El “objetivo de pleno empleo” anunciado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron —una tasa de paro del 5% en 2027— ha quedado fuera de alcance. En el segundo trimestre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos francés (INSEE) anunció un quinto aumento consecutivo de la tasa de desempleo, que alcanza ya el 8,1%. “Un pequeño desliz”, comentó el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, en France Info. Poco convincente, dada la oleada de planes de despido en curso.

El balance resulta, como mínimo, mediocre tras nueve años de meticuloso desmantelamiento de los derechos de las personas desempleadas. Durante ese periodo, el Ejecutivo  ha encadenado reformas que han atacado sucesivamente el importe, la duración y las condiciones de acceso a la prestación por desempleo, siempre bajo el pretexto de “incentivar el trabajo”.

Pero esa no es la opinión de los economistas del Banco de Francia, que acaban de publicar una nota sobre el tema. “Desde 2015 [cuando la tasa de desempleo rondaba el 10%], el mercado laboral francés ha experimentado una notable mejora”, escriben sus autores. Esa evolución se debería, en parte, a las reformas estructurales adoptadas bajo el mandato de Macron, destinadas a flexibilizar el mercado laboral y a recortar los derechos de los desempleados.

¿Cómo calculan los economistas del Banco de Francia el impacto de esas reformas? A partir de lo que denominan la “tasa de desempleo estructural”, que, según sus estimaciones, “habría retrocedido aproximadamente 1,3 puntos entre 2015 y 2025”. Más del 80% de esa caída, sostienen, se explicaría por "las reformas" emprendidas desde 2017.

Por lo demás, el concepto de “desempleo estructural”, una variable no observable que no publican los institutos nacionales de estadística, hay que cogerlo con pinzas. Este indicador elimina los efectos de las fluctuaciones de la demanda (el consumo de los hogares o las inversiones de las empresas) sobre el desempleo y se centra únicamente en los efectos de las reformas que reducen el coste laboral e influyen en la “adecuación” de los puestos de trabajo al mercado. En definitiva, es el indicador soñado por el capital: solo analiza la política de la oferta y deja constantes el resto de variables.

Entre las reformas de Macron que habrían permitido reducir ese "desempleo estructural", el Banco de Francia destaca sobre todo las relativas al seguro de desempleo, aplicadas en 2021 y 2023. Según la nota, estas medidas habrían contribuido a reducir la tasa en 0,6 puntos, es decir, más de la mitad del efecto atribuido al conjunto de las reformas.

Los autores afirman que, “al modificar las modalidades de indemnización por desempleo en un sentido más restrictivo, las reformas del seguro de desempleo aumentan el incentivo para que los desempleados vuelvan al mercado laboral”. Dicho de otro modo: al sentirse amenazados, redoblarían sus esfuerzos para buscar empleo y aceptarían “puestos de trabajo que se ajusten un poco menos a sus criterios de búsqueda o que estén ligeramente peor remunerados”.

Según estos economistas, el debilitamiento de los derechos de los desempleados reduciría además “las opciones de los trabajadores en la negociación salarial [contribuyendo así a la moderación salarial]”, lo que “debería tener un efecto al alza sobre el empleo”.

En resumen, según el Banco de Francia, la política de mano dura contra los desempleados llevada a cabo por el Ejecutivo macronista desde 2017 habría funcionado desde el punto de vista de la tasa de desempleo. Afortunadamente, en un arranque de lucidez, los autores de la nota advierten de un “riesgo de deterioro de la calidad del empleo”.

Pero eso no es todo. Los economistas del Banco de Francia han identificado otras reformas que han reducido la tasa de desempleo estructural: “Las ordenanzas laborales de 2017, el refuerzo de los controles de búsqueda de empleo y la reforma de la formación profesional (excluido el aprendizaje) que habrían contribuido [a la disminución] de 0,4 puntos”.

Los autores señalan en particular “tres medidas adoptadas en 2017 y 2018” que habrían contribuido a reducir el coste unitario del trabajo para las empresas. En primer lugar, las ordenanzas laborales sobre la negociación colectiva, que “reforzaron la primacía de los acuerdos de empresa sobre los acuerdos sectoriales en una serie de temas, incluso en caso de disposiciones menos favorables para el trabajador”.

Estas medidas “habrían reducido el poder de negociación de los trabajadores frente a sus empleadores”. Un alivio para estos últimos, que pudieron contratar a menor coste. Aleluya.

Otra reforma que reduce el poder de negociación de los trabajadores fue “el refuerzo de los controles de búsqueda efectiva de empleo por parte de los desempleados que perciben prestaciones", que introdujo "un riesgo adicional" para los desempleados de que se les suspenda la ayuda.

Según el Banco de Francia, esta medida habría tenido un efecto positivo sobre la tasa de "desempleo estructural", ya que "habría reducido la prestación que una persona empleada podía esperar recibir en caso de perder su trabajo, rebajando así los salarios de reserva de los empleados implicados en negociaciones salariales".

En un tono menos severo, el Banco de Francia cita como reforma positiva para el empleo “las medidas a favor de la formación profesional”, que “habrían aumentado la productividad media de los trabajadores, en particular de los menos cualificados, no solo con un aumento de sus competencias individuales, sino también, a más largo plazo, con una mejora de la calidad de la adecuación al mercado laboral, mediante un mejor ajuste de las competencias a los puestos”.

Los autores de la nota también han intentado cuantificar los efectos de las ayudas a la formación, a las que el Estado francés ha dedicado hasta más de 20.000 millones de euros al año tras la pandemia. “Muy generosas, han permitido crear un número importante de empleos”, estiman.

Sin embargo, “aunque una parte de estos empleos ha beneficiado a personas desempleadas, en su mayor parte se han destinado” a jóvenes que aún no figuraban como activos. Por tanto, “esta disminución se estima en alrededor de 0,1 puntos en el desempleo estructural, de los cuales aproximadamente la mitad provendría de la reincorporación al empleo de jóvenes desempleados, y la otra mitad del efecto del paso de la inactividad al empleo”.

En sus conclusiones, los economistas del Banco de Francia admiten que su análisis no “aborda la cuestión del coste presupuestario de estas medidas, ni la de la calidad de los empleos creados y las trayectorias de los trabajadores: una parte de las ganancias […] podría ir acompañada de la creación de empleos, en general, menos productivos”.

Por eso, añaden, “estas reformas estructurales deberán reevaluarse con mayor perspectiva histórica, teniendo en cuenta la evolución a medio plazo de la productividad laboral”.

Los datos permiten ya anticipar algunas pistas sobre lo que podrían encontrar si profundizaran en sus investigaciones. Bajo el mandato de Macron, la productividad de la economía francesa está en retroceso en euros constantes (−0,12% entre 2016 y 2024), según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El crecimiento del PIB, además, es débil, en torno al 1%. No hay, por tanto, mucho de lo que presumir. Al mismo tiempo, aumenta con claridad el fenómeno de la extensión de los salarios bajos: la proporción de personas que cobran el salario mínimo en el sector privado pasó del 10,7% al 17,1% entre 2017 y 2023.

Y queda, por último, la pobreza, que no ha dejado de crecer en los últimos años. Entre 2016 y 2023, la tasa de pobreza pasó del 13,7% al 15,4%, según el INSEE. En 2023, casi diez millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza monetaria. En Europa, recordaba el profesor emérito de Economía Pierre-André Buigues en Le Monde, "Francia es el único país que ha visto aumentar considerablemente esta tasa de pobreza" durante este periodo.

Traducción de Miguel López

Les propongo que imaginen una escena; es pura ficción pero podría pasar cualquier día. El estadio está lleno, como en las grandes ocasiones. Más de 80.000 personas abarrotan las gradas del Bernabéu para asistir a un espectáculo único, glorioso.

Un anciano sale al campo; es recibido con un largo aplauso que el aludido responde con un gesto amable. Llega al centro y, después de saludar a los tendidos, saca su cartera y extrae un billete de cincuenta euros que deposita cuidadosamente en el suelo. El público murmura entusiasmado porque el espectáculo está a punto de empezar; advirtamos que el entusiasmo no está en la sorpresa, porque todo el mundo sabe lo que sucederá a continuación, sino en el gozo de la contemplación divina. No es un truco de magia; es una epifanía.

El hombre saca otro billete y después otro más. Repite una y otra vez su gesto, armando sobre el suelo una columna que termina por alcanzar la altura de una persona, pongamos que 1,80 metros. Ya es una montonera. La gente aplaude y el anciano, visiblemente emocionado, repite el gesto para colocar otro billete en el suelo y armar una segunda columna que alcanza la misma altura. Arrecian los aplausos y el mago sigue sacando billetes y billetes mientras por la megafonía del estadio resuena, es inevitable, El aprendiz de brujo de Paul Dukas. Finalmente, a un trepidante ritmo de un millón de billetes por minuto, el artista logra levantar en algo más de una hora, a la vista de los espectadores, la impresionante cantidad de 4.300 columnas de billetes sobre el campo de juego. Colocadas en fila, una detrás de otra, son suficientes para rodear el perímetro del campo, y aún sobrarían billetes para elevar cada columna por encima de los dos metros de altura. ¡Qué espectáculo grandioso! Todo el campo rodeado de una hermosa muralla de billetes; dentro de la muralla, el hombre solitario; afuera, 80.000 voces rugientes.

Las gradas son un clamor y el hombre decide arriesgarse. Toma todo su dinero y arma un solo pilar de billetes. Tienen que abrir el techo de la cubierta porque no caben. Con mucho esfuerzo, el hombre completa una columna que alcanza más de siete kilómetros de altura, un billete sobre otro. El hombre que saluda desde el albero es un empresario textil y lo que expone al público es simplemente lo que ha ganado en un año, solo en dividendos. Por alquileres ha ganado otra buena fortuna, que ya no cabe en el estadio. Puestos uno detrás de otro, los billetes conformarían una brillante línea continua, prácticamente infinita, que podría salir del Bernabéu y llegar hasta el Nou Camp, desde donde bajar, billete tras billete, hasta la Rosaleda de Málaga, para continuar hasta la Cartuja sevillana y de ahí prolongar la línea hasta Riazor, qué mejor sitio, para luego retornar al Bernabéu, dejando por los caminos de España los billetes como una senda de Pulgarcito.

La gente en el estadio aplaude sin caer en la cuenta de que el hombre afable de cartera ilimitada ha ganado en un año más que todos ellos juntos, aunque es posible que haya trabajado menos que cualquiera de ellos. En realidad, este dinero le viene no por hacer nada en especial sino únicamente por ser el dueño de unas acciones.

Es cierto que estas ganancias tendrán que tributar a Hacienda; sin embargo, y aquí viene otra curiosidad, es muy probable que lo que tenga que pagar este hombre sea bastante menos de lo que deban tributar en su conjunto las 80.000 voces que le aplauden. Esto es así por varias razones: primero, porque en España los trabajadores pagan más impuestos que las empresas; por eso los ricos usan sociedades instrumentales. Segundo, porque las rentas del trabajo están más gravadas que las rentas del capital. Mira tú: por lo que ganas sudando tributas más que por lo que ganas sin esfuerzo. Cosas muy extrañas, la verdad, de las que este hombre se beneficia.  

Este hombre afortunado tiene acciones de una empresa que vende ropa. Todas estas columnas de dinero están formadas por billetes que recibió de sus compradores; de cada 12 euros de ropa que vende en cualquiera de ellas, un euro va directamente a su bolsillo. Parecerá poco, pero es que ha vendido cerca de cuarenta mil millones de euros, más de seis billones de pesetas.

No quiero que se confundan: este hombre es un empresario de enorme éxito, un verdadero genio. No hay ninguna duda. No hay crítica posible al fascinante logro de levantar un imperio textil que da trabajo a decenas de miles de personas y mantiene una urdimbre de empresas auxiliares que sostiene el tejido industrial de comarcas enteras. Lo que ha conseguido es extraordinario, de un mérito admirable.

Aun así, la cantidad de dinero que recibe me cuestiona como ser humano. Es obvio que no es necesaria esta acumulación de fondos para que la empresa funcione. Este hombre tendría tres fórmulas para que sus ganancias se rebajaran hasta el rango de lo decente: pagar más a sus empleados, pagar más a la gente que le fabrica la ropa o cobrar menos a sus clientes por ella. No hace ninguna de estas tres cosas, y aquí ya hay una opción personal. En el mundo en el que vivimos, hay extensos manuales de economía aplicada que le explicarán a ustedes que cualquiera de estas tres opciones sería un inmenso error. No intenten comprender las razones.

Este hombre es el modelo de los tiempos que nos ha tocado vivir. El capital cada vez se acumula en un menor número de manos. Pueden elegir la estadística que prefieran: los ricos que suman el 0,001% del género humano tienen tres veces más dinero que el 50% de la población mundial en su conjunto. Los extensos manuales de economía les dirán, aun así, que los ricos pagan demasiados impuestos.

Convengamos que este hombre de gesto sereno no necesita tanto dinero para vivir: nadie puede dormir en 100 camas la misma noche ni embarcarse en 50 yates en la misma singladura. En su mayor parte, utiliza este dinero para comprar pisos, como los antiguos boticarios de provincias; se ha convertido en el mayor casero del mundo. Sería sencillo recurrir a una explicación patológica: a partir de una determinada masa crítica, el dinero adquiere conciencia de sí mismo, asume el control de la mente de su huésped y, como si fuera una de las babosas adheridas a la nuca que nos describió Robert A. Heinlein en Amos de títeres, toma él mismo las decisiones propicias para crecer y multiplicarse. Será por eso que la gente no se vuelve generosa a medida que se hace rica, sino más bien al revés.

Los billetes que el anciano exhibe sobre el campo no salieron de la nada; el año pasado estaban en los bolsillos de millones de personas. Hoy están en uno solo. Quizás lo más sorprendente de esta labor de esquilma y ordeño es que no genera ningún tipo de reacción social; tal vez responda a un cambio de paradigma donde el asalto al poder por parte del capital se ha completado, haciendo prescindibles las barreras de la hipocresía e inútiles los contrapesos históricos que se le oponían. Trump es otro arquetipo: se hizo presidente para ganar dinero; provoca guerras para ganar dinero; mata a iraníes o secuestra a venezolanos para ganar dinero, y lo dice sin escándalo. Todo se hace para ganar más porque la medida del éxito es estrictamente cuantitativa. Esta naturaleza extractiva del capitalismo siempre ha existido, aunque no en estos niveles: personas, países, civilizaciones enteras han basado su riqueza en comerciar con pobres, cobrando mucho y pagando poco, manteniendo una ósmosis cruel en las fronteras, abiertas para el oro y la ropa pero cerradas para los mineros y las tejedoras, condenadas a contemplar en Tik Tok nuestra ominosa prosperidad. Ya no hay límites.

Estamos instalados todos en la ética de la acumulación, donde resuena la promesa evangélica del emprendimiento: “A quien tiene, le será dado y tendrá en abundancia; y a quien no tiene, aun lo que tiene le será quitado” (Mateo 25:29). Con este respaldo, torcidamente interpretado, hincan las rodillas ante la Virgen de las Angustias de los Gitanos (¡qué país!) los Grandes de España que luego desalojan edificios enteros de inquilinos para hacer pisos turísticos; no les llega con sus palacios.

Lógicamente, para el espectáculo de la lluvia de billetes en el Bernabéu no han dejado pasar a ningún niño, no fuera a ser que gritara alguna insensatez y la gente advirtiera de repente que el hombre que saluda desde el centro está vestido y todos los espectadores, por más ropa que compren, están desnudos.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

El ingreso mínimo vital (IMV) ya bate récords. En este mes de marzo ha llegado a 829.399 hogares en marzo, un 18% más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros.

En términos interanuales, el IMV continúa su crecimiento. Este mes se registran 125.920 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un incremento cercano al 18% en el número de hogares beneficiarios. El número de personas protegidas también aumenta en la misma línea, con un crecimiento del 18,1%, es decir, 387.278 beneficiarios más que en marzo de 2025.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado un comunicado en el que reconoce que 2,53 millones de personas en nuestro país vive con este ingreso y que, dentro de estas familias, 1,03 millones son niños y adolescentes. En marzo, el 68% de los titulares de la prestación son mujeres, lo que equivale a 563.741 personas. En el conjunto de beneficiarios, las mujeres representan el 53,4%, con más de 1,35 millones.

El IMV continúa siendo una herramienta clave en la protección de familias con hijos. En concreto, el 69% de los hogares beneficiarios (570.548) cuentan con menores a cargo. De ellos, cerca de 140.000 son familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. Por lo que más de 1,03 millones de menores están cubiertos por esta prestación, lo que consolida al IMV como uno de los principales instrumentos contra la pobreza infantil en España.

Los menores suponen el 41% de los beneficiarios. Precisamente, el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, llegó a 573.831 unidades de convivencia en marzo, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Hay distintas cuantías según la edad de los menores: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión y, en España, la cifra sigue siendo alarmante. Según un estudio realizado por el Consejo de Juventud de España, tres de cada diez jóvenes están en riesgo de exclusión social. Ni siquiera quienes tienen un empleo se libran: el 18,8% de los que tiene un trabajo están en la misma situación.

Si miramos las comunidades autónomas, Andalucía es la que tiene una mayor cantidad de hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: más de 266.000. Con alrededor 820.000 personas en ellos. Y entre sus provincias, la que alberga la capital, Sevilla, se sitúa en el primer puesto, seguida de Málaga y Cádiz.

Además, en el resto de país, destacan regiones como la Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid. Las tres están por encima de los 200.000 beneficiarios. En el polo opuesto, de los que tienen una menor cantidad de prestaciones, se sitúan La Rioja, Cantabria o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con ratio de beneficiarios por hogar más elevados.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas. Comenzó como una forma de amortizar el impacto económico de la crisis derivada del covid y fue enmarcada como una medida urgente dentro del "escudo social" ideado por el Gobierno. Fue aprobado mediante el Real Decreto-ley 20/2020, que estableció el ingreso como una prestación no contributiva de la Seguridad Social para combatir la pobreza severa y garantizar unos ingresos mínimos. 

Ya han pasado seis años y, aunque sigue vigente, varios colectivos demandan más. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV "marca la diferencia, especialmente en la infancia", y demuestra que el Gobierno está "donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país".

La Cañada sigue a oscuras. Lo que comenzó como un corte del suministro de la red eléctrica el 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, se mantiene desde hace más de cinco años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que discurre por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Pero, de las 4.500 personas que viven allí, 1.800 están sufriendo algo que, en muchas ocasiones, es lo único que han conocido. 

Los niños y adolescentes de la Cañada sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de vivir apartados del mundo. Pero la posibilidad de salir de allí cada vez se hace más pequeña. Con la falta de electricidad, el ascensor social más efectivo de la democracia, la educación, se rompe ante una realidad: en la oscuridad y en el frío, no hay quien estudie. 

La excusa de Naturgy para dejar a toda una población sin luz fue que en el asentamiento había sobrecargas en la red debido a varios enganches ilegales. No ha habido soluciones reales, a pesar de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha establecido que se están violando derechos fundamentales como el de tener una vivienda digna. En este mismo escrito, se recoge que el Estado no está garantizando el derecho a la educación de la población de la Cañada. 

Precisamente, en la Cañada hay muchos que ni siquiera pueden ir a la escuela. Según un informe de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, recogido por Vallecas Va, tan solo un 20% de los niños entre tres y seis años están escolarizados y de doce a dieciséis, solo el 24%. Los jóvenes tampoco pueden acceder a un centro que sea próximo, sino que se mueven hacia otras zonas madrileñas como Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid o Perales del Río, en Getafe, con alrededor de 1.296 desplazamientos diarios, según este mismo estudio. 

De ellos, no muchos logran superar la etapa. La falta de recursos en casa también hace que el abandono de la escuela llegue pronto. “Muchos de los chavales ven más viable ponerse a hacer una FP y quitarse los estudios rápido o directamente ponerse a trabajar para ayudar en casa”, cuenta María, profesora de un instituto de Vallecas, que escolariza a varios jóvenes de la Cañada. 

Tampoco si se quedan es fácil. Según el informe La Cañada Responde, realizado por el Centro Sira, junto al Grupo de Acción Comunitaria, un 78,4% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Cañada Real tienen o han tenido dificultades en el aprendizaje y en su proceso educativo debido al corte del suministro eléctrico. Los propios familiares de los jóvenes acreditan en el estudio que sus hijos han empeorado su rendimiento y que su actitud frente a los estudios ha ido cambiando a peor. 

La propia forma en la que ha evolucionado la educación supone un problema para estos jóvenes. Ahora, con las nuevas tecnologías, tener una conexión a internet es casi indispensable para poder rendir en la escuela. De los libros de texto se ha pasado a los PDF y de los deberes a mano a las actividades interactivas. Algo que en la Cañada es prácticamente imposible. Y eso, en la escuela, se nota. 

Un 92% de la población en la Cañada tiene dificultades para realizar acciones que ahora nos resultan tan naturales como acceder al wifi o cargar el móvil, según el estudio de La Cañada Responde. “En la educación me ha afectado mucho. Justo antes de que cortaran coincidió con la pandemia y era todo online, así que tenía muchos problemas para poder cargar el ordenador e iba fatal el generador”, cuenta una de las entrevistadas por el Centro Sira.

“El acceso a poder estudiar en invierno a partir de las cinco y media de la tarde, o a poder tener internet para consultar o para realizar trabajos o aprender, está completamente delimitado”, explica Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira. La propia dependencia de los alumnos durante la pandemia, que ha derivado en un mayor uso de las TIC en las aulas, ha hecho que aquellos alumnos que no puedan optar a una conexión se queden atrás.

Tampoco sus padres pueden hacer mucho más por ellos. Desde el Centro Sira cuentan a infoLibre que, al no tener acceso a la electricidad, las tareas de casa se acumulan y, para solucionarlas, necesitan más tiempo y esfuerzo. Hasta hacer la comida se convierte en una odisea. “La estructura familiar también se ve afectada porque quienes son los proveedores de recursos sufren un impacto derivado de la falta de suministro eléctrico y no pueden atender a sus hijos”, denuncia López Neyra. 

La posición socioeconómica de los padres también condiciona la forma en que los hijos afrontan los estudios. Según un estudio de la Fundación Foessa, los estudios de los padres tienen un impacto directo sobre los estudios de los hijos. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en este informe, el 80,2% de las personas cuyas madres tenían estudios universitarios alcanzaron su mismo nivel. Pero si por el contrario, la madre no tenía estudios primarios, la cifra se reducía al 4,6%. Es simple: si los padres han podido estudiar, los hijos podrán estudiar. Y si no ha sido así, se convierte en casi una misión imposible. 

La distancia también es un gran impedimento a la hora de mantener la motivación por la escuela. La Cañada no tiene un centro propio y a los que pueden ir, en Rivas, Vallecas o Getafe, están a kilómetros y kilómetros del asentamiento. 

Antes de que consiguieran tener un autobús –un derecho que lograron hace solo seis años–, los alumnos tenían que ir en coche (si sus padres podían llevarles) o a pie. Aunque ahora pueden ir en transporte público, la mejora no ha sido suficiente. Los trayectos que hacen los alumnos para llegar a sus centros de estudio pueden durar horas y horas, si es que los autobuses pasan. Muchos de ellos tienen que esperar y perder un tiempo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. 

De hecho, María cuenta que varios de sus alumnos no siempre llegan a la hora de clase. De nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden. “La ruta de la Cañada es complicada. Hay chavales que tienen que estar una hora esperando el autobús, llega tarde o no llegan porque la ruta falla. Entonces tienen más faltas y más retrasos, pero está justificado. No es solo una cuestión de ‘me da igual el instituto’. Son muchas las razones por las que puede haber absentismo”, cuenta María al otro lado del teléfono. 

La propia situación en la que se encuentran los vecinos de la Cañada causa que concentrarse sea una misión imposible. El informe del Grupo Sira también pone nombre a lo que muchos se imaginan que sucede cuando se corta el suministro eléctrico. En un entorno así, afloran el miedo, la ansiedad y el estrés. En concreto, el 90% de los vecinos de la Cañada sienten tristeza prácticamente a diario. 

Todo ello acompañado de la discriminación. En el mismo informe, los investigadores encontraron –a través de entrevistas– que un 54,3% de la población de la Cañada percibe que el estigma sobre ellos se ha agravado. Algo a lo que contribuye (como todo) la falta de electricidad. 

La imposibilidad de mantener una higiene debido a la falta de agua hace que el rechazo de los otros se encuentre con “justificación”. A ello también se le añade la etiqueta de criminalidad impuesta y normalizada por muchos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a justificar los cortes relacionando delincuencia y Cañada como si se tratasen de sinónimos. La frase “tener los Porsche ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no”, todavía resuena en el asentamiento.

“Hay toda una narrativa institucional y mediática que ha conseguido criminalizar a la Cañada y eso afecta a los chavales que viven ahí. Al final cuando llegan a otros entornos, no saben si va a ser un lugar seguro, acogedor o si les van a juzgar; y eso hace que vayan a la escuela con esa percepción”, zanja López Neyra. 

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en el mes de febrero a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas, con una cuantía media de la prestación de 545,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina de este mes ha ascendido a 472,2 millones de euros, según recoge EFE. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado este viernes en un comunicado que más de dos tercios de los hogares que reciben dicha prestación contaban con menores, en tanto que representan el 41% de los beneficiarios (1.013.102). Además, el 17% de los hogares eran monoparentales, es decir, que solo tenían un adulto (normalmente mujer) a cargo de los menores.

Las mismas fuentes explican que el IMV tiene "un marcado perfil femenino", ya que el 68% de los titulares (551.113) y el 53,4 % de los beneficiarios (1.323.208) son mujeres.

En febrero de 2026, había 122.921 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone que los hogares protegidos han aumentado un 18%, mientras que los beneficiarios han crecido un 18,1%, hasta los 379.731, y desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a casi 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en febrero llegó a 560.800 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,1 euros por cada menor y de 119,9 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que "la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social siguen bajando en España, hasta la cifra más baja de la serie histórica, y también entre las mujeres". Añade que el IMV es "una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad" y recuerda que desde su puesta en marcha ha protegido a 1,9 millones de mujeres.

La desigualdad está pasando de ser un debate macroeconómico y una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que no llegan a fin de mes, a ocupar un papel creciente en la política. Este viernes la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid acogió el seminario “Desigualdad: es hora de actuar”, que clausuró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su comparecencia, el presidente anunció la creación de un grupo de trabajo centrado en investigar sobre desigualdad con el fin de “diseñar políticas públicas” que anticipen estas dinámicas.

En el equipo confluirán expertos del CSIC, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina de Prospectiva y Estrategia del Gobierno. El "Estudio Generaciones del Futuro", que así se llamará, tendrá como objetivo entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades. 

"El 35% de la desigualdad de ingresos se explica por el origen familiar", señaló el presidente, quien se refirió a la "desconexión entre el crecimiento económico y las clases medias y trabajadores" como una "trituradora de salarios". "La economía crea valor, pero hay una parte que se captura antes de llegar a los hogares".

Sánchez inició su discurso de clausura describiendo, como lo hiciera Mariano Rajoy allá por 2008, la trayectoria vital de una joven ficticia de nombre Ana, que con 30 años y un trabajo estable, había llegado a esa posición después de estudiar en la pública y siendo hija de un padre que había vivido lo peor de la gran crisis de 2007. Un elogio a lo público, un reproche al “neoliberalismo” y, quizá, una pulla a la gestión de su predecesor en La Moncloa. “Las decisiones económicas conscientes son las que están detrás de estas situaciones”, señaló. Recogiendo, de paso, uno de los malestares sociales que más resuenan en este momento, como lo es el lastre de los precios y de la vivienda en el poder adquisitivo de los españoles. 

Sí reconoció el presidente “que queda muchísimo por hacer”, en referencia a una “creciente insatisfacción” ciudadana, pero poniendo en valor —como ya lo hiciera el ministro de Economía esta misma mañana— el comportamiento del empleo, la expansión económica y la política fiscal del Gobierno. “Educación, empleo y fiscalidad son las tres prioridades cuando hablamos de lucha contra la desigualdad”, subrayó.

Durante el acto Sánchez criticó también que las comunidades autónomas no aprovechasen las herramientas que da el Gobierno en materias como la vivienda, algo que según él, incrementa esa situación de malestar. “Desde el Gobierno hemos aumentado la transferencia a las comunidades en 300.000 millones de euros, pero si se mira la satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios públicos, lo que se ve es una creciente insatisfacción que no es consistente con el aumento de transferencias”, señaló, a la vez que criticaba la gestión de la Comunidad de Madrid.

También hubo espacio para hablar de los salarios y de los beneficios empresariales. Como ya hiciera en el acto de firma del salario mínimo, pidió a las patronales una mayor implicación en la mejora de las condiciones laborales y criticó el papel de las grandes multinacionales y "oligarcas de la desigualdad", no sin cierta sorna, en el reparto de la riqueza global.

"Son oligarcas que lo que tratan es de consolidar un status quo de desigualdad que les va bien. Lo que queremos es que cumplan con sus obligaciones, que paguen sus impuestos y que paguen también más a sus trabajadores, porque les está yendo bien bajo este régimen comunista chavista que aparentemente vivimos desde hace siete años", concluía el presidente.

La apertura de la sesión corrió a cargo del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y contó con la intervención de los economistas Branko Milanovic y Gabriel Zucman. Este último es quien da nombre a la conocida como tasa Zucman, que pone el acento en la fiscalidad para lograr un reparto más equitativo de la riqueza gravando a los patrimonios más altos con un impuesto especial. Por su parte, Branko Milanovic impartió un seminario en el que habló, entre otras cosas, de la pérdida de poder adquisitivo en las clases medias de los países desarrollados y del crecimiento de economías emergentes como la de China o la de Indonesia. 

En su discurso Cuerpo reconoció también que “queda camino por recorrer” en lo relativo a la desigualdad pese a la expansión que vive la economía española. El responsable de economía ha puesto en valor circunstancias como la creación de empleo "de calidad", la reducción de la temporalidad o la mejora de la productividad por hora. Pero se puso como objetivo alcanzar una tasa de paro inferior al 8% como medio para paliar la desigualdad. 

"En muchos ámbitos apenas estamos recuperando la situación que existía previa a la crisis financiera, casi dos décadas después", insistió Cuerpo, quien puso como ejemplo el desempleo juvenil, que hoy está en el entorno del 23%, una tasa "demasiado elevada" pero diez puntos inferior a la de hace ocho años.

El Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE), que será también complementaria con la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y exclusión social.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este texto persigue garantizar el acceso universal asequible y sostenible a la energía como un derecho básico además de condición necesaria para una vida digna, ha agregado.

La ENPE 2026-2030 se plantea como un instrumento integral para reducir la vulnerabilidad energética y garantizar el acceso equitativo a la energía en condiciones de asequibilidad, seguridad y sostenibilidad, priorizando y concretando la actuación sobre aquellos pilares identificados como críticos.

El pasado año se dio comienzo al proceso participativo para la redacción de esta estrategia nacional con una consulta pública y un proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial.

La vocación para este nuevo periodo, 2026 a 2030, es realizar una transición desde un apoyo de carácter coyuntural a medidas estructurales que ayudan a los consumidores vulnerables.

Entre los objetivos estratégicos figura promover la implementación de medidas estructurales orientadas a reducir la pobreza energética, garantizar la efectiva protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad energética o un conocimiento adecuado que permita a las Administraciones Públicas y conjunto de agentes, en sus distintos ámbitos competenciales, caracterizar y abordar eficazmente la pobreza energética.

El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros la nueva y esperada Estrategia de Pobreza Energética, una actualización para los próximos cinco años de la guía que debe resolver el problema endémico de acceso a la energía en España, dado que millones de familias no pueden mantener una temperatura adecuada en su casa. Uno de los puntos a abordar es el reducido número de beneficiarios del bono social eléctrico y térmico. Por ello, el nuevo plan contempla crear una red de puntos de asesoramiento en municipios para darlos a conocer y ayudar con el papeleo.

Según el INE, uno de cada cuatro hogares en España (4,8 millones de viviendas) se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, pero los beneficiarios del bono social en diciembre de 2025 eran solo 1,73 millones de hogares, lo que significa que este recurso apenas llega al 36% de quienes lo necesitan. Un estudio de Esade de 2022 llegaba a una conclusión parecida: las ayudas energéticas las reciben el 24,5% de las familias que cumplen con los requisitos.

El Gobierno tiene desde hace años el compromiso de incrementar esa cifra, pero hasta ahora no había desarrollado ningún programa para lograrlo. La nueva Estrategia 2026-2030, sin embargo, incluirá un "programa de apoyo a la constitución de puntos de asesoramiento energético" que podrán ser fijos o itinerantes, según ha podido saber infoLibre. Allí se aclarará si una familia cumple los requisitos para acceder a estas ayudas con el objetivo de captar a cientos de miles de familias.

La nueva estrategia también abordará el problema de los cortes de luz introduciendo el conocido como "principio de precaución", un protocolo para evitar que hogares de bajos recursos se queden sin energía. El problema no se resolverá inmediatamente porque el plan solo emplaza al Gobierno a introducir cambios a través de una futura ley, puesto que la Estrategia no tiene rango normativo. Como ejemplo de lo que podría llegar a ser, Cataluña ya cuenta con una ley autonómica de principio de precaución en los cortes de luz que obliga a las comercializadoras eléctricas a contactar con los servicios sociales antes de desconectar un domicilio. De esta manera, se activa un protocolo para resolver la situación.

Entre otras medidas, el nuevo plan del Ministerio de Transición Ecológica incluye también la introducción de la pobreza energética en la Atención Primaria, de manera que los centros de salud introduzcan en el historial médico si el paciente puede mantener una temperatura adecuada en casa, debido a que este problema también tensa el sistema sanitario, incrementando las enfermedades respiratorias e incluso la mortalidad.

La nueva Estrategia de Pobreza Energética llega un año tarde –debía haberse implementado el 1 de enero de 2025, cuando caducó la anterior– y no tendrá una dotación económica propia. Sus medidas se costearán con el presupuesto que ya tiene el Ministerio de Transición Ecológica y con una partida extra que provendrá del Fondo Social para el Clima, una hucha de 6.800 millones de euros procedentes de fondos europeos que se pondrá en marcha este año.

La primera de las medidas anunciadas, la puesta en marcha de las oficinas de asesoramiento para el bono social eléctrico, era una de las peticiones que habían hecho las organizaciones de consumidores para reducir la brecha entre quienes cumplen con los requisitos y quienes efectivamente lo reciben. Esta ayuda –pagada entre todos los consumidores de electricidad con un suplemento en el recibo– supone en 2026 un descuento sobre el coste de la luz del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. En el caso del bono térmico, es una subvención cubierta con presupuestos nacionales y autonómicos cuya cuantía varía en función de la comunidad autónoma y la región climática del domicilio.

Cecilia Foronda, encargada de Transición Justa de la Fundación Ecodes, opina que esta red de ayuda presencial o telemática es una buena solución porque el asesoramiento individual tiene muy buenos resultados. Su organización lleva desde 2013 ayudando a familias vulnerables a acceder a ayudas, a mejorar hábitos de consumo energético o a rehabilitar domicilios, con muy buenos resultados. "De las 7.000 familias que atendimos el año pasado, el 74% no disfrutaba del bono eléctrico, y a final de año lo consiguió el 92%. Queda patente que cuando informas y acompañas, logras que las políticas públicas funcionen", valora.

Aunque las organizaciones de consumidores vean con buenos ojos la creación de esta red de oficinas, subrayan que esta no es la mejor política posible para mejorar la penetración del bono social. El Ministerio de Transición Ecológica valoró en la Estrategia de Pobreza Energética pasada (2019-2024) introducir un sistema automático que otorgase el bono eléctrico y térmico a quien cumpliese los criterios de renta, pero se terminó desechando por problemas con la Ley de Protección de Datos, según fuentes del sector.

Soledad Montero, experta en energía de la organización de consumidores CECU, sigue insistiendo en que habría que buscar la fórmula para encajar legalmente ese mecanismo automático. "La automatización de las ayudas energéticas es imprescindible. Si se hace en Portugal, no es posible que no se pueda hacer en España", subraya.

En todo caso, el incremento de los precios de la luz de los últimos años ya ha servido para atraer a 500.000 domicilios al bono social eléctrico en los últimos seis años, hasta superar los 1,7 millones de inscritos. El bono social eléctrico crece al mismo ritmo, ya que al tener el bono social eléctrico se concede automáticamente el térmico.

El último informe de la Universidad Pontificia Comillas sobre pobreza energética demuestra que queda mucho por hacer y que millones de españoles necesitan apoyo urgente para pagar las facturas. En 2024, el 27,1% de los hogares afirmó que no se pudo permitir gastar lo necesario para calentar su casa, y el 9,3% ni siquiera puede pagar una cuarta parte de lo necesario para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

Casi una quinta parte de la población de Bélgica está en riesgo de pobreza. Son 1,9 millones de personas las que sufren ese grave problema y el de la exclusión social aparejada, en parte porque un 10% de los belgas perciben unos ingresos inferiores al nivel de pobreza, situado en 18.780 euros por año. Se trata de familias donde atender necesidades básicas como el pago de las facturas energéticas, de agua y comida, reemplazar el mobiliario de sus hogares o realizar viajes regulares se convierte en una recurrente cuesta de enero.

El reciente informe European Consumer Payment sobre los hábitos financieros de los belgas explica que en 2025 ocho de cada diez ciudadanos pagaron a tiempo sus facturas, el nivel más alto desde 2019. Pero el documento elaborado por la sociedad financiera Intrum también advierte de la creciente preocupación por la evolución de la economía, de que un tercio de la población posterga importantes decisiones de gasto y de que los planes de austeridad desarrollados por el Gobierno federal amenazarían aún más estas perspectivas familiares.

Bélgica, pese a estas cifras, es uno de los países con menores índices de pobreza de la Unión Europea, con caídas sostenidas durante los últimos seis años, en parte gracias a aplicar medidas como el aumento del salario mínimo o las ayudas energéticas durante la crisis del precio del gas y la luz, desarrolladas por el anterior Gobierno federal, de Alexander De Croo. Sin embargo, este progreso se ve amenazado por el actual Ejecutivo de Bart De Wever, liderado por una formación de ultraderecha, que en el último año viene aplicando recortes presupuestarios.

Esta semana las calles de Bruselas han vivido nuevas manifestaciones de miles de personas contra los ajustes aplicados en el sector educativo. Sindicatos de profesorado, asociaciones de madres y padres y movimientos estudiantiles rechazan el aumento de las horas de trabajo de los docentes, la reducción de las partidas para la gratuidad escolar o el aumento de las tasas en la educación superior. Fue la tercera jornada de una serie de protestas que culminará en una manifestación nacional a mediados de marzo. En paralelo a estos recortes en la educación, la menor revalorización de los salarios o el endurecimiento en el acceso a la pensión mínima son otras medidas criticadas por los sindicatos belgas FGTB (Federación General del Trabajo de Bélgica, por sus siglas en francés), CSC (Confederación de Sindicatos Cristianos, por sus siglas en francés) y CGSLB (Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica, por sus siglas en francés) como factores de riesgo para un empobrecimiento de la población.

Las demandas de las tres grandes plataformas sindicales del país coinciden con la propuesta recién aprobada por el Parlamento Europeo para que la UE desarrolle una nueva Estrategia contra la Pobreza y que declara este problema como “una violación de la dignidad humana” y pide a la Comisión y a los Gobiernos de los 27 “trabajar urgentemente para erradicar la pobreza como muy tarde en 2035”.

Los datos de la Comisión Europea muestran que en toda la UE hay cerca de 93 millones de personas que viven en la pobreza o están en riesgo de caer en esa situación o en exclusión social, es decir, aproximadamente el 20,8% de la población, y de ellos, veinte millones son niños y niñas. Esta última cifra supone que una cuarta parte de la infancia en los 27 está afectada por la pobreza. El Pilar de los Derechos Sociales de Bruselas comprometió en el 2021 a que la UE redujese en quince millones las personas en riesgo de pobreza para el 2030, un objetivo que no se está cumpliendo.

Las prioridades de los Estados miembros en el gasto público están en el origen de este desfase entre realidad y voluntad. Un reciente análisis del think tank Friedrich Ebert Stiftung sobre los recortes del Gobierno rumano en su sistema educativo detalla que en el año lectivo 2025-2026 se han reducido las becas para miles de estudiantes, se han fusionado 500 escuelas, se ha incrementado el tamaño de las aulas y se ha endurecido el acceso al transporte escolar gratuito. Como resultado, según la fundación política más antigua de Alemania, 345.000 estudiantes perdieron sus becas en los dos primeros meses del curso, cerca de 440.000 niños se han visto completamente fuera del sistema educativo y Rumanía tiene la tasa de abandono escolar más alta de la UE, del 16,8% frente a la media del 9,4%. “Se están repitiendo errores de la pasada década en una política que golpea a los niños más vulnerables... los niños pobres y aquellos que no destacan ya no son una prioridad”, denuncia el Friedrich Ebert Stiftung.

El texto de la Eurocámara en favor de una estrategia común, aprobado por una amplia mayoría de los legisladores, es “también una llamada en favor de recursos presupuestarios adecuados para las medidas antipobreza en el Marco Financiero Plurianual de la UE y de una coordinación apropiada entre la UE y los Estados miembros”.

El Parlamento Europeo demanda mejor apoyo de Bruselas a los países para implementar la Garantía Infantil Europea, el programa comunitario que cofinancia inversiones a nivel local y regional con el objetivo de garantizar a la infancia acceso a la sanidad gratuita, educación, cuidados infantiles o nutrición. Los eurodiputados exigen al menos 20.000 millones de euros en el presupuesto de la Unión para ese programa y que los Estados miembros aporten el 5% de las partidas del Fondo Social Europeo a proyectos específicos que combatan la pobreza infantil.

El reto que afrontan la Comisión y los Estados miembros es incrementar las inversiones públicas en políticas que garanticen precisamente el acceso universal a la vivienda, comida y agua, atención sanitaria, energía y transporte como forma de reducir la pobreza en el continente. Según el texto del Parlamento, “esto podría ayudar a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y potenciar la inclusión social y laboral”.

El ponente de la resolución fue el portugués João Oliveira, para quien “la estrategia antipobreza debe ser ambiciosa” y “afrontar las causas estructurales de la pobreza, promover una distribución más justa de la riqueza, mejorar las condiciones de trabajo, asegurar una inversión robusta de los servicios públicos y garantizar el acceso a una vivienda justa para todos”. El diputado del grupo de La Izquierda apuesta por “una activa participación de la gente que ha experimentado la pobreza en el diseño de estas políticas” y cree que “un presupuesto adecuado es esencial para alcanzar” la erradicación de la pobreza en la UE.

Antes del verano la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a lanzar la Estrategia Europea contra la Pobreza, ahora con deberes claros de inversión pública tanto en el presupuesto comunitario como para los Estados miembros. Von der Leyen prometió ante la Eurocámara que en 2050 esa lacra ya no existiría en toda la Unión, un objetivo cada vez más lejano.

El ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, propondrá este viernes al resto de países de la UE un nuevo impuesto que grave con un 2% los patrimonios superiores a cien millones de euros para fortalecer las políticas sociales, con el que podrían recaudarse 67.000 millones de euros al año, informa EFE.

"Debemos demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad", ha dicho Bustinduy en un comunicado difundido por su Ministerio desde Chipre, donde participa hoy en una reunión informal de ministros de Empleo y Asuntos Sociales.

En esa nota se afirma que ese "impuesto para los ultrarricos" fortalecerá la política social en la UE "que está siendo cuestionado por partidos de extrema derecha".

El ministro opina que esa tasa, ideada por el economista francés Gabriel Zucman, recaudaría sólo en España unos 5.200 millones de euros, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un dinero que podría destinarse a la lucha contra la pobreza infantil.

El ministro afirmó que en toda la UE podrían recaudarse hasta 67.000 millones con lo que llamo una "tasa mínima" del 2%, según declaraciones en vídeo distribuidas por el canal de comunicación de la Comisión Europea.

Un dinero, dijo, con el que se podrían financiar programas sociales para reforzar la "cohesión social y generar la base sobre la que Europa asuma de una vez un papel independiente y autónomo en el mundo".

"La única respuesta que Europa puede darle a este tiempo de zozobra y de incertidumbre es profundizar en su identidad social, es reforzar las redes de protección social, es construir ese pilar social que le ha faltado al proyecto europeo durante tanto tiempo", afirmó el ministro en ese mensaje.

El Gobierno aprobó esta semana una prestación universal por crianza a toda familia con menores para erradicar la pobreza infantil. De hecho, Bustinduy propondrá en la reunión de este viernes que esa prestación se incluya en la futura estrategia de la UE contra la pobreza, y que ese derecho vaya acompañado de un sistema fiscal más justo y progresivo.

El ministro defenderá en la reunión de hoy la necesidad de "reinventar el modelo de bienestar" con el argumento de que fortalecer las políticas sociales es la mejor respuesta "a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos" actuales.

En la reunión de este viernes también planteará que el aumento de la esperanza de vida hace preciso un cambio en el modelo de cuidados que garantice la dignidad de las personas mayores o en situación de dependencia.

"Nuestro compromiso es asentar la reforma integral del modelo que hemos emprendido, para que sea más cercano y permita a estas personas que puedan permanecer en sus hogares tanto como sea posible y como ellos y ellas quieran", mantiene Bustinduy.

A los buenos datos de la macroeconomía se les viene atragantando el fenómeno de la desigualdad. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística daba algunas buenas noticias. En España el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha descendido una décima con respecto a 2024, hasta el 25,7%, el mejor dato desde 2008. Además, el volumen de personas en situación de carencia material y social severa se reduce desde del 9,1%, hasta el 8,5%. Sin embargo, pese a la mejora, hay un indicador que no tiende a la baja: el porcentaje de ciudadanos que no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos aumentó un 0,6%, hasta alcanzar al 36,4% de la población en 2025. 

Este equilibrio inestable es algo de lo que ya venían advirtiendo otros estudios como el IX Informe FOESSA Sobre Exclusión y desarrollo social, vinculado a Cáritas, que habla de una “contracción de la clase media”. En otro informe, en este caso de Oxfam, recogen que hasta “un 40% de las personas encuestadas no cuenta con margen para afrontar un gasto imprevisto superior a 600 euros”.

Un gasto inesperado que requiera de un desembolso extraordinario es la peor pesadilla de muchas familias de clase media y exacerba el riesgo de pobreza. Como se observa en el gráfico, la línea que representa a quienes no tienen capacidad de afrontar un imprevisto sube, mientras la de quienes tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes, baja.

La definición de clase media es muy difusa y, más que a parámetros económicos, tiende a hacer referencia a un colectivo dentro del que se identifican la mayoría de los españoles. Si lo definimos por el salario, la media en España en 2023 fue de 28.049 euros por trabajador, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE. Por otra parte, la mediana o salario más frecuente, se queda por debajo: en 15.574 euros brutos al año, un importe que aumentó un 8% con respecto a 2022 precisamente por la subida del SMI.

“Lo que estamos viendo es que la gente más vulnerable está mejorando un poco, aunque sin salir de la pobreza, pero los que están justo por encima están igual o peor que hace dos o tres años. De hecho, los ingresos salariales que más crecen son los del decil más bajo —por efecto de las subidas de SMI—, mientras que los deciles tres, cuatro y cinco son los que menos suben”, señala Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo en Oxfam Intermón. “Los sueldos que se regulan por convenio están subiendo, pero no tanto como el coste de la vida y eso lo que provoca es que empeore el indicador de pobreza sobrevenida”, explica.

“Todo indicador es relativo y, aunque es muy buena noticia que la tasa de pobreza mejore, este indicador hay cosas que no captura, como el hecho de que algunos bienes aumenten muchísimo su precio, como le ocurre a la vivienda”, explica la economista Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá. “Esto hace que el umbral de pobreza que estamos considerando no capte bien la subida de precios de la vivienda”. La profesora explica que si los bienes imprescindibles cambian mucho de precio —desde un alquiler hasta ir al dentista— el indicador se queda obsoleto y aunque la renta disponible de la gente aumente sobre el papel, puede haber personas en situación de pobreza porque esos bienes suben más. “Al dedicar mucho dinero a bienes que han incrementado el precio de manera brutal en poco tiempo, como la vivienda, eso hace que no quede demasiado para destinar a lo demás y por eso la dificultad para afrontar gastos sobrevenidos”, concluye.

Una avería en el coche, una derrama de la comunidad o una reforma en casa pueden suponer un problema muy serio. “Esta dualidad se da desde el momento en que se supera el umbral para recibir ayudas, pero el salario no es lo suficientemente alto y coloca a las personas en riesgo de sufrir carencias materiales”, coincide García-Gil.

Otro elemento a considerar es la forma en que se erosionan los ahorros, el famoso “colchón”. “Venimos observando desde hace unos años una pérdida de activos, como el ahorro en la cuenta corriente o en activos inmobiliarios, porque si no puedes comprar vivienda, no puedes acumular patrimonio”, explica Cantó. Esto se debe, abunda, a que la gente no está pudiendo afrontar cierto tipo de gastos y tira de sus ahorros para compensar la pérdida de poder adquisitivo. “Aunque yo tenga más ingresos que el año pasado, si se produce un shock puntual en mis cuentas, no puedo cubrirlo porque cada vez hay menos activos de los que tirar”. De nuevo, el resultado es una mayor inestabilidad económica y una mayor desigualdad de riqueza.

“Esta percepción de inseguridad económica es lo que creemos que está impulsando a muchas clases medias a votar opciones de extrema derecha que tratan de vender un discurso de estabilidad”, remarca la profesora. Porque lo que hacen es explotar el sentimiento de incertidumbre.

Hay muchos factores que erosionan el poder adquisitivo de las familias y vuelven más frágil su situación, pero la vivienda es determinante. Un estudio reciente elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), ha preguntado a los europeos si consideran que van a tener que abandonar su vivienda en los próximos tres meses por motivos económicos. Entre los 27 países, un 12,4% respondió afirmativamente, pero en España ese porcentaje se situó en el 19,4%. El quinto país que más incertidumbre les genera a los inquilinos, después de Grecia (29,2%), Eslovaquia (21,8%), Letonia (21,2%) y Bulgaria (20,8%). Además, apuntan que la situación es peor, recogen, si tu casero es un particular y si no existe un mediador de vivienda social.

Volviendo al terreno de las cuentas familiares, el INE también recoge una tendencia positiva en la evolución de la tasa de pobreza entre quienes viven en una vivienda protegida. Aunque en ese grupo un 40,5% está en riesgo, ese indicador ha descendido más de un 4% en dos años, mientras que quienes viven en pisos a precios de mercado han visto subir la tasa de riesgo desde un 31,8% el año pasado a un 32,6%. Si miramos las viviendas en propiedad, la tasa cae hasta el 14,5%. “Vemos que la tasa de pobreza y la tasa de riesgo de exclusión empeora entre la gente que vive de alquiler. Y de hecho empeora más en quienes viven en un piso a precio de mercado”, puntualiza el responsable de Oxfam.

De hecho, entre quienes menos ganan, el bocado de la vivienda a sus presupuestos es considerable. Revisando el INE, los hogares que menos pueden gastar dedicaron en 2024 el 60,2% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. De media, incluyendo todos los niveles de renta, el gasto en este ámbito se lleva el 32% del presupuesto total del hogar.

“El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza”, alerta el informe de Foessa. En sus estimaciones, los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, alrededor del 45% de la población que vive bajo este régimen se encontrase en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la Unión Europea. 

“Aquí hay una cosa primordial, que es que hay que avanzar hacia un sistema de protección social más universal”, insiste García-Gil. “Hay medidas que sabemos que funcionan en otros países, como la prestación universal a la infancia; solo con que esto se aplicara, se resolvería parte del problema de las clases medias, que tendrían unos ingresos extra”. Y, en su opinión, se atenuaría también parte de ese descontento social que enfoca hacia la gente que recibe ayudas y que muchos grupos ultras quieren aprovechar en su favor.

España siguió en 2024 en el grupo de países de la Unión Europea (UE) donde más personas tuvieron dificultades para calentar sus hogares adecuadamente, lo que se conoce como pobreza energética, según datos publicados este lunes por la oficina estadística comunitaria Eurostat. Las tasas más elevadas se registraron en Grecia y Bulgaria (19%), Lituania (18%) y España (17,5%).

Pese a seguir siendo un porcentaje de los más elevados de los Veintisiete, en España la situación mejoró con respecto a 2023, cuando el 20,8% de los ciudadanos tenía dificultades para calentar su hogar. Los datos se refieren a 2024, cuando el 9,2% de la población de la UE no podía mantener sus casas lo suficientemente calientes. En el caso de la UE, la tasa mejoró al disminuir 1,4 puntos porcentuales en un año.

En el extremo opuesto, los países con menos personas con problemas para calentar sus hogares fueron Finlandia (2,7%), Polonia y Eslovenia (ambos un 3,3%), así como Estonia y Luxemburgo (3,6% ambos). Comparado con la situación existente un año antes, el mayor aumento en el porcentaje de personas que no pudieron mantener sus hogares lo bastante calientes entre 2023 y 2024 se observó en Luxemburgo (con un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales), Malta (un punto porcentual) y Eslovaquia (0,2).

Por el contrario, 21 países de la UE informaron de una disminución durante el mismo período, encabezados por Portugal (con una caída de 5,1 puntos porcentuales) y España (donde la disminución fue de 3,3 puntos). Los Países Bajos fueron el único país donde la situación se mantuvo estable, con un 7,1% de hogares con dificultades en ese ámbito.

Los datos publicados este lunes se enmarcan en las estadísticas europeas sobre ingresos, inclusión social y condiciones de vida, que analizan aspectos objetivos y subjetivos, tanto monetarios como no monetarios, de hogares e individuos.

La Guardia Civil y los Mossos han detenido en Navarra a unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida, a una pareja de Mollerussa (Lleida) que también ha sido arrestada junto a su hijo de 20 años, con quien pretendían casarla. Todos los detenidos son acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

La adolescente, perteneciente a una comunidad romaní, ha sido liberada por la policía y se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat, tras ser localizada por la policía catalana cuando mendigaba ante un establecimiento comercial en la localidad de Les Borges Blanques (Lleida).

La Guardia Civil informa este sábado en un comunicado de que la "venta" de la menor tuvo lugar el pasado mes de enero en una localidad de la Ribera navarra. Los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida) para casarla con su hijo.

Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, precisa la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado". La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado.

La Guardia Civil en Navarra inició la investigación del caso tras una denuncia presentada ante los Servicios Sociales de la Comunidad Foral, donde el Equipo Mujer-Menor (EMUME) del cuerpo identificó a los padres "vendedores" y logró localizar a la menor, lo que comunicaron a los Mossos.

Los Mossos detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había "comprado" y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela, y en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.

El alcalde de Mollerussa, en declaraciones a la emisora RAC1, ha expresado "su sorpresa" e "indignación" por este caso, del que no tenían constancia en el Ayuntamiento de la localidad, según ha precisado.

El consistorio, ha agregado, no tiene constancia de que se hayan producido más casos de compra de menores en el municipio, y ha subrayado que este suceso es un ejemplo de que, lamentablemente, a veces "la realidad supera la ficción".

La desigualdad es un problema cada día mayor en una España que atraviesa un proceso de disonancia entre los buenos datos macroeconómicos y un pesimismo creciente por parte de la ciudadanía. Tenemos una de las tasas de desigualdad más altas de todo el continente europeo con 4,3 millones de personas en situación de exclusión social severa, de acuerdo con Cáritas. Los factores más claros: la vivienda y el empleo precario. Para los analistas, el precio de los alquileres es "la trampa de la pobreza" en España, ya que su progresión no se detiene y cada vez se lleva un trozo más amplio de los ingresos de las familias.

Al menos así lo afirma el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Este informe ha sido elaborado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El estudio refleja un problema estructural en España y, como afirma Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, “España se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas”. 

La cuenta es sencilla y sale de carrerilla. Si a un país con un índice de precios de vivienda disparado, le sumas una precariedad laboral que afecta a casi la mitad de la población activa (47,5%), el resultado es una población abocada a la marginalidad, con una tasa pobreza consistente de un 8% aproximadamente.

España, con su modelo de vivienda, promueve la adquisición en propiedad (sobre todo libre) como producto de inversión directa de los hogares. Con un parque de vivienda pública que ha supuesto apenas el 10% del construido en las últimas décadas, se ha provocado una gran dependencia del modelo de propiedad (75,5% de hogares en propiedad en 2021) lo que ha hecho que, a su vez, los precios de los alquileres también aumenten haciendo aún más inaccesible la vivienda, sobre todo para las clases más bajas. “La vivienda en España siempre ha sido un refugio de patrimonio y herencia y al final esto la convierte en un producto de inversión”, explica la abogada y experta en vivienda Alejandra Jacinto.

Los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, aproximadamente el 45% de la población bajo este régimen se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la UE. Este problema se une al de un parque urbano infrautilizado, cuya cifra, según el informe, alcanza los 3,8 millones de viviendas vacías en España, lo que supone un 14,4% del total. Para Jacinto la única manera de abordar el problema es conseguir que se blinde como un derecho la posibilidad de tener un hogar, independientemente de si es en propiedad o de alquiler. “Creo que la clave está en poner el foco en la garantía del derecho y no en el régimen de tenencia, que es lo que no hacen desde las instituciones españolas”, concluye.

El primer grupo que sufre de esta desigualdad estructural son las mujeres. El secretario general de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, Raúl Flores, señaló que las mujeres “asumen una doble e invisible carga: la parcialidad, la precariedad laboral y la brecha salarial fuera de casa, así como el trabajo de cuidados dentro” y que “la falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina”. 

Según estos datos, los hogares encabezados por mujeres han pasado de una tasa de exclusión del 17% en 2007 al 21% en 2024. Un factor que se agrava más en las familias monoparentales, donde ha pasado del 12% en 2007 al 29% en 2024. De hecho, del total de hogares excluidos en situación grave, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).

Los inmigrantes, por su parte, sufren este problema de manera mucho más radical que las personas autóctonas y la situación administrativa se ha convertido un determinante potenciador de esta situación. Casi la mitad de la población de origen inmigrante se encuentra en exclusión (47,4%). Además, según el informe, el 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso. 

Esta discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, aunque desde la Fundación FOESSA admiten que “no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”. 

Más allá del cliché de que las generaciones venideras serán las primeras en vivir peor que sus padres, lo cierto es que los grandes perdedores de esta fractura social son los jóvenes.  2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española. 

El informe refleja que este grupo accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores. Los menores de edad también son unos de los más damnificados ya que un tercio se encuentra en exclusión severa en España. 

Todo esto se traduce no solo en desigualdad material, sino en problemas anímicos y de salud mental que además van de la mano con el auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. Problemas, que según Cáritas, “paradójicamente no se está traduciendo en acción colectiva transformadora, sino en un repliegue individualista, en un «sálvese quien pueda» que resulta ineficaz y peligroso”. 

El nivel de aislamiento de las personas en exclusión severa se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. Pero desde Cáritas junto con la Fundación FOESSA mantienen la esperanza en que la situación cambie: “Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio, un nuevo pacto social basado en valores diferentes que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos los unos de los otros y dependemos de la naturaleza”, concluyó el coordinador del informe.

El 11,2% de los trabajadores españoles se encontraban en riesgo de pobreza en el año 2024, lo que situó a España como el tercer país con peor registro de la Unión Europea (UE), donde la tasa media fue del 8,2%, según informa EFE.

Son datos difundidos por la oficina europea de estadística Eurostat en un comunicado de prensa publicado en la víspera, a partir del último informe sobre condiciones de vida en Europa, en el que se destaca que el riesgo de pobreza "no solo afecta a las personas que viven en hogares con baja intensidad laboral o a las personas sin empleo", sino también a las personas que tienen trabajo.

Esta clasificación incluye la proporción de personas con una renta disponible inferior al umbral de riesgo de pobreza, que se fija en el 60% de los ingresos disponibles medianos del país, después de las transferencias sociales.

El estudio, que analiza la situación económica de empleados mayores de 18 años de la UE que declararon trabajar en 2024, por cuenta ajena o por cuenta propia, concluye que España fue el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza entre sus trabajadores, por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%).

El dato supone un descenso de una sola décima con respecto al año anterior, tras registrar en 2023 una tasa del 11,3%, aunque el país escala una posición, del cuarto al tercer puesto, por el notable descenso de Rumanía.

Por el contrario, las tasas menos elevadas las registraron Finlandia (2,8%), República Checa (3,6%) y Bélgica (4,3%).

Respecto a la UE, la tasa media de los Veintisiete se situó en el 8,2%, lo que supone un ligero descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto al año 2023, en el que se registró un 8,3%.

El análisis estadístico destaca además que este porcentaje es "notablemente inferior" en el caso de las mujeres (7,3%) que en el de los hombres (9,0%), distribución que se repite también en el caso de España, con un 12,1% de trabajadores masculinos en riesgo de pobreza frente a un 10,1% de mujeres.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 776.924 hogares en los que viven 2.3 millones de personas, según la última estadística publicada este martes por el Instituto de la Seguridad Social. De este conjunto solo 136.135 son hogares con nacionalidad extranjera, lo que supone un 17% del total, frente al 83% de nacionales. El perfil de quienes lo reciben es, además, eminentemente femenino: el 67,8% (527.042) de las titulares son mujeres y en cuanto a la protección que brinda, hay 1,2 millones de personas bajo este paraguas. El IMV es una prestación básica que cubre necesidades mínimas y asciende de media a 514 euros al mes por hogar.

Este mecanismo de subsistencia, que muchas veces se combina con otras ayudas como el Complemento de Ayuda para la infancia, ha sido objeto de polémica después de que el Partido Popular, acercándose a la posición de VOX señalase la pasada semana que el Ingreso Mínimo Vital no puede convertirse en un "medio de vida" para los migrantes. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo señalaba que había personas que podían entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar" y acabar pidiendo prestaciones como el IMV. Aunque lo cierto es que, por un lado, esa prestación es compatible con el empleo, por lo que percibir esta ayuda no es sinónimo de no trabajar. Por otro, el diseño de las condiciones para adquirirla requiere, entre otras cosas, que quien la pide haya residido legalmente en España durante al menos un año y se encuentre empadronado. Además, hay que estar inscrito como demandante de empleo y acreditar ingresos que no superen el umbral de pobreza. 

En el detalle de los datos, el ministerio recoge que desde su puesta en macha el ingreso ha dado servicio a casi 3,3 millones de personas que han pasado por esta cobertura en algún momento, de ellas, 1,4 millones fueron niños o adolescentes.

Pero esta prestación, que se aprobó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social no es tan laxa en su aprobación como pretenden hacer parecer algunos discursos. De hecho, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertía en julio que un 55% de potenciales beneficiarios se quedaba fuera, bien por dificultades a la hora de tramitarla o porque un cambio en sus circunstancias les lleva a perderla. “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo, que ha presentado una reclamación ante Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa denunciando estas dificultades.

El IMV se reformó para hacerlo compatible con un contrato de trabajo, ya que antes, poseer un contrato, aunque fuese con una nómina mínima, llevaba a la pérdida total de la ayuda. Además, en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no mengua el importe de la prestación si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir.

La vulnerabilidad aumenta cuando las posibilidades de elegir son mínimas. En el caso de los trabajadores migrantes, un estudio publicado recientemente en la revista Nature advertía que en España cobraban de media un 29% menos que las personas nacidas en el país. Una brecha mucho más significativa que en países del entorno como Alemania, Noruega o Francia, que se mueven en diferencias del 19% al 20%, Dinamarca tiene un 9% o Suecia un 7%. La razón es que los trabajos a los que acceden los recién llegados suelen tener peores condiciones, ser temporales o a tiempo parcial. En el análisis que AIReF hace del ingreso mínimo, pese a que detecta posibles beneficiarios que se quedan fuera, resaltan el papel de esta ayuda como protección contra la precariedad y los abusos del mercado. De hecho, sostiene que quienes la perciben aumentan en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido e indica que permite a los beneficiarios rechazar empleos precarios o poder negociar mejor sus condiciones.

La importancia de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha ido ganando peso en los últimos años, como se puede ver en el gráfico. Hasta septiembre de 2025, último dato disponible en la serie del ministerio, sobre un total de 21,7 millones de afiliados, 3 millones eran extranjeros.

En determinados sectores, de hecho, su papel es clave. Según los datos elaborados por el Ministerio, a lo largo de los últimos siete años los sectores en los que más suelen trabajar quienes llegan a España son la construcción, las actividades de transporte o almacenamiento, la hostelería, las actividades administrativas y la agricultura y ganadería. Y de hecho, en algunas comunidades donde el peso de estas actividades es mayoritario en la distribución de la oferta laboral, su papel es clave. Así, el peso de este colectivo alcanza un 21,8% en Baleares, un 17,6% en Cataluña, ronda el 16% en Melilla, Murcia y Madrid, supone más de un 15% en Aragón y Valencia; en Canarias y La Rioja se mueve en un 14%.

Los discursos antiiminigración tienden a poner el foco en un presunto abuso de las ayudas, pero obvian las contribuciones de quienes aportan al sistema. Otro ejemplo es la idea lanzada por el Partido Popular de crear un visado de puntos y a la carta para migrantes. Este documento prioriza a latinos frente a africanos por considerar que tienen una "cultura próxima" a la española, algo que, según ellos, le da una "mayor capacidad de integración". Una iniciativa esta que desde el PP afirman que está "por concretar". Lo llamativo, es que si revisamos los datos de afiliación extranjera, en septiembre fueron Marruecos y Rumanía las nacionalidades que más trabajadores afiliados tenían en el mercado laboral español en septiembre.

El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado este jueves su propuesta de nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que llega con un año de retraso. Las principales ayudas a las familias vulnerables, el bono social eléctrico y térmico, se quedan por ahora como estaban, pero se quiere agilizar su concesión porque ahora solo lo reciben uno de cada cuatro potenciales beneficiarios. El Gobierno estima que a cierre de 2024 alrededor del 15% de la población vive en pobreza energética (2,9 millones de hogares), pero quiere mejorar la información que tiene de este colectivo y creará para ello el Observatorio sobre Pobreza Energética.

La estrategia tiene ahora que ser consensuada con las organizaciones sociales y echará a rodar antes de 2026. Será una continuación de la estrategia 2019-2024, pero tratará de corregir algunas de sus grandes carencias. Una de las medidas más criticadas es que millones de los hogares más pobres no conocen los bonos energéticos –que cubren hasta el 50% de la factura de la luz y hasta 397 euros al año en gas– o no son capaces de rellenar el papeleo. El ministerio prometió en el pasado desarrollar un sistema de concesión automática que ha sido imposible de implementar, y ahora aboga por buscar fórmulas más realistas que se discutirán en los próximos meses. 

Según un estudio de Esade, en 2022 solo el 24,5% de las familias que cumplen con los requisitos, recibieron las dos ayudas. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) está realizando un seguimiento de 400 hogares con pobreza energética, y menos de la mitad recibía los bonos al inicio del proyecto. En todo caso, los beneficiarios de la ayuda eléctrica han crecido en 400.000 en seis años, hasta los 1,6 millones.

Otro de los frentes que quiere abordar la ministra Sara Aagesen es el abuso que ejercen las compañías eléctricas sobre los consumidores vulnerables, como las llamadas en frío en las que ofrecen supuestas ofertas que sacan al cliente de la tarifa regulada –la necesaria para acceder al bono social– con la promesa de ahorrarles dinero. Para solucionarlo, el Gobierno va a prohibir cualquier llamada no solicitada de una empresa eléctrica a partir de 2026. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya había solicitado esta medida.

En relación con estos abusos, el Gobierno también quiere acabar con las facturas sorpresa en las que, por un error de la compañía, se reclaman cantidades excesivas al cliente. Por ejemplo, si una persona no recibe facturas durante meses y le llegan todas de golpe, o si por un fallo en el contador se exigen pagos de hace meses. Entre las soluciones propuestas, se exigirá que el pago se fraccione en el tiempo o que caduque si corresponde a periodos de más de un año.

El Gobierno también prepara cambios profundos sobre la prohibición actual de los cortes de luz, gas y agua a personas en riesgo. En este momento, ningún cliente considerado vulnerable, vulnerable severo o atendido por los servicios sociales puede ser dado de baja por impago, pero tras cuatro años de excepción, los técnicos del ministerio reconocen que este sistema no es sostenible.

El ministerio quiere desarrollar una ley que proteja de estos cortes a las familias con problemas económicos y a los enfermos que necesiten acceso a la luz mediante "mecanismos efectivos basados en el principio de la precaución", pero sin abrir la veda a más de un millón de potenciales morosos, como en la actualidad. Por ahora no tiene claro cómo hará esa criba, pero quiere tener lista una alternativa a corto plazo.

La razón de este cambio es que algunos hogares simplemente han dejado de pagar por completo y han acumulado deudas astronómicas que alguien tendrá que abonar algún día. El segundo motivo es que hay familias con ingresos medios y altos que han aprovechado para ahorrarse las facturas porque están en uno de estos tres grupos, ya que hay excepciones como familias numerosas, monoparentales o personas con discapacidad que pueden acceder a estas casillas con requisitos económicos más laxos.

Las familias numerosas han tenido un acceso preferente a estas ayudas desde que se creó el bono social eléctrico en 2009. A diferencia del resto de aspirantes, no tienen que cumplir ningún criterio económico para ser catalogadas como "vulnerables". La anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió en 2023 que establecería un requisito de renta para estas familias, pero el Gobierno tiene todavía pendiente esta reforma.

Fuentes de este ministerio habían manifestado en el pasado que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética de 2026 sería el momento perfecto para corregirlo, pero por ahora no está claro que vaya a ocurrir. Según ha podido saber infoLibre, en los próximos meses se va a "reevaluar qué colectivos tienen que tener derecho al bono social", donde se valorará cambiar las condiciones de este colectivo, pero de manera consensuada con los afectados.

La trampa ha sido tan explotada que infoLibre lleva años publicando como diferentes políticos, como Alfonso Serrano –número dos del PP de Madrid–, pueden acceder a estos descuentos por su condición de familia numerosa.

¿Por qué crece Vox? La encuesta de 40dB para El País publicada este lunes ha confirmado que la extrema derecha española continúa el marcado camino al alza que inició en mayo (un punto al mes, hasta alcanzar un 17,4% de intención de voto, muy por encima de lo que consiguió en las elecciones de hace dos años), sobre todo a costa del PP.

Un crecimiento que coincide con la aparición o extensión de varios casos de supuesta corrupción en las filas del PSOE y del PP —los de Cerdán y Montoro— y con la decisión de Alberto Núñez Feijóo de hacer suyo el discurso antiinmigración de la extrema derecha. Los primeros alimentan la antipolítica, de la que Vox es hoy el principal representante en el Congreso, lo que según los expertos en demoscopia le permite movilizar voto de la abstención. Lo segundo, como demuestran numerosos precedentes europeos perfectamente documentados por el mundo académico, blanquea y normaliza el discurso xenófobo, lo que acaba por favorecer a sus impulsores: los votantes suelen preferir el original a la copia.

Vox nació o tomó fuerza impulsado por la reacción del nacionalismo español frente al independentismo catalán y casi inmediatamente alzó el vuelo haciendo bandera de la xenofobia, la islamofobia y las guerras culturales (cuestionando la violencia machista, la crisis climática o los derechos trans). Pero, ¿sigue siendo ese su principal motor? ¿O ya están operando razones económicas en la transversalidad, cada vez más importante, de sus votantes?

“Ahora mismo es muy complicado distinguir” entre unas causas y otras, confiesa Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III y experto en partidos, sistemas electorales y participación política. Son asuntos “relativamente solapados” que “interactúan” entre sí.

Es verdad, explica, que hay un elemento vinculado “al malestar” de una parte de la sociedad que tiene que ver con lo que la academia llama los “perdedores de la globalización”: las personas que han visto reducidas sus oportunidades de mejorar de posición económica y que no tienen expectativas de hacerlo a medio o largo plazo.

Simón recuerda que en la mayoría de los lugares del mundo “lo que estamos viendo es que los partidos de extrema derecha crecen entre las clases medias que votaban a la derecha tradicional y entre las clases obreras que votaban a la izquierda”. Pero en el contexto español “esto no se está manifestando exactamente así. No sabemos en el medio plazo, pero hay un mito persistente que es esta idea del obrero que votaba al PSOE antes y ahora vota a Vox. Eso no se está dando”.

Los “sectores con menos recursos, los que consideraríamos trabajadores manuales no cualificados o cualificados clásicos, o se abstienen o votan mayoritariamente al PSOE. También porque son gente que normalmente tiene una edad media más alta y eso hace que estén más vinculados con el PSOE”.

Ahora bien, precisa, “sí que es verdad que entre los sectores con menos recursos que votan a la derecha es Vox el que arrasa. Es decir: el PP está perdiendo esos sectores de menos recursos que le votaban”. Los obreros de derecha y los sectores con menos recursos votan a Vox antes que al PP, resume.

Así que no hay fuga de la izquierda hacia Vox, insiste el profesor de la Carlos III, sino un trasvase en el bloque de la derecha hacia el partido de Abascal, que también gana de la abstención. Y eso significa que, al menos de momento, “no estamos viendo lo que sí pasa en otros sitios, lo que pueda ocurrir en Francia o lo que pueda ocurrir en Alemania”.

Peter Matuschek, del instituto de opinión pública alemán Forsa, tiene claro que el ascenso de la AfD en su país no es resultado de su discurso contra la inmigración, sino de factores económicos.

La AfD, recuerda Matuschek, “estaba en torno al 3% [en intención de voto] cuando surgió la crisis de los refugiados en 2015. El partido logró alcanzar el 12,7% en las elecciones de 2017, pero perdió votantes hasta la última elección en la que participó Merkel. Llegaron a 2021 con alrededor del 10%”. Su verdadero salto se produjo en 2022 y 2023, cuando la coalición liderada por Olaf Scholz comenzó a hacer agua por razones principalmente económicas.

El experto alemán hace referencia a una ley elaborada por el Partido Verde, que componía la coalición de gobierno con el SPD de Scholz y los liberales del FDP, que fomentaba el cambio de los sistemas de calefacción domésticos basados en combustibles fósiles por eléctricos, más caros, aunque hubiera subsidios. La narrativa de la extrema derecha amplió la discusión a otras áreas del comportamiento.

“En ese momento, la AfD ni siquiera necesitaba jugar con la cuestión de la inmigración”, subraya Matuscheck. “Lo que hizo la AfD fue presentarse como el partido de la gente normal. ‘Cuando votas por nosotros, puedes comer lo que quieras, no te haremos vegetariano, puedes usar petróleo, puedes usar gas, no te enseñaremos cosas”. En el sentido de que “no te costará más”.

En España lo que estamos viendo, añade Pablo Simón, es también un voto de insatisfacción antipartidista que recoge Vox, un elemento de voto protesta que explica también por qué se está transversalizando. Crece en prácticamente todos los segmentos, salvo entre los pensionistas, prosigue Simón.

“Lo que sí captura Vox es el voto, podríamos decir, de la ansiedad económica”, señala. “El voto de aquellos sectores que están en un contexto de incertidumbre, de vulnerabilidad”. “La inflación ha golpeado a todos los segmentos, pero más a las clases medias y bajas”. “Normalmente, las crisis de inflación, como la que estamos viviendo, o cuyos efectos aún se notan, hacen que normalmente se gire más a la derecha. Yo creo que eso puede explicarnos un poco el puzle que tenemos ahora”, concluye.

“Es interesante porque estamos viendo que Vox, que era un partido que antes tenía el voto de las clases altas, de la gente con más recursos, de la gente más preocupada con el procés, está cambiando. Está llegando ahora a segmentos electorales nuevos tratando mucho el tema de la inmigración y del voto protesta”.

Los datos de los más recientes estudios de opinión del CIS, incluido el último barómetro, pero también los que recogen las opiniones de los ciudadanos respecto a los impuestos y la situación social, retratan a unos votantes de la extrema derecha muy movilizados en asuntos como la inmigración, pero sobre todo en lo relacionado con la economía.

Son los menos satisfechos con su actual nivel de vida: poco, 27,4%, o nada, 11,9%. Las medias son de 22,8% y 6,4%. Ningún otro partido está peor.

También son los que más dicen que les resulta difícil llegar a final de mes, en porcentajes muy superiores a la media o al resto de partidos, en particular entre quienes no tienen más remedio que endeudarse para sobrevivir. Algo que atribuyen —más que cualquier otro grupo de votantes— al alza continuada de precios por la inflación y al estancamiento de los salarios.

Los que apoyan a la extrema derecha creen que cada vez hay peores condiciones para encontrar empleo, a la vez que afirman tener a más personas en paro en su entorno. Son los más pesimistas del arco político a la hora de predecir lo que viene: el 88% sostiene que todo irá a peor y que se van a reducir sus posibilidades de adquirir bienes de consumo (desde automóviles a muebles, electrodomésticos u ordenadores).

Los datos del CIS retratan fielmente a los partidarios de Vox como los que peor califican su propia situación económica y la del conjunto del país, en ambos casos muy por encima de la media. Los que creen que España es hoy más desigual que nunca en los últimos diez años, los que más creen que no tienen las mismas oportunidades que sus padres.

Junto con los votantes de Sumar, son quienes se muestran más pesimistas acerca de la evolución de los precios de la vivienda y, de hecho, son los que menos piensan que podrán adquirir una algún día.

Lo que no quita que sean, al mismo tiempo, los votantes más antisistema, los que más culpan de los problemas no sólo al Gobierno sino a los partidos políticos en general.

Si ganas 1.400 euros al mes ya te pueden contar milongas. Eres pobre y lo sabes. Ya te gustaría destinar el 40% del salario para el alquiler, una burrada según los expertos, pero en mi ciudad, pero ejemplo, una casa de ese precio no la encuentras. Ni en sueños.

A ver si Sánchez se entera de lo que supone llevar 10 años compartiendo piso. O habrá que buscarse una pareja para compartir los gastos. Un piso de una habitación. Puro amor inmobiliario.  Y mejor no pensar en el futuro, que es para no dormir.

Que le diga el presidente a estos jóvenes que España va bien. Como reírse en su cara, no nos engañemos. Bueno, a los que cobran 3.000 euros me callo. Pero hablamos de gente con estudios, formada. Gente que tenía otras expectativas y que no tiene nada. Hagan números. Los chupasangre de los caseros los están matando, con la venia del Gobierno y del libre mercado. Sí, un Gobierno social tendremos. Ya. El permiso ampliado por hijo a ellos les importa un rábano. En hijos estarán pensando…

Muchos de estos jóvenes ven a sus padres defendiendo a este Gobierno y flipan… con lo que  abominaban de otros gobiernos corruptos y sus imputados… Como para decirles que voten a éste. Y una mierda. Antes votan a quienes les dicen que las cosas no van bien.

Tampoco se les podría culpar tanto por eso, si es lo que ven, si es lo que viven…Y los otros, claro, lo saben y más leña echan al fuego. A ver cómo apagamos esto. 

En España el sueldo es vergonzoso.  De pobres. ¡Si hace ya 30 años que malvivían los mileuristas!

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Olga Gutiérrez Cervera es socia de infoLibre.

Asistimos horrorizados a un genocidio que no conoce límites. Las poblaciones civiles —los más vulnerables— están siendo masacradas sistemáticamente, no solo por la violencia directa, sino también por una estrategia de aniquilación que utiliza el hambre como arma. La desesperación por un bocado de pan, por una gota de agua, se ha vuelto tan extrema que las personas, empujadas por la inanición, se arriesgan a ir a recoger los escasos alimentos que llegan, convirtiéndose en el foco de una crueldad inhumana.

La imagen de personas muriendo al intentar acceder a la ayuda humanitaria es la cumbre de la abyección. Es un cebo de muerte: la necesidad vital de alimentarse se convierte en una sentencia. Este desprecio absoluto por los Derechos Humanos Universales y la Justicia Social se vulnera sistemáticamente, llevando al horror, la desesperación y la muerte más horrenda e inhumana.

La inacción de las principales instituciones internacionales es una vergüenza histórica. Su incapacidad para evitar esta masacre, su pasividad ante la desidia de las naciones más influyentes del mundo, está pulverizando la esperanza de la humanidad en el funcionamiento vital de aquellos que deberían regir la justicia universal y humanitaria.

No podemos permanecer impasibles. No podemos acostumbrarnos a este nivel de depravación. Cada vida perdida en estas circunstancias es una herida abierta en la conciencia de la humanidad. Es imperativo que la presión ciudadana global obligue a nuestros líderes y a las organizaciones internacionales a actuar de forma inmediata y contundente para detener esta barbarie.

Exijamos el fin de todos los genocidios. Exijamos el fin de todas las guerras. Exijamos que la vida humana y la dignidad sean el pilar innegociable de nuestra civilización. ¡Basta ya!

* José Joaquín Belda es socio de infoLibre.