El juez de Instrucción número 29 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, ha dejado este miércoles en libertad sin medidas cautelares a Juan José Ballesta tras ser detenido ayer por la presunta comisión de un delito de robo con violencia en Hortaleza, han informado a Europa Press su abogada.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer al actor tras una pelea con un conocido, quien denunció que le habría robado 50 euros y una cazadora. Tras pasar la noche en los calabozos, Ballesta ha sido puesto a disposición judicial para prestar declaración y ha comparecido asistido por su letrada, la abogada Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados.

Según el atestado policial, al que tuvo acceso Europa Press, el popular actor quedó ayer sobre las ocho de la mañana con una persona a la que conoce desde hace años para realizar un videoclip. Tras encontrarse, Ballesta, Álvaro, la novia de éste y otra persona subieron a la vivienda del denunciante y éste le pidió a su madre 50 euros. Al bajar, los cuatro se introdujeron en un coche y el actor le comunicó a Álvaro su intención de no colaborar con él en la grabación, momento en el que "éste reacciona de una manera agresiva".

Según la declaración, esta persona comenzó a golpear a Ballesta y éste intentó zafarse de los golpes. Ambos salieron del coche y finalmente el actor logró huir en su vehículo con el amigo que le acompañaba. Pocos minutos después, fue interceptado por una patrulla policial.

Ballesta se encuentra inmerso en otro proceso judicial por una supuesta agresión sexual que habría cometido el pasado 20 de julio en la localidad de Parla, donde reside.

Por esta causa, se encuentra en libertad sin medidas cautelares después de que la jueza rechazara imponerle una orden de alejamiento respecto a la supuesta víctima por supuestas "contradicciones" en su testimonio.

En el marco de este procedimiento, la jueza ha citado para enero a la psiquiatra de la víctima para dar validez a su testimonio y poder continuar así con otras diligencias.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Parla ha archivado la causa en la que se investigaban presuntas irregularidades en las obras del tranvía de Parla, un caso que provocó la destitución de Tomás Gómez al frente de la Secretaría General del PSM poco antes de las elecciones de 2015.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la juez Mª Pilar Pérez acuerda sobreseer actuaciones al "no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados". La resolución es susceptible de recurso de apelación.

El caso tiene su origen en abril de 2014 tras una denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y después de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) enviara una diligencia en la que se solicitaba al juez una lista en la que se reflejaran las posibles relaciones entre los concejales que aprobaron en 2006 y 2009 las obras del tranvía.

La Fiscalía solicitó la imputación de todos los concejales que aprobaron los sobrecostes denunciados. En la causa se investigaron delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de caudales públicos respecto a los integrantes de las Juntas de Gobierno presididas entonces por Tomás Gómez (2006) y José María Fraile (2009).

Tomás Gómez siempre defendió que quien adjudicó las obras del tranvía y las ampliaciones de las obras fue el Consorcio Regional de Transportes autonómico.

Poco antes de las elecciones de 2015, el secretario general del PSOE y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le destituyó de su puesto en la secretaria general del PSM. A los meses, Gómez exigió un perdón después de que el Tribunal de Cuentas concluyera que no hubo irregularidades.

En la resolución, el magistrado argumenta que "no hay indicios suficientes sobre los que poder sustentar de forma racional la denuncia formulada" por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

"Se han practicado diligencias por parte de la UDEF al objeto de investigar la relación laboral y tributaria de los integrantes de la Junta de Gobierno que aprobaron las modificaciones del Proyecto del Tranvía sin que haya resultado vínculo alguno ni justificación de enriquecimiento o apoderamiento de dinero público en perjuicio de tercero", asevera la magistrada.

Así, esgrime que se trataban de "pagos realizados por obras ejecutadas a empresas ajenas a los integrantes de las referidas Juntas de Gobierno, por lo que no existen indicios suficientes de delitos de malversación".

"Si UCI os lo deniega es porque son los criterios prescritos por la Comunidad de Madrid para toda la comunidad". Con esta y otras frases el jefe médico de un centro médico madrileño, el Hospital Infanta Cristina de Parla, explicaba a su equipo las instrucciones políticas que les instaban a negar la asistencia a personas mayores y priorizar otros enfermos.

Según ha revelado El País, que ha hecho público este vídeo, la exposición (que alcanzó los 19 minutos de duración) formaba parte de una sesión preparatoria para un inminente escenario de colapso sanitario. El vídeo habría sido grabado en la segunda o tercera semana de marzo, según un portavoz del hospital, cuando la presión sobre estos centros comenzaba a ser insostenible.

El propio instructor reconoce que el protocolo marcado por las autoridades sanitarias supone "un trauma". "Las camas UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello, no por gravedad sino por años de vida recuperable", explica el jefe médico, para reconocer inmediatamente después que "eso es drástico, esto es horroroso, ojalá no nos hubiera tocado vivirlo".

Pese a que un portavoz del Infanta Cristina de Parla defiende que no se rechazó a ningún enfermo por su avanzada edad, en el propio vídeo el jefe de equipo admite que "no se está dando tratamiento a los pacientes de residencias". Eso creen también los cientos de familias madrileñas que denuncian la muerte de sus mayores sin recibir una correcta asistencia médica.

En el fragmento filtrado, el instructor explica también la conocida como "teoría del paréntesis", que limita el margen y número de enfermos con asistencia hospitalaria: un lado del paréntesis se iría contrayendo por las autoridades políticas, excluyendo a los vulnerables de mayor edad, y el otro por el hospital, dejando fuera a pacientes jóvenes con menor riesgo.

Respecto a las administraciones políticas detrás de estas indicaciones, las palabras del jefe médico son contradictorias, o apuntan a una responsabilidad compartida: hace referencia tanto a órdenes ministeriales como a protocolos marcados por Comunidad de Madrid.

Ayuso carga contra lo que denomina "filtraciones y bulos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter sobre el vídeo, aunque sin entrar a valorar el contenido del mismo. La política conservadora se ha limitado a incluirlo dentro de las "filtraciones y bulos" de los que tienen que "defenderse" los hospitales madrileños. "Esto no eran instrucciones sino una sesión interna entre médicos para analizar todos los escenarios posibles de pandemia", sostiene Ayuso.

La Consejería de Sanidad tacha el vídeo de "simulación"

La Consejería de Sanidad ha insistido este jueves que no se ha dictado ninguna instrucción con criterios de edad para acceso a las UCI de Madrid y que el polémico vídeo es una sesión interna de "simulación de un escenario de catástrofe" al inicio de la pandemia. "Como simulación que era no estaba sujeta a ningún protocolo ni directriz especifica", han recalcado desde la Consejería de Sanidad para agregar que no se dio durante la crisis sanitaria ninguna instrucción en base a criterio de edad para limitar el acceso a la UCI.

Escudero ha afirmado además en la Asamblea de Madrid que el 65 por ciento de los traslados del SUMMA a hospitales fueron de mayores de 70 años y ha avanzado que pondrán en marcha un Plan de Contingencia Específico en los Hospitales de cara a un posible rebrote. En su intervención en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, Escudero ha desgranado que, desde que se puso en marcha el plan de choque para residencias se han realizado 832 actuaciones.

En ellas se incluyen la medicalización de 232 residencias, contando con 28 equipos de profesionales de Atención Primaria, 38 de hospitales y los 26 geriatras de enlace, a los que habría que añadir 56 profesionales de las mutuas, que han colaborado en esta tarea así como la entrega de más de 12 millones de unidades de material de protección hasta la fecha. Además, ha desgranado que se han dispensado 3.039 concentradores de oxigenoterapia en más de 270 residencias, y de 176.215 medicamentos en más de 380 residencias y se han realizado más de 11.200 traslados entre hospitales y residencias.

"Un total de 35.800 mayores de 70 años, 11.200 de ellos procedentes de residencias. Pero es que además, uno de cada dos pacientes atendidos en nuestros hospitales es mayor de 70 años, incluso uno de cada cuatro, mayor de 80", ha manifestado.

Un matrimonio de jubilados de Parla, Nani y Mariano, de 62 y 78 años respectivamente, han sido desahuciado de la casa en la que han residido durante casi 50 años en el número 42 de la calle Juan XXIII, a pesar de que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca habían alegado en el juzgado la resolución del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pide paralizar desahucios de manera cautelar.

El matrimonio, tal y como ha informado la PAH, ha pagado siempre su alquiler, una cantidad baja debido a que se trata de una renta antigua; pero recientemente su casero, una particular, quiso acabar con el contrato según la plataforma para "especular", ya que les exigía un pago de más de 700 euros, la misma cantidad que la pareja ingresa como pensión de jubilación.

La familia además está formada por un hijo de la pareja con una discapacidad de más del 80 por ciento y habitualmente se hacen cargo del cuidado de una de sus nietas, según han explicado en la Plataforma cuyos miembros se han concentrado a las puertas de la residencia para intentar paralizar el desalojo.

Según la PAH, tras tres intentos de desahucio aplazados en esta ocasión el juzgado ha denegado las alegaciones presentadas, por lo que a juicio de Ricardo Rosado, portavoz de la plataforma, el juez "no ha considerado oportuno acatar el mandamiento de Naciones Unidas que es completamente vinculante en el Estado español".

Rosado ha recordado que "no es la primera vez" que un juzgado no asume la resolución de la ONU y continúa con la ejecución del lanzamiento, por lo que trasladarán una queja a la oficina internacional y cree que "tarde o temprano" deberían sancionar al Estado.

Por su parte fuentes municipales han explicado que la vecina desahuciada fue atendida en la Oficina Municipal de Vivienda el 9 de enero de 2017 y entonces se le ofreció una vivienda del Plan municipal "que rechazó el día 30 de enero porque le pareció pequeña", si bien el 9 de febrero de 2017 "se intentó inscribirla en la Lista de Espera de Bankia para conseguir un alquiler social", un trámite que debe realizarse personalmente, "pero no se presentó desde esa fecha para continuar la tramitación".

El grupo de Los Verdes en la Eurocámara ha advertido este miércoles de que se oponen a las candidaturas del ministro de Economía, Luis de Guindos, y del actual gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), al considerar "inaceptable" que los gobiernos europeos no hayan propuesto a ninguna mujer para el puesto.

"No vamos a tolerar una preselección que no garantice la igualdad de género", ha declarado el eurodiputado de Los Verdes europeos Ernest Urtasun (ICV), quien ha explicado que si no se cumple esta premisa su grupo votará "en contra de todos los candidatos" tanto en la comisión europarlamentaria del 23 de febrero como en el pleno de marzo.

El Eurogrupo debe tomar una decisión sobre el próximo vicepresidente o vicepresidenta del BCE en su reunión del 19 de febrero, aunque posteriormente tendrá que ser confirmada por los jefes de Estado y de Gobierno en su cumbre de finales de marzo.

En este proceso, la opinión del Parlamento Europeo debe ser escuchada, aunque su posición no es vinculante para la decisión final que tomen los líderes de la UE.

Además de la falta de paridad en las candidaturas, Los Verdes ven más problemas en el caso de De Guindos, al que consideran la "cara de la caída de Lehman Brothers en Europa", "ministro de la estrepitosa caída de Bankia" y titular de Economía durante el rescate bancario en España costeado "con dinero público que nunca se va a recuperar".

"El BCE sigue siendo un órgano opaco y sin mecanismos apropiados de rendición de cuentas. Nuestro grupo considera que una persona que está ejerciendo de político en activo como de Guindos, no puede pasar de la noche a la mañana a un cargo de tantísima responsabilidad e impacto en la economía europea sin ningún tipo de escrutinio", ha zanjado Urtasun.

La investigación realizada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que la sociedad Waiter Music, cuyo propietario es el empresario José Luis Huerta, amigo del presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, utilizó otras firmas interpuestas para cobrar más de medio millón de euros de la Comunidad de Madrid y de trece Ayuntamientos, según el sumario al que ha tenido acceso infoLibre.

Cuando Huerta fue interrogado, los agentes le preguntaron sobre si parte del dinero de las adjudicaciones a su empresa se destinaba y repartía entre el alcalde del municipio correspondiente, el propio Francisco Granados y el Partido Popular madrileño.

Sin embargo, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Granados negó haber sido propietario de la empresa Waiter Music, tal y como investiga la Guardia Civil. "No tengo relación de ningún tipo con este señor, ni empresarial ni de ningún tipo", espetó a los diputados. En su declaración de este miércoles, el ex secretario general del PP madrileño también negó cualquier irregularidad en el partido durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

En concreto, en el sumario se incluyen las declaraciones com investigados de los propietarios de las empresas interpuestas, que reconocen que facturaban a los Consistorios y a la Comunidad de Madrid importantes cantidades de dinero, que posteriormente les reclamaba la sociedad del amigo de Granados que emitía "contrafacturas" en su contabilidad paralela.

Los agentes denominan esta forma de actuar de Waiter Music como "doble facturación", que se utilizó con los Ayuntamientos de Valdemoro, Chinchón, Torrejón de Velasco, Arroyomolinos, Humanes, Añover de Tajo, Algete, Moraleja de Enmedio, Pinto, Getafe, Coslada, Ciempozuelos y San Sebastián de los Reyes.

Uno de los empresarios que reconoció esta forma de actuar fue Jesús Torralba Hontalva, vinculado a la sociedad Carpas e Infraestructuras Hermanos Torralba, que facturó de esta forma hasta 122.003 euros, que acabaron en poder del empresario Huerta.

En la declaración de Torralba Hontalva ante la UCO, prestada el pasado 25 de octubre, el empresario reconoció que en algunos casos el propio Huerta le decía que algunos conceptos fueran reclamados directamente a los Ayuntamientos. José Luis Huerta le facilitaba el concepto y el importe que debían reflejarse en los recibos y una vez facturado al Ayuntamiento, cuando ingresaba el importe de las mismas, Waiter Music le emitía una contrafactura por el mismo importe.

No obstante, Torralba aseguró que ese dinero no acababa en poder de Huerta, sino que servía para descontar el total de una supuesta deuda contraída por Waiter Music con su sociedad "por trabajos realizados en ese mismo municipio".

Además, el 11 de abril de 2008 la empresa Carpas e Infraestructuras Hermanos Torralba facturó a la Comunidad de Madrid 5.000 euros, pese a reconocer que "no había trabajado para la Comunidad de Madrid, pero que cobró ese importe por indicaciones de José Luis Huerta, que le dijo que pusiese ese concepto dirigido a la Comunidad de Madrid ya que le comentó que le iban a dar una subvención al Ayuntamiento de Algete".

Otros 700.000 euros con el Metro

Por su parte, los agentes también sospechan que Waiter Music se benefició de las inauguraciones de líneas de Metro del año 2007. Según apunta un informe incorporado al sumario, Madrid Infraestructuras y Transportes (Mintra) maniobró para adjudicar a la compañía de José Luis Huerta la organización de estos eventos.

En concreto, los investigadores analizan la inauguración de un tramo de la línea siete hasta Coslada y San Fernando de Henares en 2007 y la fiesta por la ampliación de la línea tres hasta San Cristóbal de los Ángeles.

El informe refleja el importe de los recibos cobrados por Waiter Music superan los 700.00 euros ya que se organizaron fiestas en los barrios que llegaron a incluir paellas con cigalas, acróbatas y payasos, además de conciertos de alto nivel.

FCC, Dragados y Sacyr

Los agentes han tomado declaración a trabajadores y altos cargos de las empresas FCC, Dragados y Sacyr, responsables de las obras. La UCO también obtuvo "distinta documentación de las empresas relativa a la organización de estas "fiestas".

Según detallan los recibos, también incorporados en el sumario, la fiesta popular con motivo de la inauguración del Metro a San Fernando de Henares el 5 de mayo 2007 incluyó un concierto de Antonio Carmona, una instalación infantil, una chocolatada con churros para 700 personas, autobús con charanga, fuegos artificiales y paella popular para 200.

Las celebraciones por la ampliación de la línea amarilla, que conectó en ese año el centro de Madrid con los barrios de Villaverde y San Fermín contaron también con conciertos de primer nivel, con la presencia de Isabel Pantoja.

La ampliación de ambas líneas de Metro tuvo un coste superior a los 500 millones, y las fiestas se incluirían como uno de los gastos incorporado al presupuesto general de las obras, apunta la UCO.

Fiestas de La Paloma

En los nuevos tomos del sumario de la causa, el Instituto Armado relaciona también a Waiter Music con la organización de San Cayetano y La Paloma, en el año 2014.

Los agentes interrogaron al responsable de Eventos Comerciales de la cervecera Mahou para averiguar si abonó una factura de 24.200 euros a la empresa de Huerta en aplicación de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid - Distrito Centro relacionado con estas fiestas patronales.

El exalcalde de Parla y exsecretario general del PSM, Tomás Gómez, reclama al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que pida perdón al "mancillarse su honor" por las dudas generadas sobre su papel en gestión del tranvía y pide además que "restituya" dentro del partido a todos los "que fueron excluidos" por ser cercanos a él.

Así se pronunció en declaraciones a Europa Press en referencia a la información difundida por la Cadena Ser sobre el informe aprobado por el Tribunal de Cuentas que concluye que no existe ninguna "causa penal y contable" en lo relativo a esta infraestructura del municipio.

Gómez ha indicado que "aspira" a que tanto Sánchez como el secretario general de Organización, César Luena, le pidan perdón, refiriéndose a la comparecencia de Luena en febrero de 2015 en la que aludía a informaciones sobre presuntas irregularidades en el tranvía de Parla entre las razones para proceder a la destitución de su cargo como líder del PSM.

El exsecretario general entiende que un "adversario político" como pueda ser el PP "haga caso" ante informaciones sobre posibles irregularidades pero no le parece "de recibo" que eso se utilice en el seno de su propio partido para "campañas internas".

Por ello, exige a ambos que, al igual que en rueda de prensa realizaron alusiones que dañaban su imagen y su honor, ahora espera que igualmente comparezcan en rueda de prensa para pedir "perdón".

Además, Gómez reclama que se "restituya" en el partido a todos los cargos "excluidos" o "purgados" por ser cercanos a él como el caso del edil del PSOE Antonio Miguel Carmona --que fue relevado del cargo de portavoz municipal-- o al que fuera aspirante del partido a la Alcaldía de Parla Pablo Sánchez, que fue declarado no idóneo por el PSOE. También se ha referido a varios miembros que conformaron su ejecutiva cuando estaba al frente del PSOE.

Por otro lado, aseguró que aún no ha recibido "la enhorabuena" ni ningún tipo de contactos desde la dirección federal ni regional en relación a este informe del Tribunal que deja claro que no cometió irregularidades, señalado a su vez que a lo mejor que "su nombre quede limpio" se interpretan como "malas noticias" por parte de la actual dirección.

A su vez, considera que Pedro Sánchez debería ser "generoso" por lo que ha pasado desde diciembre y tras obtener "los peores resultados electorales de la historia" del PSOE y asumir responsabilidades para que el partido pase a otra etapa.

El Tribunal de Cuentas no encuentra responsabilidad penal ni contable en las obras y la contratación del tranvía Parla por parte del ayuntamiento madrileño y del que era su alcalde, el socialista Tomás Gómez. En contra del criterio del Abogado del Estado y la Fiscalía, el Tribunal se limita a detectar irregularidades administrativas durante el proceso de redacción y ejecución del proyecto, que fue contratado por el Consorcio Regional de Transportes, un organismo dependiente de la Comunidad de Madrid. 

En el documento, al que ha tenido acceso la cadena Ser, el Tribunal de Cuentas subraya que no se siguieron los trámites precisos para aprobar unos sobrecostes del 38%, ya que las obras pasaron de 93 millones a 129 millones. El informe señala que “algunas de las modificaciones son imputables al contratista” y “no contaron con la aprobación explícita" del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Además, las modificaciones se llevaron a cabo “sin respetar los trámites del procedimiento” y el Ayuntamiento de Parla se limitó a “aprobar el gasto”.

El órgano fiscalizador concluye también que el Consorcio de la Comunidad calculó mal el déficit de tarifa por lo que el Ayuntamiento de Parla abonó 7 millones, un pago que no le correspondía afrontar. 

En este sentido, el Tribunal de Cuentas recomienda a las administraciones que en futuros contratos de este tipo se asegure “la disponibilidad de recursos suficientes para su financiación y mantenimiento sin comprometer el equilibrio financiero de las entidades que ejecutan y explotan el servicio; mayor rigor en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos; valorar las posibles implicaciones económico-financieras para la estabilidad presupuestaria y reforzar los mecanismos y procedimientos de control para garantizar la buena gestión".

La Fiscalía presentó en 2013 una querella por prevaricación y malversación de fondos en el proyecto cuya instrucción corresponde el Juzgado de Instrucción número 5 de Parla. En 12 de febrero de 2015, en la antesala de las elecciones autonómicas y municipales, la Ejecutiva Federal del PSOE acordó la destitución de Tomás Gómez como secretario general de los socialistas madrileños, decabalgándole de la candidadtura a la Presidencia de la Comunidad. La fulminante decisión de "apartarlo" de la cúspide del PSM fue consecuencia de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía. Los socialistas de Madrid defendieron en todo momento su inocencia y achacaron todas las dudas suscitadas en torno a las obras a una campaña difamatoria del PP.

Pues bien, como consecuencia de ese nuevo barrio denominado Parla Este, se hizo necesario la implantación de un medio de transporte que permitiera llevar grandes cantidades de personas que necesitan moverse en un determinado –y corto– espacio de tiempo –hora punta– hasta la estación de Cercanías de Renfe situado en el centro de la ciudad con unos accesos viarios limitados. Claro que había otras soluciones. Los responsables municipales buscamos la implicación de la Comunidad de Madrid para que ésta extendiera a Parla y consecuentemente a Parla Este la infraestructura del MetroSur (que ya había llevado a Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe…). Pero la Comunidad de Madrid se negó, normal por otra parte, mientras se fomentaban viviendas en el este y norte de Madrid a 600.000€ en Parla la vivienda costaba tan solo entre 90.000€ y 120.000€. Obviamente los que compraran vivienda en Parla nunca iban a ser clientes electorales del Partido Popular. También se buscó una segunda posibilidad, la ampliación de Renfe hasta el nuevo barrio de Parla Este. La negativa también de la Administración del PP a esta posibilidad fue la respuesta por su elevado coste (habría de perforarse la ciudad con tuneladora desde la actual estación).

Mientras, eso sí, el nuevo barrio de Parla Este ejecutado por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Parla (55%-45%) iba desarrollándose y los primeros nuevos vecinos empezarían a llegar en 2007.

Negados MetroSur y la ampliación de Renfe obviamente se barajó también transportar a los vecinos de forma clásica: en autobús. Quién conozca Parla y la ubicación de la Estación de Renfe (que ocupa el 85% de los destinos de los usuarios del Tranvía) entenderá fácilmente que en autobús los accesos son muy limitados y que en absoluto sería posible transportar sin atascos a toda los usuarios que necesitan llegar a la Estación, trabajadores que conviene recordar trabajan en Madrid y tienen que entrar a trabajar a una determinada hora. Los ciudadanos de Parla no son de Boadilla o de Pozuelo, obviamente... Además de eso, a nadie se le escapa que la flota de autobuses necesaria para garantizar las horas punta también sería muy onerosa.

Con todos estos antecedentes, surgió la idea del Tranvía de Parla que NUNCA, JAMÁS contó con la ayuda de la Comunidad de Madrid sino todo lo contrario. Esa es la razón por la que se negó cualquier ayuda financiera, que no fuera la del Consorcio Parla Este, por parte de la Comunidad de Madrid y que toda la financiación debió correr a las espaldas del ayuntamiento y de sus ciudadanos. Suerte distinta desde luego a la que tuvieron los ayuntamientos de Boadilla, Pozuelo, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe y Móstoles a las que por distintos motivos, siempre electorales, la Comunidad de MADRID les regaló, literalmente, sus metros ligeros o su Metro Sur. Parla nunca tuvo esa suerte. ¿tienen o tenían los ciudadanos de Parla menos derechos que los de los municipios citados? ¿por qué esta discriminación? Es posible que tanto Alberto Ruiz Gallardón como Esperanza Aguirre, presidentes de la Comunidad de Madrid, durante los períodos citados puedan tener la contestación correcta. Pero nos permitimos, y tenemos datos para ello, sugerir que ambos pensaron que en Parla nunca podrían obtener resultados electorales que anhelaban. Así fue…

Además de todo lo anterior, y teniendo en cuenta la absoluta falta de apoyo por parte de la Comunidad de Madrid y que el Ayuntamiento de Parla se vio obligado a costear la totalidad de la inversión (repetimos y no nos cansamos de hacerlo, de forma distinta al resto de ayuntamientos), fue el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, cuyos presidentes durante el período de adjudicación y construcción fueron Francisco Granados y Dolores de Cospedal, quién licitó, adjudicó y tenía las competencias de vigilancia de las obras y sus modificaciones.

No el Ayuntamiento de Parla sino el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. Es fácilmente imaginable teniendo en cuenta los antecedentes que hemos relatado, las trabas que el mismo puso a la obra del Tranvía. Tanto es así, que por ejemplo las unidades móviles (los trenes) tuvieron que ser adquiridos por el Ayuntamiento de Parla a la propia Comunidad de Madrid, sin que ésta rebajara ni un céntimo de los mismos, incluso imponiendo los sobrecostes de los mismos. Todo eso queda suficientemente reflejado en el borrador del informe del Tribunal de Cuentas cuyas conclusiones hemos encontrado hoy en la prensa.

Es fácil analizar ahora, ocho años después de forma abstracta y fría la tramitación administrativa surgida entre un órgano administrativo el ayuntamiento (que necesitaba en 2007 para los vecinos de Parla Este el tranvía funcionando) y otro, el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, que frenaba cualquier posibilidad de agilización del proyecto, entendiendo que un retraso en las obras hubiera determinado unos costes electorales negativos para el PSOE en Parla, y positivos obviamente para el PP pero que tenía el instrumento legal del control del contrato. Con mucho sufrimiento, discusiones y trabajo, se logró que en 2007, al llegar los primeros vecinos a Parla el Tranvía pudiera estar en funcionamiento y que los vecinos, tan dignos como los de los municipios de MetroSur o del Tren Ligero, tuvieran asegurado poder desplazarse por la ciudad pero especialmente conectar con la única estación de cercanías que Renfe tiene en la ciudad.

Hubo nuevos proyectos claro que sí, no contemplados en el proyecto inicial. Esos no son sobrecostes como se pretende de forma sesgada sino nuevas necesidades surgidas durante una obra que ocupaba 8 km en una ciudad, que la había abierto en canal prácticamente y que fue aprovechada, claro que sí, para renovar muchas de las infraestructuras subterráneas de la ciudad (electricidad, saneamiento, agua reciclada, etc). No son sobrecostes, no. Si cualquiera de nosotros hace una obra en su casa y en el curso de las mismas surgen problemas en el sistema eléctrico porque el mismo es obsoleto aunque no estuvieran contempladas en nuestro inicial idea de presupuesto, es muy posible que las acometiéramos. Eso es el sentido común. Lógicamente si hago más cosas de las que estaban previstas el precio sube, eso no es sobrecoste.

Lo único analizable es si esas obras son necesarias o superfluas. En el caso de las obras añadidas al proyecto original del Tranvía de Parla todas absolutamente todas eran necesarias y así fueron entendidas tanto por los técnicos municipales como por los técnicos del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid que vigilaron todas y cada una de las obras y de sus modificaciones.

Ahora en 2015, es preciso analizar la viabilidad del proyecto. Es decir, si el mismo es utilizado o no. Los datos del Tranvía de Parla en este aspecto que relata el informe del Tribunal de Cuentas es que su uso es incluso superior al previsto en los estudios previos. Otro dato es cuanto cuesta al año a las Administraciones Públicas los distintos sistemas de transporte, pues ello nos dará una variable coste económico por viajero que nos permitirá tener más datos de contraste que los meros titulares periodísticos. De las cuentas del Consorcio Regional de Transportes se desprende que, por ejemplo, el Tranvía de Pozuelo y Boadilla costó a la Comunidad de Madrid 78,5 millones de euros en el año 2013 mientras que el de Parla tan sólo costó 1,5. Eso sólo en 2013 y sucesivamente en 2014, 2015… ¿Son los ciudadanos de Parla 78 veces al año menos dignos que los de Boadilla y Pozuelo?

La respuesta –desgraciadamente afirmativa-, a esta pregunta es el error que cometimos en aquél tiempo. Jamás pensamos, y es nuestro mayor error, que la Comunidad de Madrid y sus responsables fueran a tratar en el tiempo con tanto desprecio a Parla y a sus ciudadanos. Siempre pensamos que, al principio del proyecto, la contienda electoral impediría un tratamiento igualitario, pero siempre, siempre pensamos que con el paso del tiempo este efecto se mitigaría y el sentido común impondría que proyectos semejantes fueran apoyados de forma igualitaria. Nótese que con los 78,5 millones que la Comunidad de Madrid pagó al Tranvía de Boadilla o Pozuelo (¡sólo en el año 2013!) el Tranvía de Parla estaría totalmente pagado. Esa diferencia proviene de que en Parla el tren/km de tranvía costó en torno a 14,3 millones y el de Boadilla costó 33,5, más del doble. Hay otra diferencia añadida y muy importante: a los ciudadanos de Parla sí que les cuesta y no a los de Boadilla y Pozuelo que recibieron gustosos el regalo del tren ligero. Tuvieron más suerte o supieron votar mejor…

Concluyo indicando que quizás pecamos de ingenuidad al entender que los ciudadanos de Parla son tan dignos de tener un transporte público, rápido, sostenible y seguro como los demás yuntamientos. Otros muchos siempre pensaron que no. No ayudemos ahora a dar la razón a los que negaron siempre todo a nuestra ciudad.

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Wilfredo Jurado es abogado y exconcejal del PSM en Parla

Cofely, la sociedad que más beneficio obtuvo de la red Púnica, ingresó en 2014 casi 50 millones de euros de instituciones y empresas públicas, según la documentación contenida en el sumario al que ha tenido acceso infoLibre.

Esta conclusión se obtiene del análisis del informe realizado por la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria. En este documento se especifica, una a una, las instituciones públicas y empresas que pagaron en total 49,3 millones a Cofely, cuya matriz es la multinacional francesa GDF-Suez.

Entre todas las empresas públicas que aparecen en el denominado Modelo 347, destaca la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que sólo en 2014 abonó a Cofely 13,7 millones de euros. 

La CNMC es el organismo público que más dinero suministró a la empresa de la Púnica, tan sólo por detrás de la constructora Acciona (22,8 millones) y de la empresa OMI-Polo Español SA (14,4 millones), que es la sociedad española que forma parte del consorcio hispanoportugués que se encarga de determinar los precios de la electricidad. Pese a su carácter monopolístico, esta empresa está controlada de forma mayoritaria por las compañías eléctricas.

Energías renovables

El documento donde constan los cobros de Cofely es el llamado Modelo 347, que plasma la facturación de una compañía a sus distintos clientes en un determinado ejercicio. Pero una portavoz de la CNMC ha asegurado a este diario que Cofely cobra por la producción de energías renovables, y que en esos pagos el organismo público cumple sólo el papel de canalizador.

Es decir, que los 13,7 millones no reflejan en este caso la facturación por trabajos realizados a la Comisión, sino los pagos efectuados en función de la generación eléctrica y de la fuente de producción, como por ejemplo fotovoltaica, eólica o biomasa. Y esos pagos, enfatiza la CNMC, están plenamente "tasados".

La segunda entidad de carácter público de la que más dinero se embolsó la división española de la multinacional francesa fue la gestora de aeropuertos AENA (ahora Enaire), que en 2014 todavía no había sido privatizada. AENA pagó 5,28 millones.

Después de AENA ya aparecen entre los pagadores de Cofely los Ayuntamientos púnicos, como por ejemplo el Consistorio de Parla, que sólo en 2014 retribuyó a esta multinacional 3,2 millones de euros. El segundo de los Consistorios en este listado es Móstoles (2,84 millones), seguido de Valdemoro (2,38 millones).

Ayuntamientos de la 'Púnica'

En el listado también aparecen otras casas consistoriales cuyos municipios aparecen en el sumario, como por ejemplo es el caso de Alcalá de Henares (911.000 euros), Torrejón de Velasco (360.000 euros), Moraleja de Enmedio (288.11 euros), Pinto (119.000 euros), Madrid (101.000 euros), Elche (59.000 euros), Collado Villalba (218.235 euros), Serranillos del Valle (38.000 euros) y Coslada (36.000 euros). Otros ayuntamientos sin vinculación con el caso son, por ejemplo, los de Vilanova i la Geltrú (203.000 euros), El Prat de Llobregat (135.000 euros) y Las Rozas (305.000 euros).

Según los informes de la Guardia Civil sobre los directivos de Cofely y los alcaldes imputados, las distintas personas investigadas conformaban "una trama delictiva que cumple con los parámetros exigidos para catalogarla como organización criminal". En este sentido, en el sumario aparecen diferentes imágenes tomadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado en la que se pueden ver distintas reuniones mantenidas entre el director comercial de Cofely, Pedro García, y los diferentes alcaldes arrestados por orden del magistrado Eloy Velasco.

Como por ejemplo es el caso de la fotografía que ilustra esta información, en la que aparecen, de izquierda a derecha: David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama; Pedro García; y el regidor de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández. La foto, según el informe de la UCO, la tomaron los agentes tras celebrarse una reunión en un bar.

Correos, 2,18 millones

Pero al margen de los ayuntamientos vinculados con la red encabezada por Francisco Granados, otras de las empresas públicas que superan los 2 millones de euros pagados a la filial española de GDF-Suez son Correos (2,18 millones) y la Universitat de Barcelona (2,13 millones).

Resultan también llamativas por su importancia las cantidades retribuidas por la Gerencia de Atención Primaria de Madrid (1,6 millones), el Banco de España (742.056 euros), Red Eléctrica de España (546.000 euros), el Servicio Regional de Bienestar Social (499.000 euros), Metro de Madrid (428.005 euros), Ifema (391.000 euros), Generalitat de Catalunya (200.000 euros), Ministerio de Economía y Competitividad (192.000 euros), el Servicio de Salud de Castilla-la Mancha (191.000 euros) y el Servicio Galego de Saúde (176.000 euros), entre otros.

Partido Popular: 92.200 euros

Otras entidades que aparecen son la Corporación RTVE (116.000 euros), Autoridad Portuaria de Baleares (104.000), el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (97.148), el Partido Popular (92.200 euros), Partido PopularParadores de Turismo de España (66.000), la Comunidad de Madrid (58.089 euros), el Aeropuerto de Castellón (53.822 euros) y la Generalitat Valenciana (18.166 euros).

Por su parte, la Asociación de la Prensa (APM) abonó en 2014 un total de 12.273 euros a Cofely. Según aseguró la presidenta de la asociación gremial, Carmen del Riego, Cofely se encargaba de la instalación y gestión del aire acondicionado de la sede, por lo que le pagaba a la firma unos 7.000 euros anuales. Solo que en el ejercicio 2014 la asociación tuvo un problema técnico con el sistema de refrigeración, por lo que encargaron a Cofely el arreglo del mismo. "Tras estallar la trama Púnica hemos decidido no renovar el contrato con CofelyPúnica ", ha asegurado Carmen del Riego a infoLibre.

En las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, el Partido Popular logró 7 ediles, mientras que Mover Parla y Cambiemos Parla lograron 6 concejales cada uno. El PSOE logró 5 representantes e IUCM-LV obtuvo 3. Los partidos de izquierdas, pese a tener una amplia mayoría en el Consistorio, han sido incapaces de llegar a un acuerdo durante las negociaciones de estas semanas para un gobierno de izquierdas.

Así que Martínez Hervás gobernará el municipio como lista más votada. El nuevo alcalde destacó que el martes convocará a todos los portavoces del resto de grupos para incluirlos en su Junta de Gobierno.

El litigio que mantienen en Parla (Madrid) la dirección del PSOE y el antiguo aspirante a la alcaldía local, a quien el comité federal apartó tras haber ganado las primarias internas, ha derivado en una resolución judicial cuyo alcance se perfila mayor que el del propio pleito que la originó. La jueza que tramita la demanda que el aspirante defenestrado ha interpuesto contra su propio partido acaba de dictaminar que las primarias del PSOE no convierten en candidato de forma automática a quien las gana. Solo adquiere esa condición, dice un auto al que ha tenido acceso infoLibre, quien obtiene el respaldo del comité federal.

Afín al defenestrado Tomás Gómez, líder del PSOE madrileño (PSM) hasta febrero y exalcalde de Parla, el ganador de las primarias en ese municipio para los comicios locales del 24 de mayo fue Pablo Sánchez.

Una vez apartado con argumentos expuestos en un informe atribuido a la comisión de listas y cuyo contenido exacto no ha trascendido, el aspirante pidió a los tribunales que anularan de forma cautelar la decisión del comité federal que lo excluía como cabeza de lista, así como el posterior nombramiento de otra candidata. Los cercanos a Pablo Sánchez aseguran que el informe de la comisión de listas que dio al traste con su carrera no lleva firma. Este diario no ha podido verificarlo por sus propios medios.

Al resumir las posiciones de cada una de las dos partes enfrentadas así como la de la Fiscalía –contraria a adoptar medidas cautelares-, la jueza introduce en el apartado relativo a los postulados del PSOE la siguiente afirmación: “El motivo de no proclamar [el comité federal] al demandante como candidato a la Alcaldía de Parla es su concreta imputación en un procedimiento penal seguido ante los juzgados de instrucción de este partido judicial”.

Fuentes de la dirección federal socialista negaron este jueves que el abogado que representa al partido en esta demanda haya manejado tal argumento y sostienen que la referencia a su imputación debe de ser “una conclusión de la juez”. Los partidarios de Pablo Sánchez recalcan que el aspirante fulminado no ha estado ni está imputado en la causa a que alude la jueza, que no es otra que la vinculada al sobrecoste del tranvía de Parla.

Pablo Sánchez solicitó medidas cautelares bajo el argumento de que, si la justicia no actuaba con rapidez, de nada le serviría ganar la demanda llegado el caso por cuanto las elecciones ya se habrían celebrado.

Pero la juez encargada del caso, la titular del juzgado de instrucción y primera instancia de Parla, no solo no ha accedido a su pretensión sino que remarca en su auto la importancia de un precepto que consta en uno de los textos reglamentarios por el que se rige el PSOE: el artículo 55.4 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del PSOE.

Y ese artículo, en su versión actual, dice lo siguiente: “La Comisión Federal de Listas emitirá dictamen previo a la aprobación definitiva por parte del Comité Federal de las candidaturas”. La juez lanza un reproche implícito al demandante al recordar que aportó a la demanda una versión anterior y ya sin vigencia de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del PSOE. Para la juez, resulta "claro que para ello [para poseer el rango de candidato] no basta con haber sido el afiliado más votado en las elecciones primarias".

En resumen, aunque el imaginario colectivo –al menos, el de los socialistas- entiende que quien gana las primarias obtiene de manera automática la nominación, tal nominación no existe como tal hasta que le da vía libre el comité federal.

En línea con lo anterior, la jueza afirma lo siguiente: “Visto el relato de hechos mismo que sustenta la solicitud ahora deducida [la de la anulación cautelar del acuerdo por el que el comité federal apartó a Pablo Sánchez] lo único que se desprende es el absoluto respeto por parte del partido a dicha normativa interna”.

El exalcalde socialista de la ciudad madrileña de Parla José María Fraile negó en todo momento que la empresa Cofely, a la que como regidor adjudicó un contrato de 66 millones de euros, le hubiera pagado ninguna comisión ilegal o cohecho de 88.000 euros. infoLibre ha tenido acceso a la grabación de la declaración que realizó el 27 de octubre de 2014, tras ser arrestado ante el magistrado que instruye la investigación sobre la trama Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

Esta miércoles Velasco ha dado traslado a las partes las grabaciones de algunas de las declaraciones de los implicados en la trama Púnica, entre las que se encuentra la del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que llegó a ser interpelado por el magistrado sobre si había aportado dinero al PP. Pérez, que lo negó, aseguró estar ofendido por la pregunta, ante lo que obtuvo la respuesta del juez: "Yo hago mi trabajo".

Pese a las continuas negativas del exalcalde de Parla, tanto las preguntas e incluso aseveraciones del juez Velasco como las de la fiscal de Anticorrupción Carmen García dan una muestra del contenido de la investigación sobre los delitos presuntamente cometidos por el exalcalde de Parla y otros implicados en la trama: "¿Cofely no le ha propuesto hacerle una encuesta en Parla, que le pudiera venir bien a sus intereses políticos? ¿De intención de voto, de cómo iba la valoración de la gestión municipal y de la figura de usted?". Por su parte, Fraile negó todo.

Una encuesta para el PSOE

Pero Velasco prosiguió con su interrogatorio pese a las respuestas del exregidor: "¿Tiene conocimiento de que Elena María Fernández Pérez [ingeniera municipal] ha gestionado la realización de alguna encuesta de manera reciente? ¿Se la ha encomendado usted o no sabe quién ha pagado esa encuesta? ¿Cofely España ha asumido el coste de alguna encuesta encargada por Ayuntamiento de Parla, o de la formación política a la que usted pertenezca?". Pero Fraile volvió a desmentir los hechos por los que le preguntaba el magistrado.

Y Velasco aportó más datos del sumario en sus preguntas, reclamando al exregidor de Parla si conocía que la empresa Ruta Energética, de uno de los imputados, había costeado una encuesta encargada por el Ayuntamiento para el PSOE de Parla. "¿No ha solicitado o participado o recibido de ninguna donación por parte de esta empresa o con alguna finalidad o destino que nos pueda contar?". En todo momento Fraile, tal y como se puede escuchar en la declaración, refutó los hechos o aseguró desconocerlos.

Y después Velasco le preguntó por el papel del jefe de Gabinete del Consistorio parleño: "¿Tiene conocimiento de si Antonio Borrego ha mantenido contactos recientes con responsables de Cofely para conseguir algún tipo de contraprestación económica por la adjudicación del contrato? ¿Por encargo de usted o cuenta propia y para que Cofely diera fondos para fundaciones?", volvió a preguntar Velasco, que tampoco consiguió otra respuesta que no fuera negativa.

Acudió a la sede de Cofely

Pero por fin Fraile sí reconoció haber acudido a la sede social de Cofely en Madrid, pese a que Fraile no recordaba el nombre de la calle: "¿Para qué fue?", le preguntó Velasco, ante lo que Fraile respondió: "Para una reunión de gestión por unos problemas con los costes". "¿No para hablar de cohechos o de contraprestaciones por adjudicaciones ni de encuestas?". No, respondió de forma escueta de nuevo el ex primer edil del PSOE.

Y después el juez Velasco dejó intervenir a la fiscal Carmen García, que también dio datos en su interrogatorio sobre los delitos que afronta Fraile: "Fraude, malversación cohecho, prevaricación y revelación de secretos"; pero también sobre el supuesto negocio de la red corrupta: "El contrato fue de 66 millones de euros, y es curioso que una cláusula permite que una auditoría independiente detraiga del contrato 88.000 euros de dinero público para pagar comisiones y cohechos".

Y además la fiscal informa de la existencia de una grabación clave en el caso: "Existe una llamaba entre el técnico que firma estas auditorías y otra de las personas que también está involucrada en la causa donde se explica cómo ocurren los hechos. Y lo que dicen es que cuando se hace la auditoría externa [del contrato de 66 millones] el Ayuntamiento le paga a Cofely, le da el OK a que ya se ha prestado esta auditoría y Cofely paga a la empresa Ruta Energética, y en la llamada los dos interlocutores dicen una cosa tan graciosa como: una vez que cobra Ruta ya cobramos nosotros, cobran ellos, cobro yo, cobras tú y cobramos todos. Es decir, aquí queda muy claro cómo se están repartiendo todo el dinero".

El primer acto de la demanda planteada por el defenestrado candidato socialista a la Alcaldía de Parla (Madrid), Pablo Sánchez Pastor, contra el que todavía es su partido se celebró este martes sin la presencia del número dos del PSOE, César Luena, a quien la juez había citado como testigo. 

Luena no acudió a la vista de medidas cautelares fijada por el juzgado 1 de primera instancia de Parla porque se encontraba en Estocolmo en la reunión de secretarios de Organización de partidos socialdemócratas europeos. Y el PSOE no pidió cambio de fecha para la vista porque, amén de motivos de plazos, entendía que “su testifical no era necesaria en absoluto”, aducen fuentes de la dirección federal.

Afín a Tomás Gómez, a quien Pedro Sánchez fulminó políticamente en febrero, y ganador de las primarias de Parla, Pablo Sánchez Pastor había pedido a la juez que, de forma cautelar, anulase ya el acuerdo de la Comisión Federal de Listas que el 18 de febrero le consideró “no idóneo” para seguir en la carrera electoral. Básicamente –argumentó la dirección federal- el informe fue negativo porque la Fiscalía había pedido su imputación en el serpenteante caso abierto sobre los sobrecostes del tranvía de Parla.

Ferraz recalcó entonces que después de que la Comisión Federal de Listas aprobara la candidatura de Pablo Sánchez el 16 de diciembre de 2014 se había conocido un informe de la UDEF sobre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Parla, del que formó parte Pablo Sánchez. Y que ese informe arrojaba "sombras" sobre su gestión y la dejaba "muy en entredicho". Sánchez dijo a este diario que el informe interno que le sacó de la carrera electoral deja intacta su honorabilidad. Y que no lleva firma. infoLibre no ha tenido acceso a tal informe y no ha podido, por tanto comprobar ninguno de esos dos extremos.

El caso del tranvía aflora y se sumerge por temporadascaso del tranvía pero, a día de hoy, Pablo Sánchez sigue sin estar imputado. Quien sí lo está, y por un caso de corrupción aún más grave –la operación Púnica– es el sucesor de Tomás Gómez en la Alcaldía de Parla, el también socialista José María Fraile, expulsado del partido tras su detención –y encarcelamiento– en octubre.

La Fiscalía no ve necesarias las medidas cautelares

El excandidato Pablo Sánchez había solicitado a la juez que anulase, por tanto, el posterior nombramiento de la nueva candidata a la alcaldía de Parla (125.000 habitantes), Cristina Vélez, antes de que se celebren los comicios municipales del 24 de mayo. “Si no se hace así, de nada servirá que me den la razón cuando hayan pasado las elecciones”, razonó en declaraciones a infoLibre.

Pero la fiscal del caso, que intervino en la vista por videoconferencia, no consideró necesaria la adopción de ninguna medida cautelar. La elección de la nueva candidata, alegó el ministerio público, se llevó a cabo mediante un procedimiento democrático por cuanto obtuvo el respaldo del Comité Federal del PSOE, que está integrado por 311 personas. Y lo que la Constitución preceptúa es la obligatoriedad de aplicar el procedimiento democrático. Cuál, cómo y con qué criterios concretos pertenece a la cocina interna de cada formación, vino a decir la fiscal, según asistentes a la vista.

Aunque Pablo Sánchez es un personaje secundario en la turbulenta historia que estalló el pasado 11 de febrero con la liquidación política de Tomás Gómez como jefe del PSM y le entrega de poderes a una gestora presidido por Rafael Simancas, quienes le apoyan creen que lo que ocurra con su demanda de protección de derechos fundamentales –en este caso, el de ejercer la participación política con garantías democráticas– resultará crucial para el futuro de las primarias.

Ferraz mantiene exactamente lo contrario: que no hay caso y que las primarias no están en peligro, enfatizan sus portavoces al tiempo que ofrecen un dato: en toda España, sólo cinco ganadores en procesos de votación de candidatos han sido apartados por la dirección.

Pero –y aquí radica la discrepancia sustancial– el equipo del líder socialista, Pedro Sánchez, remacha que es al Comité Federal al que en última instancia compete proclamar a los candidatos. Y que en tanto ese trámite no se produce, el aspirante no obtiene el rango de candidato aunque haya ganado las primarias.

¿El reglamento o los estatutos?

Los partidarios de Pablo Sánchez Pastor en su pulso judicial con Ferraz aducen que ese planteamiento significa, en la práctica, cargarse las primarias e instaurar una especie de sistema de doble vuelta donde el peso de los militantes de base siempre será inferior al de los 311 dirigentes que componen el Comité Federal.

Varias personas, todas ellas alineadas con Pablo Sánchez, aseguraron a infoLibre que el abogado que representa al PSOE remarcó en la vista de este martes la idea de que las primarias son la fórmula elegida por el partido para elegir candidatos pero que su designación definitiva corresponde a “las 311 personas más relevantes” del partido, que son las que integran el Comité Federal.

Las fuentes consultadas en la sede federal de Ferraz indican, por el contrario, que el letrado jamás deslizó esa expresión, cuya connotación elitista subraya el bando contrario. Las mismas fuentes convinieron no obstante en que los estatutos gozan de prioridad sobre el reglamento de primarias. Y los estatutos, subrayan los citados portavoces, dicen dos cosas: que el Comité Federal es el “máximo órgano” de decisión entre congresos y que le compete la "aprobación definitiva"  de las candidaturas.

La alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredillo, ha presentado su baja como militante del Partido Socialista, tal y como anunció este mismo miércoles en rueda de prensa.

Arceredillo accedió a la alcaldía de la localidad el pasado mes de noviembre tras la dimisión del exregidor José María Fraile, imputado en la operación Púnica, y a pesar de no contar con el apoyo de la dirección del PSM, cuyo secretario general entonces era Tomás Gómez, alcalde de la localidad entre 1999 y 2008. 

La semana pasada la regidora parleña ya avanzó que "estaba pensando" encabezar la candidatura de un nuevo partido en la localidad denominado Mover Parla, aunque esta mañana señaló que en los próximos días dará una contestación al respecto.

Cambio en la lista del PSOE

En cualquier caso Arceredillo asegura que continuará como alcaldesa de Parla "por responsabilidad" hasta que concluya la legislatura.

El ganador de las primarias a la Alcaldía por el PSM fue Pablo Sánchez Pastor, muy cercano a Tomás Gómez. Pero este fue defenestrado por la gestora y después por la Comisión Federal de Listas del PSOE por el caso del tranvía de Parla, por las sombras sobre su actuación que había arrojado un informe policial. Fue sustituido por Cristina Vélez. 

El PSOE ha apurado hasta el último minuto para corregir sus listas. Y no en cuestiones menores. Casi en tiempo de descuento, ha hecho caer a la candidata ganadora de las primarias en Ávila capital, Manuela Prieto, para reemplazarla por la que quedó segunda en la contienda, Yolanda Vázquez. 

El Comité Federal de los socialistas aprobó este 28 de marzo, por una mayoría de un 95%, con sólo ocho votos en contra y cuatro abstenciones, el dictamen de la Comisión Federal de Listas, el órgano encargado de validar las candidaturas autonómicas y las municipales en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia. En ese informe se da cuenta de los cambios que se han producido en las últimas semanas: la sustitución de Tomás Gómez por Ángel Gabilondo en Madrid; el relevo de Maite Berrocal por Peio López de Munain en Vitoria o el reemplazo de Pablo Sánchez Pastor por Cristina Vélez en Parla (Madrid). Pero en el dictamen nada se dice de Ávila. [Puedes consultar todas las candidaturas del PSOE para el 24-M aquí en PDF; la de Ávila, en la página 239]. Por tanto, y si se suma el cambio exprés en Murcia, en total hay cinco ganadores de primarias que han sido defenestrados por la cúpula del partido.

Sin embargo, tampoco puede causar una total extrañeza, porque Prieto ya estaba en el alero desde hace semanas. El pasado 13 de marzo, la candidata anunció que presentaría un recurso de amparo ante los órganos del partido y ante los tribunales para "defender" la normativa del partido tras aprobarse la lista sin su aprobación. Prieto dejó una frase lapidaria sobre los miembros de su plancha: "Ni siquiera los conozco". 

La candidata tenía a la contra a la gestora que dirige el partido en la provincia de Ávila y en la capital. Y era afín a Julio Villarrubia, el anterior secretario general del PSOE en Castilla y León, que cayó en mayo pasado cuando más de la mitad de su ejecutiva regional dimitió, en una maniobra urdida por quien era el responsable de Organización federal, Óscar López, en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba. Villarrubia se enfrentó en el congreso extraordinario del pasado otoño contra el burgalés Luis Tudanca, cercano a López (y a Pedro Sánchez). Cayó. Ganó Tudanca. En noviembre, renunció la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva local de Ávila, de modo que la gestora que tenía las riendas de la provincia, presidida por el exsenador Narciso Serrano, asumió el control de la dirección municipal de forma interina. 

Mal resultado en 2011

Prieto fue elegida el pasado 8 de febrero como candidata en la ciudad tras imponerse a su rival en las primarias, Yolanda Vázquez, por sólo 16 votos (79 frente a 63). Esta se adscribe al sector próximo al diputado nacional Pedro José Muñoz, un dirigente a su vez de Óscar López. Fue su secretario de Organización cuando dirigía el partido en Castilla y León, de hecho (2008-2012). Ambas, Prieto y Vázquez, son concejalas en el Consistorio. La segunda es la portavoz del Grupo Socialista. 

Según el artículo 52. 1 de la Normativa reguladora de los cargos públicos del PSOE, si el cabeza de cartel es elegido mediante primarias, la lista electoral que se presente "se formará de acuerdo con el candidato, con objeto de garantizar la formación de equipos de gobierno completos y cohesionados". Es decir, que se elabora entre el aspirante y la dirección. 

La lista que ahora ya no encabeza Prieto, sino Yolanda Vázquez, tiene como número dos al atleta Josué Aldudo, como número cinco a la exconcejala socialista Mónica López y como número 10 al expresidente del comité de empresa de Nissan y miembro de UGT Iván Zazo. Prieto, en cambio, había propuesto como número dos a la lista al Ayuntamiento al actual secretario de la FSP de UGT, José Carlos Pajares, aunque la gestora lo desautorizó. 

El PSOE obtuvo en las municipales de 2011 un pésimo resultado: un 17,35% de los votos y 4 ediles (tres menos que en 2007) frente al abrumador 51,7% y 14 escaños del PP. 

"No puede representar al PSOE una persona que quiere denunciarnos"

infoLibre intentó recabar una explicación de la cúpula federal, sin éxito. Desde el aparato regional, que dirige Luis Tudanca, explicaron a este diario que no quedó otra salida que descabezar a Prieto. "Se hicieron todos los esfuerzos para negociar una lista con ella, e incluso Ferraz lo intentó, pero no hubo forma. Ella quería imponer su lista, completamente, y eso no puede ser. Además, no dejaba de hacer declaraciones en prensa y había amenazado con llevar al partido a los tribunales. No puede representar al PSOE una persona que quiere denunciarnos", indicaba un máximo responsable de los socialistas castellanoleoneses, que a su vez añadía que el conflicto en la provincia y en la ciudad está muy enquistado. "Tarde o temprano se iba a producir su caída. Ante amenazas y chantajes, un partido no puede funcionar". Resultado: la Comisión Federal de Listas, reunida el 27 y 28 de marzo, procedió al relevo de Prieto por Vázquez. El lunes, previsiblemente, el partido dará explicaciones ante los medios. 

Con Prieto, son ya cinco los vencedores de primarias fulminados: Tomás Gómez (Comunidad de Madrid), Maite Berrocal (Vitoria), Pablo Sánchez Pastor (Parla) y Pedro López (Murcia), desplazados respectivamente por Ángel Gabilondo, Peio López de Munain, Cristina Vélez y, el último, José Ignacio Gras, economista y profesor universitario. Prieto, López y Berrocal se quejaron de lo mismo: de que les querían "imponer" el resto de la candidatura. La vitoriana renunció, pero los otros dos han sido directamente defenestrados. Gómez fue depuesto como secretario general y el parleño cayó porque la Fiscalía había pedido imputarle por el caso del sobrecoste del tranvía de la ciudad. Sánchez Pastor acudió incluso a los tribunales después de ser despojado de la candidatura. 

No sólo cayó Tomás Gómez. Después de la destitución del que era secretario general y candidato de los socialistas madrileños, han sucumbido otros aspirantes municipales. Con mucho menos ruido mediático, porque se trataba de casos aislados, aunque no de pequeñas localidades. En este último mes, han sido derribados, por distintas razones, los cabezas de cartel que habían sido elegidos en primarias (con o sin urnas) de Murcia, Vitoria y Parla, y la número uno por Ávila ha protestado airadamente por la lista que le ha confeccionado el partido. Ferraz argumenta que se han adoptado "medidas excepcionales y puntuales en casos excepcionales y puntuales". 

El último ejemplo se produjo en Murcia. La semana pasada. El candidato a la Alcaldía, Pedro López, el actual portavoz en el Consistorio, era descabalgado de la carrera hacia los comicios del 24 de mayo. Ocurría tras una reunión mantenida con el barón regional y aspirante a la Presidencia del Gobierno autonómico, Rafael González Tovar, y los secretarios de las 13 agrupaciones socialistas del municipio, en la que le reprendieron por sacar a la luz los trapos sucios del partido. 

López había mostrado su oposición a la integración en su lista a miembros de la ejecutiva regional del PSOE, como la actual portavoz parlamentaria, Begoña García Retegui, como número dos, y su deseo de elaborar su propia lista con personas de su confianza. Tras un encuentro con Tovar, no hubo acuerdo y el candidato aireó sus discrepancias ante los medios, defendiendo que no podía aceptar la propuesta de la cúpula porque le haría ser un aspirante "indigno", sin crédito y "ninguneado". En la reunión con los secretarios locales, se plantearon tres opciones: que López asumiera la lista sin cambio alguno; que se alcanzara un acuerdo según el cual el candidato pudiera incluir a una persona de su confianza en los primeros puestos, y la tercera, la que ganó, con ocho de los 13 votos favorables, la de forzar su dimisión o, si no la aceptaba, destituirlo. 

"Atropello" de la dirección regional

El número uno se negó a marcharse tras el "atropello" de la dirección autonómica del partido. El desenlace se produjo el pasado sábado, 14 de marzo, cuando la Comisión Regional de Listas del PSRM declaró la no idoneidad de Pedro López como candidato a la Alcaldía, "por el daño que sus manifestaciones públicas han ocasionado a la imagen del Partido Socialista en la Región de Murcia y a todos sus militantes". La decisión tendrá que ser avalada por la Comisión Federal de Listas, la que a su vez tendrá que proclamar al sustituto. 

En la dirección regional explicaron a infoLibre que el origen del conflicto hunde sus raíces hace mucho más tiempo. López, candidato también en las municipales de 2011 –en las que el PSOE se despeñó del 29,71% al 19,48%, de 9 a 6 concejales, por los 19 del PP (gracias a su 60,71% de los votos)–, se había opuesto en los últimos procesos orgánicos a quien ganó el congreso regional en 2012, el exdelegado del Gobierno Rafael González Tovar. Cuando llegaron las primarias para la Alcaldía, y López se presentó, la cúpula decidió no movilizar apoyos a favor de la otra aspirante, la concejala Mar Rosa, para no profundizar en las heridas internas. Esta no logró el 20% de avales necesarios, mientras que el portavoz pescó 719, más del 50% del total del censo (unos 1.400 militantes). "Entendimos que había que preservar la unidad. Y aunque no era un candidato muy fuerte, se primó configurar un equipo potente para disputar las elecciones al PP", indicaban fuentes del PSRM.

La cuerda se rompió cuando Tovar intentó que a López le sucedieran, por este orden, Begoña García Retegui, Enrique Ayuso, Susana Hernández, Fernando González, Maite Espinosa y Sebastián Peñaranda. Y López estalló. Para una dirigente de la capital regional, el candidato midió mal sus fuerzas. Pensó que si planteaba un órdago al barón autonómico, y en público, este cedería. Pero no lo hizo. Las agrupaciones locales le pidieron que rectificara, y no hubo forma. "No es verdad que yo acudiera a los medios –se defiende el ya excandidato, en declaraciones a este periódico–. Me preguntaron si estaba de acuerdo con la lista que me habían colocado, y yo dije que no estaba pactada. No se me permitió incluir ningún nombre. Yo proponía a gente también del partido, no a ningún independiente, pero algunos no tenían cargo orgánico, y Rafa proponía sólo dirigentes". 

Aunque López llegó a dejar caer que la decisión de destituirle "estaba premeditada desde hace tiempo", dice no tener "datos" para saber si la dirección federal de Pedro Sánchez presionó a favor de su caída. Desde el círculo de Tovar lo niegan. "El federal ha conocido el tema una vez ya ocurrido. No había nada premeditado, ni plan A, ni plan B. Todo lo ha propiciado Pedro López él solito. Nadie ha incitado nada, y menos Ferraz", defiende una máxima responsable de la cúpula. Todavía no hay relevo. "Prueba de que no había una estrategia preparada", insisten en el aparato del PSRM-PSOE. En principio, se piensa en un perfil superador de las divisiones internas, capaz de competir contra el aspirante del PP, que no es el actual regidor, Miguel Ángel Cámara, sino el exrector de la Universidad de Murcia y exconsejero José Ballesta. 

También se habla de "imposición"

La queja por la "imposición" de la lista al candidato se ha oído también en otros dos casos, Vitoria y Ávila. El pasado 16 de febrero, apenas cinco días después de la destitución de Tomás Gómez en Madrid, el PSE se quedó sin su elegida para la Alcaldía de la capital vasca, Maite Berrocal. Ella había sido nominada sin necesidad de urnas, ya que fue la única que se presentó a las primarias, ya que el sector crítico de los socialistas alaveses renunció a postular a un rival, como tampoco lo hizo el ala oficial, afín a la secretaria general, Cristina González. Berrocal había formado parte del equipo de Gobierno local cuando su compañero Patxi Lazcoz fue alcalde entre 2007 y 2011. 

La candidata renunció a la candidatura por la "imposición" de la lista por parte de la ejecutiva provincial y autonómica (dirigida por Idoia Mendia), que quería que el número dos fuera el expresidente de Caja Vital y exvicepresidente de Kutxabank, Carlos Zapatero, al ser una persona de "mayor peso", sobre todo en el ámbito económico, y que el tres quedara para la actual edil Isabel Martínez. Berrocal, en cambio, deseaba que la acompañasen Virgilio Bermejo –que trabaja ahora en el grupo municipal en Vitoria– y Silvia Calurano –responsable del área de Igualdad en el partido–. Una plancha, a juicio del PSE, "más flojita", según fuentes de la dirección. Las diferencias fueron irreconducibles.

A los dos días, 18 de febrero, Cristina González ya daba por "zanjada" la crisis en Vitoria. La ejecutiva alavesa había decidido designar al veterano concejal Peio López de Munain como el sustituto, y elevó la propuesta a la Comisión Federal de Listas, que la validó. Después, las dos asambleas locales respaldaron a su nuevo candidato. 

Consecuencia de la ruptura en Castilla y León

Manoli Prieto es todavía la número uno de la lista municipal por Ávila. Pero allí la situación no es nada pacífica. El pasado viernes, anunció que presentaría un recurso de amparo ante los órganos del partido –la ejecutiva federal y la Comisión de Ética y Garantías– y ante los tribunales para "defender" la normativa del PSOE tras aprobarse la lista sin su aprobación. "Ni siquiera los conozco", dijo sobre los integrantes de la candidatura, y afeó que "algunos" no fueran afiliados y que hubiera "independientes". Este diario intentó contactar, sin éxito, con Prieto. 

Quien aprobó esa lista fue la gestora que dirige el PSOE en Ávila. El partido sigue en la provincia en precario. El año pasado dimitió más de la mitad de la ejecutiva de los socialistas abulenses, que dirigía Tomás Blanco, lo que forzó la constitución de una gestora, presidida por el exsenador Narciso Serrano. Meses después, en noviembre, renunció la mitad más uno de los miembros de la cúpula local, así que Serrano también asumió provisionalmente el mando de la dirección de la capital. 

El conflicto en Ávila no se entiende sin tener en cuenta el contexto regional. En 2014, el enfrentamiento entre el barón autonómico, Julio Villarrubia, y su antecesor en el cargo y secretario de Organización de Alfredo Pérez Rubalcaba, Óscar López, partió al PSOE castellanoleonés en dos. Ávila había caído del lado del primero. Al final, los partidarios de López en la ejecutiva dimitieron en bloque y forzaron la caída de Villarrubia. Ferraz montó una gestora presidida por el histórico Jesús Quijano, que organizó un congreso extraordinario. Este se celebró en octubre y eligió al diputado burgalés Luis Tudanca –próximo a López y Pedro Sánchez– como nuevo secretario general. Pero las tensiones internas, a juicio de los afines al anterior líder autonómico, no se han disipado. Y la prueba de cargo es Ávila. 

Allí, Prieto fue elegida el pasado 8 de febrero como candidata tras imponerse a su rival en las primarias, Yolanda Vázquez, por sólo 16 votos. La ganadora logró 79 apoyos entre los afiliados, frente a los 63 de Vázquez. Esta pertenece al sector próximo al diputado nacional Pedro José Muñoz, un hombre de la confianza de Óscar López (fue su secretario de Organización regional). Muñoz es considerado por los afines a Villarrubia como el "cacique" en la federación, al que "no le importa perder votos con tal de mantener el poder". 

Ávila, Vitoria y Murcia comparten la queja, por parte de los candidatos, de la "imposición" de la lista. ¿Pero quién debe confeccionarla: el aspirante o el partido? En teoría, ambos. El artículo 52. 1 de la normativa reguladora de los cargos públicos indica que si el cabeza de cartel es elegido mediante primarias, la plancha electoral que se presente "se formará de acuerdo con el candidato, con objeto de garantizar la formación de equipos de gobierno completos y cohesionados". En el caso de Murcia, por ejemplo, se recordaba a Pedro López desde la dirección regional que el sistema socialista no es en absoluto "presidencialista". 

El coletazo del tranvía

El caso de Parla se sale de la tónica de estos tres casos. El pasado 10 de marzo, la Comisión Federal de Listas ratificó la propuesta de la gestora del PSM –que pilota Rafael Simancas– de tumbar la candidatura de Pablo Sánchez Pastor al Ayuntamiento de Parla y poner en su lugar a Cristina Vélez, exsecretaria de Organización local y ahora persona de confianza del Gabinete de la Alcaldía. La ciudad, feudo histórico de los socialistas, está gobernada por Beatriz Arceredillo tras la caída de José María Fraile, amigo de la infancia del ya exlíder del PSM, detenido por la operación Púnica.

Sánchez Pastor, dirigente muy próximo a Tomás Gómez, había vencido en las primarias del pasado 25 de octubre. Logró 224 votos, por los 167 de su oponente, María José López Bandera. Una vez caído el barón regional, la gestora puso su nombre en el disparadero. Le pidió su renuncia a la candidatura, y él se negó. La dirección provisional de Simancas argumentaba que él era una de las personas para las que la Fiscalía pedía su imputación por el sobrecoste del tranvía de la ciudad, impulsado durante el mandato de Gómez como alcalde parleño. La Comisión Federal de Listas asumió las razones de la gestora, y aunque no dudó de la "honorabilidad" de Sánchez Pastor, fuentes del órgano recordaron que el nombre del candidato apareció en un informe policial que se conoció en diciembre, después de que fuera ratificado como número uno al Ayuntamiento.

Quien protestó en aquella cita del 10 de marzo fue una de los miembros de la comisión, Maru Menéndez, secretaria de Organización de Gómez. Tachó la decisión de "sinrazón, despropósito y profunda injusticia" ya que no había "ni una sola razón" para avalar "lo que parece ser más bien una decisión político-orgánica de la gestora". Fuentes próximas a la exdiputada regional y exsenadora explicaban que se trataba de una "purga" de Pedro Sánchez contra "todo aquel relacionado con Tomás Gómez", una "absoluta arbitrariedad", porque Sánchez Pastor "cumplía escrupulosamente el código ético y ni siquiera estaba imputado de nada". "No es ya que el que se mueva no sale en la foto, es que directamente se le corta la cabeza", remachan estas fuentes. 

Denuncia en los juzgados de Parla

"Hemos adoptado una decisión pensando en lo que necesitan los ciudadanos de Parla y merecen una alternativa socialista potente, fuerte, con capacidad de ganar y absolutamente ejemplar", justificó Simancas ante los periodistas días después. 

Este martes, Sánchez Pastor presenta ante los juzgados de instrucción de Parla una súplica en la que pide la "paralización" de la decisión de la Comisión Federal de Listas, a fin de que le restituya su condición de candidato a la Alcaldía. Así que el conflicto adquiere otra dimensión. 

En Ferraz, fuentes próximas al secretario de Organización, César Luena, negaron que sea "peligroso" proceder a estos cambios de cartel a tan pocas semanas de los comicios del 24-M, y rechazaron que se proyecte una imagen de falta de respeto a las primarias. Porque se trata de "cuatro casos en un proceso de elección de candidatos en los que han participado miles de personas". "Se han tomado medidas excepcionales y puntuales para casos excepcionales y puntuales. Los militantes son libres de decir lo que les parezca. Pero todas las resoluciones se adoptan siempre ajustándose a la normativa reguladora". Que es la que dice que las comisiones de listas –y, por encima de todas ellas, la federal– son las que tienen la última palabra sobre los candidatos. Más allá de los datos que arrojen las primarias. No va a haber muchas más posibilidades de relevos: todas las listas y los programas deben aprobarse en la próxima cita del Comité Federal, máximo órgano entre congresos, el sábado 28 de marzo.

La Comisión Federal de Listas del PSOE aprobó este martes la propuesta de la comisión gestora del PSM de apartar al hasta ahora candidato a la Alcaldía de Parla, Pablo Sánchez Pastor, por haber formado parte de la "polémica gestión" del Ayuntamiento, que está "judicializada". Pablo Sánchez contaba con el apoyo del anterior líder del PSM, Tomás Gómez.

Según informó a Europa Press fuentes socialistas, la Comisión Federal de Listas dio luz verde por asentimiento a la resolución de la gestora de Rafael Simancas, que propuso a Cristina Vélez para las elecciones municipales.

El único voto discrepante fue el de la exsecretaria de Organización del PSM Maru Menéndez, que antes de la reunión ya había adelantado su intención de oponerse a este decisión, por entender que no hay "absolutamente ninguna razón" para apartar a Sánchez, que cree que "cumple con todos los preceptos del código ético del PSOE".

Ménendez subrayó además que es una "sinrazón" que "vulnera los derechos de los militantes", que eligieron en primarias a Sánchez, y recalcó que la Comisión Federal de Listas ratificó su candidatura el pasado diciembre y desde entonces no ha habido "ningún tipo de modificación" de la situación, "ni en el ámbito jurisdiccional ni en ningún otro ámbito".

"Hay sombras"

Sin embargo, fuentes de Ferraz recalcaron que después de que la Comisión Federal de Listas aprobara su candidatura el 16 de diciembre, se conoció un informe de la UDEF sobre el Ayuntamiento de Parla, del que formó parte Pablo Sánchez, arrojando "sombras" sobre su gestión y dejándola "muy en entredicho".

Según estas fuentes, la dirección socialista no duda de la "honorabilidad" del hasta ahora candidato, pero considera "políticamente acertado" apartarlo para situar a otra persona que "no tenga relación con la polémica gestión". La Comisión Federal de Listas es competente para hacerlo, arguyeron.

En este caso, y a diferencia de la elección del sustituto de Tomás Gomez para la Comunidad de Madrid, se ha optado por nombrar directamente a un sustituto ya que su candidatura deberá ser ratificada en el Comité Federal del próximo 28 de marzo, que aprobará las candidaturas para toda España.

En la reunión de este martes, además de aprobar la candidatura de Cristina Vélez para Parla, la Comisión Federal de Listas dictaminó a favor de la candidatura de Francisco Crispín para el Ayuntamiento de Sagunto (Valencia).

"No me temblará el pulso", ha proclamado Pedro Sánchez con reiteración. El pasado domingo, desde Barakaldo (Bizkaia), lo repitió. Al contrario que el Partido Popular, el PSOE "limpia mientras ellos tapan", dijo, y él trabaja para "garantizar la limpieza en la vida pública" y hacer del PSOE un partido "ganador". "Prometimos cambiar el partido y ya lo estamos haciendo", comentó, en un mensaje que tenía inevitablemente una lectura interna, tras la decapitación de Tomás Gómez como secretario general de los socialistas madrileños. Este martes, sin embargo, tuvo que poner a prueba su propio listón. 

La dirección del PSOE intentó apuntalar, vía argumentario oficial, que no existe "imputación" sobre los dos expresidentes y los tres exconsejeros andaluces (José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno), puesto que la providencia del Supremo [consúltala aquí en PDF] "no contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad". Se les cita, insistió Ferraz, "en calidad de imputados", para que disfruten de "las garantías procesales correspondientes, como son la asistencia de abogado o el derecho a proponer pruebas, entre otras".

"Rodeados de bombas que van cayendo"

Sin embargo, distintos dirigentes consultados por infoLibre, tanto del entorno de Susana Díaz, como en Ferraz o en los territorios, reconocieron que la resolución del Tribunal Supremo llega en el peor momento para el partido, y que no es fácil de explicar a los ciudadanos la distinción entre imputación de delito o la citación como imputado, y que estos perciban la gradación. "No es fácil, pero debemos hacer pedagogía y contar que son cosas distintas, procesalmente hablando", indicaba una dirigente de la confianza de Sánchez. "Cuesta explicarlo y nos viene muy mal. Es una suma de cosas", expresaba con indisimulada preocupación un barón regional, abrumado por la sucesión de traspiés y de crisis que atraviesa el PSOE. La última, la del PSM tras la súbita destitución de Gómez como secretario general.

Desde el equipo de la presidenta se asumía la inoportunidad de la providencia. "Estamos rodeados de distintas bombas y van cayendo. Pero vamos a seguir nuestro camino. No queremos perder tiempo con cuestiones que escapan de nuestra mano", apreciaba un miembro de su Gobierno. En la Junta daban por hecho que habría citación, porque "en el actual clima social", en pleno descrédito de la política y de altísima preocupación por la corrupción, no habría parecido prudente, por parte del TS, archivar directamente la causa sin tomar declaración a los aforados.

En el entorno de Díaz subrayan que la providencia de este martes "no aporta novedades" sobre el escenario existente en una causa que acumula ya 266 acusados e investiga 855 millones de euros de dinero público, concedidos en 12 años para empresas en crisis. Y remachan que la presidenta no tiene a ningún imputado en su Ejecutivo, y ningún señalado irá en sus listas autonómicas del 22 de marzo. De modo que las responsabilidades políticas "ya están asumidas". El primero, recuerdan, Griñán, que dejó la Presidencia de la Junta en 2013. "La gente hila más fino de lo que pensamos –aseveraba un colaborador estrecho de Díaz–. Los dos expresidentes se ven como el pasado, y no hay vinculación con el presente, porque ha habido un corte político clarísimo".

En la Junta esperan que el temporal amaine, que "el ruido" pase en los próximos días. Que sea, en definitiva, "un huracán en un vasito de agua", aunque "producciones Alaya siga actuando". Se refería este dirigente a que el PSOE andaluz se teme que la jueza instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, dicte algún auto en plena precampaña, como ha ocurrido en otros procesos electorales. Una denuncia esta recurrente entre los socialistas.

Qué dice la resolución

En su providencia, el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, notificó las citaciones de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías –exconsejeros de Empleo y de Presidencia de la Junta– y la senadora Mar Moreno –extitular de Presidencia–. Todos ellos desfilarán entre el 7 y el 21 de abril, pasadas las autonómicas andaluzas del 22 de marzo. Lo harán, como era previsible, como imputados, ya que no tendría sentido que lo hicieran como testigos (estarían obligados a decir la verdad) y porque se prestaron a declarar voluntariamente para aclarar lo ocurrido y evitar así que el Alto Tribunal pida el suplicatorio al Congreso o al Senado para abrir una causa contra ellos. Comparecer como imputados les permite hablar en presencia de sus abogados. Después, el TS deberá decidir si les atribuye o no algún delito. 

Desde Ferraz, desde el PSOE andaluz y desde la Junta de Andalucía se sostuvo el mismo argumento: no pesa ninguna acusación concreta, así que nada ha cambiado, y por eso ni Chaves ni Griñán –ni los otros tres aforados– deberán dejar por ahora sus escaños. "Lo digo con claridad, cuando uno está convencido de lo que piensa y lo que dice, la coherencia es lo que prima –alegó la presidenta andaluza, Susana Díaz, desde Baza, en Granada–. Cuando el juez hable, hablaré yo. Respeto muchísimo a la justicia, pero no me muevo un milímetro", dio por respuesta a las reiteradas preguntas de los medios. Tesis secundada en público por su secretario de Organización, Juan Cornejo, y por el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez. 

La dirección federal también se acomodó a esta argumentación, ya fijada desde hace meses. Y eso que, tras conocerse la noticia, el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, se lió, al advertir de que Chaves y Griñán sólo tendrían que entregar sus actas en caso de que se abriese juicio oral, tal como establece el código ético, aprobado el pasado octubre. Hernando tuvo que volver a comparecer una hora después para reconocer su "error" y remachar que lo que prevalecía era el criterio de su secretario general, Pedro Sánchez. 

El propio Chaves subrayó que no dejará su escaño porque su situación judicial "no ha cambiado en absoluto". "Es la misma que ayer, que anteayer y que hace una semana", subrayó ante los periodistas, a los que dijo que tiene la "conciencia absolutamente tranquila" y que confía en que la causa "se archive" tras su declaración. 

Críticas de PP, IU, UPyD o Podemos

El PP, IU, UPyD o Podemos, sin embargo, no se creen la argumentación del PSOE. Los tres le acusaron por un supuesto doble rasero. "Yo, ahí, no soy quién para decirles lo que tienen que hacer –aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría–. Ellos son los que tendrán que demostrar si lo que dicen, de verdad, sirve para algo". Su compañero de filas, Rafael Hernando, portavoz conservador en el Congreso, instó a Sánchez a ser "coherente y consecuente". Así que ya que está limpiando su partido –en referencia a la defenestración de Tomás Gómez–, le pidió que no se deje una parte "un tanto oscura" y coja "el cubo, la fregona y pase el mocho también" al PSOE andaluz. El presidente del PP regional, Juanma Moreno, pidió al secretario general que exija las actas de los exmandatarios. Su partido se movilizó en Twitter para redoblar la presión con el hashtag (etiqueta)#SusanaEREsResponsable, para demandar a la presidenta que "cumpla su palabra". 

Rosa Díez, portavoz de UPyD, confió en que el secretario general haga dimitir a Chaves y Griñán porque "tienen ya varios delitos concretos por los que están siendo imputados". Y para el portavoz de Justicia de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, si no se asumen responsabilidades políticas por los ERE o por la financiación ilegal de un partido –caso del PP–, "es que ya no hay responsabilidades por nada". "Ya sabemos por qué Susana Díaz adelantó las elecciones", subrayó el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo. Lo hizo, explicó, para evitar la comisión de investigación sobre corrupción, anunciada por su federación en diciembre. 

A su vez, la candidata de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, sostuvo que la responsabilidad política de Chaves y Griñán es "evidente". "Quien ensucia las instituciones difícilmente puede limpiarlas", añadió, en alusión al PSOE. 

Los socialistas rechazan que se está abriendo "una brecha" en el discurso de Sánchez por la teórica incongruencia de reacción entre la macrocausa de los ERE y el caso del tranvía de Parla, cuyo sobrecoste está siendo investigado por la Justicia, pero que aún no ha supuesto la imputación de Tomás Gómez, alcalde de la ciudad madrileña entre 1999 y 2008. Desde Ferraz se subraya que "en ningún momento se ha dudado de la honorabilidad del ex secretario general del PSM", pues su destitución se debió a "motivos electorales y políticos". Hasta ahora, Sánchez no ha hablado de la crisis del PSM y no lo hará, según prevé Ferraz, hasta pasado el debate del estado de la nación, que se celebrará en el Congreso la semana próxima.

El caso del tranvía de Parla y la caída de Gómez

Sin embargo, la resolución de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal aprobada el pasado miércoles sí incluía lo sucedido en Parla como una de las razones para el cese de Gómez. Y lo hacía en su primer punto: "Existen procedimientos judiciales que afectan directamente o indirectamente al PSM-PSOE, y a su dirección regional: la operación Púnica, actualmente bajo secreto de sumario, en la que resultaron detenidos el alcalde de Parla, su jefe de gabinete y un exportavoz del Ayuntamiento de Aranjuez; el caso del tranvía de Parla, que actualmente está siendo investigado y en el que se ha solicitado la imputación de los concejales del PSOE que aprobaron las desviaciones presupuestarias". Ello explica que Gómez prometiera defender su honor hasta el final, incluso en los tribunales. 

En el PSOE no preocupa demasiado, por ahora, la campaña a la contra que protagonizará, sobre todo, el partido de Mariano Rajoy. "Lo que hace el PP es emborronar todo para tapar sus propias vergüenzas", señalaba a este diario la secretaria de Empleo de la dirección de Sánchez, Luz Rodríguez. "No vamos a ir al y tú más, pero que cada uno arregle su casa. Que el PP tiene Gürtel, Bárcenas, Púnica... y hasta el presidente de Melilla [Juan José Imbroda] está imputado por el Supremo [por la posible contratación irregular por parte de la ciudad autónoma de un abogado externo]", completan en el entorno de Díaz. Un barón regional se queja del trato no igualitario que, a su juicio, recibe el PSOE respecto del PP. "Estoy empezando a pensar que lo que interesa es que nos vayamos al carajo, que siga gobernando el PP y haya una izquierda desunida. Porque el PP está corrupto hasta las entrañas", señalaba anoche, preocupado por la acumulación de bofetadas, internas y externas, de un partido en horas muy bajas.  

El portavoz en funciones del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, presentará su renuncia al acta de diputado la semana que viene, según anunció este jueves el portavoz adjunto de la formación, José Quintana, en declaraciones a los medios a su llegada al pleno.

Quintana explicó que mantuvo una conversación esta mañana con Gómez en la que le comentó "que no podía acercarse hoy por la tarde" a la Asamblea y le pidió que se retirara su pregunta al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sobre educación, tal y como fue trasladado a los miembros del grupo en su reunión previa al pleno. Sin embargo, fuentes del PSM consultadas por infoLibre precisaron que Gómez está a la espera de que se resuelva el recurso que ha presentado contra su destitución ante la Comisión Federal de Garantías del PSOE, y si decide en su contra, dejará el escaño. No hay plazo para que el órgano dependiente de Ferraz dictamine. 

Sobre la posibilidad de que haya más diputados del grupo que renuncien a su acta dijo que "puede ser que sí, puede ser que no", ya que "son decisiones personales". Por su parte, señaló que tomará la decisión cuando llegue el momento.

Ante la pregunta de quién podría sustituir a Gómez como portavoz, respondió que eso se decidirá "la semana que viene", tal y como anunció el presidente de la gestora, Rafael Simancas, esta mañana en Ferraz.

Rosa Alcalá también falta al pleno

Maru Menéndez, mano derecha de Gómez y hasta ahora secretaria de Organización del PSM, presentó también su renuncia a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, informarán a Europa Press fuentes parlamentarias. Esta renuncia se produce un día después de que la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal haya decidido disolver la dirección del PSM y crear una gestora, una decisión contestada por los socialistas madrileños.

Tomás Gómez no tenía previsto asistir este jueves al pleno de la Asamblea de Madrid y nadie formulará su pregunta, según informaron a Europa Press fuentes del grupo parlamentario. Aparte de Gómez y Menéndez, tampoco acudió a la Cámara regional Rosa Alcalá, muy afín al ex secretario general y presidenta de la gestora que gobierna el partido en Parla.