de Errejón que "las actuaciones han sido archivadas" este lunes "al no haber ratificado la víctima su denuncia". La magistrada cree que ha quedado "constatada la ausencia de voluntad de denunciar los hechos por parte de la víctima" debido a que no ratificó la denuncia ni tampoco la designación formal de su abogado, Alfredo Arrién, que es quien acudió en su nombre al juzgado.

El pasado viernes trascendió que la segunda mujer que denunció a Errejón —y quien había solicitado ser testigo protegido en la causa— no había acudido al juzgado para ratificar la denuncia al haber sufrido un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso. Su abogado sí que compareció, y aunque dijo representar a la mujer, la jueza no da este extremo por corroborado "al no haber comparecido la denunciante a ratificar dicha designación", expone el auto, que añade que el abogado dijo entonces que su cliente le había anunciado que no iba a acudir porque "tenía más que perder que ganar".

La ausencia de ratificación de la mujer abocaba el procedimiento al archivo, lo que ha tenido lugar finalmente este lunes en un auto contra el que cabe recurso.

A lo largo del mismo, la magistrada repasa los requisitos para investigar una denuncia por delitos como el de agresión sexual y señala, por ejemplo, que "lo relevante no es tanto si la víctima ha formulado denuncia o no, sino si de su declaración puede sobreentenderse que existe voluntad de denunciar, lo que puede desprenderse del propio contenido de la declaración y de la actitud y posicionamiento de la víctima".

Es al juzgado al que le corresponde "el deber averiguar y ahondar si ha existido esa voluntad de la víctima con su declaración y la perseguibilidad que postula del tenor de su declaración expresiva inculpando al investigado en el proceso". Tras dictar el auto, la magistrada ha informado en una providencia a la defensa de Errejón del archivo de las actuaciones.

Se trata de la segunda denuncia presentada contra él en un juzgado por una presunta agresión sexual ocurrida en 2021; la primera fue interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá y ha derivado en la apertura de juicio oral contra Errejón, aunque la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver su recurso contra su procesamiento.

La segunda denuncia, que fue interpuesta en febrero, relataba que la víctima conoció a Errejón en redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó presuntamente a mantener relaciones sexuales tras intimidarla, en octubre de 2021.

Al conocerse la ausencia de ratificación por parte de la víctima, su abogado explicó a EFE que la mujer no fue al juzgado porque había sufrido un ataque de pánico, y que la situación podría ser "reversible", ya que todo queda "abierto, por si ella cambia de opinión".

Fuentes de la defensa de Errejón insisten en que se trataba de una "denuncia anónima que no tiene credibilidad" y celebran el archivo de las diligencias. 

La segunda mujer que denunció al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no ha ratificado la denuncia ante el juzgado, lo que aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas, informa EFE.

Según ha confirmado a EFE el letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, esta mujer no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, y que se dirime en otro juzgado.

La segunda se interpuso en febrero por una presunta agresión sexual ocurrida el 16 de octubre de 2021, ocho días después de los hechos denunciados por Mouliaá, por la que el exportavoz de Sumar ha sido procesado en otro juzgado que le ha abierto juicio oral, aunque esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo la mujer, una actriz cuya identidad no ha trascendido públicamente, no ha ratificado la denuncia ante la jueza porque ha sufrido un ataque de pánico como consecuencia del proceso, según han explicado fuentes del despacho Paredes y Asociados, que explican que ahora el caso se archivará "al no darse ese paso necesario". 

No obstante, consideran que esto es "algo provisional" y los letrados están "intentando que se pueda continuar", sin dar más detalles por expreso deseo de la denunciante, que solicitó ser testigo protegida en la causa, sin que se lo concediera el juzgado, según han precisado fuentes jurídicas. 

Por su parte la letrada de Errejón, Eva Gimbernat, ha dicho a EFE que se trata "de una denuncia que nació anónima y sigue anónima, con credibilidad nula", y que está abocada al archivo al no ser ratificada.

"Nunca hemos tenido condición de investigados, solo de denunciados, ya que no se ratifica la denuncia", ha afirmado la abogada, que ha añadido: "Todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material".

La letrada ha precisado que solicitó la personación en la causa en febrero pero a fecha de este viernes no han recibido la aceptación oficial, de manera que no han tenido acceso a ningún documento del proceso, y ello a pesar de insistir en la necesidad de estar informados sobre una denuncia por supuesta agresión sexual.

Esta denuncia relata que la víctima conoció a Errejón en redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla, en octubre de 2021. 

La denunciante fue a la Policía Nacional el pasado 24 de febrero, pero "dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema Viogén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos", instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.

Esta segunda denuncia contra Íñigo Errejón trascendió poco después de que en el primer proceso contra él hubiese novedades, ya que la actriz Elisa Mouliaá anunció en febrero que retiraba su acusación contra el exdiputado por motivos de salud y personales, aunque no se retractaba de la denuncia.

El juez de esta primera causa, Adolfo Carretero, le advirtió de que debía presentar la renuncia correctamente, con la firma de su letrado, y finalmente la actriz comunicó que sí seguía adelante, en un proceso en el que la Fiscalía no acusa al no ver delito.

Este cambio de parecer de Mouliaá hizo que los jueces de la Audiencia Provincial que iban a decidir sobre el recurso de Errejón contra su procesamiento preguntaran al magistrado si la actriz había renunciado oficialmente a acusar. El juez determinó que no y dictó varias providencias que fueron recurridas por la defensa de Errejón, que argumentó que el juzgado tenía que dar por renunciada a Mouliaá y archivar la causa.

Ahora el juez se ha ratificado en esa postura y de esta forma la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que decidir próximamente sobre dos cuestiones fundamentales en la causa: el procesamiento de Errejón y la validez de la anunciada renuncia de Mouliaá.

El Ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal Jose Santafé Arnedo, actual jefe superior de Islas Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el máximo cargo de un uniformado en el cuerpo, tras la renuncia de José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual, según informa EFE.

Es uno de los 89 comisarios principales frente a las 22 mujeres que podían optar al puesto que desde el 18 de febrero -un día después de la dimisión de González- asumió de forma temporal y como contempla la normativa, la responsable de la Subdirección de Recursos Humanos, en este caso, la también comisaria principal Gema Barroso.

A propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido a Santafé Arnedo, de 61 años, tras presentar su candidatura al puesto de máximo responsable operativo de la Policía Nacional abierto hace siete días.

Según informa el Ministerio del Interior, Santafé Arnedo ingresó como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1990. Como inspector de policía ocupó diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid en Islas Baleares.

De hecho, coincidió con la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, que ostentó entre febrero de 2020 y diciembre de 2023 el cargo de delegada del Gobierno en Baleares. En su toma de posesión como número dos de Interior el pasado mes de junio, tanto el jefe superior de Balares como el jefe de la comandancia de la Guarida Civil en este archipiélago acudieron a arroparla.

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Baleares. En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional (comisario principal) y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura.

Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación digital en la Policía Nacional, entre otras. El comisario principal Santafé Arnedo ha recibido además numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.

En los últimos días se especulaba con la posibilidad de que Interior eligiera a una mujer para esta máxima responsabilidad, si bien finalmente será un hombre quien ostenta la dirección operativa de la Policía Nacional. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otorga este martes a Gisèle Pelicot la Orden del Mérito Civil, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo. Pelicot, que este lunes presenta en Madrid sus memorias, Un himno a la vida, sufrió violaciones y agresiones por parte de su marido y de decenas de hombres. Pelicot será recibida este martes en el Palacio de la Moncloa por el propio Sánchez, que le hará entrega del reconocimiento.

Esta condecoración tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, no solo de ciudadanos españoles sino también de nacionalidad extranjera "que hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la nación".

Señala el reglamento que serán méritos a tener en cuenta para la concesión de condecoraciones de esta orden la prestación de relevantes servicios, de carácter civil, al Estado; la realización de trabajos extraordinarios de indudable mérito; la laboriosidad o la capacidad extraordinaria, puestas de manifiesto en bien del interés general; y las grandes iniciativas de influencia nacional y, en general, los hechos ejemplares que, redundando en beneficio del país, deban premiarse y estimularse.

Gisèle Pelicot consiguió en un juicio, que quiso que fuera público, que su marido, junto a otros 50 agresores, fueran condenados por haberla sedado de forma continua durante 10 años para que más de 80 hombres la violaran mientras su entonces marido lo filmara. Su objetivo al conseguir que el juicio fuera público fue lograr, como ella misma explicó, que la vergüenza cambiara de bando.

Tenía 22 años y soñaba con trabajar en el Théâtre du Soleil. A principios de 2003, Camille (nombre ficticio), entonces estudiante, consiguió unas prácticas de varios meses para trabajar en el diseño de vestuario de Dernier Caravansérail, que sería uno de los grandes éxitos de la famosa compañía fundada en 1964 por Ariane Mnouchkine.

Más de veinte años después, Camille se queda atónita al descubrir en una investigación de Mediapart las múltiples acusaciones de violencia sexual presentadas contra dos actores entre 2010 y 2025 y las acusaciones contra la directora por su gestión de estos casos. “Las historias se parecían tanto a lo que yo había vivido allí... No podía creerlo cuando leí que Ariane Mnouchkine afirmaba no haber visto ni sabido nada antes de 2023”, cuenta.

“Me siento lo suficientemente estúpida, o presuntuosa, por haber pensado que algo así no solo no podía suceder, sino repetirse en el Théâtre du Soleil”, declaró la directora en noviembre de 2025 en relación con estas acusaciones de agresiones repetidas dentro de su compañía. Esas acusaciones están actualmente bajo investigación judicial de la brigada de protección de menores de París; según nuestra información, a principios de febrero se tomó declaración a una primera víctima.

A raíz de las revelaciones de Mediapart, el Ministerio de Cultura, que cada año destina 2 millones de euros en subvenciones al teatro, solicitó que se llevara a cabo una auditoría paralela a las investigaciones judiciales por parte de una empresa independiente. Las conclusiones deben presentarse a finales de abril.

En 2003, Camille habló primero con tres compañeras del taller de costura, que, según ella, “no parecieron sorprendidas”, y luego con Ariane Mnouchkine. Temiendo que reincidiera, decidió presentar una denuncia, lo que le valió ser persona non grata en el Théâtre du Soleil.

“Empezó intentando ligar”, recuerda la ahora cuarentona, refiriéndose a ese empleado que entonces ocupaba varios puestos en el teatro, donde más tarde trabajaría, entre otros, en la cocina. Durante los tres meses que pasó en el taller de costura, ella “intentó razonar con él” y “le pidió que parara” con sus gestos inapropiados.

No sirvió de nada. Ella contabiliza cuatro agresiones, todas ellas en las duchas, donde se dedicaba a teñir telas: dos besos forzados de los que ella “se defendió”, una vez en la que él le cogió la mano a la fuerza para llevársela al pene dentro de la ropa interior, y otra en la que la inmovilizó, tumbada en el suelo, para agredirla sexualmente.

“Tenía mucha fuerza, parecía guiado por un impulso. Tuve que liberarme a patadas”, describe. Entonces huyó por miedo a ser sorprendido, según el relato de la antigua becaria.

Una de sus compañeras del taller confirmó a Mediapart que Camille “había acudido a [ella] llorando” después de uno de esos episodios. “Me dijo que había ido demasiado lejos”, testifica, precisando que declaró lo mismo a la policía de Vincennes, que la interrogó tras la denuncia de Camille. “Sé que Ariane estaba muy enfadada con él. No le fue nada bien”, añade.

Al ser preguntado sobre el testimonio de Camille, corroborado con precisión por tres de sus allegados, a quienes ella había relatado los hechos en ese momento o años más tarde, el empleado acusado nos respondió que esas “acusaciones” no tenían “ningún fundamento”, lo que él “siempre ha afirmado desde el principio”. “Lo expliqué todo en el marco de un procedimiento judicial que acabó en sobreseimiento”, añadió.

La joven también afirma haber hablado con las dos diseñadoras de vestuario de la compañía. Cuando se le pidió que compartiera sus recuerdos y su versión de los hechos, la primera nos respondió que consideraba que nuestra solicitud “era muy violenta”. “El marco de investigación que usted establece es aterrador, intrusivo. Su enfoque, sus comentarios, sus alegaciones no están a la altura de lo que exige el rigor y la competencia en este asunto”, añadió, sin responder sobre los hechos. La segunda no respondió a nuestra solicitud.

Camille se lo contó entonces a la persona que regenta La Cartoucherie de Vincennes. “Ariane me dijo que le iba a dar un tirón de orejas y me confirmó que lo había hecho unos días más tarde y que le había dicho que ‘en nuestro país no se hacen ese tipo de cosas’”, cuenta, ya que el empleado estaba exiliado en Francia.

“En aquel momento, nunca sospeché de hechos de tal gravedad (un intento de violación o actos repetidos). De lo contrario, mi decisión habría sido muy diferente. Pero, aunque la denuncia fue archivada por la Fiscalía, me lo tomé muy en serio”, se defiende Ariane Mnouchkine. “Advertí muy severamente al empleado en cuestión. Fue sancionado y no ha vuelto a causar ningún problema en veintitrés años”.

La estudiante abandona el teatro al final de sus prácticas, cuando comienzan las representaciones. “Volví a casa y empecé a sentirme culpable por no haber hecho todo lo posible para evitar que reincidiera. Temía que siguiera asaltando a otras chicas. Así que le escribí una carta a Ariane para explicarle que, como había ocurrido en varias ocasiones y que, a pesar de mis intentos por hacerle entrar en razón, había continuado, iba a presentar una denuncia. Dejé claro que disociaba a la persona que me había agredido de la entidad del Théâtre du Soleil”, recuerda.

Al regresar a París, se dirigió a la comisaría de Vincennes el 25 de noviembre de 2003, tal y como acredita la copia de denuncia consultada por Mediapart. Durante la investigación judicial, el acusado lo niega todo y, como suele ocurrir en este tipo de casos, no hay pruebas. La investigación se archiva a finales de febrero de 2004 por “delito insuficientemente probado”.

A lo largo de todo el proceso, Camille no recibió ningún apoyo por parte del teatro.

Hay que decir que, en el Théâtre du Soleil, la noticia de su denuncia fue recibida de forma dispar. Un empleado de la época localizado por Mediapart recuerda una reunión en la que Ariane Mnouchkine habría dicho que estaba pasando “algo grave, que la becaria de vestuario afirmaba haber sido agredida sexualmente”. “Aparte de los aduladores (los lameculos de Ariane), todos creíamos la versión de Camille, algunas personas habían visto comportamientos extraños hacia ella”, añade.

Otro miembro del teatro, a quien Camille había contado todos los hechos en aquel momento, recuerda haber oído a varios miembros de la compañía calificarla de “mitómana”. “Era absurdo, ella nunca habría mentido. Soñaba con trabajar en el Soleil, no tenía nada que ganar al testificar”, señala. Este exempleado afirma “no haber entendido nunca que Ariane tolerara” ese comportamiento y lamenta una época en la que “las jóvenes becarias eran consideradas un botín de guerra”, unas declaraciones que concuerdan con los testimonios recopilados en el marco de nuestra primera investigación, en la que varias voluntarias, algunas de ellas menores de edad, denunciaban hechos que llegaban hasta la violación.

La denuncia de Camille ha quedado claramente grabada en la memoria del Théâtre du Soleil. En 2017, regresa a La Cartoucherie de Vincennes para trabajar en el proyecto de una compañía externa a la que se le ha prestado una sala de ensayo. Según su relato, el primer día, mientras se encontraba cerca del taller, la diseñadora de vestuario le habría dicho: “¡Sal de aquí inmediatamente o llamo a Ariane!”.

Al ser preguntada por esas declaraciones, la empleada se negó a confirmarlas o desmentirlas. Pero dos personas de la compañía para la que trabajaba la joven relataron a Mediapart que Camille no podía comer con el resto de la compañía del Soleil, como es tradición, debido a los hechos que había denunciado quince años antes, hechos que les expuso en esa ocasión.

Durante esas semanas de ensayos, todos los miembros de su compañía comieron en la sala de ensayos, “por solidaridad”.

Tras responder por escrito a nuestras preguntas sobre este asunto que se remonta a 2003, Ariane Mnouchkine publicó dos días después, el miércoles 19 de febrero, una larga carta dirigida a su público en la que, tras explicar que “está dispuesta a presentar todas las disculpas que legítimamente esperan las propias víctimas”, denunciaba las “infamias arrojadas sin orden ni concierto a la caldera ardiente de la vociferación mediática” y “el alboroto desatado por ciertos autoproclamados purificadores”.

“¿Qué quieren esos acusadores infalibles, que escriben en periódicos irreprochables, en redacciones inmaculadas, vacunadas contra toda violencia sexista y sexual?”, se pregunta, asegurando que la compañía representará su próximo espectáculo, Ici sont les dragons. Deuxième époque, tan pronto como esté lista, en marzo.

Ese mismo día, Le Monde publicó un artículo que se hacía eco de esta carta y enumeraba las deserciones sufridas por el teatro desde las revelaciones del otoño (una exposición cancelada, una entrevista retirada de un libro que iba a publicarse, una carta de estudiantes de bachillerato explicando que “ya no se sentían cómodos con la idea de ir a La Cartoucherie y financiar el trabajo de la compañía, por muy bonito y útil que sea”).

Ariane Mnouchkine aprovechó para revelar en este artículo la existencia de la denuncia penal de Camille, minimizándola (el empleado “había intentado besarla”, se puede leer), denuncia sobre la que le habíamos planteado preguntas y comunicado detalles como la fecha de presentación. Todo ello sin consultar a la víctima y antes de que pudiéramos publicar nuestra investigación completa sobre el tema.

Traducción de Miguel López

"¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...". "Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar". "Vete a casa, date una ducha, saca el Satisfyer". "¿Tan gilipollas eres?. "Que te doy una hostia que te vuelvo loquita, eh. Escúchame, que te doy una hostia, que estás otra vez haciendo gilipolleces. No me toques los cojones". Estas son solo algunas de las amenazas que una subinspectora de Policía tuvo que soportar por parte de su superior y por las que ahora ha solicitado al juez que procese al comisario Emilio de la Calle. La mujer denuncia que fue acosada y hostigada durante meses, cuando ambos trabajaban en la Embajada de España en la India, donde denuncia que llegó a darle un beso en la comisura de los labios sin su consentimiento y que la llegó a amenazar y a lesionar, según informa EFE.

La querella relata que el acoso se produjo desde que la subinspectora entró a trabajar en la Embajada de España en la India como personal de apoyo operativo, en julio de 2024, hasta que denunció los hechos por vía interna ante la Dirección General de la Policía.

Denuncia que su superior la denigraba, la "insultaba y descalificaba gratuitamente", la acosaba incluso fuera de su horario laboral, miraba sus mensajes de móvil pese a su oposición y la llamaba y escribía a diario hasta el punto de decirle: "Que te vayas al baño con el teléfono, que cagues con el teléfono". Tras comparecer el comisario ante el juez, en abril del año pasado, el magistrado solicitó al Ministerio del Interior que impidiese que éste se comunicase por razones de servicio con la subinspectora "ni directamente ni por mediación de otros" por ningún motivo.

El comisario, cesado desde hace tiempo de sus funciones como consejero de Interior de la citada Embajada, está investigado desde hace casi un año en la Audiencia Nacional, donde la subinspectora interpuso una querella contra él por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad. Hace unas semanas, el juez a cargo de la causa, Francisco de Jorge, encargó a la Policía Científica, a petición de la Fiscalía, un informe "técnico-pericial" para determinar si estas grabaciones" han sido manipuladas, cortadas o editadas". 

Por su parte, tras el interrogatorio de varios testigos en los últimos meses, la querellante ya ha solicitado al magistrado que proponga juzgar al comisario, según un escrito al que ha tenido acceso EFE este viernes. Consideran los abogados de la subinspectora, Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, que se han "acreditado indiciariamente los hechos delictivos" y que la causa debe emprender camino a juicio, sin perjuicio de las comisiones rogatorias que han sido acordadas y que "deberán seguir en marcha para obtener la información requerida".

El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, comunicó este jueves su decisión de dejar su puesto, tras conocerse que tuvo alguna relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión, según informa EFE.

La organización confirmó la partida del ejecutivo, quien perteneció más de ocho años a la misma, y anunció que el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino. "El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente", señalaron los copresidentes de este órgano, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock y Larry Fink. 

La información fue difundida a través de un comunicado, cuya primera parte corresponde a una declaración de Brende y la segunda a los copresidentes, lo que indica que el anuncio se planeó cuidadosamente. "Tras una cuidadosa reflexión he decidido dimitir", señala Brende, sobre quien el Foro abrió una investigación interna en torno a su relación con Epstein, con quien mantuvo tres cenas de negocio e intercambió mensajes, según revelan los archivos sobre el caso del criminal sexual hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al respecto, Brende afirmó que no conocía los antecedentes criminales de Epstein, pero ha reconocido que debió informarse mejor.

Según la declaración atribuida a Fink y Hoffmann, la investigación concluyó y permitió determinar que "no había motivos de preocupación adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente". La primera reunión reconocida entre Brende y Epstein -a la que el primero ha afirmado que fue invitado por el exviceprimer ministro noruego, Terje Rod-Larsen- tuvo lugar en 2018, diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores.

Brende -quien acumulaba los cargos de único presidente y director ejecutivo de la organización, tras la infortunada salida de su fundador, con quien había compartido ambas responsabilidades entre 2017 y 2025, Klaus Schwab- sostuvo en su despedida que durante los años que estuvo al mando se unieron al Foro Económico Mundial "un número récord de socios" y que la colaboración con "líderes gubernamentales de todo el mundo (fue) como nunca antes". 

"Creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", agregó el antiguo político noruego, quien estuvo al frente de varios ministerios en su país antes de entrar en la organización con sede en Ginebra y que organiza la famosa reunión del Foro de Davos, que hace más de una década marca cada inicio de año la agenda internacional.

Segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. Una mujer ha denunciado ante los juzgados de Madrid al exportavoz de Sumar por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, cuando según relatada ambos quedaron y la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

Esta mujer está representada por el letrado Alfredo Arrién, el mismo que defiende a la actriz Elisa Mouliaá, quien denunció a Errejón en 2024 por unos hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021, y por los que un juez le investigó, procesó y recientemente ha abierto juicio oral contra él, aunque está recurrido ante la Audiencia Provincial.

En la denuncia interpuesta ante los jugados de violencia sobre la mujer de Madrid, y a la que ha tenido acceso EFE, el abogado de esta nueva denunciante relata que en 2021 comenzó su contacto con Errejón primero por redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona.

Tras un par de encuentros a ella le pareció que él era controlador, ya que por ejemplo quería saber dónde estaba ella, y descubrió que tenía pareja a pesar de que se lo había negado.

El 16 de octubre de 2021 (esto sería 8 días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá) ella estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera con él a una fiesta en Móstoles (Madrid), pagándole el taxi para que fuese, y allí, tras beber y consumir cocaína ambos, según el relato de la denuncia, Errejón tuvo "comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos".

Mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa de él, y tanto en el trayecto como ya en el piso Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle "si gritas será peor" o "si te resistes será peor".

En un momento dado Errejón la violó "de manera sorpresiva y violenta", sujetándole el cuello, añade la denuncia.

La denunciante se fue del domicilio y luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador no volvió a quedar. Luego sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico. El abogado solicita que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado.

El texto detalla que este miércoles, 24 de febrero, la denunciante fue a la Policía Nacional a interponer la denuncia pero, "dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema Viogén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos", instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.

Por su parte, el exportavoz de Sumar ha afirmado que esta segunda denuncia contra él recoge "hechos inciertos" y cree que forma parte de una estrategia de Mouliáa para reforzar su credibilidad "debilitada".

Fuentes de la defensa de Errejón han señalado a EFE este miércoles que resulta contradictorio que se dedique buena parte del escrito de denuncia a justificar el motivo por el que se debería preservar la intimidad de esta segunda denunciante, y dos horas después de presentarla, el abogado que la ha interpuesto, Alfredo Arrien, quien representa también a Mouliaá, acuda a un programa de televisión en prime time para anunciarla.

Destacan estas fuentes que el abogado leyó en directo la denuncia, participó en un mesa de debate y respondió a numerosas preguntas sobre su contenido, a la vez que conectaban con Mouliáa. Tras esta aparición, añaden, el abogado ha estado este miércoles haciendo una gira por diferentes televisiones.

Este proceder lleva a la defensa de Errejón a plantearse que los fines de esa denuncia son más televisivos, que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de Mouliaá en relación con su propio procedimiento.

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que ha tenido acceso EFE este martes, el cantante, a través de su abogado José Antonio Choclán, solicita la celebración de un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones (en los mismos medios y en la misma franja horaria) e indemnice a Julio Iglesias con el importe en el que se fijen "los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso".

Acto de conciliación que es requisito previo, recuerda el letrado, a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad por parte de Yolanda Díaz.

Se refiere en concreto a las manifestaciones que realizó la ministra, al conocerse dicha denuncia, en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa La Hora de la 1, en RTVE.

En sendos medios, indica el escrito, "la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos".

"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a la periodistas de @eldiario.es por denunciarlo", decía Yolanda Díaz en su mensaje en Bluesky.

Una publicación en una red social en la que Díaz cuenta con 38.027 seguidores y que fue "ampliamente comentada y compartida en redes sociales" y de la que se generaron noticias en otros medios de comunicación, destaca el escrito, de 12 páginas.

En la entrevista en TVE, que recoge transcrita la demanda, Yolanda Díaz abundó: "Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias".

El abogado del cantante refleja que la entrevista tuvo "una inequívoca repercusión mediática", teniendo en cuenta que ese día dicho programa lideró la audiencia en la franja matinal con un 17,3% de audiencia.

Considera por todo ello que la ministra incumplió "abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia por su afectación al derecho al honor y la reputación personal de la persona investigada en un proceso penal".

Unas manifestaciones, añade, que lesionan "de modo irremediable no solo el derecho a la presunción de inocencia" en un caso en el que además no llegó a abrirse un procedimiento judicial, "sino en lo que ahora nos concierne su derecho a la intimidad personal y al honor".

El abogado recoge también jurisprudencia en este sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y señala que las manifestaciones de Yolanda Díaz contra su cliente conculcan también la directiva europea por la que se refuerzan en el proceso penal y que recoge expresamente la prohibición de que las autoridades públicas realicen referencias públicas a la culpabilidad de la persona sometida al proceso penal.

Díaz, por su parte ha respondido a Julio Iglesias que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras. "Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha escrito la vicepresidenta este martes en su cuenta de Bluesky.

Hay palabras que provocan el efecto que definen y una de ellas fue la elegida por el lenguaraz Miguel Tellado el miércoles dirigiéndose al ministro Marlaska, apenas 12 horas después de que se conociera la grave acusación por agresión sexual y otros delitos formulada por una agente de la Policía Nacional contra el número dos del Cuerpo. No hay ni una palabra de desperdicio: “Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Tapando una presunta agresión sexual, una violación. Vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial”.

Náusea es lo que provocó la escena en la que los diputados del PP aporreaban como adolescentes consentidos las nobles maderas de sus escaños, al ritmo de la cantinela “¡di-mi-sión!”, tras la intervención de Tellado y de la diputada Mirian Guardiola (“mezquino”, “miserable”, “cobarde”, le llamó la señora al ministro). Los socialistas con sus aplausos lograron callar el griterío de la bancada de los conservadores al cabo de un minuto y cincuenta segundos de algarada.

La náusea no es ya solo porque el PP haya defendido a sus alcaldes de Móstoles y de Algeciras frente a acusaciones similares de subordinadas, a las que los directivos del PP han desacreditado sin pudor para mantener a los machotes en sus puestos, sino que pueda acusarse a Marlaska de un delito tan grave como encubrir una violación. Esos diputados y diputadas emulando a los primates con sus golpes saben de sobra que Marlaska jamás encubriría una violación y menos aún la de un subordinado. ¿Qué sentido habría de tener? En un honesto y arriesgado compromiso, antes de la bronca macarra de los populares, el ministro se había comprometido a dimitir si la víctima de la presunta agresión se hubiera sentido desprotegida en algún momento. A los del PP les da igual. Náusea es lo que se siente al ver ese comportamiento de quienes gobernaron España quince años y no tomaron ni una sola iniciativa, ni una, para reforzar la protección de las mujeres contra la violencia de género, ni para fomentar la igualdad ni para luchar contra el machismo. Abruma la comparación de la hoja de servicios de esta gente con la del ministro Marlaska, un histórico luchador por los derechos de las mujeres y las minorías, como político y como juez.

Pero no son idiotas estos señores y señoras del PP. Aunque solo haya sido por seguidismo de Vox, aciertan al tratar de meter a la izquierda en la trampa del velo. Es este un asunto, la prohibición del burka, en el que la derecha europea ha jugado con maestría con sus principios morales y que nos permite observar el juego no siempre claro y unívoco, sino a menudo contradictorio, de nuestros valores y nuestras emociones. La prohibición del velo integral suscita el apoyo cerrado de los conservadores y de hecho han sido ellos quienes han liderado las iniciativas restrictivas.

La inspectora que ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha aceptado protección policial tras el ofrecimiento realizado por la actual número dos del Cuerpo en funciones, Gemma Barroso, según recoge EFE. 

Fuentes del Ministerio del Interior informan a EFE de que la comisaria Barroso, subdirectora de Recursos Humanos y que ha asumido temporalmente el puesto de DAO tras la salida de González, ha hablado en la mañana de este jueves con la inspectora para hacerle este ofrecimiento.

Esta agente se querelló a principios de enero contra quien fuese número dos de la Policía desde 2018 por presunta agresión sexual en abril de 2025, a la que siguieron, según denuncia, coacciones para que ella no acudiese a la Justicia. 

Según la querella, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid, en julio y tras sufrir "acoso telefónico" y recibir llamadas y mensajes "intimidatorios y culpabilizadores", la inspectora comunicó a la comisaria Barroso, en calidad de subdirectora de Recursos Humanos, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental.

Se puso a su disposición un equipo de apoyo psicosocial, que le está prestando asistencia mientras se encuentra de baja laboral con el armamento retirado.

González está citado el próximo 17 de marzo en calidad de querellado ante el juzgado que lleva el caso.

Precisamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está recibiendo presiones para que dimita por parte de la oposición. Algo que él no piensa hacer a no ser que la víctima denunciante no se haya sentido protegida o entienda que él ha fallado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

El PP sostiene que el ministro encubrió la agresión para proteger al ex DAO. "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", apuntó Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.