La crisis del PSOE deja al PP sin socios alternativos y a la izquierda sin los deberes hechos para las generales

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la imagen de la Guardia Civil en la sede de Ferraz con el objetivo de conseguir información sobre la trama supuestamente liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán para “obstaculizar, desestabilizar o neutralizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente del Gobierno” no solo han sumido en el desconcierto y la incertidumbre al Ejecutivo de Pedro Sánchez –que denuncia abiertamente una operación de acoso y derribo–  sino también a sus socios.

Ninguno de los partidos que fue clave para investir a Sánchez en 2023 quiere, sin embargo, aparecer como responsable directo de una caída del Gobierno que pueda desembocar en un Ejecutivo de Partido Popular y Vox, ni siquiera PNV y Junts, los más cercanos ideológicamente a los postulados de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ambas formaciones sí le han reclamado públicamente a Sánchez que convoque elecciones antes de que acabe el año. El resto no ha dado ese paso, pero coinciden en que el clima ha cambiado. Las causas judiciales que afectan al PSOE y a dirigentes o exdirigentes socialistas han instalado entre sus aliados una mezcla de desconcierto y temor a que todo ello les acabe salpicando también a ellos.

La decisión de Sánchez de pedir comparecer en el Congreso no se entiende sin esa presión. En Moncloa habían intentado inicialmente contener el golpe al sostener que los casos no concernían directamente al presidente y habían desplazado el foco hacia las “cloacas” del Partido Popular con el caso Kitchen. Pero sus socios exigieron más y por ese motivo, a última hora del jueves, se anunció su comparecencia para hablar sobre las actuaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, si bien no será hasta después del 19 de junio, fecha en la que ya se habrá producido la declaración de Zapatero en sede judicial y justo después del Consejo Europeo.

Los partidos que sostienen al Gobierno son los primeros interesados en que el socialista no ignore la gravedad de la crisis, pero también son conscientes de que, si la legislatura se desploma, el escenario puede ser peor para todos ellos. La mayoría del 23J nació como un frente contra la derecha y la ultraderecha –y no tanto como una alianza pro-Sánchez– , pero ahora esa misma mayoría se ve obligada a fiscalizar al PSOE sin dinamitar del todo el dique que construyó para impedir la llegada de PP y Vox a La Moncloa, que algunos anticipan que se producirá el próximo año 2027 si nada cambia.

PNV y Junts no allanarán el camino a Feijóo

El PNV ocupa un lugar singular en esa arquitectura. “Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV”, ironizaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta semana desde el Congreso. Los nacionalistas vascos son los que mejor han entendido el poder de la geometría parlamentaria. Su relación histórica con el PP nada tiene que ver con la de ahora, con cruces de reproches e insultos en público. En 1996 facilitaron la investidura de José María Aznar junto a CiU y Coalición Canaria. A cambio, el PNV obtuvo garantías vinculadas al Concierto Económico, transferencias, desarrollo estatutario y reconocimiento de la singularidad vasca.

Aquel pacto ejemplifica el modus operandi de la política española durante décadas: los nacionalismos conservadores podían mirar a derecha o a izquierda en función del contexto, del precio político y de los intereses territoriales. El PNV pactó con Aznar, negoció con Rajoy y, en mayo de 2018, permitió aprobar los Presupuestos del último Gobierno popular. Lo hizo incluso en plena tensión por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, justificando su voto en términos de responsabilidad y autogobierno. 

Pocos días después, la sentencia de Gürtel alteró el tablero. El mismo PNV que había dado oxígeno presupuestario a Rajoy facilitó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. Su capacidad de arbitraje siempre está sometida a sus propios intereses y a la lectura del momento político. Y el objetivo último de los jetzales es mantener la presidencia del Gobierno vasco. Un pacto para el que actualmente necesitan al PSE, que también podría mirar a EH Bildu en caso de apremio.

Fuentes de la formación señalan que el factor clave para el cambio de postura con el PP no es solo la lehendakaritza, sino lo que consideran una “deriva” del PP hacia la “ultraderecha” por su mimetización con Vox. En Génova, sin embargo, ven a los de Aitor Esteban como “rehenes” de Sánchez, una posición que creen acabarán “pagando caro” en el futuro. Este argumento lo hacen extensible también a Junts, que piensan que está condicionado por el crecimiento de la ultraderecha de Aliança Catalana.

Junts es el otro actor clave del final de legislatura. Su papel no es idéntico al del PNV, pero sí comparte una lógica de poder: maximizar la influencia desde una posición parlamentaria decisiva en Madrid. Los de Carles Puigdemont han tensado la cuerda desde el inicio de la legislatura, han dado por bloqueada la acción del Gobierno en distintos momentos y han usado cada incumplimiento del PSOE como argumento para endurecer su posición. Pero su negativa a facilitar una moción de censura que abra la puerta a Vox marca el límite de su amenaza, como volvió a repetir el viernes su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Ninguno de ellos quiere aparecer como la fuerza que entregue el Gobierno a un Feijóo dependiente de la ultraderecha. Esa es la contradicción que también atenaza al PP. Su líder busca que PNV y Junts conviertan su malestar en votos contra Sánchez, pero no puede ofrecerles un horizonte compatible con sus intereses territoriales mientras Vox sea imprescindible para cualquier mayoría alternativa. En la dirección del PP analizan que Aznar pudo pactar con CiU y PNV porque el nacionalismo conservador aún podía ser socio de una derecha estatal sin pagar el coste de aparecer junto a una fuerza como Vox. Feijóo, en cambio, no dispone de esa autonomía y sabe que la alternativa será con Santiago Abascal o no será.

Una izquierda alternativa sin líder ni horizontes

En este contexto, el desconcierto de la izquierda es especialmente profundo. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, es consciente de sus limitaciones por compartir Consejo de Ministros con el PSOE. El temor en la izquierda es que el electorado pueda no distinguir con precisión dónde termina la responsabilidad socialista y dónde empieza la de su socio minoritario. Esa es la preocupación que recorre el espacio, que las causas que golpean al PSOE terminen contaminando también a quienes han gobernado a su lado.

El problema de Sumar, sin embargo, va más allá. La organización llega a esta crisis sin un liderazgo claro después de que la vicepresidenta segunda y anterior cabeza de lista, Yolanda Díaz, comunicara que no volverá a serlo en las próximas generales. A la izquierda del PSOE, el espacio intenta recomponerse mediante llamamientos a encuentros amplios y candidaturas de unidad, pero lo hace entre recelos, fragmentación territorial, distancias con Podemos y ausencia de un proyecto reconocible más allá de la permanencia en el Gobierno.

Eso explica la incomodidad de sus dirigentes. Romper con el PSOE –una posibilidad que lanzan en privado algunos de los partidos satélites de la coalición– puede acelerar unas elecciones para las que no están preparados. Si se quedan sin marcar perfil, corren el riesgo de ser arrastrados por el desgaste socialista. La izquierda alternativa vive, por tanto, atrapada entre la responsabilidad institucional y la necesidad de supervivencia electoral. La corrupción es un terreno especialmente peligroso para quienes han construido buena parte de su identidad política sobre la limpieza pública y la regeneración democrática cuando se acaban de cumplir, además, quince años del 15-M.

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Algunas voces del espacio plantean que deben ser ellos quienes tomen la iniciativa y fuercen la presentación de los Presupuestos Generales del Estado como un anticipo de su programa para las generales. Y, cuando la Cámara los rechace, les sirva como excusa para adelantar las elecciones. Pero no todo el mundo coincide y los hay que consideran que deben aguantar hasta que “amaine el temporal” y estén mejor organizados. Hay quien teme que todo se precipite y las generales les pillen sin un candidato y sin proyecto.

Una  legislatura en 'vía muerta'

También ERC, EH Bildu y BNG, entre otros, se mueven en esa tensión. Todos necesitan que el PSOE dé explicaciones y han marcado la financiación irregular como línea roja. Pero eso no significa que una estructura paralela para influir en causas judiciales no sea grave, como trasladan en privado diputados y asesores. Ahora, la legislatura entra en su fase final, adelante Sánchez la cita electoral o no, sin proyectos políticos a la vista por la negativa de Junts a participar en el bloque de la investidura. 

Y aunque todos anticipan que Sánchez ganará tiempo compareciendo, anunciando medidas o intentando situar el debate en la ofensiva judicial y mediática contra el Gobierno, también creen que la legislatura ha entrado en una 'vía muerta'. Los socios ya han dejado claro que no aceptarán una explicación basada únicamente en la existencia de una campaña para derribarlo. Quieren respuestas sobre hechos concretos, garantías de limpieza interna y cumplimiento de los acuerdos pendientes. Y nadie se atreve a predecir qué elemento judicial volverá a alterarlo todo de nuevo.