Este sábado, Asunción, la capital de Paraguay, se vestirá de largo. La economía mundial estará mirando hacia allí. Se firmará el histórico acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea tras más de 26 años de negociaciones. Se alumbrará de esta forma la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores que concentrará cerca del 25% del PIB global.

España ha sido uno de los países que más ha luchado por hacer realidad este acuerdo en un contexto internacional precisamente marcado por la ruptura del multilateralismo y la deriva imperialista y arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un acuerdo capitaneado por una Comisión Europea de mayoría conservadora bajo la batuta de Ursula Von der Leyen, que ha abrazado ese vínculo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia).

Pero el pacto entra de lleno ahora en la arena política española. Aunque dentro de la M30 no ocupe los grandes titulares, sus derivadas en España pueden ser clave para los partidos de cara al naciente ciclo electoral. Y de hecho ya son un arma en muchas provincias medianas y con fuerte componente agrícola que pueden hacer decantar los resultados de unas generales por el reparto de escaños.

La campaña con Mercosur de fondo ya ha echado a rodar. La bandera contraria al acuerdo la agarra con vigor Vox pensando en el voto rural, pero también la onedan fuerzas de izquierdas como Podemos, Sumar y el BNG. El Partido Popular está en una encrucijada y no se atreve a darle su respaldo pleno, como le piden sus compañeros europeos, mientras que el Gobierno y el PSOE defienden la apuesta comercial hecha por Bruselas. Y, a la vez, tiene mucha fuerza el debate en Cataluña, con ERC y Junts presionando contra el pacto.

Hay enfado en parte del campo español. Aunque ya se han producido protestas en diferentes puntos del país, la traca llegará dentro de unos días. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron este jueves la convocatoria de protestas para la última semana de enero contra el acuerdo con Mercosur y por los recortes de la PAC. El jueves 29 será la jornada culmen, con acciones generalizadas y con la previsión de un gran acto en Madrid. Los organizadores hablan de “competencia absolutamente desleal” y acusan al Gobierno y a Europa de vender al sector primario “por calderilla”.

Vox es la formación que más rápido y con más fuerza se está moviendo en España para denunciar el acuerdo. El voto del campo se ha convertido en esencial para el ascenso de esta formación en las encuestas. Los de Santiago Abascal llevan años cosechando apoyos en la España profunda y tratando de crear una brecha entre estos municipios y la vida de las grandes ciudades, una estrategia que le ha dado grandes réditos a la ultraderecha a nivel internacional y que fue esencial para la vuelta de Trump al Despacho Oval. 

Esta hoja de ruta de las derechas ha dado ya su frutos, por ejemplo, en Extremadura, donde Vox y el PP se impusieron el 21D en estas zonas rurales por encima del PSOE, además de producirse una gran abstención entre los progresistas en esas áreas. Una estrategia que están volviendo a implementar las derechas también en el campo aragonés (las elecciones en esa comunidad son el 8 de febrero). Y que también están cultivando los populares y los de Abascal en Castilla y León y Andalucía, que irán luego a las urnas en los próximos meses.

Vox ha salido en tromba desde que se anunció el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y van en dos caminos en sus críticas: denunciando una supuesta “traición” a los agricultores y ganaderos españoles y, a la vez, achacando que ese rejón se debe al bipartidismo del PP y el PSOE, que han ido de la mano en las instituciones europeas en este asunto.

“Ellos lo han promovido, lo han negociado, lo han votado”, ha denunciado durante estos días el líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, a pesar de que finalmente se ha unido también al acuerdo Giorgia Meloni (Italia), una de las grandes referentes para la ultraderecha española; tanto es así, que pasó unos días en Navidad en Madrid con Santiago Abascal en una visita personal. Asimismo, en una estudiada estrategia, el partido de ultraderecha está calentando este tema en muchas provincias españolas y medios locales. 

El Partido Popular se ve ahora en una situación complicada respecto a Vox, ya que están en pleno enfrentamiento por la España rural. El pasado fin de semana, el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, hacía esta proclama en la conferencia interparlamentaria de los populares: “Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno”.

El propio Feijóo, en cambio, ha defendido durante estos años en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de este pacto comercial, pero ahora se encuentra con una muy fuerte presión interna dentro de su partido. De hecho, este miércoles el vicesecretario económico, Alberto Nadal, indicaba: “El PP sólo apoyará el acuerdo UE-Mercosur si se garantizan salvaguardias y se refuerzan los controles en frontera. El Gobierno lo votó en el Consejo sin pelear, como sí hizo Italia, y no pone medios para que entren productos sin las mismas exigencias”.

De esta manera, trata de desviar la atención hacia Sánchez. Pero la realidad es que el problema ahora lo va a tener con el Partido Popular Europeo, que ha celebrado el acuerdo y ha llamado a su respaldo. El principal ponente sobre el pacto dentro de esta institución es el eurodiputado español del PP Gabriel Mato, que ha sido un firme defensor durante estos años de este nuevo vínculo comercial. Hay barones de la formación mostrando su rechazo en público como el asturiano Álvaro Queipo, que lo tacha de “perjudicial”.

La gran duda ahora es qué hará el Partido Popular español en el Parlamento Europeo, cuando tenga lugar la ratificación del pacto. Una vez firmado este sábado, el acuerdo debe pasar por esta institución (todavía sin fecha). Ahí los eurodiputados tendrán que votar sí o no, sin posibilidad de que puedan introducir cambios. Y no pasará por el Congreso porque las competencias sobre comercio están delegadas en la Unión Europea.

El Gobierno y el PSOE se han convertido en los principales bastiones, en cambio, de apoyo al acuerdo. El propio Sánchez lleva años haciendo campaña entre los países europeos para alcanzar un consenso. Según escribió en la red social X: “Gracias a él, las empresas españolas pueden entrar a nuevos mercados, exportar más y generar más empleos. Y Europa podrá mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina”.

El Ejecutivo trata de calmar a los agricultores. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó el lunes en Los Desayunos del Ateneo que hay previstos mecanismos de compensación y fondos de la PAC por si se produjeran pérdidas de algún tipo. A la vez, no ha pasado desapercibido que este miércoles el propio presidente protagonizó un acto junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el que anunció un paquete de medidas para facilitar el relevo generacional en el sector agrario, incluyendo la movilización de 17.000 fincas rústicas del Estado.

Muy encima del sector está también el presidente de Cataluña, Salvador Illa, ante las protestas que se están sucediendo. El socialista cerró un acuerdo con los representantes de Revolta Pagesa este lunes para minimizar el impacto del acuerdo de Mercosur a través de fondos económicos y de mayores controles en los supermercados.

Los partidos independentistas allí se han posicionado muy fuerte en contra de la firma. Junts lleva días haciendo campaña y ha abierto un frente contra el Gobierno central en el Congreso con el registro este jueves de la petición de comparecencia de los ministros Planas, Mónica García (Sanidad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) para que informen sobre los riesgos del acuerdo para la seguridad alimentaria y el sector agrícola catalán.

Y las críticas llegan también desde la izquierda. Teresa Jordà (ERC) ha mostrado esta postura tras el acuerdo: “El Mercosur, tal y como lo hemos conocido, permite la competencia desleal, dinamita la soberanía alimentaria, pone en riesgo la sostenibilidad y amenaza al modelo productivo de proximidad. Es una condena al sector primario”.

Una dureza que también ha verbalizado la eurodiputada Irene Montero (Podemos): “Va a reventar el campo europeo para que ganen las grandes empresas. En España, doble golpe tras recortar la PAC para comprar armas a las órdenes de Trump. Estamos con agricultores y ganaderos, que cuidan la tierra y hacen posible que llenemos las neveras”.

Agricultores y ganaderos catalanes convocados por el colectivo Revolta Pagesa mantienen esta mañana los cortes de tráfico en la AP-7 y la N-II, ambas en la provincia de Girona, en la C-16, a la altura de Berga (Barcelona), y también siguen bloqueando el acceso al Puerto de Tarragona, según informa EFE.

Se trata de la cuarta jornada de movilizaciones en Cataluña en contra del tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur, que los países europeos tienen previsto firmar el próximo 17 de enero.

A pesar de los intentos de mediación del departamento de Agricultura de la Generalitat, que ha ofrecido a los agricultores del movimiento Revolta Pagesa una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los manifestantes insisten en poder hablar directamente con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Fuentes de Revolta Pagesa, que en septiembre de 2024 se constituyó como Gremi de la Pagesia Catalana, aseguran a EFE que por el momento no hay calendario para desconvocar las protestas.

Estas fuentes añaden que el hecho de que Revolta Pagesa no forme parte de las mesas agrarias españolas es uno de los argumentos que se trasladan desde el ministerio para justificar que se canalice el diálogo a través de la Generalitat.

En el caso de la AP-7, la protesta de los agricultores mantiene cortada en ambos sentidos el tramo de esta autopista que va de Borrassà a Vilademuls, por lo que hay desvíos señalizados para evitar dicho tramo.

También sigue cortada la N-II entre Bàscara y Pontós, aunque también hay desvíos señalizados en este tramo.

Asimismo, los agricultores mantienen con sus tractores bloqueado el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares, en la C-38, con la restricción del paso a los camiones.

También sigue cortada la C-16, en ambos sentidos, entre Casserres y Berga, una importante vía de acceso a la Cerdanya en la temporada de invierno, y se hacen desvíos por la C-16z.

Asimismo, los tractores bloquean el acceso al Puerto de Tarragona, en la A-27, y esta mañana está prevista una manifestación en la ciudad de Tarragona a las 12 horas en la Plaza Imperial Tarraco que culminará en el punto de protesta ante el puerto.

Los agricultores y ganaderos gallegos también han salido a las carreteras a protestar por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur aprobado este viernes. Según informa praza.gal, han cortado la A-52 a la altura de Trasmiras. Los colectivos Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema anuncian que retomarán las movilizaciones el lunes 12 de enero delante de la sede de la Xunta en Lugo.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este miércoles que confía en que la Unión Europea logre esta semana la mayoría necesaria para dar luz verde a la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, especialmente por las declaraciones de los últimos días desde Italia, que junto con Francia suponía el principal bloqueo.

Así lo indicó a su salida de una reunión extraordinaria de ministros europeos de Agricultura convocada por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones del sector y, según Planas, "abrir el camino" a la rúbrica del acuerdo con Mercosur. "Entiendo de las palabras del ministro italiano, Francesco Lollobrigida, como las de ayer de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que Italia va a dar un paso adelante. Y esto significa que esperamos que esta misma semana (...) se pueda previsiblemente adoptar por mayoría cualificada el acuerdo que permita la rúbrica de Mercosur", dijo el ministro.

Insistió en que ese acuerdo "es un paso muy importante", ya que son "casi 700 millones de personas de un lado y otro del Atlántico" y consideró que "lo ocurrido en los últimos días da un mayor valor si cabe a este gran acuerdo comercial, que es (....) estratégico" y que "nos da también un horizonte de futuro en relación con la producción a la alimentaria y nuestras exportaciones". Los embajadores permanentes ante la UE de los Estados miembros tienen previsto votar sobre el acuerdo con Mercosur el próximo viernes, con la idea de que la firma del mismo pueda tener lugar esta misma semana.

El pasado diciembre, coincidiendo con una cumbre europea, los Estados miembros descartaron que el acuerdo con Mercosur se pudiera firmar en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de ese mes, fecha inicial prevista, ante el bloqueo de Francia e Italia. En su lugar, se apuntó al próximo 12 de enero para celebrar la rúbrica en Paraguay, a expensas de convencer a París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.

Por otra parte, Planas calificó este miércoles de "progreso" las nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea para ayudar a los agricultores a través de la PAC en el próximo marco presupuestario 2028-2034, incluida la idea de avanzar la liquidez de los productores con aproximadamente 45.000 millones de euros. En ese sentido, dijo que a España "un avance interesante importante", pero subrayó que "la discusión no ha concluido" y que "queda mucho camino por recorrer desde el punto de vista de la discusión presupuestaria de la política agrícola".

China ha confirmado oficialmente a las autoridades españolas que acepta la regionalización de la situación de peste porcina africana (PPA), prohibiendo solo la entrada de productos derivados del cerdo que provengan de la provincia de Barcelona, según ha informado EFE.

Así lo ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras su reunión de hoy con el sector productor e industrial del cerdo de capa blanca en la que les ha trasladado que, por el momento, no se han detectado positivos en granjas ni animales de producción con sintomatología compatible.

El objetivo ahora es, ha recalcado, "tener delimitada" la zona afectada y "evitar su extensión a otros lugares".

El sector del cerdo español empieza a notar el impacto de la peste porcina africana (PPA), la que podría ser su mayor crisis en décadas. Varios países relevantes, como Japón, han cerrado sus fronteras a este producto y en los próximos meses habrá millones de cabezas que recolocar en otros mercados, como el español o el europeo. El "atasco" formado por ese exceso de carne se ha traducido en una bajada del 8% en el precio del cerdo vivo en la lonja y ese descenso llegará en cascada hasta el supermercado, incentivando el consumo interno.

"El daño en el sector va a ser general para toda España, aunque será una ventaja para el consumidor porque su precio bajará de manera sustancial. Creemos que crecerá su consumo interno", valora Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor, la ​​Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. 

La caída de precio del cerdo es por ahora limitada, pero podría seguir agudizándose a medida que se aclare qué países han cortado sus importaciones, puesto que el Ministerio de Agricultura está negociando la situación de forma individual con más de 40 mercados. La lonja porcina referencia, Mercolleida, se reunió de urgencia este lunes y bajó el precio del animal vivo de 1,30 euros/kilo a 1,20, un 7,7% menos. Esa cifra es la que pagan los mataderos a los ganaderos, los primeros que van a sufrir la crisis.

Pedro Rodríguez, coordinador de Consorcio Serrano, una asociación de 18 grandes exportadores de jamón, confirma también que su producto tiende a la baja. "Atasco de carne va a haber seguro, y de jamón también, pero algo menos. Ya lo teníamos por la bajada de importaciones de China, pero si caen ahora México y Japón, será todavía mayor", explica.

El fin de semana ha sido frenético para todo el sector, que se ha encontrado por fin con una crisis que llevaba años anticipando. "Evidentemente es una mala noticia, pero sabíamos que tarde o temprano podía aparecer", reconoce Ricard Parés, director de Porcat, la patronal en Cataluña. La peste estaba ya en gran parte de Europa y en cualquier momento podía saltar desde el norte de Italia, aunque la principal hipótesis es la infección de un jabalí que habría comido carne o embutido infectado de la basura, lo que explicaría que la enfermedad siga contenida en un radio limitado de la sierra de Collserola (Barcelona).

La incertidumbre de esta crisis es doble. Por una parte, la peste podría saltar a una granja de cerdos, lo que llevaría la crisis a un escenario mucho peor. Por otra, es extremadamente complicado calcular el daño económico y las empresas afectadas hasta que se aclare la situación comercial. Aun así, expertos de la Plataforma Tierra (Cajamar) calculan que hay unos 1.000 millones de euros en ventas que se verán bloqueados en aduanas, sobre unas exportaciones globales en 2024 de 8.800 millones de euros.

El análisis estima las ventas anuales en productos porcinos a los países que desde el jueves –y probablemente hasta 2027– no compran ningún producto español por miedo a que esté contaminado. Más del 70% de esos 1.000 millones corresponderían a Japón, el segundo mayor socio comercial no europeo.

El primer importador es China, que seguirá comprando porcino español gracias a un acuerdo alcanzado precisamente hace tres semanas –que prohíbe solo la entrada de productos originarios de la provincia afectada, Barcelona–. La Unión Europea también permite la libre circulación de porcino español salvo el que proceda de la zona confinada de 20 kilómetros alrededor de los cadáveres de jabalí encontrados.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, afirma que en este momento hay mucha incertidumbre porque cada país extracomunitario tiene sus propias condiciones comerciales, pero que no se esperan grandes pérdidas. "No significa que esos 1.000 millones se vayan a perder porque se exportarán a otros países. Lo lógico sería que gran parte de esa carne acabe en Europa", subraya. Lo que sí es probable es que la carne de cerdo siga cayendo de precio, según Resco, porque Japón importó el año pasado 190.000 toneladas de producto, y ahora hay que recolocarlas.

El problema que hay en este momento, según diferentes portavoces del sector, es que hay 141 países compradores de productos porcinos y los que están fuera de la Unión Europea suponen 3.700 millones de euros en volumen de negocio. Dentro de ese bloque hay países que admiten la regionalización de la crisis –solo vetan la entrada de cerdo de empresas ubicadas cerca del foco– y otros que cierran por completo sus fronteras. Entre los primeros están China y Corea del Sur, y en los segundos México, Taiwán y Japón. Reino Unido también ha vetado cualquier entrada, aunque Pablo Resco cree que negociarán en los próximos días una apertura parcial.

Dentro de los países que admiten regionalización hay también diferencias. La de China es provincial, mientras que la de Corea es en un radio de 20 kilómetros –como la europea–, de ahí que sea tan complicado calcular con precisión el daño en la industria cárnica, porque hay que bajar al detalle para ver quién puede vender qué. En todo caso, todos los gigantes del sector se verán afectados porque tienen lazos con Japón como Vall Companys, Campofrío, Costa Food o Incarlopsa.

Esa regionalización de la crisis hará que la peor parte de las pérdidas se la lleve la provincia de Barcelona, donde hay 14 fábricas cárnicas, según el Ministerio de Agricultura. Cataluña también es la segunda comunidad con más cabezas de cerdo, tras Aragón, con 8,03 millones de animales en 2024, el 23% del total de España. En la provincia de Barcelona, que no podrá vender a China, hay 1,9 millones de cerdos, y es la segunda provincia más importante de Cataluña, solo superada por Lleida (4,5 millones).

La última vez que el PSOE y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendieron el derecho a la autodeterminación del Sáhara corría el año 2019, y la política española hervía tras la moción de censura, sometida a la presión emergente de los nuevos partidos (Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox). Un compromiso histórico de los socialistas que se remontaba al inicio de la ocupación de este territorio, abandonado a su suerte por España hace casi 50 años, y que Sánchez enterró en 2022 a cambio de que Marruecos reanudase el control de las fronteras con Ceuta, desbordadas por la llegada de miles de migrantes, en su mayor parte menores de edad, a los que la gendarmería marroquí facilitó el acceso para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas.

Desde entonces, los mítines y los discursos del PSOE se llenan de banderas de Palestina y de denuncias contra la ocupación israelí de su territorio, pero ya nadie en ese partido agita los símbolos del Sáhara Occidental. En defensa de los intereses saharauis —gran parte de cuya población vive en el exilio y cuyo territorio está sometido a la ocupación del ejército de la monarquía autocrática marroquí— solo se alzan ahora las voces de la izquierda (Podemos, Esquerra, Bildu, Compromís, Comuns y el BNG), a las que se acaba de sumar, en un giro inesperado de los acontecimientos, la ultraderecha de Vox, aunque solo sea para ponerse del lado de las organizaciones de agricultores y consumidores que denuncian la comercialización de productos saharauis como si fuesen de Marruecos.

Los ultras dicen defender ahora la legalidad internacional y el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 4 de octubre de 2024 anuló los acuerdos comerciales con Marruecos porque, en palabras de uno de sus portavoces en el Congreso, Ricardo Chamorro, “faltaba lo esencial: el consentimiento del pueblo saharaui”.

Más allá del oportunismo de Vox, que solo busca el voto del campo, es la izquierda quien de verdad mantiene izada la bandera saharaui. Casi una treintena de eurodiputados se movilizaron este miércoles para pedir a la presidenta del Parlamento Europeo que reprenda a la Comisión por el nuevo y polémico acuerdo comercial con Marruecos porque “reconoce y recompensa de facto la ocupación ilegal del Sáhara Occidental al incluir expresamente productos procedentes de ese territorio”. También protestan por la intención de la Comisión Europea de poner en vigor el acuerdo antes de que el Parlamento haya sido consultado y recuerdan que el nuevo texto “repite los mismos errores” que llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a anular el último acuerdo.

Entre ellos hay parlamentarios miembros de La Izquierda, Los Verdes y el grupo Socialistas y Demócratas (S&D), además de varios no adscritos, que representan a formaciones políticas de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Austria, Alemania y Eslovenia. Entre los españoles, ni uno solo del PSOE.

“Es increíble ver cómo la Comisión Europea, en un mismo acto, ignora al Parlamento Europeo, al Tribunal de Justicia y al Derecho Internacional”, denunció el promotor de la iniciativa, el eurodiputado danés Per Clausen (del grupo de La Izquierda).

En cuestión está la pretensión de Bruselas de que el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos entre en vigor de manera provisional antes de ser aprobado por el Parlamento Europeo, así como la intención de la Comisión de recompensar de facto la ocupación ilegal del Sáhara Occidental mediante un acuerdo que permite al Reino de Marruecos seguir explotando económicamente su territorio.

El Frente Polisario también ha dejado clara su oposición. “Denunciamos y rechazamos el nuevo acuerdo. Obviamente, nuestra primera opción no era volver a los tribunales. Lamentamos que haya esta voluntad por parte de la Comisión Europea de mantener este limbo legal entre el pueblo del Sáhara Occidental y la UE”, dijo esta semana en rueda de prensa el asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos, Oubi Buchraya Bachir.

“Hemos expresado nuestro deseo de contribuir a encontrar un acuerdo que sea respetuoso con las decisiones de los tribunales, pero por parte de la UE no se ha actuado de manera positiva”, añadió. Han actuado con “falta de transparencia”, con la única intención de “imponer un hecho consumado a todas las partes, no solo al pueblo saharaui, sino también a los Estados miembros y al Parlamento Europeo”. Es una “violación flagrante y frontal” de las sentencias de la justicia europea, ha asegurado Buchraya, que ve “inevitable” tener que volver a la corte europea con sede en Luxemburgo para recurrirlo.

No se trata únicamente de un acuerdo económico de productos agrícolas, resumió el asesor del secretario general del Frente Polisario. En paralelo, está “animando a Marruecos a no cooperar con la ONU para resolver el conflicto en el Sáhara Occidental sobre la base del derecho internacional”.

Prueba de ello es que el acuerdo cuenta con la aprobación de Marruecos. El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, lo considera más un documento geoestratégico que comercial porque, declaró, “aporta las aclaraciones necesarias, en el respeto de los fundamentos nacionales” del país magrebí y su reivindicación de soberanía sobre el Sáhara Occidental. De hecho, lo ha presentado como un espaldarazo a su propuesta de integración del Sáhara en un régimen de autonomía, aplaudida por varios países europeos (entre ellos España), pero no por la UE ni por Naciones Unidas.

Con todo, Ignacio Cembrero, periodista especializado en el Magreb, desmonta el verdadero alcance del acuerdo. Lo que ha hecho la Comisión Europea y sus Estados miembros “ha sido ganar tiempo”, asegura. El Frente Polisario recurrirá de nuevo a la justicia y, al cabo de cinco años, “es harto probable que el Tribunal de Justicia de la UE le vuelva a dar la razón. Hasta ahora el Polisario lo ha ganado todo en los tribunales europeos”.

Desde su punto de vista, las “prisas y la opacidad” con las que la Comisión ha negociado con Rabat “son chocantes”. Sobre todo si se tiene en cuenta, como denuncian el citado grupo de eurodiputados, que se ha hecho sin tener en cuenta al Parlamento Europeo.

“Por lo que sabemos del nuevo acuerdo”, explica, “es como el anterior, el que fue anulado por el TJUE, solo que llamando a las cosas de otra manera, especialmente a los productos agrícolas exportados del Sáhara Occidental a la UE”. Lo que significa que “no respeta las sentencias del TJUE de octubre de 2024”.

Cembrero recuerda la reacción del ministro de Agricultura, Luis Planas, al fallo de octubre de 2024, diciendo “que la relación con Marruecos estaba por encima de las sentencias del TJUE”. “Ahora ha quedado demostrado”, porque “el Gobierno apoya a la Comisión en su empeño en sortear las sentencias del tribunal”.

Lo confirmó el propio Planas este miércoles en el Congreso, después de que el portavoz del BNG, Néstor Rego, le reprochase el acuerdo con Marruecos. “Nos preocupa que el Estado español se sume a la vulneración de la legalidad internacional, vulnerando el derecho legítimo del pueblo saharaui a vivir en su tierra en paz y en libertad y a poder disfrutar también de sus recursos. Porque, efectivamente, sería más lógico negociar con la República Árabe Saharaui que con Marruecos. Y eso es lo que le pedimos”, subrayó Rego.

Desde la tribuna de oradores, el titular de Agricultura, con una amplia carrera diplomática, apenas se esforzó en desmentir la mayor. Lo que han hecho el Consejo y la Comisión, dijo, no es sino poner y adaptar los acuerdos vigentes a las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas hace un año, en un doble aspecto: en lo que se refiere al origen de los productos y también a la repercusión sobre las poblaciones del Sáhara. Eso sí, pasó por alto el fondo de la decisión del TJUE: la obligación de negociar y pactar con el Polisario en todo lo que afecte al Sáhara.

Enfatizó el ministro, eso sí, el peso que tiene la relación estratégica con el reino alauí. Una decisión adoptada por el Gobierno que no hace sino ahondar en la de ponerse del lado de Marruecos y en contra del Sáhara. “Son acuerdos que tienen también un contenido estratégico muy importante tanto para la Unión Europea como para Marruecos”.

¿A qué se refiere cuando habla de “contenido estratégico”? A que el Gobierno de España pone por encima de los intereses del Sáhara los suyos propios en materia de control migratorio, estabilidad fronteriza y lucha contra el terrorismo yihadista.

Marruecos actúa desde hace años como un socio clave en el control de los flujos migratorios hacia Europa. Su cooperación permite reducir la llegada de pateras y cayucos a Canarias y a las costas andaluzas. El Gobierno considera que mantener una buena relación con Rabat es esencial para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.

Además, el Magreb y el Sahel son zonas de alta actividad de grupos yihadistas. Marruecos comparte información de inteligencia con España y la UE, y su colaboración ha sido decisiva para prevenir atentados.

España no es el único socio europeo que actúa dando por hecho que el Sáhara es territorio marroquí. Esta misma semana, las patronales de Marruecos y Francia celebraron un foro económico centrado en energía, desarrollo sostenible, infraestructuras y turismo. El evento tuvo lugar en Dajla, en el Sáhara Occidental, como una nueva señal de apoyo de París a la soberanía marroquí sobre ese territorio.

Cinco de los quince activistas de Greenpeace que este jueves por la mañana han participado en una protesta pacífica frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han sido detenidos y llevados a dependencias policiales, según un comunicado de la organización ecologista.

Desde Greenpeace han explicado que los activistas bloquearon la entrada principal del edificio con 300 cajas vacías de alimentos, como símbolo de la amenaza que sufre el sistema alimentario, y fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a la espera de declarar y conocer los cargos que se les imputan.

La acción busca exigir al Gobierno una transición alimentaria justa y sostenible, según Greenpeace, que denuncia que la seguridad alimentaria está en riesgo por la crisis climática, la dependencia de insumos internacionales y un contexto geopolítico inestable.

Asimismo, los ecologistas critican al ministro de Agricultura, Luis Planas, por no impulsar medidas urgentes, como el fin de las macrogranjas, la pesca industrial o las prácticas agrícolas intensivas que deterioran el medioambiente.

También reclaman la aprobación, aún pendiente, de la futura Ley de Agricultura Familiar, que consideran clave para garantizar un modelo alimentario más sostenible y justo.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decretado el secreto de las diligencias que ha abierto este viernes para investigar la filtración y publicación, en un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores, de los datos personales y teléfonos de siete ministros socialistas y de varios exdirigentes del PP, según informa EFE.

Lo ha hecho horas después de que recayeran en su juzgado, el Central de Instrucción número 1, las pesquisas que la Policía Nacional ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional en relación a estos hechos, que podrían atentar contra la Seguridad del Estado, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación nada más conocerse este jueves la filtración y publicación de esos datos, que afectan a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, Óscar Puente; Agricultura, Luis Planas; Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En el mismo listado, se han publicado datos de exdirigentes del PP como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.

Los mensajes con esos datos aparecieron publicados a primera hora de la mañana del jueves por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario una hora después.

Según adelantó el diario Público, el grupo de Telegram donde han aparecido estos mensajes es utilizado por sus usuarios para difundir publicaciones relacionadas con la actividad política de Alvise Pérez, así como para atacar al Gobierno o divulgar mensajes xenófobos. 

El mundo está cambiando por minutos. El tablero geopolítico de las últimas décadas ha saltado por los aires. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pulsado el botón de los aranceles, toda una guerra comercial con reverberaciones sin precedentes. Europa asume que empieza una nueva era y que el mundo diplomático y económico se mueve ya con otras reglas y parámetros.

Y en la UE se mira ahora de otra manera a China, vista la pinza que han fraguado Washington y Moscú. El gigante asiático es clave en el nuevo orden mundial y, además, es uno de los grandes perjudicados por los aranceles de Trump (con una elevación hasta el 46%). Los movimientos se suceden en todo el planeta desde el pasado miércoles, con fotografías que hasta hace poco parecían casi imposibles, como la de la firma de un acuerdo entre Pekín, Tokio y Seúl para hacer frente al desafío del político estadounidense.

El presidente español, Pedro Sánchez, viaja esta semana a Vietnam y China, una visita trabajada y programada antes del huracán arancelario pero que ahora alcanza un significado al máximo nivel. Y lo hace acompañado de sus ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Agricultura, Luis Planas. Esto evidencia de manera explícita los tintes diplomáticos y de búsqueda de mercados (el agropecuario es uno de los más afectados por las decisiones de Trump) que marcan la comitiva española.

Fuentes de La Moncloa sitúan entre los objetivos reforzar las relaciones bilaterales en un contexto marcado por las decisiones de Estados Unidos, impulsar de manera clara la apuesta de España por Asia (un continente que ha ganado mucho peso en la recién aprobada estrategia del Ministerio de Asuntos Exteriores) y tender puentes entre Pekín y la Unión Europea. Bruselas considera al país asiático como socio, competidor económico y rival sistémico, pero en el Gobierno español indican que ahora hay que potenciar la palabra “socio”.

En el Ejecutivo español manifiestan que, además de los aspectos comerciales, se quiere profundizar en una relación de confianza, algo muy apreciado por Pekín. España dio un paso adelante en el vínculo entre ambos países a partir de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, siendo el expresidente uno de los principales interlocutores durante estos años. Además, Sánchez llevará mensajes de trabajo conjunto e intercambio en áreas como la cultura y la ciencia.

Las líneas que inspiran el viaje, según fuentes gubernamentales, son: interlocución, equilibrio comercial, inversión y acercamiento entre sociedades. El desequilibrio comercial en estos momentos es abrumador a favor de Pekín. Según la Fundación Consejo España China, las importaciones desde China sumaron en 2024 hasta 20.746 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas al país asiático fueron de 7.467 millones de euros. El año pasado Pekín representó el 10% de las importaciones totales de Espana, pero su peso como cliente fue mucho menor, con una cuota del 2%.

Durante el viaje se espera la firma de varios protocolos con Pekín y también que China abra más sus mercados ante la actual situación, especialmente para productos agroalimentarios. El vino y el aceite españoles son algunas de las principales víctimas del sistema arancelario lanzado por la Casa Blanca.

Junto al presidente español viajará un grupo de directivos de compañías de diversos sectores como Indra, Renfe, Talgo, Adif, Recover, Rosler y Premo, además de delegados de la CEOE y la Cámara de Comercio. Asimismo, se unirán a lo largo de la gira asiática representantes de Porcelanosa, Técnicas Reunidas, Acciona y Meliá.

El viaje incide además en la necesidad que defiende Sánchez de reforzar la autonomía estratégica europea y mirar a otros mercados como Canadá, Chile, México o India. Durante la presentación de su plan de acción inmediata de 14.100 millones de euros, el presidente español ya lanzó que va a solicitar a la Unión Europea que se acelere la firma del acuerdo comercial con Mercosur. En La Moncloa remarcan que este viaje a Vietnam y China no va contra nadie.

Inés Arco, investigadora del think tank de relaciones internacionales Cidob, especializada en Asia Oriental y política china, subraya que Pekín, la segunda gran potencia económica, es un actor al alza en el actual contexto. Explica que ese país está buscando además un cambio de imagen: se presenta como defensor del libre comercio y busca reducir fricciones con Europa “sabiendo que la competición entre EEUU y China es un elemento sistémico”.

“Están replicando su programa de 2017, cuando se produjo la primera administración de Trump, para acercarse al resto del mundo. EEUU cierra puertas y ellos las abren. Estamos viendo a China jugar sus bazas para aproximarse a la UE, India, Japón y Corea del Sur”, sostiene la investigadora, que subraya que Pekín se quiere posicionar con un socio “más responsable y seguro” que Washington y “tratar de mostrarse como una alternativa para el resto del mundo”.

Según relata Arco, sobre la relación entre China y la UE: “Lo que estamos viendo no es una línea recta, pero sí una ventana de oportunidad dentro de las dificultades. Bruselas está buscando alternativas y China es una. Pero no podemos perder en la foto también el acercamiento a Mercosur y Canadá, por ejemplo”. “La Unión ve ahora en China, frente a EEUU y Rusia, el actor con el que es más fácil limar algunas asperezas. Se trata de un acercamiento primero comercial y luego en aquellas áreas multilaterales en las que se puede cooperar como la lucha contra el cambio climático, aunque hay también contestación interna en la UE”, remacha.

Añade: “El discurso va por un lado, veremos luego el resultado”. Europa, prosigue, ya ha dicho lo que quiere a Pekín: mayor acceso a los mercados y nivelar el terreno en el ámbito económico. A lo que apostilla: “La cuestión es si China está dispuesta a dar o no ciertas concesiones”.

Para esta experta, Sánchez ahora “trata de crear un puente entre Bruselas y Pekín”. Considera que también dentro de la UE está el reto de lograr una posición común respecto a China por parte de todos los países miembros. Recuerda que recientemente una delegación francesa también se ha trasladado buscando mercados para el brandy y el coñac. Arco remarca que en esta nueva etapa España tiene que buscar una mayor inversión de China en suelo nacional y en productos agroalimentarios, además de profundizar en temas como el coche eléctrico, tecnologías y el hidrógeno verde.

También se sumerge en el papel de China en este contexto Águeda Parra, analista de la Fundación Alternativas y especialista en este país, que explica que Pekín puede salir en el fondo beneficiada [allá] donde Estados Unidos pierda poder, tanto desde el punto de vista económico como diplomático: “Muchos países tenderán estrechos vínculos, es una cosa que China lleva tiempo haciendo, pero las circunstancias han cambiado”.

Opina que “hay mucho margen de mejora” para que España abra mercados en ese país, porque Pekín siempre ha puesto muchas barreras: “Costó mucho que entrara el vino español”. Y pone sobre la mesa otro factor en favor de los productos españoles: con el tiempo, la sociedad china también demanda gustos más occidentalizados. “Además, ahora todas las partes son más propicias a generar determinados espacios de negocio”, añade.

Parra señala que ahora Europa debe acelerar su agenda de autonomía estratégica porque ha faltado tiempo de implementarla por el giro de Trump: “Estamos entendiendo que es una situación de no retorno y a la que hay que amoldarse”. Dibuja sobre el futuro que España tiene “mucho margen” en el sector agroalimentario porque China está abriendo sus restricciones. Además, pone el foco en otros asuntos en los que España y China pueden combinar juntos, como los temas de movilidad sostenible y el sector energético, “donde el país asiático está avanzando más rápido que otros”. “Es un punto de colaboración teniendo en cuenta que nuestro país tiene en las energías renovables un valor al alza dentro de su mix”.

Tras una semana de intensas negociaciones, los pescadores que emplean técnicas de arrastre en el Mediterráneo tienen ya sus nuevas cuotas de captura para los próximos años, y las cifras no son buenas. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, celebraba en la madrugada del martes que el acuerdo con Bruselas, pero el optimismo no es compartido por el sector, que tiene apenas cinco meses para modernizar su flota.

La propuesta de la Comisión, que recortaba un 79% los días de faena, ha salido finalmente adelante, aunque con una serie de excepciones que permiten poco a poco incrementar las jornadas en las que se puede salir a pescar. De esta manera, los 557 barcos de arrastre españoles que pescan en el Mediterráneo podrán trabajar los mismos días que hasta ahora si cambian sus redes por unas más selectivas, si instalan unas puertas que no rocen con el lecho marino y si el Gobierno establece zonas de prohibición temporal de pesca para proteger a ciertas especies.

"Por mucho que se diga, la realidad es que a día de hoy los pescadores españoles tienen 27 días de captura a partir de 2025, frente a los 129 días que han tenido este año", aclara Javier López, portavoz de Oceana, una ONG marítima que ha estado presente en las negociaciones de Bruselas. "Es verdad que esas jornadas se pueden incrementar modernizando los aparejos, pero va a ser muy difícil llegar a pescar lo mismo que en 2024", sentencia el ecologista. Normalmente, estas organizaciones aprietan las tuercas a los pescadores para que protejan el ecosistema, pero en esta ocasión defienden que la pesca familiar debe seguir siendo rentable. 

La clave a partir de ahora será en cumplir con la letra pequeña del acuerdo alcanzado entre la Comisión y España, Italia y Francia, los tres países que pescan en el Mediterráneo occidental. La principal medida que otorga a los armadores más días de pesca de arrastre es el recambio de las redes por unas con agujeros más grandes para que los peces juveniles puedan atravesarlas y solo se capture a los ejemplares adultos.

En concreto, si la flota de arrastre costera —la que pesca especies como el salmonete o la merluza— cambia sus redes por unas de agujeros cuadrados de 45 milímetros (5 más que hasta ahora), recibirán un 50% más de días de captura; y si la flota de arrastre profundo —la que pesca gamba roja— cambia sus redes por unas de 50 milímetros, ganarían otro 30%. Esa suma de 80%, en principio, ya compensaría el 79% de reducción de días de faena al que obliga la Comisión.

Pero no es tan sencillo. Primero, porque en ambos casos el cambio de redes tendría que realizarlo el 100% de los barcos, y eso está descartado. Si no cumplen cada uno de los 557 navíos afectados en España, el bonus de días que recibirían sería del 40% y el 25%, respectivamente, y habría que recortar días de pesca de algún lado: o todos los barcos salen menos a faenar, o se reduce el número de barcos en el Mediterráneo español. Y segundo, porque la Comisión obliga a realizar estos cambios antes del 1 de mayo, o los porcentajes se reducirían todavía más.

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, señala que el reglamento acordado entre los gobiernos y la Comisión —que se cerró de madrugada fuera de tiempo— es muy farragoso y deja en el aire aspectos clave para el sector. "Por ejemplo no está claro si podremos beneficiarnos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para pagar las redes. También tengo claro que el 100% la flota no va sustituir sus mallas porque algún armador ya me lo ha dicho, así que queremos saber qué otras inversiones podemos hacer para alcanzar exactamente ese 79% y no perder días. Estos detalles técnicos van a ser fundamentales", concreta.

José María Gallart, encargado de la flota de bajura de la patronal Cepesca, tampoco confía en que la combinación de medidas vaya a permitir mantener el calendario intacto: "El acuerdo es bastante difícil de entender y sabemos que pescar el 100% de los días que hemos tenido en 2024 va a ser muy difícil".

Además de sustituir sus redes, el reglamento plantea a los arrastreros otras fórmulas para ganar días de faena. Por ejemplo, que instalen las llamadas puertas voladoras, el mecanismo que abre horizontalmente la red para pescar. Estas puertas, a diferencia de las clásicas, no están en contacto con el fondo del mar, por lo que no lo erosionan ni levantan polvaredas. Esta inversión otorga un 3% extra de horas al barco para salir a trabajar al año. El Gobierno también puede tomar medidas y cerrar algunos caladeros de forma temporal, ganando otras tantas horas.

Raúl García, de la organización conservacionista WWF, opina que la Comisión se ha salido con la suya. Lanzó una propuesta extrema que amenazaba con acabar con toda la flota para que los Gobiernos mediterráneos tuviesen que aceptar una reconversión del sector para salvar a sus pescadores. "El comisario de Pesca y la directora general nos dijeron que solo el 20% de los arrastreros europeos han tomado medidas preventivas en los últimos años, por eso se plantaron con una propuesta de máximos", revela.

El experto en pesca de WWF añade que coordinar a más de medio centenar de barcos en tan poco tiempo va a ser una odisea. También hará falta que el Ministerio de Agricultura y Pesca mueva ficha y aporte ayudas económicas, porque la reconversión no va a ser barata. Cambiar la red de un barco oscila entre los 1.500 y 5.000 euros, e instalar puertas voladoras cuesta a partir de 60.000 euros, aunque permite ahorrar alrededor de un 20% de combustible. García añade que habrá que mejorar la llegada de ayudas del FEMPA, que reparten las comunidades autónomas, y que harán falta planes sociales en algunas zonas más vulnerables.

Además de pescar menos días e invertir en modernizar los barcos, el sector pesquero destaca que a corto plazo las medidas van a suponer una caída de los ingresos. "Una armadora bromeaba ayer que con las nuevas redes de 45 milímetros van a pescar agua", cuenta Gallart, de Cepesca. "Evidentemente es una exageración, pero es verdad que durante los primeros años reduciremos las capturas, y ya venimos de una reducción de días de pesca del 40% desde 2020", añade. En el lado contrario, Raúl García, de WWF, reconoce que al principio se pescará menos, "pero en dos años se pueden disparar las poblaciones", ya que el número de peces adultos crecerá a medio y largo plazo.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) lograron este miércoles cerrar por unanimidad un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en aguas comunitarias del Atlántico y el Mediterráneo en 2025, según indicaron fuentes diplomáticas y recoge EFE. Entre las medidas acordadas se encuentran herramientas para amortiguar el recorte al arrastre en el Mediterráneo frente la propuesta de la Comisión Europea que quería reducir en un 79% los días de pesca, hasta una media de 27 días de trabajo.

El acuerdo se logró tras dos días de reunión en Bruselas, marcados por la oposición de España al recorte en los días de pesca en el Mediterráneo que había planteado la Comisión Europea (CE) a finales de noviembre. "El acuerdo alcanzado en el Consejo de Agricultura y Pesca (de la UE) permitirá mantener las poblaciones de peces en niveles sostenibles y proteger el entorno marino, al tiempo que se considera también la viabilidad del sector", escribió la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea en su perfil de la red social X.

Las negociaciones se han saldado con un acuerdo para el reparto de la pesca en el Atlántico y el mar del Norte y para las posibilidades de pesca en el mar Negro y el Mediterráneo, que ha centrado los esfuerzos negociadores de los ministros para garantizar la supervivencia de la flota de arrastre que faena en la zona.

Lo que ha complicado el debate ha sido esa reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo, que según denunciaba el sector era una "sentencia de muerte" para los arrastreros, que en los últimos cinco años ya han soportado un recorte de la actividad del 40%, lo que ha limitado sus días de trabajo a unos 130 al año.

Según ha detallado el nuevo comisario de Pesca de la UE, Costas Kadis, en rueda de prensa al término de la reunión, en el acuerdo se incluye "un mecanismo de compensación ampliado que aliviará el impacto socioeconómico de la reducción del esfuerzo" para el arrastre. Recurrir a esta herramienta amortiguará, en parte, el recorte al arrastre que pide Bruselas, ya que permite recuperar días de actividad si se cumplen ciertas medidas medioambientales —a elegir entre 12— como puertas voladoras, la imposición de vedas o el cierre temporal de algunas zonas para proteger a las especies demersales cuya recuperación preocupa a la Comisión: los alevines de merluza y la gamba roja.

En noviembre, el Ejecutivo comunitario publicó una propuesta que habría supuesto una reducción del 79% en los días de pesca para la flota de arrastre española en el Mediterráneo, de modo que esos barcos solo podrían salir al mar 27 jornadas al año. A su llegada al encuentro de los ministros el pasado lunes, el titular de Agricultura y Pesca español, Luis Planas, aseguró que esa propuesta de Bruselas era "claramente inaceptable". "Vamos a intentar en estas próximas 48 horas buscar una solución que sea positiva y constructiva", comentó Planas.

España, Francia e Italia llegaron unidas a la reunión para afrontar la negociación de las posibilidades de pesca en el Mediterráneo. De hecho, Planas dijo el lunes que los tres países estaban trabajando en una alternativa técnica con la presidencia húngara del Consejo de la UE frente a la propuesta de la Comisión.

Recordó que España viene defendiendo "no solo este año, sino en años anteriores que hay medidas alternativas", como exclusiones de zonas de pesca, "que han tenido un resultado positivo".

Hace dos semanas que la Comisión Europea propuso acabar de facto con la mayor parte de la pesca de arrastre española al plantear a los Estados miembros reducir un 79% los días en los que pueden faenar en el Mediterráneo occidental los barcos que emplean redes de arrastre. Se trata de un órdago de Bruselas para garantizar que las especies afectadas por la pesca de arrastre quedan protegidas, pero tan extremo que provocó el enfado de los pescadores, el Gobierno e incluso de los conservacionistas. Más allá de que la medida sea desproporcionada, los análisis demuestran que las poblaciones de peces capturados con arrastre están muy mermadas, y que las medidas preventivas de los últimos cuatro años apenas han mejorado la situación. El consejo científico que asesora a la UE estudia cada año nueve puntos de la costa española, y solo en cuatro ha habido un incremento de los ejemplares entre 2021 y 2023.

En concreto, este panel de expertos mide la situación de seis especies pescadas por redes de arrastre en cuatro lugares diferentes de la costa española. Entre 2021 y 2023 han crecido en población la gamba blanca, el salmonete de roca (en Baleares), el salmonete (Golfo de León) y la gamba roja (Andalucía y Baleares). Pero paralelamente se ha reducido la población del salmonete (Andalucía y Cataluña) y se ha mantenido estable la de la merluza y la cigala (Cataluña), mientras la gamba roja (Cataluña y Golfo de León) y la cigala (Baleares) han fluctuado.

El problema es que, aunque unas especies evolucionen mejor que otras, la captura con arrastre es muy poco selectiva. Las redes que se arrastran por el fondo en general capturan todo lo que tocan, de manera que la normativa europea ha optado por poner el límite de pesca en el necesario para salvar a la especie más dañada: la merluza. Aunque su número de ejemplares se mantenga estancado desde 2021, los expertos recuerdan que esto no es una buena noticia, puesto que ahora viven en la región unas 1.800 toneladas de merluzas adultas, mientras que en 2010 había más de 4.000.

Con estos datos, el panel de científicos que asesora a la UE planteó en octubre recortar la pesca de merluza mediante arrastre en un 91% a partir de 2025, mientras que para otras especies propuso una rebaja menor. Por ejemplo, del 74% en el salmonete de Cataluña, o del 25% en la gamba roja de Andalucía. En algunos casos donde ha crecido la población, los expertos incluso plantearon incrementar las capturas, como en el salmonete de roca de Baleares (+32%) y la cigala de Baleares (+11%).

El trabajo de los científicos es calcular las poblaciones y recomendar en Bruselas medidas para equilibrar el ecosistema, pero queda en manos de la Comisión proponer un reglamento para hacer frente al problema. Con esa información, la directora general de Pesca, Charlina Vitcheva, planteó el 27 de noviembre a los Estados miembros —antes de que el nuevo Comisario de Pesca, Costas Kadis, tomase el mando— un recorte del 79% de los días de faena para los barcos de arrastre del mediterráneo occidental. 

Tanto el sector pesquero como el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se opusieron tajantemente a la propuesta. Incluso los grupos ecologistas o los expertos en oceanografía reconocen que la solución no puede ser acabar de un día para otro con la pesca de arrastre. Unas 3.000 personas en España trabajan de forma directa en el sector, y hay 557 arrastreros en el país que pescan en el mediterráneo.

Miquel Ortega Cerdà, experto en pesca del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), explica que la propuesta de Bruselas es exagerada, aunque es cierto que se escuda en la normativa vigente. "La Comisión ha seguido el mandato que establece la Política Pesquera Común de 2013, que fijaba que en 2020 había que alcanzar un rendimiento máximo sostenible de estas especies", señala. El problema es el programa para cumplir con esa meta —el Plan plurianual para las poblaciones de peces demersales del mar Mediterráneo occidental— no se aprobó hasta 2019, y era técnicamente imposible alcanzar el objetivo en 2020.

Por ello, se decidió reducir parcialmente los días de pesca de arrastre a partir de 2020, y se pospuso la meta de alcanzar un equilibrio a 2025. De nuevo, se ha esperado a última hora para establecer los recortes, y la Comisaria de Pesca pretende que de un día para otro —a partir del 1 de enero de 2025— España y sus vecinos empiecen a cumplir con una cuota pesquera inasumible. Pasarían de faenar 129 días al año a apenas 27, una quinta parte.

No obstante, Ortega añade que el Gobierno español y las comunidades autónomas no están libres de culpa: "Durante décadas las administraciones no tomaron medidas adecuadas de planificación para evitar que se fabricaran y trabajasen más barcos de pesca de los que el recurso puede sostener", recuerda el experto.

De hecho, el Gobierno español, junto al italiano y francés, mandó el 18 de noviembre una carta a la Comisión para que congelase durante dos años más el mandato que obliga a alcanzar un equilibrio en la pesca de arrastre, es decir pasarlo de 2025 a 2027. "Esta postura es igual de triste porque no beneficia a nadie. Es como si un paciente que está en la UCI empieza a mejorar y le damos el alta. Aunque estemos mejor, paralizar los objetivos nos devuelve a la casilla de salida", opina el doctor en Ciencias Ambientales.

Desde WWF, una de las ONG más presentes en la política pesquera europea, proponen sustituir la solución drástica de la Comisión por otras que no arruinen a la pesca, ya que la inmensa mayoría de los barcos son familiares. Plantean por ejemplo instalar redes más grandes con cuadrados de 52 milímetros para evitar la captura de juveniles. Sobre el exceso de barcos de arrastre que hay en España, los ecologistas reclaman también un programa de pagos por desguace para que los pescadores reciban una compensación por desmontar su barco. Esto sirve para garantizar que las embarcaciones no se vendan o se cambien de bandera para que sigan pescando en otro lugar del mundo.

La Comisión Europea presentó el 27 de noviembre una propuesta para recortar drásticamente las salidas de buques de arrastre para pescar en el Mediterráneo. En teoría, la medida busca proteger el fondo del mar de la agresividad de la captura con mallas de arrastre, pero las nuevas reglas planteadas son tan drásticas que ni los ecologistas están de acuerdo con ellas. Los pescadores esperaban que las reglas cambiasen a partir del 1 de enero, pero no de manera tan abrupta, y han convocado manifestaciones a partir de este lunes en Madrid y Bruselas para mostrar su desacuerdo. Según afirman, en juego está el futuro de más de 500 embarcaciones y 3.000 trabajadores en España.

El 1 de enero caduca el plan plurianual que regula la captura de peces de fondo en el Mediterráneo y la Comisión presentó el miércoles de la semana pasada las nuevas cuotas para los barcos que practican este arte de pesca. La propuesta —que tiene que ser ratificada la semana que viene— incluye una rebaja de hasta el 79% de los días que los arrastreros pueden faenar a partir de enero. En concreto, por norma general pasarían de trabajar 129 días a apenas 27, una quinta parte de lo que pescaban hasta ahora

Esta regla, que se aplicaría a los 556 arrastreros españoles que trabajan en el Mediterráneo (el 10% de la flota española) y los 1.500 que hay en Europa, y supondría el fin de su negocio porque trabajarían poco más de un mes al año. La propuesta también recortaría la pesca con trasmallo (podrían capturar como máximo 47 toneladas al año), mientras que los barcos que emplean la técnica del palangre se quedarían como están, ya que sufrieron una rebaja el año pasado. El empleo total directo de estos barcos es de unos 3.000 profesionales, aunque desde el sector apuntan a mínimo 30.000 puestos perdidos porque muchas lonjas y puertos viven casi en exclusiva de estas artes.

No obstante, todavía hay margen para que la propuesta se caiga. Este lunes y martes se reúnen en Bruselas los 27 ministros de la rama en el Consejo de Ministros de Agricultura y votarán la propuesta de la Comisión, que necesita una mayoría cualificada para salir adelante. Esto equivale a al menos 15 países (de 27) a favor que representen un 65% de la población europea. El ministro español, Luis Planas, ya ha reiterado que tiene el apoyo de Francia e Italia para frenarla, pero las minorías de bloqueo necesitan al menos un cuarto Estado, que podría ser Portugal, Grecia o Malta, por ejemplo. 

Planas lleva desde el día 27 realizando una dura campaña contra la propuesta de la Comisión, aunque este jueves reconoció que todavía no hay nada atado. "La negociación del lunes y martes va a ser muy compleja porque la propuesta de la Comisión ha llegado muy tarde y es de máximos. En este momento estamos en contacto con la Comisión para alcanzar un acuerdo, pero la propuesta no ha sido un buen comienzo", aclaró el ministro este jueves desde Bruselas.

A diferencia de disputas anteriores, el sector primario está volcado con Planas, y esperan que su estrategia de bloqueo pueda tumbar las nuevas reglas. Para los pescadores de arrastre no hay otra opción factible que acabar tajantemente con la propuesta de la Comisión, porque supondría reducir a una quinta parte su trabajo.

"En más de 40 años que llevo no había visto algo así, estamos muy, muy preocupados", afirma José María Gallart, vicepresidente de Cepesca encargado de la flota de bajura, la que trabaja en las millas más cercanas a la costa. "Si se cargan el arrastre, todo el sector de bajura va detrás. Puertos como Almería, Cartagena, Santa Pola o Tarragona necesitan el arrastre para funcionar", insiste Gallart.

El portavoz pesquero reconoce que no están cómodos dejándolo todo en manos de una votación en Bruselas, que se puede torcer en el último minuto. "Es verdad que ahora tenemos una minoría de bloqueo, pero jugárselo todo a una votación es confiarlo todo a la pura política. No tengo tan claro que España pueda ganar", añade el alto cargo de la patronal pesquera. 

Un factor que no ayuda es la caída del Gobierno francés de este miércoles, un socio indispensable para España en la votación. Preguntado por si esta condición pone en peligro las negociaciones, Planas respondió este jueves: "Espero que no, el Gobierno está en funciones y estoy en contacto con el ministro francés".

La alternativa a este recorte drástico en los permisos de pesca de arrastre sería un acuerdo entre los países del Mediterráneo y la Comisión en el que se endurezcan las reglas de captura, pero con una cierta laxitud. En los últimos cinco años, los arrastreros españoles ya han reducido un 34% sus días de faena para garantizar que las poblaciones de peces se recuperan, y el Gobierno español tratará de que en esta revisión de la política plurianual se logre una reducción asequible para el sector. El 18 de noviembre, España, Francia e Italia enviaron a la Comisión una propuesta para posponer dos años más el endurecimiento de las cuotas pesqueras (ya se pospusieron de 2020 a 2025), pero la Comisión ha respondido con una negativa tajante. Hasta tal punto, que en lugar de hacer una contraoferta asumible, ha respondido con un endurecimiento exagerado, según el sector.

Incluso las organizaciones ecologistas consideran que el reglamento que ha puesto la Comisión sobre la mesa es inasumible. Un experto en pesca de uno de los grandes grupos ecologistas de España explica que "ni las ONG más radicales han entendido la propuesta de la Comisión".

"Los datos demuestran que las poblaciones de los peces de fondo —como la gamba roja, la merluza, el salmonete o la cigala— se han recuperado en los últimos años. Esperábamos algunos cambios para endurecer la pesca de arrastre, pero no una propuesta desproporcionada", añade el especialista en pesca sostenible, que prefiere no dar su nombre.

La pesca de arrastre ha estado siempre bajo el escrutinio de las organizaciones verdes por el impacto que tiene sobre el fondo marino. Las redes, de hasta 200 metros de ancho, se anclan al fondo marino y capturan a todos los peces que las atraviesan, además de dañar el lecho. Sin embargo, el experto consultado afirma que las medidas radicales para acabar con estas prácticas pesqueras hacen un flaco favor al ecologismo: "Llevamos años trabajando para conseguir una transición equilibrada en la pesca, pero acabar de un día para otro con las flotas solo hace que el sector se concentre en grandes empresas. Cuando hablamos de arrastreros, el 80% son barcos familiares con uno o dos empleados, no estamos hablando de Pescanova".

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado la reapertura de la causa en la que investigaba la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura), tras recabar nueva información de las autoridades francesas, recogido por Europa Press.

En el auto de reapertura, firmado este martes 23 de abril, el magistrado acuerda la reapertura tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros de gobierno francés, ministros y diputados, con ese mismo software.

En la documentación aportada por Francia, las autoridades de ese país explican que se han dirigido a la mercantil Grupo NSO, sociedad de capital riesgo cuyo domicilio social se encuentra en Israel, y que ha desarrollado y comercializado el software Pegasus, en principio de venta exclusiva a organizaciones estatales con el fin de vigilar a personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves.

Del mismo modo, las autoridades francesas exponen que sus investigaciones pretenden averiguar quién se encuentra detrás de estas infestaciones masivas y que su investigación les ha llevado a solicitar auxilio judicial a Estados Unidos e Israel, toda vez que la empresa NSO negó ser responsable de la infección de los teléfonos y afirmó que cualquier información adicional debía solicitarse a través de las herramientas de cooperación judicial.

En el documento enviado por Francia se recogen los "indicadores de compromiso" (IOCs), que son una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante. Estos indicadores pueden incluir direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y comportamiento anómalo de usuarios, entre otros. Los IOCs se utilizan en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática.

En su auto, el juez Calama explica que el sobreseimiento provisional permite reabrir una causa cuando aparecen nuevos datos. En este sentido, considera que la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos por el Centro Criptológico Nacional en los análisis periciales de los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los tres ministros puede permitir avanzar en las investigaciones llevadas en uno y otro país en orden a determinar la autoría de estas infestaciones.

El magistrado explica que las investigaciones en Francia determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números. "Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación", concluye.

Como principal diligencia, el juez de la Audiencia Nacional acuerda la práctica de un informe pericial que elaborará el Centro Criptológico Nacional con objeto de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española y que lleve a determinar la autoría de los ataques informáticos.

Calama explica que cuando obtenga el resultado de este nuevo examen pericial se podrá llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades franceses y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).

"Todo ello permitirá una actuación conjunta y coordinada de las autoridades judiciales francesas y españolas en orden a determinar la autoría de la infestación llevada a cabo a través del programa espía Pegasus tanto en Francia como en España", concluye el juez.

Los Veintisiete han respaldado este lunes la relajación de los requisitos medioambientales que se deben cumplir para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que propuso la Comisión Europea el pasado 15 de marzo y que incluye la exención de controles y sanciones para las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para aliviar aún más la carga administrativa del campo.

Así lo ha recogido Europa Press y ha apoyado este lunes el Comité Especial de Agricultura, que se ha reunido de forma previa al encuentro de ministros europeos del ramo que se celebra en Bruselas y en el que está previsto que los ministros del ramo ratifiquen su apoyo por mayoría cualificada, dado que, según ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sólo Alemania ha expresado reparos.

En declaraciones a los medios a su llegada a la capital belga, Planas ha recordado también que un total de 345.000 declarantes se beneficiarán de la exención de requisitos para los pequeños agricultores, lo que supone más del 50% del total.

Asimismo, el ministro ha destacado que este expediente se tramitará con carácter de urgencia, por lo que el presidente del Comité Especial de Agricultura enviará ahora la carta de oferta al Parlamento Europeo, que se espera que adopte su posición en primera lectura en su pleno del 22 al 25 de abril. Acto seguido, el Consejo adoptará formalmente el reglamento, de modo que si todo avanza según lo previsto, entrará en vigor a finales de esta primavera y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

El principal objetivo de estas propuestas legislativas es aliviar aún más la carga administrativa para los agricultores de la UE, y dar así a los agricultores y a los Estados miembro una mayor flexibilidad para cumplir determinadas condicionalidades medioambientales. Sin embargo, la Comisión asegura que esto no comprometerá el nivel general de ambición en lo que respecta a los objetivos de protección medioambiental y climática de la política agrícola de la UE.

Esta nueva muestra de solidaridad con el sector se suma a la relajación de los requisitos medioambientales asociados a las ayudas de la PAC que ya anunció el Ejecutivo comunitario a finales de febrero con el ánimo de apaciguar las movilizaciones del campo a apenas tres meses de las elecciones europeas.

Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como BCAM, un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.

Según datos del Ejecutivo comunitario, eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a estas normas simplificaría considerablemente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC, al tiempo que se mantendrían las ambiciones medioambientales, ya que estas sólo cubren el 9,6% de las superficies que reciben ayudas de la PAC.

La Comisión también propone una revisión específica de las BCAM 6, de cobertura mínima de suelo en los períodos más sensibles; BCAM 7, de rotación en tierras de cultivo y BCAM 8, de porcentaje mínimo de barbecho, en la que se anima a los Estados miembro que ofrezcan más flexibilidad para su cumplimiento.

Además de estos cambios específicos, Bruselas plantea que los Estados miembro puedan eximir a determinados cultivos, tipos de suelo o sistemas agrícolas del cumplimiento de los requisitos sobre labranza, cobertura del suelo y rotación o diversificación de cultivos (respectivamente, BCAM 5, 6 y 7).También será posible establecer exenciones específicas para permitir el arado para restaurar pastos permanentes en lugares Natura 2000 en caso de que sufran daños debido a depredadores o especies invasoras (BCAM 9).

En casos extremos de condiciones climáticas adversas que impidan a los agricultores trabajar adecuadamente y cumplir los requisitos de las BCAM, los gobiernos también podrán introducir excepciones temporales, que deberán tener una duración limitada y aplicarse únicamente a los beneficiarios afectados.

Los países de la UE también tendrán que revisar sus planes estratégicos de la PAC antes del 31 de diciembre de 2025 si se actualizan a nivel de la UE leyes medioambientales y climáticas específicas, como por ejemplo, sobre la conservación de las aves silvestres y los hábitats naturales de la fauna y la flora silvestre o la protección de las aguas.

La Comisión ha concluido que ahora es "de suma importancia" que el Consejo y el Parlamento Europeo, como colegisladores, lleguen a un acuerdo sobre la propuesta legislativa presentada este viernes de manera oportuna para garantizar a los agricultores que estas nuevas medidas pueden aplicarse "lo antes posible".

Para contribuir a las discusiones en curso con los ministros de agricultura y la Eurocámara, la Comisión ha propuesto también otras acciones que podrían llevarse a cabo a corto y medio plazo, como la puesta en marcha un observatorio de los costes de producción, los márgenes y las prácticas comerciales en la cadena de suministro agroalimentario.

Además, Bruselas propone mejoras específicas del marco jurídico actual establecido en el reglamento por el que se crea una organización común de mercados de productos agrícolas, que pasan por reforzar las reglas aplicables a los contratos que los agricultores celebran con compradores en la industria alimentaria o el comercio minorista, y fortalecer las organizaciones de productores.

En la misma línea, la Comisión propone la posibilidad de nuevas normas sobre aplicación transfronteriza contra prácticas comerciales desleales y ha comprometido una evaluación exhaustiva de la directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, en vigor desde 2021.

A modo casi de rugido, desde el PP y algunas organizaciones agrarias han acusado al Gobierno de “criminalizar” a los agricultores en los últimos meses por distintas causas. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, llegó a reprochar en el Congreso de los Diputados a la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, “la persecución” que, a su entender, se estaba “produciendo desde el punto de vista de la inspección laboral a las explotaciones agrarias”, que, dijo, rozaba “el delito”. 

Lo que demuestran los hechos es que es incuestionable que, en la esfera del campo, a veces, se cometen delitos y no precisamente por parte de los inspectores. A finales del pasado mes de febrero la Policía Nacional liberó en Sevilla a 21 víctimas de explotación laboral que trabajaban en ese ámbito sin que se les permitiera beber ni comer durante la jornada, “pese a las altas temperaturas" y a las tareas físicas "que debían realizar, llegando una de las víctimas que estaba embarazada, menor de edad, a sufrir un aborto”, según comprobaron los investigadores. En Murcia, en concreto en tres fincas de Lorca, Mazarrón y Águilas, los agentes detuvieron a seis hombres como presuntos responsables de una empresa agrícola por la explotación de al menos 23 ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a lo informado desde el Cuerpo. A principios de este mes de marzo, la Policía arrestó en Aspe, en Alicante, a un grupo de tres personas por presuntamente explotar en régimen de "semiesclavitud" a cuatro víctimas que mantenían retenidas bajo coacciones en zonas agrícolas. Y son sólo tres casos recientes.

Tras el de Sevilla, Díaz defendió que en su ministerio se aplican para “garantizar los derechos a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables”. “La inspección laboral es fundamental para la protección de todas las personas” que operan en la agricultura, aseveró en el perfil con el que cuenta en la red social X, antes Twitter, para concluir que “una vez más” se demostraba que “la inspección salva vidas”.

En ese martilleo constante, según los datos que maneja el ministerio que dirige la también líder de Sumar, en 2023 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), organismo estatal que tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios y que se encarga de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de exigir responsabilidades si se produce algún tipo de infracción –multas económicas o cese de actividad, en esencia, según fuentes del ente–, llevó a cabo 87.042 actuaciones inspectoras en el sector de la agricultura. Gracias a ellas se detectó la comisión de 7.179 infracciones, el 8,2%. El importe de éstas, según han podido saber infoLibre, se elevó hasta los 33,8 millones de euros, la misma cuantía que el Ejecutivo ha destinado del Plan de Recuperación a poner en marcha hasta 12 proyectos de sostenibilidad turística en Euskadi, por ejemplo, o una cantidad similar a la invertida en dotar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) de vehículos medios de intervención el ejercicio pasado. Los trabajadores afectados por las infracciones descubiertas fueron más de 47.000, con detalle 47.180.

Junto a lo expuesto, cabe destacarse que profesionales de la ITSS, que han de controlar normas relativas a materias laborales, de prevención de riesgos, de Seguridad Social, empleo, formación profesional y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, entre otras; efectuaron un global de 11.260 requerimientos, esto es, advertencias o avisos; y se armaron expedientes liquidatorios por valor de 16,5 millones de euros en 2023, a la luz de la información a la que ha tenido acceso este periódico.

El responsable del Sector Agroalimentario de UGT FICA, Sebastián Serena, indica que "las inspecciones están haciendo mucho hincapié en el sistema de contratación", aunque alerta de que existe "cierta hipocresía". "Tienen interés en ver qué tipo de fraude se produce en el sector agrícola y es verdad que en algunos casos se han impuesto sanciones y se han convertido trabajadores en fijos o en fijos discontinuos", sostiene. ¿Dónde? "Sobre todo en invernaderos, porque es donde más trabajadores hay en periodos largos de duración, ya que, aparte de la campaña de siembre o recogida, se produce una actividad permanente de mantenimiento. Ahí sabemos que se está actuando y se están consiguiendo esas conversiones y localizando incluso contratación irregular, informal como le llaman en Europa, pero que, en resumen, es gente que trabaja sin contrato", relata.

Serena apunta que dentro de la acción inspectora "se está viendo además si se aplica el salario mínimo (SMI) o no", si bien "no se está haciendo en el nivel" que le "gustaría" a su organización sindical. "En el sector agrícola, en el campo, hacen falta muchos más inspectores para que haya la regularidad social y laboral que no hay. Es uno de los sitios donde mayor fraude se comete", confirma. En ese punto ubica la hipocresía a la que aludía antes: "Existe todavía la posibilidad de hacer contratos verbales por un periodo de cuatro semanas. Cuando la inspección encuentra a una cuadrilla y le pregunta cuánto lleva trabajando en una finca, le pueden decir que desde ayer, y en realidad llevar una semana o dos", hace notar. "Eso es difícil de controlar y lleva consigo una bolsa de fraude ligada al pago de impuestos y de la Seguridad Social -apostilla-, si el empresario no da de alta desde el primer día que se trabaja".

Las inspecciones también han aflorado en la actual revuelta del campo, que ha provocado multitud de protestas por todo el país. Es más, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que es “una queja habitual del sector” el que las inspecciones se produzcan “en momentos distintos del año y sin coordinación” y ha abogado por armonizar la acción de las distintas administraciones. “Creemos que es importante que las comunidades asuman la tarea de forma efectiva”, ha señalado estos días Planas, para añadir que algunas ya han creado “una estructura administrativa” con el fin de impulsar unos controles, que deberían incluir, a juicio del ministro, comprobar que se cumpla la ley que impide vender a pérdidas en el campo.

Otras fuentes sindicales comparten que "sería bueno incrementar los controles", tanto "para los trabajadores" como para "la seguridad alimentaria de todos". Si bien, quieren dejar claro que "aunque las operaciones policiales que acaban en los medios son muy llamativas, no es la regla en el campo español".

Más allá de las inspecciones, el responsable del Sector Agroalimentario de UGT FICA reclama al Gobierno que se aborden "con urgencia" varios asuntos ligados al panorama agrario. De un lado anota que la no aprobación del Real Decreto-ley 7/2023 que reformaba el subsidio por desempleo en el Congreso conllevó que se quedaran en el aire "dos temas muy importantes: la ampliación de la prestación asistencial, el subsidio, para los trabajadores eventuales agrarios de fuera de Extremadura y Andalucía, una injusticia que lleva así décadas y una discriminación respecto al resto de personas trabajadoras de España; así como la prórroga de la reducción de 30 a 10 jornadas para tener derecho al subsidio agrario y a la renta agraria en Andalucía y Extremadura". Amplía su denuncia: "Por efecto de la sequía, las campañas se han reducido y no todo el mundo puede reunir 30 jornadas. Por ello, están admitiendo a trámite las solicitudes de las ayudas, pero luego se las deniegan, lo que implica una pérdida muy significativa de ingresos", lamenta.

Por último, desde UGT FICA exigen "la renovación de los convenios provinciales del sector agrario vencidos desde hace décadas en algunos sitios" y que "no se pongan más excusas para sacar adelante el convenio estatal del campo que negociamos desde 2016". "Toca pensar en los trabajadores del sector agrícola que son esenciales tanto para la alimentación de todos como para la industria transformadora de alimentos", finaliza, para cerrar con un aviso a navegantes: si no se abordan esos déficits, no descartan "movilizaciones".

Un total de 500 tractores y 100 autobuses se manifestarán este miércoles, 21 de febrero, en Madrid ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, según ha adelantado Unión de Uniones, que, no obstante, indica que puede ser que la estimación "se quede corta", según informa Europa Press.

El martes 20 saldrán desde diferentes partes de España los manifestantes, que pasarán esa noche en municipios cercanos a Madrid, para, finalmente, el día 21 a primera hora de la mañana entrar a la capital por las seis radiales. La manifestación arrancará a las 10.30 horas en la Plaza de la Independencia, dirección Plaza Cibeles, hasta llegar al Ministerio de Agricultura.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ya ha dado a conocer los itinerarios previstos para el desarrollo de la manifestación agraria que accederán a la capital desde las comunidades aledañas, en cinco columnas distintas. Desde primera hora de la mañana está previsto que se desplacen hasta 500 tractores desde cinco puntos de inicio: Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, El Espinar (Segovia) y Guadalajara.

Día 20 de febrero:

Día 21 de febrero:

El motivo de esta concentración es que, de las 18 medidas que anunció el Ministro de Agricultura, Luis Planas, la semana pasada, "ninguna va a permitir que se arregle ninguno de los problemas del sector", en palabras del coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés. La organización considera que estas medidas no reflejan un cambio real en la política del Ministerio, ni del Gobierno, "que es lo que el campo está reclamando" y asegura que aborda los problemas "de una manera superficial".

Unión de Uniones ha denunciado que fuera de estas medidas propuestas se han dejado temas relevantes como llevar la democracia al campo, los daños de la fauna salvaje a la agricultura y ganadería, el diálogo con el sector de cara a efectuar reformas que le afecten, el contrato eléctrico de doble tarifa, al ampliación de ayudas a las crisis y la sequía o la revisión de los programas de erradicación.

En este contexto, Cortés ha denunciado que desde las instituciones se ha pensado que los agricultores "lo aguantan todo y llega un momento que ya no aguantan más, se están arruinando trabajando y lo único que quieren es producir alimentos sanos y a precios competitivos". Desde Unión de Uniones han adelantado que si Planas "hace caso omiso" el miércoles, darán "una vuelta de tuerca" y se dirigirán directamente a presidencia del Gobierno. De hecho, la organización ha asegurado que su objetivo es que "el Ministerio cambie de rumbo" o "el presidente cambie al ministro".

Entre los principales problemas del sector, que han llevado a un "hartazgo" generalizado de los agricultores y ganaderos, Unión de Uniones ha destacado la venta a pérdidas por la falta de aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria y de criterios para establecer el precio mínimo, la burocracia de la PAC o la competencia desleal.

Sobre esta última cuestión, en concreto, han explicado que no se deja producir a españoles, y europeos en general, "exactamente en las mismas condiciones" que producen los de fuera de la UE, que luego exportan sus productos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, ha hecho públicas este viernes las dos cartas que remitió el pasado miércoles 14 de febrero al comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, y a sus homólogos del Gobierno belga que ostenta actualmente la Presidencia del Consejo de la UE, Willy Borsus, David Clarinval y Jo Brounsl, para trasladarles la preocupación del Ejecutivo por la "actual situación de las protestas de los agricultores y para pedirles que escuchen las protestas del campo. Además, también les propone una serie de medidas y de reformas en la Política Agracia Común (PAC). Ambas misivas se conocen pocas horas después de que el Ministerio lanzase este jueves 18 medidas de emergencia para tratar de calmar las protestas agrícolas.

En ambas misivas, Planas defiende que la aplicación de la nueva PAC 2023-2027 supone "un importante cambio de enfoque" pero que también conlleva "un importante incremento de la carga administrativa" tanto para los agricultores como para las administraciones: "Ha supuesto, no solo una importante complejidad adicional, sino el establecimiento de determinadas medidas que obstaculizan el ejercicio adecuado de la actividad agraria". "Es preciso por tanto que el proceso de reflexión que acaba de comenzar encuentre soluciones concretas a las cargas adicionales que se han generado", matiza en la misiva a sus homólogos belgas.

El ministro pide por parte de la UE una "respuesta coherente y conjunta" que aporte soluciones "concretas y urgentes" a todos los países. "Es preciso que de este proceso de reflexión se obtengan, no solo los ajustes en la normativa comunitaria, sino también el firme compromiso de la Comisión Europea de tratar las modificaciones propuestas por los Estados miembros de una forma razonable y coherente", explica Planas. En caso contrario, para el ministro, "el nuevo modelo sería un fracaso y sería preciso volver al modelo anterior, es decir, una política basa en el cumplimiento de requisitos".

En la carta al comisario de Agricultura, señala que el resultado deben producirse en "el menor plazo posible". "Tenemos que estar más que nunca a la escucha de las inquietudes del sector agrario, y aprovechar esta oportunidad para fijarnos objetivos y políticas realistas que puedan ser compartidos por Gobiernos y agricultores y que apoyen al desarrollo en las mejores condiciones de la actividad agraria, una actividad agraria, una actividad esencial en el conjunto de la UE", asegura Planas.

"Sin duda la próxima reunión del Consejo de Ministros del 26 de febrero es el foro adecuado para ello", afirma Planas. El ministro concluye ambas cartas que cuenten "con el compromiso de España" para "contribuir de manera activa y constructiva a este debate" y para "identificar soluciones constructivas" en "un espíritu constructivo y de colaboración".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que el Gobierno creará una agencia estatal de información y control alimentario para reforzar la inspección de las infracciones a lo largo de la cadena alimentaria, así como una mayor vigilancia a las importaciones de los mercados de terceros.

Según ha explicado el titular del ramo y Europa Press, la agencia tiene por objeto incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad que en la actualidad tiene el órgano autónomo del Ministerio de Agricultura con el mismo nombre que la agencia estatal.

Planas ha hecho el anuncio al concluir su reunión de más de dos horas con varias organizaciones profesionales agrarias entre protestas y tractoradas del campo que se han intensificado en los últimos días. En concreto, se ha reunido con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Una reunión que el ministro ha calificado de "positiva" y que ha dado continuación al encuentro que el Gobierno mantuvo con estas organizaciones hace unos días para dar respuesta a las demandas del sector.

Deberíamos ponernos como un tomate, pero reconozcámoslo, a los urbanitas el campo nos importa un pimiento salvo que peligre el abastecimiento cotidiano. No pensamos jamás si las hortalizas, el pescado o la carne que compramos cada día son españolas o han recorrido miles de kilómetros hasta llegar al carrito. A muchos les sorprendería saber que las uvas vienen de la India o de Perú, y que por mucho cambio climático que estemos viviendo, aquí aún no crecen sandías y melones en invierno. La conciencia medioambiental de la mayoría tampoco pierde un minuto en plantearse cuánto gana el productor del ticket de la compra. 

Y así, mientras dábamos calabazas a quienes cultivan y crían lo que nos comemos, Vox ha descubierto un caladero de votos y una fórmula abonada de penetración territorial del partido. Como telepredicadores han desembarcado en el sector primario, al que hace tiempo que mandamos a freír espárragos. Han escuchado sus demandas en los bares del pueblo y se han convertido en su media naranja a base de prometer la resolución de las peticiones. Como no gobiernan, pueden proponer todo lo que se les ocurra y culpar de los males a la Agenda 2030, al Pacto Verde o a la Comisión Europea, que en estos años ha aprobado 32 medidas legislativas que afectan a la agricultura, a la pesca y a la ganadería y tiene al sector medio loco porque adoptar cada una supone un tiempo y una inversión que antes de ser recuperada, ya tienen que cambiar otra vez. 

El ministro Planas ha pedido este miércoles a Vox desde la tribuna del Congreso que “no manipulen las legítimas demandas de los productores”, mientras el diputado de extrema derecha hacía suyas las reivindicaciones y el enfado del mundo rural con los acuerdos de libre comercio o Mercosur, que permiten entrar productos de terceros países que escapan al control de los derechos laborales comunitarios, y por lo tanto se venden a unos precios con los que es imposible competir. La nueva ley de Agricultura Familiar en la que el ministerio quería empezar a trabajar este año para aprobar en el 2025 no será fácil de sacar adelante con tantos socios de Gobierno a los que pedir apoyo. No será una legislatura de leyes, sino de buscar ingeniosas soluciones para avanzar. 

Raro será que Vox saque las castañas del fuego al sector, pero están aprovechando el hartazgo. Ayer por la tarde, los impenitentes de Ferraz, que continúan lanzando consignas entre los rezos, coreaban “¡agricultores, sacad los tractores!”. Por mucho que me coma el coco, no logro entender cómo ha pasado el PSOE de ser históricamente el partido de los trabajadores del campo, a que los hijos de aquellos que confían en los socialistas para defender sus derechos se sientan ahora más próximos a los ultras. Igual me repito más que un ajo, pero tiene guasa que los pijos madrileños les animen a cortar carreteras aunque luego no les irán socorrer cuando el juez García Castellón les acuse de terrorismo hortofrutícola. 

En las asociaciones más moderadas son conscientes de que están politizando sus demandas, usándolas para radicalizar el panorama. Pero aseguran que la gente más joven y preparada, agrónomos, veterinarios y economistas que pretenden adaptar el campo al futuro, están desanimados. Quienes conocemos proyectos comprometidos y valientes de productores capaces de hablar desde una tribuna mejor que muchos políticos, que crean valor en su entorno y están convencidos de que hay una manera viable de hacer bien las cosas, no podemos culparles. Porque lo que pretenden es que se les apoye para poder defender el trabajo honesto que realizan. Queridos lechuguinos, no metamos a todos en el mismo saco. Ya sé que es pedir peras al olmo. No criminalicemos a un sector entero por la movilización de unos cuantos. Porque al final, los radicales recogerán los frutos.