La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en seis años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este "hito" asegurando que abre "una nueva etapa", informa EFE.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

Tras la firma, Díaz Ayuso ha detallado que las universidades recibirán un total de 14.800 millones de euros en seis años, de los cuales el 83% provendrá de los presupuestos generales de la Comunidad, es decir, 12.300 millones, y el resto de los precios públicos, obtenidos por tasas o servicios prestados.

En total, se estima que las universidades públicas recibirán anualmente una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, cifra superior a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban "insuficiente".

Es la primera vez que las universidades públicas contarán con una propuesta de financiación plurianual "para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico", ha destacado Díaz Ayuso.

Habrá una financiación básica para la actividad ordinaria de las universidades y una financiación por objetivos "para mejorar la calidad docente e investigadora", ha subrayado la presidenta madrileña.

El modelo se articula, además, mediante un fondo de convergencia para corregir desequilibrios; un fondo adicional para competitividad y proyectos singulares, así como una financiación específica dirigida a inversiones para acometer la modernización de infraestructuras.

En el último ejercicio (2031), las universidades contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y los fondos específicos recogidos en el acuerdo habrán crecido un 41% (480 millones de euros más), según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones en los años del modelo.

Cada universidad deberá aprobar un plan estratégico a cinco años, con la participación del Consejo Social, y presentará cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos.

Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa y, si hay desequilibrio, la universidad afectada deberá aprobar un plan económico financiero.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha mostrado su "enorme satisfacción" y ha calificado de "hito" el acuerdo, que abre "una nueva etapa" y el camino hacia un sistema universitario madrileño "más fuerte, más estratégico y con mayor estabilidad".

En su discurso, Mendikoetxea ha recordado cómo desde abril de 2024 los rectores habían alertado del "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos que ponía en riesgo" la situación de los campus madrileños, atrapados en una financiación que solo "garantizaba unos mínimos sin un marco estable plurianual".

Por ello, ha agradecido a la presidenta madrileña "su sensibilidad" e "interés personal" en la consecución de una financiación "suficiente y estable", a la vez que ha reconocido la labor del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por liderar el proceso "con cintura", y del exconsejero Emilio Viciana por haber iniciado del camino.

Igualmente ha agradecido a los demás rectores y ha añadido que el acuerdo no solo cierra una etapa sino que "abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo".

El Consejo de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado este martes el Plan Económico-Financiero 2025-2028, que supone un recorte de 33 millones de euros para paliar el déficit presupuestario por el que la UCM tuvo que pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid, informa EFE.

Según explica el rector Joaquín Goyache en un comunicado, la universidad cerró 2024 con un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones, lo que hace "necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio".

Este desequilibrio se debe principalmente a factores estructurales y a una financiación que "no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos". Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%.

Una parte importante corresponde a "gastos sobrevenidos y difícilmente controlables" por la Universidad, como el gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales.

Ante ello, se ha diseñado "un plan progresivo" que se aplicará entre 2025 y 2028 y que incluye una serie de "medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios". También contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS).

Todo ello con el compromiso de "preservar la actividad académica, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios que sostienen la vida universitaria". Las medidas propuestas en personal "no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad", añade el rector.

Se mantiene el programa de estabilización del profesorado PDI y, "en la medida de lo posible, su promoción", mientras se impulsará el rejuvenecimiento del PTGAS, así como "la reducción de la temporalidad, la estabilización y la eficiencia organizativa, salvaguardando la continuidad de los servicios" que sostienen la actividad universitaria.

En ambos colectivos, la subida salarial pendiente "se hará efectiva en la nómina" en cuanto reciban la transferencia pendiente de la Comunidad de Madrid, concluye el rector.

El plan se ha aprobado después de que la Comunidad de Madrid concediera un préstamo de casi 34,5 millones de euros, solicitado por la UCM por el que la universidad deberá pagar unos intereses anuales de cerca de 900.000 euros, según dijo en su día el rector.

La democracia, que llegó a España hace ya medio siglo, ha atravesado ya múltiples etapas. Siete presidentes (ninguna mujer), dieciséis elecciones generales, dos reyes, once presidencias del Congreso, un golpe de Estado que no prosperó, seis mociones de censura (no todas exitosas) y –sobre todo en los últimos años– una acusación recurrente desde ciertos sectores: la de ser una dictadura encubierta.

Tiene muchas definiciones, pero su significado parece hoy más discutido que nunca. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha querido abrir un espacio de diálogo sobre el estado de la democracia y su sentido en el presente. Con ese espíritu ha amanecido la Universidad Complutense de Madrid, escenario del encuentro Democracia en un minuto, una jornada impulsada por este medio con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El acto se enmarca en la iniciativa La memoria que somos: 50 años de democracia, un proyecto que mira al pasado, pero también al futuro, con la intención de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender los valores democráticos frente a los desafíos actuales.

A las 9:30 de la mañana, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, daba la bienvenida a un salón de actos repleto de estudiantes con un mensaje claro: “Queremos llamar a que os impliquéis en cómo se hace el periodismo, tenéis que participar”. Acto seguido se proyectó el vídeo Democracia en un minuto, una pieza coral de ocho minutos en la que socios, periodistas y artistas ofrecían su propia definición del término.

La comunicadora Albanta San Román fue una de las primeras en intervenir en ese vídeo: “La democracia es memoria, feminismo; es saber a dónde voy recordando de dónde vengo”. Consuelo Peláez, socia de infoLibre, subrayó que “la democracia nos devolvió la libertad, porque democracia es libertad”. Por su parte, el escritor David Uclés expresó sus reservas hacia el sistema actual, aunque se declaró firme demócrata al considerar que es el sistema que menos conflicto genera o, al menos, el que mejor lo encauza.

Tras el vídeo, Maraña conversó con Carmina Gustrán Loscos, comisionada de los 50 años de España en Libertad, sobre los objetivos del proyecto: divulgar lo que fue la dictadura y celebrar la llegada de la democracia, pero también propiciar espacios de encuentro y debate. “La democracia es un proceso que está en constante construcción, de la misma forma que puede perderse, puede seguir ampliándose y mejorándose”, defendió Gustrán.

Ese debate debe incluir necesariamente a las nuevas generaciones. Maraña recordó uno de los datos que más preocupación genera en los últimos años: el aparente desplazamiento de una parte de la juventud hacia posiciones de ultraderecha. Ambos matizaron esa lectura. “Estigmatizar a la juventud no sirve de nada; hay que darles la palabra”, sostuvo Gustrán.

El momento central llegó con la mesa redonda presentada por Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, en conversación con el humorista y comunicador El Gran Wyoming, la publicista y creadora de contenido Elena Reinés, la cineasta Paula Ortiz y el historiador Julián Casanova.

Para contextualizar el presente, Casanova apeló a la perspectiva histórica: “Para saber dónde estamos hay que saber las raíces de todo esto”. Señaló cuatro grandes hilos conductores. El primero, la ampliación del sufragio: “En el siglo XIX la democracia era censitaria; después votaron los hombres y más tarde las mujeres, tras enormes luchas. Hoy sabemos que sin voto no hay poder”. El segundo, la consolidación de elecciones verdaderamente libres: "Todas las democracias tardaron mucho en imponer medidas para que las elecciones fueran reales”. El tercero, el modelo europeo que desarrolló sistemas de bienestar con beneficios tangibles para la ciudadanía. Y el cuarto, la subordinación del poder militar al poder civil.

Sobre este último punto, Casanova alertó de retrocesos preocupantes, como los sucesos que se han visto últimamente en Mineápolis (EEUU) con el despliegue de los agentes del ICE. “Si miramos los hilos conductores y el ahora, podemos ver que se quiere volver a lo de antes”. Citó como ejemplo el asalto al Capitolio tras la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden, cuando el entonces presidente se negó a reconocer el resultado electoral. “Si se intentan apropiar del poder militar, estamos jodidos”, advirtió.

Aun así, no hay que caer en el derrotismo. El Gran Wyoming reivindicó los espacios de encuentro como prueba viva de la democracia: "Esta reunión, no sería posible sin democracia, en este sistema todos pueden dialogar, mientras que en otros sistemas solo unos hablan”. Para él, reducir la democracia a un mero mecanismo electoral es empobrecerla: “Es algo que supone una creencia ética, que consigue que todos seamos iguales y podamos elegir un futuro”.

Paula Ortiz, que se definió como “hija de la democracia”, reflexionó sobre su fragilidad. Según ella, lo que tenemos ahora parece normal, pero se nos olvida que no siempre ha sido así. Por eso, a su juicio, la pregunta central es: “¿Esto se puede romper?”. Ortiz ha llegado a la conclusión de que la democracia es una pregunta permanente, un pacto basado en otra cuestión esencial: “¿Cómo hacemos para no matarnos, para vivir sin dolor?”. Un equilibrio que se tambalea cuando “los fuertes intentan someter a los débiles”.

Elena Reinés también se ha referido al viraje de las nuevas generaciones hacia la ultraderecha. Pero ella, la base de todo esta en la educación. “Desde mi generación hasta los más jóvenes, hemos tenido la desgracia de no estudiar lo que pasó en el siglo XX”. En ausencia de ese conocimiento, según la comunicadora, las redes ocupan el espacio, un terreno donde los bulos circulan sin apenas freno.

Y en ellas, quien ha sabido moverse con habilidad es la ultraderecha. Para Reinés, el problema de la izquierda es que no ha entendido cómo transmitir el mensaje a los jóvenes. “Hace falta hacer publicidad sobre los valores de la izquierda, y adaptar la comunicación al medio en el que estés”, defendió. Ella misma, tras construir un espacio propio con Woke Up News, sufrió una campaña de odio que la llevó a retirarse temporalmente. Subrayó, además, que las mujeres son quienes más padecen este tipo de ataques.

Sobre las redes sociales, Wyoming también mostró su preocupación por la cantidad de bulos que hay en estas plataformas. "Nos enfrentamos a una nueva realidad y es que la mentira se entiende como una opinión más, esto ya es una guerra perdida", afirmó. En esto coincidió Julián Casanovas que declaró: “Ya no va a misa nada, porque la mentira se impone, y quien no lo sigue es perseguido”. “La democracia es imperfecta, pero comparado con las cunetas, con la persecución, es lo mejor. La dictadura entraba en la familia, impregnaba todo, no solo la violencia explícita que vemos en las películas”, añadió.

En este acto los estudiantes también fueron protagonistas. Varios subieron al escenario y, delante de sus compañeros, dieron su propia definición de la democracia. “La democracia da importancia a las reglas pero que también genera conflicto”, comenzó el primero de los alumnos. “Sin embargo, este conflicto sirve para que se puedan cambiar las cosas”. El problema, según él, es que ahora “se intenta relegar el conflicto para los márgenes, en un intento de consenso”, añadió.

“¿Puede existir una democracia si el pueblo no se siente escuchado?”, se preguntó otra alumna. “La democracia es el pueblo pero las elites siguen teniendo más poder”, contestó. “La democracia está débil, ante cualquier catarro se puede enfermar gravemente. Por eso, las ciudadanas y las periodistas tenemos que ser vacunas”, declaró otra alumna.

Marta Gesto, directora general de infoLibre, puso voz al texto enviado por una suscriptora del medio que pidió no ser identificada, ya que vive en una zona de Estados Unidos cerca de Mineápolis. En su escrito confesaba que teme las consecuencias de sus palabras ante la oleada de violencia perpetrada por el ICE: “Siempre he vivido en democracia, pero nunca la he vivido de la misma forma. Ahora, tiene una semilla venenosa y, si se le deja crecer, puede tomar forma de fascismo. La democracia no es igual para todos, se traiciona a sí misma y eso es lo que he visto siempre”.

Recogiendo esa advertencia, Wyoming apeló a la responsabilidad colectiva: “Hay que dar la cara y enfrentarse a las élites". En la clausura, Jesús Maraña insistió en la misma idea: “Cuando se instala el miedo, se pierde la democracia. Por ello, tenemos que actuar. Tenemos que ser cómplices todos para acabar con esto”. 

La educación pública española sigue escalando puestos en la calidad educativa europea. En lo más alto, Barcelona, con la universidad pública de Barcelona, la Autónoma de la Ciudad Condal y la Pompeu Fabra; y Madrid con la Autónoma y la Complutense. Todas ellas se sitúan entre las cien mejores del mundo, según la clasificación elaborada por QS Quacquarelli Symonds del año 2026, según recoge EFE.

España está representada en este listado que incluye 958 universidades de 42 países por 62 universidades y ocupa la quinta posición en Europa. Sin embargo, Reino Unido es el país que lidera la clasificación general, con 129 instituciones de educación superior e incluye siete entre las diez primeras. Le siguen Turquía (107 universidades o centros de educación superior) y Alemania (102). Francia y Suiza son los otros países representados entre los diez primeros puestos.

La Universidad de Barcelona es la universidad española mejor clasificada, en el puesto 60, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el 68. La Universidad Autónoma de Madrid ocupa el puesto 71, mientras que la Universidad Complutense de Madrid se sitúa en el 78. En esta edición, España ha añadido 18 universidades a la clasificación y de las recién clasificadas, seis se sitúan entre las 500 primeras, siendo la mejor en el ranking la Universidad de Málaga, en el puesto 365.

Y mientras en el top 100 hay 5 universidades, en el top 200 se sitúan 17 instituciones españolas, entre las que destacan también la Universidad de Granada (que asciende más de 30 puestos, hasta el 133) y la Politécnica de Valencia, que sube en la tabla hasta el puesto 166 frente al 175 del año pasado.

Entre las 200 mejores del mundo también se sitúan la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, la Ramón Llull, la Universidad IE, la de Salamanca y la Universidad del País Vasco. Las universidades del CEU son las que más han mejorado en España en esta edición y las cuartas que más han mejorado en el mundo, subiendo 65 posiciones hasta el puesto 420. Le siguen la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha pasado del 409 al 371.

Este listado se elabora teniendo en cuenta doce indicadores como la reputación académica, la proporción de profesorado y alumnado, los artículos y la investigación del centro, el profesorado internacional y los estudiantes de intercambio o los resultados en materia de empleo y de sostenibilidad. Entre todos estos parámetros destaca la Universidad de Barcelona por la reputación y la investigación, y la Complutense de Madrid por la empleabilidad.

Aunque los mejores resultados se encuentran en los indicadores de internacionalización, que lidera IE University, España cuenta con 10 universidades entre las 50 mejores de Europa en intercambio de estudiantes tanto entrantes como salientes, más que cualquier otro país.

En el indicador de reputación entre los empleadores, España destaca con seis universidades entre las 50 primeras en este indicador y en cuanto a la reputación académica, cuatro universidades españolas se encuentran entre las 50 primeras, empatadas con los Países Bajos, Francia e Italia. La Universidad Ramon Llull, ocupa el puesto 83 y es la única que se encuentra entre las 100 primeras en cuanto a investigación.

Aún así, no todo son buenas noticias. De las 44 universidades españolas que figuraban anteriormente en esta clasificación, 13 suben puestos y 31 bajan, lo que supone una tasa descenso del 41%, la quinta más alta de Europa entre los países con 10 o más instituciones clasificadas, por detrás de Eslovaquia, Ucrania, Francia e Italia.

La Universidad de Navarra, que el año pasado entró en el top 100 se sitúa este año en el puesto 101 mientras que otras grandes universidades como la Politécnica de Madrid, de Barcelona o la Carlos III de Madrid también han empeorado posiciones en este ranking.

La adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid se encuentra con obstáculos. La idea, que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, ha sido recurrida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes del ministerio, dirigido por Diana Morant, aseguran que es algo inédito que un colegio profesional pueda repartir títulos. Además, afirman que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

La aprobación de la adscripción a la UCM del centro de la ICAM tendría que ver, según recoge elDiario.es, con la falta de financiación de la Universidad Complutense, algo que se podría aliviar mediante esta operación ya que las universidades reciben dinero por alojar centros adscritos. También, apunta el medio digital, sigue la línea del gobierno de Ayuso, que querría tener más influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con su constante privatización de la educación.

Precisamente, fuentes del ministerio han asegurado a elDiario.es que “el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”.

Con este centro, la propia Complutense se estaría haciendo competencia a si misma, ya que en el grado de Derecho no llena todas las plazas, con una tasa de cobertura del 90%. De esta forma, dicen fuentes del ministerio, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública". También han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

El recurso del Gobierno se une al que ya presentó el PSOE hace pocos días y, además, podrían no ser los únicos. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también lo haría ya que considera que es un paso "forzado" y "un error". El rector asegura que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una declaración que también comparte la Universidad Complutense.

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense inaugurará este viernes 12 de diciembre el mural que reconstruye la pintada desdibujada con los nombres de José Luis y Emilio, los dos estudiantes muertos por disparos policiales en 1979. La obra, financiada en parte por infoLibre, con la colaboración de los 50 Años de Libertad en España y realizada por la ilustradora Alicia León Gordo, se presentará en una jornada repleta de actos dedicada a las víctimas de la Transición y al movimiento estudiantil. Para los organizadores, el acto busca restituir la dignidad de José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez y romper un silencio institucional que ha durado cuarenta y seis años.

El programa comenzará a las diez de la mañana con la lectura y musicalización de dos poemas escritos por José Luis y Emilio. Estas piezas, cedidas por sus familias y localizadas durante la investigación documental del proyecto, serán interpretadas por tres estudiantes con el objetivo de abrir el acto devolviendo la voz a los dos jóvenes homenajeados.

A continuación, tendrá lugar la apertura institucional, en la que intervendrán Carmina Gustrán, Comisionada para la Celebración de los 50 Años de Libertad en España; Isabel Tajahuerza, delegada del rector para la Igualdad de la UCM; Ángel Rubio, decano de la Facultad de Ciencias de la Información; y Cristóbal Fernández Muñoz, vicedecano de Comunicación. También participará el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que vivió aquel tiempo como estudiante recién llegado a la facultad.

La primera mesa de la mañana estará dedicada al movimiento estudiantil de 1979. Participarán cinco figuras vinculadas a aquellas movilizaciones: Mauricio Gallego, Colmo Morales, Chema Alonso, Carlos Tejero y Ramón Adel. Su intervención servirá para contextualizar la época, explicar cómo se vivieron las movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria y reconstruir el papel que desempeñaron los propios estudiantes antes y después de la muerte de José Luis y Emilio.

Tras una pausa, se incorporará a la mesa el movimiento estudiantil actual, con representantes de la acampada por Palestina, el movimiento libertario, Abrir Brecha, el Frente de Estudiantes y Contracorriente. Moderada por la profesora María Ángeles Díaz Rodríguez, esta conversación abrirá un diálogo entre generaciones para reflexionar sobre la continuidad de las luchas estudiantiles y sobre cómo las reivindicaciones del presente dialogan con las de 1979.

El momento más emotivo de la jornada llegará con la intervención de las familias y del Colectivo de Olvidados por la Transición (COET). Comenzará las intervenciones Javier Almajano, presidente del COET, que contextualizará el trabajo del colectivo y su acompañamiento a las familias que han vivido décadas de abandono institucional. Después intervendrán Mari Carmen Martínez Menéndez, hermana de Emilio; Javier Montañés Gil, hermano de José Luis; y Santiago Jiménez, amigo íntimo de Montañés.

El acto terminará en la quinta planta de la facultad con la inauguración del mural y la placa conmemorativa junto a la ilustradora Alicia León Gordo. Este gesto constituye la primera reparación institucional hacia los dos estudiantes en la historia de la facultad. Ya por la tarde se proyectará el documental Las armas no borrarán tu sonrisa, dirigido por Adolfo Dufour. que incluirá un coloquio con Olga Gutiérrez, integrante del COET y viuda del protagonista de la cinta.

En la quinta planta de la Facultad de Ciencias de la Información, una reforma dejó al descubierto, detrás de un tablón, unas letras desdibujadas: "José Luis, Emilio… no os olvidamos". No era una frase completa ni un homenaje reciente, sino el rastro de un dolor escrito a toda prisa hace 46 años, cuando los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez Menéndez murieron por disparos policiales durante una manifestación el 13 de diciembre de 1979. El muro había retenido ese mensaje en el yeso, guardando una memoria de la Transición que durante décadas ha quedado relegada o directamente borrada por parte de las instituciones.

La profesora Cristina Mateos, que vio la pintada al salir de clase, entendió su importancia de inmediato. Especialista en movimientos sociales, supo que aquel fragmento no era una simple pintada antigua, sino "un resto arqueológico de memoria". Su aviso al decanato abrió así un proceso que la Complutense había dejado inconcluso durante 46 años. "Aquí murieron dos estudiantes y jamás se incorporó a la memoria institucional. Esa ausencia habla tanto como la pintada", señala Mateos.

La aparición del mensaje desencadenó un trabajo de recuperación histórica que se prolongó durante meses: búsquedas en archivos, revisión de hemerotecas, entrevistas con antiguos estudiantes y, sobre todo, la localización de las familias de José Luis y Emilio, a quienes nadie había pedido explicaciones ni ofrecido reparación desde 1979. Esa investigación ha culminado en un mural de memoria democrática que reconstruye la frase original y devuelve a los dos jóvenes un espacio en la universidad que nunca debieron perder.

La tarde del 13 de diciembre de 1979, Madrid vivía una oleada de movilización estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), que muchos jóvenes percibían como un retroceso en derechos recién conquistados. La manifestación estaba legalmente convocada y, pese al clima de tensión, discurría dentro de lo habitual. José Luis Montañés, de 22 años, compaginaba su último curso de Ciencias Políticas con un trabajo de mensajero para pagarse los estudios. Su hermano Javier lo recuerda como "un chico muy responsable, trabajador y consciente de lo que estaba pasando en el país". Vivía en el barrio de la Concepción, aunque pasaba gran parte del tiempo en Embajadores, donde estaba a punto de mudarse con amigos. Esa tarde acudió a la protesta como tantos otros.

En paralelo, Emilio Martínez Menéndez, de 20 años, estudiante de Ingeniería Industrial, atravesaba un momento de fuerte compromiso político. Su hermana, Mari Carmen, recuerda que "era muy reivindicativo desde muy joven" y que hablaba con espíritu crítico sobre la Transición y la muerte de Franco. Vivía ya fuera de casa, trabajaba y se movía entre Lavapiés y Embajadores, donde coincidió con la disolución de una manifestación sindical.

Fue entonces cuando varias dotaciones policiales abandonaron la zona. Según el sumario y los testimonios, todos los jeeps emprendieron la marcha salvo uno, que realizó un giro brusco, abrió el portón trasero y comenzó a disparar. La versión oficial habló de tiros "al aire", pero los hechos reflejan otra realidad. José Luis cayó abatido por un impacto en el cuello a unos 59 metros del furgón y Emilio, alcanzado en el tórax, se desplomó a unos 100 metros. "Qué disparo al aire mata a dos jóvenes que ni siquiera están cerca del coche", cuestiona Javier.

Varios testigos mencionaron una ráfaga de metralleta y vieron a agentes recogiendo proyectiles incrustados en un autobús y en el asfalto. Según las familias, la Policía impidió que nadie auxiliara a José Luis, que murió en la calle, mientras que Emilio falleció horas después en el hospital. El cirujano que lo atendió entregó la bala al juez instructor, un gesto decisivo que permitió identificar el arma y al agente responsable.

El juez Clemente Auger imputó a varios policías por uso desproporcionado de la fuerza, una decisión excepcional en esa época, pero el caso se estrelló en la Audiencia Nacional. "Lo pararon en seco", recuerda Javier. "La judicatura seguía siendo la del franquismo y era imposible que prosperara".

El dolor de la pérdida fue inmediato, pero la manipulación mediática se prolongó durante años. La prensa de entonces difundió versiones que presentaban a los jóvenes como agitadores, violentos o incluso como supuestos "sicarios pagados" para provocar a la Policía. "Decían barbaridades que luego escuchabas repetidas en la calle", recuerda Mari Carmen, que tenía 15 años cuando mataron a su hermano. "Mi hermano no era un delincuente. Estudiaba, trabajaba y ayudaba a todo el mundo".

La familia quedó profundamente marcada. Su madre nunca aceptó que la Policía —a la que consideraba garante del orden— hubiera matado a un joven que no había hecho nada malo. "Cayó en una depresión de la que no salió", relata su hija. El padre, de derechas, sostuvo durante años una batalla legal convencido de la inocencia de su hijo. En 1986 obtuvo una victoria parcial en un contencioso, aunque las muertes siguieron impunes.

La familia Montañés vivió un proceso similar. Javier explica que jamás recibieron una llamada de apoyo de ningún partido político. "Ni del PSOE, ni del PCE, ni de nadie. A nadie le interesaba airear esto", denuncia. Considera que existió un pacto tácito para mantener estos episodios fuera de la narrativa celebratoria de la Transición. El silencio social, dice, se convirtió en una carga imposible de soltar: "Te acompaña toda la vida ser 'el hermano del chico que mataron'', no se cierra nunca".

Ambas familias reclaman actualmente la verdad histórica y las reparación que nadie les ha concedido en 46 años. "A mi hermano no me lo van a devolver, pero lo que no podemos permitir es que su vida quede relegada a un pie de página", señala Javier Montañés. Y añade una reflexión que resume el sentido del homenaje: "Si algo debe servir todo esto es para que la universidad y este país asuman lo que pasó. No para vengarse, sino para contar la verdad por fin".

La pintada apareció a finales de 2023, cuando la facultad iniciaba reformas en varias plantas. Mateos fue la primera en verla y entendió que era un vestigio único. "No podíamos pintarlo encima como si nada. Era la memoria hablando desde la pared", explica. Sin embargo, su hallazgo no generó consenso inmediato, ya que en el decanato hubo dudas y cierto temor a abrir un episodio que la universidad nunca había afrontado. El proyecto quedó en suspenso hasta 2025, cuando Ángel Rubio asumió el decanato y convirtió la preservación de la pintada en su primera iniciativa.

El equipo inició entonces una investigación sistemática: recorrieron archivos históricos de la universidad, hemerotecas de diarios nacionales, fondos documentales del movimiento estudiantil y los sumarios judiciales disponibles. Descubrieron imágenes inéditas de las movilizaciones y del homenaje celebrado días después, así como un comunicado que los estudiantes dirigieron "al pueblo de Madrid" denunciando la represión y anunciando que seguirían movilizándose. "Su potencia política es enorme. Sería impensable hoy que una asamblea estudiantil se dirigiera así al conjunto de la ciudadanía", afirma Mateos.

También localizaron el cartel de una proyección en 1980 de la película 13 de diciembre, grabada por dos estudiantes de periodismo cuyos nombres aún no han sido identificados. La búsqueda continúa revisando listados masivos de matrículas de la época y tratando de localizar a sus posibles autores. "No perdemos la esperanza de encontrar la cinta, pero si existe, habrá sobrevivido de milagro", explica Mateos.

El proyecto culmina con un mural creado por la ilustradora Alicia León. La obra reconstruye la frase original e incorpora los rostros de Emilio y José Luis a partir de fotografías familiares, rodeados de una multitud estudiantil y consignas extraídas del análisis documental. La placa que se inaugurará junto al mural reconoce que ambos fueron "estudiantes muertos por disparos de la Policía durante las movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria". Un recordatorio de que las paredes, a veces, conservan lo que la historia intentó borrar.

Las universidades públicas madrileñas atraviesan una crisis que les ha obligado a parar. Tanto alumnos como estudiantes han realizado una huelga los días 26 y 27 de noviembre bajo el lema "no habrá paz para quien nos asfixia". Las protestas ponen sobre la mesa no solo la infrafinanciación crónica de la universidad pública en la Comunidad de Madrid (CAM), sino también el rechazo frontal a la futura Ley de Estudios Superiores y Universidades (LESUC).

En mitad de las movilizaciones, el consejero de Universidades, Emilio Viciana, ha subrayado que las protestas "no tienen ninguna justificación" y que lo que merece una protesta es "el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año". Además, ha defendido el proyecto de presupuestos para 2026 como una "apuesta muy decidida por la universidad pública" con 1.239,7 millones de euros. La cifra, según asegura el consejero, estaría "entre las más altas de la Unión Europea".

Sin embargo, el discurso del Gobierno de Ayuso contrasta con la realidad. La Comunidad de Madrid, con el nuevo presupuesto, invertirá un 0,46% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el sistema universitario público, muy lejos del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Una inversión aún más alejada de la media europea, que se sitúa en un 1,2%. Esto se suma a que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante, con 6.929 euros por alumno, mientras España está un 19,5% por debajo de la media de gasto de los países de la OCDE (19.800 euros).

La crisis madrileña, pese a que se viene gestando desde los recortes de 2010, se inscribe en un contexto europeo de recortes y tensión presupuestaria creciente en la educación superior. Desde 2020, universidades de capitales como París, Berlín, Roma o Ámsterdam han sufrido recortes o restricciones de gasto ante la pérdida de financiación pública. Una de las capitales donde se han vivido protestas similares a las de Madrid es la alemana. El Gobierno regional, tras anunciar un aumento en la inversión universitaria para 2025, impuso recortes de 250 millones en financiación para investigación y educación superior.

Esto ha provocado que la mayor universidad del país, la Freie Universität, haya tenido que realizar un ajuste de 41 millones solo en 2025, lo que supone un recorte del 5,8% de su presupuesto, que ronda los 700 millones de euros. El resto de universidades de la capital también tendrán que realizar ajustes presupuestarios para evitar entrar en déficit: la Universidad Técnica de Berlín tendrá 32 millones menos, la Humboldt 27 y la Universidad de Ciencias Aplicadas (BHT) 8,8.

En Francia, los efectos de su inestabilidad político-económica también han impulsado la austeridad. La Ley de Finanzas de 2025 prevé 1.000 millones de euros menos que el año anterior para enseñanza superior e investigación. Además, los presupuestos de 2024 ya contaron con una reducción de 320 millones de euros sobre un total de 31.300 millones. Como resultado, 60 de 75 universidades públicas en Francia cerraron en 2024 con déficit (frente a 30 en 2023). En la capital, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, con más de 40.000 alumnos, prevé un recorte del 20% del total. Por ejemplo, la biblioteca interuniversitaria de la Sorbonne vio su presupuesto caer un 40%.

La presión sobre las universidades también se ha intensificado en Países Bajos a raíz del recorte estatal y la caída de los ingresos vinculados a estudiantes internacionales, una de las principales fuentes de financiación del sistema neerlandés. La Vrije Universiteit Amsterdam calcula que tendrá que ajustar 60 millones de euros en apenas tres años. Una decisión que ya ha tomado la Universidad de Amsterdam, que opera desde hace meses con recortes anuales de entre 30 y 50 millones, pese a partir de una situación financiera inicialmente sólida.

En Roma, centros como Sapienza, Tor Vergata o Roma Tre trabajan ya en planes de contención pese a presentar buenos resultados económicos en sus últimas memorias. Esto se debe a que el Fondo de Financiación Ordinaria afronta una reducción de 173 millones, lo que supone en realidad una falta de 500 millones al sumarse los incrementos obligatorios de costes, según la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas (CRUI). Unas universidades italianas que habían conseguido afrontar parte de sus problemas económicos con un aumento de las tasas de sus estudiantes.

El exrector de la UNED y exsecretario de Estado, Alejandro Tiana, subraya que la distancia entre España y Europa es clara. "Las universidades de los países europeos que aparecen en los rankings manejan cifras por estudiante muy superiores a las españolas, lo que muestra el nivel de financiación que necesita una institución para aspirar a la excelencia".

Aun así, ninguna gran universidad de las capitales europeas combina déficits tan abultados con un porcentaje de recortes tan alto como en Madrid. La Complutense concentra el mayor porcentaje de recorte financiero entre las universidades de las principales capitales analizadas. La Universidad Complutense (UCM) va a mantener durante tres años un recorte del 35% en sus gastos, que ya realizó al 30% en 2024 con el objetivo de contener el gasto ordinario. En este caso, el porcentaje ha aumentado debido a que tiene que devolver a la Comunidad de Madrid el préstamo de 34,5 millones de euros para poder pagar las nóminas de diciembre y las pagas extraordinarias de Navidad.

La falta de financiación por parte del Gobierno de Ayuso ha provocado que la UCM acumule en los dos últimos ejercicios un déficit de 142,3 millones de euros —64,5 millones en 2023 y 77,8 en 2024—. No obstante, los datos del informe anual de cuentas de la URJC reflejan también un saldo negativo de 47 millones, frente a los 43,6 del año anterior. Para Montse Rius, portavoz de UCM por la Pública e investigadora académica, la situación evidencia el fracaso del modelo autonómico. "En bruto parece que se invierte mucho, pero Madrid destina solo el 0,42% de su PIB a la universidad. No se cumple ni la LOSU ni la media europea y así es imposible sostener universidades del tamaño de la Complutense", detalla.

Rius subraya además que la infrafinanciación madrileña no responde a un contexto de crisis económica, sino a una decisión política. "En 2010 hubo un argumento macroeconómico para recortar, pero hoy no hay ninguno. España crece más que la mayoría de la UE y Madrid recorta. Por tanto, no se compensa lo perdido y seguimos pagando las consecuencias quince años después", denuncia.

Pese a los problemas de infrafinanciación que sufre el sistema universitario público en Madrid, la negociación con el Gobierno autonómico está completamente bloqueada. Rectores, decanos y representantes sindicales denuncian que la Comunidad de Madrid ha cerrado filas en torno a su modelo, sin abrir ninguna vía para actualizar el sistema de financiación. Una postura que, por ejemplo, contrasta con la del Gobierno Regional de Berlín, que, tras imponer los recortes en 2025, ha acordado con las universidades que no habrá austeridad en 2026 y que recibirán 31 millones de euros más ese año, 62 millones extra en 2027 y 93 millones en 2028.

"No hay voluntad de negociar. Ni siquiera se nos incluye como parte de la mesa que diseña la ley autonómica que va a regir nuestro futuro. Estamos reclamando un presupuesto mínimo y el cumplimiento de la ley, pero el Gobierno de Ayuso ha decidido seguir hacia delante con su modelo privatizador", subraya Rius.

La comunidad universitaria reclama, además, que el Gobierno abandone el relato del aumento de los presupuestos y asuma la urgencia del problema. Tiana señala que "si no se alcanza el 1% del PIB y se sostiene esa inversión en el tiempo, es imposible tener un sistema universitario competitivo con el resto de Europa". "La excelencia no es compatible con la austeridad permanente", incide.

La segunda jornada de huelga para exigir una mejora de la financiación de la educación superior en la Comunidad de Madrid tiene un seguimiento "masivo", de entre un 90% y un 100%, en la Universidad Complutense y la Politécnica, según la profesora Eva Aladro, portavoz de la plataforma en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, según informa EFE. 

Durante la mañana del jueves, grupos de piquetes informativos han recorrido los campus de Ciudad Universitaria y de Somosaguas, donde se han encontrado muchas facultades y bibliotecas cerradas y aulas vacías y se han concentrado en algunos puntos donde han visto algo de actividad, como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos o el Rectorado. 

Más de cuatrocientas personas, entre estudiantes, docentes y trabajadores, han iniciado una marcha desde la Ciudad Universitaria, pasando por el centro de la ciudad, con destino a la Plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, donde tendrá lugar una comida, para luego sumarse a la manifestación prevista a las 18:00 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol. 

Durante el recorrido, han cortado la calle de la Princesa, han coreado consignas y han exhibido pancartas para reivindicar una "Universidad pública y de calidad". 

Aladro considera "una miseria" la partida de 21,8 millones de euros aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid destinada a las seis universidades públicas madrileñas para financiar y compensar la bajada de tasas, del 20% en el precio de los estudios de Grado y del 30% en los Másteres habilitantes. 

Ha recordado que los rectores pidieron el año pasado 200 millones para las seis universidades "para salvar la situación", por lo que esta dotación, a su juicio, es "insuficiente".

Después de que el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, dijera ayer que la huelga "no tiene justificación" y sugiriera una protesta por el cupo independentista catalán, Aladro ha afirmado que "el responsable de la gestión y de resolver el problema de financiación de las universidades públicas madrileñas es el Gobierno autonómico", por lo que le ha pedido que "no juegue al despiste, que no introduzca falsas polémicas y que no meta a Pedro Sánchez en todas las cuestiones".

"Tampoco vamos a consentir que se instrumentalicen los colegios y los centros educativos para hacer ingeniería social". Con esta frase, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el curso universitario madrileño en Alcalá de Henares el pasado septiembre, en un momento en el que varias universidades públicas ya habían denunciado la infrafinanciación y presentado pérdidas en su último ejercicio económico. Un síntoma claro de los problemas de viabilidad y de la falta de medios que sufre la universidad, mientras el Ejecutivo autonómico centra su discurso en combatir un supuesto adoctrinamiento.

En busca de acabar con esa supuesta instrumentalización, el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) introduce un régimen sancionador que ha encendido las alarmas en la comunidad educativa. Prevé multas contra las universidades por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus" o por dificultar el acceso a instalaciones, así como sanciones de entre 300 y 15.000 euros a estudiantes por "colocar pancartas o símbolos sin autorización" o retirar los que sí la tengan.

A estas medidas, criticadas por su impacto sobre la libertad de expresión, se suma la preocupación por la falta de financiación. Las líneas maestras de los presupuestos regionales confirman que el aumento previsto (6,5%) está muy por debajo de las necesidades planteadas por los rectores. Esta situación llevó a los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a denunciar el pasado martes "un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso".

La LESUC también plantea una reestructuración de los órganos de gobierno que reduce el poder de los rectores y otorga mayor protagonismo a representantes externos. Sin embargo, esta línea de intervención en la gobernanza no es nueva. En los últimos años, Ayuso ha situado a figuras afines a su partido o directamente a exaltos cargos del PP al frente de los consejos sociales de las universidades públicas. Organismos que participan en decisiones esenciales como la aprobación de presupuestos, cuentas anuales y planes estratégicos.

El Gobierno de Ayuso ha colocado al frente de los órganos que supervisan las cuentas y decisiones estratégicas a perfiles cuya trayectoria se articula entre el PP y el sector privado. El caso más visible es el de Francisco Marhuenda, presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III desde marzo de 2023. Su carrera política y mediática —exparlamentario del PP, exasesor de Mariano Rajoy y director de La Razón— se suma a su cargo actual de decano en la universidad privada UNIE, del Grupo Planeta.

En la Universidad de Alcalá, Ayuso designó en septiembre de 2024 a Carlos Mayor Oreja, que participó en varios gobiernos autonómicos del PP, fue diputado en la Asamblea de Madrid durante ocho años y desempeñó cargos de responsabilidad en la universidad privada UNIR. Actualmente, dirige la Fundación privada San Pablo-CEU, propietaria de varias universidades privadas en España. En la Universidad Autónoma de Madrid, el Consejo Social está presidido por Eduardo Sicilia desde diciembre de 2022, exconsejero de Universidades en el Gobierno de Ayuso. Tras diseñar una política marcada por la apertura a nuevos campus privados entre 2019 y 2021, ahora ha pasado a supervisar los presupuestos de una universidad pública.

El peso del sector privado se evidencia también en los perfiles empresariales que aparecen en el resto de universidades. Clemente González Soler, al frente del Consejo Social de la Rey Juan Carlos desde agosto, procede de organizaciones como el Instituto de Empresa Familiar, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la CEOE o IFEMA. Su proximidad al PP quedó de manifiesto en junio de 2024, cuando participó en un acto organizado por la formación en Cuenca ante medio centenar de empresarios y representantes del partido.

A su lado, Juan Pedro Moreno, antiguo máximo responsable de Accenture en España, Portugal e Israel, también se incorporó en agosto a la gobernanza de la Politécnica de Madrid. En la Complutense, Jesús Nuño de la Rosa asumió la presidencia de su Consejo Social en 2020 tras haber sido consejero delegado de El Corte Inglés y de Air Europa.

Montserrat Rius, investigadora académica en la Complutense y portavoz de UCM por la Pública, advierte de que los nombramientos recientes suponen "un salto cualitativo en la injerencia política y privada" dentro de los consejos sociales, un proceso que, asegura, "viene gestándose desde hace años".

El consejo social es el espacio donde se decide el rumbo económico de la universidad pública. Alejandro Tiana, exrector de la UNED y exsecretario de Estado de Educación, recuerda que su importancia es mucho mayor de lo que percibe la ciudadanía y, a menudo, la propia comunidad universitaria. En universidades grandes, explica, buena parte de las decisiones estratégicas "pasan inevitablemente por este órgano, porque es el que determina cuánto se invierte y con qué prioridades". Tiana insiste en que la clave está en preservar la pluralidad y la distancia respecto al poder político, algo que, señala, ha sido históricamente la norma en la mayoría de universidades.

"En mis años como rector tuve presidentes que venían del mundo empresarial, de la economía o incluso del sindicalismo. Había sensibilidades distintas y eso es sano. Lo que no tuve nunca fue a alguien colocado directamente desde un gobierno ni a responsables con vínculos activos en instituciones que pudieran tener intereses paralelos a los de la universidad pública. Ese perfil es el que desnaturaliza el sentido del consejo social", relata Tiana. Añade que "si la presidencia tiene un sesgo político fuerte, las decisiones dejan de responder al interés general y la autonomía universitaria se resiente".

Además, el borrador de la LESUC aumenta de forma significativa el poder de los consejos sociales. La norma tiene prevista la creación de una Oficina de Control Económico y Presupuestario Interno que fiscalizará todos los movimientos económicos de las universidades antes de que se ejecuten. Aunque la ley la define como un órgano con "plena autonomía funcional", quedará integrada bajo el mando del Consejo Social y, por tanto, bajo la presidencia nombrada por el Gobierno autonómico.

Esto desplaza al rector y al gerente y limita su margen de actuación. Montserrat Rius ve en esta reestructuración "la culminación de una tendencia". "Cuando al frente de los consejos sociales se coloca a excargos del PP o a directivos procedentes de la privada, el rectorado entiende que discrepar de la Comunidad de Madrid podría tener un coste", subraya. Para ambos expertos, estas decisiones del Ejecutivo de Ayuso erosionan la autonomía académica y la capacidad de autogobierno de las universidades madrileñas.

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre, según recoge EFE.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

Edificios abandonados, profesionales saturados y una falta de financiación cada vez más difícil de sostener. Esta realidad se repite en las universidades públicas madrileñas como consecuencia de una infrafinanciación crónica impuesta desde 2008, cuando la Comunidad de Madrid aplicó recortes y que, a día de hoy, sigue sin solucionar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pese a que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que "no va a dejar caer" ninguna universidad, también ha advertido de que estas instituciones deben "hacer su parte y ajustar los gastos y los ingresos a la actividad normal de cada centro".

No obstante, la Comunidad de Madrid parece decidida a mantener el conflicto con las universidades públicas al presentar unos presupuestos para 2026 que, pese a anunciar un aumento del 6,5%, no suponen una mejora real de la financiación. Las plataformas que agrupan a las seis instituciones denuncian que el Ejecutivo de Ayuso perpetúa la infrafinanciación, con un gasto que apenas pasa del 0,44% al 0,46% del PIB regional, muy lejos del 1% que reclaman. Ante lo que consideran un "presupuesto estancado" y una "asfixia continuada", profesores y estudiantes han convocado dos días de huelga a finales de noviembre y advierten de que podrían extender las movilizaciones si no hay un cambio sustancial en la política universitaria del Gobierno regional.

Una infrafinanciación que ha llevado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a solicitar al gobierno autonómico un préstamo de 34,4 millones de euros para garantizar el pago de las nóminas y la paga extra de Navidad a sus 11.400 trabajadores. Una problemática a la que se suma la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), cuya complicada situación económica ha sido reconocida por el consejero de Educación, Emilio Viciana, que ha confirmado que estudian medidas similares a las de la Complutense para solventarla.

La UCM acumula en los dos últimos ejercicios un déficit de 142,3 millones de euros —64,5 millones en 2023 y 77,8 en 2024—. Los datos del informe anual de cuentas de la URJC reflejan también un saldo negativo de 47 millones, frente a los 43,6 del año anterior. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) también presenta en su último balance un déficit de alrededor de 351.000 euros.

Una cifra que no se aleja de la registrada por la Universidad Carlos III (UC3M), que declaró pérdidas de 637.960 euros, aunque logró compensarlas con su remanente de tesorería evitando así el déficit. Por el contrario, la Universidad Politécnica (UPM) mantiene el equilibrio financiero, con un saldo positivo de 432.523 euros este último año. Aunque los obstáculos económicos parecen concentrarse en las dos primeras instituciones, los recortes y las denuncias del personal de otros centros demuestran que la crisis es generalizada. Desde CCOO advierten de que todas las universidades públicas madrileñas "sufren políticas de austeridad que afectan al personal, los recursos materiales y el mantenimiento de los edificios".

Pese al anuncio de un incremento del 6,5% en los presupuestos autonómicos de 2026, las universidades madrileñas dudan de que ese aumento se traduzca en una mejora real. Según Jesús Escribano, secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, "se habla de un aumento de 75,3 millones de euros, pero al final hay que repartirlo entre seis universidades y nadie sabe todavía cómo se va a distribuir ese dinero".

El representante de CCOO denuncia además el desequilibrio entre el crecimiento del gasto público autonómico y la inversión en educación superior. "Desde que gobierna Ayuso, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han crecido alrededor de un 40%, mientras que los de las universidades solo un 15%. Si se tiene en cuenta la inflación acumulada, cercana al 20%, el incremento real no es un aumento, es una reducción", advierte. En su análisis preliminar de las líneas maestras de las partidas presupuestarias, estima que "a las universidades madrileñas les faltan entre 700 y 750 millones de euros" y que lo que se les da ahora es "diez veces menos de lo que realmente se necesitaría para garantizar su funcionamiento con normalidad".

A esta insuficiencia se suma la incertidumbre sobre los plazos y la ejecución de los fondos. "El año pasado se anunció una subida de más de 40 millones y a estas alturas solo han llegado 11. Ahora dicen que son 75, pero parte de ese dinero irá condicionado a objetivos de 2026, así que no llegará posiblemente hasta 2027”, señala Escribano.

Además de los problemas de liquidez que señala la Complutense, profesores de otros centros denuncian que la falta de personal y la sobrecarga laboral son cada vez más graves. Antonio Benítez, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Carlos III, explica a infoLibre que la fuga de docentes hacia otras instituciones es continua. "Cada inicio de curso contamos con un profesorado que, a las pocas semanas, empieza a marcharse. Es habitual que en la tercera semana se hayan ido diez personas en algunos departamentos porque encuentran contratos algo más estables en otras universidades. Cuando los docentes con más experiencia se van, no hay un relevo preparado ni mecanismos ágiles para cubrir esas vacantes, lo que agrava la carga del resto y deteriora la calidad de la enseñanza por falta de dinero", señala.

Una circunstancia similar describe César Pastor, técnico de laboratorio en la Universidad Autónoma de Madrid, quien advierte de que la falta de recursos "impide cubrir todas las plazas que se liberan por jubilación", de modo que muchas vacantes quedan sin ocupar o se sustituyen por figuras más baratas y precarias. Explica que, cuando se jubila un catedrático en la UAM, no puede ser reemplazado por otro de la misma categoría, sino por un ayudante doctor con un salario muy inferior, lo que limita las oportunidades de promoción tanto del personal docente e investigador como del técnico y administrativo, debido a la falta de financiación.

Lola Herrería, técnica administrativa de la Universidad Politécnica de Madrid, recuerda que este contexto le recuerda al plan de estabilidad de 2013, que provocó el despido de 301 empleados y una rebaja salarial del 10% para el resto. Herrería advierte que, aunque la Comunidad de Madrid aprobó una Oferta Pública de Empleo (OPE) este año, su ejecución depende de disponer de fondos suficientes. "Ya nos han trasladado que es bastante probable que no se convoquen todas las plazas aprobadas. Esto significa que muchos puestos vacantes podrían quedarse sin cubrir, agravando la falta de personal y la sobrecarga existente", afirma.

A la saturación y la falta de personal se suman los desperfectos y el deterioro de las instalaciones. En la Complutense se han registrado techos destrozados, paredes agrietadas y enchufes dañados, pero las goteras también se repiten en otras universidades. Pastor recuerda que en la UAM se han producido varios episodios de derrumbe parcial de techos por falta de mantenimiento. "Se nota que el mantenimiento ha sido una de las áreas donde más se ha recortado, porque solo se actúa en caso de urgencia. Es decir, no hay mantenimiento preventivo, por lo que no se pueden anticipar a que se caiga un techo", lamenta.

Los recortes también han afectado al material disponible para los estudiantes. Pastor explica que, donde antes había veinte microscopios —uno por alumno—, ahora solo hay uno para cada tres. A esta carencia se suma la falta de renovación de equipos. Herrería denuncia que en algunos laboratorios de la UPM "se siguen utilizando equipos totalmente obsoletos". "Al no haber dinero para comprar otros más modernos, se continúa con lo que hay y, si se estropea alguno, se intenta reparar como se puede", añade.

La infrafinanciación ha llegado incluso a limitar aspectos básicos, como la compra de material o la renovación de libros en las bibliotecas. Jesús Escribano subraya que "se está restringiendo la reposición de los ejemplares que se pierden o se rompen con el uso".

Con los primeros datos del presupuesto autonómico de 2026 ya sobre la mesa, la falta de unidad entre los rectorados madrileños se perfila como uno de los mayores lastres para avanzar hacia una financiación justa y estable. Lejos de presentar una estrategia común ante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los docentes denuncian que cada una "busca asegurar su posición en el nuevo reparto". "Cada institución intenta mantener o modificar los criterios de distribución según le convenga: unas prefieren que se mida por número de alumnos, otras por crecimiento o por producción científica", explica Daniel Herrero, técnico administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Esa pugna interna ha derivado en un bloqueo que, según varios trabajadores universitarios, debilita la capacidad de negociación del sistema público madrileño. Desde la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Pastor lamenta que "cada rectorado negocia de forma bilateral con la Comunidad de Madrid, intentando imponer su propio beneficio en lugar de presentar una posición conjunta". A su juicio, esa falta de coordinación "ha provocado una parálisis total ante los presupuestos del año que viene y una imagen de desunión que solo favorece al Gobierno regional".

El resultado es que el debate sobre el reparto del dinero ha ocultado la necesidad de un modelo de financiación estable. "Estas negociaciones desvían el foco de lo importante, un plan de financiación realista y actualizado", sostiene Caballero, que recuerda que "la URJC sigue recibiendo el mismo porcentaje que cuando tenía 10.000 estudiantes, pese a que ahora supera los 40.000, mientras otras universidades pierden alumnado".

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid continúa siendo una de las regiones con las tasas de matrícula más altas de España. Para el curso 2024-25, el precio medio por crédito en primera matrícula en las universidades públicas madrileñas se sitúa en 18,55 euros, solo por detrás de Navarra (19,29 euros). Sin embargo, la inversión por estudiante se encuentra entre las más bajas del país, lo que agrava el contraste entre el elevado coste para el alumnado y los escasos recursos con los que cuentan las instituciones para garantizar una educación de calidad.

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar una presunta malversación en el trabajo de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa en una pieza desgajada del procedimiento principal en el que investiga delitos como tráfico de influencias, según recoge EFE. 

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, la sección 23 de la Audiencia estima parcialmente un recurso de la asesora, Cristina Álvarez, y corrige la decisión del juez de formar una pieza separada, en la que el magistrado propuso que, de llegar a juicio, fuese juzgada por un jurado popular. 

Dicen los magistrados que la prueba de "ambos supuestos delitos (tráfico de influencias y malversación) está intrínsecamente unida", lo que "imposibilita la formación de piezas separadas sin que el juez instructor haya aportado razonamiento divergente que pueda alterar esa decisión". 

Además, considera que su decisión de abrir una pieza separada es "prematura e inmotivada" al no justificar las razones por las que Peinado cree que los hechos deben ser enjuiciados por separado.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido personarse como perjudicada en la causa en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por distintos delitos en relación a su actividad al frente de una cátedra de la institución.

En un escrito aportado al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la representación legal de la universidad solicita su personación en concepto de perjudicada, "para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño".

Lo hace tras la autorización del rector de la Complutense, Joaquín Goyache -que estuvo investigado en esta causa-, quien ha decidido ejercer "acciones civiles de reparación del daño presuntamente causado" a la Universidad, "considerando que los hechos objeto de investigación (...) pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses" de la institución.

La Fiscalía y las defensas han manifestado en sus sucesivos escritos que a lo largo de la causa no se ha precisado ese perjuicio económico.

El juez Peinado citó este lunes a la Universidad a la vista en la que se concretó la imputación contra Begoña Gómez y los otros dos investigados -su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés- después de decidir que, en el caso de que llegue a juicio, estos hechos también sean juzgados por un jurado popular.

En esta pieza principal el juez investiga si Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluido el patrocinio empresarial de un 'software' para la misma.

Consideró entonces el magistrado que debe considerarse a la universidad perjudicada del presunto delito de apropiación indebida del citado 'software'.

En la mencionada vista, la Fiscalía y las defensas pidieron el archivo, y las acusaciones populares solicitaron la testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un careo entre el rector de la UCM, Joaquín Goyachez, y el exvicerrector de Relaciones Institucional, Juan Carlos Doadrio.

El juez investiga en esta rama principal presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida, mientras que la pieza separada se centra en una presunta malversación. Peinado cree que hay base para que ambas sean juzgadas por un jurado popular.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha enviado a la UCO de la Guardia Civil los correos que ha aportado el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio, en los que intercambia mensajes con la asesora en Moncloa de Gómez, Cristina Álvarez, según recoge EFE.

El Juzgado de instrucción número 41 recibió el pasado día 16 los correos que había solicitado el magistrado al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, según desvela el auto del juez, conocido este miércoles, en el que ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular en la pieza en la que investiga si se malversaron fondos públicos en el nombramiento de su asesora en Moncloa, y en las funciones que presta.

Fuentes jurídicas han informado de que el juzgado ya ha ordenado enviar estos correos a la UCO para su análisis.

El juez Juan Carlos Peinado solicitó el pasado día 10 a Juan Carlos Doadrio, que era vicerrector cuando se aprobó que Gómez codirigiera una cátedra en la Complutense y ya declaró como testigo en la causa principal, que entregara todos los correos en los que aparezca como remitente o destinataria Cristina Álvarez.

Lo hizo el mismo día que comparecieron Gómez y Álvarez como investigadas por presunta malversación en la pieza separada en la que indaga sobre la contratación y funciones de la asesora.

La orden de Peinado para requerir los correos parte de una petición de las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, en la que reclamaban "los más de cien correos electrónicos" a los que este ex alto cargo de la institución aludió en su declaración ante el juez. 

Tras conocer la petición del juez, el abogado de Cristina Álvarez la recurrió ante la Audiencia Provincial alegando que Peinado debió hacerlo en una providencia y no en un auto, y que vulnera los derechos de su patrocinada.

La Audiencia de Madrid ha apuntalado los indicios contra Cristina Álvarez, al respaldar investigar si "se sobrepasó" en el desempeño de sus "funciones públicas" como asesora de Begoña Gómez "para favorecer el plan delictivo" de la mujer del presidente del Gobierno en un supuesto tráfico de influencias, según ha informado EFE.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirma en un auto la condición de investigada de Álvarez como posible participe en hechos que podrían constituir los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien estima parcialmente uno de sus recursos y anula la declaración que prestó en diciembre de 2024 como testigo, que acabó desembocando un mes después en su imputación.

La resolución, fechada el 12 de junio, se conoce un día después de que trascendiese que el juez ha pedido formalmente al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presunta malversación y tráfico de influencias en torno al nombramiento de Álvarez.

El tribunal menciona en su auto que "una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público" respecto a la ayuda y acompañamiento institucional de la mujer del presidente del Gobierno "puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados".

"Y, lo que es más importante -continúa-, ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que podría permitir inferir la solidaridad con la actuación de la principal investigada".

Esto, dice, "refuerza frente a terceros el carácter prevalente de la conducta" de Begoña Gómez, "apuntalando el áurea de indudable influencia que como esposa del Presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener toda su actividad privada".

Sostienen los magistrados que la investigación debe centrarse en si Álvarez se excedió en sus funciones "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez "en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Esas funciones consistían en la gestión de la agenda o el correo de Begoña Gómez, y también en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente de Gobierno.

Conocer su registro de llamadas "resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención", apunta la Audiencia, que cree también que hay "datos indiciarios suficientes" de "la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía" Begoña Gómez, "lo que supondría una clara desviación del cumplimiento" de la función de Cristina Álvarez.

La amistad entre ambas es "otro dato más a considerar", siendo esta "la razón de su nombramiento", sirviendo a sus actividades privadas "lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados", zanja.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial respalda la imputación de Cristina Álvarez, aunque precisa que el juez debió motivarla más porque la fundamentación que hizo fue "sumamente reducida, por no decir, prácticamente, inexistente".

Al analizar el delito de malversación, reconoce el tribunal que un funcionario "ilícitamente destinado" a funciones privadas no puede cometer este delito -lo cometería quien lo destina o quien consiente esa decisión-. Sin embargo, apunta a su "connivencia o anuencia".

"Es decir, al tolerar ese ilícito comportamiento, quizá no esté cometiendo un delito de malversación, que solo cabría plantear en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada, pero si es un elemento fáctico de la máxima transcendencia a la hora de poder acreditar su solidaridad con el plan del autor" y es clave para el posible tráfico de influencias.

En otra resolución, la Audiencia avala la decisión del juez de solicitar el registro de llamadas de Álvarez a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, a entidades patrocinadores del máster o cátedra en la que participó Begoña Gómez o al empresario Juan Carlos Barrabés -también imputado-.

No obstante, ordena excluir de esa información obtenida los hechos relativos al rescate de Globalia, o al África Center, como dejó claro en otras resoluciones.

Y en un tercer auto, concede a Hazteoír la dirección de las acusaciones populares, en lugar de Vox, que la ejercía hasta ahora.

Cuatro universidades públicas, de Barcelona y Madrid, se sitúan entre las 200 mejores de todo el mundo y son: la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y la Autónoma de Madrid, según informa EFE. La clasificación anual que hace QS World University Rankings, que evalúa a más de 1.500 instituciones de 106 países y territorios, señala que en esta edición la Universidad de Barcelona se sitúa en el primer puesto, en el número 156, superando a la Universidad Complutense de Madrid, la mejor clasificada el año pasado.

Además, tres universidades españolas entran por primera vez en este ránking, aunque con puestos de cola: la Universidad Europea de Madrid (puesto 901), la Universitat Jaume I (1.001) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (1.201).

España es el único país europeo con más de una universidad que entra en la clasificación de este año, frente al Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica, Portugal y Letonia, que incorporan solo a un centro.

En total de las 38 universidades españolas que participan en esta clasificación, trece universidades españolas suben en la tabla, siete se mantienen y quince bajan, mientras que las tres nuevas no tienen este año comparativa.

El ránking refleja que hay diez instituciones que se sitúan entre los puestos 160 y 400, y después de las cuatro primeras universidades públicas, de Barcelona y Madrid, que lideran la tabla, le siguen de cerca la Universidad de Navarra (en el puesto 262, aunque baja 13) y la Universidad Pompeu Fabra (puesto 265, se mantiene).

La Universidad Carlos III de Madrid se sitúa en el puesto 301, baja 16 puntos, la Politécnica de Madrid (puesto 334, baja 13) y la Politécnica de Cataluña (puesto 392, baja 21).

En los puestos cercanos a los 400 se encuentran la Universidad de Granada, la Politécnica de Valencia, la Universitat de Valencia, la Ramon Llull de Barcelona, o el IE Universidad y la Universidad de Sevilla.

La Universidad de Salamanca y la Pontificia de Salamanca se acercan a los puestos número 500 y la Universidad del País Vasco, de Santiago de Compostela o de Zaragoza, rondan los puestos números 600.

Según el QS World University Rankings 2026 la competencia mundial se está intensificando, especialmente en Europa, Norteamérica y Asia. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) conserva su primera posición por decimocuarto año, seguido del Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford.

Estados Unidos sigue siendo el sistema más representado, con 192 universidades, y suben más instituciones de las que bajan, al igual que en Alemania, donde hay más universidades que mejoran, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los últimos años.

Italia entra por primera vez en el top 100 mundial, con el Politécnico de Milán en el puesto 98 y China continúa su ascenso; la Universidad de Pekín mantiene su puesto 14, mientras que la Universidad de Tsinghua asciende al 17 y la Universidad de Fudan sube nueve puestos hasta el 30. La RAE de Hong Kong es también el segundo sistema de enseñanza superior del mundo que más ha mejorado en esta edición, entre los que tienen cinco o más universidades clasificadas.

La Fiscalía ha archivado una segunda denuncia contra el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, al no apreciar un delito contra la integridad moral en el trato dado a varias alumnas que se recoge en un expediente disciplinario que la Universidad Complutense de Madrid trasladó al Ministerio Fiscal, según informa EFE.

Fuentes de la Fiscalía han informado del archivo de esta segunda denuncia contra el profesor de Ciencias Políticas, que llega tras el archivo de otra denuncia por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual presentada por la plataforma Xuntos por Galicia.

La Fiscalía no aprecia delito en los hechos trasladados el pasado 10 de abril por la Complutense, que envió un expediente disciplinario sobre el comportamiento de Monedero con algunas alumnas asistentes a su clase durante el curso académico 2021-2022, aunque sí considera inadecuada y reprochable moralmente su conducta.

Pese a archivar la denuncia, la Fiscalía señala "perjuicio y daño" entre el alumnado, apunta a que la situación de "vulnerabilidad y de asimetría" debe ser conocida por quien tiene la autoridad para evitar situaciones "cuanto menos desafortunadas, impropias, inadecuadas y gratuitas" que, "podrían, en su caso, corregirse en vía disciplinaria" continuando la tramitación del expediente disciplinario incoado". "La conducta llevada a cabo por el denunciado durante el curso académico 2021-2022 no es constitutiva de un delito contra la integridad moral del artículo 173. 1 del Código Penal, por no cumplir con los elementos del tipo", ha señalado el Ministerio Fiscal.

A juicio del Ministerio Fiscal las conductas recogidas en el expediente, expresiones a distintas alumnas, "pueden ser calificadas como inadecuadas, improcedentes, fuera de lugar y reprochables moralmente, sobre todo de quien se dedica a enseñar y a quien se le exige una cierta responsabilidad social vinculada a transmitir unos valores éticos". "Pero no todo trato degradante será punible, sino sólo los más lesivos", agrega la Fiscalía, que no aprecia "entidad suficiente" en los hechos trasladados por la universidad para considerar que se produce un trato degradante y atentado grave contra la integridad moral de las alumnas.

Lo argumenta señalando que para que esa conducta sea declarada grave la jurisprudencia requiere que sea reiterada y tenga un "plus de desvalor", y pueda crear en "las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral, menoscabando gravemente su integridad moral".

Quedan fuera "de la represión penal las conductas meramente impropias, como es lo que sucede en el presente caso", ha agregado la Fiscalía. "La escasa entidad de los hechos, el marco en que se producen y el tiempo transcurrido no han permitido obtener los elementos precisos para interponer una denuncia por un delito contra la integridad moral", recalca el Ministerio Fiscal que por esta razón archiva la investigación.

La Complutense abrió en enero un expediente a Monedero tras recibir una denuncia por agresión sexual a un alumna y en febrero comunicó que Monedero no impartiría sus dos clases "hasta nuevo aviso", mientras que este profesor señaló que se encontraba de baja por enfermedad.

"Motivos hay muchos". Los alrededor de 200 estudiantes que este martes se manifestaron frente al Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) enumeran pormenorizadamente sus razones para salir a la calle. Muchos de ellos —y otros tantos que ya se habían marchado a clase o a descansar— habían pasado la noche encerrados en la Facultad de Matemáticas por otros tantos argumentos. Ninguno de los que lo hicieron se pensaron demasiado coger lo necesario cuando se planteó la protesta. A los sacos de dormir y las pancartas sumaron unas irrefrenables ganas de movilizarse. De concentrarse contra una infrafinanciación que, dicen, "asfixia" y pone en jaque todo el sistema. Pero a todo ello también le añadieron ganas de trabajar. Lo de este lunes por la noche no fue sólo una concentración aislada, sino un punto de partida. El próximo 28 de abril protagonizarán una huelga general junto al profesorado y demás plantilla. Y no sólo en la UCM, sino en todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

Resoplan cuando se les pregunta por las razones que les impulsan a movilizarse. Sabela Martínez estudia Sociología y Relaciones Internacionales en la UCM y lo hace por los profesores y profesoras que ve entrar en clase con ojeras. O porque ni siquiera sabe si podrá hacer ese doctorado que tanto ansía. Alba Gutiérrez estudia en la Facultad de Fislosofía y Letras de la Universidad Autónoma y ha llegado a ver cómo se les caía el techo mientras estudiaban en clase. También duda de si su rama de conocimiento seguirá impartiéndose. Y está cansada de tener que compatibilizar sus estudios con su trabajo para poder pagar unas tasas que, además, no encuentran techo.

No es casualidad. Es sobre los pagos de los estudiantes sobre lo que la Comunidad de Madrid está depositando la mayor parte del peso de la financiación de las universidades públicas. Después de que los seis rectores levantaran la voz, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un incremento del 4,2% en la financiación de los centros, un porcentaje que supone 47,3 millones de euros más para este año y la condena, señaló la comunidad universitaria en su día, del sistema. Según calcularon los rectores, la necesidad asciende ya a 200 millones. Mucho más.

¿Qué pasa mientras tanto? Que los estudiantes pagan las tasas más altas de todo el país. Según los datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, 1.620 por alumno. Pero es que hay más: entre las 10 universidades con mayores recaudaciones por precios públicos por matriculado aparecen cinco de Madrid (Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y la de Alcalá). En concreto, en lo alto del ránking se sitúa la UC3M, el centro en el que cada estudiante abona 2.294 euros por la matrícula.

No son simples cifras. Detrás de esos números se encuentran situaciones como las que se encuentran día a día Alba y Sabela, pero también otras muchas. "Se han suspendido prácticas, hay becas concedidas que no se van a poder dar y hay laboratorios sin material disponible para usar", lamenta Fernando Varas, profesor de la Universidad Politécnica presente, también, en el encierro de este lunes. También hay bibliotecas, como la de Filosofía de la UCM, que ya tampoco puede adquirir nuevos libros. Ni siquiera uno más.

En esa institución, el recorte de hasta el 30% del presupuesto ha limitado, han llegado a señalar algunos profesores, hasta las fotocopias. Según los cálculos de la propia institución, su déficit es ya de 64,5 millones de euros. Por eso es la universidad más movilizada. Y por eso ha sido el escenario donde, hasta ahora, se han producido las protestas. Pero lo dejan claro: la situación es extensible a las seis instituciones. "La universidad pública está en crisis. Las estudiantes tenemos asignaturas sin profesoras, mientras las profesoras nos vemos obligadas a cubrir docencia extra sin remuneración", señalaron en el comunicado conjunto fruto del trabajo del lunes por la noche.

La idea es que este sea, tan sólo, un escalón. La lucha va más allá de conseguir una justa financiación y el camino, saben, es largo. Su "única alternativa", dicen, "es la organización independiente de la comunidad universitaria".

La infrafinanciación que denuncian no tiene sólo efectos puramente económicos. La contrapartida de la "asfixia" del sistema pública es el incremento paralelo e imparable de la privatización. Y en esto Madrid también destaca, porque tiene ya, según los datos oficiales, 13 universidades privadas —más del doble de públicas—, además de otros tres proyectos sobre la mesa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Fue precisamente ella quien, además, mostró este martes su apoyo total a la protesta. "La sociedad debe saber que la universidad pública de la Comunidad de Madrid está al borde del crack", lamentó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fue muy clara: "Hay un plan oculto por parte de la señora Ayuso de privatización de la universidad pública".

Quienes participaron en el encierro también lo aseguran, pero enlazan ese plan de otro que consiste en tender hacia una represión clara. Y que se refleja, señala Alba y coincide Sabela Fondevila, profesora en Psicología en la UCM, en el proyecto de ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que prepara el Ejecutivo conservador de Ayuso y cuyo borrador, al que ha tenido acceso infoLibre, introduce dos cosas importantes. La primera que el 30% de la financiación de los centros tiene que proceder de fondos propios y que estos tienen que dirigirse a objetivos concretos; la segunda, que la universidad colaborará "lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para, señala el documento que todavía está en fase de elaboración, "asegurar la protección de los derechos de todos".

La lectura de quienes este lunes por la noche se encerraron está clara: Ayuso busca seguir privatizando y, además, prohibir la protesta contra ellos en los campus. "La tendencia hacia la que se mueve el Gobierno madrileño está muy clara", lamenta Fondevila. ¿Qué ocurre? Que todo esto rompe con el espíritu propio de la universidad.

Lo entiende así Concha Mateos, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y participante también en el encierro. "Cuando nos movilizamos por la universidad pública no estamos sólo defendiendo un derecho de la gente, sino una necesidad que tiene la sociedad para que se cumpla un mandato constitucional del estado de derecho. La posibilidad de tener formación del máximo nivel al margen de tus medios o los de tu familia es un pilar básico de la democracia. No se puede acabar con esto", lamenta, en conversación con infoLibre.

Sus exigencias, en resumen, son tajantes. Buscan "el fin de la represión y la militarización de la universidad pública", el incremento de sus fondos, la paralización del proyecto de ley de universidades sobre el que trabaja Ayuso pero, además, la "expulsión de las empresas privadas de la universidad", la defensa de un sistema "que no excluya a nadie" y "la construcción de una universidad gratuita, universal y de calidad". La próxima parada para hacerlo, la huelga del 28 de abril.

La Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acoge este lunes un encierro nocturno, precedido de una asamblea, con la participación de unos 400 miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes y docentes, para protestar por los recortes de la futura ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La "asfixia económica" que ya sufren las seis universidades públicas madrileñas se "perpetuaría" con la nueva ley de Enseñanzas Superiores, cuyo borrador prevé topar a un máximo del 70% la financiación de la Comunidad de Madrid, obligando a las universidades a buscar otras fuentes de financiación, "incluidos los fondos de inversión", para cubrir el restante 30% de su presupuesto, han explicado en la asamblea.

"Esta es una protesta general masiva" de los estudiantes, del sector de personal, tanto del PDI (personal docente e investigador) como del PGTGAS (técnicos, de gestión, administración y servicios), contra la "asfixia" de las universidades madrileñas y "de la Complutense en particular", según el profesor de Filosofía Juan Fernández, uno de los ponentes en la asamblea.

Se trata de "una reducción del presupuesto muy notable, de básicamente un 35% general", que no se aplica a algunas partidas estrictamente necesarias para el funcionamiento cotidiano, pero sí a otras como "presupuestos de renovación de docentes, de plantillas, de bibliotecas", ha dicho.

Además de la eliminación de becas y supresión de desdobles en varias áreas, "están peligrando" algunas titulaciones con número de estudiantes reducido, asignaturas optativas o la contabilización de sexenios del personal docente, entre otros, ha desgranado. Aunque hablen de "prórroga presupuestaria, no es tal", sino que esta "figura jurídica viene a constatar que la universidad está en una situación básicamente de asfixia" que llaman de "recorte, prórroga".

Las universidades están "sin fondos porque la Comunidad de Madrid no está dispuesta a dotarlas suficientemente", algo que la futura ley pretende convertir "en estructural. Nuestras necesidades básicas no se satisfacen".

De ahí las plataformas "en defensa de la pública y este encierro, para unir fuerzas y tomar conciencia desde todos los sectores y todas las universidades. Va a ser un movimiento largo", con una huelga prevista el día 28 y una concentración frente al Rectorado de la UCM al finalizar este martes este encierro.

El decano de la Facultad de Matemáticas, Antonio Bru, ha dicho a EFE que los recortes de la nueva ley son "completamente inadmisibles" y que los presagios respecto al borrador "no son nada positivos en ningún aspecto". "Todos tenemos que poner todo lo que podamos para que se vea la protesta y recapacite la sociedad, y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vea que estas medidas nos llevan simplemente hacia el pasado más oscuro", ha declarado mientras iban llegando jóvenes con sus mochilas y sacos de dormir.

Tras la asamblea, los participantes que llenaban el salón de actos, con aforo de 400 personas, se han dividido en grupos que han debatido a lo largo de la noche los puntos del manifiesto que leerán este martes en una concentración frente al Rectorado.

La protesta ha sido convocada por los docentes de UCM por la Pública con el apoyo de profesores y alumnos de la Politécnica, Autónoma, Carlos III y Rey Juan Carlos, además de asociaciones estudiantiles, que han venido a "centralizar la protesta" en la Complutense, como ocurrió el año pasado en la Acampada por Palestina.

Para UCM por la Pública, esta es "una toma de contacto de todas las universidades, sindicatos y asociaciones con la intención de empezar a trabajar todos juntos para parar la llamada ley Viciana", cuyo borrador, "como ya sabemos, es un golpe mortal para las universidades públicas", según la catedrática de Ciencias de la Información, Eva Aladro.