La organización Save the Children urge a poner en práctica la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) a todos los niveles administrativos, después de haber transcurrido nueve meses desde su aprobación. La entidad pide "pasar del BOE a los hechos", según informa Europa Press.

Para la ONG, tratar bien a los niños y adolescentes no puede esperar y considera que se necesitan herramientas eficaces "no solo para luchar contra la violencia, sino para contribuir a apoyar un estilo de crianza respetuoso con el desarrollo de los más pequeños", lo que se llama "buen trato".

"Si queremos acabar con el maltrato infantil, necesitamos que la ley se ponga en práctica ya. Sin ella no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia contra nuestros niños y niñas, ni garantizar que crezcan en entornos seguros", ha explicado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

Para lograrlo, la organización ha destacado varias medidas necesarias, como programas de formación a familias para la resolución de conflictos, atención médica y psicológica perinatal a las madres, o acompañamiento a las familias por parte de Servicios Sociales, especialmente con planes de intervención en aquellos casos de situaciones de riesgo.

A esto deben añadirse, segun reSave the Childn, campañas de concienciación, investigaciones sobre el maltrato infantil, registros de información y, por último, formación de profesionales de todos los ámbitos que trabajan con infancia y familias, tanto para prevenir como para atender los casos de violencia, especialmente en los ámbitos educativos, judicial, servicios sociales y de protección, sanitario y de fuerzas y cuerpos de seguridad.

"Para erradicar el maltrato, necesitamos cambiar el discurso y empezar a hablar de buen trato. El buen trato trasciende la familia, y se refiere a cómo trata la sociedad en su conjunto a la infancia y a la adolescencia, más allá de la violencia. Es un concepto que recoge explícitamente la ley", ha añadido Perazzo.

La organización ha recordado que "se considera maltrato la forma de violencia ejercida por padres, madres o cuidadores principales que provoca un daño en el bienestar físico, emocional y psicológico de niños y adolescentes, perjudicando su desarrollo evolutivo".

En este sentido, sostiene que "esta violencia no es aislada, ya que en 2020 se registraron en España 37.778 denuncias por actos violentos contra niños y niñas. De ellas, 5.841 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 5.685 denuncias por violencia sexual, según datos del Ministerio del Interior.

Para Save the Children, "el buen trato es un concepto más amplio, que en el ámbito familiar implica una crianza positiva, educar a niñas, niños y adolescentes con amor, afecto, apego y calidez para crea vínculos seguros; ser firme y poner límites, porque aportan protección, seguridad, pero sin gritar, amenazar o castigar; no tolerar el uso de la violencia, sea del tipo que sea; o no recurrir a amenazas, humillaciones, azotes o cachetes".

La autopsia realizada a la niña Olivia ha revelado que la causa de su muerte se produjo como consecuencia de un edema agudo de pulmón, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y recoge Europa Press.

La autopsia al cadáver de la pequeña concluyó sobre las 15.00 horas del día del viernes en el Instituto Anatómico Forense y aún se está a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos, biológicos e histopatológicos. Asimismo, la prueba de la huella dactilar realizada en el propio Instituto confirmó también que el cuerpo encontrado el pasado jueves en aguas de Tenerife se correspondía con Olivia, de seis años.

El cuerpo de Olivia fue hallado por el robot submarino del buque oceanográfico Ángeles Alvariño a unos 1.000 metros de profundidad y a unas tres millas de la costa tinerfeña. Se encontraba en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla. Junto a ellas se halló igualmente otra bolsa de deportes también lastrada por el ancla, vacía.

El auto de la magistrada

El auto de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Güímar también revela que Olivia falleció de muerte violenta, de tipo homicida, como consecuencia de este edema agudo de pulmón. Las dos niñas fallecieron presuntamente a raíz de que Tomás Gimeno las envolviera en toallas y las introdujera en bolsas de basura que metió en bolsas de deporte y que luego lanzó al mar sujetas a una cadena, un cabo y un ancla.

Según el auto, Beatriz Zimmermann y Tomás Gimeno mantuvieron una relación fruto de la cual nacieron Anna y Olivia. Dicha relación se rompió hace aproximadamente un año, lo que implicó el cese de la convivencia, residiendo desde entonces Tomás en Igueste de Candelaria y Beatriz junto a sus hijas en Radazul. Desde ese momento, Tomás mantuvo de forma constante hacia Beatriz un trato vejatorio y denigrante, dirigiéndole a diario comentarios descalificativos, ofensivos y ultrajantes, en particular enfocados a menospreciarla por haber rehecho su vida con una nueva pareja, manifestando además, de forma reiterada, que no toleraba que compartiera momentos con sus hijas.

El 27 de abril, Tomás acordó con Beatriz pasar la tarde con sus hijas, lo que implicaba recogerlas hacia las 17.00 horas y llevarlas de nuevo a casa a las 21.00 horas. A continuación, Tomás llevó a Olivia a clases de alemán, donde acudía los martes y jueves. En ese instante, Tomás entregó a su pareja, directora del centro, un estuche lapicero con cinta de embalar, pidiéndole que le llamara a las 23.00 horas del mismo día. Pese a ello, abrió el estuche hacia las 17.20 horas, encontrando en su interior un fajo de dinero por importe de 6.200 euros y una carta despidiéndose de ella.

Tras salir del centro, Tomás se dirigió con las niñas a casa de sus padres en Santa Cruz, dejando allí a Anna y llevando a Olivia a clases de tenis hasta aproximadamente las 18.30 horas. Tal circunstancia la aprovechó Tomás para acudir hasta la Marina de Santa Cruz, donde estacionó su coche a las 17.50 horas a la altura del pantalán en que mantenía atracado su barco para probar el motor, abandonando la Marina poco antes de las 18.00 horas.

Después de recoger a Olivia, regresó al domicilio de sus padres, donde permaneció hasta minutos antes de las 19.30 horas. Apenas quince minutos después, Tomás llegó a su casa en Igueste de Candelaria. Presuntamente, en dicha finca Tomás dio muerte a sus hijas, envolviéndolas en toallas e introduciéndolas en bolsas de basura y éstas en bolsas de deporte, que colocó en su coche.

A las 21.05 horas, Tomás se desplazó con su vehículo, en cuyo interior presuntamente se encontraban los cuerpos sin vida de sus hijas, hasta Santa Cruz, parando un momento en casa de sus padres, donde a escondidas dejó a su perro, dos tarjetas de crédito con sus claves y dos juegos de llaves de un Alfa Romeo que había dejado la madrugada del mismo 27 de abril, hacia las 00.30 horas, en la finca donde ejercía su actividad profesional, situada en Guaza.

Beatriz llegó a las 21.00 horas al domicilio de Tomás, a quien llamó por teléfono y quien le dijo que iban a comer algo y que le dejaría a las niñas en casa. Sin embargo, poco antes de las 21.30 horas Tomás regresó hasta la Marina. Tras estacionar el vehículo, realizó tres viajes desde el coche hasta su barco para llevar distintos objetos, entre los que estaban las bolsas de deporte en cuyo interior presuntamente se encontraban los cuerpos de Olivia y Anna. Finalmente, a las 21.40 horas zarpó con la embarcación.

A las 21.50 horas Beatriz llamó de nuevo a Tomás, quien le comunicó que ya estaba fuera de la isla con las niñas. Poco después, le telefoneó de nuevo y Tomás le dijo que ya no iba a ver ni a las niñas ni a él, que se iba con ellas y que iba a empezar una nueva vida. A las 22.30 y a las 22.40 horas, Beatriz repitió la llamada, ya desde el Puerto de la Guardia Civil, siendo la respuesta de Tomás la misma, aun cuando intervino un agente de la Guardia Civil.

Cuando ya estaba suficientemente alejado de la costa y sobre una zona que conocía profunda, hacia las 22.30 horas, Tomás arrojó al mar desde su barco las bolsas de deporte que contenían en cuerpo sin vida de su hija Olivia y presuntamente el de su hija Anna, ambas amarradas a un ancla por medio de una cadena y un cabo, quedando las bolsas, junto al ancla, depositadas al fondo del mar. A las 22.30 horas, Tomás volvió a llamar a Beatriz, llegando a decirle que él no podía permitir que sus hijas crecieran sin su padre. A las 22.44 horas el teléfono de Tomás aparentemente se quedó sin batería, por lo que decidió regresar a puerto.

En la bocana de la Dársena Pesquera, hacia las 23.15 horas, Tomás se cruzó con una embarcación de la Guardia Civil, que realizó una propuesta de sanción contra él por incumplir el toque de queda. Seguidamente, volvió a atracar su barco. A las 23.45 horas, Tomás se dirigió a una gasolinera cercana y compró un cargador de móvil, cigarros y agua, regresando minutos antes de las 00.00 horas a la Marina, dirigiéndose con el vigilante de seguridad a su oficina a cargar el móvil. A las 00.27 horas, Tomás regresó de nuevo a su Barco y zarpó por última vez.

Tomás volvió a hablar a las 01.28 horas con Beatriz, quien le planteó que las niñas necesitarían a su madre, a lo que él contestó que sabía que eso le iba a costar pero que con el tiempo estarían bien con él, ya que tenía suficiente dinero para vivir. A las 02.11 horas habla por última vez con Beatriz, despidiéndose definitivamente. Además, mandó varios mensajes de despedida a sus amigos, a los que comunicó que les dejaba varias de sus pertenencias, y a su padre, diciéndole que lo sentía de verdad, que lo sentía por él, pero que necesitaba esto y que por fin estaría bien y como quería. El último mensaje lo remitió a las 02.27 horas.

A las 17.37 horas del 28 de abril, su barco fue localizado en el mar vacío y a la deriva a la altura del Puertito de Guímar. Durante su remolque hasta el puerto de Santa Cruz fue localizado flotando en el mar el maxi cosi de Anna.

Orden internacional de búsqueda contra Gimeno por matar a sus hijas

Asimismo, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar ha dejado sin vigencia la orden internacional para la detención de Tomás Gimeno por un delito de sustracción de sus hijas Anna y Olivia y en su lugar ha acordado otra orden internacional por la presunta comisión de dos delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la juez instructora también ha declarado la pérdida de competencia del Juzgado de Güímar en el caso a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, donde tiene domicilio la madre de Ana y Olivia.

El buque regresa a puerto por problemas técnicos

El buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha regresado este sábado al puerto de Santa Cruz de Tenerife al sufrir una avería, tras trece días consecutivos de rastreo. El barco del Instituto Español de Oceanografía (IEO), equipado con un radar de barrido lateral y un robot submarino, continuará con las labores de rastreo para tratar de encontrar a la pequeña Anna y Tomás Gimeno una vez se solventen estos problemas técnicos.

Durante la noche el Ángeles Alvariño ha estado realizando rastreos en una zona más próxima al Puerto Deportivo Marina Tenerife, donde Tomás Gimeno tenía atracada su lancha, la cual fue encontrada vacía y a la deriva el díadía después de que se produjera el secuestro de sus dos hijas, Anna y Olivia.

Sin embargo, en torno a las ocho y media de la mañana el buque oceanográfico se vio obligado a regresar a puerto tras la citada avería. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, informó el viernes de que la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno seguiría, al menos, hasta el próximo lunes y no descartó que estuviera más días si fuera necesario.

El portavoz de la asociación Infancia Robada e impulsor de la campaña en Change.org El abuso no prescribe, Miguel Ángel Hurtado, ha mostrado su "profunda decepción" con el proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que se aprobó este miércoles en Comisión del Congreso; asegura que se queda "corto" y pide que el plazo de prescripción comience a contar cuando la víctima cumple 40 años y no 30 como se recoge en el texto, según informa Europa Press.

"Con esa cifra (30 años), el grueso de los casos de abuso sexual infantil prescribirían en cuanto la víctima tenga entre 35 y 40 años. Se tarda más en aceptar lo que te sucedió", aseguran las víctimas que esperan que la próxima semana, cuando el dictamen llegue al Pleno, se rectifique la edad.

Miguel Ángel Hurtado, quien sufrió abusos de pequeño en la Abadía de Montserrat lanzó una campaña en Change.org, que ya suma más de 530.000 firmas, solicitando que los tiempos de prescripción de los delitos de abuso sexual se amplíen. En la actualidad comienzan a contar una vez que la víctima cumple los 18 años.

Hurtado considera "profundamente decepcionante" el resultado de la tramitación de la norma hasta ahora en este sentido. "Se está estableciendo de momento que el plazo de prescripción sea cuando la víctima cumpla 30 años de edad. Esto significa que el grueso de casos de abuso sexual infantil prescribirán cuando la víctima tenga entre 35 y 40 años", advierte.

A su juicio, es "una reforma que sabe a poco, que llega tarde y que está mal hecha". "Desgraciadamente, el Gobierno ha decidido practicar el analfabetismo científico a la hora de escoger cuál debe ser el nuevo plazo de prescripción para este tipo de delitos, dando la espalda a la evidencia empírica y condenando a la nueva ley al fracaso. Un triste ejemplo de obsolescencia programada legislativa", ha calificado Hurtado.

El impulsor de la iniciativa toma como muestra el estudio realizado por la Comisión Real de Investigación sobre las Respuestas Institucionales al Abuso Infantil, realizado en 2017 por la Iglesia Católica Australiana, que analizó las experiencias vividas por 4.445 supervivientes de pederastia que fueron abusados durante cinco décadas, y estableció que las víctimas tardaron de media 33 años en denunciar el delito, cuando ya tenían una media de 44 años de edad.

"Lamentablemente no podemos dar cifras sobre la realidad en nuestro país, porque España es un desierto estadístico. Tanto la Conferencia Episcopal como el Gobierno se niegan a realizar una investigación similar. Pero por pura lógica, las cifras no serían muy diferentes, probablemente incluso peores", ha explicado Hurtado.

En todo caso, se felicita porque la "mayoría" de partidos han escuchado su reclamación y existe una enmienda transaccional que pide al Gobierno ampliar el plazo, aunque no fue aprobada este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad que aprobó este miércoles el informe de la ponencia.

"En una muestra de cerrazón difícil de comprender PSOE y Podemos se niegan a llegar a un acuerdo", expone Hurtado, mostrando su confianza en que esa enmienda pueda salir adelante la próxima semana en la votación en el Pleno.

La futura Ley contra la Violencia a la Infancia, que el Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, obligará a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales, que no especifican si se incurrirá en algún delito en caso de que no se proceda a esta denuncia no hasta que grado de consanguinidad afecta esta obligación.

En general, la normativa establece que se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad aun cuando no sea delito, especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad. Además, la futura norma configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.

Igualmente, la norma concede nuevos derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos sea una persona menor de dieciocho años en línea con Estatuto de la víctima del delito, aunque no se han concretado cuáles son estos derechos. En cuanto a la sustracción de menores, se introduce como posible sujeto activo en el tipo penal el progenitor que únicamente tenga en su compañía a la persona menor de edad en un régimen de estancias.

Ambos progenitores decidirán la residencia 

Por otro lado, se atribuye la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos menores de edad a ambos progenitores. De este modo, se requerirá consentimiento de ambos o autorización judicial para el traslado del menor, con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores.

En relación a los delitos sexuales contra menores, habrá modificaciones en la regulación relativa a la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de no haber cometido delitos contra la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual para desarrollar actividades que supongan contacto habitual con personas menores de edad, aunque estas fuentes no especifican en qué sentido. También se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años.

Como ya se ha anunciado uno de los objetivos de la norma es extender el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad.

Por oro lado, se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre terceros, así como los que integren una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homófobo o transfobo.

Se tipifica el odio contra niños y mayores y la aporofobia 

Además, se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes, como sobre las personas de edad avanzada e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.

El texto encomienda al Gobierno redactar dos proyectos de ley para la especialización de la jurisdicción penal y civil, así como del Ministerio Fiscal. Del mismo modo, se establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a nivel estatal, autonómico y local cuenten con unidades especializadas en la sensibilización, prevención de situaciones de violencia sobre personas menores de edad y contempla reducir la práctica de diligencias con intervención de personas menores de edad a aquellas que sean estrictamente necesarias.

Para ello, se prevé un aumento de la dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y la Administración de los Servicios Sociales para luchar contra la victimización secundaria y cumplir las nuevas obligaciones encomendadas por la ley, respectivamente, aunque las fuentes consultadas no han especificado el porcentaje de aumento ni a cuenta de qué administración correrá el mismo.

Asimismo, se pauta como obligatoria la práctica de la prueba preconstituida por el órgano instructor, cuando la víctima sea una persona menor de 14 años o con discapacidad necesitada de especial protección a fin de evitar que tenga que declarar reiteradamente, a lo largo del procedimiento penal, sobre los hechos objeto del procedimiento. En general, se garantiza a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los derechos a la información, el asesoramiento y el apoyo, a una atención integral (incluida la atención terapéutica) y a personarse en los procedimientos judiciales que se sigan.

Además, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas menores de edad y de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección víctimas de delitos violentos graves, con independencia de si situación económica. También se modifica la Ley de Jurisdicción Voluntaria para asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en los expedientes de su interés.

La norma también incluye nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social, como las que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad.

Además, se regula el canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar una adecuada protección del derecho fundamental a la protección de datos personales y la rápida retirada de Internet los contenidos que atenten gravemente contra el mismo. Por otro lado, las Administraciones Públicas establecerán mecanismos adecuados de comunicación, accesibles y seguros para fomentar la comunicación de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes por otros menores.

"Parentalidad positiva"

Junto con estas medidas, el texto prevé promover la "parentalidad positiva", la adquisición de competencias emocionales, de negociación y resolución de conflictos en base a la situación y necesidades de los progenitores, o en su caso, de las personas tutoras o guardadoras o acogedoras.

Como ya anunció el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se crea la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos y se definen sus funciones básicas ante caso de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia.

De igual modo, se crea la figura del delegado de protección en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad y los centros de protección deberán contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a las situaciones de violencia, como la trata de seres humanos, el abuso y la explotación sexual. Además, los funcionarios de Servicios Sociales tendrán la condición de agentes de autoridad.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha puesto en marcha una exposición de dibujos creados por hijos e hijas de víctimas de violencia de género, en la que los menores ilustran sobre el papel las situaciones de maltrato que han vivido, según informa Europa Press.

Insultos, lágrimas, miedo, una imagen de un monstruo que grita "Te voy a matar" y comparaciones con animales salvajes como el gorila o el tigre, es lo que muestran algunas de las ilustraciones de los niños y niñas, que se exponen desde este jueves 25 de abril en Salobreña (Granada). Después recorrerá de forma itinerante por distintos puntos de España.

"Cuando dibujé a papá, que es una fiera, pinté una línea para proteger a mamá", señala uno de los pequeños que ha vivido la violencia machista en su hogar. Según sostienen las creadoras de este proyecto, muchos de estos menores presentan baja autoestima, depresión, conductas agresivas, problemas de alimentación, e incluso consumo de estupefacientes. "Todo lo que el menor hace tiene un sentido, tiene relación con algo que le ha ocurrido. Articulándolo, dando forma a sus actos y pensamientos de otra manera, podrá proyectarlo hacia un futuro, hacia un cambio propio, recorriendo y atravesando su singularidad", apuntan.

Según los datos oficiales, en España desde el año 2013 un total de 241 quedaron huérfanos a causa de la violencia machista y un total de 27 niñas y niños fueron asesinados por violencia de género contra sus madres. A la cifra de menores asesinados hay que sumar al menor de 10 años de nacionalidad alemana cuyo cuerpo sin vida fue hallado ayer, junto al de su madre, en Adeje (Tenerife).

Esta recopilación de dibujos forma parte del proyecto Intervención Psicosocial con Menores, una iniciativa que la Comisión arrancó en el año 2003 observando las necesidades de atención psicológica que presentaban aquellos niños y niñas que estaban siendo víctimas directas de maltrato físico, psicológico o sexual.

"Este trabajo nace con la idea de sensibilizar sobre los terribles efectos que la violencia tiene sobre los menores que la sufren, y que no se puede expresar con palabras. A través de sus trabajos queremos demostrar cómo ven ellos el proceso de violencia, haciéndoles protagonistas de su propia historia, de la mejor forma en que nos lo pueden contar", explica la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez.

Para colaborar con esta iniciativa, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha puesto en venta un libro que recoge todos los dibujos de la exposición. Todo lo recaudado irá destinado a la intervención psicosocial con menores víctimas de violencia de género y al desarrollo de esta exposición itinerante.

Dibujo de un menor e hijo de una víctima de malos tratos.

El juzgado que estaba de guardia en la tarde del miércoles 13 de marzo remitió a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot-Godella (Valencia) la denuncia que le acababa de presentar la abuela de los dos niños hallados sin vida un día después en Godella "con objeto de que, a prevención, se tomen las medidas oportunas en relación con la situación de los menores". Se trataba de un niño de tres años y medio, y una bebé de cinco meses. Informa Europa Press.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la abuela de los menores acudió al juzgado de guardia de Valencia el miércoles 13 de marzo por la tarde y trasladó al magistrado sus "temores" por la situación de sus nietos. El juez recibió su denuncia, le hizo el ofrecimiento de acciones e incoó unas diligencias previas. Asimismo, en esa misma tarde remitió la denuncia a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot-Godella "con objeto de que, a prevención, se tomen las medidas oportunas en relación con la situación de los menores", de acuerdo con el TSJCV.

Según publica este miércoles Las Provincias, la abuela expresó al magistrado que estaba preocupada por los problemas psicológicos y el "extraño comportamiento" de su hija –que acabó siendo detenida junto con su pareja y se encuentran en prisión por el doble crimen– ya que le había enviado dos días antes un mensaje de whatsapp en el que daba a entender que iba a quitarse la vida.

Paralelamente, según la información del TSJCV, el magistrado acordó inhibirse de las actuaciones y remitirlas al Decanato de los Juzgados de Paterna para su reparto, al ser este partido judicial el competente para el conocimiento de los hechos. La denuncia formulada el 13 de marzo por la abuela de las víctimas ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Paterna, que instruye un sumario declarado secreto por dos delitos de asesinato y mantiene en prisión provisional a los padres de los niños.

Vistos por última vez con vida 

Ese mismo miércoles los menores fueron vistos por última vez por una amiga de la familia que les llevó comida. La búsqueda de los niños se activó el jueves por la mañana al recibirse al menos dos llamadas que alertaban de que se habían oído gritos en la casa que okupaba esta pareja en el término municipal de Godella. La Guardia Civil y la Policía Local comprobaron que el padre estaba en la casa, pero no la madre. Algunos testimonios indicaban que había salido corriendo desnuda, hasta que fue encontrada a mediodía escondida en un bidón.

La madre fue detenida tras revelar a los agentes el lugar donde se encontraban los cadáveres, hallados enterrados de forma separada muy cerca de la casa donde vivían con sus padres en dos espacios distintos, uno a unos 75 metros y el otro a aproximadamente 150 metros. El padre fue igualmente arrestado con posterioridad y ambos se encuentran en prisión. La mujer tuvo que ser trasladada la pasada semana a una celda especial en Picassent, habilitada con un cristal transparente y bajo vigilancia continua de dos reclusas, después de sufrir una crisis y protagonizar un episodio violento, en el que llegó a comentar que tenía "miedo" a matar a las dos internas con las que compartía habitáculo.

En el Ayuntamiento de Godella constaba una intervención de los Servicios Sociales en la familia en el año 2016, a petición de un juzgado de Paterna, por un conflicto vecinal con la pareja aunque el expediente fue archivado.

Días antes de los hechos, el 11 de marzo, después de una llamada de un familiar a la Policía Local de Godella, dos patrullas de este municipio y de Rocafort se desplazaron al domicilio donde se comprobó que se trataba de un conflicto relacional con miembros de la familia extensa y que tanto los progenitores como los menores se encontraban en ese momento "en buenas condiciones", según informó en su momento la alcaldesa de la localidad, Eva Sanchis.

Dos días después, el miércoles, el Teléfono del Menor contactó telefónicamente con Servicios Sociales de Godella para poner en conocimiento una información facilitada por la familia extensa y se estableció una coordinación con el centro escolar donde asistía el hijo mayor, el Centro de Salud de Godella y la Policía Local, además de contactar telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención.

El padre de los dos niños desaparecidos en Godella (Valencia) que fueron encontrados sin vida en la tarde del jueves ha sido también detenido. La madre ya había sido arrestada ayer tras revelar a los agentes el lugar donde se encontraban los cadáveres.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, el hombre, que durante la jornada de ayer permanecía investigado ya tiene la condición de detenido. Previsiblemente, ambos progenitores pasarán a disposición judicial mañana sábado.

Los cuerpos de los menores, un niño de tres años y medio y una niña de cinco meses, fueron encontrados en la tarde de ayer enterrados de forma separada muy cerca de la casa donde vivían con sus padres en dos espacios distintos, uno a unos 75 metros y el otro a aproximadamente 150 metros. La madre ha sido arrestada, aunque ni ella ni el padre ha confesado la autoría de los hechos.

Los menores habían sido vistos por última vez el miércoles por una amiga de la familia que les llevó comida. El operativo de búsqueda se inició al recibir en la mañana del jueves al menos dos llamadas que alertaban de que se habían oído gritos en la casa que 'okupaba' esta pareja en el término municipal de Godella, próximo a Rocafort.

La Guardia Civil y la Policía Local comprobaron que el padre estaba en la casa, pero no la madre. Algunos testimonios indicaban que había salido corriendo desnuda, hasta que ha sido encontrada a mediodía escondida en un bidón, con arañazos "propios de haber corrido, sin más". Además, ante las preguntas sobre los menores, las respuestas del padre habrían sido "incoherentes".

En atención a los medios, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, explicó anoche que, aunque en un primer momento la madre no mostraba una actitud de colaboración con la Guardia Civil y realizaba manifestaciones confusas como que sus hijos "tenían que resucitar", los agentes pudieron convencerla finalmente de la conveniencia de que revelara dónde se encontraban los cuerpos.

La investigación sigue abierta a la espera de realizar las autopsias y las pruebas forenses para el esclarecimiento del trágico suceso.

El dispositivo estuvo formado por 110 efectivos con participación de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, voluntarios de Protección Civil y bomberos con perros de búsqueda especializados en hallar personas vivas y fallecidas.

Este mismo viernes, los ayuntamiento de Godella y Rocafort han decretado tres días de luto y guardarán minutos de silencio en memoria de los pequeños.

En España "nunca se expulsa" a una mujer embarazada que esté en situación irregular porque se "prioriza" el interés superior del menor. Así lo explican a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, departamento que se encarga de ejecutar las sanciones de expulsión en materia de extranjería, según informa Europa Press.

"Como práctica general, nunca se expulsa a una mujer en situación irregular que esté embarazada, lleguen embarazadas o estando aquí", han destacado estas mismas fuentes, que han insistido en que en esa situación "el criterio que prevalece" es el interés del menor. No obstante, han agregado que si se han producido expulsiones en este contexto, se debe principalmente a que no se detectó o no constaba el embarazo.

El artículo 57.6 de la ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que "la expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre".

"En la práctica" no se expulsa a madres de hijos nacidos en España

Por otro lado, desde Interior han precisado a Europa Press que la ley no prohíbe la expulsión de las madres que no tienen papeles con hijos nacidos en España, si bien han señalado que "en la práctica" no se realizan. En cualquier caso, una vez terminado el periodo de gestación, se sigue el procedimiento habitual y se analiza "caso por caso" antes de proceder a la expulsión de cualquier persona, ya que dependerá de su nacionalidad o de si tiene intención de pedir asilo, entre otras cosas.

El bebé nacido en territorio español, cuya madre está en situación irregular, no adquiere automáticamente la nacionalidad española aunque la puede adquirir por residencia al cabo de un año.

El PP liderado por Pablo Casado contempla, si consigue llegar al Gobierno, la puesta en marcha de una Ley de Apoyo a la Maternidad en la que se incluye que una mujer en situación irregular en España no será expulsada del país durante el periodo de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción. Según argumenta el partido, la intención es implementar en el ámbito nacional un protocolo de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009 que contempla la confidencialidad y el anonimato de la madre que, estando en situación irregular, quiera dar a su hijo en adopción.

Fuentes del Ejecutivo regional han aclarado a Europa Press que la renuncia de la madre al bebé es anónima y confidencial, es decir, que se garantiza a la mujer que no tenga papeles que su decisión no suponga la consiguiente apertura de un expediente de expulsión.

Desde el Ministerio del Interior apuntan que "cualquier" persona que entre en territorio español por cualquiera de las vías de entrada, ya sea de manera regular o irregular, "está reseñada". Y hace hincapié en que, en virtud de la Ley de Protección de Datos, en España "no se cruzan" las bases de datos. Es decir, que en la actualidad, si una persona en situación irregular acude al médico o a hacer un trámite de adopción "no se informa a la Policía".

"La Agencia Española de Protección de Datos vela porque esas bases de datos sean cerradas y no se notifica si una mujer empieza un proceso de adopción, u otra cosa", han precisado estas mismas fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Interior contesta así al PP, que defiende su propuesta sobre las mujeres que no tienen papeles y están embarazas, alegando que se trata de evitar "por razones humanitarias" el uso de datos personales –que se facilitan en un procedimiento de adopción– como excusa para tramitar un expediente de expulsión.

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha advertido este viernes a los medios de comunicación audiovisuales y escritos sobre el amarillismo y la espectacularización en el tratamiento informativo del 'caso Julen', de conformidad con la legislación relativa a la protección del menor y la legislación audiovisual.

La autoridad pública ha fundamentado su decisión de analizar el tratamiento que tanto televisiones públicas como privadas, locales, autonómicas y nacionales han desempeñado del accidente y rescate del pequeño Julen en Totalán, Málaga. El Consejo teme que la mediatización del rescate, que comenzó el día 13 de enero, haya propiciado la vulneración de los derechos fundamentales de los familiares del menor.

A este respecto, requiere de los medios de comunicación que mantengan un respeto absoluto de los derechos de las personas involucradas en sucesos trágicos o violentos, con especial atención al derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.

El CCA reclama también a las televisiones que huyan del amarillismo y la espectacularización de estos casos e insiste en que deben acudir a fuentes fiables para evitar la difusión de bulos o fake news que, a su vez, contribuyen al desasosiego de los familiares afectados por un determinado suceso trágico y luctuoso, y más cuando este implica a menores de edad. 

En este sentido, ha recordado a los medios que un correcto tratamiento informativo pasa por recuperar los principios básicos del periodismo. El Consejo ha aprobado en los últmos años recomendaciones específicas. Estas recomendaciones están basadas en el papel fundamental del periodismo, que es el de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, una tarea que debe compatibilizarse con los principios de interés público, información de calidad, veraz y respetuosa con los derechos fundamentales. 

A la hora de informar sobre menores de edad, el Consejo Audiovisual de Andalucía anima a los medios de comunicación a rescatar los códigos deontológicos:

El youtuber Dalas Review ha atribuido este viernes la acusación que ejerce una menor contra él por abuso sexual y ciberacoso sexual infantil a "una conspiración" de un grupo de fans que decían "burradas" para hundirle " lo máximo posible". Informa Europa Press.

Daniel José S.L., de 25 años, se sienta en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Madrid presuntamente por abusar de una menor, una fan suya de 13 años que conoció en el verano de 2015 a través de la red social Twitter. A su entrada a esta sede judicial, ha grabado con su móvil a los periodistas y cámaras que esperaban su llegada. El popular youtuber canario se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión, once años de inhabilitación especial y nueve de alejamiento de la supuesta víctima.

No es la única fan que le ha denunciado. En el juicio, un agente de la Policía Nacional ha hablado de más denuncias, una de ellas archivada y otra en instrucción. En este caso, la joven contó a sus padres los abusos que sufrió supuestamente después de conocer que había "más casos" de chicas en su misma situación. En su declaración, el acusado ha explicado que conoció a la chica aquel verano e inició entonces una relación de amistad a través de las redes sociales. "Se estaba peleando con unos hakers por Twitter y la seguí", ha contado.

Según su relato, la menor le comentó que tenía 16 años, si bien algo después le dijo que tenía 14. Sobre la edad, ha negado que la niña le dijera realmente su edad y que él le manifestara que era "una tontería" dejar de hablar por esa cuestión. El youtuber ha insistido al tribunal que nunca la propuso nada sexual y que hablaban de temas personales. "Me contaba sus dramas personales", ha dicho, reconociendo que le dijo que se acercara a una firma de libros, al igual que hacía con otros fans con los que hablaba por las redes sociales.

Sobre los hechos objetos de la acusación, ha negado que le realizara tocamientos en el madrileño Parque de El Retiro, algo de lo que ha dicho que era "imposible". "Jamás", ha subrayado, negando que tuviera lugar tal encuentro. "Es imposible estar con alguien sin que me grabe. Soy muy cuidadoso. No se me hubiera ocurrido en la vida besarme en medio de un parque", ha aseverado. Además, ha contado que todo es consecuencia de un chat de chicas que decían "burradas" sobre él para hundirle.

Otras fans en situación similar 

La versión de la víctima, que ha declarado por videoconferencia acompañada por su padre, difiere en algunos puntos sobre la versión del acusado. Tras relatar cómo se conocieron, ha narrado a la fiscal cómo se produjo el episodio de abuso sexual del 8 de febrero de 2016 después de que ambos quedaran en la estación de Atocha.

"Insistió en darme mi primer beso y le dejé. Luego quiso ir a un Hotel, pero a mí me daba miedo. Y fuimos al Retiro que estaba a un paso. Me besó, le dejé hacerlo. Empezó a tocarme, a darme besos", ha relatado la chica, quien le contó a una amiga lo que pasó porque le daba vergüenza decírselo a sus padres.

A los meses, se enteró de que Dalas hizo lo mismo con otras fans. "Había más chicas en mi situación y queríamos ayudarnos", ha señalado a la sala, al tiempo de reconocer que quisieron borrar las conversaciones porque sabían que "muchos famosos suelen acusar a sus víctimas de conspiración" y no querían que pasara eso.

En mayo de 2016, contó a sus padres lo sucedido. Y acudieron a una comisaría a denunciar los hechos. El padre de la chica ha señalado que cuando se enteró de que su hija conversaba con un mayor de edad por la red le intentó persuadir acerca de que no era lo conveniente. "Tenía una relación de confianza con mi hija. Y me mostró vídeos con tono sexual y otros vídeos inaceptables. Empecé a preocuparme cuando me dijo que tenía su teléfono ", ha reseñado.

La acusación fiscal 

Según el relato del fiscal, el acusado y su supuesta víctima contactaron a través de Twitter entre julio y agosto de 2015. "En este momento la menor tenía 13 años de edad", según apunta el escrito. Los contactos se intensificaron en septiembre de 2015 vía Skype. Entonces, éste le comenzó a mostrar el interés que tenía hacia ella y le pidió que le mandara fotos desnuda. "Cuando ella le objetaba que era menor de edad, él le decía que era una tontería", señala el fiscal, que agrega que éste le pidió que borrara conversaciones para que no las leyeran sus padres.

Los menores representan casi la mitad del total de víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el año 2017. De las 9.537 víctimas registradas el año pasado por el Ministerio del Interior, 4.542 son menores de 18 años, lo que supone el 47,6% del total. Informa Europa Press.

Así lo pone de manifiesto el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad. Los datos reflejan que las víctimas menores de edad conforman el 47,6 % del total de las víctimas contabilizadas, y queduplican las cifras del segundo grupo de edad con más víctimas (de 18 a 30 años), que representa el 27,7 %. Así, ambos grupos de edad juntos representan las tres cuartas partes de todas las víctimas de los delitos sexuales.

Desde 2012 hasta la actualidad, los menores han sido las primeras víctimas, superando el 40%. Según el estudio de Interior del año 2017, los menores sufren mayoritariamente delitos de abusos sexuales (2.086); el exhibicionismo (495 menores), agresiones sexuales (443), la corrupción de menores (433), abuso sexual con penetración (258) y agresión sexual con penetración (254). El informe también incluye un estudio sobre la ciberdelincuencia sexual, un delito que principalmente se ejecuta contra víctimas menores de edad y que en los últimos años está aumentando, ya que en 2012 había 727 hechos registrados, mientras que en 2017 fuero 1.338. Respecto a las víctimas de la ciberdelincuencia sexual, en 2017 se contabilizaron 1.002, frente a las 410 de 2012. De ese millar de víctimas del año pasado, 718 eran menores de edad.

El grupo de edad que le sigue es el de los 41 a los 64 años, que registra 98 víctimas. La pornografía de menores es el delito más común dentro de la ciberdelincuencia, y le sigue el contacto a través de vías tecnológicas para fines sexuales con menores de 16 años y la corrupción de menores e incapacitados.

Aumentan los delitos sexuales, perpetrados eminentemente por hombres

El informe refleja que hay un claro aumento en los cuatro últimos años de los delitos que se producen contra la libertad e indemnidad sexuales, y de manera más significativa en los años 2016 y 2017. Frente a los 9.008 hechos conocidos en 2012, 11.692 son los registrados en 2017. Es estudio desvela que la mayor parte de los delitos se concentra en los meses de mayo a septiembre y en viviendas (4.773 en 2017) así como en espacios abiertos (2.794), mientras que en medios de transporte es donde hay menos (191).

Asimismo, hay una clara predominancia de las víctimas mujeres: de las 9.537 víctimas, son 8.018 mujeres y 1.491 hombres. Existe una excepción en los delitos de pornografía de menores, corrupción de menores y de contacto mediante tecnología en las que las diferencias entre niños y niñas se reducen. Aproximadamente tres cuartas partes son víctimas nacionales y un 22,2% extranjeras, principalmente de Rumanía y Marruecos.

Por su parte, el principal porcentaje de los agresores son hombres. Según el informe que ha publicado Interior, 5.662 de los detenidos e investigados por este tipo de delitos son hombres, frente a 256 mujeres. La mayoría de los tipos penales por delitos sexuales han experimentado un aumento en la serie histórica. Porcentualmente, se evidencia un fuerte aumento en los delitos de contacto mediante tecnología con fines sexuales con menores de 16 años; siendo especialmente llamativo el incremento de los abusos sexuales con penetración, en los que se han duplicado desde el año 2012 pasando de 351 a 731 hechos conocidos en 2017.

Asimismo, el mayor número de víctimas por violaciones (agresiones sexuales con penetración) está en el grupo de edad de 18 a 30 años de edad (41,4%). Los delitos de abuso (sin penetración) también han aumentado, y en 2017 suponían el 41% del total, la agresión sexual (sin penetración) el 15,5%, y la agresión sexual con penetración el 11,8%. En general, los delitos por contacto mediante tecnología con menores de 16 años, la corrupción de menores e incapacitados y pornografía de menores también han aumentado.

Descienden los delitos sexuales en relación a la prostitución

Por el contrario, los delitos relativos a la prostitución y las agresiones sexuales han experimentado un significativo retroceso. Por ejemplo, en el año 2012 los hechos registrados por delitos relativos a la prostitución 425, frente a los 266 de 2017. Según consta en el informe, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual gozan de un alto grado de eficacia policial, pues durante el año 2017 se esclarecieron el 76% de los mismos, 8.894 en total. De acuerdo al informe, este porcentaje se eleva a más del 80% en las violaciones, corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución.

En la mayoría de las víctimas la relación es ninguna o desconocida con su agresor, y en el caso de víctimas mujeres, las que tienen una relación familiar, incluidas las de pareja o expareja, llegan a representar el 13% de los casos conocidos. Por último, la representación territorial de estos delitos sitúa a Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, con el mayor volumen.

El pasado mes de septiembre de 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley que instaba a iniciar trabajos sobre una ley específica contra la violencia en la infancia. El plazo acordado para sacarla adelante era de un año, pero el Consejo de Ministros aprobó en diciembre su plan anual para 2018 sin rastro de la ley prometida y el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado tampoco cuenta con una partida específica para su puesta en marcha. A principios de mayo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció que la ley "estará cuanto antes". Las organizaciones piden acelerar los plazos con el fin de que la norma pueda entrar a trámite, tal como acordó la Cámara Baja, el próximo mes de septiembre.

La demanda de una ley de tales características viene de lejos. Ocho años lleva la ONU sacándole los colores a España en materia de infancia. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, se comprometió el pasado 22 de enero ante los relatores del Comité de la ONU para los Derechos del Niño que examinaban a España en Nueva York a aprobar la ley antes del mes de septiembre. La norma fue reclamada por este organismo internacional hace ocho años.

El borrador, en el que han colaborado organizaciones de la sociedad civil, está ya terminado, pero todavía no ha pasado a consulta pública. Las organizaciones que se dedican a proteger los derechos de niños y niñas llaman a acelerar los trámites para que la norma sea una realidad próxima. Argumentan que hacer efectivas las medidas necesarias para prevenir y combatir la violencia en la infancia es urgente. Según el último informe de Unicef, cerca de 300 millones de niños de dos a cuatro años en todo el mundo son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus padres o cuidadores. La situación en España no es menos preocupante. Según el Ministerio del Interior, en el año 2016 hubo 4.650 denuncias pero los datos del Registro Unificado de Sospecha de Maltrato Infantil (RUMI), dependiente del Ministerio de Sanidad, localizó en el mismo año un total de 14.569 sospechas de maltrato a niños y niñas.

La violencia en la infancia engloba además delitos como la violencia sexual, cuya denuncia es especialmente compleja para los menores. En España, de las 4.390 denuncias de delitos contra la libertad sexual que se produjeron en 2016, más de la mitad fueron cometidos contra menores de 18 años, "un porcentaje desproporcionado si lo comparamos con otros delitos", señala Unicef, que destaca además lo difícil que resulta "para un niño verbalizar un abuso e incluso darse cuenta" de que lo está padeciendo.

El acoso escolar continúa siendo un problema a la orden del día. Durante el año 2016 la Fundación Anar recibió un total de 468.754 llamadas generales por casos de acoso a menores, y atendió a un total de 9.910 víctimas. Según reflexiona Unicef, detrás de los 70 suicidios de adolescentes en 2016 se podrían encontrar "meses de vejaciones, palizas, burlas y soledad". Además, durante el año 2016 fueron registradas 60 víctimas por homicidios o asesinatos a menores de edad.

Catalina Perazzo, analista jurídico de derechos de infancia en Save the Children, indica que por el momento ya se ha celebrado una Comisión Interautonómica en la que se trasladó el texto a las comunidades, que actualmente están realizando sus aportaciones. También hay un grupo específico dedicado en exclusiva a la ley en el Observatorio de Infancia y el Ministerio de Sanidad ha hecho ronda con otros ministerios implicados, como son el de Justicia o Educación. "Estamos esperando el paso siguiente para que dé tiempo a entrar este año a tramitación parlamentaria, que es sacarla a consulta pública", señala Perazzo en conversación con este diario. La experta confía en que el Gobierno cumpla los plazos y "vea que es prioritario", un asunto en el que "están de acuerdo todos los grupos de la oposición y la sociedad civil".

Pedagogía social

Almudena Olavide, especialista en políticas de infancia de Unicef España, cree que la norma "puede ver la luz en el último trimestre" e insiste en que en España "hace falta, además, una pedagogía social, un conocimiento de la sociedad de que en la infancia hay muchos tipos de violencia, a veces en ámbitos cotidianos y de mano de quien debería protegerlos". No siempre, dice, se detecta la violencia, muchas otras no se llega a denunciar e incluso los niños no son conscientes de estar siendo agredidos. "Existe un desconocimiento enorme de que esto es necesario" y, por ello, Olavide apuesta por un registro de datos "que permita hacer un análisis pormenorizado de lo que supone para preparar acciones de prevención, sensibilización y tratamiento".

Para ello es necesaria una "coordinación entre sectores, entre los profesionales para evitar la revictimización secundaria de las víctimas y dar una respuesta adecuada". En cuanto a las comunidades autónomas, Olavide observa una "necesidad de adaptación, a veces a través de una nueva ley, o a través de una ley que ya existía", del mismo modo que se ha hecho con las leyes de igualdad y contra la violencia de género.

La ley, estima Catalina Perazzo, "tiene que ser la columna vertebral de una estrategia nacional". El primer paso, dice, es "implementar la ley, aterrizarla". La norma "da un marco para que haya un mínimo, pero cada comunidad tiene que implementarlo" y la manera de hacerlo es mediante "una estrategia, con una periodicidad concreta, que permita ir aterrizando la ley y evaluando las medidas". Posteriormente, las comunidades "podrían desarrollar sus propias leyes, a raíz de esta ley o modificando sus leyes de infancia".

Medidas clave

En cuanto a los puntos innegociables, Catalina Perazzo señala como asunto fundamental el que atañe a la especialización de los juzgados. Del mismo modo que los existen especializados en violencia sobre la mujer, "deberían existir otros relativos a violencia sobre la infancia, con jueces y fiscales especializados", explica. Una "parte importante" de la ley, comenta Perazzo, contempla precisamente al sistema judicial, que "ahora mismo no está preparado para las víctimas". El hecho, por ejemplo, de grabar el testimonio de un niño para que no tenga que repetirlo en el proceso, "eso ahora mismo el juez quien lo decide en cada caso, pero no es obligatorio". Lo que pide Perazzo es que "sea obligatorio en menores de 16 años y para eso es necesario adecuar los juzgados para que haya garantías", como por ejemplo mediante la implementación de la Cámara Gesell, un espacio donde los niños pueden testificar siendo observados por terceros que no interactúan con ellos. "Un juzgado da miedo hasta a los adultos, hay jueces que se quitan la toga cuando entra un niño o hacen pequeños gestos, pero no vale que dependa de su buena voluntad", subraya la experta.

Por otro lado, Perazzo recuerda que, de acuerdo al estudio Ojos que no quieren ver, realizado por Save the Children, entre un 10% y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia y únicamente un 15% de los colegios en los que el niño ha contado ser víctima de abuso sexual lo ha comunicado a las autoridades. "Un porcentaje muy alto de las denuncias no llega a juicio, se queda en la parte de instrucción, especialmente por la prueba, porque no se valora bien el testimonio del niño", agrega Perazzo, quien repara en que "es necesario ser muy creativo para que un niño pueda y sepa expresarse".

También Almudena Olavide cree necesaria la formación en el ámbito de la judicatura y la fiscalía. "Los jueces y fiscales tienen que tener formación en temas de infancia, cómo interrogar a un niño, debe haber fiscalías o juzgados especializados, salas apropiadas y tratamiento adecuado", relata.

En cuanto a los abusos sexuales, a su entender no debería ser necesario probar que hubo violencia y debe tenerse en cuenta la "especial vulnerabilidad de un niño". También propone que la prescripción de los delitos contra los niños se amplíe –actualmente es de entre diez y quince años desde que se cumple la mayoría de edad– porque "los adultos que fueron abusados de niños requieren de mucho tiempo para darse cuenta, tener el valor de hablar y denunciarlo".

Cuestión de género

Pero la violencia en la infancia es también una cuestión de género. Las niñas sufren formas muy determinadas de discriminación y violencia por el simple hecho de ser niñas. En esta materia insiste especialmente Plan Internacional, presente también en las conversaciones con el Gobierno a la hora de elaborar la nueva norma. Emilia Sánchez, directora de incidencia política de la organización, explica en conversación con este diario que ha pedido "muy insistentemente que se traten los temas de género de manera transversal, no sólo mediante un apartado de niñas, sino que esté transversalizado y se nombren cuáles son los problemas que tienen las niñas por el hecho de ser niñas". El acoso callejero, la mutilación genital o el matrimonio infantil, son algunas de las cuestiones que cree fundamentales en la ley. "Se tienen que nombrar para que luego haya soluciones específicas", añade.

También Sánchez apuesta por "datos desagregados por edad y género", porque "cuando hablamos de violencia y acoso son fundamentales datos fiables separados por género y edad para ver lo que les pasa específicamente a los menores y a las niñas". 

La especialista insiste, además, en que la ley requiere de un presupuesto específico. "Si hubiese salido antes habríamos pedido un apartado específico en los Presupuestos Generales del Estado", añade Sánchez, quien cree que la norma debería entrar en vigor "en esta legislatura". Por el momento, el borrador espera ser sometido a consulta pública. El pasado 11 de mayo se cerró el plazo de consulta del Anteproyecto de Ley de protección de los menores frente a los efectos del consumo de alcohol, pero la nueva norma no recogió su testigo para la deliberación pública. Las expertas consultadas admiten visitar la web del Ministerio de Sanidad "al menos una o dos veces por semana" a la espera de que la norma pase por fin a la siguiente fase y cumpla con los plazos requeridos.

Juana Rivas ha protagonizado este jueves el debate sobre los derechos del menor en contextos de violencia de género organizado por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. La granadina, madre de dos niños, ha denunciado las trabas judiciales que desde hace años enfrenta dentro del complejo proceso judicial para recuperar a sus hijos, y ha deseado que "su sufrimiento" sirva algún día para "mejorar la realidad de otras muchas madres". "Creo firmemente que se hará justicia, y que a pesar de esta terrible situación que estamos viviendo yo y mis hijos, quiero vivir en este país, en mi país, con ellos, y que algún día cuando les pregunten por qué todo esto, puedan decir que su sufrimiento y el de su madre sirvió para mejorar la realidad de otras muchas madres y niños", ha manifestado.

La mujer ha cerrado entre lágrimas el acto en que también han participado la diputada socialista Ángeles Álvarez y la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena (Granada), Francisca Granados. Juana Rivas, para quien la Fiscalía Provincial de Granada solicita cinco años de prisión y la suspensión de la patria potestad durante otros seis, por presunto delito de sustracción de menores, ha relatado su "historia de violencia" junto al padre de sus hijos Francesco Arcuri. "Yo no vengo a hablarles del caso Juana Rivas, yo vengo a hablarles de mi vida y la de mis hijos, sabiendo que tristemente existen muchas otras mujeres con hijos e hijas que han vivido una pesadilla similar", ha expuesto ante el público asistente.

Rivas ha explicado los episodios de violencia a los que se vio sometida, primero psicológica, "de la que en aquel momento no era consciente", y luego física. "Aguanté y aguanté hasta que no pude esconder las señales de la última agresión en mi cara", expuso la madre, quien explicó que en un primer momento fue el médico que la examinó en el año 2009 quien le animó a interponer una denuncia. De esta primera denuncia derivó una orden de alejamiento y tres meses de prisión, como consecuencia de una condena por lesiones en el ámbito doméstico. "La pena fue suspendida pero él no realizó los cursos de rehabilitación que tenía que hacer obligatoriamente y no pasó nada", ha lamentado.

Pese a mantener firme su confianza en el aparato judicial, Juana Rivas se ha mostrado manifiestamente crítica con los resultados experimentados a lo largo del proceso. "Según la justicia he incumplido leyes y de víctima he pasado a categoría de acusada, cuando mi único objetivo ha sido siempre el de defender a mis hijos frente a un padre que les ha hecho y les sigue haciendo mucho daño", ha aseverado la mujer, quien ha insistido en que su principal propósito consiste en "luchar por ofrecerles una vida digna de vivir, libre de violencia".

Respecto a las garantías hacia las mujeres víctimas de violencia machista, Rivas ha subrayado haber "comprobado en primera persona que a pesar de la existencia de toda la legislación y de tantos recursos como dicen que existen en nuestro país, algo falla". El resultado final "del periplo que viene detrás de poner una denuncia por violencia de género", ha agregado, "con demasiada frecuencia suele ser contrario a los derechos de nosotras las mujeres y de nuestros hijos". Sus hijos, ha reiterado entre lágrimas, "están sufriendo con su padre en Italia" mientras que su madre se enfrenta "a una petición de cárcel" y a perderse seis años de la vida de los menores.

Concentración en Sol

Por su parte, el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y la Plataforma 7N han convocado este jueves, como cada mes, su concentración en la Puerta del Sol del día 25 contra la violencia machista, que en esta ocasión ha puesto el foco en el apoyo a Juana Rivas, según informó Europa Press.

"Este mes de enero, exigiremos la inminente puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados el 28 de Septiembre y pondremos de manifiesto nuestro total apoyo a Juana Rivas y nuestro rechazo al acoso judicial que está sufriendo", ha señalado UGT, que participa de forma activa en la concentración.

Durante la conferencia en la que ha participado la madre granadina, la socialista Ángeles Álvarez ha recordado la veintena de propuestas que lleva el Pacto de Estado relacionadas con la protección de los menores. Entre las medidas se encuentra la puesta en marcha de un seguimiento estadístico de los menores víctimas de violencia de género, la suspensión del régimen de visitas en aquellos casos en los que el menor haya presenciado o sufrido malos tratos o la desvinculación del ejercicio de la patria potestad respecto a la atención psicológica de los niños. Álvarez también ha recordado que su partido ha registrado una proposición de ley –que espera se debata en febrero– para garantizar las pensiones de orfandad de los hijos de las víctimas mortales. Actualmente, ha señalado, la cuantía media que perciben es de 140 euros y la propuesta eleva la cifra a 677 euros.

El Vaticano ha levantado las medidas canónicas cautelares al padre Román Martínez y a otros dos religiosos inicialmente investigados en el que se conoció como caso Romanones, habiendo recibido los tres este miércoles su nuevo destino pastoral para volver a ejercer como sacerdotes.

Así lo ha indicado en un comunicado el Arzobispado de Granada, que ha recordado que los tres tenían impuestas desde el pasado 15 de octubre de 2014 medidas canónicas cautelares, tras la decisión de apartarlos del ejercicio pastoral tomada por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que abrió entonces una investigación sobre los hechos denunciados por supuestos abusos sexuales a un menor.

El caso se hizo público el noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.

La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de ellas, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román, que, considerado el líder del grupo, fue juzgado y posteriormente absuelto del delito de abusos sexuales a un menor del que estaba acusado.

La Sala alegó la falta "total y absoluta" de pruebas contra él y la "inconsistencia del relato" del denunciante, que a su juicio incluyó "graves contradicciones" y aspectos "absolutamente inverosímiles".

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo, y la Congregación para la Doctrina de la Fe impusiera las medidas cautelares ahora levantadas para que el padre Román y otros dos religiosos no pudieran ejercer como sacerdotes.

Los 45 folios del recurso de amparo presentado por la defensa de Juana Rivas ante el Tribunal Constitucional (TC) acabaron en la papelera en cuestión de horas. Entregada la demanda este lunes por la mañana, la sección tercera del TC anunció su inadmisión por la tarde porque no cumple con el requisito, exigido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de haber agotado antes la vía judicial ordinaria. Esta decisión mantiene la incertidumbre sobre el porvenir de los dos menores, de 3 y 11 años, hijos de Juana Rivas, que los trajo de Italia a España sin consentimiento de su padre, Francesco Arcuri, condenado por malos tratos en 2009 y con el que había retomado la relación tras dicha condena. La pregunta es la misma antes y después de la providencia del Constitucional: ¿Qué pasará con los menores? ¿Volverán con su padre a Italia, en ejecución de la sentencia que considera probado que Rivas incumplió el Convenio de La Haya al traer los niños a España? ¿Se quedarán en España con su madre, si así lo establece in extremis alguna instancia judicial española? En opinión del despacho Montero Estévez, responsable de la presentación del recurso, la decisión del Tribunal Constitucional es motivo de "esperanza".

¿Por qué? La Audiencia de Granada estableció en abril que los niños tenían que volver con su padre en una sentencia que debió ejecutarse el miércoles pasado. Rivas incumplió la orden y permanece escondida con los niños. Deberá comparecer ante un juzgado de instrucción el 8 de agosto por haber desatendido las órdenes de la justicia. Lo que su defensa intenta mientras tanto es que se suspenda la ejecución de la sentencia que obliga a devolver a los niños, para lo que acudió este lunes al Constitucional a solicitarlo como "medida urgentísima". Pero este tribunal no ve requisitos para tener que entrar en el fondo del asunto porque aún no está agotada la vía ordinaria. Ahí es donde el despacho de Montero Estévez ve "esperanza". Este bufete señala que presentó el recurso al "entender finalizada la posibilidad de obtener la tutela de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria como resulta procedente". Pero, según interpretan ahora, aún quedarían opciones. Lo que queda pendiente, según Montero Estévez, es un incidente de nulidad de actuaciones en la Audiencia Provincial.

"La Audiencia Provincial puede estimar la infracción de los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos en el orden jurisdiccional ordinario, revocando o suspendiendo la ejecución de su resolución, lo que haría innecesaria la intervención del Tribunal Constitucional. En caso contrario, de no estimarse el mismo por dicha jurisdicción, se reiniciaría la solicitud de amparo al Tribunal Constitucional", señala Montero Estévez. La Fiscalía aún tiene tres días para recurrir el archivo del TC del recurso presentado este lunes, aunque todo apunta a que el foco se desplaza ahora de nuevo a la justicia ordinaria. El incidente de nulidad excepcional de actuaciones ante la Audiencia de Granada tiene, según Montero Estévez, una base similar al recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional.

Una sentencia en cuestión

Lo que pone en cuestión la defensa de Rivas es la sentencia de la Audiencia de Granada que la condenó en abril de 2017 a devolver a sus dos hijos a Italia con su ex pareja y padre de ambos, condenado por "golpearla repetidamente" en 2009. El recurso de amparo presentado por la defensa de Rivas este lunes hacía un amplio despliegue argumental para desacreditar el fallo de la Audiencia de Granada, que es lo que el TC hubiera tenido que valorar de haber admitido a trámite la demanda. La defensa de Rivas cuestiona incluso el mínimo rigor técnico del fallo. La sentencia, dice el recurso, "hace un uso tan abusivo de la técnica del corta y pega que, además de empobrecer la imagen de una labor tan importante como la judicial, transmite un intolerable desinterés por el fondo del tema objeto del litigio, que no es otro que la protección del interés superior de los menores, generando una grave inseguridad jurídica y vulnerando derechos fundamentales".

¿A qué se refiere la defensa de Rivas? La sentencia de la Audiencia de Granada copia literalmente parte de un fallo de la Audiencia de Madrid, referido a otro caso de sustracción de menores, lo que lleva a los magistrados al error de confundir a los niños con una niña, nombrada en ambas resoluciones como "Estela", en realidad un nombre ficticio asignado en el buscador de jurisprudencia del Poder Judicial. El fallo que condena a Rivas hace referencia en ocasiones a los nombres verdaderos de los hijos de Rivas, pero en otros alude a "la menor" y "las niñas", cuando en realidad se trata de dos menores, de 3 y 11 años en la actualidad.

Dos párrafos idénticos

Hay un párrafo idéntico en ambas sentencias. Es éste: "Hay que significar, fundamentalmente, y como cuestión principal, que la materia objeto básico de esta controversia –expuestos los señalados antecedentes– en el marco de esa madeja procesal no ha de orillar la cuestión central, clara, y sometida a la consideración de la Sala que no es sino, en definitiva, la petición de restitución de la menor Estela de 5 años de edad como nacida el NUM000 [aquí se oculta la fecha de nacimiento] de 2009, y ello al amparo de cuanto se regula en el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 ratificado por Instrumento de 28 de mayo de 1987 de la Jefatura del Estado, sobre los aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores". La inclusión del párrafo se realiza sin citar la sentencia original.

El recurso de Rivas ante el TC señala que "el deber de exhaustividad, claridad y congruencia exigidos legal y constitucionalmente no puede permitir que la desestimación [...] se base en unos hechos diametralmente distintos a los que son objeto del referido recurso, aludiéndose a una menor (Estela) que no se sabe quién es, una causa de excepción y unos hechos arbitrarios y totalmente diferentes a la realidad objeto del proceso en cuestión". "Las partes tienen derecho a recibir una sentencia que cumpla estas condiciones [exhaustividad, claridad y congruencia], reflejando adecuadamente la realidad objeto de controversia. Pues bien, en el caso que nos ocupa, tal y como queda sobradamente acreditado, este derecho ha sido claramente infringido", añade el recurso que el Tribunal Constitucional no ha considerado.

El fallo de la Audiencia de Madrid hacía referencia a un caso de sustracción de una menor desde Suiza a España. A diferencia del caso de Juana Rivas, un juzgado de violencia sobre la mujer ya había determinado con antelación que la menor no debía ser restituida a Suiza, donde residía el padre, denunciado por malos tratos cuando se dicta la sentencia. Denunciado, no condenado, como sí lo está, y en firme, la ex pareja de Rivas, concretamente por "lesiones en el ámbito familiar". La Audiencia de Madrid corrigió el fallo del juzgado y ordenó devolver a la niña a Suiza con su padre. Pero finalmente el Tribunal Constitucional anuló esta orden, explica Almudena Mendoza, que fue abogada tanto de Rivas como de Desiré Vicente, la madre de Estela. "Ha habido un corta y pega de sentencias de casos muy distintos", señala Mendoza.

El recurso señala además que la sentencia de la Audiencia de Granada establece que, según la madre, existe un "peligro" para los niños basado en tres denuncias por amenazas, cuando "lo cierto es que dos de ellas se han archivado y en la tercera no se ha obtenido resultado alguno". Esta afirmación obvia que hay una denuncia que derivó en una sentencia, según la cual el 7 de mayo de 2009, cuando Rivas llegó a las 5.30 horas al domicilio que ambos compartían en Granada, su entonces pareja Francesco Arcuri le pidió que le explicara dónde había estado durante la noche, tras lo cual la golpeó "repetidamente", por lo que la mujer necesitó asistencia médica. Arcuri fue condenado a tres meses de prisión y a un año y tres meses sin poder acercarse a Rivas. Hay otra denuncia por malos tratos presentada el 12 de julio en Maracena (Granada), tras salir de Italia con los dos niños, que no ha derivado en acciones penales contra Arcuri.

"Inseguridad jurídica"

Éstos son algunos de los argumentos con los que la defensa de Rivas pretendía suspender "como medida urgentísima" la ejecución de la sentencia condenatoria, que de hecho ya ha sido desobedecida por Rivas La mayoría están basados en la doctrina constitucional de "interés prevalente del menor", consagrado en la Ley de Protección del Menor y en la Convención de Derechos del Niño. El recurso también considera que la sentencia desatiende el "deber de protección de los menores" establecido por ley en los casos de violencia de género en 2015. Y que no considera las sentencias de Audiencias provinciales que deniegan la restitución del menor transcurrido un año desde su salida del domicilio compartido.

No obstante, el énfasis jurídico del recurso reside en otro hecho: que Rivas "tiene atribuida legalmente la custodia del único de sus hijos que había nacido" cuando se dictó "la sentencia que acordó dicha guarda y custodia". Se trata de una sentencia del juzgado de violencia sobre la mujer 1 de Granada dictada en junio de 2009, un mes después de la condena por "lesiones en el ámbito familiar" contra Francesco Arcuri, ex pareja de Rivas. Después ambos retomaron su relación, fueron a vivir a la isla de Carloforte, en Italia, y tuvieron un segundo hijo. De allí fue de donde Rivas se marchó con los niños, sin consentimiento del padre para quedarse en España. La defensa de Rivas considera que la sentencia del juzgado de violencia que le otorga la custodia de su primer hijo entra en contradicción con la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que le obliga a devolver a los dos. Esto crea, según el recurso, "falta de seguridad jurídica y vulneración de la tutela judicial efectiva". La demanda que el TC no ha admitido también incide en que el informe psicológico sobre los menores tenido en cuenta en la sentencia de la Audiencia Granada es nulo porque la psicóloga no estaba colegiada cuando lo realizó.

El caso de Juana Rivas ha generado una fuerte controversia social y numerosas reacciones políticas. A pesar de desobedecer una orden judicial y estar en rebeldía ante la justicia, la madre cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno y de la presidenta de la Junta de Andalucía. Este periódico ha intentado contactar con la defensa de Francesco Arcuri, sin éxito. Arcuri declaró a Europa Press, tras conocer la providencia del Constitucional: "Aquí no gana nadie". "Estoy agotado. Si todavía estoy vivo es un milagro", declaró. Arcuri afirma que ha ofrecido a Rivas una custodia compartida de los menores en Italia, lo que incluiría una casa para ella.

Las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones en defensa de los derechos de los niños han expresado este viernes su temor a que los menores sean objeto de "devoluciones rápidas" sin todas las garantías pertinentes ante las nuevas directrices de la Comisión Europea en la materia.

En un comunicado conjunto, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), Save the Children y PICUM han recordado que Bruselas aprobó el jueves una recomendación y un nuevo plan de acción dirigido a los estados miembros sobre los procedimientos de devolución o expulsión de hombres, mujeres y niños que se encuentran de forma irregular en la UE a sus países de origen o tránsito, informa Europa Press.

La Comisión Europea ha animado a los estados miembros a efectuar retornos rápidos que limitan las garantías básicas y los derechos que todos los migrantes, incluidos los niños, deberían tener garantizados, han añadido.

En este sentido, las organizaciones firmantes han expresado su temor a que estas medidas "animen a los estados miembros a llevar a cabo 'devoluciones rápidas' de personas, incluyendo niños, lo que conlleva menos garantías procesales y que se recurra con mayor frecuencia a la detención".

Este nuevo enfoque, han advertido, "pondría en peligro la vida de los niños y violaría la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por todos los estados miembros de la UE".

No obstante, han acogido "favorablemente que el documento se refiera a la necesidad de evaluar el interés superior del niño en aquellas decisiones que tengan que ver con el retorno de menores no acompañados".

Interés superior del niño

Los firmantes han sostenido que "es esencial que se adopten procedimientos sólidos para determinar el interés superior antes de emitir ninguna decisión sobre el retorno de niños, incluidos aquellos que están acompañados de sus familias" y han pedido que se tengan en cuenta las opiniones de los menores.

"Las expulsiones forzosas y las detenciones son extremadamente perjudiciales para los niños y sus familias. Los niños nunca deben ser detenidos por causas relacionadas con la migración, ni siquiera como último recurso", han advertido las organizaciones.

Asimismo, han prevenido del riesgo de rechazo por sus familias o comunidades de los retornados, quienes "a menudo enfrentan graves discriminaciones y son vulnerables a la explotación, a ser reclutados por grupos armados o a ser empujados a realizar trabajos forzosos.

Así las cosas, las agencias de la ONU y las ONG han lamentado que Bruselas haya recomendado medidas que en lugar de enmedar los daños provocados por las políticas de retorno de la UE y sus miembros, "no harán sino agravarlos" ya que promueven "menos garantías, devoluciones automáticas y más rápidas, más expulsiones forzosas y más detenciones".

"Lejos de abordar los verdaderos desafíos migratorios que existen en toda la UE, estas propuestas sólo empeorarán la situación" máxime cuando "no hay evidencia de que la expulsión forzosa disuada a las personas de migrar", han recalcado.

"Por encima de las decisiones políticas y del objetivo de hacer cumplir las normativas de retorno están las vidas de los niños y sus familias", han sostenido. "La UE y sus estados miembros han liderado durante mucho tiempo la defensa de los derechos de los niños. Ahora les pedimos que respeten sus compromisos con ellos, independientemente de su situación migratoria", han reclamado.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra, en funciones de guardia, acordó este jueves el internamiento en régimen cerrado del menor detenido tras agredir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un paseo electoral.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), será internado en el centro que la Xunta determine por un periodo máximo de seis meses, sin perjuicio de que por parte del juzgado de menores de Pontevedra se pueda dejar sin efecto antes la medida o acordar la prórroga de la misma.

El abogado del menor pedirá a la Fiscalía de Menores "que se preserve la intimidad" del joven, argumentando que "es un niño que se merece una vida plena el día de mañana".

En declaraciones a la prensa realizadas en las dependencias judiciales de A Parda, en Pontevedra, el letrado, Jorge Cubela, insistió en la necesidad de "preservar la intimidad y la identidad" del menor, del que ha afirmado que "en el fondo es una víctima".

También precisó que "no está vinculado a ningún partido político" y que, en relación a la trascendencia de su acción, desde su detención "no es consciente de mucho, está en una burbuja". El joven pasó varias entrevistas con un equipo técnico de la Fiscalía y en luego prestó declaración ante el Fiscal.

En relación a la hipótesis de que el menor llegue a pedir perdón por la agresión cometida, el abogado señaló que: "Si lo pide lo hará a través de mí".

El Tribunal Supremo (TS) ha elevado de 300 a 12.000 euros la cuantía de la indemnización por intromisión ilegítima del derecho a la intimidad que percibirá un cliente de Carrefour que vio como el centro comercial exponía en un stand un ordenador en el que aparecía como salvapantallas una foto suya con su hijo menor.

Según explica la sentencia, el demandante compró en el establecimiento un portátil que devolvió, transcurrido cierto tiempo, porque no conseguía encenderlo. El dispositivo contenía imágenes personales, cosa que el comprador advirtió al cambiar el aparato, obteniendo la promesa de que serían borradas al formatear el disco duro, informa Europa Press.

Días después, Carrefour expuso al público el ordenador con la fotografía familiar en la pantalla de espera. A pesar de que el juzgado de primera instancia, el número 3 de Algeciras, concedió al cliente una indemnización de 12.000 euros, la Audiencia Provincial de Cádiz rebajó la cantidad a 300 euros al considerar que el demandante tuvo parte de culpa en la exposición de la foto ya que "no efectuó el borrado ante de la devolución" del aparato.

No se podían encender

El alto tribunal no comparte esta opinión y considera que la Audiencia incurrió en una "incongruencia". "Es oportuno señalar que el recurrente no pudo borrar las fotografías porque el defecto del ordenador consistió en que no podía ser encendido", explica la resolución.

Los magistrados especifican que la decisión de rebajar la cuantía de la indemnización sorprendió al demandante con una cuestión no sometida a debate, ya que Carrefour no sostuvo en ningún momento que la actuación del cliente contribuyera a la exposición de la imagen. El TS condena, además, al centro comercial al pago de las costas.